No es la primera vez que los representantes del pueblo español se encuentran con obstáculos de las instituciones europeas a la hora de desentrañar los motivos por los que el Banco Popular fue intervenido y regalado por un euro al Santander dejando en la ruina a más de 305.000 familias.
El último caso lo hemos tenido en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados donde esta semana comparecerán distintas personas relacionadas con el Caso Banco Popular, Emilio Saracho y Ángel Ron incluidos. Esta semana, junto con la comparecencia de Rodrigo Echenique del próximo día 18 de julio, va a ser clave desde el punto de vista político en el Caso Banco Popular. Sin embargo, Europa ha vuelto a reírse de los representantes del pueblo español y, sobre todo, de las más de 305.000 familias afectadas.
El Banco Central Europeo, del que es vicepresidente el ex ministro Luis de Guindos, ha prohibido a Ignacio Pardo, inspector del Banco de España adscrito al BCE, a realizar cualquier tipo de declaración en referencia al Caso Banco Popular. El señor Pardo era una de las personas fundamentales para la Comisión porque se trata de uno de los inspectores que más analizó al Banco Popular desde los dos reguladores. Fue la propia presidenta Ana Oramas quien ha realizado el anuncio de la prohibición del BCE de Luis de Guindos, lo que ha provocado el enfado de una parte de los diputados ya que se estaba ante un nuevo ejercicio de desprecio a los representantes legítimos del pueblo español, tal y como ha expresado el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre, quien lo ha dejado muy claro: «Merecemos explicaciones ya que más de 300.000 personas han perdido su dinero y ha costado 400 millones de euros en activos fiscales diferidos, y es probable que se puedan solicitar otros 1.600 millones». ¿De verdad que De la Torre forma parte de Ciudadanos?
El diputado de Unidos Podemos, Alberto Montero, también expresó su disconformidad por el hecho de que el compareciente no pudiera hacer ningún tipo de declaración en referencia a su trabajo en el BCE, sobre todo porque era uno de los «actores clave» ya que estuvo en distintas reuniones en el Popular. «Es inadmisible que no pueda darnos explicaciones», añadiendo más tarde que «todo huele muy mal por quién se lo queda y cómo se lo queda y por el papel de las instituciones reguladoras», además de dar por hecho el falseamiento de las cuentas durante la época de Saracho.
La intervención de la portavoz del Partido Socialista, doña Margarita Pérez Herraiz, ha centrado gran parte de su intervención utilizando los argumentos de quienes quieren exculpar a Saracho y al Santander en referencia a los datos de las cuentas del Popular antes de 2.012 o a la presunta falta de transparencia de la ampliación de 2.016, algo que desmienten los datos y documentos presentados en la Audiencia Nacional el 2 de noviembre de 2.017 —admitidos por el juez Andreu a instancias del Fiscal Anticorrupción— y el 25 de junio de 2.018 que han sido publicados por Diario16. ¿Esta es la nueva estrategia del PSOE en la Comisión de Investigación, la misma que hubiera utilizado el investigado por blanqueo de capitales ex presidente del Banco Pastor y que parece que le hubiera preparado el cuestionario leído en la Comisión? La señora Pérez Herraiz no ha leído los cientos de documentos publicados en estas páginas para entender dónde están las verdaderas responsabilidades de la caída del Popular.
La señora Pérez Herraiz ha destrozado la estrategia que habían llevado los socialistas con Pedro Saura quien tenía claro quiénes eran las víctimas de la operación del Popular. Esta intervención es un maltrato a 305.000 familias arruinadas mientras se defiende la postura un señor que se ha llevado 80 millones de euros del banco. Señora Pérez Herraiz, ¿usted sabe que hay afectados que se quieren suicidar, que lo han perdido todo? ¿Defender a las dictaduras privadas es un acto de socialismo?
En muchas ocasiones la ignorancia es peor que la maldad. Ese desconocimiento ha mostrado a los afectados que el PSOE de no está con el pueblo y sí con las dictaduras privadas, imagen que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere borrar con las políticas sociales que ha aprobado en estos días. Es una pena para el socialismo que un diputado gallego y compañeros militantes del PSOE presentaran en Galicia el libro de Banco Popular: Una Operación Diabólica de Manuel Domínguez Moreno y que otra diputada de Galicia esté diciendo todo lo contrario haciendo bueno a Ciudadanos que sí se pone del lado de los afectados cuando interviene Francisco de la Torre. La señora Pérez Herraiz ha colocado al PSOE al lado de las dictaduras privadas y de lo más repugnante del sistema capitalista.
Mientras todo esto ocurría, el Gobierno y su ministra de Economía ni estaba ni se la esperaba —salvo que la vergonzosa intervención de la señora Pérez Herraiz representara la estrategia del gabinete de Nadia Calviño. Del Partido Popular de Soraya Sáenz de Santamaría se podría esperar algo así. Puede que llegue el momento en que la ex vicepresidenta tuviera que comparecer en una Comisión de Investigación para explicar los presuntos motivos de la inesperada renuncia del juez Fernando Andreu —hoy disfrutando de sus vacaciones— a la Secretaría de Estado de Justicia cuando era una oportunidad histórica de trabajar en favor de la Justicia desde el más alto poder ejecutivo y que, presuntamente, fue rechazada en 24 horas.
El BCE de Luis de Guindos ha instado a los diputados a que si precisan información la soliciten por escrito, lo mismo que ya ocurrió con la comparecencia de la presidenta de la JUR, Elke König, cuando no respondió a ninguna de las preguntas de los parlamentarios españoles y se la instó a que respondiera a las cuestiones que se le iban a remitir por escrito. Las últimas noticias que tenemos en Diario16 confirman que aún no se ha recibido contestación alguna.
Sin embargo, no es la primera vez que las instituciones europeas humillan a los representantes legítimos del pueblo español. Durante el verano pasado Danielle Nouy negó el acceso a los documentos de la Junta Única de Resolución (JUR), informe de Deloitte incluido, a los representantes del pueblo español en el Parlamento Europeo con la excusa de que hacer pública esa documentación pondría en peligro los intereses comerciales del Santander. Cuando el Congreso de los Diputados requirió la misma información, la respuesta fue la misma, pero en aquella ocasión poniendo en peligro al sistema financiero de la Unión.
Todo indica que las instituciones europeas han lanzado la consigna de compartir el mínimo de información posible independientemente de quien la solicite, ya sean los afectados, ya sean los legítimos representantes democráticos del pueblo español.
Esta opacidad va en contra de las directivas europeas y de los propios tratados de la Unión Europea. Sin embargo, las instituciones han cerrado filas porque el desprestigio que el Caso Banco Popular está generando en los supervisores es insostenible. Mantener la opacidad, por encima de los tratados europeos, con un argumentario preparado por uno de los bufetes más prestigiosos del mundo, Linklaters —trabajos por los que la JUR ya ha pagado más de 11 millones de euros—, parece el método de defensa adoptado por más que las instituciones que regulan la transparencia de las instituciones ya hayan reclamado la publicación de toda la documentación. Hay que recordar que el propio Consejo de la Transparencia dictaminó que el FROB debía hacer público el informe de Deloitte y que la propia Abogacía del Estado recurrió dicha decisión, algo que contrasta con la afirmación de Jaime Ponce en la Comisión de Investigación del Congreso que él no tenía ningún inconveniente en hacer público el documento pero que la JUR no se lo permitía. En la propia Comisión el presidente de Deloitte afirmó que no había podido acceder a este informe porque las cláusulas de confidencialidad impuestas por la JUR se lo impedían.
Ante esta situación de desamparo y humillación al pueblo español y sus representantes, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la obligación de actuar de inmediato con las medidas más contundentes que estén en su mano para defender el honor y la dignidad, no sólo de las instituciones democráticas españolas, sino del pueblo español. La ministra de Economía tiene la obligación moral y política de interponer una protesta oficial ante el BCE porque no se puede tolerar un comportamiento de este calibre.
El Gobierno debe tener en cuenta que las personas están por encima de los intereses de partido y lo ocurrido en el Banco Popular es un caso de personas, de seres humanos a los que, para satisfacer los intereses y las necesidades de una entidad financiera privada, el Santander, se les quitó todo, personas que no son grandes inversores sino trabajadores, autónomos, pequeños empresarios y, principalmente, pensionistas. ¿Puede permitir un Gobierno que se pisoteen los derechos de estas personas y que se ningunee a los representantes del pueblo? En este caso, la inacción se puede convertir en sinónimo de complicidad.
