martes, 27 enero, 2026

Las puertas giratorias como factor de empobrecimiento de un país

Cuando los altos cargos cesan en sus puestos y pasan a la empresa privada suelen llevarse consigo, además de su experiencia de Gobierno, sus agendas con importantes secretos de Estado que ponen en manos del empresariado privado a cambio de jugosas comisiones, salarios y royalties. Está comprobado que el fenómeno de las puertas giratorias influye negativamente en el funcionamiento de la propia economía, perjudicándola, ya que no siempre los políticos que llegan a los consejos de administración de las empresas del Íbex 35, gracias a sus contactos o por amiguismos, son las personas más preparadas para dirigirlos, de tal forma que sus decisiones erróneas terminan afectando a los ciudadanos. Puede ser el caso de las constantes subidas en la factura de las tarifas de la luz registradas en los últimos años en España, y que algunos expertos explican como el precio que hay que pagar por el fichaje de conocidos políticos en empresas como Iberdrola o Gas Natural.

La puerta giratoria funciona en ambos sentidos, no solo desde la política al sector privado, sino también al contrario. En general, una puerta giratoria es un chollo para quien se beneficia de ella pero no suele ser buen negocio para la empresa privada, ya que prevalecen los favores personales, las recomendaciones, los amiguismos y las connivencias en lugar de la preparación profesional y el currículum del aspirante. En muchos casos, el recomendado ni siquiera asiste a las reuniones del consejo de administración de la compañía en la que es colocado como premio a los años de servicios prestados durante su trayectoria política y se limita a firmar la recepción de la nómina con las dietas pertinentes a final de mes. Es el retiro dorado con el que sueñan muchos diputados y senadores. Magnífico sueldo y poco trabajo. Tal es el caso de Ricardo Romero de Tejada, el que fuera alcalde de Majadahonda por el PP y consejero de la tristemente quebrada Bankia. Romero de Tejada es uno de los involucrados en el caso de las «tarjetas black» de Caja Madrid. Durante su etapa de consejero en la entidad se gastó, presuntamente, 212.216 euros con su tarjeta opaca, lo que le costó, en enero de 2015, ser imputado por esta causa.

Grandes agujeros y desfalcos se han producido en empresas multinacionales precisamente por esa mala costumbre de andar colocando en cargos directivos a políticos amigos recién salidos de la función pública cuyo único mérito es estar en posesión de una carta de recomendación del ministro de turno o haber hecho un par de favores a la compañía durante sus años en el cargo. Rodrigo Rato, en otro tiempo todopoderoso ministro de Economía y hoy imputado por el caso Bankia y las “tarjetas black”, es el campeón de las puertas giratorias. El llamado padre del milagro económico español estaba llamado a ser el sucesor de Aznar en la presidencia del Gobierno, oferta que Rato rechazó hasta en dos ocasiones, lo que propició que el presidente del Gobierno optara finalmente por Mariano Rajoy como heredero del partido. Rato dejó la política en 2004 para ser nombrado director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) que no es una puerta giratoria cualquiera, sino la puerta giratoria con mayúsculas, el portón dorado con el que sueña todo economista y hombre de negocios que se precie. Más alto no se puede llegar a menos que uno viaje a la Luna. Allí, en el Olimpo de las finanzas mundiales, trabajó el aclamado exministro durante tres años, hasta que finalmente presentó su dimisión en 2007 alegando motivos personales. Su gestión fue nefasta y su salida del organismo internacional marcó el principio del fin de su reputación personal y profesional. Un informe interno del FMI señala que los años de mandato de Rodrigo Rato al frente de la entidad fueron muy negativos para la economía global, ya que precedieron al estallido de la crisis de 2008 de la que aún no hemos levantado cabeza. Según el FMI, entre 2004 y 2007 se vivió una burbuja de optimismo mientras se gestaba la mayor crisis financiera desde el crack del 29. El informe detectó deficiencias organizativas, batallas internas, falta de comunicación, presiones políticas, autocensura y falta de supervisión y control por parte de la dirección del FMI. Tras su paso por Washington, Rato recaló en el Lazard, un banco de inversiones francoestadounidense, y más tarde fue nombrado consejero asesor internacional del Banco de Santander, del que sería despedido posteriormente por su implicación en los escándalos. Finalmente fue designado presidente de Caja Madrid y más tarde de Bankia, una historia cuyo triste final ya conocemos. La salida a Bolsa de la entidad propició la foto de un Rato eufórico tocando la campanilla del engaño, sonrisa triunfante y pulgar erguido, y también la descapitalización de la entidad, la vergüenza de las “tarjetas black”, el despilfarro sin medida, un desesperado plan de reflotamiento de la entidad por valor de 6.000 millones de euros de dinero público, el contagio de las demás cajas y bancos (que fueron cayendo como piezas de dominó) y el rescate del sistema financiero español por Bruselas, que inyectó 100.000 millones de euros para evitar la quiebra total. Nada de eso impidió que Rodrigo Rato se fuera a su casa tras haber cobrado un sueldo nada despreciable de 2,34 millones de euros, uno de los más elevados en la historia de los ejecutivos de banca.

Ángel Acebes es otro habitual de las puertas giratorias. El ministro del Interior de Aznar cuya carrera política quedó prematuramente truncada por su nefasta gestión tras los atentados del 11M sabe bien cómo desenvolverse entre puerta y puerta. Tras dejar la política en activo fue designado consejero del Banco Financiero de Ahorros (BFA) matriz de Bankia, donde nadie le informó del enorme agujero en las cuentas que arrastraba la entidad, según declaró él mismo ante los magistrados de la Audiencia Nacional que lo citaron a declarar al igual que a Rato. Sus excusas y explicaciones no le sirvieron de mucho, ya que finalmente fue imputado por la comisión de un delito de apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas en el caso Bankia. Sin embargo, a la compañía energética Iberdrola debió gustarle mucho la gestión de Acebes al frente del grupo Bankia, ya que en abril de 2012 le ofreció un suculento contrato como consejero externo. La confianza de la empresa en el ex político del PP fue máxima, ya que lo mantuvo en el consejo asesor pese a su imputación por los casos Bankia y los papeles de Bárcenas. Durante su paso por Iberdrola, Acebes llegó a cobrar 300.000 euros anuales, unos 25.000 al mes. Eso sí, Bankia terminó en la quiebra técnica.

La lista de políticos del PP enchufados en el sector privado tras una más o menos dilatada carrera política no es precisamente corta. Josep Piqué, ex ministro de Industria y de Asuntos Exteriores, además de portavoz del Gobierno con José María Aznar, terminó como presidente de la aerolínea de bajo coste Vueling y fue consejero de Airbus a instancias del Gobierno español antes de ser contratado como directivo de OHL, la constructora de Juan Miguel Villar Mir. En total, estas actividades le habrían reportado al exministro alrededor de 800.000 euros brutos. De vez en cuando, Piqué se permite dar alguna que otra conferencia sobre innovación y desarrollo empresarial en España, esa parcela de la economía que los sucesivos gobiernos del PP han abandonado por completo. Otros nombres históricos del Partido Popular han logrado colocarse en grandes empresas como José Folgado, ex secretario de Estado de Energía y Presupuestos con Aznar, quien consiguió un puesto como presidente del consejo de administración de Red Eléctrica de España. Allí se ha embolsado un sueldo anual de más de 700.000 euros. O Marcelino Oreja Arburúa, hijo de Marcelino Oreja Aguirre, ministro con la UCD, que tras pasar por el Parlamento europeo como diputado por el PP, llegó a ser presidente de Feve y terminó recalando como consejero delegado en Enagás.

La nieta de Pinochet, obligada a devolver terrenos usurpados por su abuelo

A Francisca Lucía Ponce de Pinochet la ha puesto en su sitio la justicia chilena. La nieta del dictador ha perdido un larguísimo juicio (comenzó en 2014) en el que proclamaba que las tierras ocupadas por la tribu indígena de Puyehue eran parte de su herencia. Un juez chileno ha dado sin embargo la razón a la tribu, puesto que las tierras en cuestión fueron usurpadas por Pinochet en primer lugar.

La nieta del militar y dictador chileno ha preferido mantener el silencio ante el fallo de los jueces. Y es que la familia descendiente de Pinochet tiene varios litigios abiertos, y escasas perspectivas de poder ganar ninguno de ellos. De acuerdo con la prensa del país suramericano la viuda del dictador también ha intentado cometer fraude, al vender a sus hijos y nietos terrenos obtenidos por su marido, para así evitar tener que pagar el impuesto de la herencia.

Otro de los frentes abiertos para los Pinochet es la deuda familiar; según el Servicios de Impuestos Internos de Chile, hace un año y medio alcanzaron los cuatro millones de euros. Una cifra a la que se suman los 13 millones de dólares demandados por la Corte Suprema chilena por la apertura de cuentas en Estados Unidos con fondos públicos, según demostró la investigación judicial del “caso Riggs”.

En general, la conciencia pública de Chile y la imagen que tiene la prensa de la familia Pinochet no es buena. Una situación que contrasta con la Española. En nuestro país, Mariano Rajoy, un día antes de que se hiciese efectiva la moción de censura que lo descabalgaba del Gobierno, aseguró la vigencia del ducado de Franco. Un ducado creado en 1975 por el Rey Juan Carlos, que pasó por las manos de Carmen Franco Polo, y que ahora está en las manos de la “nietísima”, Carmen Martínez-Bordiu Franco.

No sólo se quedaba ahí el Gobierno del PP; el ministro de justicia Rafael Catalá otorgó a Carmen Martínez-Bordiú, la nieta del fallecido Caudillo, el título de duquesa y “grande de España”. Una situación que por suerte no se sostuvo durante mucho tiempo, con el cambio de Gobierno. Ahora los socialistas (que registraron en su día una petición para que se anulase el ducado) han anunciado que pretenden suprimir de forma total el título, citando la finalidad de “dignificar a quienes fueron asesinados o represaliados”.

Aún así, la situación de la “nietísima” difiere y mucho de su homónima chilena. Entre los privilegios más conocidos, se cuentan la posesión de la finca gallega Pazo de Meirás (la que podría ser expropiada) y la posibilidad de adquirir terrenos en Sevilla, a través de una sociedad off shore en Panamá. Y es que en España la imagen que se tiene de Franco aún es generacional, y todavía queda quienes le ven como un líder, y no como el dictador que fue.

A Rivera y Girauta ahora sí les gustan los populistas

Ciudadanos es ese partido que afirma sin ruborizarse que viene a regenerar y renovar el sistema político; ese partido que lucha contra los populismos que podrían causar la quiebra de España; ese partido cuya máxima es la preocupación por la mayoría de las personas; ese partido que quiere acabar con el capitalismo de amiguetes; en resumen, ese partido cuyos miembros mienten más que hablan. Porque la verdad es que son tan populistas como a los que llaman populistas, aunque a diferencia de estos últimos en la formación naranja utilizan la llamada al pueblo/España para que la clase dominante siga mandando y acumulando riquezas. Mienten día tras día cuando de conservar el poder y seguir en el machito se trata. Lo hicieron cuando quebraron Valdemoro, el único caso donde se quebró algo ya quebrado. Lo hacen cuando apoyan a Gabriel Amat en Roquetas de Mar y en la Diputación de Almería a pesar de estar cercado por la corrupción.

La última ha acontecido en Arroyomolinos, un pueblo al sur de Madrid de 30.000 habitantes, y último lugar medio decente que les queda donde gobiernan. Famoso el lugar no por alguna cuestión destacable por haber sido imputado su alcalde, de Ciudadanos, a causa de la operación Enredadera, como ha sucedido con otros cargos de su partido. La secta naranja ha conseguido mantener la alcaldía con Andrés Martínez, que se ha deshecho en elogios para Carlos Ruipérez, el ex-alcalde imputado, de quien ha dicho que es un “hombre buen y honesto”. Y esto con la aprobación de César Zafra, secretario de organización en Madrid, a quien no se le ha caído la cara de vergüenza con esas palabras.

Hasta aquí podría ser todo normal, pero los apoyos recibidos es lo que sorprende. Los independientes de PIArr no sorprende, pero los otros apoyos sí. Juan Carlos Girauta lleva años atizando a todo lo que huela a izquierdas en general y a Podemos en particular. A éstos últimos que califica, como hace su jefe, de populistas peligrosos y destructores les tiene especial tirria. Tanta como a los nacionalistas de cualquier tipo. Lo mejor de todo es que sus vómitos en redes y medios de comunicación los quiere camuflar de cierto intelectualismo que no soporta ni el pluralismo de Robert Dahl. Claro que lo peor es cuando se pone a tocar la guitarra (que alguien le diga que sí, que en su casa lo que quiera pero que no haga sufrir a los demás). A Albert Rivera tampoco se le cae de la boca el peligro de los populistas, eso sí, con menos gracia y mala leche que Girauta. Pues estos dos señores han dado el visto bueno a que ¡¡¡los populistas de Arroyomolinos!!! les apoyen. Sí. Tal y como lo leen.

Ciudadanos tiene la alcaldía porque dos de los tres concejales de Arroyomolinos sí puede (la dirección regional de Podemos no les reconoce en sí) les han votado. Al igual que lo han hecho los dos tránsfugas del PSOE y el ex-concejal investigado de la formación naranja Juan José González. Los que venían a regenerar la política ahora se juntan con presuntos corruptos y populistas peligrosos para mantenerse en el poder a toda costa. Les da igual la cuestión ética, nunca la han tenido. Girauta ha pasado por todos los partidos políticos para ver donde le reían sus gracias y sus ideas peregrinas, cercanas al pensamiento de Federico Jiménez Losantos, que es su gran influencia. ¿Qué ética puede predicar?

Rivera y Girauta los dos grandes artífices del populismo sistémico en España, esas personas que buscan dividir y extender el odio, que ejercen el cuñadismo a todas horas, que son los títeres del establishment, se juntan con corruptos y populistas. ¿Esta es la regeneración que venían a aplicar en España? Pues se parece mucho a la del bipartidismo. Y todo ello porque ven que se quedan sin espacio electoral ante la llegada de Pablo Casado a la dirección del PP y la subida al gobierno de Pedro Sánchez. Eso sí que es una pinza a Ciudadanos, ese partido que carece de ética, de valores y de ideología. Sólo están en política para servirse ellos y ellas y a sus jefes en el Ibex-35. Por ello no les importa juntarse con corruptos y populistas, porque el poder lo necesitan. Y queda en el aire algo que Alfonso Serrano se ha preguntado, ¿qué oscuros intereses habrá detrás para ese acuerdo contra natura?

El PSOE celebra los primeros pasos para el inicio de las obras de construcción del Palacio de Justicia de Lorca

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, María Antonia García Jiménez ha destacado los “primeros pasos” que señalan el inminente inicio de las obras del Palacio de Justicia de Lorca.

Desde el día de ayer, varios operarios trabajan en el desbroce de la parcela que albergará el futuro Palacio de Justicia, confirmando así el inicio próximo de un proyecto paralizado durante años, y que ahora avanza con independencia, además, del próximo acto institucional, que marcará el inicio oficial de estas obras. Cabe recordar que el anterior Gobierno de España fue capaz de retrasar el inicio de las obras durante varios meses, con el único fin de cuadrar la agenda del anterior Presidente, Mariano Rajoy, para que éste pudiera acudir al acto de colocación de la “primera piedra”.

La Edil ha querido destacar el compromiso del nuevo Gobierno de España hacia la consecución de esta nueva infraestructura judicial “fundamental” para la recuperación estratégica que necesita el Casco Histórico de Lorca, y que marcará “un antes y un después” tanto para el trabajo de los profesionales de la justicia como para la mejora de la calidad, por tanto, de la prestación que reciben los ciudadanos.

Atrás quedan años de “parálisis” y de “continuas promesas incumplidas” sobre un proyecto que es una “reivindicación histórica” de los profesionales de la justicia en Lorca, y del que por fin empezamos a ver “hechos” en lugar de “mera palabrería y anuncios vacíos”.

Estos primeros pasos, insiste, apuntan a que “todo va según lo previsto”, contradiciendo a quienes se apresuraron en “mentir y alarmar” asegurando que “este, junto a otro proyectos fundamentales para Lorca y que dependen del Gobierno central estarían en riesgo con el nuevo Gobierno de España”.

“Es evidente que el Gobierno de España, del Presidente Pedro Sánchez, cumple con Lorca y cumple con los lorquinos, manteniendo como prioritaria esta inversión y, sobre todo, adelantando el inicio de estas obras que estaban completamente paralizadas”.

Andalucía acoge el 75% de los casi 600 linces ibéricos de la Península

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Andalucía acoge el 75% de la población de lince ibérico de la península, que asciende a 593 ejemplares, según el último censo oficial de finales del pasado año. La comunidad autónoma, que cuenta con 448 individuos, ha impulsado tanto la conservación como las políticas de reintroducción del felino más amenazado del planeta primero, en la propia comunidad y, posteriormente, en Extremadura, Castilla-La Mancha y Portugal. En esta labor ha sido fundamental el trabajo realizado con los propietarios de fincas privadas, con las sociedades de cazadores y con la comunidad científica.

En 2002, sólo quedaban 94 individuos de lince ibérico en el mundo y todos ellos en Andalucía. Quince años después, su población se ha multiplicado por más de seis y el lince ibérico ha pasado de ser una especie en «peligro crítico de extinción» a una «especie en extinción», según el listado de la Unión Internacional para la Conservación del Naturaleza (UICN).

El camino recorrido para evitar la desaparición del lince comenzó a finales de los años 80 con la aplicación por parte de la Junta de Andalucía de políticas de conservación. Más adelante se establecieron medidas concretas articuladas a través de diferentes programas LIFE de la Unión Europea hasta llegar al actual: el LIFE+Iberlince.

El LIFE+Iberlince, que se inició en el año 2011, cuenta en total con 22 socios de España y de Portugal. Esta iniciativa da continuidad al trabajo realizado desde Andalucía para propiciar la recuperación de esta especie en peligro de extinción y ha sido reconocido por la Unión Europea en numerosas ocasiones. El proyecto para la Conservación y Reintroducción del Lince Ibérico en Andalucía ha sido señalado como la mejor iniciativa que se ha ejecutado en Europa en los 25 años de existencia del programa LIFE, dentro del área Naturaleza y Biodiversidad.

En las áreas de reintroducción nuevas de Portugal, Extremadura y Castilla-La Mancha, la población va creciendo y se están consolidando los objetivos previstos en el Proyecto LIFE+Iberlince de 5 hembras territoriales por zona de reintroducción. En este crecimiento cabe destacar la población de Montes de Toledo que ha alcanzado los 45 ejemplares con 7 hembras territoriales y 17 cachorros.

Por otra parte, se han iniciado las conexiones entre las diferentes áreas de reintroducción, lo que nos indica que el objetivo que se va a plantear en el futuro proyecto Life Naturaleza de conectar las diferentes áreas de presencia y reintroducción, es posible. En este momento existe un intercambio fluido de ejemplares entre Guadalmellato-Cardeña-Andújar-Guarrizas y de esta última zona con Sierra Morena oriental, en Ciudad Real, además, algunos ejemplares se han movido entre Valle de Matachel, Badajoz y Montes de Toledo y Sierra Norte de Sevilla y entre Doñana, Huelva y Vale do Guadiana, Mértola, Portugal.

Salir y relacionarse sexual y afectivamente sin miedo a sufrir agresiones sexuales

La Secretaria de Feminismos e Igualdad LGTBI de Podemos Región de Murcia, Concha García Altares se ha referido al último caso que se está investigando en Murcia de agresión sexual, denunciado por la víctima el pasado domingo día 12 de Agosto (que se suma a los ocurridos la semanas pasadas en Águilas y Puerto Lumbreras) y ha afirmado que “las mujeres víctimas de esas agresiones sexuales, denunciaron lo ocurrido, lo cual, “pese a lo difícil de la situación, las mujeres ya no nos callamos y denunciamos las agresiones sexuales para que las autoridades y la justicia actuén con la premura y contundencia necesaria”.

Concha García Altares, Secretaria de Feminismos e Igualdad LGTBI de Podemos Región de Murcia, ha afirmado que “El hecho de las mujeres denunciemos rompe con el silencio cómplice inducido por una larga historia cultural hetero-patriarcal y machista que nos situaba a las mujeres como culpables, por lo que la denuncia ya supone una ruptura con ese paradigma y un avance hacia la conquista de la igualdad real y la justicia”.

En este sentido la Secretaria de Feminismos e Igualdad LGTBI de Podemos Región de Murcia ha indicado que “Las mujeres reclamamos el derecho a ejercer con libertad nuestra sexualidad como deseemos y a poder vivir una vida sin el temor a sentirnos inseguras y disfrutar de relaciones sexo afectivas exentas de coacción, discriminación y violencia”. Por esto, Concha García Altares, ha manifestado que “Salir, pasear de noche y disfrutar de las fiestas deberían ser opciones que las mujeres pudiéramos disfrutar en libertad, sin miedo a sufrir una agresión, porque sólo ‘sí es sí’”.

Para ello ha recordado, urge la aprobación de medidas como las recogidas en la Ley de protección integral de la libertad sexual y para la erradicación de las violencias machistas que la formación morada ha presentado en el Congreso de los diputados ya que “Las violencias sexuales no son una cuestión individual, sino social y es obligación de los poderes públicos generar leyes y políticas públicas encaminadas a erradicar las violencias sexuales y fomentar conciencias activas, individuales y colectivas, en pro de relaciones igualitarias”.

Los precios bajan en Andalucía un 1% en julio

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Los precios bajaron en julio en Andalucía un 1% respecto al mes anterior, tres décimas más que en España (-0,7%), según el Índice de Precios de Consumo (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). En términos interanuales, la tasa de inflación en Andalucía se situó en el 2,2%, igual a la observada en España y a la registrada en el mes de junio.

El comportamiento de los precios en Andalucía en el mes de julio está en consonancia con lo observado en los ámbitos nacional y europeo, con una tasa de inflación que refleja la evolución ascendente de los precios de los productos energéticos en los últimos meses como consecuencia de la subida del coste del petróleo en los mercados internacionales.

El IPC interanual se mantiene en Andalucía en el 2,2%, igualando el registro del mes de junio y la tasa a nivel nacional, y superando en una décima la tasa adelantada por Eurostat para la Eurozona (2,1%). De este modo, la tasa de inflación en Andalucía y España se sitúa ligeramente por encima de la media de la Zona Euro y del objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo (2%).

En la evolución mensual de los precios de consumo en la comunidad, destacan los descensos observados por las rebajas de verano en vestido y calzado (-13,4%) y en menaje (-0,9%), especialmente por las bajadas de precios en textiles para el hogar (-6,4%). Asimismo, bajan los precios en alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,7%), en gran medida por las frutas frescas (-6,6%). En sentido contrario, los mayores aumentos de precios se producen en ocio y cultura (1,1%), sobre todo por los paquetes turísticos (9,2%), así como en vivienda (0,8%), principalmente por la subida de la electricidad, el gas y otros combustibles (1,9%).

Respecto a julio de 2017, los mayores aumentos se han producido en transporte (5,9%), por los precios de los carburantes y combustibles (11%); vivienda (2,8%), especialmente por el aumento en la electricidad, el gas y otros combustibles (11%); y comunicaciones (2,7%), por los servicios postales (5,8%) y los servicios de telefonía (4,6%). Tan solo dos grupos de los doce que conforman el IPC presentan descensos interanuales de precios. Se trata de medicina (-0,1%), sobre todo por los productos, aparatos y equipos médicos (-1,3%); y ocio y cultura (-0,1%), donde destaca el descenso en los equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de información (-4,3%).

La tasa de inflación andaluza refleja la subida de los precios de los productos energéticos, que crecen un 10% interanual en el mes de julio. Concretamente, el precio del barril de petróleo Brent en los mercados internacionales, presenta una cotización media en el mes de julio de 74,1 dólares, un 52,7% superior a la del mismo mes del año anterior.

Por su parte, la inflación subyacente, el componente más estructural del IPC que no engloba los precios de los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, mantiene un comportamiento muy estable, se sitúa en julio en el 0,9%, igual que el registro del mes anterior y la media nacional, en línea con el comportamiento medio que viene mostrando desde 2015 (en el entorno del uno por ciento).

El Santander: Las dictaduras privadas del capital gobiernan al Estado

A raíz del artículo del abogado José Luis Mazón sobre el juez Fernando Andreu y sus presuntas relaciones con el Banco Santander, y en base a la información de diversa índole de la que dispone Diario16, podríamos llegar a la conclusión de la monitorización que el Banco Santander ejerce en el Estado español si valoramos su «opaco» control en todos los ejes principales de los cuatros poderes en el que se sustenta nuestro régimen democrático: constitucional, legislativo, ejecutivo, judicial y medios de comunicación, sin generalizar en esta apreciación , pero que no obstante la cúpula del consejo de administración de la entidad financiera cántabra vía su Presidenta junto a su gabinete de asesores y asesoras más directos ejercen en representación de los ochos o diez máximos accionista del banco Santander con identidad final desconocida.

El juez Andreu, actual instructor de una macro causa en la que se está dirimiendo la posible responsabilidad del Santander en el Caso Banco Popular, tal y como afirmaba el artículo de José Luis Mazón, podría tener presuntamente relaciones con la entidad. Por desgracia no es el único.

El caso de la presentación del libro de Manuel Medina, con la presencia de Andreu en un acto en el que se hicieron loas al Santander, para algunas personas podría parecer una mera anécdota cuando, en realidad, no lo es. El juez, por ética y, tal vez, por dignidad —que no dudamos en ningún momento que carezca de ella— debió abstenerse de asistir a ese evento porque está instruyendo una causa en la que el Santander está implicado. El mero hecho de que a un juez se le atribuya la duda de su imparcialidad supone un revés para la justicia justa que los ciudadanos esperan del tercer poder de la democracia. Por esa razón Andreu debió haberse excusado con su amigo y no haber asistido ya que, según ha podido saber Diario16, ya son varios los abogados que están estudiando la presentación de una solicitud de recusación ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, órgano al que Andreu opta pertenecer después de haber renuncia inexplicable te a ostentar la Secretaria de Estado de Justicia del actual Gobierno del Estado español, al parecer por una concreta recomendación telefónica que momentos antes de publicar su aceptación presuntamente le hiciera una señora ex inquilina de la Moncloa.

Además, están los antecedentes de otros casos en los que el Santander estuvo implicado y que instruyó el propio Andreu, como, por ejemplo, el de los 2.000 millones de euros ocultos en Suiza y que fueron aflorados gracias a la información de la Lista Falciani. Andreu, según apuntó el abogado José Luis Mazón en su artículo, no tuvo en cuenta el informe de los inspectores de Hacienda ni investigó a la familia Botín por un presunto delito de blanqueo de capitales tras rechazar dos denuncias presentadas por sendas asociaciones jurídicas. ¿Los Botín siempre salen airosos cuando se enfrentan a la Justicia? En otros artículos de Esteban Cano, de José Antonio Gómez y otros colaboradores ya se han puesto ejemplos de sobra como para pensar que hay una serie de miembros de la judicatura que presuntamente están en el círculo directo o indirecto de amigos y amigas, asesores y asesoras del Santander. Eso no es bueno para el pueblo español en general porque presupondría que uno de los poderes fundamentales de cualquier Estado democrático se hallaría en una supuesta connivencia con una de las mayores dictaduras privadas que existe en el mundo.

Hay que hacer de nuevo mención cómo a Fernando Andreu se le propuso ser el nuevo Secretario de Estado de Justicia, algo que él mismo confirmó a Diario16, por su buena o íntima amiga, así el propio Andreu la definió ante diario16, la actual ministra de Justicia. Sin embargo, según las informaciones que hemos recibido de distintas fuentes, Andreu llegó a aceptar dicho cargo para renunciar sorprendentemente, como hemos contado, al día siguiente. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? ¿Se le presentó algún dosier en referencia a algún caso muy mediático que hubiese instruido en el pasado? La China está lejos para entender su forma de vivir, pero la decisión del juez tampoco está cerca de comprender un «no» a su íntima amiga que le ofrece representar nada más y nada menos que la Secretaria de Estado de Justicia cuando días después desea optar a obtener una vocalía en el Consejo del Poder Judicial…, lo siento, pero como ciudadano no lo entiendo.

No se puede olvidar tampoco la relación que une a Andreu con Baltasar Garzón. Éste ya tuvo un papel muy importante a la hora de archivar causas que pudieron perjudicar al Santander, además de recibir el patrocinio del banco para sus conferencias en Estados Unidos. Hay que recordar lo ocurrido tras la presentación de la querella por parte de Rafael Pérez Escolar en referencia a los 307.000 millones de pesetas de créditos recuperados de Banesto nunca se supo a dónde fueron. Baltasar Garzón archivó esa querella justo después de volver de USA y de escribir su ya famoso «Querido Emilio». Menos aún la solución que dio en su instrucción a los fondos del dictador Pinochet.

Sin embargo, dentro de la Justicia, Garzón no es el único que pudiera tener relaciones con el Santander. Hay jueces y juezas que tienen una gran efectividad de absolución cuando en sus manos caen casos relacionados con la entidad cántabra.

Lo mismo ocurre con el control que tienen de la propia abogacía. El Santander, con la cantidad de litigios que genera cualquier entidad bancaria —unos más que otros, es verdad—, cuando está en aprietos, como ocurre en el Caso Banco Popular, no tiene más que lanzar sus redes y pescar a todos los bufetes que le podrían hacer daño a su despacho de cabecera para crearle un conflicto de interés. Así logran que haya despachos que inscriban y recluten a miles de afectados en plataformas que no tienen otro fin que desviar la atención hacia otros objetivos ocultándoles que tienen ese conflicto de interés, hecho que ya ha ocurrido en el Caso Popular con, por ejemplo, Cremades&Calvo Sotelo, tal y como supo y publicó Diario16 hace un año al ser informado por un prestigioso ciudadano ex cargo público del agobiaron de González, unos de los tantos afectados que abandonó la plataforma al no recibir respuestas coherente a las preguntas que le hiciera a la representante de dicho despacho durante una reunión en Almería en presencia de más de un centenar de afectados.

Sin embargo, el control del Santander va más allá de la Justicia porque alcanza a los otros tres poderes del Estado, y cuando no lo tienen, lo buscan a través de maniobras espurias que ponen en entredicho la dignidad de personas que, en principio, no deberían tener relaciones con la entidad cántabra. El cambio de gobierno no lo esperaban en la Avenida Pereda. Más bien al contrario. Rajoy podría caer, pero a cambio de una sustitución jerárquica con una persona que está muy cercana al Santander como es la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Tal vez se pensó que la moción de censura tendría un final en el que Mariano Rajoy dimitiera dejando el poder a su segunda en el Gobierno. Hay que recordar el hecho de que María González Pico, jefa de gabinete de la ex vicepresidenta, fue contratada por el Santander unos días después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa para formar parte del equipo que asesora directamente a la presidenta de la entidad cántabra, exactamente lo mismo que Elena Sánchez, ex número 2 del CNI de Soraya. ¿Se pensaba que la moción de censura quedaría sin efecto por las presiones que iba a recibir Rajoy para que dimitiera y, de ese modo, que su segunda ocupara el cargo? Es una pregunta que está en el aire y que no obtendrá una respuesta, pero hay que recordar que mientras Soraya ponía su bolso en el escaño del presidente, éste se encontraba en un restaurante reunido con todo su equipo…, salvo con su número dos y que fue María Dolores de Cospedal la que dio la rueda de prensa para negar los rumores de dimisión, cuando esa función la tendría que haber desempeñado Sáenz de Santamaría.

¿El cambio de gobierno ha eliminado la influencia del Santander en el Ejecutivo? Posiblemente, no. Según distintas fuentes consultadas por Diario16 entre varios abogados personados en el caso de las cesiones de crédito, Margarita Robles, actual ministra de Defensa, presuntamente medió para intentar convocar una reunión de Emilio Botín con los magistrados encargados de juzgar las cesiones de crédito. Con su presunta presencia (al menos aparecía en la lista de invitados) en la presentación del libro, Se vende banco por un euro, de abogado Manuel Medina, junto a Baltasar Garzón y otros personajes no despeja las dudas de seguir manteniendo la amistad de quién interviniese en la operación diabólica contra los accionistas del banco Popular centenares de miles de afectados y afectadas arruinados y arruinadas para enriquecer las dictaduras privadas del Santander. Está claro que los y las amigas de Ana Patricia Botín no saben de ideología a la hora de elegir amistades «peligrosas».

Finalmente, en referencia al cuarto poder, es notorio el control que el Santander tiene de casi todos los medios de comunicación de este país, en todos los formatos. Controla el mayor grupo de comunicación del país, principalmente porque está en su Consejo de Administración como uno de los máximos accionistas lo que le da la seguridad de que las noticias que puedan afectar al banco negativamente serán tamizadas o, incluso, ocultadas.

Todo el mundo sabe del poder que tiene el Santander en este país. Sin embargo, ¿cómo es posible que una democracia pueda subsistir si el verdadero poder ha pasado del pueblo a un banco? Un Estado es el mayor botín que puede lograr una empresa. ¿Lo han logrado en la Avenida de Pereda?

Caso Emperador: un escándalo que sacude los cimientos de la Justicia española

Casi seis años después de la gigantesca operación policial contra la mafia china en España, el caso Emperador sigue pendiente de juicio. El escándalo, que tuvo eco a nivel mundial, se saldó con casi un centenar de detenidos, cientos de millones en blanqueo de capitales y nombres ilustres salpicados por el entramado financiero y societario ideado por Gao Ping, una especie de magnate de las finanzas asiáticas que controlaba buena parte de las naves y almacenes de los polígonos industriales de Madrid. Sin embargo, el escándalo parece haberse diluido con el tiempo y pocos se acuerdan ya de las andanzas de aquel Fu Manchú de los negocios chinos que tenía un enorme chalé en Somosaguas, una gran galería de obras de arte y decenas de sociedades dedicadas al comercio exterior con las que puso en jaque a la Policía española.

El tiempo ha pasado sin que los culpables de esta red inmensa de lavado de dinero se hayan sentado aún el banquillo de los acusados. La causa avanza a paso demasiado lento y envuelta en circunstancias misteriosas, más aún después de que el juez Fernando Andreu, instructor del expediente, cometiera ciertos errores en la instrucción que dieron ventaja a algunos de los encausados. El magistrado decidió alargar más allá de las 72 horas legales el plazo de arresto de los detenidos sin haber dictado prisión para los principales responsables de la red de Gao Ping. Por lo visto amplió ese plazo estipulado por la Constitución considerando que no iba a tener tiempo de tomar declaración a todos los detenidos en los tres días legales y para evitar enviarles a prisión sin haberles escuchado antes. Con todo, lo normal hubiese sido que Andreu dictara auto de prisión primero y luego tomara declaración a los encausados. Fue un grave error que tuvo consecuencias funestas para la instrucción, ya que la Justicia tuvo que poner en libertad a 12 de los arrestados, entre ellos el cabecilla Gao Ping. No obstante, la pifia no le pasó factura profesional al magistrado, ya que el Consejo General del Poder Judicial no tomó medida alguna contra él, al menos que haya trascendido a la opinión pública.

El caso tiene todos los ingredientes de una novela negra: mafia china, errores judiciales, corrupción de la alta sociedad y hasta luchas entre clanes policiales rivales

La trama Emperador empezaba a embarrancar cuando en el año 2012 Andreu denegó la petición de la Fiscalía de volver a encarcelar al cerebro de la red y a su cúpula. La Fiscalía lo solicitó porque había “indicios sólidos y fundados de criminalidad”, riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas, y por la gravedad misma de los hechos que se imputaban a los arrestados. La respuesta de Andreu fue que la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de poner en libertad a los imputados y la “absoluta e irreparable nulidad de los autos de prisión” le impedía adoptar cualquier tipo de medida contra Gao Ping y su gente que supusiera el ingreso en la cárcel del clan, a no ser que se alegaran nuevos hechos que pudieran ser delictivos. En resumidas cuentas, el magistrado añadía que encarcelar a los imputados supondría incumplir el “taxativo y tajante mandato” de la Sección Tercera de prohibirle adoptar medidas de prisión contra ellos. No obstante, en 2013 el instructor tuvo que volver a decretar el ingreso en la cárcel de Gao Ping ante el riesgo de fuga, y finalmente, en 2014, solicitó ser apartado del caso Emperador por su amistad directa con un policía que había tomado parte en el asunto: el comisario de Barajas Carlos Salamanca. Finalmente continuó con la instrucción al ser denegada dicha solicitud y archivó la acusación contra Salamanca.

Un año después Andreu dejaba en libertad a Gao Ping después de que el magnate chino abonara los 400.000 euros que le impuso como fianza para salir de prisión mediante el pago de 93 cheques bancarios, aportados uno a uno, por otros tantos ciudadanos de la comunidad china en España. Fue un gran crowdfunding que pasará a la historia.

El caso Emperador salpicó el buen nombre de grandes de España supuestamente implicados en el lavado de dinero negro en el extranjero. En los cientos de folios del escándalo constaban apellidos de personajes influyentes como María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomirska, María Inmaculada Borbón Dos Sicilias Lubomirska, y María Ilia García de Sáez, todas ellas primas de Juan Carlos de Borbón; Antonio Banús Ferré; Enrique Ortega Cedrón; Enrique Lasarte, ex consejero delegado de Banesto; Cuqui Fierro, de la familia Torróntegui Fierro; Francisco de Borja Otero y Zuleta de los Reales, marqués de Revilla; Pedro Aznar, consejero de Marqués de Riscal; Antonio Herrero Abelló; y Vicente de Gregorio Abelló.

También queda por aclarar la participación de Malka Maman, una española de origen israelí, como enlace entre grandes fortunas y empresarios españoles con la red de blanqueo china en Suiza. O la trama que afecta al HSBC, y a dos personajes como Marc Pérez y François Leiser (ambos reclamados por Andreu mediante sendas órdenes de detención internacional).

La mayoría de los policías implicados en el caso por haber recibido regalos de la trama corrupta han sido absueltos y se han destapado algunas conexiones con el caso del comisario Villarejo. El escándalo Gao Ping, tanto político como económico, policial y judicial, ha generado una guerra interna entre los comisarios José Villarejo y Marcelino Martín Blas (Asuntos Internos), a raíz de que  este quisiera investigar a varios policías relacionados con la operación Emperador. Villarejo explicó en sede judicial que él le recriminó al jefe de Asuntos Internos que llevara a cabo esas diligencias al margen de la autoridad judicial y Martín Blas hizo caso omiso a los comentarios de quien hasta entonces había sido su compañero. Un auténtico polvorín que amenaza con sacudir los cimientos de la democracia española, pero que aún no ha desencadenado su explosión final. Quizá sea Andreu quien tenga la llave definitiva para activar la bomba nuclear.

La Audiencia Nacional abre una investigación por el caso de las temporeras de la fresa que denunciaron abusos laborales y sexuales

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Los abusos a los que fueron sometidas las temporeras del campo de Huelva han llegado a los tribunales. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto diligencias a raíz de la denuncia interpuesta por diez trabajadoras inmigrantes que denunciaron ante la Guardia Civil presuntos abusos laborales y sexuales en una finca de la provincia de Huelva a la que acudían a trabajar con contrato en origen para la recolección de frutos rojos como la fresa, según publica El Confidencial Andaluz, que cita el auto al que ha tenido acceso La Mar de Onuba. En concreto, Pedraz ha ordenado la apertura de diligencias contra la empresa que contrataba a las mujeres y “contra cuantas personas, físicas y jurídicas, puedan ser responsables penales o civiles por los hechos que se relatan y que se irán determinando a lo largo del procedimiento”.

Las denunciantes, inmigrantes marroquíes, comparecieron el pasado mes de junio ante los medios de comunicación a las puertas de la Inspección de Trabajo de Huelva, junto al diputado nacional de Podemos Diego Cañamero, para explicar por ellas mismas las denuncias que decidieron interponer ante la Guardia Civil en El Rocío (Huelva). Los letrados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia apoyan a las víctimas de las extorsiones alegando “presuntos delitos de trata de seres humanos en concurso con delitos de lesa humanidad”.

Cuatro de las víctimas han relatado supuestos abusos sexuales, llegando incluso a identificar a una persona, y el resto explotación laboral al no cumplirse las condiciones de trabajo. “Así, por ejemplo, la señora J. habla de que uno de los propietarios de la finca llega en una de las ocasiones a llevársela engañada en su coche, buscando una zona apartada donde acometió el forzarla, consiguiendo penetrarla por la vagina con los dedos”, añade la denuncia. Diego Cañamero aseguró en su momento que todas las víctimas han denunciado “con mucho miedo y las hemos tenido que sacar de la finca, las hemos trasladado a un pueblo para pasar la noche y ahora intentaremos que se las proteja para que las denuncias sigan su curso y lleguen a buen puerto».

Se investiga si hubo supuestos delitos de trata de seres humanos en concurso con delitos de lesa humanidad.

Algunas de las afectadas han narrado que el jefe de la finca en la que trabajan “las trata mal”, que en la casa que se les ha ofrecido para alojarse “viven seis personas y faltan muchas cosas” y que “tienen que pagar por tres horas al día de agua y luz que muchas veces no se respetan, hasta el punto de que a veces han llegado del trabajo y no se han podido duchar”.

Los hechos denunciados se recogen en un extenso punto primero del texto, en el que se describe al detalle y se cuestiona la legalidad del modelo de contratación en origen acordado entre España y Marruecos, se revela la alta desprotección y vulnerabilidad de las temporeras durante su estancia en España y se concreta la presunta comisión de delitos contra el contingente de mujeres marroquíes contratadas en la pasada temporada de recogida de fresas.

Entre las infracciones, figuran flagrantes incumplimientos de las condiciones ofrecidas a las trabajadoras a través de Anapec (la agencia gubernamental de Marruecos que gestiona la selección y contratación de los contingentes de mujeres), que derivan en casos de explotación laboral, graves carencias en el alojamiento y limitación de la capacidad deambulatoria de las trabajadoras.