martes, 5 mayo, 2026

Gobierno Rajoy: impotente para acabar con los “narcos” en Algeciras y La Línea.

El crimen organizado reta al Gobierno en la frontera Sur de Europa con una escalada de violencia sin precedentes. El Partido Popular le declara la guerra al narcotráfico en palabras del Ministro Juan Ignacio Zoido. El ambiente de muchos habitantes es de terror y la zona se está convirtiendo en un polvorín.  Miles de personas del Campo de Gibraltar toman las calles en manifestación contra la amenaza de los “narcos” tras los graves sucesos que han azotado la zona, acrecentados las últimas  semanas. Un niño de 9 años murió recientemente en las playas de Getares-Algeciras arrollado por una narcolancha ocupada por  elementos con antecedentes penales por narcotráfico, que fueron detenidos y han sido acusados de un delito de “homicidio doloso”. La lancha rápida chocó o fue “chocada adrede” según algunas versiones por un ajuste de cuentas de una presunta guerra entre las tres principales bandas de “narcos” que se disputan el control de la zona. 

El problema del narcotráfico no es nuevo en la comarca pero este año han saltado todas las alarmas con varios casos muy graves. En los primeros días de marzo, cuando un “narco” que intentaba escapar de la policía, acabó en el hospital con una pierna rota, (estando vigilado por la policía) llegaron veinte “narcos encapuchados” y se llevaron al  detenido, burlando a la vigilancia policial, a los enfermeros y a los médicos. Ajustes de cuentas, robos de drogas entre distintos clanes mafiosos, robo de material incautado por la policía, agresiones a 9 guardias civiles cercados por 40 personas…etc.

Los guardas civiles y policías de base que trabajan a pie de obra se juegan la vida y habían venido denunciando los escasos efectivos debido a los recortes del PP y podrían ser utilizados como carne de cañón en esa guerra. Pero, ¿Dónde están los verdaderos responsables?  Porque a los verdaderos capos de esas mafias que se benefician de ese tráfico ilegal no lo van a detener en las playas de Cádiz ni en ninguna otra, ya que están seguros en sus lujosos despachos dirigiendo las operaciones.

El problema de la droga no es una cuestión individual sino social, que se ceba en los barrios más deprimidos y las comarcas más empobrecidas y debe contemplarse política, económica y social y culturalmente. Afecta a la juventud pero el consumo de droga castiga de forma insoportable a las familias más empobrecidas que padecen esa lacra por el ansia de beneficios del capitalismo que invierte en el narcotráfico por ser un sector muy rentable, donde no se pagan impuestos y todo es beneficio de ese dinero “negro manchado de rojo” de la sangre de los que asesinan y mueren por sus efectos.

El paro entre la juventud, la explotación salvaje del que trabaja, la falta de un futuro digno que se abre ante las nuevas generaciones en una zona tan deprimida como  la del Campo de Gibraltar, (el índice de paro juvenil es del 33,9% en La Línea y 29,00% en Algeciras;  mes Abril/18),  junto al fracaso escolar, la presión de la  economía de consumo, el derrumbe de muchas familias,  etc,  son ambientes propicios para que los jóvenes sean captados para el alijo de drogas y la extensión del tráfico y consumo entre los jóvenes, como una forma de evadirse de esa injusta realidad. En el fondo, eso le conviene a este sistema capitalista corrupto, para castrar a la juventud que si no estuviese enganchada, estaría buscando el camino del cambio social o la revolución.

Las nuevas drogas llamadas de diseño han superado  a la heroína, la cocaína y el hachís, porque son más comerciales. Se ceban en los barrios deprimidos de las grandes ciudades. El problema de la droga lo sufren mayormente las familias trabajadoras que no disponen de recursos, pero no tanto para los niños de papá que,  si se enganchan, pueden tener a su disposición todos los mejores recursos y clínicas costosas de desintoxicación,  que cuestan una fortuna para curar a sus enfermos, mientras los hijos de la clase obrera se mueren por las esquinas sin poder salir de esa terrible pesadilla.

El tráfico ilegal de drogas, de armas, de trata de blanca y seres humanos es un “negocio genocida” impresionante y criminal que mueve en torno a unos 683.000 millones de dólares al año, incluso más que el turismo a escala mundial. “La ONU asegura que el 70 % de las ganancias de este mercado turbio se lava en el sistema financiero”.  Es completamente imposible que un negocio de tal envergadura se haga sin intervención y conocimiento de la Banca y los Gobiernos capitalistas. Hay que reconocer que ha sido la política capitalista del libre comercio sin control alguno, la que ha empujado a millones de personas que vivían del campo, a cambiar los cultivos dedicados a la alimentación, por plantaciones de drogas impuestas por las “narcomafias” con lo cual los negocios legales e ilegales están absolutamente interconectados.

Las “narcomafias” invierten en empresas legales e ilegales indistintamente y desde esas posiciones del Capitalismo Mafioso, canalizan los recursos financieros hacia la economía “criminal”, tomando el control de Bancos y empresas que utilizan para blanquear dinero e incluso tomando o controlando Gobiernos como estamos viendo en algunos países, mayormente en Latinoamérica. Las multinacionales financieras y la Banca Mundial están implicadas totalmente y conocen todos los trasvases que circulan en el planeta,  apoyan los Paraísos Fiscales y los amparan, negándose a la publicación de las listas de sus componentes, porque se descubriría que son esos mismos “señores respetables y honorables”, que manejan los Gobiernos y la economía financiera, que les reportan suculentos beneficios.

La complicidad entre los Estados y la Banca para poder llevar a cabo esos tipos de negocios sucios y sangrientos es obvia. Los grandes cárteles y trusts financieros que son los dueños de los principales bancos del mundo, cuentan con cientos de miles de millones de divisas de depósitos de personalidades en cuentas secretas, destinadas exclusivamente a clientes archimillonarios  a los que les garantizan la más cerrada y oculta confidencialidad. No hay que salir del Estado español para entender que ese blanqueo de dinero está detrás de muchas maniobras de grandes  macro-proyectos inmobiliarios, de infraestructuras y comerciales, que han saqueado las arcas del Estado, como viene ocurriendo en la Costa del Sol o en la Costa de Cádiz, con el apoyo de Gibraltar y en todo el territorio estatal.

La compra de sociedades estatales por los Fondos Buitres, que algunos analistas calculan en unas inversiones  inmobiliarias en torno a 50.000 millones de euros por año, a través de privatizaciones y adquisiciones de las 30.000 viviendas del stock procedente de la quiebra bancaria y su rescate, están cebando ahora la burbuja de los alquileres. Es una clara imposición al Gobierno dirigida por la comunidad financiera internacional.  La muestra de la complicidad es la negativa sistemática del Gobierno Rajoy-Montoro,  de levantar el secreto bancario y publicar la lista de los evasores fiscales que tienen recursos en Paraísos Fiscales, donde se oculta también el dinero negro de los “Narcos”, donde pudiesen aparecer algunos conocidos y amigos del PP, como  ha ocurrido en Galicia,  en Andalucía y en todo el mundo.

Con el pretexto de las repercusiones que pudiesen tener en el funcionamiento el sistema financiero capitalista a escala mundial, incluso los economistas a las órdenes y al servicio del sistema, aconsejan que eso no debiera salir a la luz pública, pero eso por sí solo, demuestra que el capitalismo es inviable y no se puede reformar. Tienen las manos manchadas de sangre y no son algo nuevo esas connivencias y  vinculaciones del aparato del Estado, cuando se niegan a combatir a fondo las redes del narcotráfico. Con la incorporación de 5.000 inspectores de Hacienda y otros 5.000 de Trabajo, como viene siendo reclamado por la oposición, acompañado con un plan de lucha contra la corrupción y el “narcotráfico”, la situación podría mejorar, pero eso no lo contemplan los gobernantes actuales.

Como estamos viendo, solo con la represión de este Estado burgués no se arregla nada ni podrán resolverlo nunca,  porque forman parte del problema y no de la solución. Se persigue y se detiene el “trapicheo de los mindundis” y a los consumidores que son las víctimas (que habría que tratarlos como verdaderos enfermos que son), pero mientras se protejan y oculten a los verdaderos responsables, que son los Capitalistas y sus Banqueros,  de quienes reciben las instrucciones marcando la hoja de ruta de la política que tienen que aplicar, poco se podrá avanzar por desmantelar el entramado.

El debate estriba entre más represión contra la droga o su  legalización,  pero ninguna de las dos posiciones resolverá definitivamente  el problema que es el capitalismo. Los familiares de las víctimas,  junto a la clase trabajadora organizada,  tenemos que defender un cambio del modelo de sociedad, pero mientras lo conseguimos hay que luchar por reivindicaciones concretas, como un puesto de trabajo digno, viviendas para las familias, mejoras sociales, etc, pero entendiendo que mientras exista el capitalismo habrá cada vez más jóvenes que sean empujados a padecer, ellos y sus familias, esa horrible pesadilla, contra la que tenemos que luchar  reivindicando algunas medidas como éstas:

  • Nacionalización de los bancos que colaboren con el  blanqueo de dinero del narcotráfico y la corrupción así como la eliminación del secreto bancario.
  • Expropiar los bienes de los “narcos” y utilizarlos para planes de atención a los enfermos toxicómanos.
  • Por una Sanidad Pública y gratuita que cubra las necesidades de las familias trabajadoras y los enfermos toxicómanos.
  • Rehabilitación dentro y fuera de la cárcel con atención especial a los enfermos toxicómanos.
  • Potenciación de las plataformas de lucha contra la droga y la corrupción, con familiares de afectados y los sindicatos obreros.
  • Plan Estatal de Prevención, para explicar a través del sector Educativo, Radio, TVs y Redes sociales, las causas y los efectos nocivos de esta plaga de las drogas, tanto para el individuo como para la sociedad.
  • Habilitar locales gratuitos para la juventud, ayudándoles a su auto-organización, para que sean gestionados por ellos mismos, bajo criterios de un ocio creativo y saludable.
  • Fomentar centros culturales en cada barrio y pueblo, con bibliotecas, zonas deportivas y actividades lúdicas sanas.
  • Plan integral contra el paro para el desarrollo de la Comarca del Campo de Gibraltar, con fuertes inversiones públicas en comunicación ferroviaria e infraestructuras sociales.
  • Para financiar estos proyectos, los partidos, sindicatos y organizaciones de izquierdas deben hacer un llamado a la movilización organizada y democrática del pueblo, para luchar masivamente unidos exigiendo y planteando Leyes justas que contemplen la expropiación de los bienes y fortunas de los narcotraficantes y corruptos, para dedicar los recursos a inversiones sociales y desarrollar los programas de rehabilitación, bajo control social de la población, utilizando la democracia electrónica de las redes sociales con absoluta transparencia para luchar contra la corrupción y los despilfarros, con la colaboración de los vecinos,  familiares de las víctimas y sus organizaciones.

La casita de Pablo e Irene

Decía Julio Cayo César hace unos cuantos siglos que “la mujer del César no sólo debe ser honrada sino que también debe parecerlo”. Trasladado a la política actual sería más o menos, que los dirigentes políticos no sólo deben predicar la honestidad sino que también deben aplicarla en sus gestos habituales.

Un gesto corriente como la compra de un lugar para vivir, se puede convertir en una trampa mortal para quien durante años ha sido el azote de comportamientos poco éticos y presumía de comprar su ropa en Alcampo y vivir en Vallecas.

Pablo Iglesias máximo dirigente de Podemos, un partido hay que recordar nacido de ese movimiento revolucionario que fue el 15-M, y su pareja Irene Montero número dos de ese partido, han supuesto para toda una generación iconos contra el sistema, enemigos de que los políticos se alejaran del común de los mortales, de esa mayoría que tiene dificultades para llegar a final de mes, o pagar su hipoteca.

Ahora de manera absurda dilapidan su activo, metiéndose en la compra de un chalet de lujo en una zona pija de los alrededores de Madrid. Ya no van a vivir en un barrio obrero en una vivienda de VPO, sino que se desplazan a una zona VIP, a una casa de ensueño con terreno y piscina que difícilmente cuadra con su discurso político.

Ahí viene el problema, que a partir de ahora ese discurso que calaba en una parte de la sociedad, quedará vacío ante esta decisión que siendo benévolos se puede calificar de poco afortunada. Dan armas a sus enemigos ideológicos para que a partir de ahora, les expongan cada día la profunda contradicción de adoptar una praxis propia de la clase que pretenden combatir.

A veces se tiene la sensación que los políticos, nuevos o viejos, cuando llevan algún tiempo en activo pierden la noción de la realidad y parapetados en su torre de marfil acaban alejándose de sus inicios, separándose de su base social de manera suicida.

Pablo Iglesias e Irene Montero pueden comprarse, si pueden costearlo, lo que les venga en gana, faltaría más, pero antes de hacerlo deberían reflexionar si eso cuadra con su discurso, o al contrario choca frontalmente con él. En este caso el choque ha resultado brutal y las consecuencias pueden ser imprevisibles, especialmente a nivel electoral.

Lógicamente sus rivales se les han echado a la yugular ansiosos de sangre. ¿Resulta esta reacción ética? Probablemente no, pero en la política actual la ética es un bien escaso, a veces inexistente, porque ahora todo vale.

Pablo e Irene, Irene y Pablo se han equivocado y ahora intentan enmendar ese error cometiendo otro de mayor calado; involucrar a toda la organización y a sus militantes en el mismo a través de un método espurio: trasladarles la responsabilidad, a través del referéndum que pretenden impulsar para decidir si lo que han hecho es correcto o no.

Resulta curiosa esa manía de los líderes de trasladar su responsabilidad. No se dan, o no quieren darse cuenta, que dar ese paso acaba perjudicando al partido político que representan, porque con ese acto cobarde le sitúa justo debajo de los caballos.

Vivimos malos tiempos para la lírica, en un momento de nuestra historia que algunos ya definen como la II Transición. Pero a diferencia de la anterior ahora no se observan estadistas entre nuestra clase política. Nuestros dirigentes actuales, con alguna sonora excepción, no actúan con altura de miras, anteponiendo el bien común al partidista o al personal, sino que funcionan de manera cortoplacista y sin visión de futuro.

Por eso cometen torpezas de este calibre y lo que es peor una vez cometidas, una vez metida la pata, son incapaces de asumirlo y sacarla. Aquí convendría enseñarles la patética escena del anterior monarca, que por cierto le costó el trono, en la que dijo balbuceando esa frase para la historia: “lo siento mucho me he equivocado, no volverá a ocurrir”.

Alguien debiera recomendar a estos dos personajes que hicieran de manera generosa lo mismo, decirla y marcharse, quizás así recuperarían una dignidad que acaban de perder y no destrozarían al movimiento que dicen representar.

Da pena que un partido como Podemos pueda verse perjudicado por la actuación de sus dirigentes. Habría que decir volviendo a las frases históricas, en este caso referida al Cid Campeador: “¡Dios, que buen vasallo si tuviera un buen señor!”.

En un momento de especial debilidad para la izquierda torpezas como esta destrozan estrategias de recuperación. No andamos sobrados de efectivos ni en Podemos ni en el PSOE, pero produce escalofríos observar en qué manos estamos, mientras que gentes muy valiosas como Errejón en uno y Pérez Tapias en otro aparecen marginados. Así nos va.

Irene y Pablo se equivocan, van a hacer un daño irreparable a Podemos y de rebote a la izquierda en su conjunto. No han sabido dar ejemplo, ni tampoco rectificar a tiempo de manera autocrítica. Lamentablemente esto pinta muy negro.

¿Es el Santander una cuestión de Estado?

Desde que estalló el Caso Banco Popular hemos mencionado en varios de nuestras publicaciones el trato de favor que reciben históricamente el Santander y la familia Botín.

El ejemplo más paradigmático fue el escándalo de las cesiones de crédito del Santander en el que, con más de 42.000 operaciones por un importe total de 2.500 millones de euros (432.000 millones de pesetas), se defraudó a Hacienda aproximadamente 80 millones de euros y se facilitaron identidades falsas en más de 9.500 operaciones de los clientes que formalizaron las cesiones. La acusación fue por fraude fiscal y falsedad documental.

Aquel caso se saldó con la absolución de Emilio Botín, Rodrigo Echenique e Ignacio Uclés por la Doctrina Botín. La Fiscalía y la Abogacía del Estado retiraron la acusación contra Botín, Echenique y Uclés. Esta nueva doctrina creada por la Audiencia Nacional y ratificada por el Tribunal Supremo fue el resultado de retorcer la ley interpretando torticeramente que la acusación popular no sirve para nada y que si no acusa el fiscal ni la acusación particular no puede hacerlo un ciudadano cualquiera. Cinco Magistrados del Tribunal Supremo — José Manuel Maza Martín, Julián Sánchez Melgar, Joaquín Delgado García, Perfecto Andrés Ibáñez y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca— se opusieron a la misma con sus respectivos votos particulares en los que se evidenciaba que se había creado una interpretación nueva de la ley para presuntamente favorecer que Emilio Botín no fuese juzgado.

En aquella absolución pudieron tener parte de culpa tanto el Gobierno como el Ministerio de Hacienda. El Gobierno porque, dependiendo de él la Fiscalía General del Estado, se podría haber llegado a ordenar no acusar a Botín, Echenique y Uclés. El Ministerio de Hacienda porque, siendo el organismo perjudicado que debía ejercer la acusación particular no lo hizo por una presunta orden de Rodrigo Rato Figaredo. Han corrido ríos de tinta contando la bronca que presuntamente le echó Emilio Botín a Rodrigo Rato para que ordenase el cambio del juez Miguel Moreiras, el cambio del Fiscal para que retirase la acusación y que el Ministerio de Hacienda también retirase la acusación particular. Cuentan algunas fuentes que Botín “amenazó” o “presionó” a Rato como consecuencia de los préstamos vencidos y deudas de la familia Rato que había asumido Banesto con la compra de la empresa familiar Aguas de Fuensanta. ¿A qué nivel ha llegado la corrupción en España y el poder de la familia Botín para que todo un vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda con la ley de su mano sucumba a las presuntas “coacciones” de un banquero acusado de fraude?

No obstante, los presuntos favores de la Justicia al Santander no se quedan ahí. Son también conocidos otros casos como los de la querella por la recuperación de los supuestos créditos fallidos de Banesto que fue archivada por Baltasar Garzón después de haber solicitado a Emilio Botín y cobrado un patrocinio del Santander para unas conferencias a través del Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York. Conocidas son las famosas cartas del exmagistrado dirigidas a Emilio Botín como “Querido Emilio” en la que le agradecía la financiación y se despedía con “un gran abrazo”.

También hay sospechas de presuntos ascensos en la carrera judicial y de comisiones de servicios en presunto pago de favores judiciales. Se mencionan los casos de magistrados de la Audiencia Provincial que habrían sido nombrados presidentes de sección o designados en comisión de servicio en el Tribunal Superior de Justicia en presunto pago de favores al Santander. Lo mismo podría haber ocurrido con jueces de primera instancia que habrían sido nombrados miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y nombrados presidentes de tribunales calificadores únicos de las pruebas de acceso al cuerpo de auxilio judicial del Ministerio de Justicia en presunto pago a la denegación de la ejecución provisional que instó Inversión Hogar contra el Santander. También comentan casos de jueces sustitutos de lo Social que son integradas como ponentes en escuelas jurídicas, sin ser jueces ni tener oposición alguna, junto a reputados notarios, registradores, magistrados del Tribunal Supremo, de Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional o de las Audiencias Provinciales, presuntamente como consecuencia de haber suspendido el embargo al Santander que debería haber pagado a la empresa Inversión Hogar, que lleva más de 25 años litigando contra el banco cántabro.

¿Esos casos y otros son el resultado de la simple casualidad o el presunto pago de favores judiciales al Santander y a los Botín?

No obstante, no sólo en la Justicia se da el presunto trato de favor al Santander y a la familia Botín, también se da el supuesto trato de favor en el Ministerio de Hacienda o en el Banco de España y demás organismos supervisores.

En el Ministerio de Hacienda se puede mencionar el caso de las cuentas de la familia Botín en el HSBC de Suiza. La familia Botín ocultó en cuentas suizas del HSBC 2.000 millones de euros durante 70 años y, en vez de incoarse un expediente de comprobación o inspección contra toda la familia Botín, se les comunicó por carta para que regularizasen la situación fiscal, siendo posteriormente absueltos por la Audiencia Nacional por una simple excusa absolutoria, el abono de 200 millones de euros, lo que implicaba el reconocimiento de la comisión del delito fiscal y la concurrencia de una conducta típica, antijurídica y culpable constitutiva de delito contra la Hacienda Pública.

Presuntamente, en el Banco de España también se producen tratos de favor como ocurrió en el caso de la adjudicación de Banesto al Santander con una oferta escrita sin firmar por Emilio Botín y con presunta información privilegiada facilitada al Santander por Alfredo Sáenz y demás comisionados del Banco de España, una triquiñuela similar a la del caso Popular en el que, según se ha publicado, la oferta de 1€ del Santander se llevó a cabo después de saber que el BBVA no formularía postura, dado que, presuntamente, el Santander tenía preparada una oferta de 3.000 millones de euros.

No se pueden olvidar las subvenciones que recibió el Santander del Estado con la adjudicación de Banesto que no han sido devueltas pese a que casi el 100% de los supuestos créditos “dañados” que dieron lugar a la intervención de Banesto fueron recuperados por el Santander a través de la sociedad SCI Gestión. Después de la adjudicación de Banesto al Santander y del presunto regalo de los fondos estatales el exgobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo Duque, fue nombrado consejero del Santander.

Si el Santander no jugase siempre con el presunto favor de la Justicia y la Administración del Estado, el banco cántabro podría haber sido condenado en infinidad de procesos judiciales y el Santander no sería un banco tan atractivo para inversores extranjeros que operan en paraísos fiscales, pero la corrupción sistémica española tiene estas consecuencias que vienen siendo sufragadas por todos los contribuyentes en beneficio de la familia Botín y del Banco de Santander que, como parece, se ha convertido en cuestión de Estado. Mientras tanto, a quien se perjudica es a las familias, los trabajadores, empresas intervenidas por ellos, en definitiva, el pueblo español.

Duro Felguera: el hombre de Zorita ayuda a la Fiscalía ¿para exculpar a Acacio Rodríguez?

Según ha informado el diario digital El Español, la persona que filtró los datos a la Fiscalía acerca de la operación de Duro Felguera en Venezuela por la que se imputaron delitos de corrupción internacional o blanqueo de capitales a Ángel del Valle, Juan Carlos Torres Inclán —los dos últimos presidentes de la epecista— y el ex viceministro venezolano de Energía, Nervis Villalobos —actualmente domiciliado en la prisión de Soto del Real por una reclamación de extradición de la Justicia de Estados Unidos—, entre otros, fue José Carlos Cuevas, el director financiero. La revelación ha provocado la convocatoria de una reunión de urgencia del Consejo de Administración para cesar a Cuevas de su puesto.

El director financiero consiguió su puesto de la mano del anterior presidente, Ángel del Valle y, por esta razón, siempre se ha creído que era uno de los sostenes del representante del máximo accionista de la compañía. Sin embargo, según fuentes cercanas a Duro, poco a poco se fue acercando más a Miguel Zorita hasta que se puso en contra de Del Valle cuando la banca exigía su cabeza como condición ineludible para refinanciar la deuda de la epecista, hecho que ocurrió en el mes de noviembre y que provocó que Acacio Rodríguez, entonces consejero independiente, ocupara la Presidencia.

Según la versión dada por Cuevas, su intención a la hora de filtrar la información a la Fiscalía era salvar los 2.000 puestos de trabajo pero, ¿cómo puede ser creíble esta explicación cuando el director financiero fue uno de los aliados en la sombra de Zorita y ha participado en la venta a bajo precio de activos y de empresas del Grupo Duro Felguera?

Una de las razones con las que se presionó a Ángel del Valle fue la querella de la Fiscalía por la operación de Venezuela, en la que él estaba imputado por presuntos delitos de corrupción internacional y de blanqueo de capitales.

Según fuentes consultadas por Diario16, en las negociaciones para firmar el contrato para la construcción de una central de ciclo combinado por un valor de 1.500 millones de dólares se pactaron comisiones por un valor del 5,5% del total del acuerdo. Sin embargo, esas mismas fuentes nos confirman que existe un 0,5% que no aparece en las cuentas de la compañía asturiana y que Villalobos no reconoce haber cobrado. ¿Dónde fue ese dinero? ¿A quién se le pagó a través de canales externos?

No obstante, dentro de esa información que, según El Español, filtró el director financiero de Duro Felguera, no aparece el nombre de Acacio Rodríguez quien, según fuentes cercanas a la epecista y conocedoras de la operación consultadas por Diario16, fue quien se reunió en un bufete de abogados de Caracas con Beatrice Sansó — esposa de Rafael Ramírez quien, a su vez, era socio de Nervis Villalobos y de Baldo Sansó (cuñado de Ramírez)— para cerrar la operación. ¿Por qué no aparece ninguna referencia al señor Rodríguez o el señor Cuevas no filtró información a la Fiscalía sobre este asunto?

En estas mismas páginas hemos informado de cómo funcionaba la red de corrupción de Ramírez en Venezuela mientras fue presidente de la petrolera estatal PDVSA y hemos puesto el ejemplo de importantes ejecutivos españoles que se negaron a pagar los sobornos pretendidos por Baldo Sansó y a los que «amablemente» se les invitó a regresar a España. ¿Eso ocurrió con ese 0,5% que no aparece en las cuentas de Duro Felguera en las negociaciones que mantuvo en Caracas, según nuestras fuentes, el señor Rodríguez con la esposa de Rafael Ramírez?

En referencia a la filtración de datos internos de la compañía a la Fiscalía por parte José Carlos Cuevas hay que decir que si hay conocimiento de comportamientos presuntamente delictivos es una obligación ciudadana ponerlos en conocimiento de las autoridades judiciales. Sin embargo, en el caso del señor Cuevas ese comportamiento podría no ser tan modélico puesto que por la responsabilidad que desempeñaba en Duro Felguera tenía que estar al corriente de la falta de ese 0,5% en las cuentas, a pesar de que los pagos referidos en la querella de la Fiscalía se pactaron antes de su incorporación a la empresa asturiana, pero existen pagos realizados en el periodo en que empezó a trabajar para la epecista.

Sin embargo, el Ministerio Público no debería centrarse sólo en Duro Felguera sino también en los venezolanos que se enriquecieron con la corrupción de Ramírez y que están financiando partidos emergentes con una parte del dinero de PDVSA.

Por otra parte, la Fiscalía también tendría que verificar los movimientos realizados por Cuevas en su colaboración con Miguel Zorita, el hombre impuesto por el Santander a Duro Felguera, para satisfacer los planes del banco cántabro o las conexiones que tiene el ejecutivo valenciano con paraísos fiscales como Luxemburgo, Panamá o los contratos investigados durante su estancia en Chile. Cuevas, a pesar de que era un hombre cercano a Ángel del Valle, se acercó a Miguel Zorita hasta el punto en que en los meses en que el anterior presidente se resistía a dimitir, el director financiero de Duro se reunía en un conocido restaurante de Madrid para ofrecerle información delicada a un importante empresario madrileño, oferta que éste rehusó aceptar.

No obstante, todos estos movimientos en referencia a Duro Felguera coinciden con la intención de Nervis Villalobos de denunciar ante la Fiscalía todos los movimientos de dinero en los que él intervino, tanto de empresas españolas como de venezolanos que se enriquecieron con la corrupción de la PDVSA de Rafael Ramírez, algo que el ex viceministro de Energía venezolano conoce a la perfección por ser uno de los socios de aquél. ¿La filtración por parte de Cuevas de la información del pendrive no será un modo de reducir su responsabilidad teniendo en cuenta su conocimiento de dónde pudiera estar ese 0,5% que no aparece en las cuentas de Duro Felguera? ¿La investigación de la Fiscalía Anticorrupción llegará hasta los socios españoles y venezolanos de Rafael Ramírez entre los que se encuentran empresarios del ocio con establecimientos en calles cercanas al Retiro de Madrid y donde se pone «en forma» su amigo Rivera?

Las elecciones en Venezuela o la explotación del populismo elitista

Nicolás Maduro ha ganado las elecciones en Venezuela, unos comicios en los que se ha dudado de la veracidad de los resultados y de la propia legitimidad para convocarlos. Sin entrar a valorar ninguno de estos aspectos que, al fin y al cabo, corresponderá determinar al pueblo venezolano, es sorprendente cómo desde la representación política del elitismo económico populista se han lanzado a tomar cartas en un asunto que, en teoría, ni les va ni les viene. Dejen a los venezolanos en paz, dejen que sean sus partidos los que determinen el futuro a través del diálogo y no de la confrontación, algo de lo que algunos líderes de la oposición y de los partidos europeos y norteamericanos que la financian, saben mucho.

Nicolás Maduro es el remedo mediocre de la herencia del chavismo original y, como era de suponer, ha transformado el proyecto original de Hugo Chávez en una pseudo dictadura que no hace otra cosa que dar alas a quienes quieren tomar el poder a través de la creación de una situación de inestabilidad y violencia en las calles que justifique cualquier acción de asalto al poder.

Venezuela es una tierra rica, una tierra llena de recursos, sobre todo petróleo, una verdadera golosina para intentar imponer un sistema de dictadura público-privada a través de la entrega de los recursos del pueblo venezolano a las multinacionales, algo que Chávez no permitió. Sin embargo, las élites han puesto sus ojos en Venezuela, como en el pasado lo pusieron en otros países de Latinoamérica, porque su situación geográfica unida a los recursos naturales que posee, además del atractivo turístico, la convierten en un nicho de negocio demasiado apetecible como para no intentar explotarlo. De ahí que a través de los partidos políticos de ideología neoliberal, o sin más ideología que el entreguismo a los intereses de las élites económicas, se esté planteando una imagen de la oposición como de víctimas de una dictadura para que la comunidad internacional imponga sanciones a Venezuela como ya se hizo con Cuba.

La realidad es que las elecciones venezolanas han generado una serie de reacciones de países cuyos gobernantes no tienen legitimidad alguna respecto a los resultados de las mismas. Diario16 no entra en valorar el hecho de que Maduro haya ganado con menos de un 30% del censo, la baja participación o la ausencia de la principal alianza de partidos opositores. Sin embargo, un país al que se podría denominar como «Estado Fallido» como Argentina, arruinado, pidiendo préstamos al FMI —que no es otra cosa que entregar la soberanía económica a un ente supranacional que defiende los intereses de las élites económicas mundiales—, presidido por Macri, el hombre que prometió al pueblo argentino todo lo contrario a lo que ha hecho y que es el representante, junto a Piñera en Chile, del neoliberalismo más cruel, no tiene legitimidad alguna para afirmar que no acepta los resultados de las elecciones venezolanas.

Por otro lado, el comportamiento de los partidos de la derecha en España tampoco tiene legitimidad. Mariano Rajoy ha amenazado con imponer sanciones económicas a Venezuela. Albert Rivera, el hombre que mantiene contactos personales y profesionales con muchos de los bolichicos que se enriquecieron con la corrupción de Rafael Ramírez, ya afirmó desde el primer momento en que Maduro convocó las elecciones que esos comicios eran un fraude. ¿Qué legitimidad tiene la derecha española para afirmar esto? Ninguna. Sin embargo, hay mucho interés en mantener vivo el debate sobre Maduro, sobre todo porque hay demasiados intereses económicos en juego. Mucha de la financiación de ciertos partidos proviene presuntamente de quienes retomar el poder en Venezuela tras haberse enriquecido con la corrupción de PDVSA y de otras empresas, un hecho del que, en su momento, informaremos debidamente en estas páginas. Incluso desde el ya menos supuesto socialismo español, personajes como Felipe González amenazaron directamente con imponer sanciones a Maduro porque, según su versión, sólo atiende a razones cuando se «le rasca el bolsillo». Dejen a Venezuela en paz, los unos y los otros. Permitan que se llegue a un cambio político a través de un diálogo limpio y no con la espada de Damocles del elitismo sobre las cabezas de la verdadera víctima de estos movimientos: el pueblo venezolano. La solución para el país no pasa por esta oposición financiada por las élites económicas ni, por supuesto, por Nicolás Maduro, sino a través del consenso, de la libertad y de la democracia en su más estricta interpretación.

Save the Children denuncia las condiciones de los migrantes menores

“Son los niños que más vulneraciones de derechos sufren y protegerlos debe ser una prioridad para las administraciones”, así comienza Save the Children su nota de prensa, en la cual denuncia la grave situación de los migrantes menores de edad no acompañados que llegan a nuestras costas o a nuestras fronteras buscando una esperanza de vida. Una esperanza que ha sido segada en sus países de origen. Si es ya traumático para una persona adulta abandonar su tierra para buscarse la vida, jugándosela en muchas ocasiones, sólo hay que imaginar lo que puede suponer para estos chiquillos.

Save the Children ha presentado su informe “Los más solos”, donde analiza los fallos en el sistema de acogida, protección e integración de los menores migrantes no acompañados que llegan a España. También aprovechan para, mediante la campaña Se buscan familias, concienciar del problema. Gracias a un vídeo (que se puede consultar aquí) las personas de bien que pueblan España pueden ver cómo es el largo recorrido que padece un niño, en este caso senegalés, para llegar a España.

Guerras, explotaciones varias (económica, esclavitud, homofobia, etc.) y un abandono por parte de casi todo el mundo provocan que el flujo migratorio aumente año tras año a Europa. El año pasado 28.349 migrantes llegaron a nuestras costas, tan solo 1.369 menos que a Grecia. El informe “Los más solos” señala cómo un 14% de las personas que han llegado a España por tierra o por mar son niños y niñas. Solo en patera, durante 2017 llegaron a España 2.177 menores solos, casi cuatro veces más que en el año anterior. A pesar de la magnitud de las cifras, España sigue sin estar preparada para acoger a los niños y niñas que llegan solos y les condena a la invisibilidad y la exclusión, denuncian desde la ONG. A ello hay que sumar que, en el caso de los niños, “a los obstáculos que se encuentran durante el viaje se suman los impuestos por Europa, que ha priorizado la seguridad de las fronteras por encima de la de las personas, independientemente de que sean adultos o niños”.

“Mi madre es pobre, no tiene nada. Hace una semana llegué a la frontera y llevo tres días intentando cruzar por Ceuta. Quiero vivir en España para construir un futuro y ayudar a mi madre. Aquí en Ceuta la situación es muy dura, nos pegan y nos destrozan los sitios donde dormimos. Pasamos tanto frío que no podemos dormir. Yo sólo quiero aprender un oficio y trabajar en cualquier cosa, lo que sea”, es el testimonio de Ahmed, recogido por Save the Children, un niño que con 12 años ha emprendido solo el viaje a España desde Tánger y ahora sobrevive en las calles de Ceuta.

El caso es que en España no se hace todo lo necesario para acoger a estos niños y niñas como denuncian en la ONG. Es más, no se sabe a ciencia cierta cuántos niños y niñas llegan a España porque las estadísticas oficiales no recogen todos los niños que llegan solos a España. Ya que muchas veces estos chicos esconden su condición de menor de edad para evitar ser tutelados en una comunidad en la que no desean quedarse, otras veces dicen ser mayores de edad para poder llegar a la península y acceder al mercado laboral y otras son los propios mecanismos obsoletos e ineficaces de identificación de la edad los que les declaran adultos cuando en realidad son menores.

Sigue Save the Children afirmando en su informe que las cifras tampoco recogen a los niños y niñas que abandonan las instituciones voluntariamente y dejan de vivir bajo la tutela pública. En 2016 abandonaron los servicios de protección y figuran “en fuga” 825 menores (770 niños y 55 niñas) de los que se ignora su paradero actual. Las causas varían según la nacionalidad o el sexo. El colectivo sirio generalmente tiene como destino algún país del norte de Europa, donde suelen esperarlos sus familiares, detrás de la desaparición de las niñas y jóvenes nigerianas suelen estar las redes de trata y para otros, en su mayoría marroquíes, la dura situación de los centros y su deseo de llegar a las comunidades donde saben que tendrán mejores oportunidades les empuja a fugarse y continuar su vida en la calle. Un ejemplo son los más del centenar de niños que viven en las calles de Ceuta y Melilla esperando la oportunidad de cruzar a la península arriesgando y muchas veces perdiendo sus vidas.

Save the Children también destaca que los menores que llegan, en muchas ocasiones ocultan su propia documentación (o la pierden conscientemente), para ser “deportados en caliente”, una práctica avalada por la reciente Ley de Seguridad Ciudadana. “Si llevas pasaporte de Senegal te devuelven del tirón. Cumpliendo la Ley, si eres menor no te devuelven, pero a veces ponen la Ley a un lado”, explica Walid, un joven que llegó en patera a Canarias. “Si te pillan dentro del puerto te mandan otra vez a Marruecos, tanto si eres menor como si no, les da igual”, cuenta Imad, otro joven que actualmente vive en Bilbao. Lo que demuestra que España incumple su propia ley.

Otra cuestión denunciada en el informe es que los menores, a pesar de que la Ley de Extranjería prohíbe expresamente que se detenga a algún menor de edad por su condición de migrante o por su entrada irregular, confirman que este supuesto tampoco se respeta. “Cuando llegamos la policía nos cogió para hacer la entrevista, para hacernos fotos y luego para llevarnos al hospital. Cuando salimos pasamos tres días en comisaría, en prisión. Solo comía galletas, tres días son muchos sin comida”, explica otro de los chicos.

España ha sido señalada por Naciones Unidas, por varios organismos de defensa de los Derechos Humanos e incluso por el Defensor del Pueblo por las prácticas invasivas y poco fiables de determinación de la edad de los menores migrantes que llegan solos. Estas pruebas médicas deberían ser el último recurso, afirman en Save the Children, cuando sea imposible determinar la edad e ir acompañadas de exámenes psicológicos, sin embargo, España sigue haciendo caso omiso a las recomendaciones y realizando estas pruebas, incluso cuando el niño o niña tiene documentación que acredita su minoría de edad. Cuando esto ocurre, el menor queda en un limbo jurídico que le impide disfrutar de sus derechos como adulto y de la protección que merece como menor de edad.

Aun cuando se les reconozca la minoría de edad a estos jóvenes, las condiciones en las que están en España tampoco es que sean las más dignas en muchas ocasiones. Pues los centros de internamiento acaban convirtiéndose en verdaderas cárceles con altos niveles de violencia y tráfico de drogas, que no es controlado por los responsables.  En ciudades como Madrid o Barcelona, por ejemplo, también hay menores migrantes no acompañados que deciden escapar de los centros y quedarse en la calle para escapar de las condiciones en las que viven y de los malos tratos que a veces denuncian por parte del personal de los centros. Muchos emprenden el viaje hacia otros países del norte de Europa y desaparecen entre las grietas del sistema.

Sin políticas educativas y de empleo, el futuro de estos niños queda condenado a la precariedad y la exclusión social y el día que cumplen los 18 años se quedan desprotegidos, sin prácticamente ningún tipo de apoyo de la Administración, que ha sido su tutor hasta entonces. “A nadie se le ocurriría dejar abandonado a su suerte a su hijo el día de su 18 cumpleaños, los Estados tampoco deberían hacerlo. Los esfuerzos orientados a la inclusión del menor en la sociedad no sirven de nada sin medidas orientadas a su integración como adulto”, explica Andrés Conde, director general de Save the Children.

La lucha de la senadora Maribel Mora.

El tema de los menores no acompañados que migran hacia España lleva siendo tema de una lucha larga y frustrante, en muchas ocasiones, de la senadora de Podemos, Maribel Mora. Pese a su insistencia y preocupación por esos seres humanos tan desprotegidos, la senadora choca una y otra vez contra el muro que supone la dejadez, desconocimiento o mala fe del ministerio de Interior de Juan Ignacio Zoido. Más preocupado por disfrutar de una caña con los amigos en la calle Sierpes, el ministro nada hace por estos menores de edad. Algo que no arredra a la senadora Mora que insiste e insiste. Por ejemplo, en varias preguntas (porque hay veces que se les tiene que preguntar varias veces) pide la senadora de Podemos un informe sobre menores trasladados de Ceuta y Melilla a la península y que hayan sido reconocidos como tales. ¿La respuesta del gobierno? Que no hay constancia de esa circunstancia. Da la impresión que ni se han molestado en hacerlo porque, como demuestra el trabajo de Save the Children, haberlo haylos.

En otros casos pregunta por la situación de los menores en los centros, en situación de calle o qué pasa con ellos. Y el gobierno responde con un batiburrillo de buenas palabras que la realidad desmiente. Por ejemplo, responden que los datos los tienen en su mayoría las Comunidades Autónomas, pero que ellos siempre velan por el “interés superior del menor”. Algo que en el informe de Save the Children se desmiente… otra vez. Y con eso se quitan cuatro o cinco preguntas realizadas sin contestar realmente. Es más, llega a ser tal la meticulosidad de la senadora que hasta les pide los datos por centros, como el de la Purísima. ¿Respuesta del gobierno? Dos o tres folios con lo que dice la ley que hay que hacer para, a continuación, dar los datos solicitados así como el que no quiere la cosa y sin mucha explicación. Así es normal que salte la sorpresa de que hay 290 menores en Melilla y sólo den cursos de formación a 90. De hostelería peluquería, estética y poco más, y sólo a los mayores de 16 años. Eso sí, los cursos de español no parecen ser prioritarios o no se incluyen en las respuestas. Para que cuando vayan al médico el personal sanitario se las vea y las desee para entenderse.

Lo paradójico es que a este tipo de preguntas respondan y a las que tienen que ver con la situación de personal y estructura de los centros, como la Purísima de Melilla, digan que son parte de las comunidades autónomas, o ciudades autónomas en este caso. El esfuerzo, por tanto, de la senadora de Podemos lo que acaba demostrando es que el informe de Save the Children sobre la poca importancia que le concede el gobierno de M. Rajoy a este tema es cierto. Que como son menores y se quejan lo justo para qué hacer algo más.

Alberto Garre: «Si Rivera quiere hacer algo por España, que retire su apoyo a Rajoy»

El presidente de Somos Región, Alberto Garre ha pedido esta mañana a Albert Rivera que “si de verdad quiere hacer algo por España, que retire el apoyo a los PGE para 2018 y de este modo, provoque la convocatoria de elecciones generales”. Para Garre, resulta evidente que el proyecto político del PP está acabado y que Ciudadanos está recogiendo buena parte de los apoyos que pierde el PP, por tanto si la formación naranja decide mantenerlo en el poder, no será por el interés de los españoles sino por un interés electoralista.

Lo ha dicho esta mañana en Lorca donde Somos Región ha presentado el programa de Foros de Pedanías y Barrios. Un proyecto que se desarrollará los próximos meses de septiembre, octubre y noviembre en las ciudades de Lorca, Cartagena, Murcia, Molina de Segura y Alcantarilla.

El objetivo de este programa es conocer de primera mano la problemática real de cada municipio pedanía a pedanía, barrio a barrio, calle a calle porque el compromiso de este partido es el de no hacer política de laboratorio, sino real. Políticas ligadas al ciudadano y a su entorno. En este sentido, Garre ha señalado que “no es coherente que se gasten más de cinco millones de euros en arreglar una calle, mientras todavía hay 12 millones sin llegar a los bolsillos de los afectados por el terremoto”.

Para ello, se van a constituir diversos grupos de trabajo en cada municipio que trabajarán en aspectos concretos como infraestructuras, medio ambiente o movilidad y concretarán en qué medida afectan los proyectos nacionales a los vecindarios, como ocurre actualmente con el trazado del AVE en varios municipios de la Región.

Los resultados de estos grupos de trabajo servirán para obtener un diagnóstico de la situación municipal, que se sumará al diagnóstico que Somos Región ya presentó sobre la situación regional y en el que colaboraron más de 600 personas. Estos documentos formarán parte de un programa electoral coherente en el que las políticas municipales tendrán un peso muy importante.

Junto a Garre, han participado en esta presentación Rosario Segura, presidenta de Somos Región en Lorca y Antonio Ibarra, secretario general de Somos Región en Lorca y presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de esta ciudad.

El Supremo cita a declarar a dirigentes del Ayuntamiento de Cartagena por la campaña de imagen de la exalcaldesa Pilar Barreiro

El Tribunal Supremo ha citado ha declarar el próximo 1 de junio al empresario Alejandro de Pedro, uno de los principales implicados en el caso Púnica, para que declare en el sumario abierto contra la exsenadora popular y exalcaldesa de Cartagena (Murcia), Pilar Barreiro. De Pedro será interrogado a partir de las 10.00 de la mañana, sobre su presunta participación en la trama con el fin de defraudar, tanto al Ayuntamiento de Cartagena, como a la Consejería de Educación de la Región de Murcia, con el fin de mejorar la imagen de Pilar Barreiro, alcaldesa de la ciudad. Barreiro fue Senadora del Partido Popular, pero entregó su acta “para no perjudicar a su partido.”

La juez del caso, Ana Ferrer, ha citado, además de a De Pedro, al ex jefe de gabinete de la Alcaldía de Cartagena, Francisco de Asís Ferreño, y a la funcionaria y asesora María del Mar Conesa, ambos para el día 8 de junio. Todos ellos están citados como testigos, aunque al tener condición de imputados en el sumario del caso Púnica seguido en la Audiencia Nacional, el alto Tribunal les concede permiso para ser acompañados de sus correspondientes letrados y con derechos propios de los investigados.

Ana Ferrer continúa de este modo la investigación a pesar de que la Fiscalía ante el Supremo pidió al tribunal el archivo de la causa abierta por delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho contra la exalcaldesa.  Barreiro está acusada de haber usado fondos públicos del consistorio de Cartagena y de la Comunidad de Murcia para mejorar su imagen a través de un plan de reputación personal a través de, entre otros medios, un diario creado «ad hoc» para ese fin.

PSOE: “El PP se traga un convenio de la Delegación del Gobierno con el que sobrecargan las competencias de Policía Local a cambio de nada”

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Marisol Sánchez Jódar lamenta que el Alcalde y su concejal de Seguridad Ciudadana se “traguen” este nuevo convenio de seguridad y tráfico con el que lo único que han conseguido es “sobrecargar” las competencias a la Policía Local “a cambio de nada”.

Con la firma del nuevo convenio, la Delegación del Gobierno ha conseguido que Policía Local tenga ahora que atender “más territorio” con el mismo número de efectivos que, recuerda, “es el menor en años” ya que el PP lleva “más de una década sin convocar ni una sola plaza de agente de  Policía Local en Lorca”.

Sánchez Jódar denuncia la “torpeza” del actual Alcalde y su concejal a la hora de aceptar este nuevo convenio con el que “no sólo no mejoran la seguridad ciudadana en el municipio, sino que lo que hacen es sobrecargar aún más la actual plantilla de Policía Local”.

“Más territorio con menos efectivos”. Este es el protocolo que “se ha tragado” el Alcalde y su concejal de Seguridad Ciudadana, para combatir la falta de seguridad en el municipio. El nuevo convenio obliga a los agentes de Policía Local, sin ampliar su plantilla, a cubrir recintos que antes era competencia de Guardia Civil, como las zonas de los polígonos industriales, el perímetro del Centro Comercial Almenara, el del Hospital Rafael Méndez o más territorio a la entrada y salida de la ciudad.

El nuevo protocolo se trata de una “cesión” del Ayuntamiento de Lorca a la Delegación del Gobierno, por lo que considera “normal” que el Delegado del Gobierno este “tan contento” con sus compañeros de partido en el equipo de gobierno en Lorca. Lo que no entiende, insiste, es “qué hacen desde el equipo de gobierno haciéndole palmas”.

Sánchez Jódar ha insistido en que este nuevo convenio es “a cambio de nada”, ya que las “contraprestaciones” que la Delegación del Gobierno destaca como “logros para Lorca” son un “nuevo” vehículo  “que lleva 7 años en Lorca y que está harto de vivir, porque tiene más de 10 años de antiguedad”; tres “nuevos” etilómetros que llevan el mismo tiempo que el anterior vehículo, y el mismo parque móvil que lleva la concejal de Seguridad “años” anunciándolo, y que no supone “ninguna novedad”.

La edil socialista asegura que es de una tremenda “irresponsabilidad” por parte del actual Alcalde que se hayan tragado este convenio y que quieran venderlo a los lorquinos como “el mejor dispositivo posible”. Asegura que eso “es reírse de los lorquinos”, por lo que el PSOE aprovechará el pleno que han forzado sobre seguridad para analizar esta situación y exigir responsabilidades, además de la ocurrencia del radar y las ridículas limitaciones de velocidad a 10.

Sánchez Jódar recuerda que el Partido Popular se ha dedicado a esquilmar las plantillas de efectivos, tanto de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.

Desde 2011, las plantillas de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil han registrado un recorte significativo, pasando, en la Región, de 1.668 agentes de Policía Nacional en 2011 a 1.481 en diciembre de 2016; y 2.066 efectivos de Guardia Civil a 1.957 en diciembre de 2016, según respuesta del Gobierno de España a pregunta registrada por el PSOE en el Congreso.

En el plano municipal, el catálogo de puestos de la Policía Local también ha sido objeto de durísimos recortes por parte del Partido Popular, pasando de 153 en el año 2011 a 111 en 2016, con la pérdida de 42 efectivos en su mayor parte por jubilaciones que han sido amortizadas sin reposición de la plaza.

El PP lleva más de una década “sin convocar ni una sola plaza de agente” y por lo tanto, sin cubrir ni una de las jubilaciones que han tenido lugar durante estos años.

Amat utiliza la Residencia Asistida para fines espurios

El caso de la Residencia Asistida se ha denunciado hasta la extenuación por familiares y partidos de la oposición (PSOE e IU). Siempre se ha mantenido la sospecha de que quiere cerrarla para otros intereses que, hasta el momento, se desconocen pero sabiendo cómo es Gabriel Amat, raro, raro que no tenga que ver con ladrillazo o urbanismo. Los enfermos que allí residen poco o nada les interesan a los señores del PP y Ciudadanos de la Diputación de Almería. Han engañado a la Junta de Andalucía tanto como a los propios familiares. Iban a reformar y cierran alas. Iban a mejorar las instalaciones y lo que se produce es ir quitando internos cada vez. Habrá que ver si con la última de Amat y su escudero en esta situación, Ángel Escobar, la presidenta de la Junta de Andalucía está vigilante como prometió no hace mucho.

Los familiares de las personas que allí residen, que recordemos son personas que no pueden valerse por sí mismas plenamente, denuncian que Escobar y Amat están habilitando el ala de Poniente para dar cursos de formación. Según nos cuentan se están llevando lavadoras y utensilios de cocina para enseñar a hacer la colada y cocinar «supuestamente» a migrantes u otro tipo de personas que reciban cursos. Lo que provocará un malestar y un mayor hacinamiento de las personas que allí viven y para los trabajadores del centro. Como son migrantes o parados de larga duración y “también es obra social” (como les han dicho) pues los metemos con los “enfermitos” a ver si así los familiares se cansan y se los llevan han debido pensar en la Diputación. Ni Maquiavelo haría una cosa así, como está haciendo Ángel Escobar. Como son dependientes y muchos ni se van a quejar, pues les metemos unos cursos de formación en un ala que, en principio, no podía ser ocupada y por lo que se pidió reducir el número de personas ingresadas.

Eso sí, sobre la hacinación a la que se está obligando a los residentes por esta situación nada dirán. Como nos han comentado los lugares comunes ya es un sin vivir y los familiares ni se pueden apenas sentar cuando visitan a los residentes y casi están espalda con espalda. Algo que ocurre en la Unidad 10-12. Con toses de unos sobre otros prácticamente. Igual es que el señor Escobar nació en un mini-piso con 20 hermanos y para él eso es vida normal. Pero está claro que en la Residencia Asistida es infravida. Y claro Levante se cerrará cuanto antes para unas obras que, visto lo visto, nunca llegarán. Y eso que es la mejor unidad al tener más luz y no necesitar salir a la calle para acudir a las visitas de fisioterapia. Porque las verdaderas intenciones de todo esto es cerrar la Residencia.

El vicepresidente de la Diputación se comprometió a darles un informe de las obras a los familiares el 13 de febrero y hasta la fecha no se supo más. No les interesan las personas desvalidas. Bueno, no les interesan las personas directamente. Porque tampoco se entiende los problemas de seguridad en Roquetas de Mar o en todo el Poniente almeriense. Ni la falta de agua en muchas partes de la región, con la importancia que ello tiene. Ni les importa que haya tren, ni nada que no sea lo urbanístico. Han mentido una vez más a los familiares y lo peor no es eso, sino que los residentes, los verdaderos perjudicados de todo esto, son los que sufren el día a día mientras Amat y Escobar se comen una gambas rojas.