miércoles, 28 enero, 2026

PSOE: “Lo verdaderamente indignante es que Bernabé no haya pedido perdón a estas alturas”

El portavoz y vicesecretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha asegurado que lo verdaderamente indignante, es que el exdelegado del Gobierno, Francisco Bernabé, no haya pedido perdón a estas alturas a la ciudadanía de la Región de Murcia, especialmente a los vecinos y vecinas de las vías.

“El castigo acabó cuando Diego Conesa llegó a la Delegación del Gobierno a enmendar los errores y las barbaridades que el anterior delegado había cometido contra los murcianos y murcianas, que luchaban por tener una vida digna”, ha señalado.

“Nosotros hemos escuchado a los vecinos, dialogado, acordado y ejecutado lo que es menos perjudicial para ellos, desde el primer día estamos trabajando en eso y demostrando que cumplimos con la palabra dada, a diferencia de los miles de engaños del PP, que quería AVE a costa de lo que fuera, incluido el bienestar de la ciudadanía y el interés general, solo para contentar a unos pocos colegas”, ha añadido.

Según Lucas, el freno lo ha estado poniendo el PP de la Región de Murcia y el ahora senador Francisco Bernabé, quienes se han dedicado a anunciar a bombo y platillo la llegada del AVE, solo para conseguir votos y hacer campañas, “campañas basadas en grandes titulares que eran enormes mentiras y que les ha costado tener que cambiar de consejero de Fomento cada dos por tres”.

Finalmente, el portavoz socialista ha insistido en que Bernabé seguirá sin ser un interlocutor válido para el PSRM, hasta que no pida perdón públicamente por el maltrato que han estado sufriendo los vecinos y vecinas de las vías mientras él era delegado del Gobierno.

Susana Díaz entrega 68 furgonetas a municipios pequeños

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reconocido la capacidad de respuesta y atención a las familias y a quienes peor lo están pasando de la política local, cuyas medidas «tienen un efecto inmediato en los ciudadanos y en su bienestar». Por eso, ha subrayado que «todas las decisiones que está poniendo en marcha el Gobierno andaluz y las que se van a adoptar en los próximas semanas están dirigidas a compartir con ayuntamientos y entidades locales el oxígeno del ciclo económico actual». Así se ha pronunciado la presidenta durante la entrega de 68 vehículos tipo furgonetas a municipios menores de 20.000 habitantes. Se trata de una ayuda en especie que concede la Junta, a través de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, en el marco del Plan de Cooperación Municipal.

Durante su intervención, Susana Díaz ha asegurado que «los ayuntamientos han sido un colchón fundamental, no sólo en la atención de las familias, sino también para cuadrar las cuentas del Gobierno de este país», de ahí que «tengamos que entrar en una fase distinta» en la que el oxígeno también se deje notar en la política local. En ese sentido, ha asegurado que «decisiones -de competencia estatal- como la regla de gasto, la imposibilidad de gastar el superávit en empleo, inversiones y bienestar de los vecinos; la Ley de la Reforma Local y de Racionalización o la propia Ley de Contratos, que supone un problema añadido en la gestión de los pueblos; tienen que estar compensadas con medidas que podamos llevar a cabo en el ámbito autonómico para ayudar, mimar y acompañar a los municipios en ese esfuerzo». Y todo ello, ha añadido, «desde la colaboración y la cooperación».

Entre las iniciativas dirigidas a ese fin, la presidenta de la Junta ha hecho alusión a la firma hace unos días del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) que, dotado con 223 millones de euros, generará en el presente ejercicio casi dos millones de jornales para más de 2.000 proyectos. Díaz se ha referido al «enorme esfuerzo» realizado por la Junta en la dotación de este programa, que el pasado año se incrementó un 17%, un porcentaje que «también hemos vuelto a aumentar este ejercicio», ha matizado. «Tenemos el compromiso de incrementar algunas partidas para dar respuesta a las peticiones que me habéis planteado muchos alcaldes por todo el territorio», ha apuntado la presidenta de la Junta, que ha añadido que «el PFEA ha sido un programa de éxito y hay que destacarlo, sobre todo, cuando el problema de la despoblación empieza a aparecer en aquellos municipios pequeños más alejados de las capitales y sus áreas metropolitanas».

Además de en el PFEA, Susana Díaz también ha puesto el acento en la línea de actuación dirigida a la dotación de recursos a las entidades locales, como es el caso de la entrega de estas 68 furgonetas. En conjunto, la Junta va a destinar 4,5 millones de euros en dos años para la adquisición de 387 vehículos: tres millones en 2018, para la compra de 258 furgonetas, y 1,5 millones en 2019, con los que se adquirirán 129.

De esta forma, la Administración andaluza facilita que los ayuntamientos de municipios de menor población puedan acceder a los lugares donde han de prestar servicios públicos esenciales, incluidos aquellos con topografía irregular a los que se llega por caminos rurales. De la misma manera, este proceso permite concentrar en un solo contrato la compra de los vehículos abaratando sus costes y disponiendo de estos a medida que se vayan realizando las convocatorias anuales. Así, en 2020 se hará una nueva convocatoria para finalizar el programa de entrega de furgonetas.

Aproximadamente 700 ayuntamientos cumplen los requisitos para recibir estos vehículos y lo han solicitado en torno a 600. «Nuestro objetivo es intentar llegar al conjunto de los municipios que han solicitado estas ayudas porque somos conscientes de que tienen necesidades de trasladar a las personas en estos vehículos y utilizarlos en la prestación de los servicios municipales», ha dicho.

Gracias a esta ayuda, todos los municipios de menos de 20.000 habitantes recibirán un vehículo. En el acto presidido por la presidenta de la Junta se ha hecho entrega de 68 utilitarios, modelo Dacia Dokker Ambiance, a entidades locales de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

El PSOE denuncia retrasos de 15-20 días en la atención médica de San Diego debido a los recortes del Partido Popular

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Marisol Sánchez Jódar se ha hecho eco del malestar que hay entre los usuarios del centro de salud Lorca-San Diego debido a los retrasos en la atención médica por el cierre de agendas médicas como consecuencia de la falta de personal.

Sánchez Jódar denuncia retrasos de hasta 15 y 20 días en la atención médica que se presta en el centro de salud Lorca-San Diego. Según ha podido conocer la edil, al solicitar cita con su médico de cabecera, los usuarios se están encontrando con que las agendas están cerradas.

En concreto, al acceder a través del servicio de cita por internet, el mensaje que reciben los pacientes es que “no quedan horarios libres en el momento solicitado”, mientras que si consultan a través del teléfono, los usuarios son avisados de que podrán ser atendidos por su médico de cabecera a partir del 20 de agosto, con la salvedad de que, si se trata de una urgencia, se les recomienda que acudan a Sutullena o a Rafael Méndez, a partir de las 15 horas.

Sánchez Jódar asegura que esta situación es “inadmisible” pues “las enfermedades no entienden de meses en el calendario”. La edil ha aseverado que esta situación es consecuencia directa de la “nefasta” gestión de la sanidad pública que hace el Partido Popular, cuyos responsables “lejos de estar preocupados por los recortes en personal, lo que hacen es premiarlos”, tal y como puso de manifiesto hace unas semanas, al tener conocimiento del contenido del “pacto de gestión del área III de salud”.

Un documento interno en el que se reconocía que los directivos del área III de salud son “recompensados” por parte del Servicio Murciano de Salud por el ahorro de contrataciones de personal, por ejemplo, de cara a las sustituciones en verano.

Sánchez Jódar lamenta que lejos de ir mejorando la atención sanitaria en el municipio de Lorca, el Partido Popular, con su Alcalde a la cabeza, está propiciando un “progresivo deterioro” de la sanidad pública debido a los recortes en personal y a la nefasta política de contrataciones que sigue llevando al área III de salud “a la cola de la cola” de la sanidad en la Región y en el país.

La producción hortofrutícola superará 3,6 millones de toneladas en Almería

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«Una campaña aceptable en la línea positiva de los últimos años». Así ha definido el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, el avance de los resultados de la campaña hortofrutícola 2017/2018 en la provincia de Almería, con unas cifras de comercialización y precios que son las segundas mejores de todos los tiempos tras las obtenidas en 2016/2017, cuando se alcanzaron unas cifras excepcionales impulsadas por la mala temporada en muchos países competidores por la meteorología adversa que sufrieron. Pese a que esta circunstancia no se ha repetido y, por tanto, ha sido una campaña «muy competitiva», Almería ha consolidado su producción por encima de los 3,6 millones de toneladas.

Sánchez Haro, que ha recordado que los resultados definitivos no se conocerán hasta septiembre, ha reconocido que «los excelentes resultados de la pasada campaña ensombrecen en cierto modo los de la presente», pese a lo cual ha insistido en que en la mayoría de parámetros «estamos ante las segundas mejores cifras de la serie histórica». Y es que, ha reiterado, ha sido una temporada muy marcada por la recuperación de los países competidores, muy afectados el anterior invierno por unas bajas temperaturas que disminuyeron sensiblemente sus cosechas, lo que dio a Almería una mayor cuota de mercado que propició los mejores resultados jamás alcanzados en precios y comercialización.

Al margen de este factor externo, las cifras se han estabilizado en la media de las tres últimas campañas, tanto en los valores pagados al agricultor (2.176 millones de euros) como en los de comercialización (2.832 millones de euros), producción (3.602.523 toneladas) y precio medio abonado (0,604 euros el kilo). Por su parte, las exportaciones en los primeros nueve meses (de septiembre a mayo) han aumentado un 2,3% con respecto a 2016/2017 y han alcanzado los dos millones de toneladas de hortalizas y frutas frescas, aunque el valor de lo exportado ha caído un 4,5% y se ha situado en los 2.047 millones de euros, una cifra no obstante que es un 3,85% superior a la media de las tres últimas temporadas.

Para el consejero de Agricultura, estas cifras constatan que «contamos con un sector hortofrutícola almeriense que continúa demostrando su fortaleza, sobre todo en una campaña como ésta que ha sido muy competitiva», pese a lo cual Almería «ha afianzado su liderazgo en producción, comercialización y exportación». Para mantener esta posición de privilegio, ha animado a «aunar esfuerzos a través de una interlocución permanente con un sector que afronta unos retos cada vez más exigentes», un sector, ha recordado, «que seguimos construyendo entre todos gracias al esfuerzo que día a día hacen productores, empresarios y trabajadores».

Dada la excepcionalidad de la campaña 2016/2017, la mayoría de los valores de producción al agricultor son negativos excepto en el caso del melón, en el que se ha registrado un incremento del 10%. Por contra, los productos que menos beneficio han aportado han sido la judía verde (-42%), el tomate (-14%), el calabacín (-13,5%) y el pimiento (-11%), muchos de los cuales no obstante arrojan resultados aceptables si se comparan con la media de las tres últimas campañas.

Más superficie de invernaderos

Otras grandes cifras de esta temporada han sido el ligero descenso de la superficie hortícola total (-1,3%), alcanzando las 56.869 hectáreas, mientras que la de invernaderos ha crecido un 1,2% y supera ya las 31.000 hectáreas. Con todo ello, la producción se sitúa en 3.602.523 toneladas, un leve descenso de tan sólo un 0,5%.

Por superficie, los cultivos que más han crecido en porcentaje con respecto a la anterior campaña han sido la sandía (10%), seguida de melón y berenjena (3%) y tomate y pepino (2%), mientras que las que más han disminuido han sido la judía verde (-50%), la lechuga (-18%) y el calabacín (-1%). Desde el punto de vista de la producción, los mayores incrementos se han registrado en berenjena (7,7%), pimiento (5,5%), pepino (5%) y calabacín (1,5%), con una caída muy pronunciada de la judía verde (-51%), siguiéndole la sandía (-8%), el tomate (-1,2%) y el melón (-2%).

Tras reiterar que los resultados de la campaña han sido «aceptables pese a las dificultades», Sánchez Haro ha subrayado que, «para mantener el liderazgo en producción y comercialización», el sector tiene que afrontar una serie de importantes retos empezando por la gestión de los recursos hídricos, «un desafío en el que debemos trabajar todos». Esto, ha destacado, «implica una gran apuesta conjunta pública y privada para garantizar la seguridad y sostenibilidad de estos recursos hídricos».

Diferenciación necesaria

Asimismo, ha resaltado que «es necesario un verdadero compromiso de diferenciación» de la producción almeriense a través de la producción ecológica integrada y del control biológico de plagas, a lo que ha unido el objetivo de seguir avanzando en innovación, calidad y promoción. «No podemos bajar la guardia», ha apostillado.

Por último, ha abogado por un mayor equilibrio en la cadena agroalimentaria y una mejor gestión de los residuos, con la vista puesta en la economía circular y la bioeconomía. A esto ha unido la necesidad de mejorar las infraestructuras («no dejaremos de reivindicar el Corredor del Mediterráneo») y de apostar aún más por el modelo de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), sentido en el que ha anunciado que «a través de las negociaciones de la nueva reforma de la Política Agrícola Común (PAC) defenderemos la continuidad del apoyo a los programas operativos» de estas entidades cruciales para Almería.

La falta de personal provoca el colapso del Centro de Salud San Diego en Lorca

Pedro Sosa, concejal portavoz de Izquierda Unida Verdes en el ayuntamiento de Lorca, demanda más personal en el centro de salud de San Diego, tras las críticas de los usuarios que no pueden ser atendidos por la saturación que padece este centro.

Según denuncias de los usuarios, para consulta con su médico de cabecera, no se dan citas hasta el día 20 de agosto, por lo que sólo podrían ser atendidos sin cita previa.

En el caso de pediatría, los dos facultativos que hay presentes durante el verano, no son suficientes para atender el volumen de población que corresponde a este centro, situación que se agrava cuando alguno de ellos ha de atender una urgencia fuera del centro, dejando como única opción a los usuarios que van de urgencia con sus hijos al centro, esperar hasta las tres de la tarde e ir a las urgencias del Rafael Méndez para ser atendidos, con la angustia que eso supone para los progenitores.

Estas situaciones provocan un colapso del servicio de urgencias del Hospital Rafael Méndez, pues a los pacientes que necesitan atención primaria en San Diego antes del día 20 o de manera urgente sólo les queda esa opción si quieren ser atendidos.

Para Sosa, tanto el gobierno regional, como el ayuntamiento, son responsables de la situación de desamparo que sufren los usuarios de este centro de salud de los barrios aledaños. El primero, por su nefasta capacidad de gestión y por no cumplir sus promesas, pues tras el cierre del SUAP de San Diego en 2016, prometió una partida presupuestaria de 200.000 € para ampliar su servicio de pediatría y la puesta en marcha de un Punto de Atención Continuada (PAC), pero ninguna de esas dos promesas se ha llevado a cabo. Y el ayuntamiento por claudicar una vez más a sus superiores regionales y no defender los derechos y los intereses de los lorquinos.

El BCE sentenció al Popular el día 2 de mayo de 2.017

Rodrigo Echenique fue muy claro cuando afirmó en el Congreso de los Diputados que operaciones de la envergadura del Banco Popular no se hacen de un día para otro cuando respondió a la pregunta de Alberto Montero, diputado de Unidos Podemos, acerca de la amplitud de la información que publicaron en la CNMV como Hecho Relevante el día 7 de junio apenas 23 minutos después del anuncio de la compra por parte del Santander. Echenique tenía razón. La resolución del Popular se decidió en una reunión convocada por el Banco Central Europeo el día 2 de mayo, cuando la sexta entidad financiera del país disponía de 73.000 millones de liquidez.

El día 23 de mayo de 2.017, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) finalizó el diseño y publicó un borrador para normalizar las valoraciones de los bancos antes y después de que se produjera una resolución de una entidad de crédito, en concreto, los documentos EBA/RTS/2017/05 y EBA/RTS/2017/06. Ese mismo día se realiza de modo urgente la primera valoración del Popular por parte de la Junta Única de Resolución (JUR). ¿Por qué ese día y no otro? La respuesta es sencilla: no se podía realizar dicha valoración sin que hubiera un documento normativo sobre el que apoyar las conclusiones de tal informe. La normativa sobre la que se apoya la Valoración 1 de la JUR es, precisamente, los dos documentos de la Autoridad Bancaria Europea publicados ese mismo día.

Casualmente, ese mismo día 23 de mayo se produjeron las declaraciones de la presidenta de la JUR, Elke König, en Bloomberg que provocaron un pánico entre los depositantes y los mercados, unas palabras en las que, al nombrarse explícitamente al Banco Popular, se incumplió claramente el secreto profesional establecido en los artículos 84 y 96 de la Directiva 2014/57/UE de resolución de bancos.

Paralelamente a la Valoración 1, la JUR realiza el encargo a Deloitte para que realice su valoración, un documento que la propia auditora califica como provisional teniendo en cuenta la carencia de datos y el poco tiempo que se les dio para realizarlo (16 días) cuando lo habitual para confeccionar un documento de este tipo es, como mínimo, 60 días.

Al día siguiente, 24 de mayo de 2.017, la JUR requiere a Saracho toda la información necesaria para realizar la valoración, información que, tal y como indicó Deloitte, fue claramente insuficiente para poder confeccionar el informe.

La maquinaria para intervenir al Popular, rescatar al Santander y arruinar a más de 305.000 familias ya no paró. Tal y como hemos publicado en Diario16, el día 2 de junio por la noche Elke König envió por correo electrónico un documento encriptado a Jaime Ponce, presidente del FROB, y se convocó una reunión para el 3 por la mañana en la que se decidió iniciar el Proyecto Hipócrates, por el que la JUR autorizaba al FROB el comienzo del proceso de resolución del Banco Popular y la llamada a las cinco principales entidades bancarias españolas para que realizaran ofertas de compra una vez que el banco fuera resuelto, documento que hemos publicado en estas páginas.

La primera valoración de la JUR finaliza el día 5 y el 6 Deloitte presenta su informe, paralelamente a que Saracho cumpliera su trabajo y declarara la situación FOLTF (fail or likely to fail) en la reunión del Consejo de Administración del Popular.

Por su parte, el FROB envió a BBVA y Santander una carta que modificaba las condiciones de compra ya que solicitaba ofertas por el 100% de las acciones del Popular, es decir, que el organismo español cambió las condiciones que él mismo incluyó el día 4 cuando, a través de Arcano y Jeffries, remitió las misivas a Bankia, Sabadell, CaixaBank, BBVA y Santander. ¿Desde cuándo en un proceso de resolución se cambian las normas mientras las entidades están estudiando las condiciones por las que presentar sus ofertas? ¿Había miedo a que el BBVA presentara una oferta mejor que la del Santander?

Esa reunión convocada por el BCE el día 2 de junio de 2.017 y todos los procesos posteriores que se iniciaron provocaron un mecanismo de pánico que se retroalimentaba entre la liquidez del Popular y su valor en los mercados, tal y como podemos comprobar en esta gráfica:

En el momento en que el BCE convocó esa reunión, el Popular tenía 72.000 millones de euros y habían bajado 2.000 respecto al 15 de abril como consecuencia del discurso de Saracho en la Junta de Accionistas. Por tanto, el día 2 de mayo ya estaba todo preparado. El BCE había sentenciado al Banco Popular. Todo tenía que acabar el día 6 de junio, tal y como indirectamente reconoció el FROB en el cronograma que envió a las entidades bancarias el día 4 de junio. Como dijo aquél: «todo estaba atado y bien atado».

Diego Conesa asegura que 240.544 pensiones se benefician en la Región de Murcia de la revalorización adicional con atrasos desde enero de 2018

El delegado del Gobierno, Diego Conesa, ha anunciado que la Seguridad Social ha abonado una paga adicional de atrasos este viernes a 240.544 pensiones en la Región de Murcia. Se compensa así la diferencia entre la revalorización del 0,25%, efectuada en enero de este año, y la aprobada en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 del 1,6% para el conjunto de las pensiones y que alcanza el 3% para las mínimas, no contributivas y SOVI.

Es decir, se hará un abono único con los atrasos correspondientes a los 7 primeros meses del año y la paga extra recibida junto a la nómina de junio, que supone en la Región de Murcia un desembolso para la Seguridad Social de 26.374.893,75  millones de euros. Se trata de una paga de atrasos que se abona independientemente y con anterioridad al pago ordinario de la pensión mensual de julio.

España

La Seguridad Social hará un desembolso por este concepto en el conjunto del Estado de 1.121,69 millones de euros, que beneficiará a las más de 9,5 millones de pensiones (9.439.684).

La cuantía para cada pensión del sistema será de 101,24 euros de media, y de 117,10 en el caso de la prestación de jubilación. El abono correspondiente a la pensión de viudedad asciende a 70,33 euros.

A partir de la nómina de agosto, se consolidan las nuevas cuantías con las subidas incorporadas. La pensión media del sistema se eleva a 956,13 €/mes; la media de jubilación será de 1.101,73 €/mes y el límite máximo se sitúa en 2.614,96 €/mes.

En los PGE para 2018 se recoge además una subida del 2,75% (más el 0,25% aplicado en enero) para las 2.425.422 pensiones mínimas, 324.434 pensiones del SOVI y 548.000 pensiones no contributivas.

Así, la pensión mínima de jubilación, para una persona mayor de 65 años y con cónyuge a cargo se sitúa en 810,60 euros al mes; las pensiones del SOVI, 420,50 euros al mes y las pensiones no contributivas quedan en 380,10 euros al mes.

En cuanto al límite de ingresos, compatible con el cobro de pensión mínima, se sitúa en 7.347,99 euros al año.

También se incrementan las prestaciones familiares por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad del 65% o superior que, tras aplicar el 2,75%, quedarán fijadas en 4.561,20 euros al año.

Si la discapacidad es del 75% o superior, el importe se eleva hasta los 6.842,40 euros al año. En este caso, el número de personas beneficiadas alcanza las 210.000.

Por último, el límite de ingresos para tener derecho a las prestaciones por hijo a cargo menor de 18 años, sin discapacidad, queda fijado en 11.953,94 euros al año, y 17.991,42 en el caso de familias numerosas. Se incrementará en 2.914,12  euros al año por cada hijo a partir de cuatro.

El PSOE asegura que el Gobierno socialista de España cumplirá la Ley del Memorándum y enviará agua a la cuenca del Segura hasta finalizar el año hidrológico

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Jesús Navarro ha asegurado que el Gobierno socialista de España cumplirá escrupulosamente la Ley del Memorándum y habrá aportaciones hídricas para la Región hasta finalizar el año hidrológico.

Navarro explicó que a la deficitaria cuenca del Segura le quedan dos trasvases por recibir: uno, ahora en agosto, y otro en septiembre, según la cantidad de agua embalsada en la cabecera del Tajo.

El diputado socialista subrayó que “una vez más el PSOE cumplirá con la Ley del Trasvase Tajo-Segura, como lo ha hecho siempre que ha gobernado, con una gestión hídrica responsable y no faltando agua ni un mes a la Región. El PSOE siempre ha actuado con transparencia, demostrando que está del lado de los agricultores y los regantes, porque sabe la importancia que tiene este preciado recurso”.

Por ello, “y ante posibles discursos partidistas e interesados” Jesús Navarro quiso anticiparse y mandar un mensaje de tranquilidad a los representantes agrícolas de la Región, “porque no tienen nada que temer de cara a los próximos aportes, ya que el Gobierno de España cumplirá la ley y anunciará en los próximos días la autorización de envíos de agua del Tajo al Segura”.

Añadió que “para los socialistas murcianos el Trasvase Tajo-Segura es irrenunciable y siempre lo hemos defendido; así ha sido cumpliendo las reglas de explotación del trasvase en el mes de julio, con el envío de 38 hectómetros, y así volverá a ser en agosto y septiembre hasta acabar el año hidrológico”.

Algunas “no verdades” del Techo de Gasto

Lo ideal en las administraciones públicas es gastar lo mismo que se ingresa porque demostraría la buena capacidad de previsión y gestión de los cargos públicos, y el tener unos impuestos acordes a las necesidades de la sociedad. Es evidente que hay ciertas cuestiones que no se pueden prever por su naturaleza extraordinaria o contingente, de ahí que sea habitual cierto déficit presupuestario, cierta deuda en las administraciones, que pueden ser asumidas por los ejercicios donde se ingrese más. Digamos que cierto equilibrio presupuestario es lo ideal, que no lo normal. Y ahí es donde el Techo de Gasto famoso tiene su lógica (aunque existe un problema estructural de impuestos).

El Gobierno del PSOE había logrado, dentro del pacto de estabilidad presupuestaria que impone la Unión Europea, un aumento del gasto que podrían hacer las administraciones públicas de unos 5.000 millones de euros. Lo que se dice de la subida de cinco décimas del objetivo de déficit es que la UE habría permitido a España generar un déficit del 2,2% respecto al Producto Interior Bruto, la riqueza que produce España. Por lo tanto, la UE permitiría a las administraciones públicas gastar esos 5.000 millones por encima de los ingresos previstos. PP y Ciudadanos no han apoyado porque ellos quieren seguir reduciendo deuda y que el déficit sea contingente, el modelo ideal, y Podemos y ERC porque no se ha contado con ellos. Dos cuestiones realmente distintas. Los primeros lo hacen por motivos ideológicos y por querer reducir los gastos del Estado, especialmente, los gastos sociales. Y los segundos por una cuestión política y por querer más expansión del gasto. Volveremos sobre ello.

En todo esto hay una serie de no-verdades, que no es que sean mentiras, pero tampoco son realidades. Lo primero es que esos 5.000 millones no están ahí. No es un dinero que se tenga en el bolsillo y se pueda gastar. No, ese dinero no existe en sí. O lo que es lo mismo, es un dinero que hay que obtener pidiéndoselo a alguien, Banco Central Europeo o Entidades Financieras (en el caso de administraciones regionales o locales al gobierno o a entidades privadas), o mediante Bonos del Estado, por ejemplo. Y todo ello porque está por encima de los ingresos que se tienen previstos. Así que la primera no-verdad es que ese dinero no era de disponibilidad inmediata, no existe aún, ni se sabe si existirá. Porque el Estado puede pedir dinero, pero que no se lo den. Así pues hay que rebajar las expectativas de gasto.

Segunda no-verdad. En la votación del techo de gasto sólo se votaba la capacidad de generar déficit de las administraciones públicas, no las partidas a las que irían destinadas. Por tanto, en este caso, miente el PSOE al decir que es un dinero que iría a gasto social. Podría ir… o no. ¿Quién lo garantiza? De hecho, los 2500 millones de aumento del déficit de la administración central (pues la deuda financiera queda fuera) podrían muy bien ir a los miles de millones que España se ha comprometido con Donald Trump a gastar en armamento. Eso que dijo Pedro Sánchez que no, pero que tras mirar a Trump dijo que “bueno, vale”. O en Castilla-León, que está gobernada por el PP, el aumento de gasto/déficit podría ir destinado a arreglar caminos rurales para ganar votos de cara a las elecciones próximas. Nadie garantiza que ese dinero es para gasto social. NADIE. Porque ya sabemos que los políticos se ven con dinero fresco y se lanzan a hacer campaña electoral.

Por tanto ni los que han votado en contra, o los que se han abstenido, han quitado el dinero en sí para cuestiones sociales. Ni el dinero está, ni se garantiza que es para cosa social. Podría estar y destinarse a eso, pero nadie puede garantizarlo. De ahí que los que apoyaron la moción de censura le hayan dado un toque al gobierno. Lo primero, aunque fuese por deferencia parlamentaria, habría sido hablar y negociar con ellos la posibilidad del destino de ese aumento. Incluso haber presionado un poco más a la UE. Y no es que ahora haya que recortar 11.000 millones y se venda como algo malísimo, esos 11.000 millones de gasto habrá que recortarlos sí o sí, lo que pasa es que se habría conseguido hacerlo en un año más, siempre y cuando el Gobierno lograse superávit fiscal. No es bueno que esa posibilidad de gasto no se haya producido (error oposición), pero tampoco el gobierno ha garantizado que habría ese dinero y se gastaría en lo social (error gobierno).

Eso sí, si quieren todos gobierno y oposición de izquierdas, parecer al menos que la unión de la izquierda es posible, al menos podrían hablar unos con otros. Podrían ser más tolerantes otros con unos. Y, especialmente, el Gobierno podría no ir de seres superiores por ser tecnócratas y entender que la política es diálogo con los que piensan parecido. No con PP y Ciudadanos, sino con los que apoyaron que Sánchez llegase al Gobierno. Por el otro lado podrían ser un poco menos tiquismiquis y pasar alguna al Gobierno. Pero la realidad es que, viendo los sondeos que se publican, están todos en campaña electoral y la ciudadanía está después. Marketing sin efectos en el gobierno y miedo a parecer menos de izquierdas en los otros. País…

El PSRM-PSOE pide a la Consejería que asegure a los opositores la transparencia del sistema de selección

El secretario de Educación y Universidades del PSRM-PSOE, Raimundo Benzal, ha exigido a la Consejería que, ante la alarma profesional y social creada por los resultados de la primera prueba del proceso de selección del profesorado de Educación Secundaria, ponga todos los medios legales posibles al servicio de los opositores con  el fin de trasladar seguridad y transparencia.

Para Benzal, la trascendencia del proceso de selección “crea la suficiente ansiedad e inquietud en el profesorado afectado como para que además esté preocupado por la aplicación correcta y objetiva de criterios que la propia Consejería elaboró y publicó”.

El secretario de Educación y Universidades del PSRM-PSOE considera que es responsabilidad de la Consejería asegurar el funcionamiento correcto de los tribunales, como responsable de su nombramiento, en todo lo que no sea de competencia de estos.

Con respeto a la protección de datos, indicó que la Consejería debe hacer públicos los informes que realicen, o solicite, a los tribunales para que los opositores tengan más elementos de juicio antes de proceder a las acciones administrativas y judiciales que, en su caso, decidan.

El PSRM-PSOE ha presentado iniciativas parlamentarias en el Congreso de los Diputados y en la Asamblea Regional “para que las pruebas no fueran eliminatorias y poder compensar los hipotéticos fallos de una, con los aciertos de otra, lo que disminuiría la estadística del error y aumentaría las posibilidades de selección”.

Raimundo Benzal recordó que la Conferencia de Educación del PSRM y todas las decisiones del PSOE de los últimos años concluyen que la solución es un nuevo sistema de selección (el llamado “MIR educativo”, o “DIR–Docente Interno Residente”) como actualización profesional y con todas las seguridades de objetividad y derechos laborales.

“Este es uno de los aspectos incluidos en el intento de Pacto Educativo. Mientras tanto, el PSOE, responsable del Ministerio de Educación, mejorará la normativa actual de selección del profesorado”, afirmó.