domingo, 25 enero, 2026

Desvarío y frivolidad en la política

Los últimos tiempos políticos pertenecen a la etapa más oscura de nuestra reciente historia. La clase dirigente es de un nivel ínfimo que está pervirtiendo algo tan noble como la actividad política. Lógicamente con honorables excepciones, aunque pocas.

Después de una etapa de corrupciones y corruptelas, vino el peligroso conflicto abierto en Catalunya y hemos acabado rematándolo con los líos impresentables de másteres y trabajos varios en los que han estado metidos desde el nuevo líder del PP, Pablo Casado, pasando por la ya ex ministra Carmen Montón, hasta el mismísimo Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A menudo observar el panorama político se asemeja más a un patio cutre de colegio que a lo que debiera ser. Vaivenes constantes, voy y vengo, conceptos como dignidad, honestidad, “fair play”, o altura de miras quedan sustituidos por sus  contrarios.

Todo lo ocurrido en estos tiempos convulsos pone en grave riesgo la salud democrática de nuestro país. Eso además en un momento en el que se necesitarían políticos con cuajo, que fueran capaces de buscar soluciones a los grandes problemas que nos acechan.

El más acuciante sería el de Catalunya después del paso de la Diada 2018 y en vísperas del primer aniversario del referéndum del 1 de Octubre.

Pero no sólo ese, porque los constantes rifi rafes impiden realizar una labor de gobierno seria y coherente. Parece que el desvarío se acaba imponiendo a la sensatez, la banalidad a la seriedad, y la frivolidad a la coherencia.

Debiéramos saber que según la RAE “frívola” es una persona insustancial y veleidosa y un solo vistazo a la mayoría de políticos actuales nos hace visualizar que estamos rodeados de ellos y ellas. Quizás simplemente sea un reflejo fiel de lo que es la sociedad actual del “usar y tirar”, o del “aquí te pillo, aquí te mato” que decían nuestros antepasados.

Quizás en la cúpula de la política debiéramos exigir algún tipo de examen, incluido el psiquiátrico, para poder acceder a ella. Que las gentes que rigieran nuestros destinos tuvieran unas cualidades muy alejadas de las que ahora predominan.

Probablemente eso nos llevara a un panorama menos sombrío que el actual, donde las decisiones que tomaran todos, poder y oposición, fueran más por y para el bien común que buscando el personal o partidista.

Así lo que ahora parece efímero pasaría a ser consistente. Porque…… ¿no os parece que los Pedros, Pablos, Alberts, Quims, Carles, etc., dan la sensación de que van a durarnos poco? Ellos y su manera de ejercer la política.

Vivimos malos tiempos para la lírica, una especie de segunda Edad Media, aunque siempre nos quedará la esperanza de que como en la primera después vendrá el Renacimiento y con él otro tipo de políticos que sepan llevar a nuestro país (ponga aquí cada cual lo que desee) al lugar que merece.

La JUR miente en el Caso Banco Popular

Diario16 ya publicó algunas de las respuestas enviadas por la Junta Única de Resolución (JUR) a los afectados del Caso Banco Popular. Revisando esas comunicaciones a las que hemos tenido acceso, podemos detectar que la institución encargada de ser la ejecutora del Mecanismo Único de Resolución (MUR) está cada vez más acorralada a la hora de continuar con su política de opacidad de cara a dar acceso a la documentación sobre la que se tomó la decisión de intervenir al Banco Popular.

En la última comunicación a la que Diario16 ha tenido acceso, la JUR reconoce, en primer lugar, que no existe una valoración 2 definitiva, algo que es totalmente ilegal y, en segundo término, que al no existir dicho documento no está obligada a entregarlo.

Sin embargo, la JUR está reconociendo claramente una ilegalidad puesto que el Reglamento 806/2014 en su artículo 20, párrafo 11, sí que exige esa valoración independiente:

Toda valoración que no cumpla todos los requisitos establecidos en los apartados 1 y 4 a 9 se considerará provisional hasta que una persona independiente según lo indicado en el apartado 1 haya llevado a cabo una valoración que cumpla plenamente dichos requisitos. Esta valoración definitiva a posteriori se efectuará tan pronto como sea posible. Podrá llevarse a cabo por separado o conjuntamente con la valoración a que se refieren los apartados 16, 17 y 18, y por la misma persona independiente, pero será distinta de dicha valoración. Las finalidades de la valoración definitiva a posteriori serán las siguientes: a) garantizar que las eventuales pérdidas sobre los activos de un ente contemplado en el artículo 2 se consignan plenamente en la contabilidad del ente; b) informar la decisión de restablecer los derechos de los acreedores o de incrementar el valor del contravalor abonado, de conformidad con el apartado 12 del presente artículo.

Por tanto, la JUR está intentando defender un hecho que va en contra de lo establecido por la normativa europea, incluso llegando a negar el hecho de que sea necesario la participación de un experto independiente a la hora de ejecutar la resolución de una entidad bancaria.

Entonces, si no está «legalmente requerida a solicitar a un experto independiente la realización de una Valoración 2 definitiva», ¿para qué contrataron a Deloitte en el mes de mayo de 2017? ¿Por qué ocultan el informe de valoración de Deloitte? Cada vez que la JUR da explicaciones el escenario se va poniendo más oscuro, sobre todo si se une a otras informaciones que apuntan a que el Santander estaba ya negociando con los activos del Popular incluso antes de la resolución, algo que corroboraría algunas de las palabras de Rodrigo Echenique en el Congreso de los Diputados y, sobre todo, las informaciones que Diario16 lleva publicando desde hace un año y medio.

 

El Fiscal del caso Casado encubrió una falsificación de un diploma

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, que ha informado en el asunto Master de Pablo Casado interesando el archivo de las actuaciones en la Sala 2ª del Tribunal Supremo por considerar -haciendo alarde de un malabarismo jurídico sorprendente – que se puede calificar como “neutra” e “inocua” la prevaricación que sin embargo sirve de instrumento a un soborno, no hace otra cosa que traslucir lo que él mismo piensa acerca de este tipo de cuestiones; como cuando ya hace algunos años siendo fiscal jefe de Guipúzcoa encubrió a un alumno al que le preparaba las oposiciones el cual, por razones que todavía no están muy claras aunque tengan más que ver con la inestabilidad emocional del opositor que también ejercía como juez sustituto, cambió los simples certificados de sustitución en los Juzgados de Azpeitia (Guipúzcoa) por diplomas falsificados, que finalmente fueron denunciados por uno de los jueces titulares ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Este episodio de su alumno, al que encubrió en todo momento para que no perdiera su condición de juez sustituto -y que de esta forma pudiera seguir pagándole la preparación de las oposiciones-, es la manifestación más palpable de la contradicciones personales y profesionales que son la esencia de Luis Navajas, un personaje que siempre reprimió sus tendencias izquierdistas ahogadas por los cánones conservadores de su profesión que nunca se atrevió a combatir.

Una demostración de esa incoherencia reprimida fue también el conocido popularmente como “informe Navajas” que causó uno de los mayores escándalos de las primeras décadas de nuestra democracia, y que fue filtrado por él mismo detallando supuestos vínculos entre narcotraficantes y guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo (Guipúzcoa), informe que sin embargo nunca hizo llegar al juez donostiarra que instruía las actuaciones, Fernando Andreu, quien tuvo que solicitar la información a la Guardia Civil “toda vez que no contaba ni tan siquiera con las diligencias informativas 1/89 que el fiscal Navajas estaba instruyendo” según relataba el propio Juez.

Según fuentes jurídicas de la época, el fiscal Navajas ni tan siquiera habría investigado a los agentes que él mismo denunció al fiscal general del Estado en mayo de 1989, sino que se limitó a resumir las acusaciones formuladas por narcotraficantes ante el capitán Juan Miguel Castañeda. Las diligencias del Juez Andreu acabaron en noviembre de 1993 con el sobreseimiento de las acusaciones contra todos los implicados, salvo un sargento condenado por cohecho.

El colofón de esa incoherencia personal y profesional de Luis Navajas, que no hay que olvidar que a pesar de su izquierdismo reprimido fue aupado por el Partido Popular en su nombramiento como fiscal de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y luego como teniente fiscal del mismo tribunal, ha sido el informe en el asunto Master de Pablo Casado interesando el archivo de las actuaciones en la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

Es falso que el Tribunal Supremo haya recogido la tesis de la “inocuidad” en las sentencias que Luis Navajas menciona en su informe, que además dicen todo lo contrario.

La doctrina de  la “inocuidad” , que todavía no ha llegado al Tribunal Supremo como argumento de fondo, es una creación jurisprudencial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que dictó su ya popular Auto nº 47 de fecha 20 de octubre de 2015, en el que declaraba que no había lugar a la apertura de procedimiento penal contra una magistrada por un supuesto delito de prevaricación judicial, a pesar de las irregularidades advertidas en su actuación, basándose en «la ausencia de un resultado materialmente injusto» lo que convierte a la resolución en materialmente «inocua», siempre que  no aparezca en concurso con cualquier otro delito que esté relacionado con la corrupción como por el contrario sí que ocurre con el soborno.

Éste que podríamos definir ya como el “segundo informe Navajas” es un alarde de malabarismo jurídico lleno de contradicciones, donde se llega a la sorprendente conclusión de que se puede considerar “neutra” e “inocua” la prevaricación que sirve de instrumento a un soborno. Para llegar a este disparate jurídico Luis Navajas parte en su informe de una premisa que es falsa porque la recientísima doctrina de la “inocuidad” no se puede aplicar en los delitos relacionados con la corrupción como ocurre con el soborno.

La legalización de la marihuana reportaría al Estado 7.000 millones de euros por la vía de impuestos

“Bastantes problemas tengo ya”. Con esta lapidaria sentencia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, zanjó una cuestión que alguien, de cuando en cuando, se encarga de agitar para que no se olvide: la legalización de algunas drogas como la marihuana. El jefe del Ejecutivo fue interrogado al respecto el pasado domingo, precisamente durante su viaje a Canadá, el segundo país del mundo –después de Uruguay– en autorizar por completo el consumo de estupefacientes como el cannabis, sobre el que pesaba una prohibición desde el año 1923. Tras su entrevista con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, Sánchez repasó con los periodistas los principales temas de actualidad, entre ellos los posibles indultos a los políticos presos catalanes, los problemas de la inmigración y las acusaciones de plagios y másteres irregulares. Fue entonces cuando se deslizó un asunto espinoso con el que quizá no contaba Sánchez, que esquivó el envite con el susodicho “bastantes problemas tengo ya”:

Sin embargo, pese a la finta del líder socialista, el debate sobre la legalización del consumo de las llamadas drogas blandas no es un asunto intrascendente. Aunque resulta complicado aportar cifras oficiales, ya que se trata de una actividad clandestina, se calcula que al menos un 11,2% de la población española de entre 15 y 65 años consume de forma más o menos habitual estas sustancias estupefacientes (unos 4 millones de personas). Es decir, estaríamos hablando de cerca de 4.380 toneladas anuales de droga, que pueden mover unos 13.000 millones de euros en dinero negro al año. Y ahí es donde entra el apetitoso bocado para el Estado, que podría recaudar unos 7.000 millones de euros en impuestos directos o indirectos. Es un hecho cierto que en el seno del PSOE existe un importante debate sobre esta cuestión, aunque el presidente no lo quiera reconocer públicamente, sobre todo después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dejara caer el pasado verano que el consumo de marihuana “no es más peligroso para la salud que el alcohol o el tabaco”, a lo que añadió que su liberalización generaría “enormes beneficios” en ingresos fiscales con los que se podrían mantener servicios básicos del Estado como las pensiones o la educación. Iglesias consideró «absurdo» que se pueda «comprar tequila o ginebra en un supermercado» mientras la marihuana sigue siendo ilegal. «El mayor problema que genera el cannabis no es de salud pública, sino la delincuencia y la explotación asociadas al tráfico ilegal», expuso el líder de la formación morada, quien acusó de “hipócritas” a aquellos que apuestan por la prohibición.

Abolición o regulación

La historia confirma que prohibir una droga no sirve para acabar con ella. Durante la Ley Seca, promulgada en Estados Unidos en 1920, el alcohol siguió entrando de forma oculta en el país, de modo que proliferaron los clubes clandestinos y el negocio del crimen organizado. De esta manera el licor se acabó convirtiendo en el más grave problema de orden público del país. Hoy día, en algunas localidades del sur de España como Algeciras ya se habla de ‘territorio narco’, puesto que los cárteles de la droga le han ganado la partida a la Guardia Civil. Y la situación va  a peor.

La autorización para vender marihuana no solo entraña importantes consideraciones económicas para un Estado, sino también delicadas cuestiones éticas, y etiquetar el cannabis como droga legal, al igual que el tabaco o el alcohol, serviría a buen seguro de excusa para que los grupos ultraconservadores abrieran una nueva batalla política y mediática contra el Gobierno, a la que se sumaría la propia Iglesia, que no ve con buenos ojos la medida ni siquiera con fines terapéuticos, ya que siempre ha considerado el consumo de cannabis una forma de corromper a la juventud. Si el Vaticano repudia la eutanasia, también rechaza el uso de drogas para paliar el sufrimiento, y esa presión impide que el debate llegue al Parlamento. “Bastantes problemas tengo ya”, como diría Sánchez.

Precisamente el aspecto de las propiedades curativas de la marihuana es uno de los principales argumentos que esgrimen los partidarios de la abolición. Algunos países como Argentina han dado ya los primeros pasos en ese sentido para legalizar el cannabis sativa con uso medicinal. En los últimos años varios grupos de científicos de los más diversos campos de la Medicina se han lanzado a investigar el potencial médico del cannabis aún por explorar. Los últimos estudios revelan que el propio cuerpo humano segrega variantes endógenas de estas sustancias para regular funciones como la memoria, el comportamiento y el dolor. Se trata del sistema endocannabinoide y los investigadores trabajan en fármacos a partir de compuestos como el cannabis que podrían aliviar los síntomas del cáncer, la epilepsia y otras dolencias graves. La misma Universidad Complutense de Madrid cuenta ya con un grupo de investigación sobre cannabinoides dirigido por el doctor Manuel Guzmán. De hecho, su equipo colabora en un ensayo clínico que se lleva a cabo en Reino Unido con el medicamento Sativex, un fármaco cuya eficacia se ha probado en casos de tumores que se reactivan tras la cirugía. Entre los médicos es bien conocido que en la actualidad se vive un auténtico boom en la investigación de las sustancias cannabinoides y sin embargo los sectores más conservadores del país siguen haciendo bandera política contra un avance que reporta gran utilidad a la sociedad, según se ha demostrado científicamente.

Numerosos expertos consideran que estamos cada vez más cerca de legalizar el consumo de una sustancia que el ser humano ha empleado para diversos fines, entre ellos el curativo, desde hace miles de años. Resulta obvio que Pedro Sánchez lo sabe y lo tiene en su agenda, aunque esquive la cuestión por la polémica que suscitaría y el consiguiente coste político precisamente en un momento en que tiene demasiados frentes abiertos. Por eso y porque siempre puede haber una de esas asociaciones cristianas que lo lleven al juzgado acusado de promover el tráfico de drogas.

No se les puede indultar, hay que liberarlos

Es curioso como la estupidez humana en España alcanza límites increíbles, principalmente entre la clase política, la cual no nos merecemos de lo pobre que es. Resulta que a Teresa Cunillera se le ocurre insinuar que habría que dar pasos concretos para que no se vulneren los Derechos Humanos de los políticos catalanes presos para que salten todas las hordas irracionales que pululan la política del odio española. Es más se comienza a hablar de indultos por aquí y por allí. Y uno se para a pensar ¿para indultar a alguien tendrá que ser juzgado antes y tener sentencia firme? Da igual, la derecha carpetovetónica, especialmente la naranja que suelen sumar pocos dedos de frente, salta a decir que Pedro Sánchez está en manos del secesionismo populista y malvado y quiere indultar a los presos. Cuando sólo ha pedido empatía con el pueblo catalán, es más ha dicho que “sólo se pronuncia sobre realidades y no sobre hipótesis”.

Cualquier ser humano digno de tal nombre y que no se encuentre abducido por el odio al contrario, como les pasa a Ciudadanos y PP (y a algunos secesionistas), entendería que tras más de un año en prisión preventiva sin haber matado a nadie, sin haber violado a nadie, sin haber cometido pederastia y sin haber vaciado la caja de todos y todas, debería estar en libertad hasta que llegue el juicio. Tanto con los Jordis como con ex-consellers. El juez Llarena haciendo uso de un recurso excepcional se está cebando con personas que veremos si en su momento, incluso, pueden ser penados por lo que se les acusa. Si tan claro lo tiene el juez, con tantas irregularidades en su nombramiento que hace sospechar de su rigurosidad e imparcialidad, ¿por qué no ha fijado fecha de apertura de juicio?

Son muchos los juristas que no ven el delito de sedición. Y como la subversión del orden constitucional no existe en nuestro código penal, pues ya me dirán sobre qué les van a condenar. Malversación de fondos públicos que al no habérselos llevado casi no tiene ni años de cárcel. Lo que le fastidia al juez Llarena es haber sido muy torpe y que se le hayan escapado un montón de políticos a los que quería meter en la cárcel para hacerse acreedor de una medalla con pensión o una calle en su pueblo como defensor de la España eterna e imperial. Le molesta que Carles Puigdemont le chulease y se fuese a Europa Central, donde le han dicho que no, que sedición parece que no hubo. Pero que el ex-president, Rovira y demás le hayan chuleado no es motivo para que se esté cebando con los demás.

Porque parece haber mala intención y no respetar los derechos humanos el tener en la cárcel a personas durante más de un año. Cercenando sus derechos, el de presunción de inocencia especialmente, ese que tanto enseñan desde el PP cuando se les pilla robando, lo que busca Llarena no es Justicia, sino oprimir e infundir miedo en el secesionismo catalán. Ser secesionista o independentista no es delito. Puede ser una rémora del pasado visto cómo está el mundo, pero jamás un delito. Claro que para rémoras la monarquía que defienden día sí, día también los mismos que meterían en una dama de hierro a los políticos presos. Sí, es que son muy de Santa Inquisición.

Lo mínimo, habiendo mecanismos de control, es que los políticos presos estuviesen en sus casas a la espera del juicio. Si fuesen realmente cristianos, como lo es Oriol Junqueras por cierto, tendrían compasión y algo de perdón. Pero realmente el cristianismo que sienten es el del odio y la quema de brujas, no el del amor de Jesús. Así pues poco se puede esperar de la derecha española más que soflamas contra cualquier movimiento político. Porque al ser un problema político requiere una solución política. Esto no es que Junqueras ha recibido sobresueldos, como han recibido en el PP. Esto es sobre la aspiración legítima de un grupo de personas a tener un Estado propio. Tan legítima como es que el resto no quieran tenerlo y seguir formando parte de España. Y desde la derecha quieren reprimir, como siempre han hecho, esa aspiración en vez de canalizarla bien mediante una reforma constitucional, bien mediante un referéndum. La derecha los quiere humillados y en prisión. Por eso más que indultar hay que liberar.

PSOE: El PP de la Región de Murcia se dedica a obstaculizar todas las iniciativas de alcance social

El vicesecretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López, ha asegurado que el Partido Popular de la Región de Murcia se dedica a obstaculizar todas las iniciativas que son de alcance social y que tienen que ver con las necesidades reales de la ciudadanía.
López ha hecho estas declaraciones en una visita al parador de Puerto Lumbreras, junto a la diputada regional Consuelo Cano y la candidata a la alcaldía de este municipio, María Rosa García.
“Actualmente este parador está vacío y no tiene ningún uso, y los socialistas lo tenemos muy claro, tiene que tener un uso público, el uso que reclama la ciudadanía de Puerto Lumbreras, que es una residencia de mayores”, ha señalado.
Ha recordado que la Asamblea Regional aprobó, con el voto en contra del PP, una moción a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para que se iniciara el camino por parte del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma para que la residencia de mayores fuera una realidad.
“A día de hoy no han hecho nada”. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una iniciativa en la Asamblea en la que insta al Gobierno regional a que solicite al patrimonio del Estado la cesión de la propiedad de manera gratuita.
“Sabemos que hay una voluntad del Gobierno de España de que esto pueda ser así, que se asuma la propiedad del parador y que la Comunidad Autónoma inicie los trámites necesarios para que este sea una residencia de mayores. Es el momento y la oportunidad de hacerlo, solo falta que el PP no obstaculice una propuesta razonable que tiene alcance social y que es una necesidad para Puerto Lumbreras”, ha indicado.
Por su parte, la candidata a la alcaldía de Puerto Lumbreras, María Rosa García, ha anunciado que su primera iniciativa como candidata será poner en marcha todos los procedimientos necesarios para que las vecinas y vecinos del municipio ratifiquen su voluntad de que el parador sea una residencia de personas mayores.
“Vamos a hacer todo lo posible para que esto sea posible mediante una consulta popular, porque es lo que realmente necesitamos para dar respuesta a las necesidades sociales del municipio y los socialistas lo tenemos claro”, ha concluido.

¿Existe la clase media-trabajadora?

Los populistas y los nacionalistas lo tienen sencillo, hablan de pueblo y casta o de nación y opresores para establecer los buenos de los malos, los propios de los demás. Sin embargo, otros movimientos más basados en la discusión propiamente materialista siguen refiriéndose a las clases sociales para canalizar los apoyos a sus posturas. Nadie suele utilizar la llamada a la clase capitalista, alta o coalición dominante porque sería estúpido en sí. Tal apelación no sería productiva para poder dominar. Por ello se requieren argucias nacionalistas, usualmente como ha sucedido con el PP y en Cataluña con el nacionalismo de derechas, para adherir personas a la causa de sus propios explotadores. También se utilizan argucias discursivas apelando a las clases medias para luego ponerles a los pies de los caballos, eso sí, con recurrentes promesas inciertas.

En los últimos años se observa que, al menos, dos partidos, más bien un partido y un dirigente (o varios que conforman su cohorte), vienen apelando a la clase media-trabajadora. Tanto Ciudadanos como Pedro Sánchez (el primero y el segundo) utilizan esa fórmula para conseguir apoyos entre una capa social. La cuestión es si realmente existe esa clase media-trabajadora o es una argucia más para conseguir apoyos y no perder otros en la batalla electoral, que realmente es lo que les importa. Hegel ya hablaba de clase media y proletariado como dos clases diferentes. La clase media era la clase de las personas que prestaban sus servicios al Estado en sus distintas funciones (desde administrativos y soldadesca a abogados y jueces). Luego estaba la clase poseedora de los medios de producción que disfrutaba de los deseos materiales sin tener que trabajar por ello. Debajo que aquellas dos el proletariado como clase trabajadora. Y muy por debajo los innombrables o miserables.

Más adelante, con la ampliación de los trabajos más intelectuales que manuales, se fue constituyendo la clase trabajadora de cuello blanco, que fue asimilada por la sociología conservadora-neoliberal a la clase media, desplazando tanto al funcionariado como a los directivos medio-altos de las empresas. Unos permanecieron en la clase media y otros pasaron a la clase alta (al fin y al cabo no son más que los esbirros del capital). Así la clase trabajadora fue, incluso por los propios partidos socialdemócratas y buena parte de los comunistas tras el eurocomunismo, quedando desplazada a ser casi el lumpen de la sociedad. El mecanismo de dominación de la coalición dominante para desmembrar a la clase trabajadora funcionó a las mil maravillas. Se le hizo creer al administrativo, que está siendo tan explotado como el tornero fresador, que era clase media por no mancharse las manos. La segunda parte fue hacer creer a buena parte de los trabajadores manuales que como tenían cierta experticia, no como los miserables o ni nis, también eran clase media. Así, el neoliberalismo ideológico consiguió casi la cuadratura del círculo al crear en occidente una sociedad de clase media. Un proceso mediante el cual fue negando cualquier fórmula alternativa al capitalismo (menos en su versión financiera), por tanto se les decía, si ya has llegado a esta posición de clase media con coche y casa, debes defender al sistema que te lo ha permitido, no como esas sociedades de comunistas que no tienen mercancías ni fetiches que comprar. Sociedades de clases medias consumistas y rendidas al sistema capitalista. Hasta que algo se ha roto.

No piensen que las apelaciones a la clase media-trabajadora son gratuitas, no. Tienen una lógica de defensa del sistema muy claras. Son apelaciones mediante un proceso ideológico de inevitabilidad, por un lado, y de representación por otro. La inevitabilidad queda muy clara en la llamada al fin de la Historia, a que no existe más allá de la democracia burguesa de partidos y el sistema capitalista globalizado. Para reforzar nos inoculan, por ejemplo, lo buenos que son los frutos americanos o africanos y que si no hubiese globalización no se podría disfrutar de tales manjares. Te quitan las lentejas para que comas cualquier tontería hecha de soja. Te venden un producto innecesario pero lo utilizas porque es “global”. ¿Cómo te vas a oponer a la globalización si hay muchos fetiches globales? Así se asume tanto el fin de la Historia como la inevitabilidad del capitalismo como orden global superior del ser humano.

También se utiliza la fórmula ideológica de dominación de la representación que, como dijo Göran Theborn, es un mecanismo mediante el cual el dominado obedece porque entiende que lo que hace el dominador es en favor de los dominados. Por eso intentan no sólo hablar de la clase, la raza o cualquier otro mecanismo identitario, sino parecer semejantes o aparecer como pertenecientes a ese grupo dominado. Y aquí es donde tiene sentido esa argucia lingüística de la clase media-trabajadora. Porque, aunque no se había dicho hasta el momento, es una argucia y un intento de falseamiento de la realidad. Incluso se podría hablar de una contradicción que conllevaría a un desafecto representativo en no mucho tiempo.

Olvidando la clase media-trabajadora en su vertiente objetiva, porque incluso en la rama conservadora ha quedado claro que no tiene visos de existencia, mejor hablar en el plano de la subjetividad. Puesto que las élites políticas utilizan el concepto como un constructo social compuesto de relaciones para representarla y así seguir con la dominación sistémica, lo subjetivo ha de asentarse sobre algo para que la apelación tenga firmeza. De otra forma sería una mentira más de esta sociedad especular y espectacular donde lo que nos dicen no existe y lo que existe se encuentra escondido tras los fuegos artificiales del espectáculo en sí. No mostrar lo que ocurre tras las bambalinas para que la dominación mediante la representación sea productiva a los intereses de la coalición dominante.

Subjetivamente no se conoce a nadie que se autocatalogue como clase media-trabajadora. Siempre tienden a hacerlo en la clase superior a la que objetivamente pertenecen, así se ha generado esa gran masa de clase media en las sociedades occidentales. Y esto es importante porque la apelación ¿por qué se produce? Porque después de la crisis, y que se haya ido corriendo a salvar a la fracción financiera del capitalismo globalizado, y que se haya permitido a la clase dominante aumentar sus beneficios, y que se bajen los impuestos a la coalición dominante, y que el burgués pueda actuar libremente y con impunidad en el sistema mientras el resto, clase media o trabajadora, se la está exprimiendo en beneficio de muy pocos (de ese 20% que tiene el 80% de la riqueza), mucha gente se ha caído del guindo y no se ve tan objetivamente como clase media. El precariado, en acertada expresión, tiene todos los componentes de ser clase media subjetivamente, pero es en esos estratos sociales donde comienza a generarse una conciencia, o autoconciencia en términos hegelianos, contraria a la subjetividad de clase media construida por el neoliberalismo y sus compañeros de viaje socialdemócratas.

Es por ello que Ciudadanos y el grupo alrededor de Pedro Sánchez (incluidos algunos barones) hablen de clase media-trabajadora, porque están intentando quebrar esa autoconciencia de explotado por el sistema (independientemente de su posición de clase), de que hay muchas más cosas que unen al trabajador intelectual con el trabajador manual, con el autónomo, con el pequeño empresario. Digamos que se está generando una conciencia de clase que, en otros países, está siendo utilizado por diversos populismos. En España ese esfuerzo de canalización del enfado, de la sublevación de una nueva clase trabajadora que sabe que le mintieron al hacerle creer que es clase media, lo vienen haciendo la muchachada de Albert Rivera y la élite del PSOE. Intentan canalizar, ya que Podemos ha perdido fuerza en cierto sentido, el descontento para desactivar la conciencia de clase. La autoconciencia de una nueva clase trabajadora más amplia y diversa pero contraria al capitalismo y el neoliberalismo actuales. Al utilizar lo de clase media-trabajadora lo que se pretende es tener un constructo, al que se quiere dotar de relaciones sociales subjetivas, que impida cualquier movimiento transformador. Un constructo que subjetivamente es inexistente para una gran parte de la población.

Lo curioso es que el PSOE haya entrado en ese juego de desmovilización, algo que no sorprende en Ciudadanos, y no hay querido utilizarlo para ganar terreno y transformar el sistema español. Se acogen a la clase media-trabajadora como mecanismo de marketing y de apelación a sostener el sistema, o es que son muy incultos y como se lo han oído a otros se lanzan a utilizarlo. Nadie se ha sentido mal en España cuando el PSOE ha defendido ser el partido de la clase trabajadora en su unión con una parte de la clase media más cualificada. Es un error querer subjetivar ese constructo porque las contradicciones del sistema son cada día más aparentes y chocan objetivamente con las pretendidas virtudes de aquel. Ni existe la clase media-trabajadora objetivamente, ni subjetivamente. Y el PSOE haría bien en desprenderse de tal manejo porque, mediante esas contradicciones y las relaciones sociales objetivas/subjetivas que se generan en realidad, podría ser presa de un soplo de aire de algún partido de la fracción dominante y quedar sin base social objetiva (salvo los que le apoyan sin pensar en cambiar, que por edad tampoco es que le queden muchos más años).

La clase media-trabajadora es un engaño a los dominados por parte de los dominadores. Una treta ideológica, como otras que no vienen al caso tratado, para aceptar el sistema como inevitable porque no existe alternativa. Y tras usarlo quien lo utilizaba sabiendo perfectamente el sentido del mecanismo ideológico, alguno lo ha adquirido en el mercado de fetiches políticos para utilizarlo sin saber que, al final, no es más que un mecanismo contrario a los postulados que dice defender. Cuando se utiliza el marketing político hay que ser conscientes de que las palabras no son significantes vacíos que valen para cualquier cosa. Hay un poso material que acaba por descuartizar esos significantes vacíos, esos eslóganes, ese artificio espectacular y que hace su aparición cuando menos lo espera el interfecto de las palabras pervertidas. Sin análisis material, el resto es una bomba de relojería a la espera.

El PSOE presenta 50 enmiendas a la Proposición de Ley sobre Comunicación y Publicidad Institucional

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un total de 50 enmiendas a la Proposición de Ley sobre Comunicación y Publicidad Institucional, formulada por el Grupo Parlamentario de Podemos.
El diputado Emilio Ivars explicó que la finalidad de las enmiendas socialistas es lograr un texto sin ninguna duda constitucional, que respete la autonomía de los Ayuntamientos, las Universidades y la Asamblea Regional.
Ivars indicó que “con el fin de respetar la autonomía reconocida constitucionalmente a dichas instituciones, el Partido Socialista ha circunscrito el ámbito general de aplicación de la ley a la Administración regional, dejando al margen a las demás instituciones citadas”.
El Grupo Parlamentario Podemos pretende abarcar todos los ámbitos, es decir, la administración autonómica, entes locales, las Universidades y la Asamblea Regional.
Asimismo, las enmiendas socialistas proponen que se prohíba la publicidad institucional que destaque éxitos en la gestión, tenga similitudes con las imágenes corporativas de partidos políticos, o que su único fin sea la promoción de la imagen de cargos públicos.
Además solicitan que no se inserten espacios publicitarios ni la concesión de subvención alguna a aquellos medios de comunicación que contengan anuncios de prostitución, contactos, comercio sexual o que reproduzcan contenidos vejatorios relacionados con las mujeres.
El diputado socialista precisó que “la comunicación y la publicidad institucional deben ir ligadas al cumplimiento de unos objetivos, como promover conductas y valores que consoliden la democracia, informar a la ciudadanía sobre sus derechos, servicios y actividades; apoyar a los sectores económicos regionales; difundir ofertas de empleo público y contribuir a la mejora y difusión del patrimonio regional.
“Esperamos que esta cincuentena de enmiendas sean apoyadas mayoritariamente por el resto de grupos, en beneficio de una necesaria Ley de Comunicación y Publicidad institucional al servicio de la ciudadana y no al servicio personal de quienes ejercen, en un momento determinado, tareas de gobierno”, concluyó.

Piden a De la Torre que rescinda el contrato de Parques y Jardines con FCC

0

Iván González, candidato a la alcaldía de Málaga por Libres, ha insistido en la necesidad de rescindir cuanto antes el contrato que el Ayuntamiento de Málaga tiene con FCC para el mantenimiento de Parques y Jardines en varios distritos de la ciudad. “La empresa concesionaria incumple sistemáticamente el pliego de condiciones, por lo que estaría más que justificada la rescisión del contrato por parte del equipo de gobierno del PP que, sin embargo, desconocemos el porqué, no hace nada por arreglar un problema que se repite en numerosos barrios”, ha explicado González.

Para argumentar estos hechos y justificar la petición de Libres, responsables de la formación política han realizado este lunes una visita al distrito 7, donde han confirmado que FCC no cumple con sus obligaciones. “En el Parque Mediterráneo, hay jardines que se dejan sin cortar y regar durante varias semanas. Por ejemplo, en la plaza Pico de las Palomas. Incluso, ha habido palmeras que, por el peso de sus copas, se han caído sobre algunos vehículos estacionados. FCC conocía lo que podía pasar porque los vecinos les habían avisado, pero ni se preocuparon en enviar a alguien”, ha denunciado María de la Torre, responsable de Atención a la Ciudadanía de Libres.

Pero esta falta de mantenimiento se repite en otros puntos de Málaga. En la calle Amalia Heredia, hay una hilera de naranjos secos desde hace varios meses y que, a día de hoy, siguen reponerse. “El pliego de condiciones obliga a FCC a reponer los árboles secos en pocos días y aquí pasan meses y sigue la misma pobre imagen”, ha puesto como ejemplo Rosa Aguilar, coordinadora local del partido, quien ha recordado que los vecinos “están cansados de hablar con la Junta de Distrito sin que la situación cambie”. Por todo ello, desde LIBRES, su candidato a la alcaldía de Málaga, Iván González, insiste en pedir al Ayuntamiento “que rescinda ya el contrato con FCC por un grave incumplimiento en el pliego de condiciones”.

La inversión extranjera en Andalucía crece un 13% en el primer semestre

0

El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, ha defendido el «potencial de desarrollo económico» de Andalucía que se refleja en el incremento del 13% de la inversión extranjera productiva en la comunidad en los primeros seis meses del año, once puntos por encima de la media española (1,2%).

Según el Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el segundo trimestre de 2018, España obtuvo una tasa negativa del 21,7% frente a un crecimiento de la inversión extranjera productiva en Andalucía del 96,3%. No obstante, Ramírez de Arellano ha lamentado que los datos evidencian el enorme impacto del efecto sede a la hora de analizar las inversiones extranjeras en las comunidades autónomas, ya que el 70% de las inversiones realizadas «se han declarado» en Madrid, lo que no quiere decir que se «hayan realizado» en esa comunidad. En este sentido, ha hecho un llamamiento a «reflexionar» sobre la «percepción que en muchas ocasiones se está construyendo, porque no todas las cosas que pasan en España pasan en Madrid, o pasan por Madrid».

Durante su intervención en la inauguración de la jornada Sectores estratégicos de Andalucía, organizada por el diario económico Expansión en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el consejero ha aludido a la necesidad de reflexionar «mirando al futuro» porque Andalucía «es hoy capaz de asumir retos y liderarlos». Por ello, ha apuntado al nuevo Plan de desarrollo económico de Andalucía Horizonte 2027 como la «herramienta» para consolidar la recuperación de la convergencia de la comunidad con la Unión Europea.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno andaluz ya está trabajando en el diseño del documento en el que se plantearán las reformas necesarias para «afrontar los retos que se avecinan», como el envejecimiento, el cambio tecnológico, la apuesta por las energías renovables, la internacionalización, los cambios en los empleos y la formación.

Ramírez de Arellano ha defendido la necesidad de «adaptar la planificación estratégica de Andalucía a los nuevos desafíos» y a los cambios que se acercan en el contexto económico donde ya se está empezando a ralentizar el crecimiento. El consejero ha explicado que el nuevo Plan estará vinculado a las directrices que marca la Unión Europea en el marco de la política de cohesión y definirá unos objetivos acordes también con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Asimismo, ha recordado que la Comisión Europea ya está trabajando en la definición del primer marco financiero tras la salida de Gran Bretaña en el que se plasmará una reorientación de las prioridades de inversión para la próxima década.

Recuperación del PIB

«La reformulación de las políticas y de la asignación de fondos abre nuevas oportunidades para Andalucía», ha manifestado en referencia a los nuevos mecanismos previstos para luchar contra el desempleo juvenil, la exclusión social, la migración y el cambio político, entre otros. Asimismo, se ha referido a la importancia de incrementar la financiación de las inversiones «que generan empleo y crecimiento» y expresamente a las que realizan las pequeñas y medianas empresas en áreas como la investigación, la innovación y la economía digital.

A lo largo de su intervención, Ramírez de Arellano también ha realizado un balance de la Agenda por el Empleo 2014-2020, estrategia diseñada para salir de la crisis con el objetivo de recuperar los niveles de empleo y económicos previos. Concretamente, se ha referido a las tasas de crecimiento de en torno al 3% registrado en el PIB andaluz desde 2014, que ha llevado a que 2017 cierre con la recuperación del nivel del PIB que Andalucía tenía en el inicio de la crisis. Respecto al mercado laboral, se ha recuperado el 60% del empleo perdido y se han creado más de 400.000 empleos.

El consejero, ha destacado que se ha ampliado el «dinamismo diferencial» de Andalucía con las economías de su entorno, retomándose el proceso de convergencia. En este sentido, ha puesto en valor la evolución del modelo productivo de la comunidad durante estos años, «con un crecimiento más sostenible, basado en la internacionalización, la industrialización, el emprendimiento, la sociedad de la información y el conocimiento, las fuentes energías renovables y la cualificación del capital humano». «Una salida de la crisis con claros elementos diferenciales respecto a etapas anteriores», ha señalado.