miércoles, 6 mayo, 2026

Susana Díaz lanza una guerra comercial contra Donald Trump

No sabe la que le ha caído al presidente Donald Trump al buscarse como enemiga a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Más aún si daña a “su” Andalucía como está haciendo con la elevación de los aranceles comerciales a la aceituna negra de mesa. Díaz cuando fija un enemigo (¡qué pena Juanma Moreno Bonilla a ti no te considera eso!) le ataca con todo y le muerde los tobillos sin soltar la presa. Sólo hay que ver las reacciones y los actos contra Pedro Sánchez, Teresa Rodríguez y tantos otros. Como le calienten mucho se planta en Washington o en el edificio Trump de Nueva York y la lía parda.

Se veía venir el veto a la aceituna negra desde Estados Unidos, pero eso no impide que la presidenta de la Junta rechace esa subida de aranceles hasta el 34%. Menuda es ella. Esa “brutal subida” le preocupa porque puede provocar pérdidas de puestos de trabajo, justo ahora que parecía que remontaba el empleo en Andalucía. “Dos millones de jornales andaluces peligran en un sector compuesto por 300 empresas que exporta 70 millones de euros a Estados Unidos” ha dicho Díaz. “Esta decisión cuestiona la Política Agrícola Común», ha asegurado la presidenta de la Junta, que ha agregado que «la Unión Europea debe defender los intereses de su ciudadanía y empresas». Unas lágrimas y quejas ahora que se están negociando los presupuestos y recortes de la PAC, aprovechando que el Guadalquivir pasa por Sevilla.

Eso sí, no vaya a ser que envíen la séptima flota a Cádiz, Díaz ha querido atemperar un poco y ha expresado que, «desde el respeto institucional», la Comisión Europea tiene «instrumentos» para «hacer frente» a esto. En este sentido, ha asegurado que «igual que hay productos europeos que buscan comercio en EEUU, también hay norteamericanos que buscan comercio en Europa». Vamos una guerra comercial de veto de productos de un continente a otro. Por eso ha mandado a Rodrigo Sánchez Haro a hablar con su “otrora enemigo” el ministro Luis Planas para que alcancen algún tipo de alianza contra esa afrenta de Trump contra Andalucía.

En un ataque librecambista y liberal, Susana Díaz ha criticado a Donald Trump por haber “elegido el camino proteccionista, de castigar y atropellar a las empresas que quieran tener intercambio con EEUU para poner en ventaja a los suyos”. Casi lo mismo que hace ella cuando saca la bandera del andalucismo para defender ciertas inversiones en Andalucía, pero de otro modo. Así, ha seguido en la línea de la guerra comercial contra EEUU. La presidenta ha tildado de «desmesurada, desproporcionada y que no tiene ningún sentido» la subida de los aranceles a la aceituna de mesa y ha advertido de que «hay que pararle los pies al presidente de EEUU porque serán muchos otros productos los que vengan en el futuro inmediato». Algo así como el famoso “A ese lo quiero muerto ya” que lanzó a quien hoy presidente del Gobierno. Así que no se extrañen si Trump se proclama rey del mundo o algo así.

López Pagán: Estamos ante el fin de ciclo de un Gobierno inestable por la corrupción

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Joaquín López Pagán ha comenzado su intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región, diciendo “que ha sido una legislatura perdida por la inestabilidad generada por los casos de corrupción y por la ausencia de una hoja de ruta del Gobierno regional para liderar la solución a los problemas de la ciudadanía”.
López Pagán afirmó que “la inestabilidad política la generan los cómplices con la corrupción, que horadan la confianza de la ciudadanía en las instituciones,  generan incertidumbre en el tejido social y productivo de la Región y se olvidan de los intereses colectivos”.
El portavoz socialista se ha referido al Gobierno regional del PP como el de un ciclo agotado y el de un gobierno que no gobierna, caracterizado por constantes  ceses y nombramientos de hasta 24 consejeros, “lo que denota que no hay un proyecto político serio y que tratan de eludir las responsabilidades que tienen  que atender, buscando culpables fuera”.
Asimismo, ha hecho alusión a la necesidad de lealtad institucional, ante los primeros síntomas del Gobierno de López Miras de volverse reivindicativo con el Gobierno socialista de la Nación. Le ha recordado que durante los siete años de mandato de Rajoy, el PP ha permanecido arrodillado, mostrándose servil con las necesidades de la Región en agua, financiación autonómica o infraestructuras.
En este sentido, recordó que la media de inversión del Estado en la Región ha sido de 500 millones menos cada año en relación con la media nacional. “Esa es la herencia del Partido Popular para la Región en los últimos siete años. Esa es la lealtad que han demostrado”, declaró.
López Pagán ha calificado el discurso de López Miras como descorazonador, comparándolo irónicamente con Donald Trump, “aunque el presidente pretenda ser una réplica de Luther King con sus sueños para la Región”.
El portavoz socialista subrayó la necesidad de actuar con los diferentes colectivos, especialmente los más vulnerables. Recordó que en materia de empleo 9 de cada 10 contratos son temporales y muchos de ellos de una semana de duración; las mujeres cobran de media un 25% menos que los hombres y miles de personas con más 45 años y cargas familiares no tienen ninguna prestación.
 A su entender, la Región que no desveló el presidente fue la que padece la lacra de la pobreza, especialmente, la pobreza infantil, que debería ser una obligación moral para el Gobierno, puesto que 120.000 niños padecen esta situación inadmisible. Reprochó que el presidente hable de “tierra de la libertad, cuando su gobierno no es capaz de generar igualdad de oportunidades”.
Añadió, que la Región necesita principios y políticas públicas dirigidas a garantizar la igualdad entre hombre y mujeres. “El ocho de marzo ha planteado un escenario en el que las mujeres han dicho basta ya a situaciones de desigualdad y a la violencia de género y han pedido un cambio de futuro para que la sociedad avance”.
Por otra parte, López Pagán se “quedó atónito” cuando escuchó al presidente decir “que algunas mujeres han tenido que abandonar su trabajo para dedicarse al cuidado de sus hijos”, como si esta fuera una responsabilidad exclusiva de la mujer. Le recriminó que las mujeres no han tenido ninguna otra opción, porque el Gobierno regional no ha desarrollado políticas que faciliten la conciliación laboral y familiar.
“Con esta afirmación, el presidente demuestra ser cómplice de una sociedad  machista y además invisibiliza a las mujeres que no tienen hijos y que también tienen grandes problemas para acceder al trabajo, promoción laboral, brecha salarial etc.”, apostilló.
El portavoz socialista echó en falta que el presidente no hiciera ninguna mención al Pacto Regional por la Igualdad, que ni siquiera ha desarrollado; nada sobre la eliminación del Instituto de la Mujer o que no se haya firmado aún el Pacto contra la Violencia de Género, elementos claves para nuestra sociedad.
Tampoco se acordó el presidente de los problemas de la juventud ni de vivienda o  de accesibilidad y no mencionó la realidad social de la inmigración, todas cuestiones muy sensibles en estos momentos.
Para Joaquín López, “las políticas sociales son las que determinan la cohesión social y atienden de manera integral a las personas que necesitan la ayuda de las administraciones y el Gobierno regional no puede mirar para otro lado y cuando dice que el empleo es la mejor política social, lo que les viene a decir a las personas que se encuentran en esta situación es que se las apañen como puedan”.
La Ley de Servicios Sociales sigue sin venir a la Asamblea, ni el decreto de Atención Temprana o la Ley del Rosell, normas que se aprueban en la Asamblea y no se ponen en marcha.
Señaló que la Región no apuesta por la educación, como ha quedado constatado en la situación de absentismo y fracaso escolar, en la ausencia de políticas para 0-3 años, la falta de un mapa de Formación Profesional que permita a los jóvenes formarse para el empleo, o para la realización de infraestructuras necesarias que están siendo asumidas por los ayuntamientos, pese a sus dificultades económicas; o en la equiparación que reclama la universidad de los másteres en los grados para ser competitivos.
“No sabemos hacia dónde va la economía de la Región, porque el presidente no habló del modelo productivo; tampoco de la necesidad de impulsar diversos sectores para que sean más competitivos y reorientarlos hacia una transición energética y energías limpias”.
López Pagán se mostró perplejo hacia el “modo bucólico en que el presidente se refirió al Mar Menor, obviando que ha llegado a la situación actual por la inacción de los gobiernos del PP durante 23 años y le reiteró su obligación de traer a la Asamblea un Proyecto de Ley Integral”.
En su recorrido por la situación de la Región, Joaquín López señaló que la sanidad  pública funciona porque tiene unos profesionales excelentes y por la paciencia de los enfermos, a pesar de una gestión ineficiente.
Exigió a López Miras lealtad con el Pacto del Agua, con las ayudas para Lorca, con las reivindicaciones al Gobierno de la Nación y con los ayuntamientos, instándole a que antes de ir a la sede de su partido,  escuche  a los alcaldes y alcaldesas sean del signo político que sean, para conocer por los problemas de cada municipio.
El portavoz socialista concluyó diciendo que “el Gobierno regional está atrapado en una legislatura perdida, el final de ciclo de un gobierno que no gobierna. No nos hable más de futuro para robarnos el presente y háganos un planteamiento de Región con principios, tienen nuestra mano tendida, con sinceridad y lealtad a la ciudadanía”.

IU reclama el fin del ahogo fiscal a los Ayuntamientos

Ahora que la regla de gasto va a comenzar a ser negociada por el gobierno del PSOE, los partidos de izquierda intentarán que haya mayor flexibilidad con ella. Esto es, que los hombres de negro de la Unión Europea no puedan más que las necesidades reales y tangibles de la ciudadanía española. En este sentido, las palabras del responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, cobran una viveza mayor que la meramente lingüística. El concejal madrileño ha sufrido en sus propias carnes esa ofensiva que el anterior gobierno del PP lanzó contra los entes locales para restringir el gasto, aunque estos generasen superávit (como sucede en el Ayuntamiento de Madrid). Un Cristóbal Montoro que escondía el desborde en la Administración central bajo su control, pero que exigía ajustes brutales a los ayuntamientos en los servicios primarios de atención.

Tanto PSOE como IU tienen muy presente el municipalismo en su ideario de gestión, por ello Sánchez Mato recuerda al Gobierno de Pedro Sánchez la “imperiosa necesidad de eliminar los devastadores efectos de la regla de gasto y las limitaciones presupuestarias que impiden a las Administraciones Públicas, especialmente a las locales, cumplir con su obligación de atender a la ciudadanía en condiciones”. Se espera con el nuevo gobierno, entienden en la formación de izquierdas, que haya una apertura del gasto en consonancia con la gestión que se realiza.

Un reajuste de la regla de gasto que, sin duda, reconoce el dirigente federal de IU y concejal del Ayuntamiento de Madrid, será negociada desde distintas posiciones, aunque con una deseable capacidad de negociación y acuerdo: “Aunque tenemos posiciones muy diferentes en el diagnóstico y las políticas económicas que se requieren para atender las necesidades de la mayoría social, estamos seguros de que se pueden acordar con el nuevo Ejecutivo del PSOE muchos aspectos de las aspiraciones que persigue el municipalismo”.

Confía Sánchez Mato en que “el amplio conocimiento de la situación que nos consta que posee este Gobierno le permita una actuación enérgica y decidida para eliminar el corsé que limita a los ayuntamientos de nuestro país. Por ello, debe conocer también que Izquierda Unida no cejará en exigir aquellos recursos que permitan una financiación local previsible y estable, además de un marco competencial más amplio que devuelva la autonomía local a las administraciones más cercanas a la gente”. Como recordó hace unos días el portavoz federal, Alberto Garzón, ayudar en lo posible y exigir en aquellos aspectos de izquierdas que el gobierno deje de lado o se vea presionado por el establishment.

El dirigente de IU recuerda que “durante toda la tenebrosa etapa para las corporaciones locales del Gobierno del PP y su aliados de Ciudadanos llegamos a consensos con el PSOE sobre la necesidad de modificar de manera inmediata la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. Añade además que “de hecho, la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sufrió también la asfixia que los continuos ataques de Cristóbal Montoro suponían para las comunidades autónomas. Hay que recordar que Montero llegó a afirmar que no era baladí que las exigencias a Andalucía por parte del Ministerio de Hacienda se produjeran precisamente tras la intervención al Ayuntamiento de Madrid y criticó también la falta de transparencia en la interpretación de la regla de gasto.

Esta regla de gasto impide a las corporaciones locales invertir buena parte sus ahorros en servicios sociales aunque tengan las cuentas saneadas. Hasta ahora Hacienda sólo autoriza a que hagan un uso parcial de los ahorros del año anterior y destinarlos a la denominada “inversión financieramente sostenible”, es decir, la que no genera gastos corrientes o que puede autofinanciarse en los años siguientes. Los ayuntamientos acumulan más de 35.000 millones de euros en depósitos bancarios procedentes de los superávits acumulados en los cinco últimos ejercicios. Desde 2014 tienen la capacidad de destinar parte de estos ahorros a partidas para saneamiento, tratamiento de residuos, alumbrado o vías públicas.

El PSOE pide colocar la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento de Lorca

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Andrea Periago ha vuelto a solicitar que la bandera arcoíris, símbolo del colectivo LGTBI, cuelgue del balcón principal del consistorio lorquino de cara a la conmemoración de la semana internacional del orgullo LGTBI.

Periago ha recordado que en la Región de Murcia tenemos una Ley, la 8/2016 de Igualdad Social y Contra la Discriminación, que habla de la necesidad de que las Administraciones Públicas se impliquen de manera activa en la visibilización y el apoyo al colectivo, especialmente en fechas señaladas como la semana del 28 de junio, Día Internacional del orgullo LGTBI.

Se trata, por tanto, de dar cumplimiento al mandato de una Ley regional, con la que Lorca avanzaría para convertirse en ciudad “gay-friendly”, sumándose con este gesto a la conmemoración de este día que sigue siendo necesario para “reivindicar la igualdad de derechos y la libertad sexual y afectiva del colectivo LGTBI”.

Desde el PSOE esperan que este año el PP, a través del Alcalde y su concejal de Igualdad, “no se escuden en excusas, como hicieron el año pasado”, y ahora que están a tiempo, apuesten por dar visibilidad a una lucha que “ya no es sólo de un colectivo, sino que ya es compartida por la sociedad”.

Periago asegura que la colocación de esta bandera, como símbolo, debería ir incluida en la programación actividades conmemorativas, destinadas a la concienciación y la sensibilización, contando con ciudadanos y colectivos implicados en esta materia.

Murcia, tercera región con más playas con Q de Calidad de España

Las playas de la Región de Murcia están de enhorabuena. Y es que este verano aumentará el número de estos lugares que lucirán la bandera Q de Calidad en un 5 % respecto a 2017 hasta 248, 12 más, según el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) que las otorga y que ha dado 37 a playas de Murcia, la tercera región española que más tiene.

En concreto, las playas reconocidas con el galardón son las de Calabardina, Calarreona, La Colonia, Las Delicias, Levante y Poniente, en Águilas; Cala Cortina, del Pino, Islas Menores, Mar de Cristal, La Gola, Levante, Barco Perdido, Cavanna, Galúa, Honda, Paraíso y San Ginés, en Cartagena, y Carrión, El Espejo, La Concha, Las Palmeras, Los Narejos y Manzanares, en Los Alcázares.

Del mismo modo, también se reconocen las de Bahía, Bolnuevo, Dos Mares, Nares, Castellar y Rihuete en Mazarrón; Barnuevo, Castillico, Colón, El Pedruchillo y Mistral, en San Javier, y La Puntica y Villananitos, en San Pedro del Pinatar.

También se ha incrementado el número de puertos deportivos que han logrado esta certificación, al pasar de 19 en 2017 a los 21 que la lucirán este verano, según ha informado el ICTE.

Respecto al resto de comunidades, al igual que en 2017, Andalucía lidera el ránking con 92 playas certificadas, seguida de la Comunidad Valenciana, con 47; la Región de Murcia, con 37; Baleares, con 22, y Galicia, con 19. Cataluña ha logrado 12, Cantabria 11 y Asturias 6, mientras que País Vasco y Ceuta cierran la lista con una cada una.

En cuanto a los puertos deportivos, se han hecho con el distintivo 13 en Galicia y cuatro en Baleares y Cantabria, respectivamente.

La bandera Q es el único distintivo español de calidad de las playas españolas y se logra después de una exhaustiva auditoría que acredita el cumplimiento de la norma internacional UNE-ISO 13009, consensuada a nivel internacional por más de 90 países.

Para que una playa o un puerto deportivo pueda lucir la bandera Q, entre otros aspectos, se analizan los equipamientos de uso público, los servicios de limpieza y la recogida selectiva de residuos, los dispositivos de seguridad, salvamento y primeros auxilios, los servicios de información, los accesos a la zona de baño, los servicios higiénicos y los servicios de los establecimientos de ocio.

Andrés Perelló: “El PSOE tiene un firme compromiso con la modernización de la Justicia”

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El responsable de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, ha mantenido esta mañana una reunión con entidades que representan a letrados y procuradores de la Administración de Justicia para tratar sobre la situación de la Justicia como servicio público y las propuestas que este Cuerpo Jurídico plantea para la mejora y la modernización del sistema.

Andrés Perelló les ha trasladado “el firme compromiso de los socialistas con el impulso a la modernización de la justicia como paso necesario para su agilización y por tanto para la mejora del servicio público que recibe la ciudadanía. Este compromiso está reflejado en la iniciativa legislativa de los socialistas en el Parlamento y ahora desde el nuevo gobierno con una acción política que pondrá punto y final a la parálisis que los gobiernos del PP han condenado a nuestra Administración de Justicia”, afirmó.

De cara a lograr dicha modernización, los representantes de los letrados han abogado por impulsar la Oficina Judicial, acometiendo su implantación en todo el territorio nacional con el concurso tanto del Gobierno como de las CCAA, así como por ponerla al máximo rendimiento, actualizando y reforzando sus funciones.

En cuanto a la agilización de la Administración de Justicia y su necesaria modernización tecnológica, se han mostrado partidarios de la implantación de  un Sistema de Gestión procesal único y compatible en todas las Comunidades Autónomas (con el objeto de que datos tributarios, registros, censos, estadísticas se encuentren en una misma aplicación), así como del expediente digital y de un sistema de estadística judicial. A ello suman la necesidad de que el CGPJ tenga una visión más amplia de la justicia y que asuma desde su propia independencia la corresponsabilidad de los distintos actores que operan en la Administración de Justicia.

Las organizaciones piden igualmente afrontar las condiciones laborales de los letrados, ya que los cambios que se están produciendo en el papel que desempeñan, hacen necesaria una revisión y homogeneización de sus retribuciones con respecto a otros cuerpos de la Administración de Justicia, y una  actualización acorde con sus competencias y funciones.

También consideran necesario un incrementar en la plantilla de los letrados, cubriendo por una parte las 600 plazas vacantes y aumentando la oferta de plazas con el objeto de poder afrontar con diligencia el incremento de trabajo que este cuerpo ha experimentado en los últimos años y al incremento de jueces y magistrados. Durante la reunión también se ha tratado la necesidad de impulsar una nueva Ley de demarcación y planta judicial y de rediseñar la justicia de proximidad. En la reunión han participado el  CNLAJ (Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia), la UPSJ (Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia)  y el SISEJ (Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia).

La confluencia madrileña de Podemos e IU avanza por el buen camino

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Coincidiendo con el tercer aniversario de la entrada de Ahora Madrid en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, la primera reunión de trabajo entre Podemos e Izquierda Unida en Madrid ha tenido como resultado marcar la prioridad de sumarse y participar de lleno en el encuentro programático Hacer Madrid, el cual tendrá lugar el próximo 30 de junio y contará con movimientos sociales, sindicatos, actores políticos y candidaturas de unidad popular de toda la Comunidad de Madrid.

El objetivo de dicho encuentro es la puesta en marcha de grupos  y comisiones de trabajo definidas en áreas de interés social,  de cara a crear un programa participado que priorice las necesidades y los derechos sociales de todas las madrileñas y madrileños. Además, la reunión ha acordado la creación de grupos de trabajo de elaboración colectiva que traten asuntos como el municipalismo, la construcción de candidatura, la campaña y los posibles escenarios postelectorales.

Para Álvaro Aguilera, responsable de Relaciones Políticas de IU Madrid, “es fundamental potenciar un proceso compartido en base a un programa de mínimos participado con todas las entidades sociales de la región de Madrid”. “El   espacio de cambio no se agota en Podemos, por eso vamos a poner todo nuestro empeño en ampliar ese espacio con el objetivo común de devolver la dignidad a nuestro pueblo”, ha afirmado por su lado Ramón Espinar, secretario general de Podemos Comunidad de Madrid.

Mecanismos de incentivación para la comercialización de la chirla

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La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural plantea la idoneidad de la constitución de una Organización de Productores Pesqueros para aumentar el valor añadido de la chirla del Golfo de Cádiz. El grupo técnico conformado con este fin, con la participación de la Junta de Andalucía y representantes del sector, ha marcado esta solución como la mejor estructura organizativa para avanzar en la mejora de la comercialización de este bivalvo, a la vez que se insiste en el compromiso de que el caladero se reabrirá y se reanudará la actividad pesquera en cuanto así lo permitan los informes científicos que, elaborados por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), evalúan la situación de la especie.

El grupo, con el objetivo principal de garantizar la sostenibilidad ambiental, social y económica de la actividad, ha abordado el análisis de estrategias que permitan, en última instancia, valorizar la producción e incrementar la importancia económica de esta pesquería a través de planes de producción y comercialización. Su elaboración, con una periodicidad anual, es, precisamente, como se ha puesto de manifiesto, una de las bondades de la conformación de una Organización de Productores Pesqueros, orientada a la puesta en marcha de medidas como la creación de marcas o distintivos de calidad o acciones de promoción.

La figura de las Organizaciones de Productores Pesqueros, dentro de sus objetivos de promover la gestión común de las actividades, la planificación de la producción según la demanda y la mejora de la comercialización de los productos, ofrece, además, la posibilidad del acceso a distintas líneas de ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para la financiación de sus proyectos colectivos. Su nacimiento, por tanto, emerge como una oportunidad para dar pasos firmes hacia una pesquería más rentable y equilibrada y una comercialización más competitiva.

La generación de valor añadido es, en este sentido, un camino necesario y paralelo a la buena gestión de los recursos, algo para lo que se reunirá, también dentro del presente mes de junio, el grupo técnico que analiza la situación y progreso de la especie a raíz de los informes científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) que recomendaron el cierre del caladero el pasado mes de enero. Este último estudiará cuestiones como la evolución de la población, la talla y otras posibles medidas como horarios y límites de capturas, una vez que se haya alcanzado el rendimiento máximo sostenible de la chirla. De igual modo, está prevista también la celebración de una jornada informativa sobre el Sistema de Localización y Seguimiento de la Flota Andaluza (Slsepa), en la que se explicará el funcionamiento de las cajas verdes y su importancia para el control y la gestión de la pesquería.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha convocado, además, una línea de ayudas dotada con 1,8 millones de euros para 2018 para compensar al sector por el cierre del caladero, una orden que se ha trabajado y consensuado con el sector. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 26 de abril, el plazo de solicitud permaneció abierto hasta el pasado 11 de mayo. Sólo 18 días después, el 29 de ese mismo mes, se publicó el requerimiento de subsanación de errores de las peticiones presentadas.

La orden de incentivos contempla, en concreto, una cantidad fija por buque y mes natural completo, determinada en función del número de tripulantes enrolados en la embarcación a fecha de 2 de octubre de 2017, tal y como solicitaba el propio sector. La cuantía por barco es de 500 euros, más otros 400 euros por cada uno de sus marineros. La ayuda estipula, también como respuesta a una de las peticiones de los interesados, que para el cómputo de la misma los armadores que hayan trabajado a bordo de la embarcación puedan contabilizarse como tripulantes. A la captura de la chirla se dedican 96 embarcaciones de draga hidráulica y 291 tripulantes con base en los puertos de Isla Cristina, Punta Umbría y Ayamonte, en Huelva, y de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz.

Los buitres de la vivienda atacan a los inquilinos

El corrupto Gobierno PP vendió 2.935 viviendas sociales a Goldman Sachs en 2013,  perjudicando a moradores y favoreciendo a las  multinacionales, cuando había cientos de miles de viviendas vacías en manos de la Banca. Esos Grupos Financieros de inversiones llamados Fondos Buitres están acaparando el parque de viviendas, favorecidos por organismos europeos, que impusieron  normas, asumidas por el exPresidente Rajoy,  para obligar a la Banca a vender el parque inmobiliario antes de Enero de 2019. Esos buitres olieron la carroña de la corrupción y acudieron en bandadas.

Es muy peligroso y nocivo para las personas afectadas lo que ocurre con los Fondos Buitres, que se apropian de la inmensa mayoría del parque de alquiler, con la invasión del sector de la vivienda y pensiones. Los potentes Fondos Financieros como Cerberus, Blakstone, Lone Star, Bestinver, Hig Capital, etc están actuando de forma perversa, dañina y abusiva para los inquilinos e hipotecados. Adquieren viviendas procedentes de la crisis y del rescate con dinero público y suben alquileres de forma abusiva y si no pagas te tiran a la calle como a un perro.

Además de la rapiña, el negocio de los bancos en este sistema capitalista depredador está basado en un fraude permanente, la explotación y la opresión como vienen demostrando diversas escuelas económicas, no solo los que se basan en el estudio de Marx y Engels, sino actuales economistas críticos que han analizado y reprobado el “proceso de expansión múltiple de los activos bancarios” demostrando su inconsistencia desestabilizadora. 

La visión de los economistas que rechazan como válida para el propio sistema capitalista esa “teoría de la expansión múltiple…”  incluso vituperada con gran polémica,  explican que representa un expolio permanente favorable al sistema bancario mundial porque aceleran  las tremendas consecuencias de las crisis cíclicas del capitalismo y las agudizan.

Intentaremos sintetizar la forma en que opera dicha teoría cuando es llevada a la práctica por Fondos buitres, que agrava el problema de la vivienda atacando a propietarios e inquilinos, con amenazas y desahucios. Las finanzas están manipuladas,  pues en torno al 97 % del dinero en circulación a escala mundial es producido de forma artificial por la “Banca Especulativa” y solo el 3 % restante está protegido por divisas con respaldo en bienes materiales, oro u otros metales preciosos. Solo el 5 % de las inversiones son productivas; el 95 % restante se dedican a la especulación.

Los Bancos mandan en la Política y han montado una estructura que les sirve para “estafar legalmente” a la ciudadanía. Los banqueros solo están obligados a mantener como “Reserva en Caja” una cantidad mínima del dinero que se deposita en las cuentas, que llaman “Coeficiente de Caja”. Posteriormente a los “Acuerdos de Bretton Woods” de 1944, en que las divisas  estaban respaldadas por el Patrón Oro, empezaron a rebajar el porcentaje de “Reserva de Caja”,  cuando cambiaron al Patrón Dólar dando a la Reserva Federal USA el “monopolio” de emitir dólares  que inundaron el planeta.   En la actualidad, el porcentaje de “Reserva de Caja” o “Encaje Bancario”,  está en EEUU sobre el 10 %, pero existen Estados que solamente retienen un  5 y hasta solo un 1% de los depósitos como reserva.

Analicemos un ejemplo: Imaginemos que un Fondo Buitre de la Especulación Inmobiliaria, cuyo dinero viene de no se sabe dónde, y puede que incluso proceda del narcotráfico, trata de blanca, estafas y otros mecanismos de la economía sumergida, decide y planifica realizar una inversión en España de 1.000 Millones de Euros.

Tomando como referencia el “Coeficiente” del 10 %,  de “Reserva de Caja”, cuando los inversores financieros dan la orden de transferencia, el Banco receptor recibe los 1.000 M de euros y mientras se concreta la inversión, retiene el 10 % de  “Reserva”, también llamado “Encaje” que son 100 M€  y puede prestar a sus clientes que lo demanden los 900 Millones de euros restantes.

Esos 900 M€ son colocados en otros bancos que hacen la misma operación de retener para reserva el 10 % y el resto, o sea 810 M€,  lo ofrecen a otros inversores, principalmente Grupos Inmobiliarios, quedando como garantía en el Banco los  90 M€ que representa el 10 % que obliga la Ley.

Con esos 810 M€ que quedan disponibles,  lo ingresan en otro banco, para colocarlos en manos del público; cada banco realiza operaciones de captación de clientes a diversas empresas, que pueden ser Constructoras, Inmobiliarias, Fondo de Pensiones, etc… continuando con el símil del ejemplo,  reteniendo el 10 % de encaje que representan 81 M€ del depósito recibido creándose dinero “fiduciario” de la nada.

En otra nueva oleada de dinero “fiduciario”, los 719 M€ que están a la espera de ir ejecutando la inversión, se hace la misma operación… Y así sucesivamente hasta que el proceso se va agotando y no queda apenas dinero que prestar de aquella primeva inversión de esos Fondos Buitres.

Sigamos imaginando que han puesto el ojo sobre 30.000 viviendas que estaban en stocks,  la mayoría de ellas en Bancos  procedentes de aquel “Imaginario Rescate Bancario de EmePuntoRajoy”, nunca reconocido como tal, que costó a la Hacienda Pública, en torno a 60.000 Millones €.  Imaginemos que en vez de ser 1.000 M€ son en realidad unos 50.000 M€ anuales, como dicen algunos expertos que han venido entrando desde 2015.

¿Cuánto dinero fiduciario se ha podido generar con esa primera inversión de los 1.000 Millones€?  Calculando el multiplicador tenemos 1/10 = 10 x 1.000 M€ = 10.000 Millones€.  Esos recursos económicos, que provienen de ese llamado “proceso de expansión múltiple de los activos bancarios”, es dinero falso, ficticio, o fiduciario, como le llaman técnicamente.  Contemplando solo 2 años de entrada  calculado por los expertos,  tomemos que son 100.000M€. Con el coeficiente anterior, el volumen total con el mismo multiplicador sería UN BILLÓN €.

Echando a volar nuestra imaginación, en el boom anterior a 2007, pudiese haber ocurrido que en la fase final del proceso de expansión descrito, hubiese sido similar y  en sus últimas fases, la enorme cantidad de oferta monetaria, (“cada oferta crea su propia  demanda”), se prestase a  cientos de miles de compradores de viviendas, con hipotecas a 25, 30 años o a dos vidas y que, una vez producida aquella crisis cíclica estructural de sobreproducción,  que como todas las demás, son inevitables bajo el capitalismo, agravara los efectos de la misma.

Los Buitres pusieron a buen recaudo el montante de sus inversiones colocándolos en Paraísos Fiscales. Luego obligaron a los banqueros a ejecutar las Hipotecas que no se podían pagar porque el dinero había sido evadido por los Buitres. La oleada de desahucios fue terrible y aquel colapso ha sido dramático, cuyas consecuencias todavía perviven entre millones de damnificados.

Aquel Gobierno PP, dirigido por un tal EmPuntoRajoy cuya identidad nunca ha sido revelada,  a través de políticos del PP que trabajaron al servicio del poder financiero,  acreditado por Sentencia Judicial que disponían de una  “Caja B consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial y existente al menos desde 1989”, permitieron salvar a las Grandes Fortunas que iniciaron una acelerada y oculta Fuga de Capitales a Paraísos Fiscales, (Posteriormente amnistiados en beneficio de ellos mismos)  porque ante la dramática situación creada por la bancarrota de las Cajas de Ahorros, que produjo los “corralitos” de las Preferentes y otros desfalcos, los pequeños ahorradores alarmados acudían masivamente a retirar sus depósitos. Las reservas del “encaje bancario” no estaban siquiera al 10 %  como en EEUU sino en torno al 1%.

La catástrofe era inevitable con lo cual el Gobierno PP decidió cargar el coste del estropicio sobre las espaldas de capas medias trabajadoras, autónomos y pymes, que fueron fulminados y empobrecidos, nacionalizando pérdidas y privatizando ganancias. Gentes indignadas y alarmadas saltaron a las calles y plazas porque comprendían que el dinero había volado y no estaba en el banco donde lo depositaron. Había sido saqueado por  esos Fondos Buitres y demás corruptores del ranero pútrido creado en torno al Gobierno saliente, habiendo dejado al Estado como Herencia, una Deuda Pública de 1.161.750 Millones de Euros (31-3-18). (Han leído bien: ¡¡MÁS DE UN MILLON DE EUROS¡¡). (Qué casualidad, importe próximo al BILLÓN del proceso creado por los Fondos Buitres.

En la actualidad otros Buitres  merodean y planean buscando carnaza por las altas cúpulas del Sector Inmobiliario. En esta nueva “invasión”  (que algunos llaman “inversión”) la presa ya no es  solo Vivienda Hipotecada, como en la anterior acometida,  sino la Vivienda en Alquiler.  En las costas andaluzas, observamos nuevamente la inundación de Grúas que presagian el resurgir de la nueva Burbuja.

Se están construyendo a pie de playa inmensos edificios, dedicados en su totalidad al alquiler. Tras Barcelona, Madrid y Valencia… Málaga se encuentra en el punto de mira del problema de la subida especulativa de los alquileres, que han empezado por la Costa del Sol, donde la “quincena de vacaciones” en temporada alta ronda sobre 1.500€ de alquiler.  La situación se sigue agravando pues el problema llegó al centro de la Capital y al igual que ha ocurrido en las demás capitales mencionadas, los alquileres  están por las nubes.

El nuevo Gobierno del PSOE  se encuentra con esta patata caliente y NO es posible avanzar hacia una verdadera democracia, para atajar los abusos de la especulación y la corrupción, si no se implanta un nuevo sistema de control democrático de flujos monetarios. Necesitamos una Banca Pública que elimine el secreto bancario para desmantelar la corrupción, introduciendo la planificación y el control democrático por el conjunto de la sociedad de esos grandes flujos financieros. Alcanzado este grado de degeneración y corrupción tan enorme, un sistema monetario democrático y ético no puede estar basado en la lógica del lucro privado de esos Buitres y su modo mafioso de operar, que se ampara en el “liberalismo capitalista que protege y deja impunes sus rapiñas, su explotación y la opresión de los pueblos.

Con esos Buitres del Capitalismo es imposible que se proporcionen viviendas suficientes para los necesitados. El nuevo Gobierno PSOE debe acometer un plan de viviendas que signifique una alternativa para romper el mercado privado del alquiler especulativo. Necesitamos liberar las decenas de miles de viviendas clandestinas y en manos de la Banca especuladora, para crear una gran bolsa pública y ofertarlas en alquiler social y que no estén al capricho de los mercaderes especulativos mafioso de Buitres corruptos.

Debemos asegurar también que los recursos generados a través de los alquileres clandestinos sean reflotados y paguen impuestos, invirtiéndolos en el aumento del número de viviendas de propiedad pública. Pero no podemos detenernos aquí. Debemos luchar por un futuro digno para cada persona sin techo. Que nadie tenga que ser desahuciado sin que el Estado ofrezca una alternativa social habitacional.  Queremos una nueva sociedad basada en la solidaridad, la democracia y la igualdad donde los recursos existentes sirvan para atender las necesidades de la clase trabajadora y los sectores menos favorecidos que son los valores del Socialismo.

Necesitamos continuar luchando para poner la economía al servicio de los seres humanos y no del lucro desaforado de una pequeña minoría de estafadores organizados para delinquir. Si queremos acabar con este estado de cosas es preciso que se lleve a cabo la nacionalización del sector financiero, los monopolios y los grandes latifundios, con indemnización a los pequeños accionistas y depositarios en caso de necesidad comprobada, poniendo los recursos bajo control democrático del pueblo en su conjunto, mediante una Banca Pública,  para erradicar la corrupción, los despilfarros, los saqueos y los abusos.

Deloitte realizó su informe sin disponer de toda la información del Popular

La auditora Deloitte fue la encargada de realizar el informe de valoración que se utilizó para la intervención del Banco Popular, la venta por un euro al Santander y la ruina para más de 305.000 familias. Ese informe se ha mantenido oculto hasta este momento vulnerando presuntamente las leyes de transparencia europeas. La propia auditora reconoce en sus conclusiones del dicho informe que «la información de la que hemos podido disponer no ha sido suficiente para realizar una estimación detallada y viable». Según Deloitte la causa principal fue «la escasa disponibilidad de información a nivel de entidad individual […] falta de claridad sobre activos y pasivos intragrupo, así como al hecho de que el deterioro de la posición de liquidez es probable que dé lugar a cambios significativos en la estructura del pasivo». La propia Deloitte reconoce ya en esas conclusiones que el informe estaba orientado a la resolución, no a la valoración del Popular.

Deloitte también reconoce que de revocarse la licencia bancaria de la entonces sexta entidad financiera tendría que entrar en liquidación de manera inmediata y, por tanto, el Popular debería haber sido liquidado en base a la Ley Concursal, algo que no se hizo.

Como vemos, Deloitte hace un reproche sobre el tiempo escaso que tuvieron para realizar este informe y —esto es muy importante— reconoce que su informe no fue de valoración del Popular sino de liquidación. ¿Cómo es posible que no se le diera el tiempo suficiente para realizar un informe en el que estaba en juego la supervivencia de la sexta entidad financiera española? Por otro lado, ¿cómo se puede permitir que se solicite desde la JUR un informe de liquidación semanas antes de que se iniciara el proceso de resolución? Deloitte reconoce que se solicitó el informe el día 23 de mayo, es decir, dos semanas antes de la intervención. ¿Ya se había decidido entonces que el Popular iba a ser intervenido? Hay que recordar un hecho que ocurrió también ese día: la entrevista de Elke König en Bloomberg donde afirmó que el Popular estaba siendo vigilado. Esas palabras provocaron que salieran de la entidad más de 5.000 millones de euros de liquidez.

Deloitte, además, reconoce que el informe «adolece de un alto grado de incertidumbre» pero, a pesar de eso el informe presumía como escenario de resolución «una venta de todo el banco a través de una subasta abierta, equitativa y competitiva […] Asimismo hemos proporcionado un cálculo del valor de la entidad en liquidación y el cobro esperado por cada clase de acreedores». Además, la auditora recordaba a la JUR que había en curso un «proceso de venta privada» añadiendo que el precio de la mejor oferta que se reciba «en este proceso será la mejor y más fiable indicación del valor del banco». Sin embargo, a finales de mayo no había ningún posible comprador, tal y como reconoce la propia Deloitte en otra parte de sus conclusiones, ya que la auditora especificaba que el data room del Popular estaba en su posesión y los posibles compradores. Es decir, hay un reconocimiento implícito de que no existía ningún posible comprador, puesto que el proyecto Hyppocrates se inició el día 3 de junio, pasando el data room el día 5 de junio. ¿A qué potenciales compradores se estaba refiriendo Deloitte el día 31 de mayo?

Por tanto, Deloitte no tuvo tiempo suficiente para confeccionar el informe para que la JUR implementara y el FROB ejecutara la resolución del Banco Popular. Tampoco tuvo la información suficiente y diseñó un escenario de valoración alternativo para que la JUR decidiera entre ejecutar la resolución o abrir un concurso ordinario de insolvencia en los tribunales españoles, en concreto, Deloitte afirma que la «valoración debe incluir una estimación de las cantidades que accionistas y acreedores podrían esperar cobrar en caso de liquidación».

El criterio de valoración que utilizó Deloitte en su informe confirma que no está consentido por el derecho mercantil español y se salta toda la normativa española respecto a la declaración de procedimiento concursal, haciendo constar que la ley de nuestro país «no permite un procedimiento concursal consolidado»:

Deloitte, además, confirma en las conclusiones de su informe que las provisiones del Popular estaban en la media del sector, siendo de un 51,4% y las necesidades de provisiones para ese año 2.017 estaban cubiertas.

Otros de los motivos por los que se percibe una presunta manipulación de Deloitte en dicho estudio de valoración del Banco Popular son los activos inmateriales ya que los valora a 0 euros puesto que la integración en un negocio supone el cálculo del fondo de comercio a dicho valor. Los equipos y software denominadas plataformas digitales también los valoran en cero, si se queda con el Popular una entidad española y, si no fuera así, dicha plataforma digital tendría un valor:

Deloitte realizó un resumen de cómo confeccionó el informe que sirvió para la intervención del Banco Popular. Este resumen tiene tantos contras que es inexplicable que se permitiera la intervención de una entidad bancaria y la ruina para más de 305.000 familias. A todo ello habría que añadir las declaraciones de Fernando Ruiz, presidente de Deloitte España, en el Congreso de los Diputados en referencia a que el mecanismo único de resolución tiene graves deficiencias cuando las entidades tienen una crisis de liquidez porque está pensado para la pérdida de solvencia y, evidentemente, el Popular era un banco solvente el día en que fue intervenido.

El mero hecho de que se encargara la realización del informe dos semanas antes del 7 de junio ya indica que la decisión de intervenir al Banco Popular estaba tomada de antemano. Saracho lo sabía porque tenía contacto directo con Jaime Ponce o con Elke König y, de ahí, la afirmación que transmitió Miguel Escrig al propio Saracho el día 2 de junio cuando, en referencia a la oferta de ampliación de capital de Deutsche Bank, dijo que «DB está positivo sobre la ampliación… lógicamente sin saber la situación». ¿Por qué nadie hizo nada? La respuesta la conocemos. ¿Por qué nadie, hasta hoy, sigue sin hacer nada? Los afectados esperan que sea la justa.