Las autoridades económicas y políticas europeas reciben diariamente cientos de reclamaciones y solicitudes de acceso por parte de los afectados del Banco Popular. La respuesta siempre es negativa y, hasta ahora, sólo se ha permitido consultar esta documentación a ciertas personalidades o representantes legales de grandes accionistas dentro de una data room en la que se impedía realizar copias o tomar notas de las mismas.
Diario16 ha tenido acceso a una respuesta dada por el Banco Central Europeo (BCE) a uno de los afectados en la que, en primer lugar, el supervisor reconoce la existencia de un documento más allá de la versión no confidencial publicada en la web del BCE. En concreto, la respuesta afirma lo siguiente:
Es decir, que el BCE tiene en su poder otra documentación que va más allá de las evaluaciones de la JUR y del que hasta ahora no se conocía su existencia. ¿Esta es la transparencia de las instituciones europeas? Ocultar documentación a los ciudadanos de la Unión Europea va en contra de los propios derechos reconocidos en los Tratados de la UE por más que el BCE se quiera escudar en distintas resoluciones, excusas que, en realidad, no tienen más finalidad que retorcer la normativa para proteger al Santander y mantener ocultas las verdaderas intenciones de la operación que terminó con la ruina de más de 305.000 familias.
Según el documento, se está negando el acceso a una documentación que es fundamental para poder hacer un uso efectivo de, entre otros, el derecho a la defensa, «por la necesidad de proteger sus procedimientos [del BCE] supervisores (y para darles una protección similar a la proporcionada en los procedimientos de competencia)». ¿En esos documentos está en juego la seguridad de la Unión Europea? Evidentemente, no. ¿Qué está en juego realmente? El conocimiento de los datos de supervisión del Santander y la demostración de que la entidad cántabra se encontraba en una situación límite (sus propias cuentas demostraron un agujero de 8.000 millones de euros por el cambio de divisas) y que precisaba de una operación corporativa rentable, sin coste, rápida y efectiva. Esto se reconoce en otro punto del documento en el que se dice lo siguiente:
Tras esta explicación en la que se demuestra que lo que realmente se están intentando proteger los intereses comerciales del Santander porque, según el BCE, divulgar el documento provocaría que se difundieran los datos de posición de capital y de liquidez de la entidad cántabra, además de las valoraciones de supervisión. «La publicación de esta información y de las valoraciones supervisoras correspondientes podría perjudicar a la metodología supervisora y a la estrategia empleada por las autoridades competentes».
Sin embargo, el documento va más allá y antepone los intereses del Santander —en aras de la confidencialidad— a los derechos de los ciudadanos y, por tanto, de los afectados del Banco Popular:
¿Cómo se puede afirmar que la finalidad de no permitir el acceso a la documentación se hace «con vistas a reforzar la apertura de la administración a fin de favorecer su legitimidad, eficacia y responsabilidad fortaleciendo de este modo los principios de la democracia» para decir a continuación que no se puede tener en cuenta el derecho de defensa particular de un solicitante? Estamos hablando de más de 1,5 millones de personas afectadas por el Caso Banco Popular, por tanto, ya estamos hablando de un interés colectivo al que las autoridades europeas y españolas tienen la obligación de dar una respuesta rápida, ya sea a través de las instituciones políticas (algo que no se está haciendo) o de los organismos de la Justicia (algo que se está demorando en exceso y que puede provocar que los presuntos delitos cometidos en la operación prescriban). ¿Qué tienen que decir a todo esto los despachos de abogados con conflicto de interés con el banco presidido por Ana Patricia Botín que captaron a decenas de miles de afectados ocultándoles dicho conflicto y urgiéndoles a acudir sólo a la justicia europea? ¿Se posicionarán ahora en favor de sus representados o seguirán planteando estrategias que favorezcan a la entidad cántabra? ¿Se ha internacionalizado la protección al Santander? Cada día que pasa dan más razones para pensar que sí.
