lunes, 26 enero, 2026

Díaz valora que el Fondo Social Europeo ponga el foco en el empleo y los servicios públicos

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La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha planteado que el Fondo Social Europeo del marco 2021-2027 ponga el foco en la creación de empleo, especialmente en la lucha contra el desempleo juvenil, y en los servicios públicos del Estado del Bienestar, así como que recoja por primera vez dotaciones para las regiones del Sur de Europa con mayor tasa de inmigración.

Díaz, que ha asistido a la recepción oficial de los participantes en la reunión preparatoria del Comité de las Regiones sobre el Fondo Social Europeo que se celebra mañana viernes en Carcassonne (Francia), ha avanzado que defenderá «los servicios públicos, el empleo juvenil y la inclusión de la inmigración en esos recursos que tenemos que recibir las regiones para garantizar la igualdad de oportunidades».

La presidenta andaluza, que ha recordado que el debate sobre el destino definitivo del Fondo Social Europeo tendrá lugar en diciembre, ha abundado en que «la prioridad es el empleo, con especial atención a la alta tasa de desempleo juvenil, y Europa tiene que tener una mirada a las regiones que están por encima de la media».

Asimismo, Susana Díaz ha explicado que «queremos incorporar como novedad que las regiones recibamos fondos en materia de inmigración, por el apoyo a las personas que llegan a nuestras costas y los servicios públicos que tienen que recibir». Junto a estos aspectos, se ha detenido también en la defensa de los servicios públicos, ya que «todas las regiones tenemos que tener la garantía de poder asumir en las mejores condiciones la defensa de la educación, de la sanidad y de todo lo que garantiza el Estado del Bienestar».

«Hay que seguir reforzando el papel de las regiones y la idea de esta sesión preparatoria y del encuentro de diciembre en Bruselas va a ser levantar la voz y ocupar el papel principal que tenemos en la cohesión social y territorial de la UE», ha expuesto Díaz, que ha enfatizado que «cuanto más próximas son las instituciones que toman las decisiones, más garantías hay de que funcione el Estado del Bienestar».

Susana Díaz ha mostrado su confianza en que «los acuerdos que adoptemos en el Comité de las Regiones sean, además de vinculantes, una salida a la Europa de las personas, que no sea una Europa de dos velocidades, que aprenda de los errores del pasado y que ponga en el centro de la actividad política el bienestar de los ciudadanos».

La presidenta andaluza participa mañana viernes en la mesa redonda ‘Instrumentos para fomentar la innovación social: Posibilidades de financiación y creación de ecosistemas de innovación’, en la sesión que organiza el Comité de las Regiones en Carcassonne. Asimismo, Díaz intervendrá en la jornada “Together. Nuestra lucha por el progreso social: Actuemos juntos”, que se desarrolla de forma conjunta con el Parlamento europeo.

Los agricultores de la almendra acusan al presidente de COATO de enriquecerse con las liquidaciones de las cosechas

Coato es una de las cooperativas agrarias más importantes de España, la mayor en el sector de la almendra en Almería y Murcia. Según su página web, «se ha establecido como una de las cooperativas más importantes del sector ampliando su actividad a otros productos (frutas y hortalizas frescas, almendra, aceite, miel, etc.). Cosechando a lo largo de esta trayectoria los más importantes reconocimientos en calidad y sostenibilidad», realizando actividades de:

  • Manipulación, envasado y comercialización de frutas y hortalizas frescas.
  • Molturación, envasado y comercialización de pimiento para pimentón.
  • Descascarado, industrializado y comercialización de almendra.
  • Molturado y comercialización de aceite de oliva virgen extra.
  • Envasado y comercialización de miel.
  • Diversos elaborados y procesados a base de frutas y hortalizas, almendra, miel, pimentón y aceitunas y aceite.
  • Suministro de combustibles, abonos, fitosanitarios y demás productos

Además, Coato gestiona más de 3.000 explotaciones agrarias en Murcia, Andalucía, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, los cooperativistas del sector de la almendra están en pie de guerra contra el presidente José Luis Hernández Costa por el conflicto generado a causa de los precios de liquidación de las cosechas que, según los afectados, se realizan a un precio inferior al del mercado.

En la campaña 2016/17 COATO liquidó en algunas variedades de almendra a más de 3 euros por debajo de mercado, que supusieron unas pérdidas a los agricultores estimadas en más de 2,5 millones de euros comparándolas con las liquidaciones de otras cooperativas y empresas de la zona y a nivel nacional.

Soy tonto y me engañan dos veces, pero tres no. Alguien lo ha hecho muy mal y no son los socios sino José Luís Hernandez Costa con su política y para su beneficio ha firmado la muerte de COATO. Me da pena perder mi empresa, pero no puedo perder mi casa ni mi dignidad. ¡No me roban más!

Para esta campaña 2017/18 las liquidaciones comenzaron en los primeros días del mes de julio y ha vuelto a ocurrir lo mismo ya que el precio liquidado por Coato en relación con el de otros lugares de España. El día en que comenzaron las liquidaciones en la Lonja de Reus se marcó como precio por el kilo de la almendra comuna convencional 4,55 euros, mientras que Coato pagó a los socios de la cooperativa 4,20 euros por kilo de la almendra pepita. Hay que tener en cuenta que los precios de lonja antes de campaña son los más bajos del año además de que la Lonja de Reus es la que marca los precios más bajos a nivel nacional. A esos 4,20 euros hay que descontar el gasto de gestión del 2% cuando se supone que en la propia liquidación ya se deberían haber aplicado al producto los gastos generales de la cooperativa. Al agricultor, además, se le restan otra serie de gastos que también deberían estar aplicados antes de la liquidación.

«Hace ya un año que me estafaron con el precio de mi cosecha pagándome a 5 euros lo que en otras cooperativas pagaron a 9 euros. Nueve veces me topé con la democracia de COATO en una vergüenza de Asamblea General presidida por el dictador José Luis Hernández Costa. Dos veces me volvieron a estafar rapiñando otro euro, euro y medio según variedad por kilo de pepita de almendra. Todo esto ha provocado que pida mi baja para que no me obliguen a tomarme el bolsillo otros 5 años, por la pamplina de los Fondos OPFH, que nunca he conocido ni disfrutado y, después de eso, me llaman a una reunión que nunca antes habían convocado y a la que asistieron menos de una docena de agricultores de almendra. ¡Encima me piden que les entregue de nuevo mi cosecha! Soy tonto y me engañan dos veces, pero tres no. De 4.000 socios que manteníamos y levantamos COATO sólo quedan una docena y entre ellos el Consejo Rector. Alguien lo ha hecho muy mal y no son los socios sino José Luís Hernandez Costa con su política y para su beneficio ha firmado la muerte de COATO. Me da pena perder mi empresa, pero no puedo perder mi casa ni mi dignidad. ¡No me roban más, yo ya no tengo miedo! COATO sin el producto sus socios no es nada», cuenta a Diario16 uno de los muchos afectados con los que hemos hablado.

El conflicto ha llegado a tal punto que, tal y como informamos en Diario16, los agricultores productores de almendra de Coato en Murcia han decidido por unanimidad no entregar la cosecha de esta campaña a los actuales gestores, a los que califican de nefastos, «dada la falta de confianza que tienen hacia los mismos y dados los deficientes resultados económicos de las pasadas campañas», además de anunciar la interposición de una denuncia ante la Fiscalía porque hay indicios documentales suficientes sobre actividades de los actuales gestores que podrían ser constitutivas de delito.

La Asociación Nacional de afectados por las liquidaciones de Coato (ANACO), en la que se encuentran representados productores agrarios de otros sectores afectados, decidió el pasado mes de julio denunciar a los actuales gestores ante la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia, el OLAF (organismo que investiga el fraude contra el presupuesto de la Unión Europea, la corrupción y las faltas graves de conducta en los organismos europeos) y el Ministerio de Agricultura, por presuntas irregularidades en las ayudas OPFH (Organización de Productores de Frutas y Hortalizas).

Por otro lado, se denuncia también una falta absoluta de democracia dentro de la cooperativa, algo que se pudo comprobar en la Asamblea General de diciembre del año pasado donde menos de 10 cooperativistas dispusieron de 1.000 votos algo que atenta directamente contra la ley de cooperativas que fija el límite para personas jurídicas y físicas en 5 votos para socios productores.

Todas estas irregularidades, además, están avaladas por un informe encargado por ANACO a la presidenta de la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Murcia, documento que será entregado a los Juzgados de Murcia, a la Inspección de Trabajo y la Dirección General de Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo.

Los socios de Coato denuncian que se les está pagando por debajo del precio de mercado (y la documentación a la que ha tenido acceso Diario16 así lo certifica). Por tanto, ¿dónde ha ido ese dinero? Los afectados acusan a José Luis Hernández Costa de estar lucrándose personalmente. Tras 38 años de presidencia del Consejo Rector, los socios han podido averiguar ciertos movimientos que podrían ser constitutivos de delito en la persona de su presidente. En concreto, han descubierto una verdadera red de sociedades controladas por un grupo muy pequeño de personas, muchas de ellas emparentadas y que terminan por controlar Coato y algunas otras sociedades cooperativas, supuestamente, dedicadas a otros menesteres. Así Hernández Costa es presidente de Coato, Coaco, Oro Líquido y de la cooperativa de segundo grado Agrobio. También es vocal de Coto Espuña, e Interventor de Nature Green. Los socios también vinculan al presidente a AMPOAS (Asociación Mediterránea de Productos y Operadores de Agricultura Sostenible), cuyas oficinas se encuentra «curiosamente» en la sede social de Coato. La esposa de Hernández Costa, Lucía Molina Bayonas, es presidenta de Nature Green, la cual se fundó en 2005, con el mismo domicilio social que Coato y cuyas secretarias eran Ángeles Costa Ruíz (madre del presidente) y Pilar Hernández Costa (hermana). Actualmente, la secretaria de esa empresa es Lucía Hernández Molina (hija), quien, además, también ocupa la primera vocalía en Coto Espuña.

Nature Green compró la tercera planta del CEBAG de Totana (Murcia), para, posteriormente, vendérsela a Coaco por el precio del valor catastral, aunque no se especifican cuáles fueron esas cantidades. Esta venta de una empresa personal a la otra empresa, de la que además Nature Green es socia, es el fundamento de estos socios para advertir del posible lucro personal de Hernández Costa. Coaco, según los socios de Coato, es una empresa creada por el propio presidente para «introducir a las sociedades limitadas y anónimas para no perder la condición de especialmente protegida» dentro de COATO, algo que jamás se puso en conocimiento de los socios cooperativistas.

Pero no sólo son Coaco y Nature Green, sino que Oro Líquido y Oro Molido, también parecen ser sociedades cooperativas instrumentales. De hecho, ni Coaco ni Oro Líquido han presentado cuentas, ni consta que hayan elegido Consejos Rectores, aunque los tienen. Y en ellos aparecen más personas que acaban conformando la red, de las que hablaremos próximamente una vez hayamos analizado toda la documentación a la que Diario16 ha tenido acceso.

Lo que parece quedar claro es que las personas que integran el Consejo Rector de Coato, que parece ser la única cooperativa «real», podrían estar presuntamente incluidas en la red que se ha ido conformando desde la presidencia de Hernández Costa, según denuncian los socios, con diversas empresas cooperativas, sociedades anónimas y limitadas. ¿Para qué esta estructura empresarial? Eso es lo que desean saber los socios, que ponen sus cosechas en juego. Por ello, han decidido presentar las denuncias anteriormente indicadas para que sean las distintas administraciones las encargadas de investigarlo.

Por todo lo anterior, podemos colegir que el conflicto de Coato va más allá de una disputa por el precio de la almendra o por diferencias internas por el modelo de gestión.

Los pequeños accionistas del Banco de Valencia piden 4 años de cárcel para los directivos de la entidad y los hermanos Calabuig

La Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval) ha solicitado cuatro años de prisión para los directivos del Banco de Valencia (BdV) por un agujero de casi 30 millones de euros ocasionado a la entidad financiera en la adquisición de un paquete de acciones de Costa Bellver, la promotora urbanística vinculada a la familia Calabuig. Apabankval reclama la misma pena de cárcel para los hermanos Calabuig: Eugenio –gerente de la constructora Fomento Urbano de Castellón (Fucsa), cabecera del holding familiar, y de Aguas de Valencia/Global Omniun–, y sus hermanos Enrique, Celia, Pedro y María Mercedes, a los que considera cooperadores necesarios al haberse supuestamente lucrado con la venta de las acciones a un precio muy superior al de mercado.

La petición de penas de cárcel que realiza Apabankval es mucho más dura que la solicitada por Bankia, también personada como acusación particular en la causa como parte damnificada, que solo ha pedido 2 años de prisión para los implicados. Además, mientras Bankia reclama la restitución del dinero perdido, unos 28 millones de euros, los pequeños accionistas exigen indemnizaciones por importe muy superior: más de 70 millones por varios conceptos.

Con esta petición Apabankval, personada como acusación particular en el procedimiento que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, se suma a la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido la apertura de juicio oral contra la cúpula directiva del Banco de Valencia al considerar que existen indicios de administración desleal en la compra de acciones de Costa Bellver a precios inflados.

El escrito de los pequeños accionistas afectados por el supuesto desfalco se dirige contra los directivos de la entidad, Domingo Parra y Aurelio Gómez, para quienes solicita cuatro años de prisión, mientras que para José Cortina y Manuel Setién reclama dos años en concepto de cooperadores necesarios.

Apabankval considera probado que Parra actuó al mismo tiempo como representante del BdV –director general y consejero delegado– y como consejero de la sociedad Inversiones Financieras Agval (IFAGVAL), sociedad vinculada al grupo Aguas de Valencia, propiedad de los Calabuig. Durante el tiempo en que el acusado ejerció ambos cargos de forma simultánea se llevó a cabo una operación irregular. Pedraz investiga si el Banco de Valencia concedió un préstamo a la empresa Aguas de Valencia para que comprara acciones de Costa Bellver, también propiedad de los Calabuig. Tras adquirir los títulos y revenderlos al Banco de Valencia a un precio exagerado, los Calabuig generaron unas plusvalías muy superiores al precio que habían pagado inicialmente por cada acción de la empresa. Así, la familia castellonense, “a través de ellos mismos y de Fucsa, adquirieron un total de 612 acciones de Costa Bellver por un importe de 18,7 millones de euros, lo que supuso que se pagó cada acción a un precio medio de 30.896,25 euros”. Sin embargo, el 29 de mayo de 2009 IFAGVAL, representada por el acusado Domingo Parra, en calidad de secretario del Consejo de Administración de dicha entidad, compró 594 acciones de Costa Bellver por importe de casi 50 millones de euros (84.088 euros por acción), que el BdV pagó mediante cinco cheques a favor de los hermanos Calabuig.

Domingo Parra, como representante del Banco de Valencia y consejero de IFAGVAL, estaba obligado a cumplir con la normativa de su banco pero según los accionistas perjudicados no lo hizo. “Una vez recibida, analizada, verificada y proyectada financieramente la oportunidad de inversión y realizadas las negociaciones con el empresario en cuestión”, debió someter la compraventa de acciones a la aprobación del Consejo de Administración del banco valenciano, “sin que conste que el acusado presentara esta operación para que fuera aprobada, incumpliendo la normativa interna del BdV”.

Se calcula que la entidad financiera desembolsó un precio 195 veces superior al pagado por Fucsa y los Calabuig, “sin que se haya acreditado una causa que justificara ese aumento de precio de la acción y especialmente en una situación general de crisis inmobiliaria”. De esta manera se benefició de forma fraudulenta a la empresa vendedora, al transmitirse el paquete accionarial a IFAGVAL por un valor de 84.088 euros por acción, cuando los Calabuig las habían adquirido tres meses antes por un valor medio de 30.664 euros por participación.

Mediante dichas operaciones, aprobadas también por el Consejo de Administración de Aguas de Valencia, se beneficiaron económicamente y de forma injustificada los hermanos Calabuig y la empresa Fucsa, ocasionando un perjuicio económico a IFAGVAL y también al BdV, que ha sido evaluado pericialmente en casi 5,5 millones de euros. “Los acusados, Domingo Parra, como director y consejero delegado de BdV, y Aurelio Izquierdo, como director general de Bancaja, beneficiaron a los acusados y hermanos don Eugenio, doña Celia, doña Mercedes, don Pedro y don Enrique Calabuig Gimeno y a la empresa Fucsa, que obtuvieron unas ganancias con la venta de acciones de Costa Bellver que de otra forma no hubieran conseguido, causando los acusados un perjuicio económico, ya concretado en párrafos anteriores, a las entidades financieras que representaban y todo ello con el auxilio imprescindible y conocimiento de los hermanos Calabuig”, asegura el escrito de acusación particular.

Apabankval es una asociación sin ánimo de lucro que nació en el año 2011 con el fin de defender los intereses de los pequeños accionistas del Banco de Valencia no pertenecientes al Consejo de Administración.

Urralburu afirma que mañana no habría desahucios en la Región de Murcia si el gobierno de López Miras cumpliera con la Ley de Vivienda

Óscar Urralburu, Secretario General de Podemos Región de Murcia, ha avanzado que Podemos exigirá al Gobierno de López Miras que explique qué está haciendo para cumplir con la Ley de Vivienda de la Región de Murcia aprobada en 2016 ya que las cifras de ejecuciones hipotecarias de viviendas urbanas siguen subiendo en la Región.

Urralburu ha denunciado la inacción y pasividad del Gobierno del Partido Popular, sostenido por Ciudadanos, al no poner en marcha la Ley de Vivienda de la Región de Murcia, aprobada en 2016. El ejecutivo de López Miras está desoyendo, una vez más, el mandato de la Asamblea Regional, negando a la ciudadanía un derecho social como es el de tener acceso a una vivienda digna, sobre todo cuando existe una Ley Regional que lo recoge. Para Urralburu, “mañana podrían terminar los desahucios, si los murcianos y las murcianas tuviésemos un gobierno decente que cumpliese la ley”.

En este sentido, el Secretario General de Podemos ha explicado que la Ley Regional de Vivienda, aprobada por la Asamblea Regional, recoge medidas para evitar que las familias se vean en la calle por impagos, también en el caso del alquiler, con mecanismos como que los propietarios de viviendas puedan suscribir un convenio con la Comunidad para sumarse de manera voluntaria a un proceso de mediación extrajudicial con inquilinos que tengan dificultades económicas para hacer frente a las a los pagos.

Por otra lado, Urralburu ha asegurado que en la Región de Murcia se está creando una “burbuja” alrededor del alquiler que afecta a un amplio espectro de la población. Ha apuntado que “es urgente la puesta en marcha de un índice de referencia por zonas y municipios para rastrear los precios actuales de las casas en alquiler y determinar unas rentas recomendables y que el Estado establezca un sistema que limite el precio máximo de los alquileres en las zonas que vivan tensión de precios, donde las rentas hayan subido por encima de la media. No se trata de dar ayudas, se trata de hacer que los alquileres realmente bajen”.

Finalmente, ha exigido al Gobierno de Fernando López Miras la aplicación inmediata de la Ley Regional antidesahucios para acabar con el “dramático desamparo en el que el gobierno del PP en la Región de Murcia tiene a la ciudadanía”.

Rivera amenaza a Susana Díaz

En Ciudadanos destaca por encima de todo el cuñadismo, esa actitud de apropiarse de los méritos de los demás e intentar aparecer como los que más saben del mundo mundial. Pero hay otra actitud, que en su caso es aptitud también, como es el macarrismo político. Son los perdonavidas, o chuloputas, de la política española. Amenazan a todos, pero eso sí, con los poderosos se rajan y salen con el rabo entre las patas. Y como amenazaron a Cifuentes, o a Rajoy, cuando ya su caída era previsible, ahora lo hacen con Susana Díaz. Y al frente del sindicato de los macarras se sitúa, como no podía ser de otra forma, su dirigente máximo Albert Rivera. Y si no le hacen caso manda a Juan Carlos Girauta a aplicar el rigor científico que se puede ver en el vídeo de abajo.

Rivera ha amenazado a Susana Díaz, dándole un plazo de 48 horas tipo western (aunque se ha equivocado de provincia porque en Córdoba, donde estaba, es más de califas, los spaghetti-westerns se rodaron en Almería), para que modifique el Estatuto de Autonomía (lo que por tiempo efectivo de legislatura no se puede) y quitar así los aforamientos. Igual podría decir lo mismo en Madrid, pero ahí se callan porque tienen miedo a Casado y sus tropas. Si lo hace, aunque sabe que no puede hacerlo, dejará de apoyarla, se enfadará mucho, se pondrá colorado y se le hincharán las venas del cuello del enfado. Y se pone chulo porque sabe que la legislatura se ha acabado. Por ello habla del calendario de los ERE y demás cosas que han callado durante cuatro años. Callaron para que no les recordasen los pagos desde la Diputación de Huelva y la sede de su partido en la capital onubense. O los repartos de cargos en ciertas mancomunidades.

“No solo hay que cumplir en economía, también en regeneración y me temo que el PSOE y PP son alérgicos a la regeneración, y les da miedo romper las redes clientelares que han creado durante tanto tiempo y no ser aforados” ha dicho Rivera señalando con el dedo. Lo que no ha dicho es que esas redes las quiere para él, como ha sucedido en Onda Cádiz, tal y como contamos en estas mismas páginas. Cierto es que existen redes clientelares pero ¿por qué no han dicho nada en cuatro años y, sin embargo, bien que han colocado a su gente en algunas? Miente a sabiendas de lo que han hecho en Andalucía.

Todas esas falsedades tienen una justificación: ahora Rivera sólo ve andaluces. Si no hace mucho le obsesionaban las personas de la calle porque resulta que eran españolas, ahora sólo ve andaluces. Debe de ser porque está un día a la semana en Andalucía lanzando la pre-campaña electoral. Eso sí, los andaluces no le ven a él. Por lo que tiene un problema y gordo. Después de cuatro años, ahora resulta que le importa Andalucía, como a Inés Arrimadas que le ha dado por recuperar su “tierra” porque en Cataluña y en el resto de España no la pueden ni ver, aunque salió trasquilada. Andaluces por todos lados ve Rivera y les promete cosas que poco o nada tienen que ver con la estructura social andaluza.

No sólo eso, sino que deja en mal lugar a Juan Marín. Si el dirigente máximo de Ciudadanos es quien le enmienda la plana a Díaz y al que se le exige que envíe un informe a Madrid para que decidan allí qué hacer (“Juan Marín y su equipo van a elevar un informe a la ejecutiva nacional con una propuesta evaluando ese pacto, con todo lo que se ha conseguido y lo que hay pendiente en materia de regeneración política y decidiremos” ha dicho públicamente), ¿por qué no se presenta Rivera a las elecciones? ¿Piensa que desautorizando a Marín va a conseguir que sea visto como alguien competente para gobernar Andalucía? Les está, más bien, haciendo la campaña electoral a Díaz y a Moreno Bonilla. Porque los andaluces suelen reaccionar mal ante las interferencias de Madrid.

¿Privatizar Medina Azahara?

Es más, hasta querría privatizar Medina Azahara veladamente. “La gestión de Medina Azahara tiene que pasar por la creación de una Fundación público privada que sirva para que las administraciones trabajen juntas, así como para abrir la puerta a donaciones y a personas que quieran colaborar para mantener vivo este monumento” ha dicho el dirigente de derechas. En primer lugar, cualquier empresa puede donar dinero para el mantenimiento del monumento, sin necesidad de fundaciones. La ley lo permite y hasta lo podrían agradecer. Y en segundo lugar, ¿por qué han de participar empresas o particulares en el mantenimiento cuando hasta la fecha se ha realizado perfectamente? Está claro que para sacar algún beneficio de todo ello. Se demuestra que pese a ver andaluces por todos lados Rivera lo que quiere es privatizar lo que es de todos y todas, lo que es público.

Una vez más se muestra la incapacidad política e intelectual del dirigente máximo de Ciudadanos. No conoce Andalucía, ni su idiosincrasia; quiere privatizar monumentos públicos para sus amigos de la clase dominante; deja por los suelos a su propio candidato; intenta hacer cuñadismo mediante amenazas; pero al final del recorrido se demuestra lo que en estas páginas venimos contando, que es tan clientelar y corrupto como los demás partidos, con el añadido de que no saben gestionar. Sólo entiende la política mediante el recurso al macarrismo, la chulería y la mentira.

PSOE: “Nuevamente, la mala planificación e improvisación del PP divide el servicio de LIMUSA en 3 ubicaciones distintas”

El Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha recordado, que el pasado 30 de julio, exigía al Alcalde que buscara unas instalaciones  adecuadas para que, de forma provisional y durante el aproximadamente 1 año que resta hasta la total terminación y puesta en marcha del nuevo centro logístico, los trabajadores de LIMUSA puedan desarrollar dignamente su trabajo y no como ahora que ocupan unas instalaciones que iban a ser provisionales para 6 meses y llevan allí 8 años.

Una vez más lamentablemente, asegura Mateos, el tiempo nos da la razón y comprobamos cómo el Alcalde y su equipo de gobierno del Partido Popular van a “salto de mata” en la gestión de las obras municipales. Desde el año 2016 que se inició el expediente para adjudicar el Tramo II de la Ronda se sabía que “afectaba de lleno” a las actuales instalaciones de LIMUSA situadas frente al Complejo Deportivo Felipe VI, y han esperado al inicio de éstas para tener que improvisar, de nuevo, una ubicación provisional para las instalaciones y maquinaria del servicio de limpieza viaria de Lorca.

Mateos denuncia que esta ubicación provisional se ha realizado de la “peor manera posible”, ubicando al personal y maquinaria al servicio de limpieza viaria de LIMUSA en tres lugares distintos. El edil socialista señala que se ha alquilado una nave en el Polígono de Los Peñones, una parte de la maquinaria y los camiones van a estar en el aparcamiento de una estación de servicio situada en la avenida Alcalde José López Fuentes y el resto de maquinaria, entre ellas las compactadores, en el parking del Huerto de la Rueda, en definitiva –señala- 3 ubicaciones distintas cuando antes solo había 1.

Todo esto supone, afirma Mateos, desplazamientos extra de los trabajadores, mayor gasto para los trabajadores y para la empresa y, en general,  un empeoramiento del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, ya que lo que antes se realizaba partiendo desde un solo punto, aunque este no contara con la mejor de las condiciones necesarias –añade-, ahora se va a realizar desde 3 ubicaciones distintas y alejadas.

A pesar de que se advirtió en un Consejo de Administración de LIMUSA por el portavoz socialista, de que se podría dar esta circunstancia, y a pesar de que han tenido tiempo más que suficiente para planificar esta situación, nuevamente la “nefasta improvisación” de este equipo de gobierno hace acto de presencia, empeorando las condiciones laborales de los trabajadores, la prestación del servicio y provocando que se aumenten los costes del mismo por los desplazamientos y alquileres.

Por todo ello, y aprovechando la celebración en el día de hoy del Consejo de Administración de LIMUSA, del que Mateos forma parte, va a pedir explicaciones del por qué se ha llevado a cabo una solución tan “chapucera”, cuando han tenido tiempo más que suficiente para hacerlo de una forma adecuada, que garantizara unas condiciones laborales dignas a los trabajadores y no supusiera costes adicionales al servicio.

Adelante Andalucía entra en sus semanas clave

Las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina, más aún tras la pelea (de mentirijillas) entre Susana Díaz y sus socios de derechas (Ciudadanos). Un teatrillo bufo, aunque con su aquel por la chulería que gastan Rivera & Arrimadas, que no sorprende a las gentes de Adelante Andalucía. En la confluencia de las izquierdas andaluzas (salvo lo que pueda haber de izquierdas en el PSOE) marcaron pronto el calendario de etapas a superar para rematar la confluencia que ya cuenta con numerosos adheridos. La campaña “¡Como está el patio!” y las primarias para conformar las listas se realizarán en estas semanas que vienen. Puede Díaz poner la fecha que mejor le convenga (o que determine el juicio por los EREs) porque a Adelante Andalucía no le pillará el tren.

Hasta el 22 de septiembre se hará la recogida de aportaciones para el desarrollo del programa electoral del andalucismo de izquierdas. Un programa donde quedará claro lo que se pretende transformar en Andalucía. Esas redes clientelares de una Administración paralela que tantos fondos gastan, que podrían ser destinados a otras cuestiones, seguramente se quieran quitar. Esos fondos para Educación que permiten el hacinamiento y el calor salvaje que pasan las niñas y niños andaluces, seguramente estarán. Los problemas de vivienda, de llegar a fin de mes, de comida, de empleo digno… todo ello estará en el programa sin lugar a dudas. Más todo aquello que cada ciudad, pueblo, provincia estime necesario para su parte local de esa gran Andalucía que quieren crear en Adelante Andalucía.

Las primarias, para las que la única duda que lanzan desde la derecha es si Teresa Rodríguez o Antonio Maíllo pelearan por ser cabeza de cartel, también comenzarán a desarrollarse en breve. Los planes iniciales eran que comenzasen hacia el 15 de septiembre, aunque ya se ha informado que seguro el 2 de octubre ya estarán finalizadas y con las candidatas y candidatos en primera línea dispuestos a la batalla. Da igual que Rodríguez o Maíllo encabecen la lista en sí (que podrían hacerlo desde distintos lugares), todo el mundo sabe que es el dúo de moda en la política andaluza y ambos se complementan. Y más ahora que Rodríguez nos ha sorprendido con su estado de embarazo.

Todo está preparado para las elecciones andaluzas, bueno Moreno Bonilla igual está pensando en otra cosa, para las que sólo hace falta el pistoletazo de salida desde San Telmo. Díaz tiene en su mano la convocatoria, pero las dudas le siguen atenazando. Por un lado que Sánchez se la líe convocando a la vez, por mucho que haya dicho el presidente que piensa terminar la legislatura. Por otro lado, el juicio de los EREs y ser consciente de que éstas van a ser una elecciones de ensayo de las posibles a nivel estatal, no le hacen tenerlas todas consigo a Díaz. La flor se deshojará en breve, en brevísimo y Adelante Andalucía tendrá el trabajo hecho.

IU achaca la presencia de mosquitos tigres en San Diego (Lorca) a la dejadez del equipo de gobierno del PP

Pedro Sosa, concejal portavoz de Izquierda Unida Verdes en el ayuntamiento de Lorca, alertado por los vecinos de San Diego que viven en torno al Río Guadalentín, ha instado al equipo de gobierno a que acabe con los focos de acumulación de agua que hay en el lecho del río Guadalentín a su paso por la ciudad y que están sirviendo de nicho para el desarrollo de poblaciones del peligroso mosquito tigre.

Sosa ha podido comprobar presencialmente como el agua de la Fuente del Oro, en su salida al Río, queda estancada en la canalización, formando una película de agua ideal para el desarrollo de estos insectos hematófagos, que además de originar dolorosas picaduras, pueden ser vectores de enfermedades infecciosas. Por ello, afirma el edil que de poco sirve que desde la concejalía de Sanidad se coloquen carteles con consejos a los ciudadanos para acabar con estos mosquitos, si después el Ayuntamiento no aplica los mismos a los lugares públicos.

Por este motivo, Sosa ha pedido mayor coordinación entre las concejalías de Seguridad Ciudadana, Parques y Jardines y Sanidad para detectar y actuar sobre éste y otros focos que se puedan dar en los espacios públicos del municipio, principalmente en las zonas ajardinadas, pues la prevención es la principal medida en la lucha contra estos mosquitos.

Por último, Sosa también ha exigido la limpieza del lecho del Río, que también ha demandado en otras ocasiones, pero que sigue acumulando gran cantidad de basuras, dando una pésima imagen tanto para los lorquinos, como para quienes nos visitan. “Si no sabemos cuidar lo que tenemos, difícilmente podamos mantener lo que construyamos”, ha afirmado el edil.

La Junta da 235 millones a los Ayuntamientos para contratar desempleados

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El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha presentado en Málaga los nuevos planes de contratación de desempleados por los ayuntamientos, a los que la Junta de Andalucía destinará 235 millones de euros hasta finales de 2019. El titular de la Consejería ha informado de que mañana jueves, día 6, se publicará en el BOJA la orden reguladora de estos nuevos planes de empleo, que en la presente edición pasan a denominarse Iniciativas de Cooperación Local. Permanecerá abierta durante veinte días hábiles, y por tanto el plazo para la presentación de propuestas concluye el 4 de octubre.

Éstas incorporan como principales novedades un plan específico destinado a mayores de 45 años, otro para mayores de 55 años y el desarrollo de acciones complementarias de orientación laboral «para promover así su activación e inserción laboral a través del asesoramiento especializado y personalizado por parte de profesionales de orientación y de personal técnico de inserción», expuso Javier Carnero.

Los incentivos respaldarán la contratación, por un periodo mínimo de seis meses, de desempleados menores de entre 18 y 29 años (101,76 millones de gasto público); de entre 30 y 44 años (61,1 millones); de entre 45 y 54 años (47,8 millones), y de 55 o más años (15 millones), si bien esta última línea será objeto de una convocatoria específica posterior.

En total se prevé la formalización de 22.000 contratos con una duración mínima de seis meses, radicando ahí una importante diferencia con respecto a la edición anterior, donde se permitían contratos trimestrales en alguna de las modalidades existentes. Carnero ha recordado que la contratación se efectuará «por parte de los ayuntamientos para desarrollar proyectos de obras y servicios que reviertan en beneficios para el conjunto de la ciudadanía». Con el propósito de desarrollar estos proyectos, los ayuntamientos contarán con ayudas de entre 1.300 y 1.700 euros mensuales brutos por contrato bajo la modalidad de obras y servicios, y dependiendo del grupo de cotización.

En el caso de los jóvenes menores de 30 años, además de encontrarse en situación de desempleo, será requisito figurar en el registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, mientras que a los mayores de 45 años se les exige ser desempleado de larga duración (estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo como demandante no ocupado durante 180 días en los últimos nueve meses).

Se dará prioridad en las contrataciones a aquellos que residan en el municipio donde se desarrolle el proyecto, y dentro de este grupo se primará a los beneficiarios de la renta Mínima de Inserción Social; posteriormente a los desempleados que hayan agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo o asistencial en los últimos doce meses;  o los desempleados de larga duración (inscritos como demandantes de empleo en el SAE durante 360 días en los últimos 18 meses, o 180 días en los últimos nueve meses si es mayor de 45 años o están inscritos en el régimen agrario especial).

En esta edición, y como novedad relevante, la Junta también va a subvencionar a los ayuntamientos la contratación de técnicos de inserción que permitan reforzar con orientación laboral y tutorización la mejora del nivel de empleabilidad de los participantes en los proyectos: una iniciativa que contará con una financiación de 9,45 millones de euros. En concreto, la subvención cubrirá un salario bruto de entre 1.600 y 1700 euros mensuales de estos técnicos, que deberán ser contratados diez días antes de las incorporaciones a los proyectos de los desempleados, y mantenerse hasta veinte días después de la finalización.

Como requisitos para la contratación, los técnicos de inserción deberán contar con una titulación universitaria en Ciencias Humanas y Sociales, y tener seis meses de experiencia como orientadores laborales o formación en cursos de un mínimo de 50 horas en materia de Orientación profesional para la Inserción impartida por organismos oficiales o centros homologados.

Por lo que respecta a la distribución de los fondos entre los distintos municipios,  se realizará teniendo en cuenta el nivel de desempleo y el de población en cada localidad, y se incorpora como novedad en esta edición que se añadirá un 10% más para aquellos municipios que tengan las tasas de paro más elevadas.

Las Iniciativas de Cooperación Local forman parte del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción laboral en Andalucía. En la última edición de los planes de empleo bajo la denominación de Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria, se han alcanzado los 17.600 contratos a jóvenes menores de 30 años, dentro del Plan Emple@joven, y los 15.360 a mayores de 30 años desempleados dentro del programa Emple@30+.

3.161 contratos en la provincia de Málaga

En el caso concreto de la provincia de Málaga, las partidas contempladas para el conjunto de los tres grupos de edad correspondientes a esta convocatoria -no se incluyen por tanto las personas de 55 o más años- ascienden 33,5 millones de euros, con los que se prevé la contratación de más de 3.160 personas desempleadas: de ellas, 842 en la capital.

Por lo que respecta a la ciudad de Málaga, se destinarán 8,5 millones de euros, de los que 4,36 millones corresponden a proyectos para desempleados menores de 30 años; 2,47 millones a personas de entre 30 y 44 años; y 1,74 millones a mayores de 45 años. Los otros 25 millones se repartirán entre los municipios de la provincia teniéndose en cuenta la evolución de las tasas de desempleo y de afiliación a la seguridad social, de manera que se destinará una mayor cuantía a los que presenten evoluciones menos favorables y son: Almogía, Colmenar, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar, Pizarra, Sayalonga, Sedella y Totalán.

En cuanto a los de mayor cuantía Vélez Málaga contará con casi 1,8 millones de euros, Marbella contará con más de 1,64 millones de euros, Mijas dispondrá de más de 1,5 millones; Fuengirola 1,4 millones; y Benalmádena 1,3 millones. En el resto de las provincias andaluzas, la distribución de fondos será la siguiente: Almería, 16,8 millones; Cádiz, 38,2 millones; Córdoba, 20,6 millones; Granada, 24,8 millones; Huelva, 14,1 millones; Jaén, 18,8 millones; y finalmente Sevilla, 53 millones.

La “concordia” de Casado y Cía.

El flamante Presidente del PP, Pablo Casado, nos sale ahora con una propuesta de sustituir la Ley de Memoria Histórica por una Ley de Concordia, cuando lleva tiempo creando precisamente la Discordia con sus soflamas incendiarias. Aquí se nota la mentalidad reaccionaria de este sujeto, cuando se remonta a esos históricos tratados, como aquella “Concordia de Segovia”, firmada entre Isabel I de Castilla y su consorte Fernando de Aragón en el año 1475.

Tanto Casado como Rivera, ambos radicalizados desde que el Parlamento los derrotó en la Moción de Censura, han venido actuando como pirómanos y ahora intentan utilizar una vieja manguera de bombero de hace siglos, renunciando u olvidando la Ley de Memoria Histórica, violada e incumplida por el PP, que surgió de aquella Transición chantajeada de 1978.

Rajoy la rechazaba tácitamente al ufanarse año tras año de dotarla con presupuesto “CERO”, como su fundador Fraga que también quería perpetuar el franquismo “sin Franco” mediante la represión con aquella frase de “la calle es mía” y rechazaban las reformas sociales y la descentralización autonómica, al igual que ahora hacen los “naranjitos”, retando a Pedro Sánchez a que aplique la represión del Artículo 155 para aplastar al pueblo de Cataluña.  Ahí queda reflejada la mentalidad centralizadora y reaccionaria de esos elementos que añoran aquella “España, Una, Grande y Libre” del Dictador.

El “patrioterismo franquistizado” es la primordial porción de la ideología de los dirigentes del PP, mimetizados ahora en C’s  que emponzoñan la conciencia de la clase trabajadora de los explotados y oprimidos, teniendo como  objetivo, atrofiar la voluntad de lucha de las izquierdas en favor del socialismo y la democracia, actuando como algunas especies que se mimetizan tanto con su ambiente, que a veces algunos de sus adversarios y votantes son incapaces de distinguirlos.

Las declaraciones de Pablo Casado y de Albert Rivera de marcados tintes sectarios y xenófobos, hunden sus raíces en la naturaleza del capitalismo español del llamado régimen del 78, cuyo aparato estatal, con su sistema judicial, clero, ejército y policía, mantienen rasgos heredados directamente del franquismo e incluso algunas de las Leyes sociales que contempla la CE. Esos dos partidos de Derechas reivindican, confirmando su línea política escorada cada vez más a la derecha,  volver al pasado cuando realizan sus actuaciones que mantienen un carácter antidemocrático, bastante machista, carpetovetónico y en cierta medida racista y xenófobo.

Aquellas organizaciones que no quieren expresar claramente el rechazo al “franquismo” ni estar contra el fascismo, manteniendo una tibieza y equidistancia hipócrita en el caso de la exhumación de Franco, en la controversia del Valle de los Caídos, anunciando su abstención, negándose a combatir la degeneración y corrupción del sistema capitalista, que es la causa de la barbarie que ese modelo genera, sin reconocer la ilegalidad de aquel Golpe, NO parecen ser considerados muy demócratas.

El nuevo curso político se inicia con la perspectiva de que vamos a tener un “otoño caliente” y pienso que debido a la atonía de las direcciones de izquierdas, la desilusión de las masas podrían transferir el espacio al desencanto y esos contrincantes del PP/ C’s  que ambos se disputan el voto residual franquista, quieren recuperase de su miedo y su histeria con la que han entrado en la oposición. Intentan sacar de esa frustración provecho y pasar  a la revancha, por eso la lucha de las izquierdas por un mundo mejor, más igual, libre y humano debe continuar, pero ilegalizando la “Apología del Franquismo”, que no cabe dentro de una democracia sana.

Aquella irrupción demagógica de Albert Rivera que prometía venir a adecentar la vida política y acabar con la corrupción, ha quedado en un fiasco tras su giro a la derecha y su permanente coqueteo y apoyo con el PP Mariano, hasta el momento en que se vieron derrotados por la Moción de Censura.  Ahora Rivera incluso le pasa por la derecha a Casado, pero no se entera que el avance principal en la recuperación del prestigio perdido, pasa por tener un claro sentido de la realidad social, de la democracia  y respetar la solidaridad humana, hacia los seres que están en peores condiciones, sobre todo, los familiares y víctimas represaliados por el golpismo que continúan en las cunetas,  pero ellos están incapacitados para eso, ya que la financiación de sus actividades políticas se debe al IBEX35 y la gran burguesía a la que defienden y sirven.

Esos elementos sin ética se comportan como zorros hambrientos soltados en un gallinero. Con sus proclamas incendiarias fomentan que el sistema capitalista se convierta en una jungla, donde se aplica la Ley del más fuerte, abusando, avasallando y dejando sin protección a los más débiles y esos procedimientos no son humanos, son todavía salvajes.

El drama es que la clase trabajadora siente todavía un cierto reparo hacia sus direcciones de izquierdas, porque tanto éstos como los  economistas modernos,  deberían   conocer e impartir la filosofía del materialismo dialéctico, más propia de la clase trabajadora,  y prestarles más atención a los postulados de lo que Engels y Marx demostraron,  admitiendo la superioridad de este método de análisis de la realidad concreta para aplicarlos a todos los campos del saber humano.

Para iniciar el camino de la transformación social, es decir, para avanzar hacia el genuino socialismo, la clase trabajadora asalariada necesita primero organizarse, unirse y prepararse mucho mejor, para desarrollar una táctica ideológica consistente, una estrategia global y un programa de actuación inmediato y apoyarse en una dirección firme, capaces de convencer y alentar a las masas en la lucha para resolver las contradicciones sociales y territoriales que nos acechan.

En momentos como los actuales, los métodos violentos de alentar a la extrema derecha y su guerracivilismo, como hacen esos dos bocazas, es un peligro que se retroalimenta con movimientos nazi/fascistas que crecen en toda Europa.  Las direcciones de izquierdas deben ser consecuentes y llamar a los trabajadores a reorganizarse defendiendo una democracia sana, no contaminada como ha quedado esta “democracia burguesa” que es preciso superar. Si se avanza hacia la Unidad en la lucha,  las izquierdas podrían ganar, las direcciones encuentran la necesaria capacidad de entendimiento para formar gobiernos de coalición de las izquierdas.

Es preciso explicar a la ciudadanía, abriendo un amplio debate, que bajo el capitalismo y gestionando sus crisis cíclicas nunca se podrá conquistar el socialismo. La clase trabajadora puede tomar el poder político y por medio de él, las masas deben  defender un programa necesario y valiente, que rompa con el modelo actual de democracia burguesa, corrupta y decadente, abriendo un nuevo proceso para profundizar en la democracia socialista. Tendrían que convertir la propiedad privada de las grandes palancas de producción en medios de propiedad pública, socializando la gestión de la producción de manera democrática, todo lo contrario de lo que ha venido haciendo la clase dominante a través de Rajoy durante los últimos siete años. Con una derrota amplia de las derechas en las próximas elecciones, si podríamos demostrar y acumular fuerzas suficientes para imponer ese tipo de democracia amplia y autogestionaria en todos los niveles del Estado  y los avances serían posibles.

Pero un programa social avanzado debe contemplar la forma de financiarlo, que debe recaer sobre la clase dominante adinerada que se ha venido forrando con los desfalcos bancarios, la explotación y la opresión de los pensionistas, la juventud, los asalariados y capas medias empobrecidas, Por eso hace falta un acto supremo de justicia “expropiando a los expropiadores y explotadores corruptos”, que signifique saldar las cuentas de los déficits, que es el producto de su histórica explotación y saqueo, con lo que  podríamos redimir los medios de producción de la condición de capital, cuyo fin es el lucro privado que ellos lo anteponen al bienestar de la población  y son los objetivos que hasta este momento han venido practicando, para declarar el carácter social en plena libertad de la producción al servicio de las clases trabajadoras empezando por las más empobrecidas,   eliminando los secretos bancarios y los secretos de Estado, para desarrollar la producción en beneficio del bien común, con un combate implacable contra la corrupción y los despilfarros.

Con esos nuevos métodos de producción autogestionaria y democracia ética, si sería posible desarrollar planes y proyectos sociales, con arreglo a los programas trazados de antemano por la clase trabajadora con la ayuda de la comunidad científica. El proceso de producción capitalista, perpetúa y agrava las diferencias de clase por lo que se ha convertido ya en un  anacronismo que impide el desarrollo armonioso y tendente hacia la igualdad que plantea el socialismo.

En la medida en que se introduzca una planificación científica de los procesos productivos, generalizando las nuevas tecnologías, las computadoras y la robótica, desaparecería por completo la anarquía de la producción del modelo capitalista actual, basado en el despilfarro, el robo y las estafas. Una democracia sana debe perseguir el objetivo que el Estado y su autoridad represiva empiecen a moderarse, tomando las decisiones cada vez que exista una controversia social mediante votación popular.

Cuando existan conflictos graves, utilizar mecanismos profundamente democráticos para ir pasando la autoridad de las decisiones, siempre democráticamente,  al pueblo en general, que estaría compuesto por toda la clase trabajadora, bien intelectual, bien manual, pero todos tendríamos que colaborar en las tareas políticas de la producción, debiendo ser los puestos de responsabilidad, tanto políticos como administrativos, revocables y rotativos.

La comunidad humana sería por fin dueña de su propia existencia cultural y social, convirtiéndose en dominadores de la naturaleza, pues como se declara el PSOE, “somos socialistas, feministas, ecologistas y demócratas”, por lo que es preciso tomar las mejores decisiones que beneficien a la sociedad, alcanzando el mayor grado de igualdad posible y por tanto seríamos dueños de nosotros mismos, como seres humanos libres para aplicar socialmente nuestras decisiones.

La conquista de esos objetivos, mediante una organización con aspiración internacionalista, democrática y socializante, será el acto que redimirá a la ciudadanía, porque esa es la verdadera misión histórica que tiene que desarrollar una ideología actualizada, a través de una moderna cultura de democracia ética con socialismo científico.

Ese socialismo científico corresponderá a la expresión práctica de la teoría concentrada de la experiencia de las luchas del movimiento obrero durante toda la historia, que es el que está llamado a aprender, estudiar, e investigar las condiciones culturales, económicas, sociales y políticas, convirtiendo la naturaleza misma con este mismo salto cualitativo, infundiendo y educando a toda la población en este nuevo modelo social y humano,  para enseñarnos unos a otros a trabajar solidariamente por el bien común.

Como decía Pablo Iglesias, “elegid a los mejores, pero luego vigilándolos como si fuesen canallas”,  infundiendo de esa manera a las clases hoy oprimidas y explotadas, la conciencia de que es necesario transformar las condiciones laborales, para marchar hacia su liberación, con una crítica social permanente,  cuyo objetivo debe ser mejorar la calidad de vida y de la naturaleza, con la aplicación del concepto  programático ecosocialista, que debe ser producto de nuestras propias acciones, como mejor procedamos para garantizar la supervivencia de la especie humana  en este planeta Tierra, que es el único que conocemos, porque está siendo arrasado por la depredación de unos cientos de multinacionales que tenemos que frenar, antes de que sea demasiado tarde.