martes, 27 enero, 2026

La UDYCO consigue que Amat entregue las facturas de la Diputación

José Antonio Gómez
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La UDYCO consigue que Amat entregue las facturas de la Diputación

Cada día que pasa se va estrechando el cerco cada vez más sobre Gabriel Amat. Es más que probable que sea imputado/investigado por el caso Fabriquilla, pieza separada de las 25 que conforman el expediente judicial de los presuntos casos de corrupción en Roquetas de Mar, donde ejerce como alcalde. También ha tenido problemas en la Diputación por 4,7 millones de euros que presuntamente se gastó en publicidad pero que nadie sabe cómo y a qué medios y/o empresas se han entregado. Ahora el juez instructor del Juzgado n° 2 de Almería lo conocerá pues la Diputación se ha avenido a entregarlas, casi el último día del plazo dado por el magistrado, quien, para que fuese atendida su petición amenazó con enviar a la UDYCO a registrar la institución.

¿Ha habido miedo en la Diputación a que la UDYCO encontrase otras cosas? ¿Se han entregado todas las facturas, si es que existen? Estas dudas no se resolverán hasta después del verano, pero Amat ve como la soga se le acerca al cuello, por hacer un símil western.

Desde que se abrió el procedimiento la documentación ha sido incompleta, intentando alargar el procedimiento hasta que cambiasen los jueces (como ha pasado en las causas contra él del Juzgado n° 1) o hasta que la causa fuese sobreseída. Ahora nada de eso parece que le salvará. Ni a él, ni a Javier Aureliano García, su fiel compañero.

Lo de las facturas en cajones escondidas no es nuevo en las formas de actuación de Amat. Ya denunciamos los hechos aquí, pero esta vez la entrega, aunque la ejecutoria no sea con publicidad y transparencia como viene exigiendo la oposición, se ha realizado al ver acercase su final. Posiblemente, Amat no ha querido que la famosa “cuenta 413” fuese escrutada por la UDYCO y por ello ha accedido a la entrega de la documentación. Ya le advirtieron que el dedazo subvencionador podía pasarle factura y así ha sido, al final se sabrá parte de la verdad.

También esas fuentes almerienses hablan del abandono de la Diputación por parte de Gabriel Amat a la vuelta de las vacaciones, algo que le habrían pedido desde la dirección del Partido Popular de Andalucía para que se dedique en pleno al Ayuntamiento de Roquetas, el cual se les está yendo de las manos, porque, algo inaudito en la gestión del ladrillo, las empresas están dejando obras sin terminar, con numerosos retrasos (él que hacía las rotondas antes de adjudicarlas), con infraestructuras medio abandonadas, cobrando el agua más cara durante un año. Se ha olvidado de Roquetas de Mar por sus cuitas judiciales, por la pelea interna de partido y algunos problemas personales.

Al parecer el pobre agricultor arruinado que entró en política y sufrió un aumento patrimonial enorme, a la vera de la burbuja inmobiliaria y mediante más de 100 empresas familiares, hoy podría abandonarla (si así lo deciden los ciudadanos) casi en las mismas condiciones. Son rumores nada más, pero ya ha perdido la concesión de un grupo automovilístico que poseía en Roquetas, y eso no es una buena indicación. Con un gobierno no afín, ni el apoyo de los que eran sus amigotes en el PP, las causas judiciales le impiden hacer más negocios. Al menos hace un año que consiguió, mediante una expropiación, un beneficio para sus hijas y ha modificado el PGOU para beneficiar presuntamente a sus propias empresas que tienen terrenos en Las Salinas. El “Sheriff” almeriense está en sus peores momentos políticos, cada vez está más nervioso y cometiendo más errores.

Florentino obligó a Courtois a besar el escudo

José Antonio Gómez
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Florentino obligó a Courtois a besar el escudo

Obsesión (como el título de la bachata de Aventura) es lo que tiene Florentino Pérez con el Atlético de Madrid. Tanta como para perseguir los jugadores que destacan en el club rojiblanco hasta la extenuación. Le pasó con De Gea, Agüero, Forlán, Falcao y en los últimos tiempos con Theo Hernández y Thibaut Courtois. No le vale ganar Champions, quiere ver al Atleti hundido y que no asome la cabeza. Eso sí, con Hernández le salió rana porque abonó 24 millones de euros por un jugador sin hacer y que hoy ya está cedido. El bueno de los dos hermanos, el que es campeón del mundo con Francia, sigue en el equipo del Metropolitano.

Esa obsesión que arrastra con el equipo rival no es sino la expresión misma del ocultamiento de sus actos, de sus fracasos, de sus miedos. Según han confirmado fuentes solventes, los excesivos besos de Courtois durante su presentación en el Santiago Bernabéu habrían sido presuntamente acordados entre presidente y jugador, con conocimiento del entrenador Julen Lopetegui, para dar ánimos a una hinchada que está muy descontenta con la política de fichajes del equipo blanco. Tras la desgarradora marcha de su mayor símbolo, y el amago de jugadores como Asensio y Modric, o la marcha de Kovacic, Pérez tiene que recuperar el optimismo de su hinchada. Nada mejor que con el que fuera portero del vecino y besándose mucho el escudo. Algo que los medios del florentinato han destacado. De igual modo han intentado hacer pasar como algo menor los cánticos del nuevo portero cuando celebraba títulos con el Atlético.

Con el portero belga pretende tapar que no es capaz de fichar a nadie de peso futbolístico. Vinicius es un buen proyecto, como lo fue en su momento Robinho y ya se sabe cómo acabó. Odriozola es un buen lateral y una necesidad porque no hay mucha confianza técnica con Carvajal, aunque está dentro del grupo de los que controlan el vestuario. Y ya. Se acabó. Lanzaron bulos sobre Neymar, Hazard, Lewandowski y siguen. Pero parece que no hay dinero, que puede haber problemas de flujo de caja o de otro cariz financiero, como advirtió hace tiempo Gay de Liébana.

Con todos estos movimientos también demuestra que lo sucedido con el seleccionador nacional, que acabó destrozando al combinado nacional durante el mundial, y con toda la prensa afín atacando a Luis Rubiales mediante diversas campañas por osar enfrentarse al señor del Imperio, no es más que el modo de actuar típico de Florentino. No le importa el sentimiento de un país, le dan igual las buenas formas, cuando él quiere algo se hacen las cosas por lo civil o por lo criminal. Que algún gobierno no le gusta, pues se lanzan campañas de desprestigio desde medios afines o propios, para que vuelvan a darle las concesiones que necesita para sacar el dinero del bolsillo de los españoles y ponerlo en el suyo propio. Acumulación por desposesión se llama el mecanismo.

Por ejemplo, en el negocio sanitario no le importa que los médicos sean buenos o malos, sino que quiere la concesión para cobrar lo que él quiera mediante cánones abusivos, como denunciamos en estas páginas. Luego no hay dinero para Sanidad porque lo tiene Pérez en su bolsillo. Eso sí, en cuanto Podemos y algunos medios se han atrevido a señalar lo que estaba haciendo, rápidamente vende el negocio a fondos buitre para que asuman ellos el riesgo de quedarse sin el botín del saqueo realizado.

Florentino trabaja de esa forma y cuando se le acusa de hacer negocio con el Real Madrid salta para negarlo. Sin embargo, los fichajes que realiza y sus negocios van de la mano más de lo que parece. Fichó al mejor costarricense, Keylor Navas, para ver si había oportunidad de entrar en el mercado inmobiliario que está por las nubes en el país centroamericano. Una vez que Costa Rica no le sirve, tampoco lo hace el portero. Lo mismo pasó con Colombia y James Rodríguez. Hoy ni Florentino tiene negocios importantes en el país, ni el jugador está en las filas blancas.

No hay escrúpulos en Pérez. Le importa poco lo que pueda sufrir Courtois en la ciudad de Madrid por culpa de la provocación que le ha obligado a realizar durante varias veces. Los ex-compañeros del Atlético le han quitado importancia, como Filipe Luis, igual por conocer el tema, o por una sincera amistad. Pero otros pueden sentirse humillados e ir más lejos de lo deseable. Todo ello ad maiorem Florentino gloriam. Porque, salvo sus cercanos, los seres humanos no son más que elementos y números para Pérez. Seres a los que extraer beneficio de todo tipo. Por ello la petición de que se besase mucho el escudo a Courtois, para tapar las miserias de Florentino y el florentinato.

Ciudadanos pide a Pedro Sánchez ser como ellos

Santiago Aparicio
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Ciudadanos pide a Pedro Sánchez ser como ellos

“Pedro Sánchez es un mal español, enchufa a todas las personas de su partido, trae a peligrosos negros para que sean manteros y acaben con el trabajo de los españoles en connivencia con Podemos, quiere romper España, y se vende a Merkel”. Algo piensan en Ciudadanos porque insisten día tras día en que Pedro Sánchez haga el programa de Ciudadanos. Les gustaría que el presidente del gobierno hiciese todo lo que ellos y ellas quieren. Esta tensión psicológica que tienen en la formación naranja acaba por trasladarse a sus discursos e inconscientemente piden a Sánchez que sea como ellos. El último Carlos Carrizosa que ejercía ayer como “cuñado de guardia”.

“Pedro Sánchez es un presidente débil que mira hacia otro lado por sus hipotecas con los partidos separatistas” ha dicho Carrizosa. Y todo ello porque la Mesa del Parlament han admitido a trámite una moción de la CUP que sigue con la hoja de ruta de la independencia. De la misma forma que se admiten a trámite mociones de Ciudadanos sobre cuestiones sin competencia autonómica, como pasa en la Comunidad de Madrid, habrá que esperar a que llegue esa moción o no al Pleno. Una vez allí podrá intervenir jurídicamente el Gobierno. No es que miren hacia otro lado, sino que hay procedimientos, iguales que los había cuando el PP gobernaba. Parece que en Cs no han entendido las palabras del presidente cuando afirmó que serían igual de contundentes o más aplicando otro 155 si hiciese falta. O es que quieren meter los tanques y matar a todos los nacionalistas, o más probable seguir con la escalada de tensión y fractura social para no perder votos, para que la sociedad se divida aún más y ellos sacar rédito. Porque, parece en realidad, que Cataluña como sociedad les importa poco o nada. Quieren la homogeneización de las personas… y la expulsión de los manteros.

Al final, acaba afirmando Carrizosa, “Cs tiene que hacer lo que el Gobierno no hace”. Denunciar al juzgado. La diferencia es que el gobierno pide un informe a los abogados del Estado y luego actúa vía Tribunal Constitucional. Como le explicó Rajoy a Rivera, el Gobierno por mucho que le moleste a Rivera, que lleva un dictador dentro según parece, tiene que cumplir la ley. Pues lo mismo vuelve a suceder con el Gobierno del PSOE. Le piden que vulnere la ley y si no lo hace le acusan de no hacer nada. Una estrategia gastada y que ya casi nadie compra. Habrá que ver si empujan y dan codazos Albert Rivera e Inés Arrimadas, como hicieron con Cristina Cifuentes en las manifestaciones de Sociedad Civil en Barcelona, y quieren quitar al presidente del Gobierno de los actos en recuerdo de las víctimas del terrorismo yihadista. Curiosamente, el inconsciente de Ciudadanos les hace decir “en apoyo a las víctimas”, porque ellos y ellas no quieren homenajes, ni recuerdo, están pensando en términos nacionalistas y contranacionalistas.

“España debería liderar una política migratoria para hacer frente a esta crisis humanitaria. Europa debe actuar de forma uniforme y coordinada” ha querido decir sobre la cuestión más peliaguda de la actualidad política. Esa misma que están activando de peligro constante de los inmigrantes manteros por las calles de nuestras ciudades. Como su ideología es cuñadista critican una cosa y la piden a la vez. Así siempre podrán decir que tienen razón. España debe dirigir y Europa debe actuar coordinada lo que significa que deben deliberar y llegar a un acuerdo. Por tanto lo que España pudiese decir debería contar con el visto bueno de los demás países y el componente de liderazgo no existiría. O es que en su ensoñación imperialista española ¿piensa que España tiene la fuerza suficiente para ello? Como Sánchez ha conseguido ciertos acuerdos en la materia hay que ponerle trabas, bien para que gane Macron (que es de los suyos), bien para achacarle su fracaso. Mientras ellos y ellas criminalizando a los manteros, pero eso no es contrario a la crisis humanitaria. Es política de seguridad. O fascismo según lo entienda el lector.

IU exige al Gobierno del PSOE acción contra los despidos de 54.000 docentes interinos

Diario16
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IU exige al Gobierno del PSOE acción contra los despidos de 54.000 docentes interinos

Izquierda Unida, a través de su diputado Miguel Ángel Bustamante, ha llevado al Congreso el grave problema del despido ilegal de decenas de miles de profesionales de la educación durante el verano para ahorrarse sus sueldos de julio y agosto. IU exige explicaciones al Gobierno para saber si piensa ejecutar “medidas concretas y efectivas” que impidan esta práctica por parte de las comunidades autónomas ya rechazada por la justicia, pese a lo cual a finales de junio pasado se batió el récord de la última década con más de 54.000 profesionales enviados al paro.

En concreto, la iniciativa parlamentaria de Bustamante interroga al Gobierno sobre si “piensa hacer algo más para que se cumpla la ley a nivel estatal, en este caso la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de junio que declara ilegal el cese de interinos durante julio y agosto que luego vuelven a ser contratados en septiembre, ahorrándose así el sueldo y las cotizaciones sociales en este periodo?”

El parlamentario de IU denuncia que estas graves actuaciones son una nueva “muestra de los inadmisibles niveles de interinidad instalados en este colectivo”. Distintas organizaciones de representación de trabajadores y trabajadoras han realizado exhaustivos trabajos y análisis sobre esta cuestión. El último de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) cuantifica que las bajas producidas en la Seguridad Social de estos profesionales en 2018 son las más elevadas en los últimos 10 años: -54.231 (2018); -51.487 (2017); 51.186 (2016); 45.630 (2015); 39.032 (2014); 33.770 (2013); 38.084 (2012); 35.667 (2011); 34.296 (2010) y 32.463 (2009).

Miguel Ángel Bustamante recuerda que estas decenas de miles de despidos de profesionales, en su inmensa mayoría profesorado interino, “contraviene el reciente fallo del Tribunal Supremo de junio que declaró ilegales estas interrupciones veraniegas de las contrataciones”.

Apunta también en la pregunta parlamentaria que el Ejecutivo debe responder ahora por escrito que “de nada parece haber servido tampoco que la Seguridad Social, tras la mencionada sentencia del Supremo, emitiera una instrucción que hizo llegar a las comunidades autónomas para tratar de impedir, con indudable falta de efecto práctico, que se produjeran estos despidos”.

De ahí que Bustamante plantee también al Gobierno socialista “¿qué actuaciones realmente efectivas piensa poner en marcha frente a las comunidades autónomas que decidieron incumplir la reciente instrucción de la Seguridad Social que trataba de impedir los despidos, a la que no se ha hecho ni caso?”

17-8-17, 17

José Luis Úriz
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17-8-17, 17

El 17 de Agosto de 2017 se produjo el atentado de Las Ramblas de Barcelona. Consecuencia del mismo se produjeron 17 fallecidos, 15 en el mismo instante, más otra persona  herida que falleció 10 días después y quien el terrorista robó su coche para la huida.  17, una cifra maldita, día 17, del año 17 con 17 muertos.

Posteriormente en Cambrils siguió la orgía asesina la madrugada del día siguiente. Dos fechas negras para Catalunya y España que dejaron familias quebradas, la de los asesinados pero también la de los asesinos. Porque a veces en el fragor del impacto y la indignación olvidamos injustamente este hecho.

¿Cómo quedaron después de conocer lo que sus allegados hicieron a esas gentes? Probablemente doblemente doloridas, con la vergüenza y el dolor. A veces se escribe la parte de la historia de quienes fueron víctimas inocentes, lógico, pero olvidamos situarnos también en el lugar de los próximos a los victimarios. Creo que este podría ser un ejercicio muy sano para los sentimientos y el análisis. Una catarsis sanadora socialmente.

Conviene también recordar que estos hechos se produjeron en plena confrontación entre el Gobierno central y la Generalitat, que trajo como consecuencia la batalla dialéctica posterior sobre las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido cada cual.

Aquellos rifi rafes resultaron lamentables, como lo son los que a pocos días del primer aniversario se vuelven a reproducir.

¿Hubo responsabilidad y/o negligencia? Parece evidente que sí. ¿De quién o quiénes? El levantamiento del secreto del sumario deja al aire las vergüenzas de las policías de ambos lados, de los servicios de información, o lo que resultaría aún más grave, que la falta de conexión, de colaboración pudieran haber sido, por no haberlo evitado, los causantes de aquel atroz crimen.

Resulta evidente que la responsabilidad final es siempre de los asesinos, de los terroristas, pero no se puede, no se debe esconder la cabeza debajo del ala, o como en el rugbi echar la pelota a seguir, que sea otro el que la recepcione ante tu propia incompetencia para hacerlo.

¿Sirve para algo ese echarse la culpa uno a otro? ¿Devolverá la vida a esa 17 personas conocer quién falló? Indudablemente no, pero sería bueno que ambas partes se pudieran al menos poner de acuerdo para evitar un nuevo caso en el futuro. Que aprendieran que colaborar no sólo es un deber, que es una obligación que deben a las sociedades que dicen proteger.

Ahora el próximo viernes llega ese aniversario y nuevamente afloran los errores políticos que afectan a los humanos, en especial a las víctimas. Que si el Rey no es bienvenido, que si el homenaje a quien entonces dirigía los Mossos d`Escuadra, que si Omnium, ANC, CUP dicen o dejan de decir, bla, bla, bla.

Produce pena y al mismo tiempo asco esta ceremonia de la confusión, ese intento asqueroso de intentar pescar en río revuelto. Lo que debería ser un acto de homenaje, de apoyo, de solidaridad con las víctimas corre el peligro en convertirse en una continuación de las reyertas palaciegas.

Aún queda tiempo para recuperar el sentido común, que cada vez más resulta ser el menos común de los sentidos. De aparcar para el día después esas cuitas mediocres, de tener generosidad y estar a la altura de lo que la inmensa mayoría de la sociedad demanda.

Quizás sería bueno que volvieran a escuchar y ver, aquella alocución memorable que la periodista ahora defenestrada Gemma Nierga, pronunció precisamente en Barcelona después de la histórica manifestación de repulsa ante el asesinato de Ernest Lluch a manos de ETA.

«Estoy convencida de que Ernest, hasta con la persona que lo mató, habría intentado dialogar; ustedes que pueden, dialoguen, por favor»

Sánchez, Torra, Gobierno del Estado, Generalitat, dialoguen y eviten ese día cualquier signo de tensión y desavenencia. Se lo deben a las víctimas, a la sociedad catalana y española, nos lo deben.

En temas de seguridad ciudadana, en temas de terrorismo no caben bajezas, no se necesitan peleas barriobajeras, se necesita aparcar las diferencias y buscar la colaboración, las acciones conjuntas que garanticen la máxima eficacia, el máximo de seguridad para la ciudadanía.

Ojalá el Gobierno Central y la Generalitat al menos en este tema fundamental sepan dar la talla y el próximo día 17 no demos de nuevo una imagen deplorable.

Quienes hace un año fallecieron ese día, su memoria, sus allegados y ambas sociedades se lo merecen.

Veremos……..

La verdad sobre el patrimonio del Popular en 2.017

Claudia Moreno
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La verdad sobre el patrimonio del Popular en 2.017

Los grandes accionistas que sí que disponen de importantes despachos de abogados que no tienen conflicto de interés con el Santander van a incrementar su ofensiva legal contra la resolución del Banco Popular. Mientras tanto, el resto de las 305.000 familias arruinadas para rescatar al Santander tienen que lidiar con la Justicia a través de abogados independientes y, en miles de casos, en plataformas regidas por bufetes que ocultaron en su momento que tenían conflicto de interés con el Santander y que sólo podrían litigar contra Europa (tal y como pretende la entidad cántabra, casualmente). ¿Qué van a hacer ahora estos despachos con conflicto a raíz de los movimientos de los grandes accionistas o con los datos del informe de Deloitte que no se cree nadie y que demuestran que hubo graves errores en todos los procesos de la resolución, incluso en el proceso de venta al Santander? A Diario16 llegan todos los días cientos de comunicaciones de los afectados pidiéndonos consejo sobre qué abogado o qué despacho contratar. Siempre hemos respondido que, sintiéndolo mucho, nuestro papel no era el de aconsejar sobre nadie en particular. Sin embargo, llegados a este punto, lo que sí podemos decir a los afectados es que no deben pasar ni un minuto más en ninguna plataforma o en ningún despacho de abogados que tenga conflicto de interés con el Santander.

Para todos los afectados que no tienen disponibilidad de acceder a los grandes despachos a los que contratan esos grandes accionistas, Diario16 publica hoy el contrainforme de Deloitte y de la JUR donde se demuestra que había más soluciones que la que se tomó de arruinar a más de 305.000 familias para rescatar al Santander. Este es el análisis del patrimonio del Popular en el año 2017.

Las cifras de cierre del ejercicio de 2016 del Banco Popular indicaban un patrimonio neto de más de 11.000 millones de euros, auditado por PwC y un informe de procedimientos acordados de Ernst and Young, que ratificó los criterios de constitución de provisiones, la contabilización de los activos fiscales diferidos y la valoración de la cartera de renta fija.

Por otro lado, las cifras del primer trimestre de 2017 indicaban que el Popular disponía de 10.777 millones de patrimonio. Este dato fue publicado por el equipo dirigido por Emilio Saracho el 5 de mayo de 2017. Tras la intervención de la JUR y la venta por un euro al Santander se realizaron en el cierre del primer semestre de 2017 severos ajustes patrimoniales que buscaban justificar el precio pagado por Santander, eliminando todo el patrimonio de los accionistas. Esos ajustes que realizó el Santander como consecuencia de la resolución del Popular, se “justificaron” en base a los siguientes factores:

Aplicación de la normativa de resolución que implica que, al no ser viable el Banco, deja de generar ingresos lo que supone la amortización de todos los fondos de comercio —porque, teóricamente el Banco no puede justificar ese fondo de comercio, aunque el que lo compra se beneficia de él— y parte de los Activos Fiscales Diferidos, dado que, al no haber beneficios futuros, esos AFD no se pueden compensar —los beneficios futuros tributarían efectivamente menos porque se “descontarían” los impuestos pagados anticipadamente—. No cuestiona, porque no puede, la existencia de más de 2.000 millones de euros en Activos Fiscales Diferidos “monetizables” que se cobran siempre.

Aplicación de un cambio de criterio del comprador que opta por la venta en masa de los activos inmobiliarios en el mercado mayorista. La ventaja para el vendedor de este cambio de criterio es que vende más rápido, la desventaja es que vende más barato, pero el perjuicio en este caso se le imputa al anterior dueño del Banco que es el sufre el ajuste patrimonial. Además, en este caso, el vendedor retiene el 49% de esos activos a través de una sociedad creada al efecto, y el 51% se le vende a un fondo buitre que espera obtener rendimientos muy elevados en su inversión. Normalmente, estos rendimientos no están por debajo del 40%/50%.

Aplicación del ajuste a mercado de los activos comprados, como en cualquier transacción.

La suma de estos ajustes, principalmente los números uno y dos, supusieron enormes pérdidas con el resultado patrimonial conocido: desaparición de los recursos propios del Popular y de patrimonio de los accionistas al aplicársele un procedimiento inadecuado y confiscatorio.

Ahora bien, sin entrar a discutir la justificación legal de los ajustes, son responsabilidad directa de la entidad “expropiante”, la JUR, esos mismos apuntes contables que ponen de manifiesto la confiscación de que han sido objeto las 305.000 familias arruinadas del Popular.

Veamos este asunto con detalle:

Obviamente los más de 2.000 millones de euros en Activos Fiscales Diferidos que tenía el Banco Popular no sólo no fueron amortizados, sino que están siendo reclamados por el Banco Santander, que ya ha cobrado 400 millones y ha reclamado otros 1.000, según confirmó su vicepresidente Rodrigo Echenique en el Congreso. Es decir, más de 2.000 millones de patrimonio que pasan al Santander y se les niega a los accionistas del Popular sin explicación alguna.

Además, Popular tenía en venta Totalbank, por el que el Santander percibió 444 millones de euros, de los que contabilizó como beneficio 170 millones y que supusieron cerca de 400 millones de mejora de capital. En definitiva, aunque las cifras sean peores a las que estimaba el Popular en su momento, estos 444 millones se transfieren a los accionistas de Santander y se les despoja a los accionistas del Popular. Sumado al punto anterior, son 3.000 millones transferidos a los accionistas del Santander en perjuicio de los accionistas del Popular.

Popular tenía en venta Wizink por el que recibió una oferta de 1.200 millones por su participación en el mismo. Si se añade a lo anterior la cifra confiscada asciende a 4.200 millones de euros.

Sin entrar a debatir los ajustes practicados en las cuentas del Popular, conviene matizar que la cobertura en efectivo que los bancos y cajas tenían contabilizadas al cierre de 2016 por sus activos no rentables —inmuebles y créditos impagados— estaba alrededor del 52%. Tendenciosamente se olvida que a eso hay que añadir el valor del inmueble. Según la información que transmitió Santander al mercado antes de vender a BlackStone el mal llamado “ladrillo” del Popular, se elevaron las coberturas contra el patrimonio de sus accionistas al 69% en efectivo a lo que hay que sumar el valor de los inmuebles. Esos 17 puntos porcentuales de diferencia suman 6.000 millones de euros, de los que, al menos, la mitad, dado que Santander vendió la mitad a Blackstone, serían de los accionistas del Popular. Algo así como 7.200 millones habrían sido transferidos por un euro al Santander…

Pero hay más, Emilio Saracho dijo en el Congreso que el valor de las sinergias de una venta de Popular rondaría los 3.000 millones de euros y él sabe, porque en eso es un experto, que la mitad suele reconocerse al vendedor, es decir, 1.500 millones más que se suman a los 7.200 millones y que totalizarían unos 8.700 millones de euros expoliados a los accionistas del Popular.

La cosa no acaba aquí, añadan a esta cifra el importe de los famosos bonos que el Santander entregó a los particulares que fueron a la ampliación de 2016, dado que esos bonos los cargó contra el patrimonio del Popular. Esa cifra parece que superó los 700 millones de euros, estaríamos en 9.400 millones de euros confiscados.

Ahora bien, esto supone que, pese al patrimonio confiscado, se le da valor cero a una entidad que los bancos de inversión creen que en 2020 aportará más de mil millones netos anuales al Banco Santander. Morgan Stanley había valorado el negocio del Popular en 9.300 millones de euros, antes de la supuesta ampliación que pretendía Saracho.

Todo esto que aquí se recoge, pone de manifiesto la magnitud de la confiscación padecida por los afectados del Popular y el enorme beneficio registrado por Banco Santander. Añádase a esto que la ampliación de capital por 7070 millones de euros que el Santander anunció hace un año para comprar el Popular se destinó, como se refleja en las cuentas anuales del Santander, a cubrir un desfase de más de 8.000 millones que el Santander tenía en el cambio de divisas. Es más, según esas cuentas, el año en que Santander “le hizo el favor al Estado” de comprar el Popular, el Banco Santander perdió 118 millones de euros, su resultado neto atribuible a los accionistas del Santander según su auditor PwC.

Si alguien puede arreglar este desaguisado es el Banco Santander.

La figura jurídica del «huido» es una creación del juez Llarena que no existe en el proceso penal español

Juez Fernando Presencia
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La figura jurídica del «huido» es una creación del juez Llarena que no existe en el proceso penal español

El episodio ocurrido en febrero de este año cuando el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena devolvió el escrito presentado por la representación procesal de Carles Puigdemont, indicándole que no se le tenía por personado en tanto en cuanto no fuera hallado -a pesar de que se sabía que tenía su residencia en Waterloo- o se pusiera a disposición del tribunal, suponía la puesta de largo de un nuevo concepto jurídico, el del “huido”, del que sin embargo no existe una sola referencia en la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Este invento jurídico del “huido” ha vuelto a hacer aparición en el auto de fecha 9 de julio de 2018, en el que el magistrado constaba que Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluis Puig, Marta Rovira y Anna Gabriel “huyeron” a otros países con motivo de su investigación penal, de modo que a todos ellos les aplicaba el artículo 834 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y los declaraba en rebeldía.

Sin embargo, y a pesar del abuso que hace el juez Llarena de este término, la Lecrim no hace referencia para nada al término “huido” en ninguna parte de su articulado, ni tampoco se refiere a él ni siquiera por aproximación, teniendo en cuenta que su empleo se debe más bien a una confusión de los requisitos y efectos de la declaración de rebeldía en el derecho procesal español.

Según explicaba el magistrado en el auto en que declaraba la rebeldía de los “huidos”, ciertamente los artículo 834 y 839 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen que un procesado será declarado en rebeldía si en los términos fijados en la requisitoria del juez no se presenta ante éste o ante otro tribunal que conozca de la causa, en cuyo caso continuará el sumario hasta que se declare terminado por el juez competente, que suspenderá su curso solo para los rebeldes.

El problema es que en el referido auto se deja de aplicar por completo el artículo 835, que es el que hace referencia precisamente a los supuestos en los que cabe llamar a los encausados por requisitorias, donde no aparece por ninguna parte el procesado que estuviera “huido”.

Dice el precepto en cuestión que, será llamado por requisitorias el que se oculta porque no tiene domicilio conocido o se ignora su paradero, el que se fuga del establecimiento en el que se hallare detenido o preso, y el que hallándose en libertad provisional dejare de acudir al juzgado cuando fuera llamado.

El que “huye” al extranjero pero tiene domicilio y paradero conocido y además se pone a disposición de las autoridades judiciales de otro estado de la Unión para responder ante una orden europea de detención (ODE), no puede ser declarado en rebeldía. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal la declaración de rebeldía solo tiene lugar cuando el reo no fuera hallado por estar en ignorado paradero o se hubiera fugado del establecimiento en el que se hallare detenido o preso, pero no es de aplicación cuando el procesado se sabe donde está y además se ha puesto a disposición de las autoridades del estado receptor.

El procesado que se pone a disposición de otro estado de la Unión Europea con la finalidad exclusiva de cuestionar la independencia de los tribunales españoles no puede ser declarado en rebeldía, porque en realidad sí que se está sometiendo a los tribunales del estado emisor pero a través del tribunal del estado que está ejecutando la reclamación.

Además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho recientemente en su sentencia de 25 de julio de 2018, en el asunto C-216/18 PPU, que una autoridad judicial que ha de pronunciarse sobre la ejecución de una orden de detención europea debe abstenerse de darle curso si considera que la persona de que se trate correrá el riesgo de que se viole su derecho fundamental a un juez independiente y, con ello, el contenido esencial de su derecho fundamental a un proceso equitativo, debido a deficiencias que pueden afectar a la independencia del poder judicial del Estado miembro emisor.

Por esa razón la artimaña del Juez Pablo Llarena, a través de la vía oblicua que supone la declaración de rebeldía de Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluis Puig, Marta Rovira y Anna Gabriel, debe calificarse como un fraude de ley para evitar la eficacia del Auto de fecha 12 de julio pasado del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, que confiaba en que los tribunales españoles respetarían el principio de especialidad y no procesarían al perseguido Puigdemont tras su extradición por el delito de rebelión.

Puertas giratorias: del escaño al sueldo con seis cifras

José Antequera
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Puertas giratorias: del escaño al sueldo con seis cifras

Cuenta la historia que el invento de las puertas giratorias fue patentado por el ingeniero estadounidense Theophilus Van Kannel un caluroso día de agosto de 1888. Su innovador artefacto, que permitía entrar y salir a la gente de los grandes rascacielos del país sin necesidad de hacer esfuerzos, le sirvió para recibir la medalla John Scott, un preciado galardón que reconoce el mérito de aquellos inventos que han servido para llevar «comodidad, bienestar y felicidad a la Humanidad». No sabemos si el señor Van Kannel encontró la felicidad absoluta después de aquello, pero sin duda sí la han alcanzado muchos políticos españoles que tras dejar la vida pública se han colado por una de esas puertas misteriosas que dan a un despacho olímpico sobre las nubes y a un salario anual con seis cifras.

El fenómeno de las puertas giratorias se remonta en la historia hasta la época de Antonio Maura

Pero empecemos por el principio. Técnicamente, el fenómeno de la puerta giratoria se define como el acceso de determinadas personas que hayan ostentado cargos públicos a los consejos de administración de las grandes empresas multinacionales que operan en sectores estratégicos del Estado. La definición también puede aplicarse a la inversa, es decir, empresarios que suspenden su actividad privada para probar suerte en la vida parlamentaria. La maniobra es tan antigua como la política misma y ya en los tiempos de la Restauración la relación entre familias de empresarios acaudalados y políticos en ejercicio era tan estrecha que permitía a unos y a otros entrar y salir de los negocios y del Gobierno a su antojo. Se cuenta que el mismísimo Antonio Maura, cinco veces presidente del Consejo de Ministros durante la Restauración, selló una alianza mercantil al casarse con la hermana de su abogado y hombre de negocios, Germán Gamazo, que tuteló la carrera de Maura hasta llevarlo en volandas a la presidencia del Gobierno. Caciquismo y política se unían en una alianza perfecta que perdura en nuestros días.

La puerta giratoria siguió funcionando a pleno rendimiento durante los cuarenta años de franquismo, como no podía ser de otra manera, y con la llegada de la democracia en 1978 el fenómeno, lejos de ser liquidado, no ha hecho más que afianzarse entre nuestra clase política. Las estadísticas dicen que durante los mandatos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, al menos tres de cada diez ministros dejaron la política al cesar en sus cargos para enrolarse en actividades en la empresa privada como vocales de los consejos de administración, en labores de representación y asesoramiento y hasta como eficaces lobistas. En solo un año, las puertas giratorias han proporcionado jugosos sueldos por valor de 21,4 millones de euros a 43 expolíticos del Ibex 35.

No solo presidentes del Gobierno como Felipe González y José María Aznar se han beneficiado  de esta práctica; la lista de altos cargos del Estado que han entrado y salido por las puertas giratorias es larga: desde ministros a secretarios de Estado, pasando por subsecretarios, secretarios generales, delegados del Gobierno, jefes de misiones diplomáticas y miembros de los organismos reguladores o de supervisión. Este mal hábito de nuestra clase dirigente no beneficia en nada a la higiene democrática del país, no solo porque la estrecha relación entre políticos y empresarios suele ir acompañada de una falta total de transparencia y turbios tejemanejes, sino porque en no pocas ocasiones, cuando un cargo público cesa en su puesto y firma un contrato multimillonario por una gran multinacional, suele recaer sobre ese fichaje la sombra de la sospecha, con el consiguiente malestar en la ciudadanía y el descrédito para el sistema. Además, la línea que separa lo público de los negocios privados cada vez es más difusa y generalmente termina prevaleciendo el interés de la multinacional sobre el de los ciudadanos. Son innumerables los casos en que un cargo público ha tomado decisiones políticas para favorecer a un sector económico antes de dejar la política, atravesar la puerta giratoria de turno y recalar en una gran multinacional. “Por supuesto que puede darse el caso de que una gran empresa privada compre la voluntad de un político prometiéndole un alto puesto directivo a cambio de decisiones políticas. ¿Que cómo se hace? Pues de forma velada, discreta. Esto no se hace en un reservado con la firma puntual de un documento sino que todo es mucho más inercial, más sutil, lo que convierte estas prácticas en aún más peligrosas. Lo que queremos es que se regule de una vez por todas la situación para que la puerta giratoria no sea un privilegio de algunos políticos”, asegura a Diario16 María Auxiliadora Honorato, diputada nacional de Podemos.

La formación de Pablo Iglesias presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que exige que se establezca la prohibición “permanente y absoluta” de que los altos cargos públicos, como ministros y presidentes del Gobierno, puedan acceder a los consejos de administración de las grandes empresas de sectores estratégicos del Estado. En la actualidad, ese periodo de carencia es de solo dos años y ni siquiera se cumple, ya que en muchas ocasiones el político utiliza la triquiñuela de fichar por una filial extranjera para colocarse acto seguido en la empresa madre, saltándose ese periodo de carencia o suspensión de dos años. Con ser novedosa la propuesta de Podemos, fue rechazada en el Congreso de los Diputados tras la abstención del PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del PP. Además, la formación morada reclamó que se amplíe de dos a diez años el periodo de carencia antes de que los cargos políticos puedan prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado beneficiadas por decisiones tomadas por ese responsable gubernamental en ejercicio de su cargo. “Tenemos que regular estas prácticas que están ahí, ya que según nuestra experiencia ningún político que agota su mandato ficha por una oenegé como Intermon Oxfam. Qué curioso que siempre terminen en consejos de administración de grandes empresas de sectores estratégicos”, asegura Auxiliadora Honorato. Podemos considera que estas prácticas ocultas pueden estar íntimamente relacionadas con muchos casos de corrupción detectados en los últimos años en España.

La clave del problema es la falta de transparencia y el vacío legal de la legislación española en todo lo que se refiere a las puertas giratorias. Ningún Gobierno se ha atrevido hasta ahora a regularlas, en buena medida por el poder que ya tienen los lobbies o grupos de presión, que tratan de influir en las leyes que se van aprobando a cambio de colocar al político de turno en su cuadro directivo una vez que abandone la vida pública. Pero, ¿cómo actúa el lobista? Hasta hace bien poco, en el Parlamento Europeo se contabilizaban oficialmente entre 20.000 y 30.000 grupos de presión, despachos de lobbies que se gastan miles de millones de euros en personal cuya única misión es relacionarse con los eurodiputados, hacer amistad con ellos en los pasillos de Bruselas e influir en sus decisiones legislativas. Finalmente, la UE ha terminado por regular con medidas más restrictivas el fenómeno del lobby, íntimamente ligado al de las puertas giratorias, pero en el Parlamento español la legislación sigue siendo insuficiente, cuando no opaca. “No creo en conspiraciones pero a menudo vemos cómo nos llegan a los diputados invitaciones de grandes empresas como Philip Morris, en la que nos piden una reunión para supuestamente hablar de temas como el sistema impositivo que se aplica a la industria tabacalera”, explica Auxiliadora Honorato. Y ahí es donde entra el “pasillista”, el lobista cuya misión principal es contactar con el político adecuado para ofrecerle una recompensa, un premio, un puesto en el consejo de administración de la compañía para cuando se jubile o deje el cargo parlamentario o gubernamental. En España, los grandes lobbies suelen ser empresas constructoras, 11 de las cuales se encuentran entre las 20 mayores del mundo. La propia patronal de la construcción elabora propuestas para tratar de influir en las leyes que se aprueban.

La Complutense debe explicar la docencia no cualificada de Begoña Gómez

Santiago Aparicio
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La Complutense debe explicar la docencia no cualificada de Begoña Gómez

Inquietante el panorama que están dibujando los medios de comunicación sobre el curriculum vitae de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su fichaje por el Instituto Empresa (IE) para dirigir el centro de Estudios sobre África. Diversas investigaciones periodísticas, que no han sido desmentidas, y que parecen corroborarse por el propio currículo de la persona interesada, apuntan a que Gómez no tendría licenciatura en Marketing, ni título oficial alguno. ¿Impiden estas informaciones que el IE la contrate? No, pero sí que habría algunas limitaciones como se verá. Pero lo que causa perplejidad es que haya podido impartir docencia en una universidad pública. Vayamos por partes.

La información que aparece en su CV nos dice que Gómez curso estudios de Marketing en una Academia privada, o un centro de estudios superiores, esto es, un centro de estudios especializados para aquellos y aquellas que no obtenían el ingreso a la Universidad o que deseaban estudiar de esa forma. M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios no ofrecía en los años en que estudió Gómez estudios universitarios, eran profesionales y sin necesidad de nota de selectividad ni nada por el estilo. Por tanto, primera incidencia curricular (algo que parece normal entre personas de la política y/o cercanas). No tiene licenciatura en Marketing, no oficial, ni oficiosa. Para ello tendría que haber ido a la Universidad y estudiar Empresariales.

A Santos Cerdán, el coordinador Territorial del PSOE, se le llenó la boca afirmando que el curriculum de Gómez le hacía merecedora de entrar a trabajar en el IE. Pues parece que no tiene licenciatura, y lo otro que ha estudiado es otro curso o Master profesional, sin validez académica. Para trabajar como cargo directivo, y sólo como cargo directivo, puede trabajar en el IE quien así desee la dirección. Cuestión de estrategia empresarial. Siempre y cuando sea un cargo profesional y al ser un centro docente privado. No pasa lo mismo en la Universidad pública.

Como ya dijimos en estas mismas páginas hace unos días, el Instituto Empresa habría fichado a Gómez para que se le abran puertas, nada extraño en sí. Ahora bien, como cuenta El Mundo suena raro que se haya contactado para ello a Javier Solana y Josep Borrell. Hace dos meses, nada más llegar Sánchez a la presidencia del Gobierno, se produjeron los primeros contactos, concretamente con Borrell en un privado del Hotel Wellington. Diego del Alcázar, jefe del IE, tanteó con el ministro de Exteriores la posibilidad de que Gómez dirigiese el Centro de Estudios sobre África. Una buena gestión empresarial que deja bien a las claras la permeabilidad de política y grandes grupos empresariales. Nada nuevo. Poco ético para muchas personas, pero no ilegal. Lo que sí ha podido ser ilegal es la docencia de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Según ese mismo curriculum Gómez habría dirigido e impartido docencia en el Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro de la UCM. Pues debería haberlo hecho, ni podría hacerlo porque carece de licenciatura (lo que hoy se conoce como grado). Profesionalmente puede ser la mejor, pero para ser profesor universitario, aunque sea tipo asociado (profesional y/o experto), se debe tener un título mínimo como la licenciatura. A ello debería sumarse investigaciones académicas si es algo más que profesor asociado y, especialmente, tener acreditación de la ANECA. Es de suponer que el Centro Superior de Estudios de gestión habrá verificado la titulación oficial y que su directora Paloma Román, otrora vinculada al PSOE, habrá cotejado los títulos y acreditaciones.

Por todo ello la UCM debería dar explicaciones sobre el porqué de la docencia de una persona que no está cualificada para ello. Algo que deberá hacer también el IE si Gómez impartiese clase de algún tipo. No posee, como han demostrado las diversas investigaciones y ella reconoce en su CV, titulación académica alguna para poder impartir docencia universitaria y académica a ese nivel. Puede dar clases si quiere en una academia privada, pero en la universidad pública no, y en la privada tampoco. No tiene cualificación, ni acreditación de la ANECA para ello. Puede dirigir centros pero no impartir docencia, ni hacer programas docentes. Si no hizo carrera en su día no es problema de muchísimas personas que sí lo hicieron, que pasaron su selectividad, que estudiaron cinco o seis años de licenciatura (no cuatro), que hicieron sus cursos e investigaciones y que hoy no imparten docencia por no estar acreditados (el gran misterio que Pedro Duque quiere modificar de las acreditaciones de la ANECA). Ellos hicieron sus licenciaturas y doctorados (un 8% en el paro) y Gómez no. Podrá dirigir, con muchas sospechas, un Centro de Estudios pero no impartir clase. Y la UCM deberá explicar por qué tiene/tenía una profesora sin cualificar.

Juventudes Socialistas urge a impulsar un “cambio radical” en las políticas de juventud: “Con el PP, Lorca no es ciudad para jóvenes”

Martha Golfín
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Juventudes Socialistas de Lorca (JSL) han urgido, con motivo del día Internacional de la Juventud, a impulsar un “cambio radical” en las políticas locales para devolver a la juventud lorquina “la ilusión por el futuro” arrebatada por las “nefastas políticas” del Partido Popular durante la última década. “Con el PP, Lorca no es ciudad para jóvenes”.

En este sentido, Lorca fue ayer «uno de los pocos municipios de la Región y del país que no tuvieron ni una sola actividad” para conmemorar el Día Internacional de la Juventud; efeméride por acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) del 17 de noviembre de 1999 con el objetivo de “promover el papel de los jóvenes como socios esenciales en los procesos de cambio y crear una oportunidad para generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos se enfrentan”.

Para el Secretario General de Juventudes Socialistas de Lorca, José Ángel Ponce, lo que ha hecho el PP este 12 de agosto es confirmar su “vacío” hacia la juventud, al ser “incapaces”, ni siquiera en el “día D” de programar actividades en pro de la juventud lorquina.

‘Lo más preocupante’, asegura, es que ni este día vaya a suponer un “estímulo” en un partido y un equipo de Gobierno “sin proyecto ni propuestas para la juventud lorquina” que han terminado haciendo de Lorca un municipio “que no mira a sus jóvenes”, tanto en la ciudad como en pedanías.

«La precariedad laboral, las tremendas dificultades a la hora de poder emanciparse junto a la nula oferta de ocio joven» han hecho que el “éxodo” sea la única salida para los y las jóvenes, que en el caso de las pedanías, “se agudiza aún más”.

En Lorca, el PP ha hecho que encontrar un empleo estable, optar a un alquiler social o a una “vivienda joven”, o tener alternativas de ocio “asequible”, cualquier día y especialmente en fin de semana, sea “misión imposible” para las y los jóvenes lorquinos.

La formación y la preparación de los exámenes también se convierte en una “dificultad” al no encontrar “en todo el término municipal” espacios habilitados en horario 24 horas,  pese a la gran demanda que hay entre el colectivo de estudiantes. El PP ha sido incapaz de atender esta reivindicación estudiantil recogida en numerosas ocasiones por el PSOE y Juventudes Socialistas, a través de varias iniciativas llevadas al Pleno del Ayuntamiento de Lorca.

La caída de la oferta de ocio juvenil en la última década es “notable”, así como tampoco se han materializado ni uno de los grandes compromisos en materia de juventud.

La desaparición del Salón del Estudiante, que atraía a miles de jóvenes al municipio al tiempo que servía de estímulo para la juventud local, o el proyecto de la Casa de la Juventud en el camino Marín, del que solo queda “la primera piedra que se puso en 2009” son algunos de los ejemplos más significativos de la “escasa apuesta” de los gobiernos del PP por la juventud lorquina, únicamente a merced del buen hacer del, por otra parte, cada vez más escaso tejido juvenil asociativo.

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