lunes, 26 enero, 2026

Los datos del paro de agosto, la consecuencia del mercado laboral enfermo que dejó Rajoy

José Antonio Gómez
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Los datos del paro registrado correspondientes al mes de agosto de 2.018 son la fotografía de la realidad laboral que han dejado las políticas impuestas por el Partido Popular durante la época del Gobierno de Mariano Rajoy. Alta precariedad, elevadísima rotación, bajos salarios, destrucción masiva de empleo en sectores clave, incremento de los falsos autónomos, son algunos de los escenarios que se pueden comprobar con los datos del paro registrado de agosto y que muestran la fotografía del mercado laboral enfermo que crearon Mariano Rajoy y Fátima Báñez.

En agosto el paro registrado ha subido en 47.047 personas y, sin embargo, se han destruido más de 200.000 empleos por la bajada del número de afiliados a la Seguridad Social. Esta diferencia viene determinada por dos causas: la no inscripción en las listas de los servicios públicos de empleo y las bajas de trabajadores en el régimen especial de autónomos. ¿Se han destruido 200.000 empresas en agosto? Evidentemente, no. El problema lo encontramos en que mucha de la contratación que se realiza en este país se hace a través de contratos mercantiles en los que el trabajador está obligado a darse de alta en el régimen de autónomos a pesar de que exista una relación con la empresa contratante que debería tener un contrato laboral.

Los datos de agosto demuestran también el volumen de destrucción de empleo que se genera en sectores fundamentales para cualquier economía como la educación o la industria mientras que se crea empleo, en su mayoría precario, en sectores que no tienen un impacto de continuidad dentro del mercado laboral o en la creación de empleo como es el caso de la hostelería, sector en el que la estacionalidad determina que se firmen contratos temporales, por obra o servicio o por horas. Otra de las herencias de Mariano Rajoy, cuyo gobierno pretendió hacer creer a los ciudadanos que la temporalidad era un factor fundamental para la creación de empleo porque se incrementaba la flexibilidad del mercado laboral. Un eufemismo cruel que no tenía otro fin que el maquillaje del número de parados, aunque para ello fuera necesario que España sea uno de los países con mayores niveles de precariedad de la Unión Europea.

Esos niveles precarios y la alta rotación la podemos comprobar en los datos de contratación. En agosto se firmaron en España 1,6 millones de contratos para dar unos números negativos. Si analizamos la tipología de las relaciones contractuales celebradas en el pasado mes podemos comprobar que, en primer lugar, sólo se firmaron 153.921 indefinidos, es decir, un 9,6%, mientras que los temporales suponen un 90,4%. En segundo término, dentro de la temporalidad vemos cómo la tipología del eventual por circunstancias de la producción supone 46,2% de la totalidad de contratos firmados. Este hecho es el que demuestra tanto la alta rotación como la precariedad del empleo que se crea en España gracias a la Reforma Laboral de Mariano Rajoy puesto que esa «flexibilidad» que reclamaba la CEOE del mercado laboral no es otra cosa que la precariedad que generan este tipo de relaciones contractuales de una duración mínima (como máximo una semana).

Es hora de que en el Ministerio de Trabajo y en el Gobierno de Pedro Sánchez se comiencen a implementar medidas que remedien esta situación. La Reforma Laboral de Rajoy no se puede derogar volviendo a situaciones de años o décadas anteriores, sino que lo que precisa el mercado del trabajo en España no es otra cosa que reformas adecuadas a los tiempos que vivimos. Tiempo hay y, por lo que parece, también voluntad para ello. El problema es que estamos ante una urgencia social que no puede esperar más.

El BCE incumplió los criterios de Basilea III al no aportar ninguna solución al deterioro de liquidez del Popular

Esteban P. Cano
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El BCE incumplió los criterios de Basilea III al no aportar ninguna solución al deterioro de liquidez del Popular

Los afectados del Banco Popular están intentando por todos los medios tener acceso a la documentación utilizada por la Junta Única de Resolución (JUR) y por el Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, al igual que ocurre con los representantes democráticos del pueblo español, se encuentran con todas las trabas posibles puestas, en teoría, en aras de la protección del sistema financiero cuando, en realidad, todo va encaminado a, en primer término, proteger al Banco Santander y, en segundo lugar, a ocultar todos los movimientos que se realizaron durante la operación diabólica que terminó con la ruina para más de un millón y medio de ciudadanos españoles.

Los afectados están solicitando por activa y pasiva toda la documentación o, al menos, aquella documentación donde el BCE exponga los motivos reales por los que declaró «fail or likely to fail» (FOLTF) al Banco Popular, como paso previo al comienzo del procedimiento de resolución que realiza la JUR el pasado día 7 de junio del 2017.

El Banco Central Europeo insiste en que su papel en la provisión de liquidez de emergencia (ELA) y que la declaración de inviabilidad o previsible inviabilidad del Banco Popular es realizada por un deterioro significativo de su posición de liquidez. Por tanto, no se trató de un problema de solvencia. Entonces, ¿por qué la JUR encargó a Deloitte un informe de liquidación?

Por otro lado, el BCE de Luis de Guindos subraya en las respuestas a los afectados el haber decidido publicar la versión no confidencial de la evaluación de inviabilidad o previsible inviabilidad en aras de la transparencia y la rendición de cuentas. Como podemos comprobar el máximo regulador del sistema financiero europeo se está riendo de más de un millón y medio de personas que lo perdieron todo en la noche del 7 de junio de 2.017 mientras en el Banco Santander se congratulaban de haber realizado una gran operación con un coste de un euro. La realidad es que el BCE ni ha presentado transparencia ni mucho menos rendición de cuentas, ya que lo que hace es lo contrario de lo que anuncian. Podría alegar otros motivos, pero la transparencia es el menos indicado y apropiado para poder especificar su procedimiento. Con lo que ha hecho público hasta ahora, el BCE lo único que ha pretendido conseguir es que los europeos hagan un acto de fe en el dogmatismo del BCE, tanto en la institución que realiza dicha declaración, como en el contenido de aquello que realiza.

La función supervisora del BCE se especifica claramente en el Reglamento 806/2014 en su Considerando 13 cuando se afirma que «A fin de restablecer la confianza y la credibilidad del sector bancario, el Banco Central Europeo (BCE) realiza actualmente una evaluación exhaustiva de los balances de todos los bancos supervisados directamente. Dicha evaluación debe garantizar a todos las partes interesadas que los bancos que se adhieran al MUS y, por tanto, que entren dentro del ámbito de aplicación del MUR, son fundamentalmente sólidos y de confianza».

Por tanto, la solidez y la confianza del sistema financiero en Europa la da la supervisión directa del BCE a todos aquellos bancos adheridos al MUS, de una manera específica y controlada. En el caso de la resolución del Banco Popular, fue inducida por una salida masiva de depósitos, especialmente en los seis primeros días de junio del 2.017, ya que el 31 de mayo termino con un LCR del 79,4 % incluyendo Wizink, cuando el requerimiento para el año 2017 era el 80 % de LCR, aportando 2.279 millones de liquidez entre las medidas adoptadas por el Banco Popular.

Según los criterios de Basilea III, se exige corregir en el plazo de un mes todos aquellos desajustes que puedan producirse en los balances de una entidad financiera, y de una manera especial la ratio o coeficiente de LCR, tanto por las posibles soluciones aportados por la misma entidad, como por las que pudiera aportar el BCE. El Popular sí que realizó varias acciones encaminadas a restablecer el coeficiente de liquidez, y en todas esas acciones no hubo por parte del BCE ninguna acción para corregir dicho desajuste, tal como marca Basilea III.

La actuación tanto del BCE como del Banco de España (BdE) fue de monitorización del LCR sin tomar medidas adicionales para restablecer dicho coeficiente o ratio acompañando a las medidas emprendidas por el mismo Banco Popular. Por tanto, se produjo una monitorización de la situación sin interactuar y mostrándose ajeno a la realidad que estaba teniendo la entidad. Esto es una negligencia muy grave porque conlleva una dejación de funciones de la actividad supervisora. ¿Se realizó de manera voluntaria o involuntaria para que se pudiera implementar la declaración de inviabilidad y, de este modo, dejar allanado el camino para que la JUR resolviese al Popular? La JUR, por su parte, ha cometido muchas irregularidades legales a la hora de realizar el procedimiento de resolución y por ello va a ser juzgada por el Tribunal General de la Unión Europea por, al menos, 6 presuntos delitos.

El BCE ha confirmado que no se opuso a que se otorgara más liquidez al Banco Popular, ¿omitió cualquier posible acción por acción o inacción para que el Banco de España otorgara más líneas de liquidez a la entidad? ¿Esa no oposición incluyó algún tipo de orden al BdE para que concediera esos ELA? La falta de transparencia a estas preguntas de tan sencilla respuesta es un modo de reírse de quienes lo perdieron todo con la resolución del banco.

Por tanto, fruto de todos los acontecimientos que transcurrieron y sin disponer de la documentación necesaria para poder demostrar el cómo y el porqué de la declaración FOLTF solo se puede concluir que por parte tanto del BCE como del Banco de españa se negó u omitió el auxilio necesario en liquidez. Esto queda acreditado cuando el Santander, con la supuesta inyección de 13.000 millones de euros el día 7 de junio del 2.017 hace revivir a una entidad que esa misma noche estaba, al parecer, agonizando y devolviendo ese mismo los 3.500 millones de euros recibidos en dos líneas ELA los días 5 y 6 de junio y disponiendo de los restantes 9.500 millones para compromisos de retiradas que tenía el Banco Popular, la liquidez se recuperó.

El Santander adquirió por un euro una entidad que, según el 3º informe de valoración realizado por Deloitte y presentado por la JUR, disponía de un patrimonio neto de 9.389 millones de euros. Por tanto, no era insolvente. Además, Banco Popular era una entidad bancaria que no dejó de pagar jamás sus obligaciones, ni nunca cerró sus puertas, sino que se mantuvo y mantiene en funcionamiento. Si se hubiese tenido que realizar una liquidación habría tenido que ser, según los manuales de contabilidad, por un desfase entre el pasivo y el activo y, NUNCA por un problema de un deterioro significativo de su posición de liquidez.

Por tanto, desde el planteamiento que esgrime el BCE, cualquier asociación de consumidores y usuarios puede realizar o solicitar una salida masiva de depósitos de cualquier entidad bancaria y en el plazo de un mes dicha entidad debería ser resuelta, independientemente de su solvencia. ¿No se ha dejado una puerta abierta para la manipulación y la destrucción del sistema financiero europeo?

La Justicia estrecha el cerco a la cúpula del Banco de Valencia y la familia Calabuig por el caso Bellver

José Antequera
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La Justicia estrecha el cerco a la cúpula del Banco de Valencia y la familia Calabuig por el caso Bellver

La querella contra el Banco de Valencia por el caso Costa Bellver se ha reactivado en las últimas semanas y está cada vez más cerca de juicio, tal como ha podido saber Diario 16 por fuentes judiciales próximas al caso. El asunto se encuentra a la espera de que se resuelvan los sucesivos recursos que han ido presentando los querellados ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y es más que probable que el magistrado Santiago Pedraz dicte auto de apertura de procedimiento abreviado contra la mayoría de ellos. Además, el FROB figura como acusación particular en la causa y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la apertura de juicio oral contra los implicados al considerar que existen “indicios de estafa, apropiación indebida y administración desleal en la compra de acciones” por parte de la entidad financiera a la empresa Costa Bellver, vinculada a la conocida familia valenciana de los Calabuig.

En el punto de mira de la Fiscalía están Eugenio Calabuig y varios de sus hermanos, así como el ex consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, y el ex director general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, entre otros. Todos ellos están siendo investigados. El Ministerio Público quiere saber si los responsables del Banco de Valencia se saltaron la ley para beneficiar a los Calabuig comprando acciones de Costa Bellver, una operación urbanística que reportaría beneficios millonarios al grupo familiar castellonense. Un portavoz oficial de Global Omniun/Aguas de Valencia, la empresa matriz que actualmente controla Eugenio Calabuig y que abastece de agua a medio país, ha asegurado a Diario 16 que la compañía “ya no tiene nada que ver con la causa” que impulsa el juez Pedraz. De esta manera, Aguas de Valencia trata de pasar página y desvincularse de una investigación judicial que le afecta muy directamente, aunque lo tiene complicado, sobre todo después de que Bankia Hábitat, personada como acusación particular en el procedimiento, haya solicitado dos años de cárcel para los Calabuig y la devolución de los más de 28 millones de euros que supuestamente perdió el banco en la compra de acciones de la constructora Costa Bellver, según publica Voz Pópuli. “El precio abonado por Bankia Hábitat por tales participaciones fue casi cinco veces superior al valor real. El detrimento patrimonial sufrido por mi representada es incuestionable”, aseguran los abogados de Bankia.

Las pesquisas judiciales se centran en Eugenio Calabuig. Los primeros pasos en el mundo de la construcción de este industrial no le impidieron vislumbrar que el negocio del futuro seguía estando, además de en el ladrillo y el cemento, en el agua, con cuya actividad ha levantado un gran emporio en toda España en las últimas dos décadas. En el año 1999 Calabuig, gerente de la promotora Fucsa (Fomento Urbano de Castellón), entró en el accionariado de Aguas de Valencia (AVSA) como miembro del consejo de administración y en 2007 se hizo con la presidencia de la compañía, sustituyendo al empresario Vicente Boluda. Calabuig había llegado al Olimpo de los empresarios más influyentes de la Comunidad Valenciana gobernada por el omnímodo Partido Popular, que ya tejía sus redes clientelares con la trama mafiosa Gurtel. Su riqueza alcanzó tal calibre que se le llegó a considerar algo así como el banquero de confianza de la Generalitat gobernada por el corrupto PP valenciano e incluso se permitió lujos al alcance de muy pocos, como prestar 50 millones de euros al Valencia CF al borde de la bancarrota para que el club pudiera pagar las nóminas de los jugadores. Basta abrir la página web del grupo empresarial Global Omniun, al que pertenece Aguas de Valencia, para comprobar el elevado concepto que la empresa tiene de su máximo gerente. “La llegada de Eugenio Calabuig a la presidencia de la compañía ha supuesto la estabilidad accionarial definitiva de la que es hoy una de las primeras empresas de capital español especializada en el sector del agua. En los últimos años destaca la expansión de la compañía en toda España, la apuesta por la innovación tecnológica y la internacionalización”, asegura el portal digital de Global Ominun.

Sin embargo, no todo han sido luces y éxitos en la carrera empresarial de Eugenio Calabuig. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria y el colapso del sistema financiero español empezaron sus primeros embrollos judiciales. Tras el crack económico, la Justicia se propuso poner nombres y apellidos a los autores de los desmanes cometidos en los años de la crisis y Calabuig fue uno de los que quedaron señalados. En junio de 2012 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), un organismo que se encarga de velar por el buen funcionamiento del sistema financiero tras el estallido de la crisis, decidió denunciar un importante agujero en las cuentas del Banco de Valencia (BdV) y el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, abrió una investigación a fondo. La cúpula directiva del banco y otros empresarios –entre ellos el propio Calabuig– desfilaron por el juzgado para declarar por supuestas irregularidades en la transferencia de capital de la entidad financiera a Aguas de Valencia. Inicialmente este dinero debía servir supuestamente para blindar a la compañía valenciana frente a la intención de CaixaBank y Aguas de Barcelona de controlar la empresa de Calabuig. De hecho, CaixaBank compró por un euro el Banco de Valencia tras la quiebra de la entidad financiera y su posterior nacionalización. Sin embargo, y pese al anuncio de Calabuig de que su intención era “valencianizar” AVSA para que “volviera a sus orígenes” mediante la entrada en el negocio de socios inversores levantinos –librándola así de la amenaza catalana–, en realidad la operación de compraventa de participaciones del Banco de Valencia a Costa Bellver no tuvo demasiados fines patrióticos sino más bien intereses particulares. De entrada, Pedraz investiga si se cumplió la ley bancaria al favorecer a la promotora inmobiliaria de los Calabuig, que impulsaba un ambicioso proyecto urbanístico consistente en la construcción de mil casas y un hotel en Oropesa.

Estas y otras operaciones de dudosa racionalidad económica generaron en aquellos años un supuesto agujero económico de más de 137 millones de euros al grupo Bancaja. Y todo ello pese a que el Banco de España había alertado sobre el elevado riesgo inmobiliario que entrañaban tales maniobras financieras.

Finalmente, en medio del sonado escándalo judicial, en 2016 Calabuig conseguía su añorado sueño de hacerse con el 33% de las acciones de Aguas de Valencia ‒que hasta ese momento controlaban la francesa Suez y Criteria (sociedad de inversiones de CaixaBank)‒ por un precio de 70 millones de euros. De esa manera su empresa, Fucsa, se hacía con el control del 97,35% del grupo AVSA. El 3% restante quedaba en manos de accionistas minoritarios. Calabuig había evitado la supuesta catalanización de AVSA de la que venía avisando persistentemente, pero ahora tenía un problema grave con la Justicia por sus actividades poco claras con el Banco de Valencia. Años después, Pedraz ha reactivado la investigación y la Justicia está cada vez más cerca de conocer el agujero real que dejaron los directivos de la entidad financiera levantina antes de terminar en la quiebra.

Óscar Urralburu: «Presentaremos al PSOE una hoja de ruta que prepare el cambio de gobierno en 2019»

J.A.G.
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Óscar Urralburu: «Presentaremos al PSOE una hoja de ruta que prepare el cambio de gobierno en 2019»

El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu, ha pedido al Partido Socialista que tenga “visión de Región” y que entienda que para abordar el “necesario cambio político, hay que consolidar propuestas concretas en sanidad, educación o financiación autonómica y hacer un paralelismo con los acuerdos que se van a alcanzar en el gobierno central”.

Urralburu ha incidido en que este curso político va a ser “clave” para afrontar la posibilidad de que por primera vez en las últimas dos décadas hay un “escenario real de cambio”. Para ello, el secretario general de Podemos y portavoz parlamentario, va a proponer a Diego Conesa, secretario general del PSOE “una agenda política regional, una hoja de ruta, que plasme acuerdos concretos que avancen lo que puede ser una Región de Murcia sin el Partido Popular”.

Tal y como ha sucedido en el gobierno central, ha dicho Óscar Urralburu “se pueden trasladar a la Región parte de los acuerdos y demostrar a la gente que se puede gobernar diferente. Ya no es sólo echar al PP de San Esteban, es derogar sus políticas y desmontar sus desastres. Acabar con los recortes en los servicios públicos y poner a la región en el lugar que se merece”.

Sr. Sánchez el impuesto al diésel atenta contra la clase trabajadora

Santiago Aparicio
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Sr. Sánchez el impuesto al diésel atenta contra la clase trabajadora

De momento parece que ni en el Gobierno tienen claro si va a haber un impuesto a diésel o no. Un impuesto que, dicen (aunque con tanto “si pero no” nunca se sabe), en ningún caso afectaría a los profesionales. Esto es a transportistas, agricultores o ¿taxistas? Sólo al resto de la ciudadanía. Un impuesto que se enmarca dentro del desarrollo de la transición ecológica hacia transportes menos contaminantes. Muy loable esfuerzo que pone el carro antes que los bueyes y afecta directamente a la clase trabajadora a quien, supuestamente, un gobierno del PSOE debería defender y apoyar.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, dijo ayer que el impuesto al diésel era un “globo sonda” justo en el mismo minuto que el presidente Pedro Sánchez decía que sí lo iban a subir. Sería bueno que se pusiesen primero en el Gobierno de acuerdo para luego pasar a presentar la subida de impuestos. También es malo que el gobierno se dedique a lanzar “globos sonda” para actuar, porque siendo un gobierno bonito de tecnócratas deberían tener estudios y consciencia cualitativa de lo que hacen. Para lanzar “globos sonda” vale casi cualquiera que haga populismo y demagogia. Aunque dejando esta contradicción a un lado (denota la gran improvisación de quienes gobiernan y que la reunión de Quintos de Mora sólo ha servido para tomarse una cañas y hacerse unas fotos), la subida del impuesto al diésel demuestra que el Gobierno no analiza globalmente la situación real de España.

Justo ahora que existe un debate muy curioso sobre la preeminencia de la clase trabajadora o la diversidad del sujeto de cambio, el Gobierno pretende toar una medida que afecta a la ciudadanía en tanto en cuanto clase. Es cierto que los vehículos que se mueven mediante hidrocarburos, la gran mayoría, contaminan más que los que utilizan la electricidad. Al menos mientras ruedan. Y sería lógico que la mayoría de las personas que tienen en posesión medios de transporte más contaminantes pasasen a utilizar otro tipo de vehículos, Una transición energética necesaria… pero muy costosa. Y ahí, en el coste es donde vienen todos los problemas.

En primer lugar, el diésel lo pagan igual quienes son ricos y quienes no. Es un impuesto que, por tanto, incide mucho más en los bolsillos de quienes menos tienen. Y vista la estadística del INE donde el salario moda es de apenas 1.000 euros, no parece muy lógico que a esa clase trabajadora y a esos autónomos, que en un 46% no llegan al mileurismo, se le suban los impuestos aún más. Porque con un salario sumamente bajo es complicado que puedan hacer una transición energética. Y si tienen vehículos diésel es porque gasta un poco menos que el de gasolina y así van ahorrando.  Las personas no prefieren el diésel por una cuestión estética sino económica.

En segundo lugar, y derivado de lo anterior, el Gobierno debería preocuparse antes que nada en mejorar las condiciones de la clase trabajadora, no de subirle los impuestos. Unas condiciones que como muestran los datos estadísticos del propio gobierno son de una temporalidad enorme, de una alta rotación y de un paro estructural sumamente profundo. Los bueyes antes de la carreta, la mejora de las condiciones laborales y económicas de la clase trabajadora antes que la transición ecológica de los vehículos. Porque subiendo los impuestos y obligando a cambios lo que puede conseguir el gobierno es que la mayoría de la clase trabajadora se quede sin vehículos.

En tercer lugar, la clase trabajadora es la que más se mueve en transporte público en las grandes ciudades, pero España no sólo son grandes núcleos urbanos. También hay mucho núcleo rural o semiurbano donde el coche resulta fundamental para cuestiones tan “normales” para un urbanita como ir al hospital, ir a comprar o simplemente ir al cine. Es cierto que en muchas ciudades dormitorio se utiliza el coche para ir al centro comercial, pero en los pueblos de España no se hace por gusto y por cuestión fetichista, sino por necesidad muchas veces. Y el Gobierno parece que sólo piensa en términos de Ciudad y no de Pueblo.

Transición energética sin duda, pero antes deben darse las condiciones necesarias para llevarse a cabo. Y hoy en día esas condiciones no se presentan en España porque la gran mayoría de la población, que es la clase trabajadora de la O del PSOE, está en precario. Y no tiene pinta de que vaya a mejorar su situación de aquí a unos meses. Por eso subirle el diésel, o cualquier otro impuesto indirecto, no hace sino menoscabar su capacidad económica. Primero los bueyes (la clase trabajadora) y luego la carreta (la transición ecológica), si no se quiere generar una pobreza de transporte. Aunque, por cierto, el elemento más contaminante en el mundo es el mantenimiento de la nube (Internet y demás derivados), igual impuestos a Google, Facebook y demás sería mucho más igualitario.

La vivienda usada se encarece un 0,4% en agosto

José Antonio Gómez
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La vivienda usada se encarece un 0,4% en agosto

El portal idealista.com ha hecho público su índice de precios inmobiliarios en España del mes de agosto. Los datos expuestos en el documento ponen de manifiesto que la vivienda de segunda mano incrementó su valor en un 0.4%, situándose en 1.697 euros el metro cuadrado, con una subida interanual del 9,2%. Para la realización del índice de precios inmobiliarios de idealista se han analizado 382.567 viviendas que estuvieron anunciados en su base de datos el 28 de agosto de 2018. Para asegurar la exactitud de los datos se han eliminado de la muestra aquellos inmuebles cuyos precios estaban fuera de mercado, además de las viviendas unifamiliares porque su presencia desvirtuaba el precio en algunas zonas. El índice inmobiliario de idealista está elaborado con precios de oferta sobre metros cuadrados construidos.

Por Comunidades Autónomas vemos que el precio se redujo en 6 autonomías, con Navarra a la cabeza de la depreciación con un -1,2%. Le siguen los descensos en Extremadura (-0,7%) y Cantabria (-0,3%). Por el contrario, los mayores incrementos se dieron en La Rioja (1,4%), Canarias (0,8%) y Baleares (0,7%).

En base al precio del metro cuadrado, la Comunidad de Madrid es la más cara de España con (2.934 euros/m2), seguida de Baleares (2.686 euros/m2) y Euskadi (2.543 euros/m2). En el lado opuesto nos encontramos con que las Comunidades Autónomas más económicas son Extremadura (919 euros/m2), Castilla La Mancha (936 euros/m2) y Murcia (1.035 euros/m2).

Fuente: Idealista

Por provincias, el índice de idealista.com muestra cómo en 28 se incrementó el precio de la vivienda usada, con un mayor crecimiento en Las Palmas (1,8%), seguido por Tarragona (1,7%), Lleida (1,6%) y La Rioja (1,4%). En el lado contrario, entre las provincias donde más de depreció el precio está Palencia, con un -1,9%, Teruel (-1,4%) y Navarra (-1,2%).

Madrid continúa liderando las provincias más caras, con el valor antes indicado, seguida de Barcelona (2.823 euros/m2) y después Guipúzcoa (2.802 euros/m2). En el lado contrario tenemos a Ávila, con 796 euros por metro cuadrado, Toledo (823 euros/m2) y Ciudad Real (871 euros/m2).

Fuente: Idealista

Por capitales de provincia vemos en el estudio de idealista que 35 fueron las que incrementaron sus precios, destacando la de Las Palmas de Gran Canaria con un 3,2%, seguida de Lleida (2,7%) y Granada (2,6%). En el lado contrario, Santa Cruz de Tenerife ha marcado la mayor caída de este mes (-4%), seguida por Soria (-1,7%) y Huelva (-1,6%).

En relación al precio por metro cuadrado Barcelona liderando el ranking con 4.392 euros, seguida de Donosti (4.306 euros/m2) y Madrid (3.829 euros/m2). Por el contrario, Ávila es la más económica con 933 euros/m2, seguida de Lleida (1.006 euros/m2) y Huelva (1.046 euros/m2).

Fuente: Idealista

Susana Díaz quiere más gasto para los próximos presupuestos

Diario16
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Susana Díaz quiere más gasto para los próximos presupuestos

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado su voluntad de que Andalucía cuente en 2019 con unos presupuestos «expansivos», que apuesten de nuevo por la recuperación de derechos y el aumento de las partidas para empleo, sanidad, educación y dependencia, pensando en que la comunidad continúe su ritmo de crecimiento y en que el cambio de ciclo económico se traduzca en «calidad de vida» para la ciudadanía.

«El presupuesto tiene que ayudar a que Andalucía siga su ritmo de crecimiento», ha señalado Díaz, en una entrevista con La Ventana de Andalucía de la cadena SER, en la que ha advertido de que la comunidad se está jugando 1.100 millones entre las liquidaciones de las entregas a cuenta y la nueva senda de estabilidad, por lo que ha apelado a la responsabilidad de los demás partidos a la hora de aprobar en el Congreso el techo de gasto y el reparto de los objetivos de déficit.

La presidenta ha reafirmado que, por parte del Gobierno andaluz, «tenemos una tarea importante para aprovechar el nuevo ciclo económico», después de que hayan creado 400.000 empleos y de que haya bajado el paro en medio millón de personas desde que es presidenta. Antes de que termine el mes de septiembre, se aprobarán las convocatorias de los planes de empleo para mayores de 45 y 55 años, tal y como ha avanzado. Susana Díaz ha indicado que «el Gobierno andaluz está haciendo un esfuerzo importante para que la gente note el cambio de ciclo económico y mejore su calidad de vida».

Como ejemplos de ese esfuerzo, la presidenta ha citado el acuerdo con las organizaciones agrarias para blindar la PAC, los implantes cocleares bilaterales para niños con dificultades auditivas para mejorar su desarrollo desde edades tempranas, la televisión gratuita en los hospitales, la mejora de la confortabilidad para los familiares de niños con cáncer, las 190.000 plazas que se ofrecerán en comedores escolares este curso, la nueva posibilidad de solicitar bonificación en escuelas infantiles durante todo el curso o la oferta pública de empleo.

Por otro lado, la presidenta de la Junta ha confiado en que las comunidades autónomas «rectifiquen» su postura, en la Conferencia Sectorial de Migraciones del próximo 5 de septiembre, para el reparto de la «responsabilidad compartida» de la llegada de menores a las costas españolas.

«Andalucía nunca va a dejar de atender a un niño, pero estamos hablando de una responsabilidad compartida», ha incidido Díaz, que ha destacado que la inmigración es una competencia estatal: «no podemos pretender que todos los niños y niñas que llegan a las costas españolas se queden en Andalucía hasta que cumplan 18 años, porque los recursos no son ilimitados». La Junta aporta 45 millones a la atención de menores y destina el 70% de las casi 4.000 plazas de sus centros de acogida a menores inmigrantes.

A juicio de la presidenta, «si España le reclama a Europa, con razón, compartir el esfuerzo de atender a las personas que llegan a nuestras costas, lo mismo pasa en España». Para Díaz, «es de sentido común que el Gobierno de España tenga la capacidad de decidir dónde se puede atender mejor a los menores que llegan a las costas españolas».

La presidenta ha apuntado también que Andalucía viene trabajando, junto a los gobiernos de España y de Marruecos, en la necesidad de que los niños y niñas que llegan a las costas españolas y que tienen familia en el país alauita «puedan volver a casa», combatiendo así, además, el tráfico de personas.

PSOE y Podemos se opondrán a cualquier ley que atente contra el medio ambiente

Martha Golfín
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PSOE y Podemos se opondrán a cualquier ley que atente contra el medio ambiente
El vicesecretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López, ha asegurado que su partido se opondrá frontalmente a cualquier norma que pueda atentar contra el medio ambiente y solamente basándose en criterios económicos.
Ha señalado que los socialistas no van a estar a favor de ninguna regulación que fuerce la ley, “como ya ocurrió con el anterior decreto que fue declarado, en parte, inconstitucional”.
Según López, el Partido Popular de la Región de Murcia es un partido sospechoso y peligroso a la hora de presentar leyes en la Asamblea Regional, ya que “bajo el pretexto de agilizar trámites administrativos, lo que hace es agilizar la destrucción de nuestro patrimonio y nuestro medio ambiente”.
“Además, el PP ha escogido a un socio, la marca blanca de derechas, que es Ciudadanos, quienes siguen ese mismo juego y han tenido solamente interese económicos”, ha concluido.
Podemos: el texto de PP y Ciudadanos pone en peligro nuestras joyas medioambientales como el Mar Menor

El secretario general de Podemos Murcia, Óscar Urralburu, ha señalado que así es como entienden Partido Popular y Ciudadanos la economía, “hacen lo que sea para beneficiar a aquellas empresas que se saltan la ley. Si hay que destruir cualquier obstáculo medioambiental no hay ningún problema”.

Urralburu ha afirmado que el texto de PP y Ciudadanos “pone en peligro nuestras joyas medioambientales como el Mar Menor e inciden en la desregulación y la privatización de los controles medioambientales. Quieren que en pleno siglo XXI la economía crezca a costa de destruir nuestros espacios naturales”.

Según el portavoz parlamentario de Podemos, esta propuesta vuelve a incidir en “los errores de siempre. Lo llaman aceleración económica y es desregulación normativa, un texto para los empresarios que llevan dos décadas saltándose la ley y la privatización del servicio público de control y garantía medioambiental”.

Por ello, Óscar Urralburu ha anunciado que Podemos se opondrá puesto que “el decreto no puede premiar a quienes llevan décadas ganando dinero saltándose la ley y contaminando nuestro medio ambiente. Todo a costa de los buenos empresarios que han cumplido siempre con la normativa y han pagado sus impuestos legalmente”.

IU reprocha a Sánchez el nuevo bandazo con el impuesto a la banca

Amalia Yebra
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IU reprocha a Sánchez el nuevo bandazo con el impuesto a la banca

El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, ha señalado hoy a Pedro Sánchez ante su anuncio de un nuevo bandazo en otra propuesta lanzada previamente, en este caso el impuesto a la banca que ‘vendió’ cuando el hoy presidente del Gobierno estaba en la oposición, que “hay muchas vías para que la banca pague”. Éstas pasan, entre otros cambios, por “incluir reformas en el Impuestos sobre Sociedades” para que “la banca contribuya a sufragar un aumento del gasto en las políticas públicas” dirigidas a sanidad, educación, pensiones o discapacidad.

Sánchez Mato (que coordina la defensa de las posturas de IU en el seno de Unidos Podemos en el marco de las negociaciones en marcha con el Gobierno del PSOE sobre cuestiones económicas) reconoció en un desayuno con periodistas que el Ejecutivo ya había mostrado durante los encuentros mantenidos que “no era muy proclive” a incluir este impuesto, pese a haberlo anunciado previamente a bombo y platillo.

Esto es así pese a que la gran banca privada “se ha ido de rositas a la hora de sufragar políticas públicas” durante estos años de larga crisis económica, ya que la “inmensa mayoría” de entidades apenas pagan porcentajes significativos en el Impuesto sobre Sociedades.

“De poco valen políticas de gasto si el Gobierno se retrae en eliminar privilegios fiscales”, por lo que reclamó a Sánchez que “mire a las izquierdas” y que, como ya ha empezado a hacer, “sea consciente de su minoría parlamentaria”, advirtió el dirigente de izquierdas.

El responsable económico de IU puntualizó también al presidente del Ejecutivo socialista sobre el mayor gravamen al diésel que prevé aprobar que “desde Izquierda Unida no buscamos crear más impuestos para recaudar más, sino para que en el marco de una fiscalidad verde se ayude al cumplimiento de los objetivos en materia medioambiental”.

En cuanto al Impuesto sobre la Renta (IRPF), Sánchez Mato explicó que el presidente del Gobierno ha dejado la puerta abierta a que pueda ajustarse a quienes declaran menos de 150.000 euros que la ministra de Hacienda ha fijado como límite de forma rotunda. Aclaró que Izquierda Unida es partidaria de “fijar escalones” en el impuesto y hacerlo más progresivo a partir de los 60.000 euros para que “paguen más los que más tienen”.

No obstante, para el dirigente de IU lo prioritario es “llevar a cabo una reforma fiscal que corrija la pérdida de progresividad que el IRPF tenía al inicio” y que ha perdido a lo largo de los años por las múltiples reformas ejecutadas tanto por PSOE como PP.

Batería de medidas fiscales.

Al margen de las cuestiones referidas a la marcha atrás en el impuesto a la banca, el aumento del gravamen al diésel o los cambios en el IRPF (ya explicados párrafos arriba) Sánchez Mato consideró que es hora de que el Gobierno del PSOE muestre determinación y apueste de “manera inmediata” por la “justicia fiscal”, para que se puedan revertir los recortes de forma efectiva y sufragar en el futuro las políticas sociales.

Entre las medidas explicitadas por el dirigente de IU se encuentran un impuesto extraordinario al incremento patrimonial, aplicable una sola vez a ese aumento de patrimonio logrado durante la crisis. También planteó un impuesto a los bienes suntuarios aplicable a los productos y servicios de lujo, un impuesto a viviendas vacías y grandes establecimientos de negocios, la eliminación de privilegios fiscales de las confesiones religiosas, así como la homogeneización territorial del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, entre otros gravámenes. Todo ello permitiría ese aumento en la recaudación de 12.937 millones de euros.

Carlos Sánchez Mato se encarga de defender las propuestas de IU dentro del grupo negociador de Unidos Podemos en los encuentros en marcha con el Gobierno del PSOE sobre cuestiones económicas. Así, entre otras cuestiones concretas, consideró imprescindible que el Ejecutivo socialista varíe el Impuesto sobre Sociedades para que grave los dividendos de las grandes empresas internacionalizadas y ponga en marcha el impuesto a las transacciones financieras.

Detalló que hay cierto entendimiento con el equipo económico de Moncloa para que no queden sin tributar esos dividendos de las compañías internacionalizadas, que en 2017 ascendieron a 86.000 millones. Explicó que sólo con que tributaran el 10% se lograría cerca de 2.500 millones de euros, lo que por sí sólo serviría para pagar la revalorización de las pensiones con el IPC. Además, el impuesto a las transacciones financieras más especulativas podría recaudar otros 2.000 millones.

El responsable económico de IU destacó también que se debe buscar una nueva regulación de las Sicavs y de las sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimis) para que tributen sus beneficios. Por otra parte, tachó de “tardío” el calendario previsto por el Gobierno de presentar los Presupuestos Generales de 2019 a finales de noviembre o principios de diciembre próximos, de tal forma que estén aprobados en el primer trimestre del año que viene.

Sánchez Mato comentó que para Izquierda Unida “hay prisa” por aprobar las cuentas públicas del próximo año de tal forma que se puedan revertir las políticas de recortes impuestas hasta ahora por la derecha. Entiende que “hay tiempo y capacidad” para intentar que se aprueben los presupuestos antes de los plazos previstos por Sánchez. Consideró que va a ser difícil cambiar la Ley de Estabilidad y criticó el “filibusterismo parlamentario” del PP y Ciudadanos, que “cuando ven que no van a ganar, intentan encapsular la discusión en la Mesa del Parlamento” para que no se pueda debatir.

Carlos Sánchez Mato entiende que el Gobierno socialista “no puede conformarse con esa situación” y recordó que IU siempre ha sido “enormemente crítica” respecto a la Ley de Estabilidad y que “impugna” los objetivos de déficit y deuda que “se pongan por delante de las necesidades sociales”.

El “Audaz” llega a su base de Cartagena y el Almart le da la bienvenida “al barco más moderno de la Armada Española”

Roberta Biancarelli
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El “Audaz” llega a su base de Cartagena y el Almart le da la bienvenida “al barco más moderno de la Armada Española”

Cartagena. Son las 10,15 horas de la mañana del día 3 de septiembre de 2018 cuando el nuevo Buque de Acción Marítima “Audaz” al mando del CC Emilio Damiá Marqués queda atracado al Muelle de La Curra, que desde ayer es su base estacional. Atrás quedan algo más de dos años de quilla en el Astillero de Navantia de San Fernando, las correspondientes pruebas de mar y los casi tres días de navegación desde Rota a Cartagena. ¡Por fin!

En el recinto portuario naval cartagenero aguardan expectantes las autoridades y familiares de los marinos que componen la dotación del buque. También destaca la nota musical protagonizada por la Unidad de Música del Tercio de Levante que interpreta distintas piezas para amenizar la llegada del navío.

Acabada la maniobra de atraque, el Comandante del “Audaz” recibió a pié de portalón al Almirante-Jefe de la Fuerza de Acción Marítima, Vicealmirante Manuel de la Puente Mora-Figueroa, quien sucesivamente saludó  la entrada de los invitados con un “bienvenido al Audaz, el barco más moderno de la Armada Española”. Entre estos figuraban la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver y  el Consejero de Fomento del Gobierno Regional, Pedro Rivera mientras que la representación militar estaba liderada por el Almirante-Jefe del Arsenal de Cartagena, Vicealmirante Aniceto Rosique y otros mandos militares de distintas unidades de Tierra, Armada y Aire.

Tras un breve recorrido por el interior del “Audaz” para conocer sus instalaciones, el Almart, acompañado del Comandante Naval de Cartagena y del propio Comandante del “Audaz” comparecieron en una breve rueda informativa donde el CC Emilio Damiá explicó qué tipo de misiones tiene asignadas el barco a su mando, destacando las relativas a preservar la Seguridad Marítima, colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el apoyo medioambiental teniendo en cuenta que el barco incorpora un nuevo sistema homologado por la normativa europea Marpol.

También aludió el CC Damiá a las innovaciones tecnológicas incorporadas al quinto BAM de la Armada. Así, dijo, cabe señalar el nuevo sistema de comunicaciones y el de propulsión, el satélite de comunicaciones y un radar que permite la exploración en superficie y la aproximación de aeronaves.

Por su parte, el Almirante de Acción Marítima afirmó que el “Audaz” al igual que sus homólogos prestará servicio en cuestiones de inmigración, vigilancia costera, siempre en función de las necesidades futuras.

Ejercicio previo de canal dragada

Con anterioridad a la entrada del “Audaz” al Muelle de La Curra, el Comandante Emilio Damiá toma la voz en el Puente de Gobierno y ordena a las 9:10 de la mañana, la realización de un ejercicio clásico de los barcos de la Armada Española conocido como “canal dragada”, que simula la entrada de un buque en zona minada dentro de un puerto. Para ello, previamente, los Cazaminas han limpiado de minas la zona de tránsito para favorecer el paso.

La canal dragada es un paso muy estrecho de 200 yardas de anchura que hay que atravesarlo como máximo en 30 minutos de duración, según explica el marino ferrolano. En este caso, la velocidad es de 5 nudos con las variaciones de rumbo que correspondan en cada momento, todo ello hasta superar esta “barrera”, que es la antesala del toque de Babor y Estribor de Guardia, que indica que la dotación ha de ocupar todos sus puestos ante la inmediata entrada a puerto.

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