martes, 27 enero, 2026

La cuestión catalana

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Se cumplen ya diez años del inicio de una crisis, que ha hecho que el entramado del sistema creado por el régimen del 78 comenzara su caída en barrena. Las políticas gubernamentales austericidas y el asedio a las gentes más desfavorecidas, negándoles los mínimos derechos a una sanidad, vivienda y educación llevaron a la población aumbrales de pobreza que nadie habría pensado en alcanzar desde el final del Franquismo y la instauración del Estado del Bienestar. A través de recortes presupuestarios basados en directrices de la Troika de déficit cero y con la alianza de una banca rescatada dispuesta a recuperar sus activos a cualquier precio, la sociedad civil sufrió el paro, el desahucio, la desatención básica en gas, electricidad y agua, e incluso desnutrición infantil, creando un escenario desolador. Un austericidio amparado por la Unión Europea y ejecutado contra otros países hermanos como Grecia o Italia. A ese contexto se sumó la corrupción sistémica instalada en todas las administraciones públicas, incluyendo a la familia real, a través de negocios oscuros con otros países, Arabia Saudí, Marruecos, etc. y la empresa-tapadera Noos, implicada en una oscura trama de comisiones.

Las movilizaciones espontaneas del 15M, en toda la geografía del país, y la aparición de grupos de activismo reivindicativo como lo fue el Frente Cívico pusieron un ánimo de esperanza en una sociedad que no quería una cara A o una cara B de un mismo disco, sino cambiarlo por completo. Fue un momento en el cual los partidos de la transición se encontraron por primera vez con el pie cambiado ante una sociedad que comenzaba a organizarse y a ejercer un inicio de contrapoder paralelo como demostraron las manifestaciones por la dignidad (2014) y Rodea el Congreso (2012) en Madrid.

Este inicio de catarsis y de puesta en duda de las instituciones tuvo en Catalunya dos momentos destacados. El primero fue la forma en la cual el 15M quiso llevar a la calle sus reivindicaciones en la acampada en pl. Catalunya de Barcelona (2011) y en las plazas principales de las ciudades catalanas, creando espacios de discusión, reivindicación y diálogo de una sociedad en transformación. La segunda fue la acción en el Parlament de Catalunya. Ambas iniciativas fueron reprimidas con violencia y verbalizadas por el poder autonómico como «limpieza». Estas dos situaciones llevaron contra las cuerdas a Convergencia i Unió, coalición del régimen austericida quien también sufría la misma crisis sistémica corrupta que el resto de instituciones del país. No olvidemos que esta coalición, formada por el régimen del 78, nutrió sus primeras filas con alcaldes, funcionarios y personajes vinculados con el franquismo. La red clientelar de Convergencia, construida en los más de veinte años de poder personalista de Jordi Pujol, se extendía desde las localidades más pequeñas de la Catalunya interior hasta los principales ayuntamientos y diputaciones provinciales, asentando sus raíces en un gobierno de más de veinte años en la Generalitat. Esa red empezó a generar una trama de corrupción, paralela a la que se estaba extendiendo en otras CCAA gobernadas también por partidos del régimen del 78. Una trama, puesta lentamente al descubierto por la investigación judicial, que fue sibilinamente insinuada y escenificada por Pascual Maragall en el Parlament con el famoso «3%» espetado al entonces candidato y sucesor de Jordi Pujol, Artur Mas.

Bajo ese contexto, el sistema, el régimen del 78, para sobrevivir empezó su proceso de transformación, reinventándose a si mismo siguiendo los esquemas más gatopardistas. Lo hizo primero a través de la abdicación en «diferido» del rey Emérito en una estrategia seguramente orientada a proteger la figura del borbón de un posible enjuiciamiento y a proteger a la institución monárquica a través de Felipe VI “el preparado”, supuestamente limpio de este barrizal, en lo que se pudo denominar como Transición 2.0.

Su segunda mutación se caracterizó por la división celular de los partidos tradicionales, generando la aparición de dos partidos supuestamente transversales tanto por la izquierda, como por la derecha, asegurando así una forma de canalizar el descontento y evitar fórmulas rupturistas. Estos nuevos partidos prometían renovación pero sin cuestionar apenas los cimientos básicos sobre los cuales se apoyaba el régimen del 78. Uno de ellos, además, creado por la banca y el Ibex-35 para defender sus activos ante la pérdida del soporte popular a un ritmo frenético del PP, su hasta entonces aliado natural. Dos partidos que han basado hasta ahora su estrategia, desde ángulos y perfiles diferentes naturalmente, en la ambigüedad frente al sistema, en una grandilocuencia populista, y en escenografías puramente mediáticas.

Sin embargo el sistema necesitaba una tercera transformación y esta había de tener su epicentro en Catalunya, dado que desde aquí la tradición obrera había sido uno de los motores de lucha en el pasado y también en el convulso presente. Esa tercera transformación tenía que estar orientada a conseguir dos objetivos. El primero era partir en tres a la población víctima de la crisis pero ya organizada a través los de movimientos sociales que cuestionaban al sistema y a sus gobernantes – “No nos representan”- y que podían crear un poder hegemónico y paralelo capaz de alcanzar la ruptura. Esa partición, en la mejor tradición del “Divide et Impera”, y tomando la cuestión nacional como “casus belli”, provocaría la inmediata alineación de unos y otros hacia posiciones centrípetas o centrífugas, y también en posiciones equidistantes, agredidas verbalmente tanto por tirios como por troyanos. El segundo objetivo era eludir o ocultar tras una cortina de humo las investigaciones judiciales y las sentencias condenatorias que afectaban, no por casualidad, a los partidos que representaban los aspectos más nacionalistas – español o catalán – del espectro ideológico, y a las políticas más austericidas y neoliberales.  De esta manera, los causantes de la crisis, situados en los extremos de la cuerda, creaban un “vórtice” capaz de absorber energías, dividir complicidades, consumir tiempo e información, y relativizar cualquier otro problema presente en la sociedad.

El colaborador interesado fue el de la antigua Convergencia, renovada tan solo por una sucesión de nombres, pero cambiando el discurso hacia un Independentismo de carácter populista, como una forma de «bálsamo de fierabrás» que todo lo había de curar. Desde ese momento puso en funcionamiento todo su aparato propagandístico para crear su propia escenografía de un Estado nuevo Ideal, aunque las bambalinas dejaran ver que este sería diseñado con un corte neoliberal y conservador. Hoy sabemos que realmente todo el guion del proceso era falso, dado que en el momento esencial de las jornadas del 26 y 27 de octubre no había ni una sola de las condiciones necesarias para construir un nuevo estado. La UE, en esta situación, no mostró las mismas disensiones que en el caso de la antigua Yugoslavia y la comunidad internacional respondió con un silencio atronador a la teatralización secesionista interpretada por Puigdemont.

Pero por desgracia esta tercera transformación del sistema tuvo el soporte de una izquierda que fue incapaz de comprender que estaba colaborando no en la ruptura sino en la mutación del gen del 78. Enfrascada en un imaginario revolucionario de salón se sumó a la maquina propagandística del “procés”,seguramente atraída y embriagada por los atractivos cantos de sirena de la «renovada» casta convergente, alimentada desde el nacionalismo españolista e ingenuamente confiada en poder controlar la situación y ser contrapoder en el nuevo estado. Esa ingenuidad quedó manifiesta en la confianza con la cual dejó pasar el vacío de poder en Catalunya en los días 26 y 27 de octubre. Un vacío de poder usados tradicionalmente por la izquierda para ejercer con claridad un contrapoder al sistema. Una ingenuidad que tuvo su «recompensa» en las elecciones del 21D donde el partido del 3% resucitaba de sus cenizas y quedaba en situación de formar “govern”, dejando a la CUP en porcentajes y diputados similares en número al partido represor del 1 de Octubre, el PP, y a una “Catalunya en Comú” frenada en su expansión debido a su propia ambigüedad de denuncia de quien estaba realmente al frente del “Procés”, y por supuesto a la nefasta acción de la anterior dirección de Podem Catalunya, su socio electoral,  purgada por Pablo Iglesias primero y refrendada en votación de las bases después, cuando vio que los daños producidos eran ya irremediables.

Desgraciadamente esa izquierda no ha sido capaz aún de entender que analizó el contexto pensando en la revolución de octubre del 1917 cuando en realidad lo que tenían ante sus ojos era el 18 Brumario de Napoleon III. Y si de puertas adentro quizás lo ha entendido, de puertas afuera ha sido incapaz de hacer autocrítica, rectificar y abandonar el espacio neoliberal, vaporoso y ambiguo del “procés” convergente. Una izquierda incapaz de comprender la razón por la cual el cinturón Rojo de Barcelona fue naranja el 21D, balbuceando tan solo explicaciones parecidas a las de la derecha catalana más rancia representada en el discurso xenófobo del president Torrà: incultura, colonialismo, etc.

Lamentablemente las personas de la sociedad civil en Catalunya han sufrido las consecuencias de esta situación. En primer lugar toda aquella parte de la sociedad que confió en la palabra de Convergencia y que arriesgó su integridad física en la jornada del 1 de octubre. Esa parte de Catalunya sufrió la violencia del régimen del 78, pero la sufrió engañada por un partido político que tan solo buscaba su salvación personal, la continuidad en el poder y que jamás pensó en el pueblo que decía proteger y representar. La sufrió engañada y confiada en la creación de un estado para el cual no había nada preparado como así han dicho por activa y por pasiva los principales implicados en el engaño y por si fuera poco con la explicación de que “iban de farol”. Un partido, no lo olvidemos, que no había dudado en arrojar la misma violencia del régimen del 78 sobre el 15M en plaza Catalunya, ni en aplicar modélicamente el austericidio durante toda su labor de gobierno.

Y hay otra parte de la sociedad catalana, la misma en muchos casos que se ilusionó con el 1 de octubre, que sigue aún sujeta a la violencia de un Sistema que no ha cesado en su ataque. Y es que durante todo este periodo del “procés” hasta el día de hoy el austericidio ha continuado, los deshaucios han continuado, los recortes en sanidad y educación han continuado, la corrupción ha continuado y la violencia represiva está preparada para actuar cuando así lo requieran las circunstancias, como se ha visto en los medios de comunicación.

Entendemos que el cambio de sistema no puede ser gestionado desde una pelea dramática entre las oligarquías Española y Catalana. La izquierda no puede ir a remolque de decisiones tomadas por los “monos voladores” del Sistema, PPSOE y Convergencia, ni ponerse en posiciones de tomar partido por uno o por otro que no vayan más allá de denunciar la violencia sistémica policial y judicial. Es inútil plantear tácticas de posiciones que ingenuamente pretendan buscar una puesta en contradicción de las incoherencias sistémicas, dado que el Sistema se regenera y muta a través de sus propias contradicciones y por tanto siempre encontrará el nicho adecuado para mantener sus estructuras básicas. Basta con repasar el siglo XIX y el siglo XX para encontrar ejemplos. La izquierda no puede caer en la ingenuidad de que será capaz de domar a la bestia gatopardista, en algún momento indeterminado e indefinido, ayudándola a devorar a sus hijos. Eso es reproducir, por ejemplo, la misma situación creada en 1914 cuando las diversas izquierdas nacionales de Francia, Alemania, Inglaterra e Italia, dieron soporte a la aprobación de los presupuestos de Guerra de los partidos burgueses, desembocando en el apocalipsis de la I Guerra Mundial, y hundiendo al movimiento obrero internacional, provocando así los exaltamientos patrios representados en París al grito de “A Berlín” y en Berlín por el “A Paris”. Ya sabemos en que acabo no la incoherencia del sistema, que volvió a mutar encontrando su nicho en el Fascismo casi sin haber acabado la Gran Guerra, sino de las izquierdas, desgraciadamente cómplices de haber sembrado los campos de Europa de cadáveres.

Por tanto, debemos ignorar los cantos de sirena de las derechas nacionales. Debemos retomar con fuerza los conceptos que se han ido abandonando, como lo es “la Lucha de clases”. Tenemos que ser conscientes que la ruptura ha de ser de Sistema, y por tanto del régimen del 78 y si al final fuera necesario, de Estado, y que el cambio no vendrá jamás por el camino inverso provocando la división nacional de la clase obrera, ya demasiado fraccionada en terminologías y neologismos postmodernistas que obvian el concepto básico de explotación.

Cualquier otro planteamiento nos llevará a posiciones en las que la derecha, neoliberal y conservadora, amparada en la cortina de humo nacional, se colocará en posiciones estratégicamente hegemónicas que le permitan continuar con políticas austericidas y auténticamente expoliadoras.  Basta mirar el resultado de las elecciones del 21D y contar los escaños ideológicamente neoliberales y conservadores para darse cuenta del triunfo de sus posiciones, en un momento como ya se ha dicho de crisis de régimen y sistema en todas sus estructuras, y contestada en la calle por la clase trabajadora, los parados, los jubilados y todos los movimientos sociales, frente a una izquierda, con complejo de Peter Pan, que pensaba que este era el momento idóneo para ser hegemónicos. La realidad, una vez más, ha enseñado su lado más duro.

¿Hasta cuándo la izquierda y/o la supuesta izquierda será mero espectador, en esta situación? ¿Hasta cuando pondrán freno a la única solución territorial posible, el modelo Federal?

Andalucía y Cantabria defenderán la nueva senda de estabilidad en el Consejo de Política Fiscal

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria, Juan José Sota, y el de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, han coincidido en defender la nueva senda de estabilidad que volverá a plantear el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), de forma telemática.

Los consejeros, que se han reunido en Santander, se han posicionado a favor de defender los nuevos objetivos de deuda y déficit para el trienio 2019-2021 ya que esto proporcionará 2.500 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas de cara a la elaboración de los presupuestos de 2019, que en el caso en Andalucía serán 350 millones de euros y en Cantabria son 26 millones de euros. Recursos que se podrán destinar a financiar los servicios públicos fundamentales vinculados a sanidad, educación y políticas sociales. Ramírez de Arellano, confía que la nueva senda de déficit se apruebe y esto permita ampliar en 350 millones de euros nuestra capacidad de gasto.

Por ello, Ramírez de Arellano reclama a Podemos, Ciudadanos y Partido Popular coherencia para defender en Madrid lo mismo que en Andalucía. El rechazo de estos partidos al incremento en dos décimas del techo de gasto propuesta por el Gobierno es «inexplicable». El consejero insiste en que son los partidos que han bloqueado esta senda los que tendrán que explicar a los andaluces por qué no quieren 350 millones más para financiar, por ejemplo, la ayuda a 53.000 dependientes; o para contratar a 7.000 profesionales sanitarios más; o para sumar 3.000 profesores nuevos a las escuelas andaluzas y el coste de las políticas de 0 a 3 años.

Ramírez de Arellano recuerda que el Parlamento aprobó por una amplia mayoría un dictamen con una propuesta de reforma cuyo diagnóstico comparten todos los grupos políticos de la Cámara. Andalucía contará, con la nueva financiación, con más recursos para garantizar la igualdad de los ciudadanos. «Andalucía ha mantenido una posición coherente, con las mismas reclamaciones que se vienen haciendo desde hace años, entre las que se incluye un reparto equitativo del déficit entre las comunidades autónomas y el Estado», ha dicho, finalmente, Ramírez de Arellano.

En relación al IVA, tanto el consejero de Andalucía como el de Cantabria han dicho que hay que dar una solución a un hecho que se deriva del gobierno anterior, del ministro Montoro, que afecta de una manera importante a la liquidación del 2017, que se percibe en 2019, y que en Andalucía tiene un impacto de unos 500 millones de euros.

El responsable de Cantabria en temas económicos y vicepresidente del CPFF, Juan José Sota, ha remarcado que la propuesta del Ministerio de Hacienda proporciona un mayor margen para elaborar el presupuesto regional porque la nueva senda de estabilidad propone un ajuste más suave que el aprobado por el PP, que en el caso de Cantabria lo reduce de 40 a 13 millones de euros. Además, según Sota, la propuesta del Gobierno, plantea un reparto justo de las cinco décimas adicionales proporcionadas por Bruselas, porque dos décimas van para las comunidades autónomas, dos para la Seguridad Social y una para la Administración Central del Estado.

Sota ha remarcado que «solo se explica el rechazo del PP y Ciudadanos a la nueva senda de estabilidad, más suave», por cálculos electoralista, que para nada tienen en cuenta los intereses de la ciudadanía. Sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, el consejero ha resaltado que Cantabria siempre ha mantenido como punto de partida para acometer el nuevo sistema el coste efectivo de los servicios que hoy presta Cantabria. Y esos servicios, ha explicado, hoy están insuficientemente financiados y, por tanto, lo primero que hay que determinar, como se ha acordado en el último CPFF es calcular la insuficiencia de recursos que tenemos las comunidades autónomas para poder prestar servicios de calidad a los ciudadanos.

En esto compartimos la posición con Andalucía, ha agregado Sota. También se ha coincidido en que las relaciones bilaterales entre comunidades autónomas y el Ministerio son buenas para allanar los problemas, pero, se ha resaltado, que las decisiones sobre la financiación autonómica se debe tomar de forma «multilateral» en los órganos de representación de todas las comunidades autónomas, como es el CPFF y, posteriormente, hay que propiciar un acuerdo amplio que debe de abarcar el mayor número de partidos políticos, porque sería «bueno para la estabilidad» de las comunidades autónomas y bueno para España y sus ciudadanos.

Sobrevivir en un CIE

La situación de hacinamiento que se vive en los centros de internamiento de extranjeros españoles resulta ya insoportable. Junto al CIE de Algeciras, el más importante sigue siendo el de Aluche (Madrid), conocido entre los inmigrantes sin papeles como El Guantánamo español. Construido sobre el antiguo hospital de la cárcel de Carabanchel, fue inaugurado en junio de 2005 con un coste de 11 millones de euros y una capacidad inicial para 280 personas (40 de ellas mujeres). Pero la masificación se ha ido adueñando de las instalaciones y solo en 2013 pasaron por allí más de 3.000 personas. El Guantánamo español funciona como una auténtica prisión estatal, no solo porque los internos están absolutamente privados de libertad, sino por su estructura arquitectónica dividida en módulos carcelarios, por el alojamiento de los recluidos en “celdas” mal ventiladas con ventanas selladas por las que apenas entra la luz, por los férreos controles de vigilancia y por el estricto régimen cuasipenitenciario que rige su vida diaria. Varias oenegés han denunciado las deplorables condiciones de vida que soportan los internos. Tras once años en funcionamiento, el centro ha multiplicado su ocupación y se encuentra completamente saturado. En el momento del ingreso se facilita al interno una colchoneta y unas sábanas, que se lavarán cada 15 días, así como un pequeño kit de aseo. Las celdas, inicialmente ideadas para una media de entre cuatro y seis personas, albergan ya hasta ocho internos. Lo peor de todo es que en algunos momentos solo hay disponibles tres o cuatro literas por habitación (fabricadas en un duro material metálico). La austeridad es espartana. En un principio, las celdas no disponían de baño propio y pese a ello a los internos se les prohibía salir por la noche a hacer sus necesidades, aunque la situación ha mejorado en ese sentido y ya hay lavabos independientes en las habitaciones. De las duchas, a menudo averiadas, solo sale agua congelada o hirviendo, otra deficiencia marca de la casa. El Defensor del Pueblo, en su condición de mecanismo jurídico para la prevención de la tortura, tuvo que recomendar a la Dirección General de la Policía el reparto de colchonetas de mayor grosor, maquinillas desechables y cortaúñas para evitar un uso compartido que pueda provocar el contagio de enfermedades infecciosas. Una de las denuncias más reiteradas de los extranjeros es la mala calidad de la comida, por días cocinada con escasa higiene y cuidado. La calefacción suele averiarse a menudo, lo cual es un problema en el frío invierno de Madrid. No hay libros, faltan zonas habilitadas para el culto religioso y el único entretenimiento para las largas horas de tedio es una televisión colectiva en la sala de estar.

Todo eso ha provocado que la situación de conflictividad se haya vuelto especialmente insostenible. Y así fue como estalló el último motín. Ese martes, medio centenar de internos decidían atrincherarse en la azotea del edificio, donde al grito de «libertad» y «dignidad» denunciaron que estaban siendo maltratados. Ya no aguantaban más el trato vejatorio que, según ellos, estaban recibiendo por parte de las autoridades españolas, un trato más propio de presidiarios recluidos en cárceles de países tercermundistas que de un centro oficial en una democracia europea respetuosa con los derechos humanos. La versión oficial de la Policía Judicial fue que en torno a las 22.00 horas un grupo de internos intentó hacerse con el control del centro, atrincherándose en la terraza. Allí permanecieron hasta pasadas las 9.00 de la mañana del miércoles, cuando los agentes consiguieron apaciguarlos y convencerlos para que volvieran a sus celdas-habitaciones. Ningún amotinado consiguió escapar, pero fueron once horas de máxima tensión que provocó la apertura de una investigación por la Fiscalía Provincial de Madrid y por el Defensor del Pueblo. Tras estos graves incidentes, la única medida que ha tomado el Juez de Control hasta la fecha ha sido ordenar la instalación de unas cuantas cámaras de seguridad en aquellas salas del CIE donde antes no las había y donde, según los internos amotinados, eran agredidos y amenazados por los vigilantes. A partir de ahora se grabará todo cuanto suceda allí dentro para comprobar si se producen esos supuestos malos tratos, pero la medida no pasa de ser un simple parche que no solucionará la situación de tensión que se vive desde hace años en el CIE de Aluche.

La asistencia médica y humanitaria tampoco parece ser la más óptima. Tras la masiva llegada de inmigrantes a nuestro país, el Gobierno debería haber incrementado los recursos médicos para garantizar la salud de los internos y funcionarios pero no solo no lo ha hecho sino que ha suprimido la sanidad pública en algunos de estos centros y ha encargado la gestión médica a empresas privadas subcontratadas. Los amotinados se quejaban de que los médicos se limitaban a administrarles paracetamol para casi cualquier dolencia por grave que ésta fuera. Además, denunciaron la falta de una enfermería que funcionara las 24 horas del día para casos de urgencia y que no les llegaba ropa ni calzado adecuado. La asistencia psicológica, psiquiátrica y bucodental suele brillar por su ausencia y la escasez de intérpretes dificulta la comunicación entre médico y paciente. Por si fuera poco, el Defensor del Pueblo tuvo que mediar para que se realizaran análisis destinados a detectar de la forma más rápida posible el consumo de sustancias tóxicas o la existencia de enfermedades infectocontagiosas entre los internos. También recomendó que se llevaran con más rigor los partes de lesiones y los historiales médicos. Las consultas semanales entre los inmigrantes y los asistentes sociales funcionan de aquella manera y el Servicio de Orientación Jurídica (SOJE) con los abogados tampoco se organiza de una forma eficiente y fluida. Según las oenegés, no existe ningún rigor a la hora de identificar a los menores internados, y se recluye sin miramientos a mujeres embarazadas y a personas de edad avanzada o afectadas por una grave enfermedad. Cuando una inmigrante denuncia que ha sido víctima de explotación sexual o trata de blancas, en ocasiones no recibe una adecuada atención. Muchas veces la Policía cree que la mujer pone la denuncia para evitar su expulsión del país.

La Justicia tuvo que investigar si las negligencias sanitarias en el CIE de Aluche precipitaron la muerte de Samba Martine, la inmigrante congoleña 3106 que falleció en el centro en extrañas circunstancias. Según las oenegés, la chica requirió los servicios médicos hasta en diez ocasiones pero en ninguna de ellas se le diagnosticó la enfermedad que padecía, a pesar de que su agonía era más que evidente, tal como consta en el informe de Cruz Roja. Tras su traslado al hospital 12 de Octubre, ya en situación crítica, falleció sin que los médicos pudieran hacer nada por ella. En un primer momento se dictaminó como causa de la muerte una meningitis; después se cambió el diagnóstico al de neumonía neumocócica y finalmente se señaló que la muerte podría haber sido provocada por una infección derivada del virus VIH, ya que Martine era seropositiva.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid se ha posicionado a favor del cierre de las instalaciones, pero poco puede hacer el equipo de gobierno de Manuela Carmena, ya que no dispone de competencias en la materia. “Algunos inmigrantes que participaron en el motín ya han sido deportados, otros han sido puestos en libertad y están en la calle”, asegura a Diario16 Dayana Contreras, portavoz y activista de la oenegé SOS Racismo. “Lo que estamos pidiendo nosotros es el cierre inmediato de todos los centros de internamiento de extranjeros que hay en España porque no cumplen con la legalidad vigente, tal como ha reconocido el propio ministro del Interior, y porque no reúnen las condiciones mínimas de higiene y habitabilidad. Todas esas personas, especialmente algunas muy vulnerables como menores de edad y mujeres, no deben estar allí porque no han hecho nada. No son delincuentes ni deben ser tratados como delincuentes”, asegura Contreras.

En algunas instalaciones las celdas, inicialmente ideadas para una media de entre cuatro y seis personas, albergan ya hasta ocho internos

No era la primera vez que sucedía algo así en el CIE de Aluche. Altercados y episodios parecidos se vienen produciendo con cierta frecuencia, sobre todo protestas e intentos de fuga que unas veces prosperan y otras no. En una ocasión, siete personas lograron huir tras serrar los barrotes de una celda y descolgarse por una ventana con la ayuda de una sábana en una escena típica de película de cine negro.

La situación es similar en otros centros como el ya citado CIE de Sangonera la Verde, en Murcia, donde se han vivido varios motines graves en los últimos años. Hace algunos meses, 67 inmigrantes llevaban a cabo una fuga masiva tras amotinarse y supuestamente agredir a cinco policías, que resultaron heridos leves. Según la versión oficial, uno de los implicados fingió estar enfermo y cuando los agentes permitieron la entrada de la ambulancia que tenía que atenderlo se desencadenó el motín. El grupo amenazó a los policías con extintores y cuchillos que habían sacado previamente de la cocina. Luego salieron corriendo hacia la calle, aunque al menos 37 de ellos fueron detenidos por las patrullas desplegadas en la zona. Otro episodio similar tuvo lugar días después, cuando varios internos lograron escapar prendiendo fuego a papeles y cartones y provocando un conato de incendio por el que tuvieron que intervenir los bomberos. El CIE de Murcia es otro polvorín que puede estallar en cualquier momento. La situación de conflictividad en este centro se remonta al año 2000, cuando 11 retenidos escaparon tras forzar las rejas. En 2012, al menos 25 inmigrantes atacaron a los agentes de seguridad con mangueras, extintores y demás útiles del centro. En 2013, una decena de internos saltaron la verja y escaparon y en 2015 ocho argelinos huyeron tras abrir un agujero en la valla metálica.

El CIE de Valencia (985 internos en 2013) también ha registrado algunos intentos de fuga, el más importante el que protagonizaron 60 extranjeros que decidieron amotinarse y que obligó a los agentes a sacar sus armas reglamentarias y a pegar algunos tiros al aire para disuadirlos, según algunos testigos. Por su parte, el CIE de la zona Franca de Barcelona, uno de los menos transparentes del país, tampoco ha quedado a salvo de incidentes violentos. Allí han fallecido ya tres inmigrantes: un ciudadano armenio en diciembre de 2013, un guineano en enero de 2013 y un marroquí en 2010. La situación de habitabilidad en este centro era tan precaria que tuvo que ser reformado de arriba abajo y la alcaldesa Ada Colau ha ordenado su cierre por no contar con unas mínimas condiciones higiénicas, como exigen las ordenanzas a cualquier establecimiento público.

Alleou, de 21 años, se queja del trato médico recibido. Recién llegado a España fue internado en uno de esos centros de retención. “Tenía el dedo de una mano muy hinchado, creo que lo tenía roto. El médico del CIE me dijo que me llevarían a un hospital. Pero pasaron doce días y no me llevaban”, asegura en el informe sobre testimonios recogidos por los voluntarios de Servicio Jesuita a Migrantes. Un voluntario de esta oenegé que se entrevistó con el interno constató que el dedo podía estar roto a causa de una operación mal practicada y que necesitaba rehabilitación. En una visita posterior, cuando el voluntario le llevaba a Alleou una pelota de goma para que pudiera empezar con los ejercicios recuperatorios, los agentes le dijeron que el interno ya había sido puesto en libertad. Los extranjeros aparecen y desaparecen del CIE como espectros, sin apenas control y sin que parezca haber un registro exhaustivo de retenidos.

 

La UME: una unidad de elite en misiones internacionales

Desde que naciera en 2005, la Unidad Militar de Emergencias (UME de aquí en adelante) ha ido ganando presencia en el panorama nacional gracias a sus intervenciones en situaciones de catástrofe y emergencias. En el imaginario colectivo se suceden las imágenes de estos militares interviniendo en grandes nevadas, incendios salvajes o incluso en terremotos, como el sucedido en Lorca en el año 2011. Por tanto, su activación se asocia a crisis en territorio nacional, lo que le ha generado una muy alta valoración por parte de la opinión pública.

Sin embargo, la UME también es activada en el exterior cuando se producen situaciones de emergencias y se solicita la asistencia de España. Desde 2010, se ha desplegado en seis misiones en el exterior actuando ya sea bajo el mando de Naciones Unidas o bajo acuerdos bilaterales. Estas intervenciones han hecho que se convierta en una de las unidades de referencia a nivel mundial en capacidad de búsqueda y rescates urbanos, hasta el punto de contar con una escuela que forma distintas unidades de emergencia de países que aspiran a contar con un servicio similar.

foto @clavegeopolitik

Por todo ello, los despliegues de la UME son un instrumento más de la política exterior, enmarcada en su vocación multilateralista, y que demuestra su compromiso con la solidaridad; además, supone ganar influencia y prestigio en un momento disruptivo en el que determinados actores han decidido no asumir las tareas que anteriormente sí aceptaban, lo cual dispone un escenario beneficioso para España.

La calificación de la ONU, fundamental

International Search And Rescue Advisory Group (INSARAG en sus siglas inglés) es la red global que la ONU creó en 1991 y que se encarga de los asuntos vinculados a la búsqueda y rescate urbano (USAR, en sus siglas en inglés), la cual establece unas normas mínimas para operar en situaciones de emergencia, independientemente de su naturaleza. Superar las pruebas para obtener la calificación INSARAG permite poder participar en las misiones tuteladas por la ONU. España se dio cuenta de la importancia de formar parte de esta red de manera accidental en 2010, cuando acudió a las labores de rescate y reconocimiento después del terremoto de Haití. Al no contar con la calificación tuvieron que retrasar 36 horas su intervención, tiempo perdido en el que tuvieron que esperar en República Dominicana hasta que la diplomacia española pudo solucionarlo, tal y como explican el teniente coronel Serra y el comandante González Garrido. Serra, además, fue el encargado de liderar las acciones para obtener la acreditación y es el actual punto de contacto con el INSARAG.

Turnos de trabajo bajo la dirección de la AECID

Operar a las órdenes de la ONU implica aceptar una serie de normas, entre ellas ir siempre desarmado. Cuando se despliegan en una zona catastrófica, el país receptor asume la seguridad absoluta de todos los efectivos desplegados, lo cual es una tarea muy delicada debido a que en situaciones de emergencias se produce un fuerte deterioro de las condiciones de seguridad. De esta manera, los efectivos están totalmente dedicados a la tarea de búsqueda y rescate. Para ello se organizan en turnos de 12 horas continuas de trabajo, dedicando el resto del día al descanso y al desplazamiento desde el campamento a la zona afectada (se guarda una distancia de seguridad entre ambas ubicaciones, a veces de varios kilómetros). Esta dinámica se mantiene durante 2 o 3 días en España y hasta 7 en el extranjero, aunque las circunstancias puedan obligar a prolongar algún día más el servicio. Las misiones en el exterior están dirigidas por un miembro de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Formación de unidades de emergencias centroamericanas

La vasta experiencia acumulada por la UME ha permitido crear la Escuela Militar de Emergencias, desde donde se imparten distintos cursos. En noviembre de 2016 se firmó un acuerdo con la Conferencia de Fuerzas Centroamericanas (CFAC), integrada por el Ejército de Guatemala, Fuerzas Armadas de El Salvador, Fuerzas Armadas de Honduras, Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. El objetivo era “definir las condiciones generales que deben regir en la cooperación militar en aspectos de entrenamiento e intercambio de experiencias entre los participantes en el ámbito de las Unidades Militares de Emergencia”. Dentro de este marco de cooperación en materia de defensa, el acuerdo técnico comprende el desarrollo de siete actividades: asesoramiento; promover la formación de personal; proporcionar apoyo y monitorización; intercambio de información sobre la gestión de emergencias; propiciar asistencia de personal; definir otras actividades de interés acordadas por ambas partes; y realizar proyectos comunes.

Amenazas globales: NQRB

Una de las unidades más singulares de la UME es el Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA, en sus siglas), cuyos efectivos son elegidos entre unidades de élite del ejército y cuentan con una alta capacitación profesional y técnica previa, de hecho, se consideran totalmente instruidos a los dos años de formación continua. El GIETMA se encarga de la lucha contra la contaminación medioambiental, y entre sus capacidades sobresale la identificación química provisional y confirmada; la toma de muestras NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica y Química); intervención en accidentes industriales; contención y recogida de hidrocarburos; o el tratamiento de aguas contaminadas. Una de las últimas adquisiciones ha sido el vehículo Velire, vehículo único en este campo y que detecta nubes químicas a distancia.

Efectivos del GIETMA forman parte en los despliegues de la UME, lo que ha consolidado su efectividad. Las labores de descontaminación son esenciales al enfrentarse a labores de descontaminación de restos biológicos (cadáveres). “El mundo NRBQ es algo global, transfronterizo, y solo tenemos una oportunidad”, concluye el capitán Corrochano, jefe de la plana mayor del GIETMA. También colaboran con centros universitarios, como es el caso del acuerdo que tienen con la Universidad de Alcalá de Henares, con quienes crearon en 2012 un exitoso máster en Ingeniería de Seguridad contra Incendios, de reconocido prestigio internacional.

Asumir responsabilidades en el contexto internacional 

Partiendo de la premisa de que la reciprocidad es un principio básico en las relaciones internacionales, España busca consolidar su liderazgo internacional en un escenario cada vez más complejo. Como recordaba recientemente el almirante Martínez Núñez, actual SEGENPOL, “el paraguas del multilateralismo nos da una fuerza sin la cual incluso la acción individual de los estados no podría realizarse”. Para ello, y como se recoge en el documento “Estrategia de Acción Exterior”, publicada por el ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el despliegue de las Fuerzas Armadas busca contribuir a “mejorar la imagen y aumentar el prestigio de España a través de numerosas operaciones de carácter humanitario, paliando efectos de catástrofes y resolviendo situaciones muy difíciles para nuestros nacionales en el exterior”. La importancia de la diplomacia pública en la política exterior del siglo XXI hace imprescindible mantener todas estas iniciativas activas y en constante revisión.

Promover la asistencia humanitaria para la recuperación de zonas catastróficas es uno de los elementos que debe incluir una política exterior. Este objetivo se cumple aceptando unas responsabilidades que facilitan el mantenimiento de la paz y la seguridad en una época en la quese están imponiendo corrientes nacionalistas que desatienden las necesidades ajenas. Manteniendo estos esfuerzos, España demuestra un alto grado de responsabilidad en un momento en el que países de su entorno europeo están dando lamentables muestras de egoísmo, véase el caso de Italia o Hungría. Que países que por capacidad y potencial desatiendan las obligaciones que les corresponde, constituye un error incluso para sus intereses porque significará que no han comprendido que vivimos en una sociedad abierta y global en la que todos y todo está conectado.

Mediante su presencia en zonas donde se han producido graves daños, España gana una posición de respeto e influencia, especialmente entre los países latinoamericanos, con los que le une unos fuertes lazos históricos, culturales, políticos y económicos. La diplomacia pública permite crear una red de colaboración y alianzas que se cristalizarán en una mayor influencia en el tablero internacional, más cuando determinados actores estatales están optando por reducir su presencia y, por lo tanto, dejando un vacío que ocupar. Esto se concreta en una mayor protección de los intereses del Estado y sus empresas, acceso a información relevante que permita actuar con mayor precisión o a una mejor situación para negociar tratados. Por último, hay que destacar los beneficios que supone participar en estas operaciones internacionales en términos de reputación. La imagen que proyecta un país es decisiva y más en una etapa disruptiva como la actual, donde el prestigio a veces es demasiado líquido.

Dos rojos en París

Casualidad, todo debe ser fruto de la casualidad. Mas no deja de ser curioso que dos de los “rojos” de la ejecutiva del PSOE, la tercera pudiera ser su presidenta Cristina Narbona, vayan a compartir estancia diplomática en París. Una oportunidad para pasear por la rive gauche y comprar libros en las pocas librerías que quedan en esa zona por culpa de la especulación. El caso es que Manuel Escudero (OCDE) y Andrés Perelló (UNESCO) han sido nombrados embajadores de organismos internacionales con sede en la capital francesa y coinciden en ser de los más izquierdistas que tenía Pedro Sánchez en su ejecutiva. Además, de haber sido dos de los que más recorrieron España para hablar en las charlas de las distintas Plataformas de militantes que se crearon al albur de la dimisión de Sánchez como secretario general por las presiones de diversas baronías.

Manuel Escudero, a quien se recuerda más dentro del PSOE por su empuje durante el fracasado Programa 2000 de Alfonso Guerra, tampoco es un rojo de manual. Digamos que es un socialdemócrata clásico, como Narbona o Josep Borrell, pero que con el paso del tiempo y la deriva hacia la derecha que ha sufrido el PSOE parece hasta peligroso. No hace mucho juraba por Jeremy Rifkin (hoy casi olvidado) y su fin del trabajo, posición que mantiene con matices en una sociedad futura con menos trabajo en sí, pero más dedicada a la innovación y ciertos servicios sociales. Claro esto en occidente porque en otros lugares el capitalismo salvaje campa a sus anchas. Promotor y partícipe del Foro de Economía Progresista y siempre buscando la formación de un ala izquierda en el PSOE que hiciese frente ideológica y formalmente al giro a la derecha y las terceras vías. Y eso que se doctoró en la London School o Economics (and Political Science, que esto siempre se olvida) gran factótum fabianista y revisionista en pos del liberalismo con cara humana, y ha pasado por las universidades de Deusto, el Instituto Empresa. Los últimos años estuvo trabajando para el proyecto Global Compact que pretendía una educación responsable en las escuelas de negocio (mucho RSC y demás). Vamos que un político tirando a rosa.

Andrés Perelló sí que puede ser considerado un “rojo peligroso” por su pertenencia desde el principio a la corriente del opinión de Izquierda Socialista (Esquerra Socialista del PSPV), aunque muy dedicado a la alcaldía de Buñol y la política valenciana en los años duros del PP más corrupto de la historia. Un político siempre pensando en los derechos humanos, los valores republicanos, la memoria histórica, las cuestiones europeas (no en vano ha sido eurodiputado) y siempre en sentido socialista. Gradualista, como todos los socialistas europeos (e incluso comunistas), pero siempre caminando por la izquierda en muchos sentidos. Al igual que Escudero son muchos años intentando generar un ala izquierda que casi se consiguió con la candidatura de José Antonio Pérez Tapias a la secretaría general del PSOE, pero que quedó en el limbo. Aunque buena parte de esas fuerzas que en aquel momento disputaron a Sánchez y Eduardo Madina el poder partidista se pusieron a la cabeza de la lucha contra lo que las baronías habían provocado y apoyaron la vuelta de Sánchez.

Son dos “rojos”, cada uno con su visión no antagónica de una sociedad futura, que compartirán destino diplomático en París. Algo que ha servido para que en foros internos del PSOE se hable de “patada hacia arriba”, más en el caso de Perelló, por parte del secretario general para no tener muy cerca dos independientes y con posicionamientos fuertes de izquierdas. París, es cierto, está a dos horas en avión, pero no deja de ser menos cierto que podría haber durante esta etapa numerosas reuniones y quehaceres diplomáticos que impidiesen a los dos ejecutivos estar en el día a día de la actividad y reuniones del partido. Dejar sola a Narbona y Toni Ferrer en Ferraz frente a ejecutivos más diversos y transversales. Menos políticos, menos enraizados con la tradición socialistas y menos ideologizados (en algún caso nada ideologizados).

Por cierto, algo que desde medios de la derecha han comenzado a utilizar contra el secretario general y su abandono del “Somos la izquierda” ahora que está en el gobierno. A lo que se suma la práctica inexistencia de Izquierda Socialista y el sometimiento de sus actuales dirigentes a Santos Cerdán. Pero no dejan de ser más que casualidades y la recompensa por años de buen trabajo y una buena capacitación para el desempeño de las labores que tendrán que realizar en ambas sedes diplomáticas. Porque, frente a una eventual salida de pata de banco por la derecha de Sánchez y sus acólitos, no duden que cualquiera de los dos nuevos embajadores no se callarían. No tienen deudas de partido y han demostrado a lo largo de los años que sus principios y ética están por encima de leyes de hierro de la oligarquía en un partido. No deja de ser coincidencia que vayan a estar dos rojos en París. Pura coincidencia o ¿no?

El PSOE solicita que se intensifiquen los controles zoosanitarios para mantener a salvo de la Peste Porcina Africana a la cabaña lorquina

El Concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Navarro, ha expresado la necesidad de que se intensifiquen los controlen zoosanitarios para mantener a salvo la cabaña porcina de la Peste Porcina Africana (PPA) y evitar las posibles consecuencias económicas en el sector ganadero del municipio.

Navarro ha recordado que de esta enfermedad animal (inofensiva para los humanos) ‘sabemos mucho en España y también en Lorca. La sola mención a la enfermedad nos retrotrae a 1958, el año en que entró la peste porcina en España y provocó el hundimiento de nuestras exportaciones. El virus llegó desde Angola a Portugal, rápidamente se introdujo en territorio nacional a través de Extremadura y por la que la Organización Mundial de la Sanidad Animal bloqueó durante casi 3 décadas la salida de productos porcinos”, señala.

El edil socialista ha manifestado que en Enero de 2018 fueron conocidos los brotes de Peste Porcina Africana (PPA) que se estaban produciendo en algunas regiones de Polonia y posteriormente aparecieron en Rumania y Hungría en el mes de Abril, por último señala que el pasado 17 de agosto se han conocido nuevos casos en el principal país productor de carne de porcino del mundo, China.

Navarro quiere lanzar un mensaje de tranquilidad total en cuanto a las repercusiones de esta enfermedad animal en la salud de los humanos, “todos somos conocedores que esta enfermedad no afecta absolutamente en nada a los humanos”, subraya, pero es letal en la cabaña porcina y por ende su repercusión económica en el sector podría ser nefasta, además de la imagen que trasladaríamos al exterior, de una falta de control sanitario que sin duda repercutiría en la exportaciones futuras.

Es en este aspecto en el que el concejal socialista traslada su preocupación, en los devastadores efectos que tendría esta enfermedad en la cabaña porcina española, regional y sobre todo en nuestro municipio, ya que el sector primario compuesto por la agricultura y la ganadería, es  principal motor económico de nuestra comarca, y la erradicación de esta enfermedad, pasa por el sacrificio de todos los animales de las zonas donde se detectan focos de la enfermedad, con el consiguiente impacto económico para el sector.

Por todo ello, desde el PSOE de Lorca, Navarro quiere trasladar su inquietud a las tres administraciones y solicita que, en la medida que le corresponda a cada una, “se intensifiquen controles que permitan garantizar la tranquilidad al sector ganadero, además de trasladar una buena imagen zoosanitaria al exterior y de tranquilidad a los consumidores.

El PP-A hace demagogia con los asesinatos de Carmona

Impresionante reacción del pueblo sevillano de Carmona para pedir mayor seguridad en sus calles. Todos los comercios cerraron (incluso grandes superficies) y una multitud se congregó para rendir sentido homenaje a los dos comerciantes que han fallecido en recientes fechas. El primero Jiam Lin Wam el 9 de mayo del presente y el 6 de agosto Francisco Contado, joyero de la localidad. Dos asesinatos que han estremecido a este pueblo tan turístico. El asesino del comerciante de origen chino fue detenido después de encerrarse en la casa de un familiar amenazando con explotar una bombona de gas y tras haber asestado tres puñaladas a la altura del cuello que produjeron el fatal desenlace, todo por no abonar una “litrona”. Respecto al asesinato del joyero, fuentes policiales creen que los autores del crimen han sido un grupo de rumanos a los que se les sigue la pista. Dos asesinatos terribles, con distintas causas, pero que han generado el levantamiento del pueblo pidiendo más seguridad.

Ahora bien esta muestra de cohesión en favor de la demanda de mayor seguridad en las calles y con el estremecimiento aún en las venas, ha querido ser aprovechado por al PP de Andalucía, concretamente su rama sevillana, para usar la demagogia, alentar las tripas y, de paso, salvar la cara del alcalde del PP, Juan Ávila. Porque si existe un problema de seguridad ciudadana, como así entiende la ciudadanía de Carmona, buen parte de la responsabilidad es del alcalde y su equipo de gobierno. Pero como suele suceder en estos casos en que el principal implicado es el PP, rápido se acude en avalancha para disipar las responsabilidades y culpar al empedrado. Esto es lo que ha hecho la presidenta del PP sevillano Virginia Pérez.

La responsable popular acudió a dar todo su apoyo al alcalde ante estos dos asesinatos culpando a la legislación vigente de ser casi la mano ejecutora. La conservadora ha expresado que ayer se pudo ver a “un pueblo que demanda seguridad, no por la Policía Nacional y la Guardia Civil, que hacen lo que pueden y un poco más” sino porque “hace falta que se cumplan las leyes”. Todo ello porque el presunto asesino de Wam había sido detenido en cien ocasiones (no por cien delitos que ha manifestado el alcalde Ávila) y había estado en la cárcel. Por ello, reclama la sevillana que la prisión permanente revisable se aplique a estas personas. En especial a los reincidentes. El problema es que el presunto asesino no era “reincidente” de asesinato, sino lo que se conoce por un “delincuente común”. Pero da igual la verdad si la mentira sirve para tapar los errores del alcalde del mismo partido. Porque con la prisión permanente revisable se evitarían “muertes como al del comerciante chino”.

Sacar las vísceras para que la ciudadanía no se vuelva contra el alcalde. Porque si no es culpa de los cuerpos de seguridad del Estado, ni de la Policía Local (a la que Pérez quita responsabilidades en materia de seguridad ciudadana no se sabe bien por qué), la culpa es de la legislación. Cuando la población pide más medios policiales, en el PP-A se dice que la culpa es de la legislación. Intentando evitar que el problema le caiga al alcalde del mismo partido resulta que la culpa es de los jueces. No de Juan Ignacio Zoido, otro ilustre popular sevillano (que es juez, por cierto), anterior ministro de Interior; ni de M. Rajoy que ha estado casi diez años en el gobierno y podría haber legislado mejor, sino del buenismo de los jueces que no aplican las leyes. Para alguien con “delitos menores” no cabe sino la cadena perpetua para los dirigentes del PP sevillano según parece.

Junto a Pérez acudieron Juan de la Rosa, Patricia del Pozo, Alberto Sanromán y Luis Paniagua para que Ávila no se sintiese sólo en estos momentos tan dramáticos y así intentar representar una fábula donde las culpas fuesen del empedrado y no de los responsables municipales y políticos. Nuevamente el PP utiliza juegos de luces para quitar el foco del responsable principal de la seguridad del municipio, el alcalde. Si la ciudadanía en la calle reclama más seguridad, no aplicación de leyes inaplicables a estos casos pues no se conoce que hayan sido condenados por asesinato, en el PP piden dureza a los jueces penitenciarios, aun cuando la responsabilidad sea de ellos. Siempre buscando desviar la atención de las personas responsables cuando son de su partido. Ante la gran muestra de grandeza de la ciudadanía de Carmona, donde estaban gentes de todas las posiciones políticas, el PP de Andalucía a lo suyo.

IU acusa al PSOE de “cerrar filas con el PP y Bruselas” en materia económica

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Izquierda Unida ha recibido con disgusto la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para la negociación presupuestaria de 2019. “El PSOE sigue defendiendo la senda de reducción del déficit que acordaron con Bruselas, a pesar de haber logrado recientemente el triunfo en la moción de censura gracias al apoyo de la izquierda parlamentaria”, ha lamentado el responsable de Política Económica de IU, Carlos Sánchez Mato, tras conocer la respuesta del Ejecutivo.

Hace unos días, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, envío un documento al Gobierno con el objetivo de poder negociar el déficit y los presupuestos poniendo por delante las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, y a pesar de reconocer los perversos efectos que han tenido las políticas económicas austericidas, el PSOE quiere seguir la senda económica marcada previamente por el PP.

El Gobierno mantiene así los “absurdos, nocivos y carentes de rigor técnico” principios de cumplimiento del Plan de Estabilidad del PP, asegura Sánchez Mato: “El Ejecutivo, como era de esperar, está demostrando no estar a la altura de las necesidades expresadas por la mayoría social. Únicamente incluyeron y acordaron con la Comisión Europea un mínimo respiro que habría obtenido Rajoy de igual forma, ya que el anterior plan era imposible de cumplir”.

Por este motivo, aunque el documento recoge algunos avances al proponer derogaciones de los Reales Decretos de 2012 que marcaban la austeridad en Educación, Sanidad o Empleo (14/2012, 16/2012 y 20/2012), “no resultan creíbles al no tocar los objetivos de estabilidad ni de déficit”, explica el responsable de Política Económica de IU. “¿Cómo lo pretenden financiar? Cualquier declaración de intenciones sin compromiso de fondos, no deja de ser papel mojado”, incide.

En respuesta a la propuesta presentada por IU junto a sus socios parlamentarios, el Gobierno tampoco responde acerca de la exigencia de derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, responsable de gran parte de los recortes que tanta desigualdad han generado. “El Gobierno tampoco ha incluido nuevas figuras tributarias que graven a las entidades bancarias ni a las grandes fortunas. Únicamente acepta un mínimo para el Impuesto sobre sociedades (15% de suelo) y el estudio de la puesta en marcha de la Tasa sobre transacciones financieras que simplemente es una traslación de un acuerdo europeo de mínimos”, detalla Sánchez Mato, que lo califica de “decepcionante”.

“La ministra de Hacienda únicamente plantea la puesta en marcha de un grupo de trabajo, como ya aceptó su antecesor Cristóbal Montoro, para mejorar la aplicación de la regla de gasto y la modificación de aspectos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales”, explica el responsable de Política Económica de IU, que lo tilda de “absolutamente insuficiente para los ayuntamientos y las políticas locales”. Además, la respuesta del Ejecutivo tampoco plantea modificación positiva alguna en relación a la necesaria compensación a los ayuntamientos por la modificación del impuesto de plusvalías.

Por ello, aunque IU reconoce los “tímidos” avances, recuerda al PSOE que no ha sido capaz de dejar atrás la posición de sumisión a los dictados de Bruselas que le hizo hace 7 años modificar el artículo 135 de la Constitución para subordinar los intereses generales a los de las élites de este país. “Es absolutamente necesario salir al rescate de la mayoría social que espera ansiosa unos presupuestos que blinden las políticas públicas en Educación, Sanidad, de atención a la dependencia y de Igualdad. Y eso solo se hace con recursos económicos, no con regates dialécticos. Seguiremos insistiendo para que el PSOE sea consciente de la importancia de aprender una lección que tan cara le ha salido al pueblo”, ha afirmado Sánchez Mato.

Consumo recupera más de 64.000 euros para los ciudadanos que presentaron reclamaciones en la OMIC durante el primer semestre de 2018

La Concejala de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Lorca, Mari Carmen Ruiz, ha informado que debido  a las diferentes actuaciones desarrolladas por los técnicos de la  Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), «los lorquinos atendidos han conseguido recuperar de forma global más de 64.000 euros durante el primer semestre de 2018, a pesar de que quedan por concluir una parte de los expedientes debido a la nueva ley que obliga a realizar las reclamaciones por sede electrónica». Así consta en la memoria documental que se ha elaborado en las últimas semanas cruzando los datos que arrojan los balances por meses del año 2018, y que señala que más del 90% de las quejas planteadas se han resuelto a favor del usuario.

Mari Carmen Ruiz ha señalado que durante el periodo analizado la Oficina Municipal de Información al Consumidor, en el desarrollo de su función más destacada, que es la información y la tramitación de reclamaciones, mantiene la evolución del año pasado. En cuanto a datos referentes a consultas, estas han superado a lo largo del semestre las 3.300, mientras que las reclamaciones han ascendido a 770. En tal sentido se puede hablar de tres grandes grupos: Alimentación, Productos y Bienes y Servicios”.

La Concejal de Consumo ha explicado que “a lo largo del primer semestre del año el grupo más demandado, siguiendo la dinámica de años anteriores, sigue siendo el de servicios, registrándose un elevado número de consultas (2.818) y de reclamaciones (665). Dentro de los servicios, destaca la problemática que mantiene el usuario con los Suministros básicos, representando aproximadamente 1.000 consultas y casi 400 reclamaciones, siendo por tanto, el problema estrella. En especial, el aumento de estas incidencias se centra en facturación relacionada con suministros de servicios como electricidad y gas debido a los cambios de comercializadora, altas sin consentimiento y plazos de desestimiento”.

Ruiz Jódar, en este sentido, ha indicado que debido a la liberalización del mercado eléctrico, el usuario encuentra una gran oferta en el mercado para elegir la comercializadora libremente que quiera. El usuario, tiene saber elegir la empresa que más le conviene para sus intereses particulares. Los consejos a tener en cuenta al respecto que planteamos desde el Ayuntamiento son los siguientes:

  • No firmar contrato alguno sin su previo análisis y consideración de la oferta por parte del usuario, estudiando características familiares, consumos etc
  • Comprobar nuestras facturas y que las lecturas sean las correctas
  • Racionalizar nuestro consumo. Hemos de ser conscientes de nuestro consumo y su coste”.

La Edil de Consumo ha explicado que “los problemas con telefonía se han mantenido como en años anteriores y han estado relacionados fundamentalmente con altas y bajas, portabilidades, periodos de permanencia y tarificación adicional, así como con la descarga de aplicaciones móviles. Para evitar estos problemas, desde la OMIC de Lorca aconsejamos a los ciudadanos, de forma general, no precipitarse al cambiar de operadora, estudiar bien las diferentes ofertas, mantener el criterio elegido, guardar siempre contratos y publicidad, desconfiar de las ofertas sorprendentes, controlar y analizar sus facturas siempre, si observa algo irregular cuanto antes, plantee el problema a la operadora (quédese con su referencia) y si en un CORTO espacio de tiempo no se lo resuelve acuda a nuestra OMIC. También hemos de prestar especial atención a con los números de tarificación adicional por su alto costo (803., 806…,905…907…) y con los números cortos de cinco cifras (25— 35— etc,) y de seis cifras (79—-, 99—- etc), pudiendo solicitar su desactivación a la operadora. Tampoco debemos confundir baja con portabilidad”. Mari Carmen Ruiz ha detallado que “el total de consultas referidas a Servicios financieros han alcanzado las 303 y en cuanto a reclamaciones han superado las 90, estando los problemas relacionados con:

  • Cancelaciones de cuentas bancarias
  • Gastos de formalización del préstamo hipotecario
  • Comisiones de mantenimiento de cuentas bancarias
  • Problemas con cajeros automáticos

Referente a los seguros, cabe destacar que los problemas han estado relacionados con bajas de póliza, modificación de las condiciones e incumplimiento de las condiciones particulares y generales. El total de las consultas recibidas en los seis primeros meses del año ha sido de 140 y 40 reclamaciones.

En cuanto al grupo productos y bienes hay que destacar que se han realizado más de 480 consultas y se han superado las 100 reclamaciones. En cuanto a las ventas especiales, referidas a venta domicilio, por teléfono, Internet etc. los consejos a tener en cuenta al respecto son:

  • Antes de comprar ver nuestras posibilidades económicas.
  • Examinar el producto que vamos a adquirir, en su caso.
  • Leer los contratos antes de firmar.
  • Plazos para desistir.
  • Copia de documentos que se firmen.
  • No fiarnos de las gangas.

Arbitraje, un aliado del consumidor 

La Concejal de Consumo también ha indicado que “desde la OMIC se da trámite a las reclamaciones interpuestas por consumidores/usuario, las cuales, una vez analizadas y estudiadas se realiza una función mediadora con la reclamada. Con ello, se resuelven más del 90% de las reclamaciones de los ciudadanos y el resto se remiten a los organismos competentes o a la Junta Arbitral de Consumo de nuestra Comunidad Autónoma. Es importante destacar que hay empresas comercializadoras de energía que están sometidas a arbitraje de consumo; esto, al igual que las operadoras ayuda, a que el usuario pueda resolver su problemática por esta vía, en su caso. Es importante conocer que gran parte de las operadoras están sometidas a Arbitraje de Consumo y que la problemática que al usuario se le presenta con ellas se resuelve por esta vía gratuita y extrajudicial”.

Ruiz Jódar ha indicado, además, que “a lo largo del primer semestre de 2018 las Juntas Arbítrales de Consumo celebradas por videoconferencia desde esta sede han sido 60. De ellas, 42 corresponden a ciudadanos de este municipio que han interpuesto reclamaciones en esta OMIC y el resto, corresponden a expedientes de municipios colindantes, tales como Totana y Puerto Lumbreras, que igualmente se celebran en esta sede”.

Lucas: “El PP no es nadie para dar lecciones sobre el cumplimiento de ninguna obra, y mucho menos, sobre Portmán”

El vicesecretario general y portavoz del PSRM-PSOE, Francisco Lucas ha asegurado que el PP no es nadie para dar lecciones de moralidad ni de cumplimiento en la realización de ninguna obra, y mucho menos, sobre la Bahía de Portmán.

Ha recordado que este proyecto fue paralizado durante cuatro años gracias a que Francisco Bernabé se lanzó a los brazos de una empresa especuladora, cuyo director fue detenido por uso fraudulento de tarjetas de crédito.

“Esa fue la gran gestión del PP a nivel nacional, regional y local: entregar a una empresa especuladora un proyecto socialista que estaba licitado y que ellos dejaron perder. No olvidemos que en 2012 Bernabé anunció que en fase de adjudicación ‘un alto funcionario del Ministerio había perdido la documentación de una empresa y que el procedimiento estaba viciado’, lo que retrasó el proyecto cuatro años”, ha señalado.

Ha remarcado que se trataba de un proyecto que salió a licitación por 79 millones de euros con financiación europea gracias al PSOE; que salió en 2015 por 59 millones y se adjudicó finalmente por 33.

En su opinión, el PP nunca ha querido explicar abiertamente el proyecto, ocultándoselo a los vecinos y vecinas, al Ayuntamiento de La Unión y a las asociaciones ecologistas que forman la mesa de la comisión de seguimiento.

“Durante estos años, el PP, y especialmente Bernabé, se han dedicado a pasearse por la obra como si fuera su cortijo, pero sin dar explicaciones de la misma”, ha indicado.

“Cada vez que a Bernabé le dan un cargo para poder hablar, intenta desprestigiar, pero él se descalifica por sí solo con todas las declaraciones que ha hecho hasta la fecha, como que nos íbamos a tomar las uvas con el AVE en la Región o el efecto látigo de los perros”, ha comentado.

Finalmente, el portavoz socialista ha recordado que las obras de Portmán no se han estancado ni ralentizado desde que gobierna el PSOE en España y que en septiembre se convocará la comisión de seguimiento, “que por cierto, cuando gobernaba el PP, estuvo tres años sin convocarse”.