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Susana Díaz consigue 59 millones de Isidro Fainé
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el presidente de la Fundación Bancaria «la Caixa», Isidro Fainé, han firmado un acuerdo marco que recoge la colaboración entre ambas instituciones en materia social, educativa y cultural, en virtud del cual esta entidad dedicará a acción social en la comunidad un total de 59 millones en 2018, por encima de los 58 millones del ejercicio anterior.
La presidenta ha valorado este «importante acuerdo», que, un año más, permitirá atender a niños y niñas en situación de necesidad; mejorar la calidad de vida de personas con especiales necesidades, como aquellas en riesgo de exclusión o con discapacidad; facilitar la creación de empleo, promover el acceso a la vivienda social en alquiler o llevar a cabo programas de investigación, cultura o formación.
El año pasado, el acuerdo entre la Junta y «la Caixa» benefició a 12.104 menores en Andalucía, dentro de la línea de atención a la infancia más vulnerable, y facilitó la creación de más de 5.300 empleos, con especial incidencia en las personas en riesgo de exclusión. En cuanto a este año, Susana Díaz ha incidido en el aumento de la partida de investigación y becas, que alcanza los 4,34 millones, frente a los 2,51 millones de 2017.
El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, ha señalado en declaraciones a los periodistas que este acuerdo «cada año regula la colaboración entre la Junta y ‘la Caixa’ en materias que tienen una importante repercusión social». Tras este acuerdo marco, se firman convenios específicos con diferentes consejerías para su desarrollo. Ramírez de Arellano ha incidido en que este acuerdo «consolida un compromiso que se extiende en el tiempo» y ha apuntado que la aportación de 59 millones de «la Caixa» forma parte de la «responsabilidad social» de esta fundación.
En esta línea, el presidente de la Fundación Bancaria «la Caixa» ha destacado que «hoy reforzamos una vez más nuestro compromiso con Andalucía. Nuestro objetivo, al lado de la Junta, es llegar cada día a más personas de esta comunidad. Incrementamos nuestra inversión en programas sociales, culturales y educativos, con el fin de ofrecer más oportunidades a quienes más las necesitan».
Entre los objetivos básicos marcados en el convenio, con el que «la Caixa» incrementa su aportación de 2017 (que se situó en 58 millones), destacan los de colaborar para la mejora de las condiciones de vida de la infancia más vulnerable, fomentar el envejecimiento activo de las personas mayores, facilitar el acceso al empleo a colectivos desfavorecidos y velar por la atención integral a pacientes con enfermedades avanzadas, así como contribuir al bienestar de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.
Además de estas líneas de actuación, el acuerdo también contempla acciones en los ámbitos educativo, cultural y de investigación y conocimiento, de acuerdo con el Plan Estratégico 2016-2019 de la Fundación Bancaria «la Caixa».
Uno de los proyectos que se llevará a cabo en Andalucía en virtud de este acuerdo será CaixaProinfancia, con el objetivo de luchar contra la pobreza infantil. Esta iniciativa está dirigida a niños y adolescentes de entre 0 y 18 años cuyas familias están en riesgo o en situación de exclusión. En 2017, este programa atendió a 12.104 menores y 7.153 familias andaluzas y contó con más de 10,24 millones de euros de inversión.
Fomento de la contratación
Otro de los programas es Incorpora, centrado en fomentar la contratación de colectivos con dificultades especiales para encontrar un empleo, como personas con discapacidad, parados de larga duración, jóvenes en riesgo de exclusión, mujeres víctimas de violencia de género, inmigrantes y ex-reclusos, entre otros. A lo largo de 2017, se facilitaron un total de 5.346 puestos de trabajo en Andalucía gracias a la colaboración de 1.570 empresas del territorio. Un total de 46 entidades sociales se encargan de desarrollar Incorpora en la comunidad.
El programa de atención integral a personas con enfermedades avanzadas busca mejorar la calidad de la atención a las personas que se encuentran en el final de su vida, así como a sus familias. En Andalucía este programa cuenta con 6 equipos de atención multidisciplinar, y ha llegado a 2.624 pacientes y 3.880 familiares durante 2017.
El programa de Personas Mayores tiene como misión fomentar la participación social de este colectivo, dar valor a su experiencia y situarlos como protagonistas activos en nuestra sociedad. Las personas mayores tienen la oportunidad de formarse en proyectos de nuevas tecnologías, culturales y sociales, a través de los 61 centros de personas mayores con convenios. Durante 2017 se realizaron en Andalucía un total de 1.279 actividades, en las que participaron 95.385 personas mayores.
Asimismo, los programas de Vivienda Social ofrecen pisos de alquiler a precios inferiores a los del mercado, y se dirigen a personas con dificultades para acceder a una vivienda. En Andalucía, el Grupo «la Caixa» cuenta con un total de 9.137 pisos sociales.
La inserción social y laboral de personas privadas de libertad, a través del programa Reincorpora, las ayudas a proyectos de iniciativas sociales, el voluntariado y el fomento de la convivencia ciudadana son otros objetivos destacados a los que la Obra Social «la Caixa» destinará sus esfuerzos en la comunidad.
Becas e investigación
El acuerdo prevé también la convocatoria de un programa de becas de «la Caixa» dirigido a universitarios, para estudios de postgrado en Europa, América del Norte y Asia-Pacífico, para cursar un doctorado en universidades y centros de investigación de España y para realizar investigación postdoctoral en universidades y centros de investigación españoles.
Asimismo, la Fundación Bancaria «la Caixa» abrirá en 2018 una nueva Convocatoria anual de Investigación en Salud para universidades y centros de investigación sin ánimo de lucro, que seleccionará proyectos en los ámbitos de la oncología, las neurociencias, las enfermedades infecciosas, las enfermedades cardiovasculares, así como para proyectos biomédicos transversales y tecnologías facilitadoras.
Por otra parte, la red financiera de «la Caixa» impulsa el desarrollo de proyectos y actividades en los ámbitos social, medioambiental, cultural y educativo mediante ayudas económicas para proyectos de su entorno más inmediato. En 2017, fueron 2.845 las actividades desarrolladas, con una inversión de 9,25 millones de euros. Gracias al acuerdo suscrito, también se continuará desarrollando el programa EduCaixa, que engloba toda la oferta educativa de la Obra Social «la Caixa». En 2017 fueron 1.128 escuelas andaluzas, con un total de 215.944 escolares participantes.
Rentas del trabajo y Rentas del capital
Como cada año, la Lista Forbes nos muestra cuales son los capitalistas más ricos del mundo, que está coronada en esta edición de 2018 por Jeff Bezos (Amazon), que es el primer multimillonario del planeta. Ningún otro capitalista de la historia de la humanidad ha acumulado nunca tanto dinero en tan poco tiempo. Para este estudio que realizamos mencionaremos las primeras siete aves de rapiña, entre las que podríamos encontrar algún que otro buitre carroñero. En la lista aparece en sexto lugar Amancio Ortega, que goza de una alta estima y consideración por el empresariado español e internacional, así como sus banqueros y políticos afines; no sabemos lo que pensarán de él los obreros que confeccionan las prendas en sus 150 fábricas con 80.000 obreros en todo el mundo, en Marruecos, China, Bangladesh, Turquía, etc, cobrando salarios de miseria.
He aquí unos primeros datos para el estudio:
1.- Jeff Bezos. Patrimonio= 112.000 millones de dólares. (Amazon EEUU)
2.- Bill Gates. Patrimonio = 90.000 millones $. (Microsoft EEUU)
3.- Warren Buffet. Patrimonio = 84.000 millones $ (Berkshire Hataway EEUU)
4.- Bernar Arnault (y familia). Patrimonio = 72.000 millones $ (Compañía LVMH Francia)
5.- Mark Zuckerberg. Patrimonio = 71.000 millones $ ( Facebook EEUU)
6.- Amancio Ortega. Patrimonio = 70.000 millones $ (Inditex España)
7.- Carlos Slim (y familia) Patrimonio = 67.100 millones $ (América Móvil – Mexicano)
Esos primeros magnates acaparan entre los siete, sobre 566.100 millones $. La compañía multinacional Amazon fue creada en 1994 y ha sido muy privilegiada, pues encima de no pagar los impuestos que le corresponden y explotar a sus asalariados hasta la extenuación, recibirá en torno a 789 millones de dólares de desgravaciones fiscales este año 2018. Esa multinacional posee unos activos que se valoran en torno a UN Billón de dólares. Pero no es esta multinacional la única que trabaja dopada con privilegios, explotación y chantajes, cuyos beneficios del capital salen principalmente de la parte del salario dejado de pagar al trabajador, sino que también son casi todas las que utilizan esos mecanismos de evadir impuestos, como demostraremos matemáticamente en este estudio, pero centrándonos más en lo que ocurre en nuestro país.
Por ejemplo, tenemos en 2018, que Amancio Ortega Gaona, fundador de Inditex, sigue siendo el capitalista más rico del Estado español, con un patrimonio personal en torno a los 70.000 millones de euros. Por otra parte, el ejercicio 2017 ha terminado con un aumento del número de millonarios de un 10% con relación al año anterior. Según el Informe Mundial de la Riqueza (World Wealth Report 2018), se cuentan en nuestro país 224.200 grandes millonarios, contando con un patrimonio total de 653.200 millones.
La crisis ha producido más de 50.000 millonarios, mientras la clase trabajadora ha quedado reducida a la miseria siendo ya a final de 2017 casi 13 millones de personas en nuestro país, los que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Sabría algún organismo oficial informar a la población, cuantos impuestos han pagado esos grandes millonarios individualmente? ¿Y cuántos evasores fiscales forman la Lista Falciani y demás Papeles, como los de Panamá y otros, entre los que se dice que hay “exportadores de diamantes”, “traficantes de armas”, exvicepresidentes de Bancos, políticos honorables, exalcaldes famosos, herederos y dueños de grandes fortunas sangrientas, grandes empresarios, capos del narcotráfico, banqueros varios, pilotos arriesgados, ejecutivos a porrillo, gentes de la realeza, etc..etc. y sobre todo cuándo se van a hacer públicas esas listas de corruptos impunes y privilegiados?
Continuando con el estudio, según el I.N.E. (Instituto Nacional de Estadísticas) el PIB se situó al final de 2017 en 1.163.662 000.000 € (Más de UN billón€). Las Rentas del Capital alcanzaron 613.390 Millones de euros (52,71 %PIB), mientras que las Rentas del Trabajo, que suman los salarios pagados en el ejercicio 2017, asciende a la cantidad de 550.272 millones € (47,28 %PIB). Los 3.280.000 empresarios activos se llevaron beneficios por 63.118 millones € más, que los 18.460.201 asalariados afiliados a la Seguridad Social registrados al 31-12-17. Solo los 6 bancos principales sumaron una ganancia neta de 13.623,7 millones de euros, un 7 % más que el año anterior, por el contrario, los trabajadores han perdido entre un 10 % y un 15% de poder de compras durante los 10 años de recesión. ¿Es esa la herencia de recuperación que nos ha legado el PP?
Esa es una pregunta que se hacen los pensionistas, la juventud y demás trabajadores mal pagados que sufrimos las condiciones laborales inhumanas y salarios raquíticos que no llegan a final del mes. Trabajos monótonos y repetitivos en puestos de trabajo que han surgido con salarios basura, impuestos descompasados en relación a la Rentas del Capital comparadas con las Rentas del Trabajo; la carga impositiva que padece el pueblo español es verdaderamente un saqueo permanente para seguir “fabricando millonarios” pero no se “fabrican puestos de trabajo dignos” y mucho menos empresas industriales de avanzada tecnología, porque los presupuestos para I+D+i. fueron fusilados por Rajoy al amanecer de la crisis.
En este breve estudio siguiente quedará demostrado el grado de injusticia tan enorme con que se distribuyen los impuestos. Según un informe de la Agencia Tributaria del ejercicio 2016 (El 2017 está en liquidación) el total de ingresos tributarios fueron: Presupuestado = 193.520 Millones €. Recaudado = 186.249 millones €. Déficit = -7.271 millones €.
Desglose:
Impuesto del Rendimiento de las Personas Físicas (IRPF). Presupuestado = 75.432 millones €. Recaudado = 72.416 millones. Déficit = -3016 millones €.
Impuesto de Sociedades: Presupuestado = 24.868 millones €. Recaudado = 21.678 millones €. Déficit = 3.190 millones €.
Resumen de lo Recaudado:
Impuesto Sociedades = 21.678 MM € (11,63 %)
IRPF………………. = 72.416 MM€ (38,88 %)
IVA…………………. = 62.845 MM€ (33,74 %)
Impuestos especiales = 29. 310 MM€ (15,75 %) (*)
(*) Teniendo en cuenta que los impuestos especiales son cargados sobre el alcohol, bebidas, cervezas, hidrocarburos, tabaco, electricidad, transporte, etc, la inmensa mayoría recaen sobre los bolsillos de los consumidores que abrumadoramente son: clase trabajadora, pensionistas, parados, autónomos y falsos autónomos, capas medias, que algunos estadísticamente entran en esos 3,28 millones de empresarios cuando en realidad son muchos de ellos trabajadores sobre explotados.
Comprobamos que de cada 100 € que pagamos por impuestos, el 88,37 % sale directamente del bolsillo del trabajador y solamente un 11,63 % de la carga impositiva la soporta el empresariado capitalista. Posteriormente viene otra injusticia más, pues los grandes empresarios chantajean al Estado, falsifican las cuentas con aquello de la “ingeniería financiera”, evaden recursos a Paraísos Fiscales y encima reciben subvenciones, o tienen privilegios como las SICAV que tributan al 1 %, mientras las pymes y autónomos están machados a impuestos. Los estudios de expertos sobre el fraude fiscal y las estimaciones a las que han llegado sobre la economía sumergida, con algunas discrepancias, rondan entre 200.000 y 250.000 millones de euros/año, con una pérdida de recaudación de impuestos entre 40.000 y 70.000 millones de euros.
Ningún partido burgués se ha atrevido nunca a atacar a fondo la corrupción sistémica, ni nunca lo harán, porque se entremezclan sus intereses de clase. Es inconcebible que la “recaudación por la lucha contra el fraude fiscal cae un 0,6 % en 2017 hasta los 14.792 millones de euros”, cuando eso por si solo demuestra la impunidad y la ineficacia de la política del PP que ha llevado una estrategia favorable a las grandes fortunas, como un Gobierno pro-capitalista que ha sido. Según GESTHA (Sindicato de Técnicos de Hacienda), afirma que: “se destina el 80 % de los recursos a investigar a pequeños defraudadores cuando las familias más ricas concentran el 71,8% del fraude”. ¿Adónde estaba mirando el Ministro Montoro, que despreciaba esos informes?
El nuevo gobierno PSOE tiene que poner en marcha un plan de lucha contra el fraude y la corrupción, pero para ello tiene que cambiar diametralmente la política burguesa, girando a la izquierda y llevar a cabo un proyecto para crear de inmediato 15.000 puestos de trabajo. Por ejemplo: 5.000 Inspectores de Hacienda. 5.000 Inspectores de Trabajo. 5.000 Jueces Anticorrupción, si de verdad quiere poner un poco de razón y justicia en esta escandalosa situación de privilegios de ricos y corruptos.
Además de esos especialistas se podrían contratar los auxiliares necesarios que ellos reclamasen, contando con la cantidad de economistas, administradores y gestores de empresas, contables y similares universitarios del ramo, que están en el paro o emigrados por motivos económicos, con planes y objetivos concretos, incluso utilizando el tan olvidado e infrautilizado artículo 128 de la C.E. que dice: “1) Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 2) Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas, cuando así lo exigiere el interés general”. La cantidad de recursos ocultos que se podrían reflotar con ese programa anticorrupción sería colosal por lo que el proyecto tendría garantizado el éxito.
Bajo la lógica del lucro privado del Estado burgués en descomposición, esa política va a ser imposible de llevar a cabo, pero si conseguimos articular un programa socialista que defienda a la clase trabajadora, buscando la unidad en la lucha de las izquierdas sindicales y políticas, para definir los objetivos, podríamos empezar por recuperar los sectores claves de la economía que han sido privatizados. Eso pasaría asimismo por una Banca Pública que sea gestionada democráticamente al servicio de la ciudadanía junto a los recursos incautados a los capitalistas corruptos, para llevar a cabo una transformación socialista de la sociedad.
Para ello hay que fomentar la unidad contando con ganarnos la confianza de la mayoría de la clase trabajadora, cambiando la legislación reaccionaria aplicada por el PP, e incluso cambiando la C.E. mediante un nuevo proceso constituyente, para conformar un Gobierno de los trabajadores, de confluencias de las izquierdas políticas y sindicales, defendiendo la Federación Socialista, para luego abogar frente a la Unión Europea de los Mercaderes, reivindicando la construcción de una Unión Federal Socialista de Europa.
Con la participación activa y democrática de la mayoría de la población, en lucha por los objetivos del Federalismo Republicano y Socialista, estaríamos en condiciones de avanzar hacia una sociedad plenamente democrática, que pueda liberarnos de la lucha cotidiana por la supervivencia. Poniendo los medios de producción bajo control democrático de la mayoría de la ciudadanía, que son principalmente los trabajadores y familias, podríamos participar conscientemente en esa lucha por la planificación científica de la economía, luchando contra la corrupción, “los corruptos y corruptores”, tomando democráticamente las decisiones políticas, económica, sociales y culturales, de forma libre y abierta, eliminando los secretos bancarios y de las empresas públicas, para basarnos en la ética poniendo al ser humano en el fundamento de la acción económica y los frutos del trabajo al servicio de la humanidad.
Los socialistas consideramos que SI existe una alternativa, así como que también existen los recursos que nos han robado, que; recuperándolos serian suficientes para utilizarlos como medios, con el fin de resolver los problemas sociales y territoriales producidos mayoritariamente por la escasez y la insolidaridad. El pueblo unido, junto a la creatividad, la libertad y la justicia que de forma solidaria y maravillosa es capaz de llevar a cabo la humanidad, podríamos avanzar hacia esa alternativa necesaria que se llama Democracia plena y Socialismo genuino.
Los paralelismos entre el Caso Banco Popular y el Caso Banesto
No es la primera vez que el Santander utiliza el mismo modus operandi para hacerse con el control de una entidad financiera solvente como método de saneamiento de sus propias cuentas. Hace 25 años ya lo hizo con el Banco Español de Crédito (Banesto) tras la intervención del Banco de España. Hace un año se hizo con el Banco Popular por un euro. ¿Quién será el próximo? Sigan la pista del color azul. Veamos cómo convergen las dos operaciones en un mismo esquema.
En primer lugar, es de reseñar cómo los dos bancos eran claramente solventes y que tenían aprobadas u ofertadas diferentes operaciones de ampliación de capital, además de planes de saneamiento. El Consejo de Administración de Banesto había aprobado una ampliación de capital con JP Morgan, banco de inversión que consideraba a la entidad viable, una solvencia que sería mayor de haberse aplicado los distintos planes de saneamiento que estaban aprobados. En el Caso Banco Popular, tal y como hemos publicado en Diario16, existía un plan ambicioso aprobado por el Consejo de Administración en mayo de 2.016 que incluía una ampliación de capital y distintas medidas, como el Proyecto Sunrise, que, según los correos internos a los que ha tenido acceso este medio, tenía todas las bendiciones del Banco de España, del Banco Central Europeo y del Ministerio de Economía de Luis de Guindos, pero que, una vez que Emilio Saracho fue anunciado como presidente del Popular en sustitución de Ángel Ron, fue desestimado por la Secretaría General del Tesoro de Emma Navarro. A todo esto hay que añadir las ofertas de ampliación de capital de Barclays y Deutsche Bank, las ofertas de compra de activos no estratégicos del Popular (WiZink y TotalBank) y los activos inmobiliarios que posteriormente fueron vendidos a BlackStone por el Santander.
En segundo lugar, vemos una coincidencia en los métodos en referencia a la creación de un agujero contable ficticio, a la pérdida de valor de la acción y a la salida de liquidez. En Banesto se creó por el Banco de España un supuesto agujero de 605.000 millones de pesetas de activos “dañados” para justificar la intervención, dinero que se recuperaría posteriormente casi en su integridad, tal y como declaró Juan Carlos Rodríguez Cantarero exsecretario del consejo de Banesto en declaración abril de 2.004 (Diligencias Previas 2424/1999 Juzgado de Instrucción nº 6 de Alcobendas). Rodríguez Cantarero sería fulminantemente cesado como consejero de Banesto y en posterior declaración en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Getxo (diligencias previas 990/99) en 2006 volvió a reconocer la recuperación de la práctica totalidad del supuesto agujero. Por tanto, si se recuperó casi el 100% quiere decir que no había agujero.
En el Caso Banco Popular estamos oyendo constantemente hablar de agujeros en las cuentas del banco intervenido con el único fin de hacer ver cómo el Santander fue el salvador del sistema financiero español y europeo porque tuvo que hacer frente a una ampliación de capital de 7.000 millones. Sin embargo, tal y como hemos contado en Diario16, y dado que Santander trasladó a los medios que por la compra de Popular se producía una necesidad de capital para cubrir «los agujeros del Popular», nos encontramos con que en 2.017 la entidad cántabra tuvo que realizar un ajuste en su patrimonio enorme, de más de 8.000 millones de euros, a consecuencia de su exposición a las diversas economías en las que opera y que en realidad, lejos de aportar resultados al Grupo, le reducen su patrimonio en 8.000 millones. Por tanto, la ampliación de 7.000 millones lanzada “para comprar Popular”, tenía por destino compensar en parte el agujero causado por la exposición del Santander a las diversas economías afectadas por la fortaleza del euro. A todo esto, hay que sumar las salidas de liquidez del segundo trimestre que fueron las que realmente provocaron la caída del Popular —no el estado de las cuentas o la ampliación de capital—, las declaraciones de Elke König o las filtraciones de Saracho a la prensa que tenían como objetivo específico crear el pánico en el mercado y en los depositantes, tal y como ocurrió.
En tercer lugar, tanto en Banesto como en el Banco Popular hemos visto cómo el Santander presuntamente infiltró en las dos entidades a personas de su confianza con el único fin de conseguir informes detallados e información de primera mano a la que de otro modo le habría sido imposible acceder. En el Banco Español de Crédito el presunto topo fue Alfredo Sáenz con la más que posible colaboración del equipo designado por el Banco de España para la intervención. Tras la adjudicación de Banesto al Santander todos ellos formaron parte del equipo directivo y Sáenz fue nombrado presidente; se repartió entre todos los comisionados el 1% de las acciones de Banesto y el Gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, sería nombrado posteriormente consejero del Santander. ¿Se le facilitó información al Santander que hizo que su oferta fuera manifiestamente superior a la del BBVA?
En el Banco Popular los presuntos topos fueron el propio Saracho, quien ya anunció en los últimos días de verano de 2.016 que volvía a España para presidir el Popular, y, por supuesto, el despacho de cabecera del Santander, Uría y Menéndez, quien fue contratado por el sustituto de Ángel Ron sin tener poderes para ello y que, a través de ese contrato de «asesoramiento» tuvo acceso directo a los datos del Popular, hecho que se vio reflejado en la presentación al mercado y a la CNMV por parte del Santander de un análisis financiero de la operación apenas 23 minutos después de haberse hecho oficial. Al BBVA se le negó más información.
Otro aspecto que mimetiza las operaciones de Banesto y el Popular lo encontramos en la utilización de firmas «presuntamente» falsas o falsificadas. A.En Banesto la plica del Santander iba sin firmar por Emilio Botín, pero fue admitida por el Banco de España y se le adjudicó el banco. En el Popular, la declaración de inviabilidad fue presentada a través de un documento que llevaba una firma que «presuntamente» no es la de Emilio Saracho.
Por otro lado, tenemos el ataque sufrido por los antiguos gestores de las dos entidades. En Banesto se encausó a Mario Conde, Arturo Romani, Fernando Garro o Rafael Pérez Escolar, entre otros, por todos los delitos posibles para tenerlos distraídos y preocupados. En el Caso Popular se está tratando de que todas las acciones penales se dirijan contra Ángel Ron y los miembros de su consejo de administración en vez de contra el Santander.
Finalmente, vemos que, tanto en la operación Banesto como en la del Popular, los perjudicados son los accionistas y el BBVA quedó como «el pardillo».
El silencio cómplice del CGPJ en el Caso La Manada
El asunto de ‘la Manada’ se está pareciendo cada vez más a esos partidos de fútbol donde el árbitro no saca la tarjeta amarilla aplicando la ley de la ventaja, y a partir de ese momento los jugadores empiezan a ponerse zancadillas unos a otros convirtiendo la competición en un disparate de impunidades, hasta el punto que hay que parar el partido sin saber finalmente a quién hay que sancionar.
Primero fue la impunidad del voto particular del magistrado Ricardo González que, en vez de ser sancionado por una falta disciplinaria grave de acoso, fue incluso ‘amparado’ por el Consejo General del Poder Judicial.
En una entrevista a la Cadena SER, el vocal del CGPJ José María Macías explicaba que según su opinión había solo dos supuestos límite en los que podía actuar el Poder Judicial contra jueces y magistrados por las manifestaciones realizadas en sus resoluciones.
Según dijo, el primero es que una sentencia no estuviera motivada (art. 417.15 LOPJ), y el segundo que incluyera expresiones innecesarias que pudieran ser ofensivas (art. 418.6 LOPJ). Pero en ambos casos dijo que era requisito imprescindible que estos extremos fueran reconocidos en otra resolución judicial posterior que lo dijera, a través de los recursos establecidos en la Ley.
Lo que no era enteramente cierto, porque en los casos de falta grave de consideración respecto de los ciudadanos (art. 418.5 LOPJ), que debe ser calificada como una falta grave de acoso cuando se trate de desconsideración a las víctimas de agresiones sexuales, se pueden castigar disciplinariamente las resoluciones judiciales sin necesidad de interponer ningún recurso previo.
La segunda impunidad venía en relación esta vez con el voto de la mayoría en la redacción de la propia sentencia.
La incomodidad que para los otros dos magistrados suponía la forma que sabían iba a adoptar el voto discrepante, les desbordó de tal manera que para evitar que sancionaran a su compañero redactaron la sentencia de manera muy poco ortodoxa, rompiendo la congruencia entre los hechos probados y los tipos delictivos que utilizaron para su calificación, pudiendo haber incurrido con ello en la falta muy grave de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales (art. 417.14 LOPJ).
El problema técnico que se planteaba en la sentencia no era tanto que se castigara por abuso sexual al descartar la violencia y la intimidación, sino que se descartara en la fundamentación jurídica la violencia y la intimidación precisamente a la vista de los hechos probados, que sí que la contenían.
Y es que, la “superioridad numérica” de los atacantes es una de las agravantes propias del delito de la violación, y el Código Penal no autoriza a que dicha agravante sea separada de la violación y se traslade al delito de abuso sexual.
La “actuación conjunta de dos o más personas” no puede subsumirse en el delito de abuso sexual porque el Código Penal considera que la “superioridad numérica” es una de las formas en que se manifiesta la intimidación, que es incompatible con el abuso.
El tercer disparate ha sido a propósito de la redacción del auto de libertad provisional de los ya condenados.
El Tribunal decretaba este jueves pasado, otra vez por dos votos a favor y uno en contra, la controvertida puesta en libertad bajo fianza de 6.000 euros para los cinco miembros de “La Manada”, a pesar de estar ya condenados a más de nueve años de prisión. Esta vez el voto particular ha sido el del presidente del tribunal José Francisco Cobo.
Los dos magistrados que han votado a favor de la libertad de los condenados han sido Ricardo González, que dictó el singular voto particular de la sentencia y que ha sido ahora el ponente del auto, y Raquel Fernandino, que en la sentencia votó a favor de la condena.
El punto de discordia en la fundamentación del auto de libertad, que ha provocado el voto particular esta vez del presidente del tribunal, ha sido la interpretación del artículo 504.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que al hablar de la prórroga de la libertad provisional dice expresamente que: “Si fuere condenado el investigado o encausado, la prisión provisional podrá prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta hubiere sido recurrida”, que por lo que se refiere a los miembros de ‘la Manada’ podría suponer hasta 4 años y medio de prisión provisional.
En el auto dicen los dos magistrados que “ya no cabe retomar las razones que fundamentaron en un primer momento la adopción como medida cautelar de la prisión provisional” porque tras la sentencia condenatoria a 9 años de prisión, explica el tribunal, “se ha producido, por tanto, una más que notable reducción de las penas solicitadas por las acusaciones y que éstas pretenden minimizar mediante un planteamiento en el que subyace la idea de que la sentencia condenatoria por un delito grave y con una pena grave, como es el caso, resulta suficiente, por sí sola, para justificar la prórroga de la prisión provisional, cuando, según la doctrina constitucional anteriormente expuesta, esta no legitima el automatismo con el que frecuentemente se aplica o pretende aplicarse el precepto en cuestión – los magistrados se refieren a la interpretación que hace la STC 50/2009 del artículo 504.2 Lecrim-. ”
Sin embargo, el anterior argumento no deja de ser estrambótico en la medida en que como también recogía el voto discrepante del auto de libertad (haciendo mención esta vez a la STC 62/1996): “el solo dictado de una inicial Sentencia condenatoria por un delito grave puede constituir un dato suficiente que justifique razonable y suficientemente la concurrencia de un riesgo de sustracción a la acción de la justicia”.
Y de ahí el estrambote en el que se ha convertido el argumento mayoritario del auto de libertad, que ha utilizado en cambio la sentencia condenatoria de ‘la Manada’ como argumento para negar en este caso el riesgo de fuga, en contra de las previsiones del artículo 504.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Si alguna conclusión cabe obtener de la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional del artículo 504.2 de la ley procesal penal es que la sentencia condenatoria, por muy notable que sea la reducción de las penas solicitadas por las acusaciones, no puede utilizarse como argumento de la puesta en libertad de los condenados.
A partir de este punto cabe preguntarse a qué se debe el evidente cambio de criterio que se ha operado en la magistrada Raquel Fernandino, que ha pasado de votar a favor de la condena de los miembros de ‘la Manada’ a 9 años de prisión, a votar en contra de la prórroga de la prisión provisional.
Este cambio de criterio podría deberse a que los dos magistrados que han votado a favor de la libertad de los condenados se hayan planteado lo que pueda ocurrir si el Tribunal Superior de Justicia de Navarra decide finalmente anular la sentencia de ‘la Manada’ – por la evidente contradicción que existe entre los hechos probados y la calificación de los delitos por los que finalmente se condena- y les obligara a redactar una nueva sentencia.
Si esto ocurriera, la sola nulidad de la sentencia convertiría en irregular la prorroga de la prisión provisional, otorgaría a los miembros de ‘la Manada’ la condición de perjudicados, y colocaría a los magistrados que hubieran votado a favor de la prorroga de la prisión en una difícil situación profesional.
Es evidente que, visto lo visto, Raquel Fernandino ha querido eludir cualquier tipo de responsabilidad.
Caso Trapero: La sedición no puede estar organizada
El Ministerio Público se ha pronunciaba de esta manera durante la vista celebrada en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, donde se dirimen los recursos de apelación interpuestos por Trapero y por el exsecretario general de Interior, César Puig, el exdirector del cuerpo policial, Pere Soler, y la intendente Teresa Laplana.
Sin embargo el mensaje resulta contradictorio con el que mantuvo al principio el propio Fiscal General del Estado ya fallecido, José Manuel Maza, cuando en una entrevista publicada antes del 1-O (el 17 de septiembre de 2017) dijo lo siguiente:
“El problema es que en 1995 se suprimió el delito de sedición impropia, que era esto mismo que está ocurriendo ahora de intentar retirar del Estado español una parte de nuestra nación sin violencia ni actitudes tumultuarias. Mi opinión es que eso supuso que decisiones contra la ley tan graves como esta quedaran con penas muy leves. Pero es lo que hay. Esa es la ley. Yo no la hago ni la reformo”.
El problema fue el referéndum ilegal del 1-O, y Maza decidió cambiar de opinión, cambio que se ha mantenido hasta el día de hoy.
El antiguo artículo 214 del Código Penal anterior castigaba a quienes “atentaren contra la integridad de la nación española o la independencia de todo o parte del territorio bajo una sola representación de su personalidad como tal nación”.
Este tipo penal, suprimido ya, tenía un largo recorrido histórico. Procedía de una Ley de 1900 que luego se incluyó, como traición, en el Código Penal de 1928. El Código Penal de la República –de 1932- lo mantuvo como delito de rebelión y así siguió en los códigos penales siguientes, bajo la dictadura, empezando con el de 1944 y terminando con el de 1973, vigente hasta 1995.
En cambio, en el llamado “código penal de la democracia” – el código de 1995- se despenaliza por primera vez en España la “secesión” con la finalidad de que el discurso del derecho a la autodeterminación y la independencia de una o más comunidades autónomas del territorio nacional pudiera defenderse legítimamente como una simple opción política, constituyendo su defensa una manifestación más de los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión.
De esta forma, el delito de sedición (artículo 544 y siguientes) se construye sobre el concepto de un alzamiento público y tumultuario, que está conectado con movimientos de masas que se transforman en algaradas callejeras, sin ningún tipo de organización previa, con la finalidad de sustraerse a la autoridad.
La sedición es un levantamiento tumultuario y no organizado de la sociedad civil, que pretende sustraerse de la autoridad y no suplantarla, al carecer precisamente de organización, estructura o mando.
Por esa razón resulta chocante que el Ministerio Fiscal siga insistiendo en acusar al exjefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero por dos delitos de sedición, en concurso con un delito de pertenencia a organización criminal, cuando el delito de sedición es incompatible con cualquier tipo de organización, al tratarse de un levantamiento tumultuario.
Albert Rivera y Ciudadanos son populistas del Ibex-35
Al final se ha quitado la careta y ha mostrado su verdadero rostro. Desde hace tiempo se viene sosteniendo en estas mismas páginas que Ciudadanos es populismo (cuñadismo en versión patria) del sistema. Esto es, un populismo (o contrapopulismo) en favor de las elites económicas y de sostenimiento del sistema, con la adición de acelerar las reformas que permitan al capitalismo extender su imperio a todos los órdenes de la vida. Populismo neoliberal para vender desde niños mediante los vientres de alquiler, o la Sanidad de todos y todas.
Albert Rivera y Emmanuel Macron son lo mismo. Surgieron para parar a Pablo Iglesias, uno, y Marie Le Pen y Jean Luc Mélenchon, el francés. Y nada mejor que hacerlo mediante un populismo (recurso a la demagogia y a la formación de hegemonía neoliberal) que quiere sostener el sistema. Pero lo quieren sostener poniéndolo en quiebra, irritándolo, provocándole crisis tras crisis para poder presentarse como los “salvadores” del mismo y llevar a cabo reformar duras en contra del pueblo al que dicen representar. Todo ello haciendo gala de un patriotismo ligado a la Europa de los Mercaderes. Frente a otros patriotismos republicanos, de construcción de ciudadanía plena, ellos son nacional-neoliberales. O lo que es lo mismo viva la nación pero sin ciudadanía responsable. Prefieren ciudadanos sometidos al poder del dinero.
José Manuel Villegas ha recurrido a la demagogia y la mentira, una vez más, para explicar que la unión a nivel europeo de Ciudadanos y En Marche! (se quiere unir también al fracasado populista italiano Matteo Renzi). Según el dirigente naranja ambas formaciones “comparten un nacimiento muy pegado a la ciudadanía y la vocación de trabajar por un proyecto europeo moderno e integrador”. No, señor Villegas. Ciudadanos nació del fascismo panespañol en Cataluña y creció por el apoyo del establishment para frenar a Podemos y acabar con PP y PSOE a una vez. Y En Marche! nació de una salida del gobierno socioliberal para frenar a Le Pen y Mélenchon. Nada de estar cerca de la ciudadanía. Y no hay mejor ejemplo que la bronca del presidente francés a un chico por llamarle Manu. Son elitistas hasta decir basta. Una verdadera secta de “elegidos” que hablan del pueblo pero situándose muy por encima de él. Y como se ha comentado, en apoyo de la Europa de los Mercaderes destructora de los derechos sociales y políticos.
De hecho se muestran de acuerdo en que los migrantes deben llegar a Europa de forma calculada y común. ¿Por qué? Porque, primero, no quieren que una llegada masiva pueda ser utilizada por sus contrincantes de derechas como fórmula de acabar con el sistema y ciertos privilegios de gran parte del establishment. Y, segundo, porque así controlan el ejército de reserva del capitalismo para mantener los salarios bajos en los diferentes países. No hay nada humanitario en sus palabras y deseos, sino puro cálculo mercantil.
El francés Christophe Castaner, menos acostumbrado al cuñadismo, se ha expresado claramente cuando ha dicho que lo que los une a Ciudadanos es “la voluntad de no contentarnos con querer cambiar a Europa solo un poco. Tenemos la ambición y estamos unidos en nuestro objetivo de cambiarla en profundidad”. O lo que es lo mismo, quitar las cortapisas que existen para ponerla por completo y sin mecanismos socialdemócratas en favor de los señores del dinero. Y “contra populistas, que quiere arrasar el acervo comunitario”, esto es, contra aquellos que quieren una Europa social.
Si Rusia y Europa entraran en guerra, la OTAN quedaría colapsada por los atascos
Gran preocupación entre los oficiales de la OTAN por el hecho de que, en el caso de que aumentara la tensión bélica entre Europa y Rusia, la fuerza militar más poderosa del mundo quedaría atrapada en cientos de kilómetros de atascos y embotellamientos. Los vehículos más ligeros quedarían atrapados tras los más pesados en las estrechas carreteras del este de Europa o los tanques caerían a los ríos, a los barrancos, porque los puentes no soportarían el peso.
Antes de una supuesta declaración de guerra, el aumento de la tensión representaría un grave problema para la OTAN puesto que tiene sus tropas desplegadas entre los países miembros de la Alianza que tienen frontera con Rusia y se verían obligadas a cubrir miles de kilómetros con unas infraestructuras que impedirían un despliegue acelerado, hecho que, viendo los antecedentes, podría ser aprovechado por Rusia para hacerse con el control de diferentes territorios en Lituania, Letonia, Estonia, por ejemplo. La OTAN hizo un simulacro para medir el impacto y, además de los problemas de tráfico, se encontraron con la burocracia que, por ejemplo, les obligaba a rellenar varias decenas de formularios para atravesar Alemania y Polonia. Dentro de ese ejercicio se planificó un tiempo de respuesta de dos semanas para un traslado desde Georgia hasta los países bálticos. Tardaron cuatro meses.
Varios generales de diferentes países han alertado a sus respectivos países y a la propia OTAN ante esta situación. La presión ha sido tan grande, sobre todo desde Estados Unidos, que los problemas de movilidad de las tropas en caso de un enfrentamiento armado entre Europa y Rusia estará en la agenda de la cumbre de la OTAN que se celebrará en Bruselas en las próximas semanas.
A todo esto, hay que sumar que los países del Este aún siguen manteniendo las fronteras y no les gusta que militares de sus países vecinos crucen su territorio olvidándose de que forman parte de una coalición internacional. En algunos casos siguen abiertas las heridas abiertas en la II Guerra Mundial.
Garzón envía una carta a Sánchez por el barco Lifeline
El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha dirigido hoy una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le solicita que “actúe” por la situación del barco de rescate ‘Lifeline’ -a la deriva en aguas del Mediterráneo desde el jueves pasado con cerca de 250 personas a bordo, entre rescatados y tripulación, tras prohibírsele atracar en puertos de Malta e Italia-, además de instarle a que “lidere un debate en profundidad sobre las políticas de asilo, refugio y migración en Europa”.
“No es sostenible -argumenta Garzón por este caso y el reciente del ‘Aquarius’, al que se permitió al final atracar en Valencia con más de 600 personas migrantes a bordo- que se solventen estas situaciones de manera coyuntural, en función del trabajo que hacen las ONG en materia de búsqueda y rescate, dado que tanto las autoridades estatales como comunitarias han renunciado a estas tareas imprescindibles para evitar más muertes en el Mediterráneo”.
Además, el máximo responsable de IU explica a Sánchez que “nos gustaría trasladar a su Gobierno que ni los CIE ni los ‘centros cerrados de desembarco’ son propuestas aceptables si conllevan privar de su libertad a seres humanos que no han cometido ningún delito, sino que lo único que hacen es huir de distintas catástrofes o de la miseria”.
Garzón apostilla que el rechazo a este tipo de centros es mucho mayor si se pretende situarlos “fuera de nuestras fronteras (las europeas) en manos de gobiernos autocráticos como el turco o el marroquí, o allí donde no hay una autoridad efectiva como en Libia, sin que tengamos ninguna capacidad de monitorear las violaciones de derechos humanos que ahí ocurran. No hay margen posible de mejora a una situación forzada de internamiento contraria a los derechos humanos”.
El coordinador federal de IU señala por escrito a su interlocutor que “resulta urgente por tanto acordar una política migratoria que respete los derechos humanos. Esperamos que en el próximo Consejo Europeo el Estado español defienda firmemente esta posibilidad”.
“Los valores reflejados en los tratados de la Unión Europea (UE) -indica a Sánchez- son radicalmente contrarios a la manera de actuar de determinados Estados miembro ante la situación de emergencia que cada día se vive en el Mediterráneo, con miles de muertes perfectamente evitables. También lo son las propuestas de la UE basadas en la externalización de fronteras, la militarización del Mediterráneo con la operación EUNAVFOR MED o la aceleración de las deportaciones”.
En lo que tiene que ver con el caso concreto del buque de rescate ‘Lifeline’, Alberto Garzón emplaza al Gobierno español a “cumplir a la mayor brevedad posible con la solicitud que le fue transmitida por la ONG Mission Lifeline el pasado jueves, 21 de junio”, horas después de que rescataran con su barco a las más de 230 personas migrantes que aún siguen en el mar. Incluye los siguientes puntos:
- “Otorgar un visado humanitario al contingente de 234 supervivientes a bordo del ‘Lifeline’ debido a la urgencia de la situación y al estado de necesidad en el que se encontraba la población.
- El Gobierno español podría negociar a nivel bilateral con Malta para facilitar el desembarco de las personas del ‘Lifeline’ para su posterior transporte a España en avión. Se preferiría Malta como puerto de seguridad, ya que está más cerca que Italia y probablemente se podría acordar un desembarco mucho más fácil con la condición de que los solicitantes de asilo puedan viajar más lejos a España.
- Alternativamente, el MRCC español podría asumir la responsabilidad de los casos de Búsqueda y Rescate (SAR) y autorizar un transbordo del buque ‘Atlantic M’”.
Alberto Garzón cierra su carta a Pedro Sánchez con la indicación de que “es hora de asumir la responsabilidad y el cumplimiento de la legislación internacional, así como el cumplimiento de los Derechos Humanos, garantizando vías legales y seguras de acceso a la UE. Confiamos en que este nuevo Gobierno asuma en este sentido la tarea histórica que le corresponde, en cuyo caso podrá contar con el apoyo de mi formación”.
La senadora Angustia alerta que la vida “se hace insostenible” en el barco.
La senadora de Izquierda Unida, Vanessa Angustia, advierte de que la situación a bordo del buque de rescate ‘Lifeline’ se hace “cada vez más insostenible”, al tiempo que alerta de que el empeoramiento del tiempo previsto para mañana en la zona del Mediterráneo en la que se encuentra el barco “pondría directamente en riesgo sus vidas”.
Angustia aterrizó en la tarde de ayer domingo en Malta y poco después consiguió llegar hasta el barco de rescate fletado por la ONG alemana Mission Liveline. Allí comprobó de forma directa durante varias horas la situación en la que conviven desde el pasado jueves las cerca de 240 personas migrantes que se encuentran a bordo, más los alrededor de 20 tripulantes y personal médico que les asiste.
La parlamentaria de IU resalta desde la costa maltesa, desde donde ha seguido con atención esta mañana los trabajos de distintas ONG para controlar la evolución del ‘Lifeline’, que “el barco sigue a la deriva desde el jueves y multiplica por cinco la capacidad real de personas que puede llevar a bordo. Además de tener limitado su desplazamiento, el empeoramiento previsto de las condiciones meteorológicas, aunque no sea radical, haría peligrar seriamente sus vidas ya que tendría problemas para llegar así a puerto en caso de que les dejaran”.
La senadora detalla que “entre las personas rescatadas tenemos confirmada la presencia de 14 mujeres y 14 niños, dos de ellos con menos de dos años, uno de los cuales no tiene ningún familiar a bordo”. Vanessa Angustia explica que las personas rescatas “tienen pavor por su futuro. No tienen nada claro no sólo cuánto tiempo van a estar obligadas a permanecer en el barco, sino que desconocen y no se les da ninguna garantía sobre el país al que pueden ser conducidas”. “Una cosa sí tienen clara y es que prefieren morir o arriesgarse a cualquier peligro antes de que se les devuelva a territorio de Libia” afirma la senadora de Izquierda Unida.
De la Torre tiene el parque de Huelin hecho un asco
Iván González, candidato a la alcaldía de Málaga por Libres, junto a Rosa Aguilar, coordinadora del partido en Málaga, y algunos vecinos, ha visitado este lunes el parque de Huelin después de escuchar las reiteradas quejas vecinales sobre el mal estado del mismo. Allí, in situ, ha podido comprobar las nefastas consecuencias de la dejadez del Ayuntamiento de Málaga en una de las pocas zonas verdes de la ciudad.
La imagen del lago es deplorable por el mal funcionamiento del sistema de depuración. Eso hace que se acumule agua residual durante días en el perímetro del lago, donde las aves quedan atrapadas, algunas se alimentan con plancton, y la mayoría termina muriendo.
“Málaga, que pretende mantenerse en primera línea de calidad turística, no puede dar esta imagen. En apenas media hora, han sido muchos los bañistas que han cruzado el parque para ir a la playa y han presenciado el lamentable estado del lago”, ha explicado González, quien ha avisado del peligro que conlleva no cuidarlo como se requiere. “Se incrementa el riesgo de infección para las aves, aumenta el número de larvas de mosquito, se genera mal olor en la zona y, en definitiva, se exporta una imagen urbana pésima en una de las pocas zonas verdes de Málaga”.
Para el dirigente de Libres, la culpa la tiene “el equipo de gobierno del PP, pues Francisco de la Torre, en 17 de años como alcalde, ha sido incapaz de elevar el número de zonas verdes y de mantener las que había con la mínima dignidad y salubridad”.
Lo que también ha resultado vergonzoso para los dirigentes de Libres ha sido el recinto para mascotas, “un pedregal sin capa de albero, con cantos de piedras que son aristas cortantes para las almohadillas de los perros. Por no hablar de que la falta de sombra, sin apenas árboles, eleva la temperatura del suelo, convirtiendo lo que podría ser un rato de confortable esparcimiento para las mascotas en un calvario insoportable para los pobres animales”, ha comentado Iván González.
Cerca del parque se encuentra el Mercado de Huelin, uno de los principales objetivos del partido político Libres, que lleva tiempo escuchando a los comerciantes y apostando, junto a ellos, por la reforma integral de las instalaciones. “Pero el Ayuntamiento sigue empeñado en proceder a la reforma del techo sin más, además de no informar sobre el inicio de las obras”, ha explicado un González que ha insistido en que “los detallistas deben ser trasladados a un mercado provisional habilitado en una zona adyacente, si bien, es necesaria la creación de una zona de parking bajo el edificio a fin de estimular la actividad comercial del recinto», ha reiterado.











