miércoles, 28 enero, 2026

Susana Díaz logra desbloquear el eje de alta tensión Caparacena-Baza-La Ribina

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El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión del viernes 27, la modificación de aspectos puntuales del documento de Planificación Energética Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, que cambia la consideración del eje eléctrico de alta tensión Caparacena-Baza-La Ribina y pasa formar parte del anexo 1, lo que significa en la práctica que debe estar en marcha en el año 2020. De esta manera se concreta el acuerdo alcanzado el pasado 23 de julio entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de impulsar esta infraestructura eléctrica.

Esta línea de alta tensión de 400 kV es una reivindicación que tanto el gobierno andaluz como el Parlamento de Andalucía, a través de distintas iniciativas, venían reclamando al anterior Ejecutivo del PP, sin conseguir su inclusión entre las infraestructuras prioritarias. Desde la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio se aportaron los correspondientes estudios que validan su importancia para mantener la vertebración territorial y social de una parte de Andalucía, y para el futuro económico y el bienestar y progreso de unos 100 municipios y de una población de más de 550.000 personas.

El desarrollo del eje de alta tensión Caparacena-Baza-La Ribina incrementará la seguridad del suministro en Andalucía Oriental evitando fallos en la red, mejorará notablemente los parámetros de la red de transporte y dará apoyo a la red eléctrica de distribución, lo que redundará en una mejora de la calidad del suministro a los habitantes y permitirá la implantación de proyectos empresariales de distintos sectores productivos.

Por otro lado, la nueva infraestructura garantizará que los proyectos de energía renovable se conviertan en una realidad con la consiguiente creación de empleo, y su efecto beneficioso en el desarrollo económico y social de la zona, que presenta en la actualidad una alta tasa de envejecimiento y bajo implantación de establecimientos industriales, por las deficiencias en el suministro eléctrico.

A partir de las últimas subastas eléctricas existen empresas con intenciones de desarrollar iniciativas de generación de energías renovables de más de 360 MW, que cuentan con Autorización Administrativa en vigor, y tenían un plazo máximo de puesta en servicio el final de año 2019, y que se veían afectadas por la situación de bloqueo por parte del anterior gobierno central.

Según las asociaciones de promotores, hasta 2015 se contabilizan más de 1.100 MW con Autorización Ambiental, del orden de 850 MW con Autorización Administrativa y 404 MW con priorización y derechos de acceso a la red de transporte en el nudo de Baza.

Todos estos proyectos, que consolidarían el más importante polo de desarrollo de energías renovables para Andalucía, pueden avanzar ahora gracias al eje de 400 kV, que permitirá plena respuesta a una generación de energía renovable del orden de 1.000 MW de generación renovable, en función de los estudios de capacidad realizados por Red Eléctrica.

La puesta en marcha del eje significará también el fin de un «gran agujero negro» de infraestructuras energéticas, único en todo el territorio español y que ha lastrado el desarrollo de esa zona, y permitirá su transformación a polo de generación de energía con fuentes renovables, que podría convertirse en uno de los más importantes a nivel nacional por la cantidad de recursos renovables disponibles.

PSOE denuncia la incongruencia del Gobierno regional, al pedir fondos del Estado para mejorar la Educación pública y votar en contra de la senda de déficit del Gobierno

La  diputada del Grupo Parlamentario Socialista Choni Ludeña mostró su perplejidad ante el cambio de postura de la consejera Adela Martínez Cachá, por exigir un aumento de presupuesto estatal para hacer cambios y mejorar la educación pública de nuestra Comunidad. “Llama la atención la incongruencia del Gobierno regional, cuando han paralizado de manera absolutamente irresponsable el aumento del gasto del Estado, que hubiera servido, entre otras cosas, para revertir los drásticos recortes efectuados por los gobiernos del PP en el sistema educativo”.
Ludeña exigió a la consejera que no ponga más excusas, se sume a las comunidades que van a revertir los recortes de 2012 y no discrimine a los docentes y alumnos de la Región de Murcia. Desde 2012, se han destruido 3.000 puestos de docentes en la Región de Murcia.
La diputada socialista explicó que el aumento de presupuesto para Educación que demanda ahora el Ejecutivo de López Miras puede materializarse de dos formas:
Por un lado, mediante un reajuste de los propios presupuestos regionales, modificando prioridades y asignando mayor peso a la partida educativa; “lo que requiere una voluntad clara y decidida por una Educación pública, cosa que hasta ahora el PP no ha mostrado».
Y, por otro lado, y compatible con lo anterior, recibir más dinero por parte del Estado, algo que el PP ha bloqueado, al rechazar, de manera absolutamente irresponsable, el aumento del gasto del Estado en unos 6.000 millones de euros, pese a contar con el visto bueno de Bruselas.
Choni Ludeña  recuerda a la consejera que han tenido siete años de gobiernos de Rajoy para modificar la financiación autonómica y no han hecho nada. Por tanto, solicita a la consejera que el anuncio que va a hacer mañana vaya en la dirección de mejorar la calidad de la enseñanza en nuestra Región, reduciendo la jornada de los docentes y garantizando la sustitución del profesorado desde el primer día.
Asimismo, le reclama que no sea oportunista y acate y cumpla los acuerdos que se tomaron por mayoría en el Parlamento regional. “El Gobierno regional debería sumarse a las acertadas y beneficiosas políticas del Gobierno socialista de la Nación y no seguir discriminando a esta Comunidad”.

Tenemos un grave problema en España: muchos jueces han dejado de ser jueces

Tenemos un grave problema en España y es que muchos jueces han dejado de ser jueces, para convertirse en opinantes políticos, en jueces justicieros, en moralistas, en amigos de poderes fácticos, de despachos múltiples con apellidos más conocidos por sus gestiones como lobby que por la aplicación legal del derecho.

Un juez debe limitarse a examinar hechos y pruebas y aplicar la ley a través de sus sentencias al caso sin ideas preconcebidas, desde principios básicos como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el principio de legalidad y la seguridad jurídica. Sólo una judicatura imparcial, recta, serena y alejada de la ideología en el cumplimiento de su función, garantiza los derechos de los ciudadanos, la democracia real y la existencia de un verdadero Estado de derecho. Desgraciadamente, muchos jueces en España quieren hacer política, convertir sus sentencias en ejemplos y hacerse estrellas del firmamento mediático, cuando las sentencias lo único que tienen que ser es justas, acordes a la legalidad vigente que nos hemos dado y ecuánimes, no buscar ejemplaridad de ningún tipo, ni servir a otros intereses o ¿es que vamos a aplicar la ley según la “moral” particular de cada juez?

Este tipo de cosas y actitudes de muchos jueces constituye la mayor prueba de la decadencia de un Estado y está, en el fondo, detras de los problemas más graves que hoy tiene España.

Espartinas, un nuevo ejemplo de que el partido de Albert Rivera está incapacitado para gobernar

Son ya demasiados los ejemplos de localidades importantes donde Ciudadanos gobierna en los que han dado muestra de su plena incapacidad para gestionar una administración pública, la que sea y de cualquier ámbito. En los 3 años que han pasado desde las últimas elecciones municipales, en la gran mayoría de los municipios importantes gobernados por el partido de Albert Rivera sólo ha reinado el caos más absoluto y se ha demostrado que no son una formación política que dé garantías a la ciudadanía de saber gestionar. El partido naranja gobierna en pocos lugares de España y allí donde lo hace está demostrando una incapacidad absoluta porque una cosa es predicar y otra dar trigo.

El populismo de Rivera y sus acólitos es muy fácil de aplicar desde la barrera. Cuatro ideas muy rimbombantes que calan en el pueblo y a recoger votos. Desde que Ciudadanos llegó a la escena política nacional todos los grandes logros de cualquiera de los ámbitos gubernativos son causados por el partido naranja. Puede que, incluso, la propia creación del Universo estuvo dirigida por Albert Rivera.

Con el poco poder que consiguieron en 2.015 ya acumulan quiebras de municipios, casos de corrupción, acoso a trabajadores discapacitados, el pago de la sede de Huelva con dinero de la Diputación y, sobre todo, ineficacia. Si a todo esto unimos que han apoyado a gobiernos del PP salpicados por escándalos judiciales en todos los niveles territoriales, estatal, autonómico y local, como, por ejemplo, el apoyo a Pedro Antonio Sánchez, pluri imputado por varios casos de corrupción, o a Gabriel Amat en Roquetas de Mar. Además, ya han tenido detenidos como el alcalde de Arroyomolinos en el marco de la Operación Enredadera.

El último caso que demuestra esa incapacidad del partido de Albert Rivera para gobernar lo encontramos en Espartinas, una de las localidades más importantes de la provincia de Sevilla. Allí gobernaron con el apoyo del PSOE. A los pocos meses su alcalde tuvo que dimitir del cargo —aunque no abandonó su acta de concejal— por una imputación por las anomalías detectadas en los contratos del programa autonómico de ayudas a personas en exclusión social. Fernández continuó como concejal dentro del Gobierno local y, el pasado febrero, la mencionada investigación fue archivada, quedando libre de cargos.

En esta legislatura Espartinas ha tenido 3 primeros ediles y su gestión ha sido calificada por el resto de partidos de la oposición, incluso el PSOE que rompió el pacto de legislatura por estar hartos de los cachorros de Rivera, como de incapaz, inestable, opaca, que ha provocado «la paralización de la vida municipal y la pérdida de innumerables subvenciones y proyectos», tal y como reza en el escrito de reprobación de Olga Hervás Nieto, la actual alcaldesa, quien ha sido demandada ante los órganos municipales y los tribunales por acoso laboral contra el anterior alcalde, Iván Gómez Fernández, quien ha sido expulsado de Ciudadanos, al igual que la propia Hervás.

El propio Gómez, tras ser conocedor de su expediente de expulsión, afirmó en un comunicado que «el partido Ciudadanos carece de toda seriedad para aspirar a gobernar y gestionar cualquier institución pública. A la falta de apoyo que demuestran en la gestión diaria de sus concejales, se le une la falta de respeto hacia ellos. Para muestra las veces que mi persona ha visitado el Parlamento de Andalucía, para después ni siquiera ser atendido».

El caos en Espartinas provocado por Ciudadanos es el último ejemplo de su incapacidad para gobernar. Es muy fácil solucionar todo desde la platea, pero cuando hay que enfrentarse a la realidad de la gestión demuestran que son absolutamente ineficaces. Sus recetas no funcionan en la política municipal porque, en realidad, no tienen más receta que decir y prometer lo que la gente quiere escuchar. Por tanto, ¿se le puede dejar la puerta del gobierno de España abierta para que lleven a la ruina al país? Los españoles tienen que saber de lo que son capaces Albert Rivera y su partido. El ultranacionalismo y el populismo suelen llevar a la ineficacia de la gestión, además de a la ruina de los pueblos.

Postdemocracia y Derechos Humanos

Corría 2005, en Europa se discutía sobre la Constitución Europea que debía ser aprobada por los distintos Estados. La discusión fue muy polarizada; quizás por ello algunos no entendíamos el “Sí crítico” que defendía la dirección de Izquierda Socialista (PSOE). Por dicha razón en ese debate, propugnamos una serie de preguntas a aquella dirección ya que entendíamos que la Constitución Europea escondía trabas y obstáculos para la democracia en Europa, porque había algo “oculto” (que no se decía) que haría imposible una Europa democrática y social. ¿Cuál fue la sorpresa? Simplemente que aquella dirección se negó a convencer; por todos los medios pretendió que saliera el “si crítico”. No trataron de convencer, no dieron ningún tipo de explicación, todo lo contrario, se trataba de conseguir la “unanimidad”. Aquella dirección de IS, que hoy ya no está, consiguió su objetivo. Si hubo algún que otro interés algún día la historia nos lo dirá. Al final dicha Constitución no fue aprobada.

Pero la burguesía europea no se quedó con los brazos cruzados, así que buscó nuevos recodos hasta llegar a cumplir sus objetivos. Sin embargo, en aquella Constitución había dos objetivos ocultos: la directiva Bolkenstein– que por cierto entro en vigor en diciembre de 2009-, y la cuestión de la frontera Sur– mediante la cual se construirían “Centros de acogida” para los inmigrantes ilegales (y por cierto no se decía nada sobre derechos humanos).

Han pasado ya 13 años y en el fondo el programa neoliberal se extendido al resto de Europa. Pero esto ha significado un ataque a las libertades y a los derechos; primero los económicos y sociales y más tarde a los derechos en general. Para llegar hasta aquí Europa está diciendo adiós a la democracia y abriendo (de nuevo) la puerta a viejos fantasmas. No podemos olvidar que el proyecto europeo ha traspasado el muro, aunque para ello se hay intervenido en la desintegración de la Yugoslavia de Tito.

¿Qué está sucediendo en Europa? ¿en qué han derivado sus políticas? ¿Por qué dichas políticas van en contra de la ciudadanía? ¿Por qué la deriva hacia una “fortaleza”?. Y todo lo dicho supone el olvidarse de los derechos humanos y el criminalizar a la ciudadanía, convirtiéndola en meros súbditos y/o ciudadanos pasivos. Y esto se ha agudizado a partir de la crisis del 2008.

Algo está quedando cada vez más claro. Y es que la UE para llevar a buen puerto todos los objetivos del neoliberalismo ha tenido que vaciar aquellos valores que permitieron la posibilidad de su misma existencia. La austeridad sólo es válida si se recortan las libertades. Es lo que estamos viendo tanto a nivel europeo como en el Estado español. En este caso reforzado además con la salida de la Cuestión Catalana.

Volver a las raíces del demos significa la dar voz, abrir el abanico de posibilidades y disentir. Pero esto supone una serie de mecanismos que el neoliberalismo nos ha arrebatado. La postdemocracia retira la “libertad republican” y exige autoritarismo. Es lo que pretenden algunos “constitucionalistas” cuando frente al demos nos hablan del “imperio de la ley”. Pero desde el demos siempre sobresale una pregunta: “¿qué se debe hacer cuando la ley es injusta”. La antigua  “razón de estado” se transforma en el imperio de la ley.

Y como bien dice Jaime Pastor lo dicho nos lleva a un autoritarismo, pero a la vez a un “proceso de desdemocratización”. Desde la caída del Muro de Berlín, o desde la derrota del stalinismo sólo hay un vencedor: la democracia representativa. Pero el demos en dicha democracia queda arrinconado en una urna.  No encontramos con que esta democracia representativa sólo sirve a las clases propietarias o ricas. Por otra parte, con la “pérdida de soberanía” frente a un megaestado que sirve a los intereses de las clases propietarias, el neoliberalismo propugna una política económica basada simplemente en la austeridad, por supuesto por encima de las clases populares. El Estado de derecho tiende a desaparecer ante dicha política y ante “el imperio de la ley”. Frente al papel preponderante de la deuda nos encontramos con el hecho de que nuestras sociedades están sufriendo un importante déficit democrático.

Para llevar a cabo dicha política es necesario “criminalizar a las clases populares”. Y durante los años de gobierno del PP, desde el Parlamento con su mayoría absoluta se encontrado con el instrumento para llevar a cabo esta desdemocratización y a la vez criminalización de la voluntad popular.

El eje de la política del PP se ha basado en el recorte y/o represión de derechos y en el choque de trenes con respecto a la Cuestión Catalana, que ha llevado a la aplicación del artículo 155. Al mismo tiempo que reprimir a las clases populares. La principal de todas ellas la Ley Mordaza aprobada solamente con los votos del PP en 2015. Con la excusa del terrorismo yhijadista el gobierno aprobó dicha ley, pero la realidad, como otras veces, es que dicha ley escondía un ataque frontal a determinados derechos como la “libertad de expresión” o el “derecho de huelga”.

Por su parte la deriva catalana llevó al gobierno, con el apoyo de los partidos constitucionalistas a la aplicación del 155, aunque en principio dicho artículo sólo era aplicado para la “convocatoria de las elecciones”. Pero dicha aplicación ha hecho que para los secesionistas la “prisión preventiva” se haya convertido en norma e vez de una excepción. Una aplicación que se basaba en un posible delito de sedición o rebelión que la justicia europea poniendo en su sitio.

La cerrazón de la derecha centralista y española nos ha conducido a este límite. Por otra ,parte, la marca blanca de dicha derecha- más escorada aún- ha sabido jugar creando la “sociedad civil”, que ha permitido abrir la puerta al viejo fantasma del fascismo. Mientras que el nacionalismo de derecha en parte para tapar la corrupción de Pujol y esconder la corrupción del 3% se nos hizo independentista. Aunque el mayor responsable no es otro que el PP   que durante los años de su gobierno no ha querido aceptar ningún tipo de diálogo con Cataluña. El gobierno del PP se negó a hacer política y tan solo habla del “imperio de la ley”. Hacer este tipo de política sólo puede llevar al “irracionalismo”, que en manos de la derecha sólo puede llevar al enfrentamiento civil y al ataque de los derechos colectivos

Y a nivel europeo el Mediterráneo se ha convertido en la Frontera Sur. Quizás, por esto mismo, comenzaron con Gecia país clave para convertirse en un laboratorio donde implementar políticas no sólo económicas, sino también de “seguridad migratoria”. Pero no es el único, también hay que hablar de Italia y de España. Grecia es la intersección entre los Balcanes, el Mediterráneo oriental y el sur de Europa. Pero si miramos a Italia nos encontramos con Libia y Túnez, mientras que España es la frontera para Argelia, Marruecos y todo el Subsáhara.

Miguel Urbán en su libro Disparen a los refugiados nos da cifras y relata cual ha sido la política de la UE con respecto a la inmigración. La UE (Bruselas) ha trasladado la responsabilidad hacia el Sur; pero dicha responsabilidad no se refiere al respecto de los DDHH sino más bien a la seguridad y por tanto a evitar que los inmigrantes vayan hacia el Norte. Han pasado 13 años del debate sobre la Constitución Europea, pero el núcleo duro de la UE ha vuelto a sacar de la chistera lo que había en ella: los campos de internamiento. Hasta tal punto que la vida de cada refugiado tan sólo vale 600€.

Se levantan fronteras, se utilizan concertinas en las murallas levantadas y se crea un nuevo negocio. El mismo Urban, en el libro citado nos hablar de tres grandes negocios: “en origen: negocios causantes de la expulsión y de la huida, en tránsito: desde las mafias que trafican con personas hasta los lucrativos y diversos negocios de la frontera y la xenofobia; en destino: el negocio que supone contar con una abundante mano de obra migrante barata que explotar en las sociedades de “acogida”.

La política de la UE no se basa en la defensa de los DDHH. Europa se convierte en una Fortaleza que hay que resguardar. Europa prefiere pactar con las mafias y con los Estados fallidos, como Libia. Y en la construcción de dicha fortaleza, siguiendo de nuevo la información de Urbán nos encontramos con una xenofobia institucional y una xenofobia política.

La UE prefiere pactar con Estado pseudodictatoriales, como Turquía o Estados fallidos. En la famosa “crisis de los refugiados” gracias a la destrucción de lugares como Siria, los gobiernos de Europa del Este, como Hungría cerraron fronteras e incluso construyeron muros. La solución fue pactar con la Turquía de Erdogan, acuerdo realizado en 2016 y que tuvo como consecuencia el sello definitivo de la “ruta de los Balcanes”. Un acuerdo que echa al cubo de la basura el “derecho de asilo” y que permite a Turquía a abrir de nuevo la ronda de negociaciones de adhesión a la UE.

Pero lo de Libia todavía es más fragrante. Ya en 2008 Berlusconi pactó con el presidente de Libia (Gadafi) combatir la inmigración mediante el establecimiento de centros de detención que permitieron la devolución de los inmigrantes a Libia. Pero esto se agravó cuando la OTAN intervino en Libia para derrocar a Gadafi, Libia quedó convertida en un Estado fallido donde dominan los clanes y mafias que han construido un gran mercado de esclavos gracias a los inmigrantes que va a ser gestionado por las distintas milicias locales.

Frente a todo lo dicho la única solución que nos está dando esta Europa Neoliberal es la de parar este éxodo- que por cierto está provocado por las distintas guerras de rapiñas que la misma Europa ha llevado a estos países-. Pararlo en dicha frontera sur. De ahí que vuelvan a proponer aquello que ya encontrábamos en la Constitución Europea – que se rechazó-: la construcción de campos de internamiento, para lo que se ofrece 6.00€ por persona.

El capitalismo te mata y la droga te remata II

Mientras que los delitos de narcotráfico siguen creciendo, la justicia se ceba con penas tremendas contra los toxicómanos enfermos y desesperados, a los que sus continuas condenas a cárcel no hacen más que castigarles a un desastre personal y familiar.  Ahí queda reflejado el carácter clasista e inhumano de esa justicia burguesa que es vista cada día con más indignación por la población, demostrándose que la “justicia no es igual para todos”, sino que premia a los ricos y castiga a los pobres.  Varias encuestas señalan que los drogadictos no debieran ir a prisión hasta que no sean curados mediante su atención como enfermos en centros adecuados y es una abrumadora mayoría de los encuestados los que dicen que debería elevarse las penas a los narcos, “incluso incautándoles todo su patrimonio y utilizándolo para curar a los que ellos han enfermado”.

Estudios sobre esta cuestión informan que solo entre un 5 y 10% de los toxicómanos condenados disfrutan de medidas alternativas a la prisión. Los jueces protestan ante las dificultades materiales con las que se encuentran cuando, al carecer de suficientes planes alternativos, se ven obligados a condenar a prisión a los drogadictos.  También los sindicatos de prisiones dicen que no existe un tratamiento adecuado en los centros para la terapia adecuada de esos toxicómanos, además de que es una realidad que se introduce droga ilegal en prisiones para el consumo de los reclusos drogadictos, donde las mafias siguen operando.

Asistimos a una falta de medios públicos para atender a los enfermos drogadictos y el Gobierno anterior del PP trataba de pasar del problema. Cuando Gallardón era alcalde de Madrid, con un cinismo impresionante e inaceptable, anunciaba el plan de la apertura de las “narcosalas” para que los drogadictos tuviesen un lugar donde pincharse. Era una medida electoralista más, como se comprobó posteriormente porque el toxicómano, aún pudiendo pincharse en mejores condiciones y bajo atención médica, no deja de cavarse su propia fosa si sigue consumiendo y no se produce en realidad un plan para curarlo de su enfermedad. Si sigue comprando la droga a los mismos camellos y sigue viviendo en las mismas condiciones de marginalidad degradante, lo que se consigue con eso es garantizar los beneficios de los narcos y fidelizarlo como cliente. Esa hipócrita filosofía de medidas caritativas,  indican que para la burguesía, el drogadicto es un estorbo y una garantía de beneficio para los narcos.

En realidad lo que requiere el enfermo drogadicto no es un sitio oculto para poder pincharse. El nuevo Gobierno Socialista debería llevar a cabo unos planes serios cubiertos por la sanidad pública para tratar el problema como lo que es, un enfermo que tiene derecho a ser curado, al igual que lo tienen los hijos de padres con recursos, pues la mayoría de los enfermos por drogas no tienen otro camino que recurrir a la rutina del cada día a costa de dejar completamente en la ruina a su familia, entrar en la delincuencia,  o caer en centros privados que a veces son un sacadinero manejados por sectas religiosas que bajo el compromiso de sacarte de la droga, o te explotan en sectas haciéndote trabajar por las comidas, o peor, pues te introducen en situaciones “alienantes” de fundamentalismos religiosos, mientras que los Jefes de esas tramas se dan la buena vida.

Existen también sectores diversos, sobre todo los llamados “liberales” que plantean como alternativa la legalización de las drogas. La represión al consumo y al pequeño traficante se ha demostrado totalmente un fracaso, pero los argumentos en pro de legalizar el tráfico y el consumo son muy discutibles.  Algunos argumentan que podría descender la delincuencia y que la calidad de la droga sería mejor y menos dañina. También desde sectores que se reclaman del progresismo apelan al ejercicio de la libertad individual hablando de que cuando se es libre, cada cual puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Cuando se les argumenta que el drogadicto es un enfermo que ejerce su propio suicidio a cámara lenta te dicen que “se lo ha buscado y que se muera ya, que el Estado no debe pagar su curación”. Esos argumentos “individualistas, ultra-liberales e insolidarios” no van a la raíz de la cuestión, porque en realidad, el tema de la droga no puede considerarse un problema individual sino social. ¿No se plantean las derechas la pregunta de cuáles son las causas de que la juventud caiga en la droga y quiera desconectarse de esta sociedad  capitalista que no les ofrece un futuro digno?

Esos argumentos de anteponer la “libertad individual” por delante del “bienestar social y colectivo”, en cuestiones públicas,  es poco consistente y carente de solidaridad en una Democracia y demuestra que se tiene poco en cuenta  que  el entorno en que vivimos condiciona grandemente las acciones de las  personas. La explotación, la marginación, la opresión, el paro, la miseria, la falta de un  futuro… empujan a la juventud al mundo de las drogas.  No pueden decir esos “neocons” que un joven que tiene la necesidad de trabajar porque tiene circunstancias familiares difíciles, cuando  encuentra un empleo puede “decidir libremente”,  decir que NO a ese contrato basura, o decirle al empresario que no quiere hacer horas extras, o que le ponga todas las horas que hace en nómina y cotizadas a la Seguridad Social, cuando sabe que con el modelo de contratación que implantó Rajoy no puede ejercer su libertad y sus derechos porque vas a la calle sin  ningún tipo de indemnización. El nuevo Gobierno del PSOE debe abolir esas leyes reaccionarias de inmediato.

Igualmente es una utopía decir que la legalización de la droga permitirá una mayor atención al enfermo drogadicto.  Precisamente la burguesía a través del Gobierno Rajoy, vino legislando la reducción de gastos sociales, privatizando la sanidad, colocando al Estado español con la mayor brecha entre ricos y pobres que nunca, con menos gastos por habitante en la U.E. despreciando las inversiones en salvar y sanar a los enfermos toxicómanos y aumentando la desigualdad de forma insoportable. Esperemos que esto cambie con el nuevo Gobierno PSOE porque al PP lo único que les importaba de los drogadictos es que “no manchen la estética” de los turistas y de gentes de su clase burguesa en los barrios ricos.

Argumentando en contra de la legalización de la droga, bajo el modelo capitalista de lucro privado, en caso de libertad de tráfico y comercio,  siempre las introducirán en el mercado al coste inferior y de peor calidad que puedan, incluso por debajo del que tendrían en el mercado cuando se vendiesen legalmente, como ha ocurrido siempre, por ejemplo, con el tabaco, el alcohol y otras drogas legalizadas. La droga es en manos de los narcos su mercancía y con su legalización, esos personajes mafiosos, que tienen amigos entre los banqueros y la clase política, se convertirían en “honorables empresarios”, a costa de incrementar el número de muertos entre la juventud, víctimas de ese veneno cruel, sean legales o ilegales las drogas. Es lo que ocurre con el contrabando de tabaco o el alcohol de garrafón que sirven en algunas discotecas los fines de semana, destrozando el hígado al consumidor.

Con la legalización de la droga no se acabaría con la problemática que acarrea. Lo único que ocurriría es que aumentarían las cuentas de resultados de las grandes multinacionales que financian enormes alijos que se valoran en millones de dólares, a la vez que facilitaría y ampliaría el mercado del consumo de esas sustancias, convirtiéndolas en aceptables como otras sustancias tóxicas como el alcohol, robusteciéndose así el control embrutecedor y degradante del ocio en manos de los capitalistas y en perjuicio de la población, y sobre todo, de la juventud quedando castrados y anulados para la lucha social por un mundo mejor.

Algunos argumentan que la prohibición de las drogas aumenta su consumo, pero eso es totalmente falso. El alcohol es legal  y es tolerado, aceptado y consumido por la población y eso no ha evitado que cada año haya más alcohólicos y muertes por cáncer de hígado, de páncreas, o causan accidentes de tráfico mortales por gentes que consumen masivamente esos producto; También eso es el efecto de esas drogas destructivas, aunque sus resultados son a veces lentos y menos reconocidos por la vecindad. “En 2016 más de 100.000 conductores dieron positivo en los controles de drogas realizados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.  El 43 % de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico y analizados por el Instituto Nacional de Toxicología, tenían presencia en sangre de alcohol, drogas o psicofármacos”.

El problema de la droga y sus efectos nocivos para la población no se podrá resolver ni con su legalización ni con su represión. Porque una de las drogas más peligrosas y poco reconocidas es la “enajenación mental” que la propaganda burguesa ejerce sobre las mentes de las masas asalariadas.  La juventud y las familias trabajadoras tenemos que defender nuestras reivindicaciones claras para poder llevar una vida digna, como un puesto de trabajo bien remunerado, viviendas dignas y accesibles para todas y todos, mejoras sociales en Educación, Sanidad, Servicios, Pensiones, Dependencia, etc. y luchar por conseguir un ocio alternativo, sano y creativo para nuestros barrios y ciudades.

Cada vez más gente comprende que mientras que exista el capitalismo, la clase trabajadora y la juventud se verá empujada a esa pesadilla, pero debemos continuar la lucha en defensa de un programa socialista que contemple entre otras cosas la expropiación de todos los bienes y fortunas de los narcos, para invertir esos recursos en un plan de lucha contra la corrupción expropiándoles sus negocios y propiedades para emplear esos recursos en rehabilitación y atención al enfermo toxicómano que sus acciones han provocado.

Esos planes deben ser gestionados bajo control democrático de organizaciones vecinales y sociales, en conjunto con los  familiares de afectados y las organizaciones sindicales y políticas de cada zona. La fuerza tiene que venir desde abajo. Se están viendo señales del inicio del despertar tanto de familiares y amigos de las víctimas de la droga y de muchas personas concienciadas que luchan por un mundo mejor. Se está acabando el tiempo de esos hipócritas, cínicos y escépticos que no quieren hacer nada por cambiar el modelo de sociedad, pero la democracia nos exige apartarlos y continuar la lucha porque las nuevas oleadas de jóvenes están dispuestas a luchar por el Cambio que nos encamine hacia la emancipación y liberación como seres humanos. Millones de personas honestas están buscando una bandera limpia, unos ideales y un programa genuinamente socialista, para que a través de una lucha democrática plena,  podamos unirnos y organizarnos avanzando hacia la victoria. El objetivo es la lucha por el socialismo Internacionalista y Solidario porque el dilema al que nos enfrentamos como Humanidad sigue siendo el de siempre; Socialismo o Barbarie.

Rebelión de los productores de almendra en Coato

Los agricultores productores de almendra de Coato en Murcia han decidido por unanimidad no entregar la cosecha de esta campaña a los actuales gestores, a los que califican de nefastos, «dada la falta de confianza que tienen hacia los mismos y dados los deficientes resultados económicos de las pasadas campañas». Así lo han asegurado en un comunicado en el que, además, anuncian que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía por las distintas «cuestiones de las que han tenido conocimiento relacionadas con los Gestores de Coato», cuestiones que, según los agricultores, podrían ser constitutivas de varios delitos.

Por otro lado, la Asociación Nacional de afectados por las liquidaciones de Coato (ANACO), en la que se engloban más afectados de otros sectores agrarios, ha decidido en una asamblea denunciar contra los actuales gestores ante la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia, el OLAF (organismo que investiga el fraude contra el presupuesto de la Unión Europea, la corrupción y las faltas graves de conducta en los organismos europeos) y el Ministerio de Agricultura, por presuntas irregularidades en las ayudas OPFH.

Por otro lado, se denuncia la falta de transparencia y democracia que existe en la cooperativa y que tuvo su punto álgido en la Asamblea General de diciembre del año pasado. En ese acto 5 o 6 cooperativas tuvieron más de 1.000 votos « rompiendo el espíritu cooperativista, lo que atenta directamente contra la ley de cooperativas que fija el limite para personas jurídicas y físicas en 5 votos para socios productores, su interpretación y en especial el cooperativismo agrario. Todo ello, no sólo lo avala la Ley de Cooperativas, sino también, un Dictamen Jurídico, encargado por la Anaco España a la Presidenta de la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Murcia, informe que será presentado ante los Juzgados de Murcia, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España, a los efectos oportunos y para que tomen cartas en el asunto, para parar los pies al Consejo Rector de COATO y al Presidente de Coato, el Sr. Hernández Costa, que después de Presidir la Cooperativa durante casi 40 años no quiere despegarse del sillón y menos este 2018, cuando tendrán lugar elecciones al Consejo Rector».

ANACO ha acordado requerir al Gerente y al Consejo Rector de Coato para mantener una reunión urgente en la que los productores de almendra piden «que se fijen las condiciones de comercialización de sus productos y se les facilite la información oportuna que vienen solicitando, o no entregarán su cosecha de almendra, dada la negligente y nefasta gestión comercializadora especialmente de estos 2 últimos años».

El gobierno permite condiciones infrahumanas para los migrantes

No es un problema generado por el actual gobierno, pero va siendo hora de que deje de ser el “Gobierno bonito” y baje a la arena de las personas, de los seres humanos, y ataje con inmediatez el drama que se está viviendo con la migración en el sur de la península. El gesto efectista del Aquarius para parecer más progresista y humano que nadie de los primeros días de gobierno contrasta con la situación que se está viviendo en aguas del Estrecho y, en concreto, con las gentes de Salvamento Marítimo. No se escucha a Pedro Sánchez decir algo sobre el drama humano y laboral, ni a Fernando Grande Marlaska pasearse por los CIEs o los puertos para conocer de primera mano cómo está la situación. El PP hizo poco o nada pero ya no está en el gobierno y no es tiempo de quejas sino de acciones.

Lo que se viene produciendo esta semana en la zona sur con los migrantes, especialmente en Algeciras pero no únicamente, es un auténtico drama humano. Cientos de personas hacinadas y sin los mínimos humanos. Y no es producto del aumento de la migración en sí, sino del desborde y de la irresponsabilidad en las acciones de quienes tienen mando en plaza. Si el rescate de náufragos, pues no son sino eso los migrantes, excede con mucho las posibilidades de quienes se encuentran en el Estrecho, pero la actuación de los responsables provoca situaciones inhumanas. Según nos han confirmado los barcos (lanchas más bien) de Salvamento Marítimo se están convirtiendo en CIEs navegantes por inacción de los mandos de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En Algeciras, el barco de Salvamento María Zambrano está siendo utilizado de barco nodriza para los migrantes. Esto es, tienen a unos 250 migrantes encerrados en el barco y en cuanto bajan 10, 12 o 30, desde Capitanía Marítima ordenan restituir a esas personas con nuevas que van recogiendo.

Los barcos de Salvamento Marítimo son pequeños y no reúnen las condiciones mínimas para ser un refugio de migrantes. De hecho, según nos cuentan desde la propia institución, la Guardia Civil les incorpora desde sus propias patrulleras a migrantes que ellos recogen en alta mar. Pero ahí no acaba la cosa, mientras que los barcos de la Guardia Civil “descargan” a los migrantes-náufragos que han recogido, a los barcos e Salvamento no se les permite para poder utilizarlos en este tipo de maniobras que no les corresponden. Sucede en el barco comentado, o en el Luz de Mar donde había más de 100 migrantes en espera. El recién nombrado Ignacio López Cano debería tomar nota e inmediatamente poner fin a esa situación de hacinamiento e internamiento en barcos.

En el Guardamar Concepción Arenal, por su parte, también hay un centenar de migrantes que están hacinados y sin desembarcar, por lo que están teniendo que hacer sus necesidades en cubierta, en los baños de los tripulantes (que se saturan en una nave de esas dimensiones), o directamente al mar. El peligro de infección aumenta según pasan las horas en esas condiciones infrahumanas. Bien es cierto que, según nos cuentan, las autoridades han decidido alquilar unos váteres químicos para evitar esa situación de insalubridad, pero que demuestra la poca o ninguna intención de acabar con lo que es inhumano y atenta contra los derechos humanos mínimos. Recuerda a las viejas películas de piratas cuando al poner la bandera de viruela ni se acercaban los demás barcos, ni dejaban desembarcar en puerto. Lo mismo pero sólo por el mero hecho de ser personas que buscan una vida mejor. Como pueden ver en las imágenes adjuntas, una denébola de Salvamento estaba amarrada con 50 personas en su interior durante “horas y horas”, y los tripulantes han tenido que improvisar con unas mantas unos toldos para que no les diesen directamente. Eso sí, imaginen el horno que debe ser. Y todo porque Guardia Civil y Policía Nacional no quieren a los migrantes en tierra.

Condiciones de trabajo en Salvamento Marítimo inadmisibles.

Lo primero que hay que decir es que la utilización de los navíos de Salvamento Marítimo como nodrizas o CIEs momentáneos no sólo genera situaciones que contravienen la mínima moral y los derechos humanos, sino que trasladan una responsabilidad de vigilancia y custodia que no les corresponde a los trabajadores. No siendo ni funcionarios del Estado, la Guardia Civil y la Policía Nacional actúan de espaldas a la ley y los fundamentos mínimos de la seguridad del Estado porque son esos cuerpos los que tienen la competencia de vigilancia y custodia, no unos simples civiles que navegan para salva náufragos en el mar. Eso en el mar, no en puerto (o cerca de puerto) como están provocando desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Que están igualmente desbordados y sin suficientes recursos de todo tipo, pero que no deberían transferir sus competencias a quienes no tienen por qué ejercerlas.

Esta es una de las quejas de la Confederación General del Trabajo (CGT) con la que ha contactado este periódico, pero no es la única. Desde el sindicato de clase las quejas van más allá y las califican de suplementarias al drama humano que visualizan todos los días. De hecho nos cuenta uno de sus representantes que lo que posee Salvamento Marítimo son “barcos pequeños que no tienen condiciones suficientes para tener a los migrantes”. Algo que sucede en Ceuta, Estepona, Algeciras y todo el sur peninsular. Quieren recordar que en el buque María Zambrano es “la tripulación la que se está encargando en todo momento de atender a estas personas, disponiendo toldos para paliar las altas temperaturas y suministrándoles agua y comida del propio barco”. Porque según parece Cruz Roja se dedica a las personas desembarcadas principalmente.

“Las autoridades en tierra, ante este colapso, han pedido a las tripulaciones de Salvamento Marítimo que no utilicen el puerto más cercano, y por lo tanto más seguro, como punto de desembarco de las personas migrantes debido a la falta de espacios y medios suficientes para recibirlas y atenderlas. En este sentido, CGT manifiesta que algunos patrones se han negado a obedecer estas órdenes y están viviéndose situaciones de mucha tensión en el puerto” cuentan desde el sindicato. Esta situación genera que la mayoría de embarcaciones de Salvamento Marítimo queden inoperativas y sin servicio. Según nos cuentan en la zona de Algeciras en estos momentos hay tres embarcaciones completamente paradas.

Esto demuestra una carencia total de medios materiales y especialmente humanos, generados por la gestión de Zoido y Nieto, los andaluces triunfadores del PP andaluz (imaginen cómo deben ser los perdedores). Los barcos pequeños acuden al rescate apenas con un patrón, un marinero y un maquinista para rescatar pateras con 50 migrantes. Desde CGT piden al gobierno que a la mayor brevedad posible, amplíe la plantilla que se encuentra completamente desbordada. Jornadas de trabajo de más de 12 horas continuas para tan poco personal y en las condiciones en las que se llevan a cabo están deteriorando el servicio y a las propias personas que trabajan. Además, en unas condiciones laborales inestables. Demasiada interinidad, con empleos fijos que no saben si van a perdurar o se van a modificar las condiciones, con pocos recursos y teniéndose que hacer cargo de situaciones que no les corresponden. Una dejadez por parte del gobierno que no tiene a los trabajadores ni como funcionarios, ni como parte de una empresa pública, en el limbo laboral total. “CGT continúa demandando más personal para las embarcaciones de Salvamento Marítimo y exige al gobierno del Estado español que deje de mirar hacia otro lado ante esta grave crisis humanitaria que se está dando en nuestras costas”.

Por ello, CGT viene denunciando desde hace varias semanas y a través de la campaña #MásManosMásVidas, la necesidad de dotar a las embarcaciones de Salvamento Marítimo de más medios humanos y materiales para hacer frente a la crisis humanitaria que se vive cada día en el mar, con la llegada de miles de personas que huyen de la miseria y de las guerras. Una petición que no sólo es humanitaria, sino también una muestra de apuesta por lo público y por la buena gestión pública. Que los recortes no generen una depauperización del servicio con el consiguiente esfuerzo a costa de la clase trabajadora, que parece que en el Estado también está siendo explotada con sobrecargas laborales.

Gloria Alarcón: El PP antepone sus intereses electorales al bienestar general

La vicesecretaria general del PSRM-PSOE  y secretaría de Economía, Igualdad de género y Políticas Públicas, Gloria Alarcón, ha lamentado el  bloqueo político del Congreso de los Diputados a los nuevos objetivos de déficit planteados por el Gobierno del PSOE.
Alarcón señaló que “el gran esfuerzo realizado por la ministra de Economía, Nadia Calviño, en Europa, negociando una relajación del déficit para dar estabilidad entre 2019-2021 y así dotar de un mayor margen fiscal a las CCAA y a la Seguridad Social, no ha podido materializarse por el egoísmo partidista y dogmático de PP, Ciudadanos y Podemos, entre otros”.
Indicó que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez había adoptado una estrategia de rigor presupuestario y compromiso social, que  daba un respiro a las  CCAA y a la ciudadanía, al dejar atrás los recortes de los gobiernos de Rajoy y abrir la posibilidad de invertir en los principales servicios públicos: sanidad, educación y pensiones, al contar con 2.500 millones de euros más para las comunidades autónomas. Además, de disponer de un mayor margen fiscal para los ayuntamientos, dándoles oxígeno para invertir en políticas sociales.
La vicesecretaria general del PSRM criticó la manipulación que está haciendo el PP, en complicidad con Ciudadanos, de este y otros temas de gran calado para la Región y para el país. En este sentido, aseguró que el objetivo de déficit del 2,2% para 2018 planteado por el anterior Gobierno del PP a Bruselas no era coherente con sus propios presupuestos, ya que preveían un déficit de entre el 2,7% o incluso 2,8% para 2018; “algo incompatible con sus compromisos políticos de rebaja de impuestos y aumento de pensiones”.
La situación de la Región de Murcia es de las peores en cuanto al cumplimiento del objetivo de déficit; lo fue en 2017 y casi seguro que repetirá en 2018. Por eso, en opinión de Gloria Alarcón, no se entiende la actitud del PP y Ciudadanos, optando por exigir más austeridad que Bruselas e imponer su carga ideológica para  asfixiar cualquier iniciativa del Gobierno socialista que suponga devolver la dignidad a la ciudadanía y fortalecer el estado del bienestar.  “Esta proeza tendrá un alto coste, ya que conlleva menor disponibilidad de dinero para las necesidades esenciales de la ciudadanía y para empezar a cambiar la sociedad y hacerla más justa, más productiva y más sostenible. Ha quedado claro que da igual la propuesta, la consigna del Gobierno regional es hacer oposición y desgastar al Gobierno socialista”.

IU pide a García Montero mejoras en el Instituto Cervantes

Izquierda Unida, a través de su área federal de Educación, valora que el nuevo director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, haya puesto el foco desde su nombramiento en el modo de elección del secretario general, los integrantes del equipo directivo en Madrid y los directores y directoras de los centros en el exterior.

De esta forma, hace creer que por fin se pueden alcanzar los objetivos de la deseada profesionalización de estos cargos y de lograr la implantación de una carrera laboral que permita el acceso a dichos puestos a quienes llevan casi tres décadas trabajando para el Instituto, ya que actualmente no suele recaer en ningún trabajador, salvo en contadas excepciones. Por esta razón, Izquierda Unida apoya los tres ejes de actuación que ha defendido García Montero en Orihuela, en la inauguración de la reunión anual de directores y directoras: Transparencia, independencia y prudencia.

La transparencia es especialmente necesaria en la adjudicación de los puestos de director y directora de centro, en todas las adjudicaciones de comisiones de servicios y en los conflictos generados. Esto último es importante ya que, con las lógicas actuales, “acaban saldándose con la imposición de despidos sin que a las personas afectadas se les dé la posibilidad de hacer alegaciones a los cargos que se le imputan, como acaba de suceder en Tetuán”, señala el área federal de Educación.

“La independencia es fundamental para poder visitar los centros y escuchar no sólo a la dirección, sino también a los trabajadores y trabajadoras de los mismos, para darle una visión al Instituto desde la práctica diaria, desde abajo y desde quien está llevando el esfuerzo fundamental en estos Centros”, añade.

Por último, hay que ser prudentes para acrecentar el presupuesto destinado al Instituto y para que Hacienda le permita manejar el presupuesto que ahora mismo tiene el Cervantes. “Falta le hará lo uno y lo otro para que el Instituto cumpla con el acuerdo alcanzado con el profesorado de los centros de Brasil el curso pasado, para resolver la desigual situación de afiliación a la Seguridad Social del personal destinado en centros ubicados en los países de la Unión Europea”, recuerda el área federal de Educación. Esto ha provocado que se hayan creado situaciones de desigualdad entre compañeros de un mismo centro, o para atender situaciones límites como las que están viviendo algunos profesores y profesoras, como la profesora recién llegada al centro de Manila, tras reincorporarse al Cervantes después de una excedencia, y de la que la administración parece lavarse las manos en cuanto a su situación, con el pretexto de que no hay nada regulado al respecto.

Por todo esto, Izquierda Unida le desea éxito en su nueva andadura al nuevo director y le emplazamos a que sea capaz superar las etapas oscuras de las direcciones anteriores, dignificar la situación laboral del personal de la sede central, especialmente la situación de los centros, para que desde fuera se nos perciba como un estado democrático y de derecho y lograr la verdadera y ansiada democratización de los centros Cervantes.