jueves, 29 enero, 2026

Echenique a los afectados del Popular: “Cuando uno apuesta a instrumentos financieros debe saber que es algo volátil”

Rodrigo Echenique, vicepresidente del Banco Santander, ha presentado este miércoles a la entidad que dirige Ana Patricia Botín como la gran salvadora del sistema financiero español por el hecho de haber comprado el Banco Popular por un euro. Aquella gesta de dudosa procedencia –oportunismo bancario para unos, inmensa estafa para otros– fue según Echenique un ejemplo de “máxima lealtad y transparencia”, aunque reconoció que las 305.000 familias que perdieron sus ahorros para siempre merecen “que se les explique qué ha pasado” y tienen todo el derecho “a pleitear”. Bien pertrechado en esta línea de argumentación, es decir, la versión oficial que viene siendo rebatida en los últimos meses por Diario 16, ha pasado Echenique por la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados que investiga los abusos financieros que llevaron a España al crack del 2008.

El banquero, que fue elegido presidente del Banco Popular una vez que la entidad fue adquirida por el Santander, se permitió incluso dar un tirón de orejas a los afectados, a los que según él “les colocaron unas acciones” y a los que trasladó la responsabilidad de haber acabado en la ruina: “Cuando uno apuesta a un instrumento financiero debe saber que es algo volátil”, sentenció. Echenique reconoció que la Audiencia Nacional ha requerido al Santander para que aporte todos los informes sobre aquella operación que está siendo investigada a fondo por el magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 4, Fernando Andreu.

“Lo del Popular fue una tragedia pero esta era la mejor de las soluciones, ya que hemos contribuido a solucionar un problema en el sistema financiero español”, apostilló Echenique, quien concluyó que de no haberse llevado a cabo la compra del banco por un euro todo el sistema financiero se hubiese visto “gravísimamente” afectado, no solo en su “estabilidad” sino también en su “credibilidad”.

Para el compareciente, el Popular era un “competidor importante”, pero “no era ni un objetivo prioritario ni inmediato”, asegura como si el banco supuestamente quebrado no hubiese sido desde el primer momento una presa suculenta para la familia Botín.

Con su declaración en el Congreso, Echenique asume su papel como defensor de la tesis oficialista, que desde hace un año mantienen los “ingenieros” financieros del Santander  que urdieron la operación de compra del Banco Popular por el precio de un euro cuando la entidad poseía un patrimonio acreditado de más 11.000 millones. “A muchos les ha llamado la atención que se comprara un banco por un euro, hasta se ha escrito un libro. Pero no es el único caso: la CAM también se vendió por un euro; era algo simbólico. Precio no es igual que coste y el banco no valía nada”, dijo.

Según Echenique, el Popular era poco menos que un despojo, un montón de basura en términos de cotización bursátil, por lo que restó importancia a la “teoría conspiratoria lanzada por algunos medios de comunicación y que no se sostiene”, ya que había organismos nacionales e internacionales vigilando la operación en todo momento, entre ellos la Junta Única de Resolución (JUR) de la Unión Bancaria Europea. La misión de esta institución de la UE es garantizar la resolución ordenada de bancos en crisis con el menor impacto posible sobre la economía real. Echenique afirma que el objetivo del Santander era hacerse con una entidad en “fase absolutamente crítica”, puesto que el banco no tenía ningún valor. “Lo que podíamos poner era un euro. No hubo ninguna otra oferta de nadie por dos euros porque ninguna entidad quiso afrontar los riesgos”, apostilló. El directivo del Santander se jactó de que su banco es el único que no ha recibido dinero público para afrontar los años de la crisis y afirmó: “Al contrario, hemos inyectado 7.000 millones al Popular”.

El directivo del Santander explicó que para recuperar la credibilidad del Popular, detener el deterioro de la marca y mantener la cartera de clientes se lanzaron los famosos “bonos de fidelización”.  Toda aquella gigantesca operación de compra por un euro, según reconoció, se llevó a cabo en coordinación con el despacho de Abogados Uría, que “trabaja habitualmente con nosotros”, y descartó que JP Morgan, compañía norteamericana vinculada a Emilio Saracho –el hombre elegido por el Santander para liquidar el Popular–, “tenga nada que ver con la operación de compra”. “Hemos trabajado con muchos bancos de inversión pero en este caso concreto no hemos tenido relación alguna con JP Morgan, ya que el asesor financiero era Citibank”, puntualizó.

“Del Popular llevamos hablando más de un año: cada día un artículo en el periódico. La entidad estaba muy por debajo del bono basura. Era dramática la situación, crítica. El banco no era viable, no podía funcionar ni un día más sin liquidez. Hubo una disminución de 20.000 millones de euros en depósitos”, se lamentó. Y para terminar tiró de ironía: “No nos hemos encontrado ninguna joya en el cajón del Banco Popular, solo un banco sin liquidez y una plantilla desanimada”.

Pedimos al PP que no entorpezca la llegada del AVE soterrado y respete la voluntad de la ciudadanía

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Joaquín López Pagan ha exigido al Gobierno de López Miras y al PP “que dejen de mentir sobre la llegada del AVE a la Región de Murcia”.
Esta mañana la Comisión Especial para la llegada del AVE a la Región ha visitado las obras de soterramiento que se están llevando a cabo en la Estación de El Carmen. López Pagán asegura que dichos trabajos “se encuentran a medio gas y no están terminadas como asegura el Ejecutivo regional”.
El portavoz socialista afirmó que el cambio en el Gobierno de España ya se nota “porque después de siete años de retrasos y oscurantismo del Gobierno de Rajoy,  hemos podido visitar estas obras de soterramiento con total normalidad y transparencia”.
Por otra parte, Joaquín López reiteró la necesidad de que se respete la voluntad popular que ha decidido en el Ayuntamiento de Murcia y en la Asamblea Regional, “y que contempla la necesidad de impulsar de manera clara y rápida las obras de soterramiento del AVE en su llegada al municipio capitalino. Ese es el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez”.
Añadió que esa realidad se cumplirá en las fechas que ha planteado el delegado del Gobierno, Diego Conesa, con la llegada para la próxima primavera de unos trenes que nos conectarán con Madrid en solo tres horas, y en tres horas y media desde Cartagena.
“Pedimos cordura, responsabilidad y calma al Gobierno regional, que está utilizando este tema para eludir sus vergüenzas, en lugar de gobernar. A la vez, mandamos un mensaje de tranquilidad a aquellos que se sienten en la necesidad de defender lo que nunca ha existido: la llegada del AVE soterrado a la Región de Murcia”.
Por último, pidió “a los colectivos que se están dejando manipular por el Gobierno regional del Partido Popular que escuchen las propuestas del Partido Socialista, porque la llegada del AVE no se va a retrasar de ninguna manera, al contrario, se va a agilizar”.
El portavoz socialista pide prudencia “porque estamos trabajando por el bien de la Región de Murcia y no hay que dejarse llevar por las mentiras y retrasos del Partido Popular con las infraestructuras”, concluyó.

El caso del niño de Cantabria destapa la discriminación de las personas con síndrome de Down en España

El caso del niño de cinco años con síndrome de Down rechazado por un campamento de verano en el municipio de Hazas de Cesto (Cantabria) ha puesto de manifiesto, una vez más, la discriminación que sufren las personas que padecen esta alteración genética. Los padres del pequeño Alejandro han denunciado el caso en los medios de comunicación tras asegurar que su hijo cumplía “todos los requisitos para apuntarse a las convivencias, que no eran otros que tener entre 4 y 12 años, rellenar un formulario e ingresar en el banco el pago correspondiente”. La familia afirma que cuando realizaron la inscripción nadie les puso objeción alguna, por lo que dieron por hecho que Alejandro podía participar en las actividades con total normalidad, como cualquier otro niño. Sin embargo, cuando llegaron a las instalaciones una monitora les informó de que no podían aceptar a un menor con síndrome de Down porque no disponían de personal formado para hacerse cargo de él, algo que a los padres les sonó a excusa para salir del paso, ya que acto seguido los organizadores les advirtieron de que el niño no podría realizar actividades comunes como “andar en bicicleta” o “nadar”.

En los últimos años se han sucedido los casos de discriminación hacia personas que padecen el síndrome

El Ayuntamiento de la localidad se ha apresurado a admitir la posibilidad de que se haya podido cometer un error al no tenerse en cuenta las plazas para niños con discapacidad y porque se trata de una localidad pequeña en la que generalmente no se apuntan más de 25 chavales a los campamentos de verano.

El de Alejandro no es el primer caso de discriminación contra personas que sufren síndrome de Down en nuestro país. El pasado mes de junio una familia de la localidad sevillana de Lora del Río inició una campaña de recogida de firmas en el portal digital change.org para lograr que Lola Torralbo, una niña de tres años con la alteración genética, pudiera ser escolarizada el próximo curso 2018-2019 en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen de los Reyes del citado municipio, el mismo centro educativo público donde recibe clases su hermano mayor. La familia de la menor aseguró que la Consejería de Educación quiere privar a Lola “del derecho a estudiar en el mismo colegio que su hermano”.

Por su parte, la Asociación Down España ha denunciado al menos tres casos similares. El pasado 13 de febrero Juliana Josefa Leal, una mujer con síndrome de Down de 49 años, acudió con sus dos hermanas, Ascensión e Irene, a un hotel en Motilla del Palancar (Cuenca) para asistir a la charla organizada por una empresa valenciana dedicada a la mejora de la salud y el bienestar personal. “Cuando entramos al recinto, quedaban ya muy pocos sitios libres, así que pedimos a un chico de la organización que nos diera una silla. Al ver a mi hermana se negó a dárnosla”, asegura la familia. “El chico nos dijo: ella no puede estar aquí, puede interrumpir la charla y molestar al resto de clientes”, explica.

A su vez, en abril del pasado año, los responsables de la Fundación Catalana Síndrome de Down presentaron una denuncia ante los Mossos d’Esquadra en la que ponían al descubierto un supuesto nuevo caso de discriminación ocurrido el pasado 13 de abril en un hotel de Vinaròs que negó el alojamiento a un grupo de personas afectadas. El establecimiento hotelero se opuso a “comprobar el documento de reserva e ignoró cualquier solicitud de una explicación, llegando incluso a denegar el acceso a una hoja de reclamaciones”, según consta en la página web de Down España. Además, los responsables equipararon a las personas con este síndrome con “minusválidos”.

En el año 2013 una trabajadora de Down Almería organizaba un viaje de fin de curso para un grupo de jóvenes del centro educativo concertado de la asociación cuando solicitó a una agencia de viajes que pidiese presupuesto de alojamiento a tres hoteles cercanos a la ciudad andaluza. Según Down España, uno de estos establecimientos hoteleros contestó a la agencia que no podía pasarle el presupuesto, alegando que “no admitimos grupos de personas con discapacidad psíquica”. La asociación que defiende los derechos de los afectados por el síndrome se hizo eco del caso y lo condenó públicamente. Los expertos consideran que estos ejemplos son solo la punta del iceberg, ya que muchas situaciones de discriminación nunca llegan a denunciarse.

El Gobierno no explica por qué el ex-ministro Soria aún tiene escolta

Al senador de En Comú Podem (Unidos Podemos), Joan Comorera, le han dejado con un palmo de narices. El gobierno del PSOE, al que ayudaron en la moción de censura, se suponía que sería más concreto que el infausto del PP en las respuestas a los parlamentarios. Pero parece que no, que siguen igual de parcos cuando se habla de altos cargos. Siempre pensarán aquello de “no vaya a ser que me toque a mí cuando me echen de aquí”. Y todo a cuenta de la escolta policial del ex-ministro José Manuel Soria, el de los papeles de Panamá, sí.

El senador de izquierdas, como pueden ver en las imágenes adjuntas, preguntó sobre el porqué del mantenimiento de esa escolta. “La Policía no ha retirado el servicio de protección al ex-ministro José Manuel Soria y afirma que han podido comprobar recientemente que la Policía lo acompaña en sus viajes de negocios y de placer, añadiendo que el ex-ministro elige los momentos en que considera que debe estar acompañado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana” exponía el senador. Una situación sumamente extraña, según la legislación vigente, por no decir irregular. Una escolta pagada por toda la ciudadanía para actos privados y personalistas y a expreso deseo del ex-ministro.

Más extraño aún cuando sigue el relato Comorera: “Así señala que el pasado 9 de abril el ex-ministro de Industria, Energía y Turismo, viajó de Gran Canaria a Madrid y relata que un coche camuflado, con dos policías, conductor y escolta, lo recogió en su chalet de Tafira para su traslado al aeropuerto de Gando. El vuelo lo hizo con el escolta a bordo, que de inmediato regresó a la isla, tras dejar al ex-ministro en manos de otros dos compañeros adscritos a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, también con coche camuflado”. Utiliza un escolta para viajar dentro del avión. Un viaje de Canarias a Madrid que como todo el mundo sabe es frecuentado por peligrosos terroristas, asesinos a sueldo de la mafia calabresa y demás peligros para la integridad del ex-ministro. Muy extraño y con olor a irregularidad.

Por todo ello Comorera preguntó al Gobierno: “¿Por qué no se ha retirado el servicio de protección al ex ministro José Manuel Soria? ¿En cuántas ocasiones se ha prestado servicio de protección por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al ex-ministro José Manuel Soria desde que dejó el cargo y por qué razones? ¿Cuál ha sido el coste para el erario público de la protección del ex ministro desde que dejó el cargo?”. La sorpresa vendría con las respuestas.

Tras la típica introducción que alude a la normativa a aplicar o el razonamiento administrativo de la cuestión, el Gobierno comienza a desviar la atención sobre lo preguntado. Reconocen que le han prestado ese servicio (que se presta a personas con riesgo de su integridad) durante dos años, pero ya que han preguntado por ello pues que igual se lo quitan: “Una vez finalizado dicho plazo, se está procediendo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a evaluar el nivel de riesgo personal de la referida personalidad, cuyo resultado determinará el mantenimiento, modificación o supresión de su servicio de protección personal”.

La pregunta del coste recibe una respuesta sumamente esclarecedora, para quien haya respondido evidentemente: “Dentro del presupuesto asignado al Ministerio del Interior figuran partidas de gasto destinadas a Seguridad Ciudadana, estando comprendida dentro de la misma la seguridad y protección de altas personalidades”. Se les pregunta por un gasto concreto, no por todo el dinero que se gasta en proteger a todas las personalidades. ¿Por qué lo ocultan? Igual porque ni lo han mirado.

El senador Comorera, como pueden imaginar, ha quedado pálido por la respuesta. Así, en declaraciones a nuestro medio, explica que “en primer lugar, la respuesta es incompleta porque no facilita los datos que se pedían sobre cuántas ocasiones se ha prestado el servicio de protección al ex-ministro y por qué razones”. Tampoco, prosigue el senador catalán, han explicado “el coste específico que ha supuesto para el erario público la protección al ex-ministro”.

“En segundo lugar, la instrucción 3/2012 de la Secretaría de Estado establece que sólo se proporcione ese servicio de protección a quien realmente lo requiera en atención a sus circunstancias personales y al grado de amenaza real que soporta, minimizando el catálogo de autoridades que deban contar con servicio de protección por razón exclusiva de su cargo” ha explicado con claridad Comorera. Critica, además, que el gobierno no explique esas circunstancias especial: “No sabemos cuáles son las circunstancias personales, ni el grado de amenaza real que soporta el sr. Soria y nadie lo ha justificado” concluye. Por seguir con la ironía, igual ni Soria sabe qué amenaza tiene encima, pero le gusta el coche oficial y la escolta.

El objetivo de déficit para 2019 es una buena oportunidad para la Región de Murcia

La vicesecretaria general y secretaria de Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas del PSRM-PSOE, Gloria Alarcón, ha asegurado que, si el Gobierno regional va a endeudar más a los murcianos y murcianas, profundizando en unas políticas injustas, “mejor que no utilice el recurso puesto a su disposición por el Ejecutivo de España”.
“Celebramos ese margen y recordamos que es una oportunidad para la Región”, ha señalado Alarcón tras conocer que el objetivo de déficit de las comunidades autónomas para 2019 será de dos décimas más de lo previsto, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez.
Ha indicado que España debe seguir reduciendo el déficit mientras los datos de crecimiento sean buenos. “Lo que sucede es que el Gobierno del PP se había comprometido a una evolución del déficit incompatible con sus acuerdos políticos de rebaja de impuestos y aumento de pensiones, y las previsiones tienen que ser creíbles”.
“Y esto es lo que ha conseguido la ministra de Economía: ajustar las previsiones a lo realmente previsible, devolver los escenarios macroeconómicos al terreno realista y sacarlos de los juegos hipotéticos a los que tan acostumbrados nos tienen”, ha explicado.
En este sentido, la dirigente socialista ha destacado el traslado del 40 por ciento del margen a las comunidades autónomas. “Cabe recordar que la política seguida por el PP era quedarse en el Gobierno central los márgenes posibles y asfixiar a las comunidades autónomas, y tras esa estrategia, había una profunda carga ideológica”.
“Porque son las comunidades autónomas las responsables del gasto social. Por eso, el objetivo de déficit de estas era del 0,1 por ciento del PIB para 2019, a pesar de tener un 1,3 por ciento para el conjunto del Estado”, ha añadido.
Ha señalado que, en el caso de la Región de Murcia, con un PIB para 2019 de unos 32.000 millones de euros, dos décimas suponen un gasto “adicional” de unos 64 millones de euros. “El presupuesto será de unos 4.800 millones de euros (los de 2018 son 4.544) y, por tanto, es un margen importante”.

Podemos pregunta al Gobierno por las cargas policiales en la huelga de Amazon

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Los diputados de Unidos Podemos Íñigo Errejón, Ana Marcello y Alberto Rodríguez han preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez sobre las cargas policiales que se produjeron este martes en la planta de Amazon de San Fernando de Henares, en el marco de la huelga que mantienen las trabajadoras y trabajadores de la compañía. También han preguntado a Empleo si consideran que la dirección de la compañía está vulnerando el derecho de huelga de los trabajadores, después de varias denuncias de las organizaciones sindicales en este sentido.

Las trabajadoras y trabajadores de Amazon convocaron tres días de huelga esta semana (lunes, martes y miércoles) demandando un aumento salarial del 1,5% sobre el IPC y un convenio colectivo propio, como el que tenían hasta hace unos meses. Los sindicatos han denunciado reiteradamente que durante las semanas previas se ha producido el envío de mercancías a otros centros que no sufrían paros y, además, que la compañía había contratado a cientos de trabajadores temporales para poder suplir a los huelguistas. En este marco, durante la jornada de huelga de este martes en la planta de San Fernando de Henares, la Policía cargó contra los piquetes informativos, provocando varios heridos y deteniendo a dos trabajadores.

De esta forma, este miércoles los diputados de Unidos Podemos han registrado en el Congreso dos preguntas parlamentarias. La primera, dirigida a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior, que dirige Grande-Marlaska, inquiere sobre qué llevó al mando policial a ordenar la carga, si el ejecutivo la considera justificada y si van a realizar alguna investigación a este respecto. Por otro lado, preguntan al Ministerio de Empleo si consideran que Amazon está vulnerando el derecho a huelga utilizando subcontratas y ETT y, por lo tanto, si piensa proteger a los trabajadores y sancionar a la compañía.

A este respecto, el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha afirmado que “el cambio de gobierno se tiene que notar en primer lugar en la vida cotidiana, en el respeto a los derechos y libertades que tan dañados fueron por el gobierno Rajoy, por lo que esas imágenes tienen que formar parte del pasado”. En esta línea, la diputada Ana Marcello ha añadido que «es una vergüenza que el día que los trabajadores y trabajadoras de Amazon ejercen su derecho democrático de Huelga de manera pacífica sean violentamente reprimidos».

Por su parte, desde la Cámara Alta, la senadora por Pontevedra Vanessa Angustia, ha presentado también una batería de preguntas al Gobierno con respuesta escrita para esclarecer lo sucedido. Para la portavoz adjunta segunda de Unidos Podemos en el Senado, «el gobierno de Pedro Sánchez tiene una oportunidad de oro para cumplir con sus compromisos y derogar las dos últimas reformas laborales, de PSOE y PP, que tanto daño han hecho a las clases trabajadoras de nuestro país».

Los andaluces pueden ya retirar su medicación en cualquier farmacia española

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Los andaluces podrán obtener desde ya la medicación que tengan recetada por sus especialistas en oficinas de farmacia de cualquier comunidad autónoma, a excepción de las de la comunidad de Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que aún están ultimando los cambios para formar parte de este proyecto de interoperabilidad impulsado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Igualmente, cualquier persona que visite Andalucía, independientemente de su lugar de residencia en España, podrá solicitar en las farmacias andaluzas los fármacos que tenga prescritos, con solo presentar su tarjeta sanitaria. Con todo ello, se evitan tareas administrativas para el personal médico y para la población y se mejora la calidad y accesibilidad de los servicios sanitarios públicos.

El objetivo del proyecto de receta electrónica interoperable del sistema nacional de salud es que todos los pacientes puedan moverse por el territorio nacional y obtener sus medicamentos prescritos en cualquier farmacia del país, independientemente de en qué comunidad hayan sido recetadas y sin tener que acudir a su médico para que les realice anticipos de la misma.

La extensión de la receta electrónica y la interoperabilidad en el sistema nacional de salud se ha venido impulsando desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Economía y Empresa. Para hacer posible la extensión de este proyecto en Andalucía se ha trabajado durante los últimos meses en colaboración con el Ministerio, el resto de comunidades autónomas y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. De esta forma, se ha realizado un pilotaje en 50 oficinas de farmacia andaluzas en el que se han podido validar las distintas fases del proceso.

Andalucía, una de las pioneras en receta electrónica

Andalucía fue la primera comunidad en desarrollar la receta electrónica. Concretamente, la sanidad pública andaluza cuenta con la receta electrónica desde 2003 y, en la actualidad, el 98% de las recetas que se emiten en la comunidad se realizan con formato electrónico. Gracias a la receta electrónica, los andaluces pueden obtener su tratamiento farmacológico en cualquier punto de la comunidad y, desde hoy, podrán también hacerlo en cualquier punto del país.

Entre otras ventajas de la receta electrónica se encuentra que el médico puede programar, en una única consulta, la prescripción de medicamentos para un tiempo prolongado, lo que resulta de especial importancia en tratamientos crónicos, pues evita la carga burocrática y la repetición de consultas, ahorrando molestias al paciente. También limita el almacenamiento de medicación en el domicilio y mejora el conocimiento de la adherencia del paciente al tratamiento. En Andalucía, este modelo de prescripción y dispensación farmacéutica evita casi el 25% de las consultas que antes se hacían sólo para renovar medicamentos prescritos en pacientes crónicos, especialmente.  En el último año, se han realizado más de 163 millones de dispensaciones a través de receta electrónica.

Además, la prescripción electrónica favorece la seguridad del paciente mediante la incorporación de sistemas «online» de ayuda a la prescripción, que ayudan a la detección de interacciones medicamentosas, duplicidades terapéuticas, etc. La eliminación del papel en las recetas supone, por último, mayor comodidad para los usuarios y es un elemento de respeto al medio ambiente.

El Gobierno del PSOE persigue a quienes piden justicia por los sanfermines de 1978

Lo contaba hace pocas semanas en estas mismas páginas el hermano del asesinado por las fuerzas de orden público, Germán Rodríguez Saiz, durante aquellos infaustos sanfermines de 1978. Y decimos asesinato porque el disparo recibido fue en plena frente. El 8 de julio de ese, con Rodolfo Martín Villa como ministro del Interior, las fuerzas que debían proteger a las personas (estaba en plena creación la Constitución) atacaron a las 20.000 personas congregadas en la plaza de toros. Por sacar una pancarta que solicitaba la amnistía de todos los presos políticos, los grises decidieron actuar bajo los parámetros fascistas y disparar. Más de 150 personas resultaron heridas, 10 de ellas por disparos de bala y en el popular ruedo se contabilizaron los impactos de hasta 35 proyectiles. Así asesinaron a Germán hace 40 años y sigue sin haber justicia.

Este año, por tanto, se han cumplido cuarenta años de los trágicos sucesos antes descritos y numerosos ciudadanos han exigido, con pancartas colgadas en sus balcones, el esclarecimiento de los hechos sucedidos y el fin de la impunidad. El pasado sábado, no obstante, la Delegación del Gobierno de Navarra informaba de que la Brigada de Información había procedido a la citación de varios vecinos y vecinas en cuyas casas se habían mostrado las referidas pancartas. Según la propia Delegación del Gobierno, para justificar su actuación, la petición ciudadana de esclarecimiento “ni justifica ni ampara el descrédito de las instituciones del Estado”. O lo que es lo mismo, la utilización de los espías de la policía para acallar las peticiones de justicia por el crimen cometido.

Por ello, Idoia Villanueva, secretaria de Coordinación Ejecutiva de Podemos y senadora autonómica por Navarra, ha solicitado formalmente la comparecencia de José Luis Arasti, delegado del Gobierno en Navarra, para que explique en la Comisión de Interior del Senado la actuación policial ordenada contra aquellos vecinos y vecinas de Navarra que decidieron colgar en sus balcones mensajes solicitando el esclarecimiento de lo ocurrido durante los Sanfermines de 1978. Según el texto registrado por la senadora navarra de Unidos Podemos, “no puede existir un delito de injurias ni calumnias contra el Estado, ya que ese supuesto delito no está recogido en nuestro vigente Código Penal”. Pero en tiempos de añoranza y de apoyo a una monarquía decrépita y presuntamente corrupta tampoco extraña.

La senadora Villanueva señala además que “es inconcebible que alguien pretenda sancionar a quiénes únicamente están pidiendo el esclarecimiento de unos hechos tan trágicos y dolorosos para Pamplona como aquellos que ocasionaron la muerte de Germán Rodríguez y heridas a más de 150 personas”. La representante navarra de Unidos Podemos en el Senado apunta además que “la decisión de identificar y sancionar a quiénes exhibieron pancartas en sus balcones supone un brutal ataque a la libertad de expresión”.

El pasado 18 de enero todos los grupos políticos con representación en el Parlamento Navarro, a excepción del Partido Popular, aprobaban un texto por el que se instaba al Gobierno a desclasificar los documentos referentes a los hechos acaecidos en Pamplona hace justamente cuarenta años. A pesar de que el Partido Socialista de Navarra votó a favor de la iniciativa, esta fue finalmente rechazada en el Congreso de los Diputados cuando el PSOE unió sus votos a los de PP y Ciudadanos para rechazar la desclasificación de documentos oficiales relativos a este trágico episodio de nuestra historia reciente.

¿Qué tiene que esconder el PSOE? En principio nada, pero siempre acaban por ponerse de lado de quien ha cometido el crimen si coincide en los tiempos de la Transición. Un asesinato que hoy sigue clamando justicia pero que desde las filas socialdemócratas rechazan en base a un supuesto secreto de Estado. Una forma de no querer que salga a la luz lo que sucedió. No sería de extrañar que algunos de los implicados apareciesen como vinculados a los grupos parapoliciales de la guerra sucia (tipo Batallón Vasco Español, ATA o el posterior GAL) y no quieren tirar del hilo. El caso es que a Germán le segaron la vida con disparo en la frente y hoy sigue sin haber justicia.

Arasti deberá explicar el porqué de la persecución a las personas que reclaman Justicia y reparación. En una democracia, como se dice que es la española, no cabe la persecución de las demandas sociales de reparación y justicia frente al asesinato de un demócrata en una plaza de toros por miembros de los cuerpos de seguridad. El delegado del gobierno, por muy colega que sea del todopoderoso Santos Cerdán, deberá explicar el porqué de la mordaza a la democracia. Y más siendo él miembro de un partido que se dice socialdemócrata. A German lo asesinaron cruelmente y pedir claridad no atenta contra el Estado (si es que este señor sabe lo que es el Estado), sino contra las personas que ejecutaron al demócrata.

Lo que preguntarían los afectados del Popular a Rodrigo Echenique en la Comisión de Investigación

Hoy comparece Rodrigo Echenique en la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera en el Congreso de los Diputados. Diario16 reproduce en este artículo las preguntas que los afectados del Banco Popular le harían al actual presidente de la entidad y vicepresidente del Grupo Santander.

  1. ¿Conoce usted el despacho Uría y Menéndez?
  2. ¿Trabaja Uría y Menéndez como despacho de abogados principal para el Banco Santander?
  3. ¿Trabaja su hijo en Uría y Menéndez como socio del bufete?
  4. ¿Contrató Banco Popular servicios con Uría y Menéndez servicios de asesoramiento legal?
  5. El contrato de Banco Popular con Uría y Menéndez, ¿se firmó por parte del señor Saracho cuando éste ya era presidente del banco?
  6. ¿Cuánto costó a Banco Popular dicho asesoramiento? (Facturas documentadas)
  7. La factura de ese trabajo iniciado en febrero, ¿por qué el Popular la pagó una vez que el Santander se hizo con el banco, durante la presidencia de su antecesor Juan García Cantera, y no antes cuando la fecha de emisión era el 18 de mayo? Hablamos de más de un millón de euros.
  8. ¿Qué papel jugó Uría y Menéndez, el despacho de su banco, en el modelo de resolución del Banco Popular?
  9. Cuantifíquenos el total del beneficio que Banco Santander ha obtenido de Banco Popular.
  10. Recibía Banco Santander información sobre la situación de Popular a través de Uría y Menéndez.
  11. ¿Por qué Santander se retiró de las negociaciones con Popular?
  12. ¿Por qué en las cuentas anuales de 2017 mantienen los activos y provisiones a valor de liquidación siguiendo la valoración provisional de Deloitte si el banco ya había sido resuelto? ¿No se está con esto falseando la imagen fiel del Popular a diciembre del 2017?
  13. El reglamento 806/2014 en su artículo 20 dice que si la valoración es provisional se realizará una definitiva para consignar plenamente las pérdidas de sus activos en la contabilidad. ¿Han incorporado esta valoración definitiva a las cuentas anuales de 2017?,
  14. Si es que no ¿por qué no?, ¿Cuándo las esperan incorporar?, y si no han incorporado la valoración definitiva a las cuentas anuales de 2017, ¿cómo es posible que ni ustedes ni los auditores hagan una mención a esta obligación?, ¿No estarían con ello falseando la imagen fiel del banco a diciembre de 2017? Si es que sí, ¿podrían aportar esta valoración definitiva a los accionistas del Popular para que estos puedan saber cuánto valía el banco el día que se resolvió? La JUR dice que esta valoración 2 no la tiene.
  15. El banco Santander ofreció un bono que llamó de fidelización a aquellos accionistas que acudieron a la ampliación de capital de 2016 del Popular y eran clientes del Popular o del Santander exigiéndoles firmarán un documento renunciando a iniciar demandas contra banco Santander por la resolución del banco sobre TODAS las acciones que poseería el damnificado del Popular.
  16. A esta acción le llamó acción comercial, Si era una acción comercial, ¿Como explica que el importe que se pagaba en bonos era igual a un porcentaje de lo perdido en la ampliación?, No se asemeja más a una acción compensatoria para evitar litigios que a una acción comercial?, ¿Podría dar los daros exactos de número de clientes que aceptaron los bonos, importe compensado y riesgo de litigios eliminado en cuanto a importes?
  17. ¿Entiende que la cláusula que hicieron firmar a los clientes minoristas por esos bonos renunciando a poder litigar es legal y no es abusiva? ¿Como se explica que la CNMV haya aceptado esa cláusula?
  18. ¿Puede presentar la oferta que hizo el banco Santander por el Popular al FROB?, hemos visto las renuncias de los otros bancos, pero no aun la oferta del suyo. ¿Se presentó la oferta el día 06 o el día 07 de junio?
  19. ¿Aprovechó el banco Santander todo el trabajo realizado por el Popular para la venta de los inmuebles, Totalbank y Winzink?
  20. ¿Cuánta liquidez aportó exactamente el Santander al Popular tras la resolución?
  21. ¿Puede cuantificar los ingresos por las ventas extraordinarias de activos del Popular para el Santander en el ejercicio 2017?
  22. ¿Como se explica que los analistas del Santander en mayo de 2017 valoraran la acción en un valor objetivo de 1,17€ la acción y en tres semanas bajara la valoración a 0€? ¿Tan inútiles son estos analistas o tenían intención de influir en el mercado?
  23. ¿Bajo la actual regulación, se puede decir que banco Santander se ha aprovechado de un problema de liquidez de banco Popular para quitarle el banco Popular a sus legítimos propietarios aprovechando la perversa interpretación del reglamento realizada?
  24. ¿Le parecería bien que le hicieran lo mismo a los accionistas del Santander si su banco se encontrara en las mismas circunstancias que se encontró el Popular?
  25. ¿No es cierto que en gran parte del año 2017 hasta abril el índice LCR que mide la liquidez banco Popular tenía ratios superiores a su entidad?

 

¿De Corinna a la República?

Tradicionalmente el mes de Julio suele ser un mes aburrido en el que lo más que podía comentarse eran los sanfermines, el Tour de Francia, o las habituales “serpientes del verano”.

Este año en cambio viene cargadito de noticias más allá del agobiante mundial de futbol, en el que desafortunadamente España había quedado eliminada a las primeras de cambio.

Comenzamos el mes con las primarias del PP, pero cuando parecía que sólo este hecho llenaría las páginas de los periódicos, los comentarios de café y chiringuito de playa, apareció Corinna. Esa princesa excelsa de la que todo el mundo hablaba of de record como “amiga especial” de nuestro anterior monarca, ahora llamado “Rey Emérito”.

Irrumpe con fuerza a través de grabaciones sobre los supuestos negocios de tinte bastante oscuro, que mantuvo con Juan Carlos I. Unas operaciones con sospechas de ilegalidad, que desde luego suponen otro nuevo varapalo a una institución caduca y en declive como la monarquía española.

Sin entrar en el fondo de la cuestión porque doctores tiene la iglesia, parece evidente que el asunto es del suficiente calado y gravedad como para que la justicia, los medios de comunicación y el poder político pusieran el foco sobre él.

Pero oh sorpresa, no ha sido así. Resulta decepcionante y preocupante la poca rapidez con la que las tres han reaccionado. Ver las portadas de los principales diarios del país con ausencia de esta noticia, demuestra que algo huele a podrido en palacio. Las declaraciones de la portavoz del gobierno Isabel Celaá suponen un jarro de agua fría para los sectores de la izquierda escandalizados ante tanta tibieza. Por último la justicia ni está ni parece que se la espere.

Que en todo este escándalo estén involucrados personajes tan siniestros como el comisario Villarejo, el director del CNI, un supuesto testaferro, el primo del monarca Álvaro de Orleans y Borbón, o incluso el anterior Presidente de Telefónica, Juan Villalonga demuestra que esa podredumbre alcanza lugares muy altos de la estructura del estado.

Ahora el debate es si el anterior monarca debe ser considerado igual que el resto de la ciudadanía ante la ley y el fisco, o no, si es aforado, o incluso inviolable según la Constitución una vez abandonó su cargo.

Incluso si no va siendo hora de reformar nuestra norma máxima en este tema también, para situar a su sucesor al nivel del resto de los humanos del país.

Todo parece evidenciar que ahora se intenta echar un tupido velo, sobre un escándalo que en cualquier país civilizado haría temblar los cimientos de esa institución. Pero parece que a la prensa, al poder judicial y lo que es más grave a un Pedro Sánchez que tanta esperanza había despertado, les tiemblan las piernas de manera evidente. ¿Qué habría planteado el actual Presidente del Gobierno si ahora estuviera en la oposición?

Pero el daño está ya hecho, al menos respecto al pueblo llano. Al descrédito social del caso Urdangarín y Cristina, de las cacerías en Botswana, se le une este nuevo escándalo. Padre, hermana, cuñado sacuden al nuevo monarca. ¿Estará éste implicado por acción u omisión? Da lo mismo porque de una u otra manera le salpica, a él y sobre todo a la institución que representa.

Veremos, pero eso que hace unos años parecía tan lejano como la caída de la monarquía y la llegada de la II República, Corinna nos lo sitúa un poco más cerca.

Quizás un día los republicanos tengamos que hacerle un pequeño homenaje a esta princesa rubia de ojos azules, que cautivó a un Juan Carlos I que se pierde por las faldas……parece que también por el dinero.