miércoles, 6 mayo, 2026

Podemos pide suspender la exportación de armas con Israel

Los diputados y diputadas de En Marea y el Grupo Confederal de Unidos Podemos registraron el 18 de junio una Proposición no de Ley sobre las obligaciones en el comercio de armas y violaciones de derechos humanos ante la matanza de manifestantes pacíficos en Gaza.

“Registramos esta iniciativa para su debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores, para que se suspenda la exportación de armas con Israel, se convoque de forma urgente al Embajador en España y se exprese a la Autoridad Palestina la más profunda consternación y repulsa por la masacre, así como solidaridad con las víctimas y sus familias», asegura el diputado Antón Gómez-Reino.

La iniciativa contempla volver a suspender la exportación de armas y acuerdos de seguridad con Israel en el marco de la ley española de comercio de armas 53/2007, para evitar violaciones de derechos humanos castigadas por la legislación española, europea e internacional sobre comercio de armas.

El Grupo Confederal quiere también que el Congreso inste al Gobierno a «condenar ante el Estado de Israel la matanza de manifestantes palestinos pacíficos, como una gravísima violación de los más básicos derechos humanos, y exigir que esta violencia cese inmediatamente».

Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea quiere que se convoque «de manera urgente» al Embajador de Israel en España y tomar todas las medidas diplomáticas necesarias. Además, se pide el «apoyo, trabajo y poner todos los medios necesarios disponibles para una investigación independiente y transparente que permita que los responsables sean juzgados ante la Corte Penal Internacional, u otros Tribunales Internacionales, y sus víctimas reparadas».

El grupo también ha mantenido una reunión con Raji Sourani, director del Palestinian Center of Human Rights de Gaza, premio Rights Livelihood Award, experto en justicia universal y Gaza, y con integrantes de la campaña Rumbo a Gaza, como Sandra Barrilaro, Santi González y Lucía Mazarrasa.

«Si Rajoy tardó 200 días en atender a López Miras, seguro que Pedro Sánchez lo hará mucho antes»

Diego Conesa Alcaraz acaba de jurar su cargo de Delegado del Gobierno en la Región de Murcia y ha concedido su primera entrevista a Diario 16. El nuevo delegado gubernamental alude a los principales retos a los que se enfrenta en su misión política, es decir, la consecución de más recursos hídricos y la puesta en marcha de infraestructuras ferroviarias como es la llegada del AVE a Murcia o la situación de algunos trazados férreos en varias localidades de la región

¿Cuál es la posición del PSOE para el futuro inmediato tras la reciente firma del Pacto Regional del Agua?

Espero y deseo que exista una propuesta de documento de elaboración del Pacto Nacional del Agua por parte del Partido Popular, Ciudadanos y Podemos. El PP ha gobernado España durante los últimos siete años, en los que solo hemos visto una reducción importante de las posibilidades de trasvasar agua procedente del Tajo-Segura. Entiendo que ahora formulen unas reclamaciones lógicas y sensatas en coherencia con lo que se ha aprobado durante todo este tiempo. En esa misma línea que ha trabajado el PSOE, va a seguir trabajando siempre teniendo en cuenta los intereses de la región y sobre todo, intentando convertir los desafíos de la región en oportunidades de futuro para todos los murcianos.

Respecto a la defensa de los regantes, hay que tener en cuenta los posicionamientos de todos los colectivos sociales y especialmente de los más implicados. Indudablemente, el sector agrario como principal consumidor de recursos hídricos es un factor y un elemento importante al que hay que tener en cuenta pero bajo un parámetro aprobado en nuestro Comité Regional  y que lo tenemos muy claro, es decir, la gestión del agua hay que plantearla como  una gestión pública y transparente.

¿Cabe la posibilidad de que Usted y el presidente de la Región acudan a Madrid para entrevistarse con Pedro Sánchez?

El único compromiso que puedo admitir es que si el Presidente Rajoy tardó 200 días en atender a Fernando López Miras, estoy seguro que el nuevo Presidente de España, Pedro Sánchez  va a atender mucho antes al titular del Ejecutivo murciano.

Sin duda, el nombramiento de Pedro Saura es un hecho relevante para el desarrollo de las infraestructuras

La designación de Pedro Saura es una oportunidad determinante para el avance de la Región de Murcia. El nuevo Secretario de Estado tiene mucha experiencia y un largo recorrido en materia de infraestructuras y agua. También contribuirá en la planificación y mejora de las infraestructuras férreas de la región y evitar enfrentamientos y divisiones de ciudades entre vecinos, como es el caso de Murcia, Alcantarilla, Cartagena, Lorca y Totana. Ahora tenemos la oportunidad de hacer que llegue el AVE y mejorar las infraestructuras ferroviarias. Es un proyecto que va más mucho allá de lo que queda de legislatura y lo importante es que llegamos los últimos pero que por lo menos lo hagamos bien durante los dos próximos dos años.

Acaba de jurar el cargo como Delegado del Gobierno. ¿Cuál va a ser su primera medida?

Creo que en esa polarización que se intentó buscar por la anterior Delegación del Gobierno, auspiciada también por el PP, como soy un hombre de paz me planteo rebajar la tensión y destinar los efectivos policiales allá donde sea necesario y no a buscar un enfrentamiento o a visualizar que tenemos un vecindario en situación de guerra. El vecindario lo que quiere es Justicia y que la ciudad de Murcia no siga dividida.

Contrapeso de ocho millones al nuevo uribato

“Las buenas semillas las han sembrado las fuerzas armadas y mis colaboradores. Los errores son míos. Pido perdón a la nación entera por aquellos errores cometidos y también por todo aquello que no se hubiera podido hacer”, así cerraba Álvaro Uribe su discurso televisivo como presidente saliente en 2010.

Dos mandatos más tarde, el candidato del Centro Democrático Iván Duque y delfín del ex presidente entra en la Casa de Nariño. Vuelve el uribismo tras ser derrotado por Juan Manuel Santos hace cuatro años, y aprovechar el desgaste del presidente saliente. Lo hace en plena implementación del proceso de paz, con el quinto ciclo de los diálogos con el ELN finalizados y sin tregua.

Sucede a Juan Manuel Santos para continuar con los mismos ejes trazados por la administración de César Gaviria. La figura popularizada en las series sobre Pablo Escobar, aunque lo que no se cuenta en Netflix  es que fue el guardián de las puertas que dio entrada del neoliberalismo en Colombia. Preso tanto de los cantos de sirena del Consenso de Washington, como las proclamas de Francis Fukuyama.

Gaviria redujo el Estado, limitó la intervención del mismo en la economía y no respondió a la promesa de convertirlo en más eficiente y fuerte. Todo ello paradójicamente tras promulgarse la Constitución del 91, que abogaba el fortalecimiento de las instituciones públicas.

El penúltimo presidente liberal aplastó el mercado interno con la excusa de la apertura económica. El sector cafetero pasó de significar el 80 por ciento de las exportaciones del país en los años 50… al 18 % en la última década del pasado siglo.

 

Como escribió Luis Javier Orjuela Escobar en La debilidad del Estado colombiano en tiempos del neoliberalismo y el conflicto armado, Gaviria dio lugar al enfrentamiento entre las élites políticas y económicas: a la lucha entre el Congreso… y el Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda. Sin llegar a la divorcio.

No se terminaron con las redes clientelares de la época del Frente Nacional, ni modernizó la República. Tampoco casi tres décadas después Colombia ha logrado ampliar la representatividad de forma significativa, ni mejorar la eficacia del Estado. No se han reducido los niveles de pobreza al ritmo adecuado, ni garantizado la educación, ni la salud universal.

Los gobiernos desde entonces han flexibilizado el mercado del trabajo, bajado los impuestos y barreras a las importaciones; implantado la tributación regresiva, privatizado las empresas públicas de puertos marítimos, aeropuertos, ferrocarriles y telecomunicaciones.

La presidencia de Ernesto Samper entre 1994 y 1998 supuso una continuidad del proyecto Gaviria, aunque con un disfraz discursivo socialdemócrata que llevó al desencanto con la política cuando estalló el proceso 8000, y saltó por los aires Partido Liberal.

El conservador Andrés Pastrana entre 1998 y 2002 pisó el acelerador de las políticas neoliberales. Una vez rotos los partidos tradicionales; Álvaro Uribe desde su llegada siguió con el matrimonio con el FMI ratificado con el acuerdo de Stand By de 2002, y cumplió con todas las imposiciones en sus mandatos.

El nuevo germen

El mesías del uribismo, como indicó Jairo Estada Álvarez en Las reformas estructurales y la construcción del orden neoliberal en Colombia, desarrolló la estrategia de transformar la guerra social entre las clases dominantes: en un proyecto nacional. Con una base social que pudiera lograr la estabilidad del modelo, y apoyada por los sectores populares.

No confiaron plenamente en Uribe las oligarquías tradicionales, sí otros poderes que apoyaron la candidatura de Duque, y que rechazaron a Juan Manuel Santos desde el comienzo de su presidencia. Los mismos que hoy ponen a Álvaro Uribe como protagonista de la política colombiana, y con el que todas las oligarquías pactarán.

Iván Duque gestionará un país de bajos sueldos. El salario mínimo de Colombia alcanza los 240 euros mensuales. Los magistrados de la alta corte, los congresistas, y el presidente de la República ingresan 40 veces más. En el caso de los gobernadores y alcaldes de los territorios más importantes multiplican por 20 los salarios mínimos.

Al menos el 10 por ciento de la población más rica gana cuatro veces más que 40 por ciento más pobre.

La mitad de los asalariados se desempeña en la economía informal y del total de trabajadores, la mitad de las mujeres no cotiza. El paro bordea el 10 por ciento, y el subempleo supera el 25 por ciento.

Al aumento de la carestía de la vida por la reforma fiscal del último gobierno de Juan Manuel Santos que fijó el IVA en al 19 por ciento, hay que sumarle la brecha de desigualdad. En ascenso imparable desde los 90.

Colombia supera el valor de 0,51 del coeficiente Gini; y la práctica totalidad de estudios en la región siempre sitúan al país cafetero en el podio de las desigualdad y como una de las naciones con más gente pobre tras México y Brasil.

Once generaciones tendrán que pasar para que los niños pobres alcancen el nivel medio de ingresos según la OCDE.  Organismo que recomienda aumentar las inversiones educación a la temprana edad, salud y familia. Todo lo que lo no ha hecho el reciente socio número 37 de dicho club.  El plan de modernización santista se completa con la entrada en la OTAN, y la presencia de Colombia en la Alianza del Pacífico.

Dichos hitos de progreso no tapan que más del 26 por ciento de la población sufre la pobreza monetaria y más del 7 por ciento se halla en situación de pobreza extrema.

Los derechos humanos y la paz

La diáspora venezolana, buena parte de ella residente en las ciudadanas más pobladas de Colombia, no oculta que haya 400.000 refugiados colombianos en el mundo, ni que la República ostente el subcampeonato mundial en desplazados internos después de Siria. Más de siete millones según el Registro Único de Víctimas.

Los desaparecidos forzados entre 1970 y 2015 superan los 60.000 según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica: tres personas al día en dicho periodo. La violación de los derechos humanos no pasó factura al uribismo, pese a las sólidas sospechas de nexos entre el mentor de Duque con el paramilitarismo y el narcotráfico.

Los falsos positivos podrían llegar a 10.000. Las bandas criminales tienen presencia destacada en 31 de los 32 departamentos del país según el Observatorio de Conflictos Unidad de Investigación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). El asesinato de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales continúa, al igual que la toma de los terrenos ocupados antaño por las FARC.

El nuevo presidente ya ha anunciado que no hará “trizas” la implementación de los acuerdos de paz. Realizará una corrección de los mismos, y así de paso se diferenciará del ex gobernador de Antioquia. Duque no cesará en la hostilidad hacia el Gobierno de Venezuela, sin llegar a las afirmaciones de su padrino político, quien llegó en 2012 a asegurar que le faltó tiempo para intervenir militarmente el país vecino.

Nicolás Maduro será el comodín cada vez que el jefe del Estado recorte los menguados derechos laborales colombianos, y perjudique a los campesinos,

Será el mandato de resistencia para las fuerzas progresistas, populares, y de izquierda que han apoyado a Gustavo Petro y aglutinado Colombia Humana. Más de ocho millones de votantes que empujan el cambio a un ritmo más lento que el deseado, y sacan de la marginalidad a la izquierda.

“Hay una nueva nación que surge segura en sí misma, optimista y alegre, confiada que puede sortear la muerte y avanzar en una dirección diferente. Reconstruyendo la moral pública, porque tenemos unos valores deshechos”, afirmó Carlos Pizarro en su última alocución televisiva. Petro, aspirará en 2022 al triunfo tras multiplicar las fuerzas del electorado progresista. El sueño de caminar por la paz con decisión, audacia y optimismo se aplaza, antes vendrá un temblor más neoliberal con consecuencias dolorosas y previsibles.

La Europa de los Mercaderes en riesgo de desintegración

En estos diez últimos años desde la recesión del 2007/8 el capitalismo ha sufrido una sacudida económica comparable a las turbulentas épocas del siglo XX,  incluida la rica Europa y en concreto la Zona Euro que sigue empantanada en un estancamiento prolongado sin visos de solución, hundida en la brecha de la desigualdad y los crecimientos raquíticos de la economía, con lo del Brexit, lo de Grecia, la crisis de Gobierno en Italia, la caída de Rajoy en España, Francia  con revueltas de la clase trabajadora rechazando la política “ultraliberal” de Macron, etc. Horror causa la ausencia de una política Migratoria Común que merezca ese nombre, pues violan permanentemente de forma criminal los Derechos Humanos, indicando la falta de humanidad y la carencia de alternativa viable por parte de la Troika y del capitalismo europeo que camina hacia una recaída de la recesión.

Los estudios de algunos expertos avisan de una reducción del crecimiento en la eurozona que ya se ha iniciado, bajando el PIB a un  raquítico 0,4 %  en el primer trimestre de 2018 y podría continuar esa tendencia a la baja.  Las previsiones de las economías avanzadas es de una caída del PIB al 2% en 2019,  desde el 2,5% estimado para este año 2018.  Esas perspectivas agravarán la situación y podría continuar el aumento de la precariedad y el empobrecimiento de la clase trabajadora y capas medias, con una pérdida de las expectativas de la juventud que amargamente entiende que le han robado su futuro.  La media de paro juvenil en Europa,   según la OCDE, es del 11,9 %,  pero España registra más del triple con un 38,6 % de desempleados. Existen retrocesos traumáticos en cuestiones sociales como sanidad, educación y otros derechos que fueron alcanzados por las luchas de años anteriores. La ofensiva global de la Troika está desatando movimientos de protesta y huelgas generales que están experimentando un brusco salto adelante en la toma de conciencia de la juventud,  pensionistas,  feministas, ecologistas y demás sectores.

En vez de servir esa “Unión Europea de los Mercaderes”  para cohesionar e igualar el Estado de Bienestar y  las rentas de la población de la zona, como nos predicaban insistentemente para entrar en la Unión Europea y el Euro,  ha ocurrido todo lo contrario. La derecha burguesa, o sea el sistema Capitalista,  ha perdido la batalla ideológica de la “globalización y el libre mercado” y no puede justificar ese incremento de la desigualdad, el paro,  la catástrofe de la pobreza social y la crisis migratoria permanente al llevar la guerra a Oriente Medio y África para luego reprimir a las personas que huyen del terror impidiendo la libre circulación de los migrantes, pero no de los capitales. Tampoco condenan las guerras, la explotación y la opresión y nunca lo podrán hacer porque romperían con la lógica de la corrupción y la violencia en el que se basa su sistema.

En Europa, los tres países más ricos tienen una renta media per cápita de 34.044 euros/año, mientras que la media de los tres más pobres es de 10.200€ anuales.  El PIB de Alemania es de 3,26 Billones€, el de Francia = 2,29 Billones y el de Italia = 1.72 Billones €  que suman entre los tres 7,27 Billones €.  El  PIB de los tres países más pobres, que alcanzan un montante raquítico de 255.798 Millones de €, son  Rumanía = 187.868 Millones €. Bulgaria = 50.430 Millones € y Estonia = 17.500 Millones €,  (Datos del ejercicio 2017). La ofensiva brutal de los ricos contra los pobres, del Capital contra el mundo del trabajo, está provocando la irrupción de las masas en la acción social y política.

La clase trabajadora expresa la necesidad de resistir a la austeridad y a  los ataques producidos por la crisis generalizada y la descomposición de esa Europa que prometieron,  de Igualdad y Derechos, pero que con su corrupción, saqueo e ineficacia,  han acelerado la deslegitimación de las instituciones capitalistas y de los partidos que la sostienen, rompiendo el equilibrio inestable. A escala mundial nunca la brecha entre ricos y pobres ha sido tan grave, abultada y peligrosa. En 2017, un 82 % de la riqueza generada terminó en manos del 1% de los capitalistas más potentes, mientras que la pobreza y el hambre siguen creciendo. La FAO (Organización de la O.N.U para la Alimentación y la Agricultura)  denuncia que 815 millones de personas pasan hambre en el mundo, un 11% de la población del planeta.

Recordemos que la ONU reunió en el año 2000  a representantes de 179 países trazando un plan para la erradicación de la pobreza extrema y del hambre, explicando que era la primera meta de los “Objetivos del Desarrollo del Milenio”. En el año 2008 el  “Banco Mundial estima que 1.400 millones de personas vivían bajo condiciones de pobreza extrema”. Informes de esos organismos consideran que las enfermedades epidémicas como el sida, la malaria y la tuberculosis, son factores cruciales y consecuencia directa de la pobreza extrema y que se podrían superar con el 3% de lo que se gastan en armamento y guerras.  Esto demuestra el fracaso del sistema Capitalista  que está enfermo, degenerado y obsoleto. Es el causante de todos los males y no puede resolver esos problemas sociales endémicos ni los conflictos territoriales que provocan los grupos imperialistas por su ansia de dominio de la hegemonía mundial.

Vamos a analizar algunas de las causas, explicando el grado de desigualdad alcanzado entre los países más ricos de Europa que siguen aumentando sus riquezas, mientras los países más pobres y sus poblaciones, se hunden cada vez más en la miseria:  El 20 % de los más ricos ganan 7 veces más que el 20 % más pobre.  Si tomamos los tres países más pobres y analizamos su Renta Per Cápita, tenemos:  Estonia = 13.900 €/año. Rumanía = 9.600 €/año. Bulgaria = 7.100 €/año.   Tomando datos de los países más ricos, los tres primeros gozan de una Renta Per Cápita como sigue: Alemania = 39.500€/año. Francia = 34.200€/año. Italia = 28.400€/año.

En el Estado español el 1% de los más ricos obtuvo un 40 % más de la riqueza generada en  2017. Los salarios más bajos se redujeron un 15 % entre 2008 y 2016, mientras los sueldos más altos de los Directivos crecieron un 15,2 %.  El aumento del grado de explotación con pérdidas de derechos está caldeando el ambiente de  combatividad llegando a cientos de miles de trabajadores y jóvenes sobreexplotados que pierden la vida por los ritmos acelerados y las malas condiciones de trabajo.

Empiezan a darse explosiones sociales que saltan por encima de los sindicatos de clase CCOO y UGT, como ha ocurrido en la Huelga del Metal de Cádiz del pasado miércoles 13/6. Pese a la división sindical, la clase trabajadora lanzó un mensaje de fuerza del movimiento obrero con una manifestación de más de 5.000 personas desde Navantia a Puerto Real, con la Solidaridad de Navantia-Ferrol y otros colectivos en lucha, conflicto desatado por la muerte de dos jóvenes en el tajo.  La indignación por esas muertes y los bajos salarios es tremenda pues el salario base está en 736 € al mes = 10.304 €/año, mientras que la Presidenta del Banco de Santander, Ana Botín ganó el año 2017 entre sueldo y pensión 10,58 millones €. Es decir, el salario de 1.027 trabajadores a sueldo  base.   Una fábrica de 102 trabajadores a salario base tendrían que trabajar más de 10 años para cobrar lo mismo que esa directiva de la banca en un año. El año 2017 había 10,2 millones de españoles con una renta por debajo del umbral de pobreza, lo que se traduce en una tasa de pobreza del 22,3%, ocupando el cuarto país más desigual de Europa, por detrás de Rumanía, Bulgaria y Letonia.

La tarea de los trabajadores y de la juventud pasa por organizarnos mejor para transformar la sociedad en líneas socialistas, combatiendo las desigualdades, la explotación y la opresión del modelo capitalista. La experiencia vivida en los últimos 10 años representa un  saldo muy negativo para la clase trabajadora. Debemos luchar por un programa internacionalista rechazando los chovinismos nacionalistas de vía estrecha, practicando la solidaridad obrera y  avanzar hacia la supresión de todas las fronteras que el capitalismo nos impone porque representan un enorme obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas, que junto a la concentración de la propiedad privada capitalista en manos de unos cuantos oligopolios, son los dos frenos insalvables a los que se enfrenta el sistema capitalista y la humanidad. Combatiendo y superando esos dos obstáculos es como tendremos que avanzar hacia una mayor tasa de igualdad.

Como socialistas marxistas estamos a favor de la Unión Europea, pero NO de esta Europa de los Mercaderes Mafiosos que lleva a sus habitantes a la ruina de la desigualdad, el paro y la miseria. Dan un trato inhumano a los migrantes, después de hostigarlos con guerras y saqueos, dejándolos morir en la fosa común mortuoria en que han convertido el Mediterráneo.  Queremos una Europa Socialista de los pueblos, pero eso sólo será posible cuando nos liberemos del yugo explotador y opresivo del Capitalismo. Entonces será posible conseguir una Unión verdadera en beneficio de la mayoría de la población para construir la Federación Socialista Europea con el objetivo de avanzar hacia la Confederación Socialista Mundial de los pueblos libres en un plano de Igualdad, Democracia, Cooperación, Solidaridad y Ayuda Mutua.

La dificultad del análisis riguroso

La información viene a tal velocidad que resulta absolutamente imposible hacer un análisis mínimamente riguroso, atropellado por la siguiente y  siguiente noticia.

Esta afirmación la llevo haciendo durante meses, sólo en los días pasados desde mi anterior artículo y a riesgo de dejarme alguno, han ocurrido los siguientes hechos.

Se descubre el caso de fraude fiscal del ya ex ministro Maxim Huerta, éste dimite, Costa vuelve a implicar a Camps en el escándalo de la Comunidad Valenciana, por cierto al escribir estas líneas sale la noticia de la muerte en extrañas circunstancias de Maria José Alcón esposa de ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.

La dirección del PP aprueba celebrar su congreso los próximos 20 y 21 de Julio, Rajoy anuncia que abandona su escaño y vuelve a la vida ordinaria, el PSOE informa que abrirá sus puertas a los refugiados del Aquarius que han llegado ya al puerto de Valencia, se conoce la reunión de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez el pasado jueves. En Navarra una inmensa manifestación protesta por las condenas excesivas a los jóvenes de Alsasua. Echan al seleccionador español Julen Lopetegui al conocerse su fichaje por el Real Madrid.

Desde el Gobierno llegan una cascada de noticias, las más reseñables la intención de recuperación de la sanidad universal, o que Interior estudia retirar la medalla al torturador franquista “Billy el niño”, además de la posible reforma parcial de las Reformas Laborales o el acuerdo del Pacto de Toledo sobre las pensiones.

Todo ello en apenas siete días, porque ahora sucede lo que hace sólo apenas unos años llevaba largos meses. Así es absolutamente imposible realizar un análisis mínimamente lúcido, salvo que se sea capaz de elevarse sobre la apabullante actualidad buscando consecuencias estratégicas, de largo alcance. Porque probablemente en el instante en que se lean estas líneas se habrán olvidado la mayoría de estos acontecimientos.

Decía Bauman y esto lo corrobora, que vivimos en una sociedad líquida, en una política líquida cabría añadir, donde nada resulta sólido, consistente, ya que desde que los especialistas en marketing dirigen la vida pública a la diestra del líder, esta sensación acaba siendo rigurosamente cierta.

No se buscan decisiones estructurales a largo plazo que produzcan trasformaciones profundas y duraderas, sino que se funciona a golpe de impulsos mediáticos, electoralistas. Es la política-twitt, la que ha puesto de moda Donald Trump y seguimos el resto cual manada de borregos.

¿Cómo se va a analizar algo que dentro de una hora ya no existe o simplemente ha cambiado de manera sustancial? ¿Cómo enfrentarse a una cuartilla en blanco consciente de que puede ocurrir, que en el momento de su publicación lo que escribas sobre ella ya no servirá? Incluso que sobre quien escribas ha desaparecido ya del escenario público.

Corremos el peligro de que como vaticinaba Francis Fukuyama estemos en un proceso del final de las ideologías. Cuando el que asesora-orienta y por tanto dirige a un presidente de izquierdas, viene de hacer lo mismo con las gentes de derechas, e incluso podría haber asesorado al desaparecido Rajoy, es que algo no va bien, o quizás que vaya bien para quienes pretenden perpetuarse en el poder estén unos u otros. De ahí la bajada de la prima de riesgo y las subidas de la bolsa con la llegada de Pedro Sánchez. No se sienten en peligro.

Si se mantiene el status quo que interesa a los poderes fácticos todo estará controlado y por lo tanto se consentiré. Si por el contrario quien gobierna intenta romperlo e incluso variarlo topará con un muro de granito de difícil superación que le podría sepultar.

¿Eso es bueno para el país? Probablemente sí, pero la pregunta debiera ser si es bueno para las clases más desfavorecida, aquellos a quienes los partidos de izquierdas debieran representar y cuidar.

Ahora a Pedro Sánchez le esperan tiempos difíciles, si quiere consolidarse en el poder probablemente tendrá que hacer cesiones a esos poderes fácticos, monarquía, IBEX 35, gran banca, grandes grupos mediáticos y eso le puede alejar de los suyos. Moverse en el difícil equilibrio de contentar a unos y otros suele terminar mal.

Además está el componente electoralista porque a la diestra del líder además de esos expertos líquidos en marketing se sitúan analistas de encuestas electorales y sociológicas. En una sociedad líquida como la actual los partidos de izquierdas para ganar elecciones deben mirar también al electorado de sus teóricos enemigos, la derecha y eso vuelve descafeinadas las medidas de corte ideológico que puedan tomar.

Probablemente también en este aspecto tengamos que recurrir a Bauman para asegurar, que ese equilibrio clásico ahora se ha vuelto líquido e inunda una y otra parte del espectro ideológico.

Vamos a vivir tiempos convulsos, complejos, habrá que intentar que esas sensaciones de liquidez no lleguen también a lo que deberían ser análisis rigurosos.

Veremos……..

Antonio del Valle mantenía una relación profesional con Saracho antes de la ampliación de 2.016

Emilio Saracho fue nombrado presidente del Popular a propuesta de Antonio del Valle y de Reyes Calderón. Hay que recordar que el mexicano mantenía una relación profesional con Saracho antes de la ampliación de capital de 2.016 porque Del Valle era uno de los clientes de aquél porque se apoyó en JP Morgan —banco de inversión del que Saracho era vicepresidente mundial— para fijar su posición de cara a dicha ampliación de capital, hecho que desvela un correo interno del Banco Popular en el que se dice que «los accionistas mexicanos solicitan una carta firmada por la asesoría jurídica donde se indique que don Antonio del Valle Ruiz no tiene limitación alguna para comprar o vender títulos, indican a petición de JP Morgan». Ese correo fue enviado por la secretaría general y relación con inversores del Popular a otros directivos del banco.

El correo muestra cómo Del Valle pretendía aumentar su participación durante la ampliación. Sin embargo, Ángel Ron se negó a eliminar el derecho de suscripción preferente de los accionistas, de igual modo que a hacer caso a los requerimientos del mexicano para empezar un proceso de fusión con el Sabadell, tal y como hemos informado en Diario16.

Por otro lado, existe un claro intento por parte del Banco de Santander y de algunas instituciones públicas para que la opinión pública se olvide de la existencia de Emilio Saracho como presidente del Popular, así como de evitar que salgan a la luz los datos existentes de liquidez. Esta actitud es mucho más acusada desde que Antonio del Valle, el chileno Andrónico Luksic o el fondo PIMCO anunciaran demandas contra el Santander por enriquecimiento ilícito y contra las autoridades por responsabilidad patrimonial al no dar liquidez al Popular o no permitir que se implementaran soluciones privadas. En este sentido, la actuación de las autoridades, tratando de vincular la salida de depósitos a los antiguos gestores y, por tanto, evitando mencionar a Saracho, hace pensar que, por un lado, exista un presunto acuerdo para que aquél no hable y desvele la verdad y, por otro, en la existencia de una presunta connivencia entre el Santander y esas autoridades para regalarle el Popular al banco cántabro o para proteger a los accionistas del Santander en perjuicio de los Popular aprovechando la situación de debilidad creada en la entidad intervenida tras la actuación de Del Valle y Reyes Calderón.

Caso Banco Popular: ventajas de la aplicación de la Ley Concursal

Al final teníamos razón los que desde hace un año denunciábamos que la venta del Popular al Santander, por un euro, fue en realidad una liquidación enmascarada con una operación ficticia de saneamiento.

Según publicó Diario16, la auditora Deloitte – que fue la encargada de realizar el informe de valoración que se utilizó para la intervención del Banco Popular –  reconoció que la liquidación del Banco Popular debió hacerse en concurso de acreedores y no en un procedimiento de resolución.

En ese informe, cuyo contenido se conoció parcialmente en el mes de febrero pasado, se reconoce de un lado que la venta del negocio o de la unidad productiva de un Banco a otro, aunque sea bajo el precio simbólico de un euro, es una de las formas de liquidación de la entidad prevista en la Ley Concursal, y que además en la legislación española no existe ningún procedimiento especial para la liquidación de las entidades financieras que no sea la propia Ley Concursal.

De otro lado, Deloitte también reconoció que de revocarse la licencia bancaria de la entonces sexta entidad financiera tendría que entrar en liquidación de manera inmediata y, por tanto, el Popular debería haber sido liquidado en base a la Ley Concursal desde el primer momento nombrando una administración concursal, algo que no se hizo.

De esta manera se confirma una idea en la que algunos, ciertamente muy pocos, veníamos insistiendo desde hace más de un año acerca de que la Ley Concursal es Derecho supletorio en los casos de insolvencia de entidades financieras y no es incompatible con el procedimiento de Resolución “porque así lo indica su disposición adicional segunda, que obliga en todo caso al Juez de lo Mercantil a nombrar una administración concursal”.

La Magistrada María Teresa Vázquez Pizarro, titular del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid, no lo entendió así e inadmitió a trámite cualquier actuación concursal en relación con el Banco Popular Español por considerar que se lo impedía el procedimiento de resolución y las decisiones dictadas por el FROB en relación a esta entidad bancaria. De igual forma, la Magistrada rechazó incoar la sección autónoma de calificación de la entidad por considerar que las medidas adoptadas por el FROB no entrañaban la disolución y liquidación del Popular.

Sin embargo, en el escrito del recurso de apelación que se presentó hace ya casi medio año ante la Audiencia Provincial de Madrid, se dejaba señalado que era incomprensible, en cualquier caso, que la jueza de lo Mercantil se negara a abrir la sección autónoma de calificación bajo el pretexto de que las medidas adoptadas por el FROB no entrañaban la disolución y liquidación del Banco Popular cuando, según la legislación española, la venta del negocio de una entidad previa amortización de sus acciones es una operación de liquidación que provoca su inmediata disolución de pleno derecho.

Tal y como por otra parte ya hemos visto que también señalaba la auditora Deloitte – en un informe de valoración que paradójicamente se utilizó para la intervención del Banco Popular –  que reconoció que la liquidación del Banco Popular debió hacerse en concurso de acreedores y no en un procedimiento de resolución.

Por esa razón, ayer supimos que la Junta Única de Resolución no publicará hasta «poco después» de mediados de julio el tercer informe de Deloitte sobre el Popular que ya tiene también en sus manos, el que debe dilucidar si la resolución del banco fue menos perjudicial para los afectados que un hipotético concurso de acreedores.

El contenido de ese tercer informe ya sabemos cuál va a ser y porqué se va a retrasar su publicación.

En el Banco Popular no había acreedores antes de la intervención. Por el contrario, fue la resolución de la entidad por el FROB la que provocó la amortización de las acciones creando una legión de accionistas convertidos en acreedores –aproximadamente 300.000 familias- que antes de la intervención no existían.

La JUR ha afirmado que va a abrir un proceso de consulta para que todos los afectados puedan ejercer su derecho de audiencia. La institución recuerda que el derecho de audiencia es un derecho fundamental en Derecho Europeo que se otorga a las personas afectadas por una medida individual de un órgano de la UE. En este procedimiento en particular, el proceso se realizará en dos fases.

En una primera fase, se abrirá un proceso de registro en el que todos los antiguos accionistas y acreedores de Popular concernidos podrán mostrar su interés en ejercitar el derecho de audiencia con respecto a la propuesta de decisión de la JUR. Tras el periodo de registro, el organismo anunciará los detalles de la segunda fase, en la que los accionistas y acreedores que se hayan registrado serán invitados a proporcionar sus comentarios.

Después de analizar los comentarios aportados, la JUR adoptará una decisión final sobre la necesidad de compensar a los accionistas y acreedores afectados.

Sin embargo y a pesar de la compensación quedará pendiente de aplicar lo que dispone el artículo 174 de la Ley Concursal, que dice que en los casos de adopción de medidas administrativas que comporten la disolución y liquidación de una entidad y excluyan la posibilidad de declarar el concurso, el juez de lo Mercantil, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal o de la autoridad administrativa, dictará auto acordando la formación de una sección autónoma de calificación, sin previa declaración de concurso, en la que será necesario el nombramiento de una administración concursal.

El PSOE reprocha al Gobierno de López Miras vivir en una realidad paralela y no reconocer los verdaderos datos de pobreza de la Región

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Consuelo Cano ha calificado de decepcionante la comparecencia del consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, en la Comisión Especial de Pobreza y Exclusión Social.
En opinión de Cano, el Gobierno regional vive una realidad paralela al resto, al no querer reconocer la verdadera situación de pobreza que vive la Región y seguir negando la evidencia. “El tema de la pobreza no es un invento de la oposición para hacer política, es demasiado grave para ser frívolos y el PP no puede acogerse solo a lo que le saque una foto favorable”.
La diputada socialista criticó que el consejero afirme que el informe sobre pobreza infantil de Unicef está desfasado, “negando la autoridad de dicho informe y su valor”.
Una de las cuestiones en las que ha incidido el PSOE ha sido en que el consejero aclarara el porcentaje real que se está dedicando a temas de pobreza en esta Comunidad, tal y como se acordó en el Pacto contra la Pobreza, aprobado en la Asamblea en 2015. “El PP sigue vendiendo humo y se ha sacado de la chistera un 8 por ciento, que es el resultado de sumar todos las prestaciones de carácter social: dependencia, ayuda a domicilio y hasta las excursiones de las personas con discapacidad que se realizan con vehículos del parque móvil, prestaciones que no guardan relación con la pobreza”.
Consuelo Cano se quejó de que el consejero haya vuelto “a recurrir a echar la culpa a Zapatero de lo que no va bien y le exigió políticas para optimizar los recursos disponibles y coordinación con otras administraciones”.
También le ha preguntado por qué en la Región en los casi 24 años de gobiernos del PP no se impulsaron leyes fundamentales durante el período de bonanza para garantizar derechos sociales y no solo algunas prestaciones. “Vamos a terminar la legislatura igual que la empezamos, sin la nueva ley de Servicios Sociales o sin resolver el problema de los puntos de encuentro familiares o la falta de vivienda. El cuadro de Arcadia feliz que ha presentado el consejero hoy en la Asamblea es irreal, un universo paralelo, que minimiza el dolor y la pobreza que hay en la Región”, concluyó.

Las puyaditas de Susana Díaz a Pedro Sánchez

Haciendo la gira de contraprogramación de Rodríguez y Maíllo, y también de Ciudadanos, ha acudido Susana Díaz a Málaga. La invitación de Diario Sur para que ofreciese una charla era la mejor excusa para intentar reducir la presencia de sus principales adversarios políticos (no, Juanma tú ya eres “ná” para ella). Tenía alguna cuenta pendiente con el alcalde De la Torre que se quería cobrar a causa del metro malagueño, pero en su ambiente andaluz no podía dejar la social-liberal de lanzar alguna que otra puya al gobierno de su “archienemigo” Pedro Sánchez. Porque para Díaz da igual que sean del mismo partido. El día que le pintaron la cara las bases del PSOE perdió el sentido de partido que tanto solicitaba durante las primarias. Claro que el presidente tampoco ha tenido mano izquierda con algunos nombramientos. Alguno de los cuales han provocado algún que otro enfrentamiento interno (como el mantenido con Guillermo Fernández Vara).

El caso es que no queriendo hablar del gobierno del Estado se ha lanzado a mandar toques y puyas al presidente del Gobierno, incluyendo un “recadito” para quien fuese su consejera de Hacienda, María José Montero, a la que ha pedido “sensibilidad” con Andalucía. Vamos, en román paladino que quiere 1.000 millones más para financiarse. Se espera que no sea para hacerlo tan mal como con la Sanidad, pero justificando esa crítica al gobierno estatal ha reconocido que no han sido capaces en todos estos años de subir la renta per cápita de los andaluces, ya que ha pedido que “a las regiones que tenemos una renta per cápita menor, no se nos condene o a tener servicios de peor calidad o a renunciar a ese horizonte competitivo que nosotros estamos en condiciones de protagonizar”.

Necesita ese dinero para el salto cualitativo que va a dar Andalucía porque el crecimiento actual es fruto de “una planificación conjunta del tejido productivo, del Gobierno y las instituciones, también de nuestras universidades y de la capacidad de emprender”. Eso sí, fomenta la precariedad entre los empresarios como ya se contó en estas páginas. Un dinero para infraestructuras que no podrán ser “subastadas” en el Congreso de los Diputados, sino que deben corresponder a las necesidades que decidan los gobiernos regionales, es decir, ella. Si M. Rajoy la hubiese hecho caso el Corredor Mediterráneo no existiría en Andalucía porque en San Telmo se apostaba por Algeciras-Madrid. De todas formas esas infraestructuras no piensa pagarlas la Junta, deberán ser otros las que abonen las cantidades ¡y nada de detraer de los 1.000 millones solicitados! Pero por pedir que no quede.

El caso es que salvo su postura con la financiación, no ha tenido ningún tipo de escrúpulos en lanzar puyas a Sánchez. Respecto a la Memoria Histórica ha pedido que sea una memoria que no mire al pasado sino al futuro. Aparte de la boutade que significa hablar de una memoria hacia el futuro (no se lo tomemos en cuenta que tardó mucho en sacarse la carrera porque estaba de “botellonas”), se posiciona con la derecha más rancia. Aunque lo curioso es que, quitando lo que comparten de exhumar las cunetas, la Memoria Democrática de Díaz trata temas más recientes que la ley que impulsa el gobierno de Sánchez. Lo que ocurre es que tocar la tumba de Queipo Llano en “su” Macarena no le gusta. Por eso no quiere mirar al pasado.

La presidenta de la Junta ya advertido al presidente del Gobierno que piensa acudir a Moncloa a apretarle las tuercas, nada de “hacerse una foto”. Dinero, reforma constitucional donde quepan todos no unos pocos (como si fuera posible lo contrario) y más dinero. Porque ella si tiene un gobierno estable, no como Sánchez que sólo tiene 84 diputados y con eso no se puede gobernar. A diferencia de España, Andalucía es una región “fiable y que genera confianza” porque tiene una presidenta con muchos diputados. Sánchez está en la inestabilidad, en la volatilidad de las cosas y no como ella que tiene en un guantelete de hierro a Andalucía.

Eso sí, como les pasa a Ciudadanos habla más de la cuenta y ha dicho que esta inestabilidad y esas cosas del gobierno de Sánchez impide que se tome en serio “la inmigración, el cambio climático, un sistema público de pensiones sostenibles, el uso de las energías renovables o los cambios demográficos y su impacto en asuntos como el mercado laboral”. Justo, precisamente en lo que está trabajando el gobierno estatal. Y que Sánchez se apriete los machos porque será igual de reivindicativa contra él como lo fue contra Rajoy. Se envolverá en la verdiblanca y llegará a Madrid a apretar las clavijas a todo el mundo, con los mismos resultados que con Rajoy… CERO.

Podemos consigue que los descendientes del exilio obtengan la nacionalidad

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El Senado ha aprobado ayer, 18 de junio, la admisión a trámite de una Proposición de Ley de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea en materia de concesión de la nacionalidad española a los descendientes nacidos en el extranjero de progenitores españoles con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios.

Esta iniciativa parlamentaria se ha elaborado de manera conjunta con el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Ce.DEU), una agrupación que lleva años denunciando las carencias de la disposición séptima de la Ley de Memoria Histórica que regula esta cuestión y exigiendo una legislación acorde con la situación de muchos de los descendientes de emigrados. Además, la federación de Izquierda Unida en el Exterior,  a través de su coordinador Eduardo Velázquez, ha estado presente durante todo el proceso defendiendo la Proposición de Ley como una “necesidad social” y una “cuestión de justicia”.

Concretamente, el objetivo de esta ley es el de reparar situaciones injustas o asimétricas surgidas por la falta de reconocimiento de la nacionalidad en algunos casos específicos de descendientes de españoles y españolas.

Estos vacíos legislativos provocan situaciones como el de familias de padres españoles en los que algunos descendientes sí y otros no tienen la nacionalidad en función de si eran o no mayores de edad cuando entró en vigor la disposición séptima; o excepciones como el de los nietos de españolas casadas con un no español antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, fecha hasta la que no se pudo transmitir la nacionalidad.

Además, también quedan fuera de este marco normativo los nietos y nietas de las personas emigradas por causas económicas que obtuvieron la nacionalidad del país de acogida y perdieron la española antes del nacimiento de su hijo o hija y los nietos y nietas de españoles que tenían la nacionalidad pero la perdieron por no ratificar su deseo de conservarla al cumplir su mayoría de edad. Algunos de ellos pudieron recuperar su nacionalidad y otros no debido a la falta de una instrucción específica para este supuesto en particular que dejó esa posibilidad a la interpretación de cada registro consular.

Para Sara Vilà, la senadora que ha impulsado esta iniciativa legal, “por coherencia esta Cámara debe reconocer la nacionalidad a aquellos que, por lagunas jurídicas propias de nuestra legislación, se vieron privadas de su nacionalidad, que sienten propia y que sin duda les pertenece”. La senadora Vilà ha terminado su intervención en pleno asegurando que esta es “una cuestión que trasciende partidismos e ideologías, y que es de justicia, de razón, y que, a su vez, nos acerca a otras legislaciones europeas”.