Una vieja canción de Kortatu de 1985 titulada “Nicaragua sandinista” hacía referencia a los gringos de la Contra, alimentada por Ronald Reagan, que entraban en las casas de los campesinos nicaragüenses después de la revolución para asesinarlos e intentarles arrebatar de nuevo el poder a los sandinistas, vencedores de la de la guerra de 1979. Seguramente muchos de los que hoy condenan el Gobierno de Daniel Ortega crecieron con ella y se desgarraban la garganta cantándola, pensando en la heroica gesta del pueblo nicaragüense en los años 70 y 80. Sin duda, la situación ha cambiado y el Gobierno de Ortega ya no es el mismo de los 80, muchos aseguran que ya no tiene nada de sandinista y que Ortega se ha convertido en un dictador represor, ¿qué hay de cierto en ello?
Este artículo no creo que agrade mucho a aquellos que hoy condenan de derecha a izquierda al Gobierno nicaragüense y, probablemente, tampoco satisfaga a quienes creen que lo que hoy sucede en Nicaragua es un golpe de estado más del imperialismo yanqui. De nuevo, nos encontramos ante un conflicto que nos sumerge en el maniqueísmo del “conmigo o contra mí” pero la complicada situación de este país de poco más de seis millones de habitantes, creo que forzosamente nos lleva a intentar hacer un estudio exhaustivo para evitar caer en la contemporánea posverdad o en el posicionamiento de la inmediatez que nos exigen los medios de comunicación.
En la búsqueda de la verdad me hallo, una actividad de alto riesgo para la política de hoy en día que vive a golpe de titular y condena a quien los medios de comunicación nos van señalando que tenemos que condenar sin mirar más allá, sin tener en cuenta la opinión de la contraparte (¿periodismo?), la sociedad sigue olvidando que la realidad no son las sombras proyectadas en la caverna de Platón y que la vulneración de Derechos Humanos es aún mayor en los países vecinos o en otros lugares del planeta que no gozan de ningún foco mediático. Aunque, admito que puede no haya encontrado esa verdad, o que ni si quiera me acerque. Ruego me disculpen por tal osadía.
Contexto histórico
Decía Gabriel García Márquez que Nicaragua es el único país que estuvo inscrito en el registro de la propiedad, que perteneció a una familia. Nicaragua fue un país sin identidad que pasaba de mano en mano como la “bien pagá” llegando a ser ocupada por Estados Unidos de 1912 a 1933. Más allá de 1933 el control sobre su soberanía ha sido una constante por parte de los EUA, las más recientes noticias de ello las destapó WikiLeaks a través de tres demoledores informes en los que se pedía la cabeza de Ortega y de Arnaldo Alemán por corrupción, narcotráfico, torturas y asesinatos, claro que los informes fueron redactados antes de las elecciones de 2006 ganadas por el sandinismo. La guerra declarada por parte de los EUA al sandinismo no es ninguna fantasía difícil de constatar con documentación histórica reciente, ahora bien, ¿significa eso que las actuales revueltas por parte de la sociedad civil de Nicaragua, sean manipulaciones financiadas y alimentadas por los EUA? Esto es algo más difícil de constatar, puesto que aunque USAID reconoce sin problemas que financia organizaciones nicaragüenses que participan en las revueltas, los primeros en salir a la calle legítimamente fueron los jubilados que no entendieron la cotización que el Gobierno les planteaba. Posteriormente fueron los estudiantes a consecuencia de la propagación de un falso rumor, como explicaré más adelante.
Sin embargo, es un hecho que la iniciativa de ley “Nica Act” fue aprobada el año pasado por la cámara baja del Congreso de Estados Unidos, bloqueando los préstamos de instituciones financieras internacionales al gobierno de Nicaragua. “Nica Act” surgió después de que el presidente Ortega exigiera a Washington el pago de la indemnización de 17.000 millones de dólares sentenciada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1986, por el papel de la nación norteamericana en «actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua». Las malas relaciones y el intervencionismo por parte de los distintos presidentes estadounidenses, han sido una constante. Dora María Téllez, la guerrillera sandinista que dirigió la toma de León y liberó a 50 sandinistas del régimen de Somoza y que además fue diputada en los 80, dijo en los años 90 que el Gobierno sandinista “consiguió dar una identidad a Nicaragua” y tanto “el sandinismo como la revolución hicieron de él un país soberano y construyeron las instituciones democráticas hasta entonces inexistentes” por la dominación estadounidense.
Recojo el testimonio de Dora María Téllez, para enfatizar la importancia de la revolución de 1979 puesto que ella fue uno de los máximos valores femeninos y feministas de la revolución sandinista. Ella ya no forma parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional, sino de su escisión llamada Movimiento de Renovación Sandinista (MSR), al igual que su ex vicepresidente Sergio Ramírez. Ambos renunciaron al FSNL en 1995 debido a una crisis interna en la que el partido se hundió después de la victoria de Violeta Chamorro con la coalición de partidos de la UNO. Es por ese motivo que la descripción de Téllez sobre lo que supuso el sandinismo puede tener un valor especial.
La revolución sandinista fue un golpe duro para los poderes económicos y políticos capitalistas difícil de olvidar y que muchos no han perdonado, sin embargo, en los últimos años parece que Daniel Ortega ha podido colaborar a cavar su propia tumba por sus relaciones con la Iglesia. Más adelante veremos por qué.
¿Qué ha pasado en los últimos meses?
Vamos ahora a centrarnos en el contexto actual. ¿Cuál es la causa del estallido de las protestas? Como bien apuntan los medios más convencionales se trata de una reforma del Seguro Social que por un lado pretendía incrementar la contribución de las empresas en un 3,5% (del 19 al 22,5%) y de los trabajadores en un 0,75% (del 6,25% al 7%) y como novedad pretendía que los pensionistas pasaran a contribuir con el 5% de su pensión al Seguro Social puesto que hasta ahora las pensiones de jubilación no habían cotizado. Todo ello para hacer frente a los dos millones de déficit en el que cerró el INSS el año pasado y para sostener la gratuidad de la medicación, según el Gobierno.
Esta decisión fue tomada por el Gobierno sin el respaldo de la empresa privada, quien presentó un recurso de amparo para tratar de revertirla pues la medida fue duramente criticada por José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. Según Paul Oquist, Ministro-Secretario Privado de Políticas Nacionales de Nicaragua, en una entrevista de Alex Anfruns que trata de dar voz también a la otra parte del conflicto, el Gobierno de Nicaragua trabajó en un modelo de consenso entre empresarios y sindicatos. El malestar de los empresarios empezó con la subida de los salarios mínimos interprofesionales (una subida de un 40% en los 11 últimos años) y reconoce con autocrítica que el Gobierno no fue suficientemente hábil para consensuar con la empresa ni para explicar la cotización a los jubilados.
En España las empresas pagan el 23%, en Francia el 30,6%, los trabajadores españoles contribuyen con un 4,69%, y la retención de las pensiones por IRPF en España llegó en 2017 a máximos históricos con un 7,7% del valor de la pensión. Es decir, si tuviéramos que comparar la reforma del Seguro Social con España u otros países de la Unión Europea de forma objetiva, diríamos que Ortega intentaba asemejarse en porcentajes a países más desarrollados económicamente que Nicaragua. Ciertamente podríamos ahondar en si la reforma era más o menos pertinente, si el gobierno fue más o menos hábil en sus negociaciones con los afectados, pero lo más interesante de esta reforma es que ni los trabajadores ni los pensionistas, que parecen los más afectados, han sido los verdaderos protagonistas de las revueltas sino que mayoritariamente pasaron a estar ocupadas por estudiantes y empresarios, ahora también por la Iglesia.
Se entiende que trabajadores y pensionistas salgan a la calle ante la reforma pero ¿por qué protestan los estudiantes? Ciertamente, fueron los jubilados quienes legítimamente hicieron un llamamiento a la movilización el 18 de abril de 2018 puesto que no creyeron que la cotización serviría para poder seguir teniendo medicación gratuita, tal y como aseguraba el Gobierno. En las primeras manifestaciones del 19 de abril, Paul Oquist reconoce que “la policía se excedió, hubo demasiada violencia policial al enfrentar la manifestación pero también se propagó la mentira de que hubo un estudiante muerto en los enfrentamientos… con esa falsa noticia quisieron atraer los estudiantes, y lo lograron”. El segundo día, 20 de abril, los estudiantes y los empresarios se unieron a los jubilados y salieron a la calle y hubo dos jóvenes manifestantes muertos y un policía por heridas de bala, según todos los medios de comunicación. Sin embargo, la portavoz de Cruz Roja dijo que “hubo una gran confusión. No sabemos de qué bando eran los fallecidos ni si estaban a favor o en contra de la reforma del Seguridad Social”.
Es justo en este momento en el que el conflicto queda totalmente desatado y empieza la violencia entre fuerzas gubernamentales, manifestantes y grupos armados, estos últimos identificados como paramilitares o fuerzas de choque “sandinistas afines al gobierno” según los opositores o identificados como paramilitares de “extrema derecha, golpistas y terroristas” según el Gobierno. Los enfrentamientos siguen en los siguientes días y el conflicto sigue cobrándose víctimas en medio de la confusión.
Los medios de comunicación del grupo Chamorro como La Prensa, El Confidencial o Nuevo Diario (medios afines a la oposición) pero también los internacionales y los españoles, atribuyen, sin una investigación previa, todas las muertes al gobierno y a sus grupos afines, tal y como denuncia el periodista Max Blumenthal. El 22 de mayo, el Gobierno llamó al diálogo con la Conferencia Episcopal como mediadora en la que se convoca a empresarios, representantes de la sociedad civil y estudiantes, pero el diálogo fue suspendido por falta de consenso entre las partes y se retomó el 28 de mayo.
El papel de las organizaciones de Derechos Humanos
Por lo que respecta a los informes de Derechos Humanos las organizaciones que han intervenido hasta la fecha son: el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), primer organismo en pronunciarse; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya participación fue solicitada por el Gobierno de Nicaragua el 13 de mayo; y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), organismo que ha estado más activo en relación a la lista de muertos. Amnistía Internacional también ha denunciado “la represión gubernamental”.
Estos informes apuntan solo a las “fuerzas gubernamentales y sus grupos de paramilitares y fuerzas de choque afines al Gobierno” como únicos culpables de la represión y la violencia y solo contabilizan los muertos de un lado del conflicto sin tener en cuenta los policías y los sandinistas asesinados, y en algunos casos, torturados y quemados tal y como se puede apreciar en los videos que los criminales grabaron. Los informes no se esconden de sus objetivos porque sus títulos son bien claros: en el caso del CENIDH el listado de fallecidos que se presenta se titula “Asesinados y heridos producto de la represión y violencia gubernamental”. La ANPDH, presidida por monseñor Abelardo Mata, titula su informe sobre las personas fallecidas como “Informe Preliminar de Ciudadanos Nicaragüenses Muertos en Protesta Cívica como un Derecho Humano y Ejecutados por Grupos Armados (Paramilitares o Fuerzas de Choque)”. Y finalmente, el informe de la CIDH que se presentó ante la OEA y hace referencia a los fallecidos se titula “Listado de personas fallecidas en Nicaragua desde el inicio de las protestas (19 de abril – 19 de junio 2018)” eso implica a todas las personas fallecidas, tuvieran relación o no con las protestas. El Gobierno, ha tachado los informes de sesgados y de contar solo una parte de la realidad o de contabilizar los asesinatos que nada tenían que ver con las protestas como responsabilidad del Gobierno pero parece que a nadie le ha importado su opinión. De hecho, la opinión del Gobierno ha sido acallada por todos los medios internacionales y españoles.
¿Por qué un organismo como la CIDH no quiere contabilizar los muertos que la parte gubernamental o del FSNL reclama? La respuesta no creo que sea que se trata de una organización de DDHH súbdita de los “intereses del capitalismo” o a los intereses de la oposición sino que tanto la CIDH, al igual que Amnistía Internacional, realizan informes sobre la mayoría de países del mundo sin tener en cuenta su color político, enfocados desde el punto de vista de la vulneración de DDHH por parte de las fuerzas gubernamentales y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los Estados.
Es importante notar que las organizaciones de DDHH no recogen la vulneración de DDHH que cometen organizaciones que no están en el poder, como sería por ejemplo el caso de los ataques de la extrema derecha o la violencia ejercida por los manifestantes porque se entiende que los Gobiernos ya se ocupan de ello y además tienen los medios suficientes para comunicarlo. Desgraciadamente, no todos los gobiernos gozan del mismo trato por parte de los medios.
La presentación de Amnistía Internacional en su página web lo dice claro “no hay gobierno sin escrutinio”, o “captamos apoyos entre los gobiernos y entre focos de influencia como las empresas y nos aseguramos que cumplen con el derecho internacional”, en ningún caso su escrutinio se dirige o focaliza nunca hacia la sociedad civil o al narcotráfico, por violentos que resulten. Es su trabajo y bien hecho está porque es imprescindible que un organismo internacional fiscalice a los gobiernos. No obstante, desde un punto de vista político que pretende apelar al diálogo y a la comprensión mutua de todas las partes, resulta incompleto. No hay diálogo sin reconocimiento del sufrimiento de todas las partes. ¿Significa eso que las organizaciones y ONGs que denuncian la violencia policial mienten? En ningún caso, simplemente solo analizan una parte del conflicto y por tanto una parte de la realidad en la que se da por hecho que los únicos opresores son los poderes políticos y judiciales, obviando la violencia callejera puntual u organizada y continuada.
En ese sentido, tanto el informe del antropólogo nicaragüense Enrique Hendrix, “Monopolio de la muerte”, donde se detallan los errores de los listados de muertos de los organismos de DDHH como la página de la Policía Nacional de Nicaragua, donde se detallan los policías que han sido asesinados a raíz de las protestas, me han sido de gran utilidad para entender la contraparte. No me ha sido posible encontrar en los medios convencionales de Latinoamérica e internacionales, ni en las resoluciones y mociones que condenan al Gobierno de Nicaragua, información que recoja la opinión o los datos facilitados por el Gobierno sobre lo que está sucediendo en Nicaragua, hecho que me parece una gran falta de rigor periodístico y político.
Condenar todas las violencias
Si se trata de solucionar este conflicto, si se trata de parar de forma urgente el goteo de muertos y heridos, hay forzosamente que sentarse a hablar y hacer llamamientos a la paz y al diálogo sin descanso. No hay otro camino que la justica, reparación y la reconciliación y confiar en la soberanía nacional para ello, sin injerencias. En este mismo sentido se han pronunciado el reciente Presidente electo de México, López Obrador, Evo Morales o el Partido de los Trabajadores de Brasil.
Es obvio que los policías que se hayan excedido en el uso de la fuerza o sean culpables de asesinar a balazos a manifestantes tienen que pagar por ello, pero también quienes han asesinado a sandinistas solo por el mero hecho de serlo, y a policías. Quien conoce Latinoamérica, y en especial Centroamérica y el Caribe, sabe la facilidad con la que se consiguen armas de fuego industriales o “hechizas”, armas de fuego artesanales igualmente mortales. También debe estar al tanto de lo que supone la lucha contra la delincuencia, el crimen y el narcotráfico. Nicaragua, era hasta hoy, era uno de los países con menos índice de homicidios por habitante.
Según varios informes de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de Insight Crime, Centroamérica junto con África septentrional, es la región con la tasa más elevada de homicidios del mundo. En el año 2017, Venezuela se llevó la peor parte a consecuencia del conflicto político con 89 homicidios por 100.000 habitantes pero el ranking anual suele estar encabezado por el Salvador (60, llegando en 2015 hasta los 108), seguido de Honduras (44,8), Brasil (29,7), Guatemala (26,1), Colombia (24), México (22,5) y finalmente los países latinoamericanos que anualmente salen mejor parados por baja tasa de homicidio son Bolivia (8,5), Uruguay (7,8), Nicaragua (7) y Ecuador (5,8).
España, para que nos hagamos una idea, tiene una tasa de 0,63 homicidios por 100 mil habitantes. La tasa de homicidios en Centroamérica es una brutal barbaridad que debería tener ocupada por completo a la OEA, quien parece gozar condenando solo “la vulneración de DDHH” en los países donde gobierna la izquierda mientras la gente muere asesinada de forma masiva y a diario por la delincuencia y el narcotráfico en los países donde la derecha gobierna. A eso se le llama cinismo.
En las manifestaciones tanto de Venezuela como de Nicaragua, los que hemos querido buscar información alternativa y no tan alternativa, hemos visto con nuestros propios ojos la utilización de morteros, armas de fuego, hechizas, la toma de ciudades enteras y la quema de edificios públicos por parte de los “pacíficos manifestantes”. Sin duda una violencia que nunca se le hubiese permitido ni al 15M ni al movimiento del 1O en Cataluña en el que los manifestantes acabaron siendo agredidos por la policía gratuitamente ante los ojos del mundo. Sin embargo vimos pocas manifestaciones de condena por parte de la Comunidad Internacional por dicha violencia y excesos policiales.
Es más, muchos medios de comunicación incluso hablaban de la violencia de los manifestantes y hacían uso de las fake news, o repetían las imágenes sin cesar de un triste lanzamiento de silla que no logró tocar al policía. ¿Se imaginan que en el 15M o el 1O los manifestantes en vez de acampar en plazas hubiesen tomado ciudades enteras con barricadas o hubiesen utilizado morteros y armas de fuego contra la policía? Desgraciadamente ahora estaríamos contando muertos y heridos entre manifestantes y policías. La protesta se hubiese convertido en conflicto armado e intuyo que el relato haría referencia al “golpe de estado y violencia por parte de los manifestantes o de los independentistas terroristas”. De hecho, ya sufrimos ese relato por parte de muchos sin haber utilizado ni un ápice de violencia.
En nuestra época existen relatos de la posverdad que crean imaginarios colectivos peligrosos en todos los países, relatos generalmente creados por los medios de comunicación que responden a intereses de quienes los financian o los gobiernan. Hay muy pocos medios realmente independientes pero los que lo consiguen, tienen realmente mucho mérito. La izquierda lo sabe pero sigue cayendo de cuatro patas en ello cada vez que tiene que dar una respuesta a un nuevo conflicto.
Por tanto, en caso de conflicto, en Cataluña, en Nicaragua, o en Haití… es importante escuchar siempre a todas las partes, buscar información alternativa, investigar y condenar la violencia y vulneración de Derechos Humanos por parte de todas las facciones, sean gubernamentales o no. Independientemente de qué color político gobierne.
El aborto en Nicaragua, en Latinoamérica y en el mundo
Uno de los pretextos utilizados por las caravanas de mujeres que recorren Europa en búsqueda de apoyos institucionales que condenen al Gobierno de Nicaragua, es que en este país el aborto está totalmente penalizado y reprime a las mujeres. Y es cierto. El aborto terapéutico (en el que peligra la vida de la madre) en Nicaragua fue legal y despenalizado hasta 2007, fue en su momento una vergüenza y una traición para las guerrilleras sandinistas y para las mujeres de Nicaragua que el FSNL junto con el Partido Liberal Constitucionalista y la Alianza Liberal Nicaragüense, adoptaran las peticiones de la Iglesia Católica y Evangélica que movilizó una gran marcha social para ello y con mucho éxito. Ni si quiera Violeta Chamorro, una antiabortista declarada tal y como se aprecia en el documental de Carmen Sarmiento “Nicaragua: del Rojo al Violeta” se atrevió a penalizar totalmente el aborto.
¿Por qué lo hizo entonces el FSNL? Desgraciadamente estuvieron más concurridas las manifestaciones contra la despenalización de la Iglesia que las de las mujeres que salieron a reivindicar sus derechos. Además, Rosario Murillo salió como mujer convertida al catolicismo y madre de familia a defender la penalización total del aborto. Sin duda, el Gobierno de Daniel Ortega necesita de una autocrítica cuando uno de sus máximos valores femeninos (no feministas) es Rosario Murillo, que estuvo en el exilio la mayor parte del tiempo mientras duró la revolución y que ha destacado por sus políticas antiabortistas a pesar del precursor feminismo que inundaba las filas del FSNL.
Pero en ese momento no vimos el resurgimiento del sandinismo y de los estudiantes o de los empresarios invadiendo las calles de Nicaragua por traición al proyecto sandinista. Hay que entender que Centroamérica no es Europa aunque sí hemos visto valientes movimientos feministas minoritarios y que además han sido acallados. Es ahora, después de 11 años de penalización del aborto cuando la oposición utiliza este argumento contra el gobierno Ortegomurillista casi de forma oportunista. ¿Dónde han estado las caravanas de mujeres a nivel internacional todo este tiempo? Me lo pregunto con inmensa pena y con deseo de que hubiesen existido con anterioridad para provocar una regeneración en el sandinismo y reparar una situación absolutamente atroz para las mujeres que han sido violadas o pueden morir a causa del embarazo.
Sin embargo, apelando de nuevo a las sombras de la caverna, Nicaragua no es el único país donde el aborto está completamente penalizado en todos los casos sino que esto también sucede en El Salvador, en Malta (qué cerquita y qué poco lo criticamos), en el Vaticano y hasta hace poco en Irlanda (prohibido por la Constitución) y Chile. En el resto de países hay leyes con niveles más o menos restrictivos y, para que nos hagamos una idea, el aborto solo está totalmente y en todos los casos despenalizado si se cumple dentro de las 12 o 14 primeras semanas de embarazo en Cuba, Puerto Rico y Uruguay y gracias a la movilización feminista ahora también en Argentina. En el resto de países de Latinoamérica y de Europa el aborto solo está despenalizado en caso de violación, peligro de vida de la madre, incesto o malformaciones fetales, ya sea sumando todos estos casos o solo algunos.
Falta de proyecto político alternativo, constrúyase
Si en algo se puede condenar al FSNL de perder autenticidad sandinista es por la penalización total del aborto, seguramente para el MRS el FSNL dejó de ser sandinista mucho antes, y para el anarquismo puede que ni si quiera la haya tenido nunca y lo de 1979 no fue una revolución. No obstante, mi preocupación es que detrás de las actuales protestas no se dibuja ningún tipo de proyecto político alternativo feminista. Los eslóganes piden que dimitan Ortega y su familia pero no se perciben críticas del tipo “nosotras parimos, nosotras decidimos”. Lo que se divisa es un gran apoyo a la Iglesia, la misma que impulsó la Ley y temo que la alternativa que se construya puede ser todavía más conservadora y sobretodo más liberal.
El 15M y Occupy Wall Street tenían un proyecto político, ecológico, feminista y social. En el caso de España, incluso de cambio de ciclo y de ruptura con el régimen del 78. Los movimientos de 2011 tenían peticiones a sus gobiernos y a los partidos políticos al grito de “no nos representan” pero a la vez que lo escupían construían alternativas de Gobierno. El sandinismo dio identidad a un país sin rumbo, a una gente pisoteada por la ocupación, la dictadura y la barbarie.
El sandinismo creó empoderamiento en los y las nicaragüenses y por eso Nicaragua sigue siendo sandinista, la pregunta es si su gobierno sigue siendo fiel a los valores que lo llevaron a la revolución o si por lo contrario, ha renunciado a sus creencias revolucionarias para abrazar amplios sectores de la sociedad que apuestan por el conservadurismo y el populismo para poder seguir al frente. Si se trata de lo último, paradójicamente a lo que pueda parecer a primera vista, “el ortegomurillismo” no se aparta de sus valores sandinistas por la reforma del Seguro Social, ni por luchar de forma efectiva contra el narcotráfico y la delincuencia, ni por su soberanía alimentaria, ni por la inexistente brecha salarial, ni por subir en un 40% el salario mínimo interprofesional, Ortega se apartó del sandinismo por su alianza con la Iglesia más conservadora con la penalización total del aborto sobre el que pocos se pronunciaron en su momento.
Sea como sea, Ortega ganó las elecciones de 2016 por una amplia mayoría, el que quiera derrotarlo deberá construir un proyecto democrático alternativo desde ya para las próximas elecciones. Si la oposición no es capaz de brindar esa alternativa, no puede aspirar a hacerlo por la vía de la violencia en las calles ni por imposición a través de la OEA, deberá esforzarse más por crear la ilusión y la confianza a través de la paz y el diálogo.
Puede que sea un buen momento para la regeneración democrática y para que el FSNL haga un buen ejercicio de autocrítica por su relación con la Iglesia y renovación de liderazgos, en cualquier caso, lo que venga, habrá que ganarlo pacífica y democráticamente porque Nicaragua, puede que sea imperfecta, pero desde luego no es una dictadura.
Sara Vilà es senadora de En Comú Podem (Unidos Podemos) y defensora de los Derechos Humanos
