jueves, 7 mayo, 2026

El Gobierno de Rajoy solicitó personarse en el TGUE en apoyo de la JUR y en contra de los afectados del Popular

El Gobierno de Mariano de Rajoy, el mismo del que era ministro de Economía Luis de Guindos, se puso en contra de los afectados del Banco Popular el 14 de noviembre de 2.017, un hecho que podría ser clave para demostrar la connivencia y la complicidad de las diferentes instituciones españoles con el Santander. Diario16, a través de distintas fuentes cercanas a la Justicia Europea, ha tenido acceso a un documento del Ministerio de Exteriores inscrito en el Registro del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en el que el Reino de España solicita «ser admitido a intervenir […] en apoyo de la JUR». En concreto afirma lo siguiente:

«El Reino de España, representado por don Santiago Jiménez García, Abogado del Estado de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en calidad de Agente, siendo el domicilio de notificación el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación […], tiene el honor de solicitar ante ese Tribunal, conforme a las disposiciones conjuntas del artículo 40 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 143 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el ser admitido a intervenir en el precipitado asunto en apoyo de la Junta Única de Resolución».

Según ha podido saber Diario16 a través de distintas fuentes muy cercanas al anterior Gobierno, todo lo relacionado con el Caso Banco Popular pasó a manos del despacho de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, hecho que confirmó el propio Mariano Rajoy a una persona cuyo papel es muy importante en todo lo referente al Popular y al Santander al decirle que iba a coger las riendas del asunto porque estaba en manos de Vicepresidencia. Estos hechos concuerdan con la estrecha relación que une a Sáenz de Santamaría con Ana Patricia Botín y, por tanto, con el Santander, algo que se ha podido comprobar en la entrada en altos cargos del banco cántabro de personas que han trabajado directa o indirectamente con la actual candidata a ocupar la Presidencia del PP.

Según ha revelado La Tribuna de España, María González Pico, ex jefa de gabinete de Vicepresidencia del Gobierno ha sido fichada por el Santander para su departamento de comunicación; por otro lado, Elena Sánchez, ex número 2 del CNI y, por tanto, dependiente directamente de Soraya Sáenz de Santamaría, fue fichada como Jefa de Seguridad del Grupo Santander. No podemos olvidarnos de Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Vicepresidencia y amigo personal del matrimonio de la ahora candidata a la Presidencia del PP, quien es el actual secretario del Consejo del Santander y que tuvo un papel fundamental en el salvamento del Grupo Prisa.

La solicitud para que el Reino de España fuese uno de los defensores de la JUR en contra de los afectados del Popular fue admitida por el TGUE el pasado día 5 de julio, por lo que el Estado español, desde el Jefe del Estado hasta el Gobierno, están enfrentándose en los tribunales contra los afectados del Banco Popular. Este es un asunto que heredará el Ejecutivo de Pedro Sánchez de su antecesor, sobre todo Nadia Calviño, como ministra de Economía, y Josep Borrell, en su calidad de ministro de Exteriores puesto que el abogado de Estado que realizó esta solicitud de ponerse en contra de las 305.000 familias arruinadas del Caso Banco Popular está adscrito al Ministerio de Exteriores. Ante una situación tan grave en la que el Estado se enfrenta a los intereses de sus propios ciudadanos y ciudadanas, Pedro Sánchez no tiene otra opción que dictar una orden por la que se retire esta personación que debería avergonzar a todos los españoles y españolas de bien. y en el Caso Banco Popular hay más de un millón de ciudadanos Sólo las dictaduras se enfrentan a los intereses de su pueblo y ciudadanas a las que se les quitó todo para rescatar al Santander. El hecho de que el Estado se persone en contra de los afectados es una prueba más, además de la que ya hemos publicado en Diario16, de la presunta connivencia y complicidad de las instituciones económicas y políticas con el banco presidido por Ana Patricia Botín para hacerse con el Banco Popular y, de este modo, rescatar a una entidad privada con el sufrimiento de 305.000 familias. Un Gobierno progresista y de izquierdas no puede permitir esto y, por lo tanto, debe actuar de inmediato porque si no lo hace será tan cómplice como lo fue el anterior.

Este documento hace referencia a los procedimientos en los que los afectados solicitan la nulidad total o parcial de la decisión de la JUR de intervenir el Banco Popular y realizar una valoración «justa, real y equitativa del Banco Popular Español» que conlleve la devolución del dinero que les fue arrebatado en la madrugada del 7 de junio pero en base a sea nueva valoración que se ajustaría, en concreto, al valor real del Banco Popular, no sólo del valor bursátil. Evidentemente, si el TGUE dispusiera a favor de los afectados, el Santander tendría que hacer frente a un pago de más de 17.000 millones de euros a las 305.000 familias arruinadas. ¿Está el Santander en condiciones de hacer frente a ese pago? Sus propias cuentas y los movimientos contables que han tenido que hacer para tapar agujeros como, por ejemplo, el del cambio de divisas que superaba los 8.000 millones de euros, demuestran que podría ser el golpe definitivo para el Santander. Tal vez esta sea la razón por la que, según el documento al que ha tenido acceso Diario16, el Estado afirma que «si el Reino de España es admitido a intervenir en este procedimiento, solicitará del Tribunal General que desestime el recurso de anulación» de la intervención del Banco Popular.

Sin embargo, ¿por qué el Reino de España se pone en contra de los afectados, de sus propios ciudadanos? En el Caso Banco Popular ponerse en contra de las familias arruinadas es colocarse al lado del Santander y, por tanto, un Estado democrático tendría la obligación de personarse en favor de los intereses de su ciudadanía y no de las dictaduras privadas.

Cospedal, al igual que Rajoy, anunciará en breve que abandona la política

El anuncio que en breve hará público Mª Dolores de Cospedal sobre su marcha a la empresa privada, donde ejercerá como abogada para una firma -que su entorno dice que le habría hecho una oferta que ya ha sido aceptada-, es el epílogo de una situación que se hizo insostenible desde que este Diario publicara en entregas Las peligrosas relaciones de Cospedal con la presunta corrupción judicial en Castilla La Mancha, y que su entorno se lo habría impuesto como una obligación después del batacazo de las primarias.

La primera entrega

Aquella primera entrega se abría con la instantánea que reflejó la emotiva celebración, solemne y togada, que tuvo lugar el 28 de febrero de 2014 en el Salón de Plenos del Alto Tribunal castellano manchego, cuando se le entregaba a su «querida Concha» (Concepción Espejel Jorquera) la más alta distinción de manos del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (TSJCLM), Vicente Rouco Rodríguez, en presencia también del presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro.

El presidente de la Audiencia Provincial de Toledo que condenó a Bárcenas al pago de 50.000 euros por «vulnerar el derecho al honor» de la entonces secretaria general del PP, fue testigo en la boda de María Dolores de Cospedal y uno de sus pocos invitados. En el año 2.013, casualmente un año antes de su condecoración, cuando Concepción Espejel todavía era vocal territorial de Castilla La Mancha, fue nombrado 10 veces seguidas como administrador concursal en el juzgado de lo Mercantil de Toledo el director de la firma de abogados en la que trabajaba el hijo del presidente de la Audiencia Provincial, Tomás Gutiérrez Colino.

Así las cosas, la jueza sustituta María Carmen Pozuelo Sánchez, ordenó de oficio la apertura de diligencias penales contra el presidente de la Audiencia Provincial y el juez de lo Mercantil de Toledo por un delito de corrupción relacionado con los nombramientos ilegales del administrador concursal, que fueron remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.

La jueza sustituta no duró ni un mes más en su cargo. Fue cesada inmediatamente por la Sala de Gobierno del TSJ de Castilla La Mancha. Se da la circunstancia de que el presidente de la Audiencia Provincial y el juez de lo Mercantil de Toledo, Juan Ramón Brigidano, casualmente, son miembros de la misma Sala de Gobierno.

La segunda entrega

La segunda entrega sobre las peligrosas relaciones de María Dolores de Cospedal con la corrupción judicial en Castilla La Mancha se abre también con otra famosa fotografía, aquella en la que la entonces presidenta castellano manchega presenciaba el 13 de septiembre de 2013 la toma de posesión del nuevo fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez Cuesta, que sustituiría a José Javier Polo tras ser nombrado fiscal jefe de Madrid, acompañada claro está del sempiterno presidente del TSJ, Vicente Rouco Rodríguez, y de su mejor amigo en la judicatura, el presidente de la Audiencia Provincial de Toledo Manuel Gutiérrez Sánchez Caro.

En una rueda de prensa celebrada 2 años antes, el entonces fiscal jefe de Toledo, José Javier Polo, comunicaba que la Fiscalía de Toledo acababa de llevar a los juzgados los distintos casos de delitos de injurias o amenazas cometidos por usuarios no identificados a través de distintas páginas y y blogs de internet, entre otros, contra la entonces presidenta regional, María Dolores de Cospedal y la ex portavoz del Ejecutivo de José María Barreda, Isabel Rodríguez.

En el caso de las injurias a Cospedal, se señaló que fueron realizadas antes de ser presidenta de la Región y que incluían amenazas a su hijo por parte de personas anónimas.

En esa misma rueda de prensa José Javier Polo anunciaba que también se estaban investigando presuntos delitos cometidos en la red contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la región, Vicente Rouco Rodríguez, y el fiscal decano de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.

Los comentarios en la red traían causa de la denuncia que su comunidad de propietarios interpuso contra el fiscal Demetrio, por la construcción ilegal de su chalet en un cauce fluvial bajo la sospecha de sobornos y blanqueo de capitales. A consecuencia de esa denuncia la Confederación Hidrográfica del Tajo ordenó ya en el año 2009 la demolición del chalet ilegal.

Sin embargo, la sentencia de apelación que confirmaba la de instancia, dictada también, casualmente, por la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Toledo presidida por Manuel Gutiérrez Sánchez Caro, terminó condenando a quien hizo pública la denuncia en las redes sociales, favoreciendo a los sospechosos de corrupción –Vicente Rouco Rodríguez y Ángel Demetrio de la Cruz Andrade– con 6.000 euros de indemnización para cada uno de ellos a cargo del denunciante condenado.

Después de eso, bajo el titular “La Fiscalía de Toledo muestra su «firme apoyo» al fiscal de Talavera”, la agencia EFE publicaba el día 24/07/2015 que la Fiscalía Provincial de Toledo había expresado su «firme apoyo» al fiscal decano de la sección territorial de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, tras el anuncio de «Manos Limpias» de que preparaba una querella en su contra por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad y contra la ordenación del territorio.

En el comunicado de prensa firmado por el fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez manifestó su defensa a Andrade por «su dilatada y solvente trayectoria profesional que le avalan como fiscal íntegro al servicio de la ciudadanía en el ejercicio de las funciones» que los fiscales tienen «institucionalmente encomendadas».

La querella del pseudo sindicato fue archivada inmediatamente después por Vicente Rouco Rodríguez, que negó que tuviera ninguna obligación de abstenerse sabiendo, por la información de la que disponía, que «Manos Limpias» iba a caer pronto en desgracia.

El mismo presidente del TSJ impidió un año antes que Cospedal fuera investigada por un presunto delito de malversación, cuando todavía era presidenta de Castilla La Mancha. Greenpeace recibió un emplazamiento del Juzgado de primera instancia número 7 de Toledo con una demanda por vulneración del derecho a honor, interpuesta por María Dolores de Cospedal cuando todavía era presidenta de Castilla La Mancha. El motivo de esa demanda era el informe “Amnistía a la destrucción”, en el que la organización no gubernamental repasaba la supuestamente estrecha relación entre algunos dirigentes del PP y varias empresas con intereses urbanísticos interesadas en la reforma de la Ley de Costas impulsada por el Gobierno del PP.

El informe sostenía que Ignacio López del Hierro, el marido de Cospedal, era consejero de Gecina y Bami Newco, dos empresas con intereses inmobiliarios controladas por  Joaquín Rivero y Bautista Soler, ambos empresarios muy conocidos y con importantes intereses en el ladrillo. El vínculo era tan intenso, según sugería el informe, que ambos formaron parte del “puñado de invitados” que asistieron en 2009 a la boda entre López del Hierro y Cospedal, entre los que también se encontraba, además del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy,  y el entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, el presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro.

Como luego también advirtió la propia Greenpeace en un comunicado de prensa, sorprendía que para la demanda sobre los derechos particulares de Mª Dolores de Cospedal y de su marido se hubieran utilizado los servicios jurídicos de la administración autonómica. En ningún momento, el informe de Greenpeace señalaba a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como beneficiaria de la reforma de la Ley de Costas, ya que, como era evidente, la Junta no tenía competencias en ese ámbito.

Pero lo que fue más sorprendente si cabe es que a tan solo tres días de la celebración del juicio los servicios jurídicos de la Junta retiraron la demanda por no existir ya la pretendida vulneración al honor de la presidenta, y seis meses después el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, de la mano de Vicente Rouco Rodríguez, archivaba de plano una posible investigación a Mª Dolores de Cospedal por el supuesto delito de malversación.

La pelea entre Pablo y Teresa beneficia a Susana Díaz

Lo que más molesta a la ciudadanía de las peleas dentro de un partido político es que sean disputas personalistas. Esas típicas de “Quitaté tú pa’ ponerme yo” que decía la canción (muy recomendable la versión que realizó la Fania All Stars). Y algo así está pasando en Podemos Andalucía y su conflicto con Podemos estatal. Una pelea que cada vez que salta a la prensa andaluza, que es casi toda susanista o de derechas (o las dos a la vez), se difunde y se disfruta en San Telmo. Todo ello acaba perjudicando el magnífico proyecto que se estaba formando, como movimiento de izquierdas para derrotar a Susana Díaz, mediante la plataforma Adelante Andalucía.

Desde Podemos estatal se acusa a Teresa Rodríguez de querer hacer de Podemos Andalucía un partido aparte, una organización controlada completamente por el sector anticapitalista. Por este motivo, no habrían desarrollado la organización en toda la región y habrían registrado una marca propia para separarse del partido. Una visión de Podemos como partido frente a lo que defienden en Andalucía de Podemos como movimiento. Es lógico que Rodríguez y su gente quieran tener un control mayor sobre la organización andaluza porque, al fin y al cabo, lo que pasa en Andalucía se queda en Andalucía. Pablo Echenique no puede llegar a comprender los parámetros en los que se mueve la política andaluza. Es cierto que cada región española tiene sus propios tics y mecanismos propios (más en las regiones bilingües o con fuerte implantación de un sentimiento nacionalista), pero en Andalucía la lógica de estos últimos 40 años y la extensión territorial a cubrir impone otra forma de hacer política. No se sigue una lógica similar a lo que ocurre en Podemos estatal.

Desde Podemos Andalucía se critica que Echenique y Pablo Iglesias quieren hacer de Podemos un partido de centralismo democrático, de dirigismo centralizado y de imposición de candidatos, rompiendo lo que fue el surgimiento de Podemos como movimiento para la conformación de un bloque de cambio que pudiese luchar en el plano hegemónico. Y si se parasen los Pablos a analizar Adelante Andalucía se percatarían de que eso mismo es lo que están montando Podemos, IU y demás movimientos que se están adhiriendo. No es que Rodríguez o Kichi quieran montar un Podemos para ellos, sino que pretenden ir más allá de Podemos. Lo de Marea Andaluza era el primer paso para este camino, pero tras charlar con Antonio Maíllo y discutir la fórmula que mejor podía funcionar, decidiendo montar Adelante Andalucía.

Los propios anticapitalistas andaluces (y quienes no lo son también) están encantados con el movimiento que se está creando. Esto desmonta las críticas de Echenique y Podemos estatal, aunque tengan razón seguramente en que, al verse los anticapis fustigados en otras regiones intenten, dentro de una lógica partidista que ha pasado en otros partidos a lo largo y ancho del mundo, tener una especie de rincón propio. Así que lanzar a Isabel Franco, mujer sumamente capacitada, contra Teresa Rodríguez posiblemente haya sido un doble error por parte de la dirección estatal, tanto como si llevasen a cabo la pretensión de nombrar gestora en Podemos Andalucía.

La presidenta gana si Podemos pelea.

Esos dos errores tienen que ver con lógicas que entienden, o deberían entender, en Podemos estatal. Uno, es que a Franco en Andalucía y para Andalucía no la conoce casi nadie. A diferencia de otros diputados y senadoras que están muy presentes en el día a día de la organización morada y en los medios locales, Franco lo ha estado mucho menos. Podemos es Teresa y así es conocida por toda Andalucía, especialmente, porque es la némesis de Susana Díaz. La presidenta de la Junta de Andalucía la tiene un odio visceral que se ve reflejado en sus debates parlamentarios y en las declaraciones que lanza contra la dirigente morada. Por ello, situar a una persona que es desconocida, en parte, electoralmente y por el cariño de la gente (esas abuelillas que se sientan a la puerta de casa quieren a Teresa y se abrazan a ella al verla pasar), es un grave error.

El segundo error es que ya hay montado un movimiento que está funcionando muy bien, tanto a nivel social como mediático, y que por un cambio de cara se vendría abajo. Cuando algo funciona no se debería tocar, te tomes o no te tomes cañas con ellos y ellas. Y algo que se ha ido cocinando por otras manos no puede ser terminado por quien se crean que es mejor chef. El mejor chef del mundo puede arruinar el pote de la abuela y Adelante Andalucía es pote de la abuela, no manjar de restaurante tres estrellas. Es tortilla de camarones, es chopitos, es rejos, es espeto de sardinas, es manteca colorá, no cocina fast-food. Ahí está el segundo error, poder arruinar algo que funciona. Luego igual lo votan cinco, pero hoy en Andalucía hay entusiasmo en la izquierda por ese movimiento que está funcionando. ¿Ha escuchado quejas de Alberto Garzón? No. Por algo será.

A esto se podría sumar un tercer factor como es dar motivos a que Susana Díaz no se vea en la obligación de virar a la izquierda. Cosa harto complicada sin duda porque como la suma le salga con Ciudadanos allí que irá corriendo a unirse. Poco o nada le gustan a ella las alianzas por las izquierdas, aunque sí le gustan sus gentes para llevárselas al PSOE andaluz y darle una pátina de izquierdismo. Pero una izquierda fuerte podría hacerla dudar, podría cambiar el número de diputados y diputadas y que la suma por la derecha no diese o no fuese rentable políticamente. Por ello, cuando Susana ve la pelea entre los Pablos y Teresa entra en un orgasmo político porque sabe que no perderá votos por la izquierda. De esa forma, con un Adelante Andalucía desmigado, Díaz puede atacar a Marín y Moreno Bonilla (aunque éste se ataca solo) y jugar en el terreno de la derecha que es el que le gusta.

Adelante Andalucía un movimiento de esperanza andalucista.

Cuando se afirmaba que los Pablos conocían poco el patio andaluz es porque parece que quisieran un Podemos monocorde, carente de andalucismo. Parecen no recordar en todas esas lecturas que hacen que las luchas subalternas son, a veces, tan importantes como la principal. En Andalucía la “lucha de clases” se hace al lado del busto de Blas Infante, con la verdiblanca colgada del cuello y mucho arte. Para luchar contra la violencia del sistema contra las personas decentes no puede ir arrasando todo. Deben ser bocinazos fuertes pero con acento. Confluyen en Adelante Andalucía esos movimientos subalternos  que propician una potencia al movimiento tanto en la lucha contra los desahucios, como contra los ataques ecológicos a Las Salinas almerienses, como contra las bandas de las drogas de Algeciras, como contra las víctimas de violencia sexual en las plantaciones de fresas onubenses. Y en esa lucha el toque andalucista es fundamental, lo crean o no en la calle Princesa.

Por primera vez en muchos años, pero en muchos, hay cierta alegría en toda la izquierda andaluza por la buena acogida que viene teniendo la pareja formada por Rodríguez y Maíllo. A todos sitios van los dos juntos y en todos los sitios los reciben con entusiasmo. Lógicamente son de formaciones distintas, pero la persona del común, de la calle ya los identifica como un pack unitario. Volver a la casilla de salida, como quieren hacer desde Madrid, legítima pero erróneamente, haría acabar con el impulso que ha cogido el movimiento. Son muchas las reuniones, actos, acuerdos que se han venido haciendo y que han permitido conformar Adelante Andalucía. Muchas personas de la izquierda, como han contado a Diario 16, que estaban en un abstencionismo sufriente están entusiasmadas para volver a apostar por una candidatura de izquierdas. Por ello Podemos estatal debería replantearse las cosas y asumir su error.

En Izquierda Unida, como nos han contado personas de su dirección, miran perplejos que todo el esfuerzo de más de un año que se viene haciendo en las calles, brazo con brazo, se pueda venir abajo por una pelea entre dos facciones de un partido. Que lo que es normal en la batalla del día a día pueda ser derribado por una pelea entre direcciones y así arruinar un proyecto ilusionante, les sorprende y mucho. Y lo dicen gentes del PCE que saben mejor que nadie lo que es la disciplina y el centralismo democrático, pero que han entendido mejor que los Pablos que el camino ese no es correcto. Que Rodríguez se haya encerrado un poco y se haya mostrado poco dialogante sí, pero no está en su cabeza, como ha dicho varias veces, montar un Podemos de anticapitalistas, más que nada porque no son tantos en Andalucía. En efecto, en Podemos Andalucía apoyan a Rodríguez gentes como Manuel Monereo, el pope intelectual de Iglesias. Aún hay tiempo para no acabar con el proyecto, pero se necesita diálogo y no pelea.

El PSOE apoya las reivindicaciones sindicales de incluir en el convenio colectivo de la conserva medidas para garantizar la igualdad de género

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Joaquín López Pagán y el diputado Antonio Guillamón se han reunido con representantes de los sindicatos CCOO y UGT del sector agroalimentario, quienes les han trasladado los problemas laborales del sector de la conserva, que provocaron una huelga a nivel nacional la pasada semana.
López Pagán y Guillamón han escuchado a los sindicalistas, entre los que se encontraban el secretario de Política Industrial y Relaciones Institucionales de CCOO, Ángel Soler y la secretaria general de Industria de UGT, Izaskun Martínez, quienes les han trasladado las dificultades que tienen para llegar a acuerdos con la patronal y renovar el convenio del sector, que venció en 2015.
El PSOE apoya a las organizaciones sindicales en su reivindicación para que se incluya en el convenio colectivo de la conserva medidas para garantizar la igualdad de género, así como que se impulsen cláusulas de igualdad de género en el acceso, conservación y promoción de las mujeres en el trabajo en esta rama de la producción.
Se da la circunstancia que el 80 por ciento de la plantilla de este sector son mujeres, mientras que el 90 por ciento de los encargados de sección son hombres. Por lo que es necesario romper “la cultura de la discriminación de género”, indican los sindicatos.
El Grupo Parlamentario Socialista se ha comprometido a presentar iniciativas en apoyo a las trabajadoras y trabajadores de la conserva, a fin de que la Administración se implique más en la estabilidad y fomento de estos empleos.  López Pagán y Guillamón mostraron su preocupación porque entienden que el sector de la conserva, en el que también se incluyen productos congelados y zumos, “tiene una gran proyección económica, fundamentalmente en las empresas que han apostado por las nuevas tecnologías y ofrecen al mercado novedosos y atractivos productos para el consumo”.
Uno de los puntos de fricción que ha suscitado el conflicto ha sido la pretensión de la patronal de incumplir el llamamiento de los trabajadores y trabajadoras de acuerdo a un riguroso orden de antigüedad por categorías.
Esta situación provoca indefensión entre los empleados, la mayor parte de los cuales tienen la condición de fijos discontinuos. Asimismo, han manifestado que al  tratarse de un sector muy feminizado, en el que las mujeres representan más del 80 por ciento de la plantilla, las que resultarían más perjudicadas son trabajadoras de más de 50 años, que agotarían sus derechos a prestaciones al no ser contratadas, poniéndose en riesgo sus pensiones al bajar la base de cotización.
Otro de los motivos de conflicto ha sido el intento de la patronal de desregular la jornada laboral, alargándola indiscriminadamente a 10 horas al día, algo con lo que se destruye empleo, además del consiguiente descenso de los ingresos en la Seguridad Social.
Los sindicatos consideran inaceptables estas medidas en un sector estratégico para la Región de Murcia, que representa el 30 por ciento de la producción de conserva en España y también de trabajadores adscritos al sector. Además, han señalado que el sector de la conserva es fundamental para la Región, pues es una marca de reconocido prestigio dentro y fuera de España.

Seis centros educativos de Málaga serán limpiados de amianto

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La Consejería de Educación ha adjudicado las obras de retirada de fibrocemento de seis centros educativos de la provincia de Málaga, con un presupuesto superior a los 536.000 euros. De estas actuaciones se beneficiarán los más de 1.600 alumnos y alumnas matriculados en colegios e institutos de Antequera, Málaga capital y Montejaque.

En Antequera se retirará el amianto de cubiertas y bajantes de los colegios de Infantil y Primaria La Vera Cruz y San Juan, mientras que en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Pedro Espinosa la intervención consistirá en la sustitución de bajantes y retirada también de depósitos de fibrocemento. Estas obras supondrán una inversión de 402.284 euros.

En Málaga capital, con una inversión de 105.000 euros, se actuará en el colegio Tartessos donde se retirarán más de 800 metros cuadrados de cubiertas que contienen placas de fibrocemento en el edificio principal y la construcción anexa al gimnasio, y su posterior sustitución por unas nuevas de tipo sándwich. Asimismo, se reemplazarán los bajantes y canalones que contengan amianto y se ejecutarán los trabajos de pintura, tanto en el interior como el exterior de la edificación, que sean necesarios. En el colegio Blas Infante la intervención se centrará en la retirada y sustitución de cubiertas y bajantes. Por último, en Montejaque, la Junta destinará 29.300 euros en el colegio Virgen de la Concepción donde se llevará a cabo la retirada de porches de fibrocemento.

Estas obras se enmarcan en la planificación para la retirada progresiva del amianto en las infraestructuras educativas aprobada por el Consejo de Gobierno el 5 de julio de 2016, que ejecuta la Consejería de Educación a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación y que cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros hasta el año 2022.

Fomento adjudica la construcción de los primeros cuatro puntos de acceso a embarcaciones de recreo en el Mar Menor

La Consejería Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia ha adjudicado las obras que permitirán la construcción de los primeros cuatro puntos de acceso para embarcaciones de recreo en el Mar Menor, tal y como publicó ayer el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). Se trata de la instalación de rampas para facilitar a los usuarios la operación de entrada y salida de sus embarcaciones, de forma que podrán tenerlas guardadas en tierra y sacarlas a navegar con facilidad cuando lo deseen.

Esta actuación, que se ha adjudicado por más de 124.000 euros, está cofinanciada entre la Comunidad y la Unión Europea, a través de los fondos Feder, y se enmarca en el Plan de Ordenación de Usos del Mar Menor que promueve el Gobierno regional, que, entre otros objetivos, pretende eliminar los fondeos irregulares de la laguna.

El director general de Transportes, Costas y Puertos, José Ramón Díez de Revenga, explicó que se trata de una infraestructura que ofrece una alternativa a los fondeos irregulares las playas cartageneras en Los Urrutias, Islas Menores, Playa Honda, y la Playa del Atalayón, de San Javier. Indicó que su instalación “hará compatibles los usos recreativos o turísticos con los valores ambientales al fomentar la navegación responsable”.

Díez de Revenga informó que las obras se iniciarán después del verano, “para evitar molestias a los bañistas”, y señaló que la mayoría de los puntos los accesos serán perpendiculares a la costa, “con el fin de ocupar la mínima superficie de terreno”. Tendrán una anchura máxima de seis metros y una longitud variable que dependerá de las necesidades de cada zona.

Las rampas estarán compuestas por dos tramos de diferente material, serán desmontables, estarán unidas entre sí por argollas-grietes de acero inoxidable y llegarán a las zonas donde exista arena no cohesionada y que pueda dificultar la entrada de los vehículos.

La producción industrial andaluza creció un 0,7% en mayo

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La producción industrial andaluza creció un 0,7% en mayo respecto al mismo mes de 2017, según los resultados del Índice de Producción Industrial de Andalucía, corregido de efectos estacionales y de calendario. En términos brutos, el crecimiento registrado ha sido del 0,4%. Por su parte, la variación interanual en lo que va de año ha sido del 0,3% (0,2% en términos brutos).

Respecto al destino económico de los bienes, es decir, atendiendo a la clasificación según su funcionalidad, la tasa de variación interanual creció un 6,4% en bienes de equipo y un 4% en bienes intermedios. Por su parte, decreció un 3,2% en bienes de consumo y un 5% en energía. Las tasas en términos brutos fueron de un 7% en bienes de equipo, un 5,3% en bienes intermedios, un -3,4% en bienes de consumo, y un -5,2% en energía.

Por ramas de actividad, también corregidas de efectos estacionales y de calendario, se produjo un crecimiento del 3,9% en la industria manufacturera, con una ponderación del 72% en el Índice General; y decrecimientos del 4,4% en el suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, (con un peso del 6,3%), del 9,2% en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (con una ponderación del 20,1%), y del 10,2% en las industrias extractivas (con un peso del 1,6%).

En términos brutos, el acumulado en el mes de mayo respecto al mismo periodo de 2017, se han producido incrementos del 10,7% en las industrias extractivas y del 7,9% en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Asimismo, se han registrado decrecimientos del 7,4% en el suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación y del 1,2% en la industria manufacturera.

En un análisis más detallado, las divisiones de la Clasificación Nacional de Actividades Económica, CNAE-09, que presentaron mayor repercusión positiva en la tasa interanual en el mes de mayo del Índice General fueron la actividad de fabricación de otro material de transporte, con una tasa del 10,4% y una repercusión del 0,6, y la de fabricación de otros productos minerales no metálicos, con una tasa del 16,8% y repercusión del 0,6. Por el contrario, las divisiones con mayor repercusión negativa fueron la de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con una tasa del -9,2% y una repercusión del -1,7, y la de Industria de la alimentación, con una tasa del -9% y una repercusión del -1,2.

El Gobierno regional “ve problemas” para la aplicación de cuatro artículos de la Ley del Mar Menor

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca continúa su ronda de contactos con los implicados “para proponer alternativas y modificar la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor con el objetivo de poder llevar a cabo cuatro artículos que presentan problemas de aplicación sobre el terreno”.

El consejero Miguel Ángel del Amor, que estuvo acompañado por el director general de Medio Ambiente y Mar Menor, Antonio Luengo, trató con los colectivos aspectos relacionados con estos artículos, relativos a la aplicación de estiércol y de fertilizantes, la normativa respecto a la evaluación de impacto medioambiental de diferentes proyectos y sobre los perímetros regables.

Del Amor trasladó a los agentes la imposibilidad de ejecutar estos cuatro artículos y afirmó que “seguiremos buscando soluciones en solitario porque los representantes de los partidos de la oposición no han acudido a la reunión”.

Asimismo, destacó que hay dos informes de la Comunidad Autónoma y del Ministerio que advierten de esta imposibilidad.

“La Consejería ha vuelto a redactar los artículos enriqueciéndolos con el texto de los técnicos y las aportaciones de las organizaciones agrarias”, ha concluido.

El papel de Europa en el Caso Banco Popular lleva a los afectados al euroescepticismo

El Caso Banco Popular es una de las «presuntas» estafas más grandes de la historia, no sólo de España, sino de Europa. El hecho de que se haya arruinado a más de un millón de ciudadanos y ciudadanas (305.000 familias) para rescatar a una entidad bancaria en apuros con la connivencia de las instituciones españolas y europeas está despertando en los afectados un sentimiento euroescéptico que, posiblemente, antes no tenían. Lo podemos comprobar en la comunicación de uno de los afectados: «Esto es la vergüenza de España y la vergüenza de Europa. La UE ya no tiene ninguna credibilidad. Posiblemente, hasta la justicia europea se pringue, aunque, de momento, ya se han quedado solo con seis de los recursos, apartando todos los demás. Parece que los jueces en Europa tampoco quieren trabajar mucho ni hacer sus funciones. Menos mal que la UE se descompone. Ánimo partidos euroescépticos, hay que deshacer este tinglado montado para que trinquen los burócratas y para que sea un apartadero/cementerio de políticos con sueldos astronómicos por no hacer nada, excepto para favorecer a los conglomerados empresariales y bancarios. SPAINXIT». Otro afectado es mucho más contundente: «Queda claro que un euro es mucho dinero. Desde que entró la maldita moneda en circulación los españoles somos más pobres y los ricos más ricos. Esto es una farsa de unión. Las instituciones una golfería sin nombre. SPAINXIT YA».

Respecto al papel de la Justicia en el Caso Banco Popular los afectados lo tienen claro, «Esperemos que en USA la justicia sea JUSTICIA, en España no hay mucho que esperar». Esta desconfianza en el tercer poder de nuestra democracia se va acrecentando a medida que pasa el tiempo y los afectados no ven que se haga nada contra los presuntos culpables: «Con toda la información presentada por Diario16 los jueces ya tendrían que haber tomado medidas cautelares contundentes contra el Santander y los máximos responsables de esta estafa pero la repercusión sería tan grande que podría incluso desestabilizar a la Unión Europea ya que el presidente del BCE y la JUR podrían estar implicados en un delito de estafa, robo con nocturnidad y alevosía, contra 305.000 accionistas y más de 1.250.000 ciudadanos de esta mal llamada UE. No creo en la Justica de España y tampoco en la de la Unión Europea. En referencia a la de EE.UU. antes de que lleguen las sentencias en contra del Santander harán un trato bajo la mesa».

Estos son sólo un par de ejemplos de la desconfianza de los afectados en nuestra Justicia y de la lentitud del juez Fernando Andreu en la instrucción de las causas del Caso Banco Popular y es muy triste que quienes vieron cómo se les arrebataba su dinero una noche del mes de junio tengan más confianza en la Justicia de los Estados Unidos que en la de nuestro país, sobre todo por los antecedentes en casos donde estuvo implicado el Banco de Santander, directivos o miembros de la familia Botín.

Desde el último artículo no han faltado referencias tampoco a la nueva ministra de Economía, Nadia Calviño: «Usted, señora Nadia Calviño, ministra de Economía, ¿piensa hacer algo en defensa de las 305.000 familias arruinadas, o sea, más de 1.200.000 personas del Banco Popular, o piensa seguir la estela de su antecesor en el cargo?».

Ha sorprendido en la redacción de Diario16 cómo los afectados empiezan a realizar alegatos políticos y a pedir responsabilidades a los partidos, algo que hasta ahora no ocurría: «después del PP, el siguiente perjudicado directo es el Rey, porque la estafa se ha cometido en su mayoría contra votantes del PP que, además eran monárquicos y que ahora no pueden ver a su Majestad ni en pintura. El Rey no ha tenido la más mínima empatía con los afectados, ni una palabra de consuelo. Simplemente, los ignora. El PSOE empezará a desgastarse al no hacer nada su ministra de Economía. Los únicos que no salen afectados son las posiciones radicales de VOX y Podemos y si saliera un nuevo partido a favor de arreglar esta estafa y de salir del euro y de Europa se podría llevar un millón y medio de votantes que están hartos de que nos mangoneen».

Confirmada la prisión de Kote Cabezudo

Han sido necesarios 5 años desde que se interpuso la primera denuncia para que tanto el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Sebastián, como la Audiencia de Guipúzcoa, consideren que Kote Cabezudo debe ingresar en prisión provisional por existir indicios suficientes de varios delitos y peligro de reiteración de los mismos hechos.

El Auto de prisión de Kote Cabezudo ha sido confirmado por la Audiencia de Guipúzcoa. Han sido necesarios 5 años, un cambio de juez y la aparición de nuevas víctimas —todas ellas integrantes de la colección de modelos muchas menores de edad que acudían a su estudio para ser fotografiadas— para que Kote Cabezudo ingrese en prisión, además de nuevas denuncias paralelas y la presunta comisión de nuevos delitos de desobediencia, obstrucción a la justicia y falsedad documental.

Con fecha 4 de mayo 2018 se decretó la prisión provisional y sin fianza del fotógrafo y dentista Juan José Cabezudo Zabala por el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Sebastián basada, principalmente, en la evitación de reiteración delictiva. Aparecen en este punto de la investigación suficientes indicios que indican que podría haber cometido varios delitos. Además de la utilización de datos personales de sus víctimas, Cabezudo aparece investigado por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, de estafa, de elaboración, distribución y posesión de material pornográfico de menores, abusos sexuales, falsedad documental y agresiones sexuales.

El auto se apoya, además, en la existencia de otras diligencias abiertas contra él en el Juzgado de Instrucción nº 3 de San Sebastián por delitos paralelos y en que no ha procedido a cumplir los requerimientos realizados estos años desde el Juzgado de cesar de difundir imágenes de las denunciantes y proceder a la eliminación de todo el material que sobre las mismas se encuentran en internet.

Este y otros incumplimientos le ha llevado al juzgador a deducir testimonio para la apertura de nuevos procedimientos por nuevos delitos de desobediencia, obstrucción a la justicia y falsedad documental.

El principal motivo por el que se le ingresa en prisión preventiva a la espera del correspondiente juicio es la reiteración en las conductas de difusión de imágenes y el atentado que ello supone a los intereses de las víctimas.

Parece que la impunidad de las conductas de Kote Cabezudo, ha llegado a su fin.