Mediterraneo Diario16

Nada parece sorprender ya en el Caso Banco Popular y cómo todo el mundo intenta cubrirse las espaldas ante la cada vez más cercana posibilidad de que la Audiencia Nacional adopte medidas cautelares respecto a la operación que terminó con la compra del Popular por parte del Santander por un euro y que tuvo como principales consecuencias la ruina de más de 305.000 familias y la salvación del banco presidido por Ana Patricia Botín.

El último que ha querido cubrirse las espaldas ha sido el supervisor de los mercados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quien ha remitido un informe a la Audiencia Nacional en el que, en primer lugar, incide en que no hubo manipulación de mercado, tal y como informamos en Diario16; en segundo lugar, el informe afirma que han detectado graves irregularidades en las cuentas del Popular en el ejercicio 2.016.

Este informe demuestra que la CNMV también se está uniendo a la estrategia jurídica que más ayuda al Santander, es decir, culpar de la caída del Banco Popular a la ampliación de capital y a las cuentas del ejercicio de 2.016, una estrategia a la que se han unido multitud de bufetes de abogados quienes están intentando convencer a los afectados de que el Caso Banco Popular es lo mismo que el Caso Bankia cuando, tal y como han reconocido diferentes organismos públicos y distintos analistas financieros de prestigio, la caída del Popular fue provocada por la crisis de liquidez que se origina en el segundo trimestre de 2.017. En eso nada tienen que ver las cuentas de 2.016 sino la gestión de Saracho quien, según la documentación que tiene en su poder Diario16, estuvo asesorado por Uría y Menéndez, el bufete de cabecera del Santander y del que son socios el hijo de Rodrigo Echenique y la esposa de Javier Botín.

Este informe de la CNMV incide en el hecho de que habría detectado «datos inexactos o no veraces o con información engañosa o que omite aspectos relevantes» en el informe consolidado de 2.016 que el Popular le remitió. «Casualmente» es informe coincide el anuncio de la multa que el ICAC ha impuesto a PwC por la auditoría de 2.012 del Popular. Las casualidades no existen y que tanto la multa como el informe se hayan hecho públicos en una semana en la que son cada vez más los indicios de la adopción de medidas cautelares muestra cómo se está presuntamente intentando condicionar a la Justicia para que la responsabilidad de la caída del Popular vaya hacia donde más beneficia al Santander.

Es sorprendente —¿o no? — que la CNMV haya tardado 15 meses en detectar supuestas irregularidades, contradiciendo su propia opinión anterior y contra la verdad. Todo parece indicar que buscan un chivo expiatorio o cubrirse las espaldas.

Sin embargo, la CNMV no actuó ante los bajistas, las estrategias a corto y las denuncias que desde el propio Popular se les hicieron incluso antes de que la Junta de Accionistas aprobase con un 93% de los votos las cuentas de 2.016. La CNMV no investigó ni las filtraciones ni los desmentidos de noticias que fueron las que realmente provocaron la crisis de liquidez. La Comisión contradice ahora el informe sin salvedades de las cuentas emitido por PwC, cuentas para las que se pidió un informe de procedimientos acordados de los principales asuntos y que hizo Ernst & Young. Además, PwC confirmó que las cuentas de 2.016 eran correctas en otras tres ocasiones con motivo de la re expresión incomprensible que hizo Saracho y con motivo de los dos informes de auditoría sobre las cuentas de 2.017 que hizo ya para Popular Grupo Banco Santander.

La realidad es que la CNMV está tratando de proteger su posición, con indefensión absoluta de los afectados a los que no se les ha trasladado nada de este expediente.

¿Por qué la CNMV no ha actuado ya ante las graves manipulaciones de las cuentas del Santander de 2.017 que demuestran cómo se han maquillado pérdidas por 8.000 millones en divisas incluyéndolas en patrimonio? ¿Por qué la CNMV no ha actuado contra el folleto de los bonos de fidelización ofrecidos a algunos afectados del Popular que son de una complejidad tal que podrían asemejarse a las preferentes vendidas por otras entidades en el pasado? ¿Por qué la CNMV frenó a los bajistas en Liberbank y no en el Popular?

La ministra Nadia Calviño tendrá que levantar muchas más alfombras que las de la SAREB o el FROB. ¿Por qué continúa en su puesto Sebastián Albella, un hombre asesoró y dio el visto bueno a la ampliación de capital del Popular cuando trabajaba en Linklaters? ¿Por qué Calviño no lo ha cesado aún de manera fulminante teniendo en cuenta el desprestigio del supervisor al que se ha llegado y que el propio Albella ha reconocido?

La estrategia de salvamento del Santander continúa y los que estuvieron «presuntamente» implicados en la operación que se empezó a diseñar en los departamentos de tesorería y estrategia del Santander en el año 2.015 ahora parece entrar en la fase de inducir tanto a Calviño como a Andreu de crear una opinión que vaya en la dirección de negar la implicación del Santander en esta operación que ha dejado en la ruina a más de 305.000 familias. ¿Cuándo va a actuar la nueva ministra de Economía en favor de más de un millón de españoles que han sido «presuntamente» estafados con la posible implicación de los organismos que dependen de ella? Cada día que pasa se demuestra que el tuit de Ana Patricia Botín no era inocente y que tenía una clara intención de condicionar la actividad de Nadia Calviño quien, siguiendo el plan de Pedro Sánchez, debería empezar ya a poner la economía española, y sus instituciones, en favor del pueblo y no de las élites. Señora Calviño, levante las alfombras que tenga que levantar, investigue a quien tenga que investigar, pero ponga a los verdaderos responsables del Caso Popular en manos de la Justicia, sea quien sea, caiga quien caiga.