El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Rafael González Tovar ha reclamado en el Pleno de la Asamblea apoyo al sector productor fotovoltaico social. En concreto, solicita que se congelen las actuales retribuciones de las plantas fotovoltaicas hasta el final de la vida regulatoria de estas instalaciones, sin que se vuelva a producir ningún tipo de recorte adicional, ni actualizaciones que puedan suponer una minoración de su retribución.
González Tovar recordó que desde el Estado se animó a las familias españolas, a través de reales decretos y por medio de campañas publicitarias a destinar sus ahorros al desarrollo y producción de energía solar fotovoltaica.
“El Gobierno de España fomentó este tipo de inversión como rentable, muy segura y socialmente comprometida y el propio Ministerio de Industria recomendó mediante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), que se asumieran financiaciones del 80% del coste total de las instalaciones”.
A raíz de esto, un total de 62.000 familias españolas, de las cuales 18.000 residen en la Región, optaron por invertir sus ahorros en energías renovables, contribuyendo en el cumplimiento de los compromisos internacionales de Kioto y los objetivos de la UE en materia medioambiental.
Rafael González denuncia que, sin embargo, a los pocos meses de estar financiadas, instaladas y operativas las plantas, estas familias se enfrentaron a cambios en las condiciones originales, con recortes acumulados que alcanzan, según los casos, entre el 30% y el 50% de los ingresos que se garantizaban, lo que ahora impide afrontar los compromisos de pago soportados por los productores.
“En total se destinaron 25.000 millones de euros al desarrollo y producción de energía solar fotovoltaica, pero todavía se adeudan a la banca 9.000 millones de euros, de los cuales 1.732 millones corresponden a la inversión realizada en nuestra Comunidad Autónoma para la instalación de 428 MW”, expresó.
Esta inversión tenía previsto dejar cada año 178 millones de euros, cuyo beneficio redundaría tanto en las familias productoras como en los 202 empleos directos e indirectos que inicialmente generó, además del indudable efecto multiplicador en las economías locales. Los beneficios totales a los 25 años para la Región, si el Gobierno no hubiera cambiado retroactivamente la norma, habrían sido en torno a los 4.458 millones de euros. La Comisión Europea ha advertido en múltiples ocasiones sobre los riesgos de cambiar retroactivamente las normas retributivas.
El parlamentario socialista recordó que el sector productor murciano sufre recortes que suponen de media un 30%, lo que alcanza una pérdidas al año de 53,4 millones de euros. “Una situación intolerable, que podría agravarse con la amenaza de nuevos y drásticos recortes a partir de 2019”.
Responsabilizó al Gobierno del Partido Popular de haber sido el responsable de que en España se haya detenido abruptamente la implantación de renovables, desmantelando el marco legal que se ofreció.
La normativa española promovió en su momento la inversión en este sector para implantar y desarrollar las tecnologías más innovadoras. En 2010, cuando ya se habían realizado grandes inversiones y estaban en curso otras nuevas, el Gobierno presiondado por la crisis inició una serie de modificaciones con impacto retroactivo, pero se compensó a los productores con un aumento de la vigencia de sus contratos.
Fue con la llegada del Gobierno de Rajoy cuando se modificaron las reglas del juego y si bien en toda Europa las ayudas fueron disminuyendo, solo en España se ha detenido abruptamente la implantación de renovables. Esto ha provocado la pérdida del liderazgo a nivel mundial, que estemos estancados cuando el resto de países crece y que España haya pasado de ser líder en Europa a estar en el puesto 18 y bajando.
González Tovar subrayó que “debe quedar manifiesto el apoyo de la Asamblea a los productores que invirtieron en renovables, así como la defensa a una energía no contaminante y que evita gran emanación de gases de efecto invernadero, con lo que favorece la lucha contra el cambio climático”, concluyó.
Flor cortada
Por otra parte, el diputado Jesús Navarro ha sido el ponente en la moción de Ciudadanos en la que solicitaba una línea de ayudas para el sector de la flor cortada. El Grupo Parlamentario Socialista ha apoyado esta iniciativa, pero ha reprochado que esta es la tercera moción que se presenta en este sentido en la Cámara sin que se hayan cumplido los compromisos aprobados. Navarro denunció que “las ayudas prometidas por el Partido Popular siguen sin llegar y tampoco ha cumplido el Plan Estratégico que propuso para el sector, que se ha quedado en un anuncio, como casi todos los planes que anuncia”.
Interrupción voluntaria embarazo
Por su parte, la diputada Consuelo Cano ha presentado dos enmiendas a la moción de Podemos sobre interrupción voluntaria del embarazo. Cano pide que se asegure el derecho y la gratuidad de la sedación en las interrupciones voluntarias del embarazo en las clínicas concertadas que prestan el servicio actualmente en la Región.
Además, para complementar la iniciativa solicita que se estudie y considere la necesidad de poner en marcha la prestación de las interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales públicos de la Región, optimizando los recursos existentes. “Más allá de las cuestiones ideológicas y morales hay que cumplir las leyes”, indicó.
Apoyo al 75 aniversario AGA
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Joaquín López Pagán ha expresado el apoyo a las distintas actuaciones para conmemorar el 75 aniversario de la Academia General del Aire de San Javier a lo largo del año 2018.
Apagón financiero
Rafael González Tovar ha exigido que se abra un proceso de negociación con las entidades financieras, y en colaboración con los ayuntamientos de los municipios afectados, con el fin de buscar una fórmula legal que permita restablecer los servicios financieros en aquellos municipios, pedanías y diputaciones que se encuentran actualmente afectados por la exclusión bancaria. Esta es una enmienda parcial presentada a la moción del PP, para que se prime con mejoras en los concursos públicos a las entidades bancarias que mantengan sus oficinas en núcleos de baja población, pedanías y diputaciones de la Región.
El Grupo Parlamentario Socialista presentó una moción en este sentido, que ha quedado convertida en enmienda, y en la que denunciaba que los municipios de Ulea, Villanueva del Río Segura, Ojós y Albudeite y pedanías de Murcia y Lorca y alguna diputación de Cartagena se habían quedado sin este servicio entrando en lo que se ha denominado “apagón financiero”.
El parlamentario socialista destacó que la peculiaridad que tienen estos municipios es la alta población de personas con avanzada edad, “que no tienen un dominio digital para operar a través de Internet y en muchos casos no tienen posibilidades de desplazarse a otras localidades para hacer los trámites bancarios, lo que supone un gran perjuicio”.
