martes, 5 mayo, 2026

Izquierda Unida pide que imputen al PP por Lezo y Púnica

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Izquierda Unida, personada como acusación popular en las Diligencias Previas 91/2016 y en la Pieza Separada 4, que provine de la anterior -más conocidas como ‘caso Lezo’ y de financiación ilegal del PP dentro del mismo, respectivamente- que se investigan en la Audiencia Nacional, ha registrado ante esta misma instancia judicial una solicitud para que el Juzgado Central de Instrucción Nº 6 acuerde “tener por investigados a la persona jurídica Partido Popular y a Esperanza Aguirre Gil de Biedma, acordando igualmente su declaración en calidad de investigados”.

IU entiende que sin lugar a dudas debe producirse “la declaración en calidad de investigada de la persona jurídica Partido Popular”, manteniendo, además, a la formación que lidera M. Rajoy “como parte en el procedimiento en esa condición procesal”. El escrito registrado especifica que cuando se produzca la comparecencia del PP deberá hacerlo a través del “representante legal que el partido así determine y apodere”.

La petición de Izquierda Unida va dirigida al magistrado instructor titular del Nº 6, Manuel García-Castellón. Su contenido se justifica, entre otros motivos, porque a la instrucción del ‘caso Lezo’ se han aportado “nuevos indicios sobre la perpetración de nuevos delitos vinculados a la financiación del Partido Popular entre 2012 y 2013, en concreto la información remitida al Juzgado por parte de la empresa Indra”, lo que hace pertinente las mencionadas citaciones.

Izquierda Unida (que comparte la acusación popular con otras formaciones y asociaciones) va más allá de lo que ha establecido la reciente sentencia de la Audiencia Nacional por la ‘trama Gürtel’, que condena al Partido Popular y señala su responsabilidad civil en ella, tras acreditar por primera vez ‘la existencia de la ‘caja B’ del PP’ y considerar probado que se benefició de ‘un sistema de corrupción institucional’.

El escrito apunta con claridad al magistrado instructor de la Audiencia Nacional que “resulta más que evidente que los elementos configuradores de la responsabilidad penal del Partido Popular en los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública, así como la perpetración de un delito electoral, vienen más que determinados de conformidad con la doctrina relativa a los mismos”.

El equipo jurídico de IU entiende que se debe aplicar el artículo 31 bis del Código Penal (conforme a su nueva redacción tras la modificación de 2012) sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluidos los partidos políticos, en este caso el PP, para luchar de forma efectiva contra la corrupción: ‘En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho’.

Para esta acusación popular “se sigue así la línea ya acogida también por el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid y la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Madrid para la imputación de delitos a un partido político, en este caso al PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de su ex tesorero y también querellado Luis Bárcenas”. Todo ello se ratifica, además, conociendo que “quien de manera directa ha podido realizar tales actuaciones” es el entonces secretario general del PP de Madrid y presidente de la Comunidad Autónoma madrileña (CAM), Ignacio González.

“A la par -apostilla el escrito-, este modo de actuar por parte del Partido Popular de Madrid debe ser puesto en conexión con los delitos de organización criminal, de la que el PP se habría beneficiado, y del delito de encubrimiento, obstruyendo sus principales dirigentes la acción de la justicia por acción u omisión”.

Esto es así porque de los hechos objeto de investigación en esta causa “se desprende de forma indubitada que en el trasfondo de las actividades criminales que realizaba la organización criminal que comandaba Ignacio González, secretario general del PP de Madrid, se encontraba el propio Partido Popular”.

IU entiende que los datos conocidos hasta ahora en esta causa apuntan a que este partido “aparece beneficiario directo de las actividades de la trama, por lo menos en lo concerniente al desvió de fondos desde ICM al Partido Popular en los ejercicios 2012 y 2013, existiendo pocas dudas de la absoluta falta de control interno que hubiese podido evitar la comisión de tales delitos y el aprovechamiento de fondos de una institución pública como la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid para el pago de gastos de campaña”.

Izquierda Unida detalla en su escrito al Juzgado Central de Instrucción Nº 6 que se ha producido una “auténtica depredación de dinero público en beneficio exclusivo del PP, partido que por otra parte no habría reflejado dichos ingresos a la Hacienda pública, habiéndose valido igualmente para esta ilícita conducta de la empresa Indra, tal y como se puede deducir de la información que la citada empresa ha puesto recientemente a disposición de este juzgado”.

Considera también que por lo avanzado en la investigación “el desvío de fondos desde ICM e INDRA hacía el Partido Popular se realizó entre 2012 y 2013, es decir, una vez ya había entrado en vigor la reforma del Código Penal que permite la imputación de los partidos políticos”.

De ahí que la acusación popular que representa IU reconozca que le “sorprende la posición de la Fiscalía”, toda vez que “es palmario que el Partido Popular y sus finanzas están siendo investigadas, siendo que han participado en dicha operativa para financiar ilícitamente al PP, detrayendo fondos del erario público, el secretario general del PP de Madrid así como otros diputados y cargos del Partido Popular, estando igualmente imputado el responsable de finanzas del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, por lo que es evidente que nos encontramos, indiciariamente, con elementos que nos permiten calibrar de forma fácil que el partido, como persona jurídica, pudiera ser responsable penalmente de los hechos investigados”.

Además, sobre la declaración en calidad de investigada de Esperanza Aguirre se apunta que la que fuera máxima responsable del PP en Madrid tenía “un perfecto conocimiento de la mayoría de las actuaciones supuestamente delictivas objeto de investigación en esta pieza separada y que consistían en desvíos de fondos hacia el Partido Popular para financiación del mismo u otros fines”.

“No puede tampoco obviarse la responsabilidad que por razón de su puesto como presidenta de la Comunidad de Madrid, determinada en el Reglamento de Funcionamiento del Partido Popular en la Comunidad de Madrid vigente, según consta en su página web y que le otorga la máxima soberanía, ilustra el absoluto control y gestión que ha desarrollado dentro del partido político”, indica el escrito de petición a la Audiencia Nacional.

Por todo ello, entiende esta representación que “existen sobrados elementos indiciarios como para que la Sra. Esperanza Aguirre comparezca en sede judicial en calidad de investigada para responder sobre su participación en posibles delitos de encubrimiento, dada su omisión, en principio consciente, para denunciar las actividades ilícitas llevadas a cabo por Ignacio González y su red corrupta y, en relación a la conducta del propio Partido Popular relativa a la comisión de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, estafa, tráfico de influencias, contra la Hacienda pública y delitos electorales”.

Para el equipo jurídico de IU, “lo que resulta palmario es que la Sra. Aguirre debe comparecer ante esta instrucción para dar cuenta de su conocimiento de los hechos y relación con los mismos, siendo que su grado de implicación, complicidad y cercanía con el principal cabecilla de la trama corrupta, además de la propia responsabilidad que tenía como presidenta del PP de Madrid y de la CAM, hace que su comparecencia con plenas garantías constitucionales solo puede realizarse en la condición de investigada, con aplicación de todos los derechos a los que pueden acogerse los investigados en la causa”.

Por otra parte, Izquierda Unida y el resto de formaciones y asociaciones solicitan también en el mismo escrito al Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional que les tenga por personados “como acusación popular en la Pieza Separada 14 de las Diligencias Previas de referencia marginal (85/2014)”, más conocida como los hechos referentes a la financiación ilícita del Partido Popular dentro de la conocida como ‘trama Púnica’.

Andreu podría estar planteándose aplicar medidas cautelares en el Caso Banco Popular

Diferentes fuentes cercanas a la Audiencia Nacional y del sector empresarial, sin ninguna relación entre ellas y sin ningún tipo de interés en la resolución del Banco Popular han confirmado a Diario16 que el juez Fernando Andreu podría estar planteándose la aplicación de las medidas cautelares sobre la operación por la que el Banco Popular fue intervenido y vendido por un euro al Santander con el resultado de la ruina de más de 305.000 familias. El pasado verano el propio Andreu decidió no aplicarlas porque, según su criterio, no había ningún tipo de urgencia.

Sin embargo, los últimos acontecimientos, la documentación recibida en la Audiencia, las revelaciones de Diario16, las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción en referencia a varias denuncias interpuestas por diferentes asociaciones de afectados contra los verdaderos responsables de la operación, entre ellos el Santander, la aceleración por parte de la entidad presidida por Ana Patricia Botín de la eliminación de la personalidad jurídica y la marca del Banco Popular, la entrada en el caso de la Justicia de los Estados Unidos por las demandas interpuestas por importantes fondos y por grandes accionistas, la posición del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) respecto a la JUR y que, tal y como publicamos en Diario16, juzgará al organismo presidido por Elke König por 6 presuntos delitos y la «inminente» apertura de la pieza de calificación del concurso de acreedores del Popular, todo ello, según las fuentes consultadas por este medio, estaría provocando que Fernando Andreu se estuviera planteando la adopción de medidas cautelares contra la operación del Banco Popular.

Ante todas estas evidencias no es comprensible que, en primer lugar, la instrucción esté siendo tan lenta y aún no se haya llamado a declarar a ninguno de los presuntos responsables de la operación. En segundo lugar, es incomprensible que, mientras existen demandas por enriquecimiento ilícito contra el Santander, ningún juez, Andreu incluido, haya adoptado medidas cautelares para evitar que el banco cántabro desguazara el patrimonio del Popular y, por extensión, el de los accionistas en el caso de que la Justicia determinara la ilicitud de la operación. En tercer lugar, es ilógico que, con las evidencias publicadas por Diario16 respecto a la presunta nulidad de la intervención y posterior venta por un euro —firma «presuntamente» falsa de Saracho, finalización de la subasta fuera de plazo o inicio de los procesos de intervención sin que el Popular hubiera sido declarado likely to fail— ningún juez haya aplicado medidas cautelares o impuesto fianzas contra el Santander.

Esta posibilidad de que Andreu pudiera adoptar medidas hizo que, una vez que transcendiera a algunos medios afines al Santander, comenzaran a lanzar un ataque furibundo contra el juez llegando a utilizar términos que alguien podría interpretar como una descalificación directa. A medida que pasan los años, las personas vamos ganando en libertad y seguramente el juez Andreu estará en otras condiciones personales y profesionales que las que pudiera tener en el año 2.012 cuando archivó la causa del fraude fiscal de la familia Botín por las cuentas que tenía en el HSBC suizo al considerar que los banqueros habían reparado el pago de las deudas que tenían pendientes con los casi 200 millones de euros abonados por los Botín en las declaraciones complementarias por los 2.000 millones ocultos en Suiza.

Para que las más 305.000 familias arruinadas para rescatar al Santander puedan recuperar lo que se les hurtó en la madrugada del 7 de junio del año pasado, la Justicia deberá imponer estas medidas cautelares. Si, finalmente, Andreu lo hace podremos decir que nuestro tercer poder está siendo justo.

Albert Rivera moviliza a «sus tropas» para tomar la Moncloa con la complicidad irresponsable del PP

La sentencia de la Gürtel ha dejado claro que el Partido Popular ya no es la carta ganadora de las élites financieras. Tienen otra figura sobre la que asentar su apuesta para tener a «uno de los suyos» en el poder: Albert Rivera. Sin embargo, el paso adelante dado por Pedro Sánchez y el PSOE ha generado miedo en estas élites. No pueden permitir que, en la tesitura actual en la que están tomando el mundo, la cuarta economía de Europa esté gobernada por partidos que, en teoría, aplicarán su acción de Gobierno para demoler la obra de M. Rajoy, una obra que ha ampliado la desigualdad porque, mientras más de un 25% de los ciudadanos no gana lo suficiente para vivir dignamente el número de millonarios se ha incrementado en un 60%.

Por esta razón, Albert Rivera, la apuesta de las élites financieras, movilizó a todas sus tropas para tomar la Moncloa. Las reacciones al anuncio de la moción de censura han sido furibundas, sobre todo por los grandes medios de comunicación que están controlados por el IBEX 35 y las grandes familias de este país. Si un extraterrestre aterrizara en España y leyera los editoriales de los grandes medios pensaría que en este país hay implantado un pensamiento único. Todos los medios tradicionales a nivel nacional, sin excepción, reclamaban a M. Rajoy la convocatoria inmediata de elecciones, exactamente lo mismo que exigió Ciudadanos aun sabiendo que eso era imposible porque la propia Constitución impide disolver las Cortes mientras se esté tramitando una moción de censura. La Carta Magna que utilizaron como ariete para impedir el diálogo en el Procés catalán ahora puede incumplirse porque Albert lo necesita. Parece que hay que tomar el Palacio de la Moncloa al precio que sea, incluso exigiendo que se incumpla la ley. En menos de dos semanas Ciudadanos ya lo ha demandado en dos ocasiones con el aplauso de la claque mediática patrocinada por las élites financieras nacionales e internacionales. Hace menos de una década nadie podría pensar que diarios como El País, El Mundo o ABC no podrían coincidir en sus editoriales. Ahora sí es posible porque quien manda en esos medios son los mismos que pretenden imponer a Rivera como presidente de gobierno.

El líder de C’s no se esperaba que Pedro Sánchez tuviera la osadía de romperle el plan. La sentencia de la Gürtel le ponía en bandeja la convocatoria de elecciones y, tal vez, pensó que todos los partidos se unirían a esa estrategia. Sin embargo, los socialistas le rompieron todos los esquemas, a él y a las élites que le sostienen, e hicieron lo que, por ética y moral, estaban obligados a hacer: presentar una moción de censura para, desde el progresismo y el servicio al pueblo que se le supone, mostrar que se puede hacer grande a España sin apostar por las políticas ultraliberales. Esto las castas no lo pueden permitir.

A esta presión se ha unido el propio Partido Popular. Las declaraciones de los principales dirigentes, entre los que se encuentra el propio M. Rajoy, van orientados a sembrar el miedo. Ahí tenemos el informe filtrado a los medios que controlan en el que, entre otras cosas, afirman que la presentación de la moción de censura provocará un grave descalabro a nuestra economía o la pérdida de miles de puestos de trabajo. Tal vez esto último sea la afirmación de los empleos que los empresarios que se han lucrado con las medidas de M. Rajoy están dispuestos a destruir para dinamitar un gobierno progresista. ¿Es que en el PP no se dan cuenta de que le están echando gasolina al incendio que pretende provocar Rivera si llega al poder? Por otro lado, ¿por qué el PNV tan solo hace tres días no ponía para aprobar los presupuestos a M. Rajoy las condiciones que pone a Pedro Sánchez para apoyar la moción de censura? Tal vez sea por más de lo mismo.

Las propias élites económicas, financieras y empresariales que sostienen y patrocinan a C’s han reaccionado de una forma virulenta provocando que suba la prima de riesgo o que se desplome la bolsa. Estos sectores privilegiados y que serán los máximos beneficiados si Rivera toma el poder no pueden permitir que Pedro Sánchez llegue al Gobierno y aplique el programa de reformas que se entiende que implementará con el fin de devolver al pueblo lo que M. Rajoy les arrebató durante la X Legislatura y que no ha sido posible aplicar por el bloqueo constante de C’s y del PP. Las castas que patrocinan y sostienen a Rivera no pueden permitir que se derogue una reforma laboral que ha permitido que los beneficios empresariales se incrementen un 1.000 por ciento más que los salarios; las élites no pueden permitir que se aumenten las medidas contra el fraude fiscal de las grandes empresas o las grandes fortunas, como tampoco pueden aprobar que se permita a los bancos que arruinen a cientos de miles de ciudadanos para mejorar sus cuentas de resultados. Las castas nacionales e internacionales prefieren tener a corruptos, a amigos de corruptos (españoles o latinoamericanos) o a quienes se aprovecharon de la corrupción en el poder a que los beneficios del capital reviertan en el pueblo.

Esto mismo que está ocurriendo en España con la moción de censura está pasando en Italia. La formación de un gobierno a través de un acuerdo entre partidos euroescépticos provocó que pusieran los medios suficientes como para que la prima de riesgo del país transalpino se situara por encima de los 200 puntos básicos.

Pedro Sánchez no puede ceder a las presiones y tiene la obligación de gobernar para el pueblo, demoler la obra de Rajoy y devolver el país a sus ciudadanos. Es lo menos que se espera de un socialista que recuperó la secretaría general del PSOE afirmando que ellos «son la izquierda». Por esta razón, el pueblo ha reaccionado y se ha despertado una esperanza que hacía tiempo que se había perdido tanto en los socialistas como en Podemos. Pedro Sánchez tiene la posibilidad de desmontar a Albert Rivera. En primer lugar, no plegándose a las políticas que pasan de joseantonianas a la sociopolítica de los filósofos hitlerianos que el líder naranja pretende imponer. Los verdaderos socialistas no se lo perdonarían. En segundo lugar, debe presentar un programa que le permita gobernar hasta el final de la legislatura con el apoyo de Podemos y otras fuerzas progresistas. En tercer lugar, tiene la posibilidad de demostrar al resto de España que para arreglar la confrontación territorial el diálogo es el mejor camino en vez del enfrentamiento o el nacionalismo patriotero de Rivera. En cuarto lugar, Pedro Sánchez deberá actuar desde el consenso con otras fuerzas de izquierda, sobre todo con Podemos, para crear un programa de gobierno para los ciudadanos y no para las falsas razones de Estado. En quinto lugar, el secretario general del PSOE debe iniciar todos los procesos necesarios para iniciar las reformas imprescindibles para la regeneración democrática de España, algo que con Rivera sería imposible.

Son muchas las razones y, sobre todo, muchos los beneficios para el pueblo. Sánchez no puede volver a decepcionar a la gente. Antonio Machado ya retrató a Rivera cuando afirmó «En todas partes he visto/caravanas de tristeza,/soberbios y melancólicos/borrachos de sombra negra,/y pedantones al paño/que miran, callan, y piensan/que saben, porque no beben/el vino de las tabernas./Mala gente que camina/y va apestando la tierra…».

La presentación de la moción de censura ha abierto un rayo de esperanza. Como dice la cantante italiana Noemi en uno de sus temas «Ahora se levanta un viento que barre las nubes». Sánchez no puede permitir que las nubes azules o naranjas vuelvan a cubrir el cielo o derramar pedrisco contra el pueblo. Pedro, hazlo, sé valiente y el pueblo te abrazará porque habrás impedido que Rivera y sus huestes tomen la Moncloa.

La ineficacia de las medidas para recuperar el dinero de la corrupción del PP

¿Qué hay de cierto en esa opinión comúnmente extendida de que el político corrupto, tras cumplir una pena más bien breve y benigna, sale de la prisión con un buen pellizco bajo el brazo (producto de años de robo y saqueo) para gozar holgadamente de un retiro dorado? Lamentablemente, la experiencia nos dice que no nos faltan razones para desconfiar y hasta para pensar mal. Luis Roldán jamás devolvió el dinero que robó a la Guardia Civil; el banquero Mario Conde consiguió ocultar un buen remanente del Banesto (hasta 14 millones) con el que fue tirando durante un tiempo; y ahora la nueva hornada de presuntos corruptos del PP que nos llega, los Bárcenas, González, Granados, Matas o Rato, parecen seguir los mismos pasos que sus antecesores en la ocultación de un patrimonio amasado ilegalmente y que no les pertenece. Quizá por ello, al ciudadano ya no le basta con que los detenidos acaben en cárceles de alta seguridad que más bien parecen hoteles de lujo con piscina y gimnasio, sino que exige saber qué ha sido de su dinero y la restitución de lo robado a las arcas públicas.

Lamentablemente, esta exigencia ciudadana rara vez se ve satisfecha, ya que los prebostes del Gobierno popular implicados en los últimos escándalos, esos mismos gobernantes que van de fervorosos patriotas pero que tienen el dinero bien amasado en Suiza o en las Caimán, disponen de los mejores abogados, de buenos contactos en el extranjero, de fieles testaferros, de sociedades offshore que se pierden en refugios caribeños y de suficientes herramientas financieras como para poner a buen recaudo su botín hasta que, una vez saldada su deuda con la Justicia, llegue el día de salir de prisión y gozar de su ilícita fortuna.

Hasta el momento las medidas que se están adoptando para tratar de restituir los fondos sustraídos al erario público, como la puesta en marcha de la Oficina de Recuperación de Activos –un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, pero escasamente dotado de personal, ya que hasta hace poco solo contaba con un empleado a media jornada– no parece que vayan a dar los resultados esperados, al menos a corto plazo. Lo cual resulta alarmante, ya que si repasamos uno por uno cada caso de corrupción del PP que se ha enjuiciado a lo largo de 2017 llegaremos a la conclusión de que, por desgracia, los malos casi siempre ganan y terminan saliéndose con la suya en su ambición desmedida por quedarse con una parte del tesoro que robaron en su día.

Corrupción Popular: el Annus Horribilis de M. Rajoy

http://diario16.com/producto/revista-no-19/

Albert Rivera se “esconde” de la moción de censura

Debe estar en su casa de un millón de euros (eso cuentan en los mentideros), acurrucado en un rincón, con los brazos abrazando las piernas y moviéndose cual mecedora diciendo “¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí?”. Entre sollozos, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, estará buscando una explicación a esta falta de respeto que le tienen los socialdemócratas al presentar la moción de censura. “¿Es que no se han dado cuenta de que soy el elegido del establishment?” se pregunta en su rincón sin encontrar respuesta. Pedro Sánchez, con quien pactaba cosas en el pasado y con quien luchaba contra el populismo, le ha sacado de la partida. Justo cuando él, sí él, ya había comenzado su estrategia (pactada con los jefes de los medios de comunicación del establishment, esos mismos que hoy piden elecciones anticipadas) para derribar a M. Rajoy. La táctica Gila por él diseñada se fue por el retrete al día siguiente, justo en cuanto Sánchez firmó la moción.

El caso es que esta situación ha provocado que Rivera haya desparecido del espectro mediático desde el mismo viernes. Nada se sabe del jefe del fascio naranja. Ha desparecido, como ya le ocurrió en otra ocasión. Cuando en una situación así hasta Rajoy ha pospuesto su viaje a Kiev para ver la final de la Champions y han salido todos los jefes de los distintos partidos políticos de España, él no está. Y en este caso sí se le esperaba. Pero no. Ha decidido tomar un atajo y desaparecer de los medios de comunicación dejando toda la labor en José Manuel Villegas, que no es que sea el más avezado alumno de una escuela de oratoria, ni tiene mucha capacidad intelectual; o en Begoña Villacís, que sonríe mucho pero no se sale de los cuatro argumentos aprendidos.

No es de extrañar, por tanto, que se hayan escuchado la mayor riada de sandeces políticas y errores de primero de parlamento. Que si Rajoy convoque elecciones anticipadas (que no se puede con una moción presentada); que si moción instrumental para convocar elecciones (las mociones deben ser constructivas); que si el PSOE retire a Sánchez y pacte un candidato independiente (tampoco se puede hacer), que no independentista, no se asusten; que si Sánchez es malo, malísimo; que si va a pactar con secesionistas y populistas; que si va a vender España; que si… sigan poniendo ustedes mismos todas las frases típicas del cuñadismo patrio. El caso es que cada vez que abren la boca sube el precio del pan y quedan retratados como lo que son, unos incapaces que están ahí gracias al apoyo de la coalición dominante.

Así Villacís, ufana y sin que se le corra el rímel del cuñadismo, afirma que en Ciudadanos no están “para satisfacer el ego de Pedro Sánchez, sino para convocar elecciones y devolver la voz a los españoles”. Lo primero mejor dejarlo pasar porque de egos van sobrados en Ciudadanos, uno por cada militante, pero lo gracioso es que dicen estar para convocar elecciones (¿cómo?) y devolver la voz a los españoles (¿las voces del parlamento no son de españoles?). ¡Si no pueden porque son cuatro y el de la moto! Se creen tanto las encuestas que piensan que ya son la primera fuerza, cuando son la cuarte. Por eso quieren elecciones para gobernar ellos y ellas y satisfacer sus egos. Y servir a los que les vienen financiando y dando cobijo mediático.

Además, no escuchan lo que dicen los demás. Se ponen a leer a Inda y otros cuatro corifeos del facherío mediático y se lanzan a decir mentiras. Algo que tampoco sorprende porque llevan haciéndolo desde el principio. Dentro de esa locura, Villacís (que quiere ser alcaldesa, ¡pobres madrileños!) dice que la moción es una “muy mala noticia para España porque se creará un gobierno Frankenstein en el que la España unida y estable será moneda de cambio con los que quieren romper el país”. La Unidad de España como destino universal vuelve a aparecer, ese joseantonismo les puede. Pero lo que es curioso es que es falso. El PSOE ha dicho por activa y por pasiva que llevarán adelante un gobierno monocolor, es decir, del PSOE solamente. Así que no hay ningún monstruo. Un monstruo, por cierto, que era el símbolo del poder del hombre por encima del de dios. Vamos lo que le gusta a Rivera, ser más que nadie en esta vida. La amenaza a la unidad de España y el nacionalismo tradicionalista asociado a ello, para dar un golpe de Estado blando con el apoyo del establishment. Y en vez de robar a manos llenas, como con el PP, privatizar todo lo público pero pagado con el dinero de todos en favor del enriquecimiento de unos pocos.

El caso es que la desaparición de Rivera ha dejado a Ciudadanos sin su voz más autorizada justo en el momento más importante. Cuando no se puede hacer más cuñadismo, sino que hay que implicarse y explicar la propia posición sin dudas y con total claridad. Cualquier entrevista en algún medio amigo, es decir, menos tres todos los demás, hubiese dotado a su figura de cierto prestigio en momentos así. Pero queda claro que el presidente de Ciudadanos sólo sirve para hacer populismo, para intentar remover las entrañas más diabólicas de España, para la lucha antagónica, para la política basura y no la que de verdad importa a la ciudadanía. Le han ganado la mano desde el PSOE y no sabe cómo reaccionar. Malo para alguien que quiere gobernar España. Porque lo fácil es ser cobarde como Rivera en estos momentos.

Compromís apoyará a moción de censura para extirpar el cáncer del PP

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha defendido este domingo en la ciudad de Alicante  la moción de censura contra M. Rajoy presentada en el Congreso de los Diputados como una decisión que “elegirá entre la corrupción y la democracia. Compromís puede decir que sí a la moción por que desde el principio hemos puesto siempre las mismas condiciones: un gobierno para las personas y que garantice la igualdad financiera entre los territorios”.

“Lo primero que se tiene que hacer con un cáncer es quitar el tumor y después decidir el tratamiento. Ya está bien de rajoyadas, se trata de derribar la vergüenza que nos invade cada vez que encendemos el ‘telediario’”, ha continuado Oltra, “fuera el gobierno de la indecencia. ¿Dónde están Aguirre y Camps? ¿Os acordáis de su Eje de la Prosperidad? Resultó ser el Eje del Mal”.

“Hemos venido para quedarnos, no estamos aquí por el poder sino para mejorar la vida de las personas. Nuestro objetivo nunca fue ‘asaltar los cielos’, siempre ha sido mejorar la vida de las personas. Y al señor Rivera, le digo, puesto que usted no distingue la pluralidad como mínimo ha de hacer un esfuerzo para distinguir entre los españoles corruptos y los honrados. Si Ciudadanos no apoya la moción de censura será cómplice de utilizar la bandera para esconder detrás toda la suciedad de la corrupción”, ha considerado la vicepresidenta ante las 500 personas que han acudido al acto de conmemoración de los tres años del Gobierno del Botánico.

Las primeras espadas de Compromís han estado presentes en el acto celebrado en el parque de Las  Antiguas Cocheras del Tranvía de Alicante. Han asistido los dos consellers alicantinos Manuel Alcaraz y Rafael Climent; el presidente de Les Corts, Enric Morera; el portavoz en la cámara autonómica, Fran Ferri; los diputados alicantinos Josep Nadal, Cristina Rodríguez, Marian Campello; además de los alcaldes y alcaldesas, así como los cargos municipales de la coalición, llegados de todas las comarcas del país y sobretodo de las alicantinas.

“En dos años de Rajoy no se ha hecho nada para mejorar la vida de las personas. Y tenemos que decir que las cosas pueden ser diferentes, hay dos gobiernos en la península ibérica que están cambiando las cosas: ¡el de Portugal y el del País Valenciano! Gobernamos mejor porque sabemos cuál es la prioridad: ¡las personas! Dais ejemplo de trabajo, generosidad, lealtad, tenemos que exportar nuestro modelo en Madrid, la protesta contra la infrafinanciación que afecta al bienestar, a la igualdad, esa que lastra la competitividad y por eso hay que cambiar un gobierno que huele a putrefacto. Bonig dijo que la reconquista de la provincia empezaba en Orihuela, nosotros lo que podemos asegurar es que la reconquista de la Ayuntamiento de Alicante empieza aquí”, ha manifestado el portavoz al Congreso, Joan Baldoví, antes de dar paso al regidor y candidato en las últimas elecciones por Alicante, Natxo Bellido.

Recuperar Alicante

Bellido ha cogido el relevo para decir que “gobernar nos ha venido bien para ser mejor partido. En Alicante la mayoría de los proyectos en marcha del ayuntamiento tienen el nombre de Compromís, a pesar del ruido de algunos que han trabajado para que no se puedan ver. Sufrimos de ver gobernando Alicante al mismo partido que la colapsó. Entendemos a los que están enfadados, desilusionados, pero no podemos quedarnos así, Alicante necesita un proyecto y fuerzas que trabajen juntas y por eso algunas de ellas tienen que reflexionar y acabar con luchas de más de 20 años. Ha funcionado en Elche, Castelló, Valencia… Tenemos gobiernos honrados y se ve en esta semana negra para el PP de Zaplanas  y Alperis. Hemos cometido errores, pero somos coherentes, preferimos la ética a la aritmética. Somos el único grupo en el Ayuntamiento que no tiene tránsfugas, ni peleas internas, ni regidores que abandonan su cargo, porque no hemos parado de trabajar”.

La primavera valenciana continúa

“Hace tres años estuvimos justo aquí, en este mismo escenario y sabíamos que algo grande estaba por pasar, sabíamos que éramos parte de un momento importante de nuestra historia. Y hoy volvemos aquí con los deberes hechos, no somos una anécdota”, ha continuado la portavoz adjunta a las Cortes, la ilicitana Mireia Mollà. “Hoy tenemos 5.000 profesores más en las escuelas, nuestros y nuestras alumnas tienen los libros gratis, 20.000 dependientes ya no están en el cajón del olvido,  defendemos el Pativel porque estamos junto a nuestro territorio y no de los especuladores… Todavía somos esa primavera valenciana que salió a la calle, esa generación de jóvenes que se puso  ante el poder del PP. Nuestro gran anuncio como gobierno no va en Ferrari, va con una renta de inclusión para  la ciudadanía. No estamos haciendo magia, tenemos un programa, el cabet al treball y a gobernar!”, ha sostenido Mollà quien además a querido advertir de la batalla política que está para llegar. “Cuidado con ese Partido Socialista que quiere hacer su camino en solitario, cuidado con ese partido que sólo ve españolas cuando mira a las kellys, que sólo ve españoles donde hay pensionistas que no llegan al final de mes. A Ciudadanos  tenemos que decirles que si no ven que se hagan a un lado, que nosotros el camino lo vemos claramente”.

El cambio

“Nos queda un año muy intenso, de mucho trabajo, el cambio no para. Y el cambio es Compromís, esto no hace falta defenderlo en Alicante. Esta ciudad sabe el porqué no han funcionado las cosas, basta con mirar en otras ciudades como la de Valencia donde está la diferencia entre cómo ha funcionado una ciudad y la otra”, ha defendido el regidor de Movilidad de Valencia, Giuseppe Grezzi, quien ha acabado manifestando que “haremos a Mónica presidenta y el cambio se acelerará”.

“Hemos hecho frente a los corruptos, a Zaplana, a José Joaquín Ripoll, a Camps, Rus, Fabra, Costa, Milagrosa Martínez…César Sánchez, ese dejà vu de Francisco Camps, decía el otro día que estaba harto de Compromís y es normal, continuaremos haciendo frente a la corrupción y construyendo gobiernos. No podemos confiar del bipartidismo porque no quieren cambiar nada. ¿Cómo puede ser que el 27 de mayo de 2018 todavía estén dando subvenciones según el color político de los alcaldes? Eso ya no pasa en los gobiernos donde Compromís tiene algo que decir”, ha destacado el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, quien ha abierto las comparecencias y ha sido el encargado de dar la bienvenida a todas aquellas personas que han querido atender al acto.

La fábula (capitalista) del Coyote y el Correcaminos

Desde la Antigüedad la utilización de los mitologemas, las fábulas o los cuentos han servido para la educación de las personas, para el encaje en el sistema en el que se encontraban (o su desencaje en los tiempos de cambio). Fórmulas escritas o narradas para situar al ser humano dentro de un mundo que, más que comprender, debía asumir. Desde el siglo XIX, al menos, esto viene reforzado por la extensión de la literatura y demás artes escénicas (el teatro también ha sido fundamental en este sentido) a una gran parte de la población. ¿Qué es el Frankenstein de Mary Shelley sino el reforzamiento del poder del hombre sobre la naturaleza y la muerte de dios que proclamaba la Ilustración, con sus problemas? Hoy en día estos mecanismos de transmisión de mitologemas y pensamiento hegemónico se han ampliado, pero nuestras criaturas menores siguen estando afectadas por esas narraciones que marcan pautas sociales o comportamientos laborales, cívicos y políticos (otro día hablaremos de Bob Esponja). Para los que están rondando los cuarenta y tantos, al menos en España, las aventuras del Coyote y el Correcaminos han sido fuente de risas y de inoculación de diversas pautas por parte del sistema. Una fábula capitalista que han incrustado en el subconsciente colectivo del ser humano día tras día.

Sin duda las aventuras y desventuras de Willie E. Coyote han hecho gracia a dos o tres generaciones. Esas caídas al vacío tan recurrentes; esos túneles falsos; esos caminoes o trenes que aparecían de la nada; esas armas prodigiosas que no lograban su cometido; todo ello no ha sido mero entretenimiento. Desde la Warner Bros nos han estado educando para la vida… capitalista. Lo podrían vender como una lucha entre el bien y el mal, en la que siempre vence el bien. Aunque no se sepa muy bien por qué el bien debe ser el correcaminos y no el coyote. Lo pueden vender como una loa a la libertad y el no dejarse atrapar. Pero no es más que una distopía capitalista, al fin y al cabo.

El correcaminos es el “individuo” libre del liberalismo, esa construcción ideológica que nos dice que los espíritus libres no pueden caer presa de lo natural, que en este caso es el Coyote como símbolo de la sociedad depredadora (del Estado de bienestar). Frente a una sociedad que se vende como asfixiante para el ser individualizado, el Correcaminos es la más “pura” representación de la libertad del ser. Frente a la naturaleza y la sociedad ha de prevalecer el individuo. Una forma narrativa en la que quedan claros los símbolos y las intenciones. Lo social, lo grupal, que nos protege de forma natural-social como se ha visto en la última crisis, se presenta como malo, como depredador. Y en estos dibujos lo que se presenta es la victoria del individuo frente a lo colectivo. Lo bueno es lo que construye a individuos que se enfrentan a los depredadores sociales. Sólo hay que recordar las proclamas neoliberales contra los programas sociales y las ayudas a los parados de larga duración. Es, también, la ejemplificación de la libertad frente al Estado, lo social, lo grupal, que sólo se puede conseguir mediante un individuo libre. Es más, el propio del ave (roadrunner) es la representación de un significante de libertad individual. El que recorre los caminos de forma individual logrando el éxito.

Porque nos venden mediante esta “forma mítica” que el éxito es de las personas individuales. Si se fijan bien en los textos neoliberales no se habla de empresarios, sino del empresario. No se habla de seres humanos, sino del ser humano. Tantos y tantos análisis empresariales realizados sobre la figura individual del dirigente de turno. La exaltación de figuras como el fundador de Apple, Steve Jobs, o de otros personajes empresariales (que fracasaron y llevaron a la quiebra a numerosas empresas como Lee Iacocca en Chrysler) es la lógica que se simboliza en el Correcaminos. ¿En qué punto del camino se han olvidado de Stephen Wozniak o Ronald Wayne como co-fundadores de Appel, o a todos los equipos de desarrollo y creación? En el mismo en el que no interesa hablar de la superioridad de lo grupal. Como mucho se habla de un supuesto líder que forma equipo y arrastra a ese equipo. Todos mecanismos para falsear el poder grupal y sus beneficios. El Correcaminos rompe esa lógica grupal para extender la virtud del individuo como generador del éxito. Un buen líder (que no son más que falsos líderes) genera un buen equipo… de seguidores, de masa, de no exitosos. El Coyote debería aceptar su destino de seguidor mediocre y quedar bajo el yugo del éxito en la vida, que es un éxito capitalista e individual.

¿Por qué nos gusta más el Coyote al final? Porque no deja de ser un recuerdo de lo que somos en realidad. Seres sociales que necesitamos unos de otros para sobrevivir. El idola tribu del neoliberalismo es el Correcaminos, pero el ídolo del pueblo es el Coyote. Un Coyote que se ve afectado por el sistema capitalista y que, en su individualidad, es incapaz de subvertir el orden creado. Un Coyote que trabaja, se esfuerza, pone en marcha el sistema, pero que es laminado por el propio sistema (así sea un tren o un camión); o enviado al fondo del abismo cuando muestra su rebeldía. Un Coyote que para sobrevivir se ve impelido por el sistema al consumismo de las grandes corporaciones (¿Qué es ACME sino el símbolo del monopolio imperialista del capital?). ¿Por qué, como siempre nos hemos preguntado, no deja de comprar armas y demás utensilios para cazar al Correcaminos, y compra comida? Porque si lo hiciese rompería la lógica consumista de la fábula capitalista que nos venden. El fetichismo de la mercancía es completamente evidente en la adquisición de los bienes necesarios para cumplir los sueños: eres tanto como tienes o gastas, se nos dice. Se niega cualquier otro tipo de liberación del ser humano y de la sociedad que no sea el consumo masivo y la adquisición de bienes-fetiche.

Es en este momento cuando la fábula que nos inoculan desde el sistema se transforma en distopía. No están enseñando a ser buenos capitalistas y valorar el individualismo, pero también lo malo del propio sistema de dominación. En un proceso dialéctico, gracias a la figura del Coyote, se nos dice que no es posible la subversión del orden capitalista; que hay que aguantar la explotación; que cualquier tipo de emprendimiento lo único que conlleva es el dolor personal, la enfermedad o el abismo; que la rebeldía es mala; que hay que aceptar las cosas como son; que, al final, rebelarse frente al capitalismo y su dogma neoliberal es el mal y el fracaso. El Coyote es soviético, marxista, social, mujer, negro, india, raza inferior, migrante, rebelde, pobre, trabajadora, pueblo, ciudadana y todo aquello que es contrario a la lógica sistémica. Todo aquello que debe someterse al Correcaminos, el individuo triunfante del neoliberalismo. Una distopía del sometimiento al poder del capital. La lucha por un orden mejor y más social cae por el abismo cuando lo hace el Coyote. Sólo sirve para consumir fetiches y perder. La próxima vez que vean dibujos animados, atentos que no es oro todo lo que reluce.

El PSOE apoya la huelga de las trabajadoras y trabajadores de la limpieza de las instalaciones de la Administración regional

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional Emilio Ivars ha asegurado que el PSOE apoya la huelga convocada por las trabajadoras y trabajadores de la limpieza de las instalaciones de la Administración regional.
 “Nos hemos reunido con representantes de este colectivo para conocer a fondo su problemática y sus demandas. Unas demandas justas y absolutamente necesarias, pues se trata de revertir los recortes que en el año 2012 se les impusieron por parte del Gobierno regional y que, a día de hoy, siguen estando vigentes”, ha explicado Ivars.
“El Gobierno regional ha aprovechado la excusa de la crisis para recortar el salario de estas trabajadoras y trabajadores, recortarles su horario de trabajo, pero ni han recortado la carga de trabajo que soportan, sino todo lo contrario: cada vez tienen que soportar una carga mayor, lo que provoca una precariedad sin precedentes provocada por la propia Administración regional”.
El PSOE apoya las movilizaciones convocadas por estas trabajadoras y trabajadores, comenzando por la huelga de mañana lunes, así como las próximas concentraciones y manifestaciones que se van a llevar a efecto. Al mismo tiempo, “vamos a solicitar la comparecencia del Consejero de Hacienda para que explique las razones por las que todavía se siguen manteniendo estos recortes absolutamente injustos y nos dé soluciones y plazos para revertirlos”, ha concluido Emilio Ivars.

El II Plan de Igualdad reflejará las aportaciones del personal de la Administración regional

El II Plan de Igualdad entre hombres y mujeres recogerá las medidas propuestas por el personal de la Administración regional a través de una encuesta ‘on line’ en la que la plantilla puede valorar la aplicación de medidas de igualdad en sus puestos de trabajo y hacer aportaciones y sugerencias hasta el próximo 10 de junio.

“La idea es convertir el nuevo plan de igualdad regional, que se encuentra en fase de elaboración, en un proceso más participativo y que recoja las opiniones del personal de la Administración, que serán escuchadas y reflejadas en el documento definitivo”, destacó la directora general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Carmen María Zamora.

De este modo podrán valorar cuestiones como si se tiene en cuenta el principio de igualdad de oportunidades, si existe una formación al respecto suficiente y adecuada, si se respeta la promoción profesional igualitaria o si consideran que se facilita la conciliación entre la vida laboral y familiar de su personal.

Con las respuestas “podremos hacer un sondeo de las verdaderas necesidades y las conclusiones formarán parte del informe que presentaremos a la Comisión de Igualdad para que el nuevo plan refleje precisamente las aportaciones de las personas a las que va dirigido”, aseguró Zamora.

Tanto el Plan de Igualdad vigente como en el que se está elaborando persigue cinco objetivos: garantizar la igualdad real y efectiva en el empleo público, conseguir una representación equilibrada de mujeres y hombres, promover y mejorar las posibilidades de acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, realizar acciones formativas y de sensibilización sobre igualdad de trato y oportunidades y vigilar de forma especial la discriminación indirecta.

Todas estas medidas “reflejan el compromiso del Gobierno regional por contribuir a la creación de una sociedad más justa en la que las mujeres y los hombres disfruten de las mismas oportunidades y construir una sociedad asentada firmemente en los pilares de igualdad”, recalcó la directora general.

Para poner en marcha estas acciones la Comunidad creó una Comisión de Igualdad, que se encarga de promover iniciativas dirigidas a la erradicación de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, elaborar los planes y cotejar su cumplimiento, establecer un protocolo para prevenir el acoso sexual y laboral y velar por la incorporación de la perspectiva de género en todas las actuaciones de la Administración.

El I Plan de Igualdad está ejecutado y cumplido al 90 por ciento en la actualidad y, entre los compromisos que recoge, se encuentra la implantación del Distintivo de Igualdad en la Administración regional, una marca de excelencia que reconoce y estimula actuaciones encaminadas a lograr la igualdad efectiva entre ambos sexos.

Además, en la confección de estos planes la Comunidad cuenta con la colaboración de ayuntamientos, sindicatos, asociaciones y ONG en grupos de trabajo en los que participan alrededor de 23 agentes sociales y poderes públicos, que estudian medidas de actuación aplicables a los ámbitos de empleo, conciliación, educación, cultura, salud y participación, entre otros.

Corrupción Popular: el Annus Horribilis de M. Rajoy

Caso Bárcenas, caso Gürtel, caso Púnica, caso Nóos, caso Brugal, caso Bankia, caso Lezo, caso Tarjetas Black… Diferentes nombres para escándalos de corrupción destapados en la última década que a fin de cuentas remiten a un mismo, único y formidable asunto: el caso Partido Popular. El 2017 pasará a la historia como el año del gran juicio a toda una época oscura, a un régimen político manchado de sospechas y a una forma sucia de entender la política que durante décadas se había sustentado en sobornos, cobro de comisiones, mordidas, redes clientelares, nepotismos, favoritismos, adjudicaciones irregulares, viajes de placer, coches de alta gama, tráfico de obras de arte, cocaína, prostitutas, financiación ilegal y blanqueo de capitales en paraísos fiscales.

El annus horribilis del PP se ha cerrado tras una cascada de juicios retransmitidos por televisión en sesiones interminables que han provocado el estupor de miles de ciudadanos atónitos ante el nivel de degradación moral en el que habían caído nuestros gobernantes. Y, mientras la Justicia trabaja, el ciudadano se hace la pregunta del millón, nunca mejor dicho: «¿nos devolverán algún día todo lo que nos han arrebatado con alevosía y descaro?».

Al dinero que los corruptos se han llevado en mordidas, sobornos y comisiones habría que añadir los sobrecostes y precios inflados a cuenta de obras faraónicas, servicios no realizados y despilfarros en grandes eventos

Para responder a esa pregunta con exactitud primero habría que saber a cuánto asciende el expolio total en ayuntamientos, diputaciones provinciales, comunidades autónomas, ministerios y otros organismos oficiales gobernados por el PP, una misión que se antoja poco menos que imposible, ya que al dinero que los corruptos se han llevado en mordidas, sobornos y comisiones habría que añadir los sobrecostes y precios inflados a cuenta de obras faraónicas, servicios no realizados y despilfarros en grandes eventos, así como los miles de millones de euros que se han transferido a empresas privadas beneficiadas irregularmente por adjudicaciones al margen de los procedimientos establecidos por la ley de contratos del Estado.

No hace falta decir que ese dinero siempre circula en negro ya que las bolsas de supermercado repletas de billetes y los maletines con fajos de 500 euros no suelen dejar rastro. Ni siquiera los agentes de la UCO de la Guardia Civil y de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) se atreven a dar una cifra aproximada sobre el volumen global de la corrupción en nuestro país, ya que, en estos casos, el dinero defraudado suele perderse a menudo en laberínticos entramados formados por cuentas bancarias en paraísos fiscales, sociedades interpuestas, inversiones en bienes inmuebles, tanto en España como en el extranjero, y en compraventas de obras de arte, entre otras actividades.

Las iniciativas parlamentarias, como la pregunta que en su día formuló el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que aclarara el coste total que la corrupción de su partido ha causado a los contribuyentes españoles tampoco sirvió para mucho, dado que el jefe del Ejecutivo ni siquiera se dignó a contestar. Contamos, eso sí, con algunos incipientes estudios generales realizados por expertos en la materia, como el que elaboró la Universidad de Las Palmas en el año 2013, que fija en 40.000 millones de euros el “coste social” de la corrupción en España.

Otros análisis van aún más allá en sus estimaciones, como el realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que cifra el monumental desfalco nacional en casi 87.000 millones de euros anuales –aunque bien es cierto que en ese informe se incluyen no solo los casos que afectan al PP, sino también los del PSOE, CiU y el resto de partidos−. Según el citado cálculo, más de la mitad de lo defraudado, es decir 47.600 millones de euros, se habrían esfumado en sobrecostes por proyectos de obra pública acometidos durante los años de la burbuja inmobiliaria. Los 40.000 millones restantes serían los derivados de forma directa o indirecta de otras actividades ilícitas, como el cobro de comisiones y mordidas, regalos, prebendas y demás favores personales.

La mayoría de los expertos cree que todo ese capital sustraído, malversado o evadido no se recuperará jamás. Los sobrecostes por las obras que se han construido y que han ido a parar a bolsillos ajenos es dinero ya invertido y amortizado y jamás retornará a las arcas del Estado. Hay quien propone ofrecer recompensas a todos aquellos que delaten al gran defraudador, como ha hecho el Tesoro del Gobierno estadounidense, pero ni aun así conseguiríamos reparar el colosal agujero en las cuentas públicas. «Es muy difícil cuantificar todo el dinero que se ha perdido por culpa de la corrupción, pero no menos difícil resulta localizarlo, y en el caso de que se consiga encontrar será todavía más difícil recuperarlo. Hemos avanzado mucho en ese sentido, la UCO y la UDEF disponen de agentes muy capacitados y especializados en nuevas tecnologías. Estamos mejor que hace diez o quince años, pero los corruptos siguen teniendo muchos más medios y además están amparados por el poder, hasta tal punto de que el poder lo forman ellos mismos», asegura a Diario16 Jesús Lizcano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional. Según esta ONG, la corrupción nos cuesta a cada español una media de 500 euros cada año.

La corrupción durante los años de la burbuja inmobiliaria ha impedido que España sea al menos un 20% más rica.

Solo en 2012 el dinero defraudado hizo disminuir un 1% la riqueza de nuestro país y un estudio elaborado en 2015 por el CEMFI (Centro de Estudios Monetarios y Financieros) –un organismo creado por el Banco de España−, demuestra que la corrupción durante los años de la burbuja inmobiliaria ha impedido que España sea al menos un 20% más rica.

En otras palabras: el pillaje de políticos y empresarios afines ha restado de nuestro potencial económico la friolera de 200.000 millones de euros, un porcentaje importante de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el que se podrían haber mantenido prestaciones por desempleo, pensiones por jubilación y gastos en servicios públicos que, como la sanidad y la educación, han sufrido severos recortes bajo el mandato de Rajoy.

Lo peor de todo es que, pese a que en 2017 la investigación policial y judicial ha avanzado notablemente en la maraña de casos que ha afectado al poder del Partido Popular, entre la ciudadanía, cada vez más escéptica, se ha propagado ampliamente la creencia de que los presuntos implicados, tras pasar unos cuantos años en la cárcel (no demasiados, una vez aplicados los convenientes atenuantes, pactos con la Fiscalía, beneficios penitenciarios e indultos) saldrán en libertad más pronto que tarde para poder disfrutar de los restos de un botín celosamente escondido en algún zulo, cuenta opaca a buen recaudo en un banco extranjero o caja fuerte de un poderoso testaferro en un paraíso fiscal.

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