sábado, 2 mayo, 2026

Rajoy convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera

La financiación de las Comunidades Autónomas es un tema que ha conseguido unir a todos los presidentes autonómicos, independientemente del partido al que pertenezcan. Es un hecho que las entidades territoriales españolas están infra financiadas con el actual modelo y que hay que modificarlo. Esa es la reivindicación y Mariano Rajoy ha querido dar un paso al frente y reunirse con los y las presidentas autonómicas para escuchar sus peticiones y sus reivindicaciones. En un momento en que en España hay un grave conflicto territorial, Rajoy se ha dado cuenta de que no puede permitirse que se le abra otra brecha respecto a las que considera «regiones leales» frente a la «desleal Cataluña», mucho más cuando entre los más activos en la reivindicación se encuentran algunos de los barones de su partido.

En la mañana de hoy ha recibido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien, días atrás, y en referencia a la reunión de hoy, dejó en el aire un mensaje de nacionalismo españolista muy propio de su ex socio de gobierno o de Juan Manuel Moreno Bonilla: «pediré a Rajoy que tenga la misma lealtad con Andalucía que ella ha tenido siempre con España». ¿Conseguir más financiación depende ahora de la lealtad? Al menos ha salido con el compromiso de Rajoy de convocar de inmediato una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Según han manifestado tanto Mariano Rajoy como Susana Díaz tras la reunión, el encuentro ha sido positivo. «Ha sido una reunión satisfactoria en cuanto al elemento del modelo de financiación, porque se ha comprometido a convocar de manera inminente el CPFF, donde todos los gobiernos vamos a manifestar nuestras posiciones», ha afirmado Díaz.

Por otro lado, el presidente del Gobierno también se ha comprometido a que el Ministerio de Fomento y la Consejería andaluza del ramo se reúnan para negociar modificaciones en los apartados de los Presupuestos Generales del Estado dedicados a las inversiones en Andalucía, algo que fue calificado por Díaz como un castigo y por lo que le ha pedido explicaciones a Rajoy.

Movilizaciones contra la privatización de cocinas y almacenes del Hospital La Paz

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El día 16 de Marzo se ha publicado en el BOCM la convocatoria del contrato de concesión de obra pública para la edificación de un Edificio de Hostelería en el Hospital Universitario La Paz. La empresa adjudicataria se hará cargo de la gestión de las cafeterías de público y personal, las máquinas de vending, el suministro y gestión de víveres, el comedor de guardia y la construcción y financiación de un nuevo edificio de Hostelería.

El Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Sanidad (MATS) rechaza este proceso en la forma en la que se ha planteado por las siguientes razones:

-La forma de contrato, concesión de obra pública, supone que la empresa concesionaria construirá con sus propios fondos un edificio para el hospital que costará 11 millones de euros y que le pertenecerá, siendo suelo público, durante 15 años. No queda claro de qué forma se van a obtener los beneficios que compensen dicho gasto.  Esta forma contractual nos lleva de vuelta a los años más negros de la privatización sanitaria del gobierno de Esperanza Aguirre. El Tribunal de Cuentas Europeo ya ha advertido de las consecuencias negativas de este tipo de financiación público-privada.

-Introducción de la línea fría en las cocinas del hospital La Paz. Los antecedentes en los hospitales públicos madrileños son temibles: la calidad de las comidas servidas a los pacientes del Hospital Gregorio Marañón, de un tamaño muy similar al de La Paz, es atroz.

-La continuidad del personal de cocina está en peligro: el 60% de las 225 trabajadoras son precarias, y la línea fría requiere menos personal para su funcionamiento.

-Este es un contrato hecho a la medida de las grandes empresas de restauración colectiva. Solamente hay tres empresas de restauración colectiva en España del tamaño suficiente para asumir semejante obra y que tengan experiencia en hospitales del SERMAS. De estas, únicamente Serunión tiene contratos en La Paz: gestiona la cafetería de personal y las máquinas de vending, y se presenta en su página web como pionera en la introducción de la línea fría en España.

-El historial de Serunión gestionando este tipo de servicios es lamentable, con múltiples incidencias en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, el Hospital de León y en los comedores escolares a su cargo, como ya hemos denunciado.

-Este contrato supone un avance de la privatización: un edificio de hostelería propiedad de una empresa durante 15 años, el suministro y la gestión de todos los víveres del hospital durante el mismo periodo, el comedor del personal de guardia, el mantenimiento del edificio, los 10.000 bocadillos al año para los donantes de sangre y las comidas para el personal de quirófano que prolonga jornada pasan a manos privadas.

Los Almacenes Centrales van a correr la misma suerte. El proyecto es sacarlos del hospital dando su gestión a una empresa externa con el agravante de que no se tiene prevista su vuelta al centro, ya que en el proyecto de construcción no se contempla su ubicación

-Denunciamos que la política del actual gobierno de la Comunidad de Madrid sigue siendo la privatización de la Sanidad Pública. El hospital La Paz hace tiempo que dejó de ser 100% público. La cafetería de personal, la limpieza y la inmensa mayoría del mantenimiento del hospital han sido privatizados, así como el aparcamiento de visitantes, de precios abusivos.

-Los pliegos estipulan unos mecanismos de control de las contratas que serán papel mojado. El ejemplo más claro de esto es la gestión del servicio de limpieza por parte de Ferroser, filial de Ferrovial. A pesar del presunto control por parte de la Comunidad de Madrid, el hospital está notoriamente sucio.

-La anunciada reforma integral del hospital, que se prometió que sería de financiación 100% pública, empieza privatizando las cocinas con financiación también privada. Procesos similares como el traslado del hospital Puerta de Hierro supusieron su privatización casi completa.

El día 19 de Abril comparecerá ante la Asamblea de Madrid el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero para dar explicaciones sobre la privatización de la cocina. Tienen mucho que aclarar.

Por todas estas razones, el MATS anima a todos los trabajadores y usuarios del SERMAS  a participar en la concentración convocada el jueves 19 de Abril a las 11.30 en la plaza central del hospital.

Por una Sanidad 100×100 Pública

El Santander no adapta el estándar de contabilidad de coberturas de la norma NIIF 9

La Nueva norma contable internacional llamada NIIF 9 presenta cambios significativos en 3 áreas:

  1. Clasificación y valoración de instrumentos financieros.
  2. Deterioro de valor: Pasa del modelo de pérdidas crediticias incurridas a las esperadas.
  3. Contabilidad de coberturas.

Dicha norma entró en vigor y es efectiva desde el 1 de enero del 2018. Tiene muchas reglas específicas de transición, excepciones y exenciones. Con carácter general, la norma se aplicará retroactivamente, salvo la mayor parte de los requisitos de coberturas, que serán prospectivos.

Una de las principales características de dicha norma es cómo se contempla el deterioro del valor de los préstamos y partidas a cobrar. Según el criterio NIIF 9, hay que alienar la contabilidad de coberturas con las actividades de gestión de riesgo de una entidad financiera.

La aplicación de dicha normativa, como medida micro prudencial, es efectiva a la hora de poder prevenir los posibles desajustes en los balances de cualquier institución financiera.

Ahora bien, el Grupo Santander y PwC en el informe de auditoría de las cuentas del año 2.017 ya nos dice en su página 8 lo siguiente: «En esta primera aplicación de la norma, el Grupo ha decidido no adaptar el nuevo estándar relativo a la contabilidad de coberturas, tal como se detalla en la Nota 1.b y se contempla en la propia NIIF 9».

En la página 12 de dicho informe de auditoría se confirma lo siguiente: «Análisis de la estrategia fiscal planificada por el Grupo para la recuperabilidad de los activos fiscales diferidos». En el horizonte de 15 años su planteamiento es recuperar todos los activos fiscales diferidos que tiene contabilizados, siendo una cantidad de 23.210 millones de euros.  Lo que sabemos es que en 2.017 solicitó a Hacienda Publica la devolución de 475 millones de euros y este año volver a solicitar 1.025 millones de euros.

Respecto a las provisiones por litigios fiscales, legales y laborales,  en el informe de auditoría se muestra cierta actitud de soberbia y engreimiento por la directiva del Grupo Santander, mostrando que las actas fiscales como laborales abiertas en los distintos órganos de inspección, tanto tributario como laboral, como en los distintos países donde opera, al declarar que «respecto al control interno, nos hemos enfocado en el diseño y operatividad de los controles en los siguientes procesos:

  • Actualización de la base de datos que recogen los litigios en curso.
  • Evaluación de la corrección de las provisiones constituidas por procedimientos regulatorios, legales o fiscales y su contabilización.
  • Conciliación entre las actas de conformidad y, en su caso, disconformidad de las inspecciones con los importes reflejados en contabilidad».

Por tanto, el Grupo Santander no tiene ninguna provisión apriorística o preventiva para litigios fiscales, legales y laborales, y, en el caso de que las actas de inspección presenten disconformidad con las mismas, tratarán de conciliar las cantidades resultantes de las mismas con la cantidad contabilizada por el mismo Grupo. Esto muestra con claridad que ante cualquier disconformidad en un acta debe darse una negociación dejando la posibilidad de alargar judicialmente los plazos, ante los Tribunales Económicos Administrativos y, por tanto, del pago de la deuda tributaria.

En lo referido a las provisiones destinadas a la compensación a clientes en la página 14 del informe de auditoría se describe lo siguiente:

  • Hay un modelo de cálculo y revisión de la provisión para la compensación a clientes, que incluye el proceso de aprobación de las asunciones y resultados del modelo
  • Evaluación del modelo propuesto por la dirección, verificando que está en línea con la práctica del mercado, así como por las recomendaciones de organismos supervisores.
  • Análisis de resultados del modelo ante posibles variaciones en asunciones claves.

Para la aplicación de la norma NIIF 9, el Grupo Santander ha estimado un impacto sobre la ratio de capital ordinario CET1 fully loaded de -20 pb. El Grupo aplicará un periodo de transición de 5 años de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/2395 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 575/2013 en lo referente a las disposiciones transitorias para mitigar el impacto de la introducción de la NIIF 9 en los fondos propios y que supondría un impacto del modelo de deterioro de la NIIF 9 en el CET1 de -1 pb durante 2.018, suponiendo un 5 % del impacto total. El incremento en provisiones por deterioro asciende aproximadamente a 2.200 millones de euros.

En lo referido a los activos inmobiliarios y coberturas, en la página 200 del informe de auditoría se introduce el cuadro sobre activos inmobiliarios procedentes de financiaciones destinadas a empresas de construcción y promoción inmobiliaria.

  • Total Activos inmobiliarios: 9.711 millones de euros
  • Deterioro del valor acumulado: 5.119 millones de euros
  • Valor neto contable: 4.592 millones de euros

Por tanto, se produce una reducción del valor contable de dichos activos inmobiliarios de un 52 %, no utilizando el mismo criterio que utilizó en la venta de los activos inmobiliarios del Banco Popular donde los deprecio un 65 %.

La reconducción o recobros de deudas tiene un apartado importante puesto que en la página 209 del informe de auditoría se dice:  «Respecto al volumen de reconducciones, el total de la cartera a cierre de diciembre 2017 se sitúa en 47.705 millones de euros». Si se atiende a la clasificación crediticia, el 42 % de la cartera reconducida se encuentra clasificada como dudosa de cobro, con una cobertura del 58 % de la misma (24 % sobre el total de la cartera).

Las ratios mínimas exigidas por el Banco Central Europeo al Grupo Santander en base consolidada para este año 2018 son del 12,155% en la ratio de capital total, y del 8,655 % en el CET1 phased in. Respecto al LCR o coeficiente de liquidez, a principio del año 2.017 se encontraba aproximadamente en el 100 %, siendo exigido para ese año un mínimo del 80% dentro de una media de dicho coeficiente del 138 % en la banca de la Unión Europea. Durante los últimos años, el Grupo Santander estuvo escondiendo dicho coeficiente y sólo con la adquisición del Banco Popular ha sido cuando lo ha plasmado porque la LCR se ha situado en el 133%.

Referente al NSFR o coeficiente de financiación estable neta, se muestra en la matriz que es donde menos financiación estable dispone respecto a los demás países. En Reino Unido dispone de un 121%, en USA del 110%, en Brasil del 109% y en España de, 105%, lo que indica que la situación económica española es la menos boyante de los anteriores países indicados.

En referencia al capital regulatorio CET1 fully loaded a 31 de diciembre de 2.017 se sitúa en el 10,84 %, teniendo el objetivo de alcanzar el 11 % este año 2018.

La valoración de dichos coeficientes y ratios confirman que están por encima de las valoraciones mínimas exigidas por el BCE, aunque todavía por debajo de la media del sector financiero europeo, incluso del español, y a mucha distancia de todas aquellas instituciones financieras que mayores coeficientes y ratios presentan en el sector en Europa.

¿Mejoran o empeoran los resultados del Grupo Santander?  El total de créditos aumenta un 12 %, muy apoyado en la integración del Banco Popular ya que, sin dicha aportación, el incremento habría sido de un 2%. El crecimiento de recursos de clientes aumenta un 17%. Sin tener en cuenta al Popular, los recursos aumentaron sólo un 8%. El beneficio ordinario antes de impuestos alcanza los 13.550 millones de euros, tras subir un 20 %. Sin el Popular hubiera aumentado un 17% (2.032 millones de euros).

El beneficio ordinario atribuido del Grupo Santander se sitúa en 7.516 millones de euros, con un aumento del 14%. Sin el Popular el aumento hubiera sido del 10%, (2.147 millones de euros). Con este beneficio, el RoTE ordinario del Grupo es del 11,80%, y sin lo aportado por Popular sería del 8,43 %. Lo mismo ocurre con el El RoRWA ordinario que es del 1,48 %, sin la entidad intervenida apenas hubiera alcanzado el 1,06%.

La ratio de créditos netos sobre depósitos empeora significativamente, pasando del 114 % en diciembre del 2016 al 109% en diciembre del 2017.

La actividad inmobiliaria, incluyendo Banco Popular, y después del acuerdo para la venta del 51 % del negocio inmobiliario a Blackstone, tiene una exposición neta en créditos y adjudicados a diciembre de 2017 es de 5.665 millones, con una cobertura del 52%.

Respecto al cumplimiento de los criterios TLAC, a fecha de 31-12-2017 el Santander dispone de:

  • Preferentes: 2.321 millones, es decir, un +4%
  • Subordinadas: 1.282 millones, es decir un +2%
  • Deuda Senior: 28.992 millones, es decir un +56%

Disponiendo en el colchón anticrisis que tiene que cubrir para cumplir con los criterios de TLAC de una cantidad de 32.595 millones de euros, siendo necesarios que disponga de 62.500 millones, por tanto, tiene un déficit de 29.905 millones para el cumplimiento de dichos criterios.

Para este año 2018 el Santander planeea emitir entre 2 y 3 mil millones de instrumentos híbridos y entre 7 y 10 mil millones de euros de deuda senior non preferred. A principios del año 2018 ya ha realizado emisiones por importe cercano a los 7.000 millones, por tanto, la necesidad de financiación extraordinaria hasta final de este año 2018 le supone al Grupo Santander captar un mínimo de 9.905 millones sobre las previsiones de emisiones que dispone.

Como conclusión, solo se puede remarcar que a la entidad presidida por Ana Patricia Botín le corresponde hacer un esfuerzo considerable para poder cumplir con los criterios que le permitan continuar perteneciendo al grupo de los bancos sistémicos globales y, para ello, deberá cumplir con los criterios exigidos en las normas TLAC,  aunque también le corresponde esforzarse para mejorar las ratios y coeficientes puesto que, cumpliendo con los mínimos exigidos por el BCE, está a mucha distancia de las medias del sector financiero español y europeo.

La integración por un euro del Banco Popular en el Grupo le está reportando grandes beneficios y mejoras en las cuentas del Santander a costa de la ruina de las 305.000 familias que en el fuego cruzado se han convertido en daños colaterales de esta guerra que están viviendo sin desearla ni quererla, una guerra en la que hay que ganar las batallas del día a día, y cada día que pasa esas batallas se están venciendo.

PP y Ciudadanos vetan preguntas sobre la Monarquía

La Mesa del Congreso, que controlan con su mayoría PP y Ciudadanos, ha vetado hoy la tramitación de las preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno del PP relacionadas, precisamente, con las polémicas finanzas de algún miembro de la familia real, como Juan Carlos de Borbón, así como las cuestiones referidas al control efectivo de los ingresos de dinero público con el que se financia la casa real en su conjunto. El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el diputado andaluz de esta misma formación Miguel Ángel Bustamante, registraron estas cuestiones la semana pasada, como se contó en estas mismas páginas.

Sí han pasado el filtro de la Mesa otras cinco preguntas vinculadas a la monarquía incluidas en el mismo paquete. Como recordarán, Izquierda Unida puso en marcha esta iniciativa política el pasado jueves, día 12, coincidiendo con la proximidad del 14 de Abril, conmemoración del aniversario de la II República. Garzón y Bustamante ya denunciaron durante la presentación de ese día en rueda de prensa en la Cámara Baja el “veto continuo” que la Mesa del Congreso impone sobre cualquier tema polémico de la casa real que plantea IU.

En concreto, no pasan ahora la censura política de PP y Ciudadanos cinco de las diez iniciativas parlamentarias que cumplen todos los requisitos reglamentarios. Estas cuestiones planteaban temas específicos como “¿No cree el Gobierno que es una contradicción en sus términos que el Tribunal de Cuentas no fiscalice a la Casa Real?” o si “¿Va a exigir el Gobierno a la Casa Real que detalle el patrimonio y las rentas de sus integrantes, y que sus actividades sean fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas?” Esta falta de explicaciones sobre el uso de recursos públicos por parte de la Casa Real contrasta con la “transparencia” que se exige al conjunto de responsables públicos y cargos electos.

Bustamante y Garzón planteaban también al Gobierno de Mariano Rajoy que respondiera por escrito si “¿puede afirmar que ningún miembro de la Casa Real tiene cualquier tipo de activo financiero en el extranjero y, en concreto, en los conocidos como paraísos fiscales?” y también si “¿considera necesario investigar el patrimonio de la Familia Real?”. Los parlamentarios de Izquierda Unida completaban esta batería de iniciativas, ahora vetadas por la derecha nacionalista, mostrando sus dudas sobre la cuenta en Suiza del ahora rey emérito, por lo que preguntaban si el Ejecutivo del PP va a “exigir responsabilidades” a Juan Carlos de Borbón por esa cuenta que su padre le dejó en herencia a él y a sus dos hermanas por valor de 728 millones de euros. “La Casa Real jamás documentó las justificaciones que ofreció ni el caso fue investigado”, recordaba Bustamante en su texto.

El diputado de IU por Sevilla lamenta ahora “la mentalidad absolutamente censora del Gobierno de Rajoy también en lo que tiene que ver con la Casa Real. Como ya pasó otras veces, cuando supuestamente pretenden protegerles, este Ejecutivo sobreactúa y acaba echando una densa cortina de humo que perjudica más que favorece a los miembros de esta familia”. Bustamante denuncia esta “opacidad cómplice” puesta hoy de nuevo de manifiesto en el Congreso, al tiempo que advierte del “poco respeto que demuestran PP y Ciudadanos a ciudadanía al considerar que sus representantes no podamos saber cómo opera la Casa Real en determinados ámbitos que nos afectan a todos y todas”.

Entre las cuestiones que en esta ocasión sí han pasado la censura política en la Cámara baja está que el gobierno se tenga que pronunciar sobre si “¿ha valorado la posibilidad de convocar un referéndum para que la ciudadanía pueda elegir entre República y Monarquía?” y si considera que pedirlo supone “una posición radical”. Algo es algo, aunque se supone que las respuestas serán del tipo “no es el momento”, “quien sabe lo que significa la radicalidad, salvo tú que eres radical y comunista”, como les contamos habitualmente en Diario 16.

También habrá una respuesta desde Moncloa a la “opacidad” del Centro de Investigaciones Sociológicas, bajo responsabilidad del Ejecutivo, a quien se reclama que explique “¿cuáles son los motivos por los que el CIS ha dejado de realizar encuestas sobre la Monarquía española?”, si va a permitir que este centro “siga ocultando la opinión de la ciudadanía sobre la Monarquía”, como hace desde 2015, y si ello se debe a que el Gobierno esté “preocupado” por esta opinión. Algo que hemos denunciado con profusión, así como la negativa a responder con claridad al senador Joan Comorera que también se ha preocupado por estas cuestiones.

Se conocerá también la opinión del Gobierno de Rajoy sobre si “¿considera que la Monarquía es compatible con el principio constitucional de igualdad de toda la ciudadanía ante la ley?” o si “¿considera que la Monarquía es compatible con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todas las personas son iguales al nacer?”. Que como sucede con las respuestas a preguntas anteriores serán, seguramente, divagaciones dodecafónicas.

Unidos Podemos exige al Gobierno que condene los bombardeos perpetrados en Siria

Cuando Toni Negri y Michael Hardt escribieron su magna obra Imperio no estaban pensando precisamente en la potencia imperial militar estadounidense. O no sólo pensarían en ello porque, no es sólo que se imponga una cultura homogeneizadora al resto de la humanidad desde el centro imperial y un modelo único de relaciones sociales (y por tanto de producción), sino que, en manos de Donald Trump, Estados Unidos es de facto el matón del barrio en todo el orbe. Salvo que Vladimir Putin, que también da mucho miedo, se lie la manta a la cabeza, Estados Unidos es hoy la cabeza del Imperio militar y económico. Por ello, no necesita de la Organización de Naciones Unidas, ni nada más para atacar Siria de manera unilateral. En esta ocasión, acompañado por la Francia de Emmanuel Macron, quien está haciendo oposiciones frente al Imperio para ser el nuevo aznarín, el muñeco saltarín, de EEUU. Porque, obviamente, Gran Bretaña no es más que otra marioneta del poder imperial.

Por ello las senadoras de Unidos Podemos-En Comú-En Marea  Idoia Villanueva y Sara Vilà, portavoz y portavoz adjunta de la Comisión de Asuntos Exteriores respectivamente, registraron ayer martes, 17 de abril, una moción para instar al Gobierno a condenar los bombardeos perpetrados por Estados Unidos, Francia y Reino Unido en Siria, así como a liderar una agenda de paz en Oriente Medio. Lo que en tratándose de M. Rajoy suena, sin duda, a utopía.

Como se recordará, el pasado 14 de abril estos tres países lanzaron, sin el consentimiento de la comunidad internacional, un ataque de 107 misiles desde cazabombarderos y fragatas en el Mediterráneo y el Mar Rojo contra el Centro de I+D de Barzah, en las afueras de Damasco, y un puesto de mando y un supuesto almacén de armas químicas en el oeste de Homs. Concretamente, España ha colaborado con este bombardeo cediendo la base de Zaragoza. Además, sigue teniendo activada la misión Activa Fence, que cuenta con una batería de misiles Patriot en Turquía para proteger a este país como aliado de la OTAN ante un posible ataque de Siria, según el Ministerio de Defensa.

“No hay ninguna resolución de las Naciones Unidas que haya legitimado este ataque, por lo que España de ninguna manera puede dar apoyo a este camino de la política exterior estadounidense que está fuera del derecho internacional y de las Naciones Unidas, e incluso del consenso de la OTAN”, ha afirmado Sara Vilà. En la ONU no se alcanzó acuerdo alguno, como se contó a principios de abril, por lo que este ataque ha sido unilateral y con sólo indicios, como ya sucediera en la guerra de Irak de 2003-2004.

Por ello, las senadoras instan al Gobierno con esta moción a condenar los bombardeos  y “poner fin de manera inmediata a las masivas violaciones de Derechos Humanos que sufre desde hace 7 años el pueblo sirio”. Asimismo, solicita no colaborar con ningún ataque ilegal a Siria, suspender la misión Active Fence en Turquía y seguir apostando por investigaciones independientes de la ONU en relación a las armas químicas. Por último, la iniciativa pide al Gobierno que promueva y lidere una agenda de paz para Oriente Medio. La senadora Villanueva ha explicado que “es necesaria una tregua humanitaria garantizada por la comunidad internacional con voluntad para negociar un acuerdo de paz definitivo en el que se tenga en cuenta a todas las partes”.

Valcárcel citado ante las Cortes Valencianas

El expresidente de la Región de Murcia y actual eurodiputado del PP, Ramón Luis Valcárcel, y el ex secretario general del Partido Popular Ángel Acebes comparecerán esta semana en Las Cortes Valencianas, donde han sido citados por la comisión que investiga la gestión de Feria Valencia.

El orden del día de la comisión de investigación, que se reunirá el jueves por la tarde, incluye la comparecencia a las 16.30 horas de Valcárcel en calidad de expresidente del Comité organizador del XVI Congreso nacional del PP, que se celebró en junio de 2008 en Feria Valencia y en el que Mariano Rajoy resultó elegido presidente.

Dos horas después está citado Ángel Acebes, quien era el secretario general del PP cuando se celebró ese congreso, del que hasta el año pasado no se abonaron los 625.000 euros del alquiler del recinto, tras ordenarlo un juzgado de Madrid.

Acebes fue señalado en esta comisión de investigación por el extesorero del PP Luis Bárcenas como uno de los asistentes a una cena en Valencia en la que se acordó que el PPCV asumiría el coste del alquiler de Feria Valencia, ya que «fue una petición de Valencia» que fuera aquí el cónclave popular.

Susana Díaz, “doña erre, que erre” con la financiación

Consciente la presidenta de la Junta de Andalucía que, cada día que pasa, se encuentra más atenazada por una administración elefantiásica, descomunal, que requiere de una financiación superior a la que tiene. Claro para salvar el modus operandi y dar todos los servicios sociales y públicos que promete en cada intervención. Por ello Susana Díaz ha pedido a M. Rajoy que convoque «cuanto antes» el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), porque «Andalucía no puede aguantar una prórroga más de un modelo que le hace perder 1.000 millones cada año», según sus cálculos.  En esta ocasión no es la Conferencia de Presidentes lo que pide, sino el CPFF. Una cuestión que repite en bucle desde hace unos meses, sin dejar pasar un día en que no lo haga ella o las personas de su gobierno.

Andalucía está al límite de su fuerza financiera para acometer la Sanidad, la Educación y otros servicios sociales en condiciones razonables. Y hoy, en la reunión que tendrá con el presidente del Gobierno, le recordará todas estas cuestiones la andaluza. Por ello ha recordado, en una entrevista para el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser que la propuesta andaluza sobre financiación cuenta con el «aval» de 101 de los 109 diputados del Parlamento andaluz (excepto Ciudadanos que ya se sabe que no cree en la autonomías) y ha sido trasladado también a la patronal, los sindicatos, el tercer sector, las organizaciones agrarias o las universidades. «Mañana [por hoy] voy como presidenta de todos los andaluces», ha señalado Díaz.

Susana Díaz, aprovechando que el Guadalquivir pasa por Sevilla, abordará también con Rajoy el «castigo a Andalucía» que suponen, un año más, los Presupuestos Generales del Estado (PGE). «En lugar de enmendar el tajo del año pasado, ha incrementado el agravio», ha asegurado la presidenta, que ha puesto como ejemplos la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla, el aislamiento ferroviario de Granada, el AVE a Almería o la falta de inversión en Huelva. «No es de recibo que un andaluz reciba 42 euros menos que la media», ha resumido Susana Díaz, sin un ápice de crítica en su propia gestión.

Además de estos asuntos, que considera «principales”, como la financiación autonómica y las inversiones en los PGE, la presidenta de la Junta planteará en la reunión la posición del Gobierno andaluz con respecto al proyecto de almacenamiento de gas en Doñana o la situación de las playas tras el temporal del mes pasado, especialmente en las provincias de Cádiz y Huelva, por la necesidad de que lleguen «en perfectas condiciones» al verano, ya que el sector turístico es «clave» para Andalucía. Vamos acude a Moncloa con el “¿Qué hay de lo mío?”, sin referencia alguna al proyecto del PSOE de presupuestos. Deja claro así que lo que digan los socialdemócratas más allá de Despeñaperros no va con ella.

Amat deja tirados a los drogodependientes de Roquetas

Gabriel Amat lo ha vuelto a hacer. El simpar alcalde de Roquetas de Mar, a quien pueden fastidiar sus proyecto macrourbanísticos que es lo que le gusta realmente, está dejando fenecer el Centro Comarcal de Drogodependencias porque las personas le importan poco, como se demuestra día a día. Como ha denunciado el concejal socialdemócrata Manolo García, hace 12 años que se amortizó la plaza de su trabajadora social, una figura necesaria en este tipo de centros, por lo que ya funciona en precario, pero la situación se puede agravar a partir del próximo mes de mayo, cuando se jubilará el único médico con que cuenta. “Sin médico no puede funcionar y nos preocupa que se quedé sin él, ya que no se ha formado ni preparado a su sustituto, cuando en este centro se tratan cuestiones complejas y muy importantes que quieren una preparación sobre el manejo de los programas y las problemáticas que se tratan”, denuncia García.

Tras denunciar esta situación a los medios de comunicación, el concejal del Partido Popular, José Juan Rodríguez, mandado por Amat para apagar el fuego, afirma que “precisamente esta mañana he estado con el personal del centro, que lleva mucho tiempo preocupado por su situación”. Pero el fuego parece más fatuo porque las mentiras del gobierno popular de Amat tienen, como las demás, las patas cortas. Se ha preocupado tanto que no sabe cuándo se jubila realmente el único médico. Para el concejal no habría problema porque es en julio de 2018, pero si hubiese hablado con él, cosa que no ha hecho, sabría que se marcha el 8 mayo porque le deben días y vacaciones que debe coger “forzosamente” antes de la jubilación. Como afirma el concejal del PSOE “a lo mejor el que no ha contrastado bien la información ha sido él”.

“El médico lleva un año pidiendo que pongan a un sustituto con tiempo suficiente para que se pueda preparar ante la complejidad del servicio que se presta en este centro, tras nuestra denuncia anuncian que se va a contratar en unos días una médica joven y sin apenas experiencia, que tampoco tendrá tiempo para formarse y conocer el trabajo antes de quedarse sola”, ha denunciado Manolo García. También ha querido destacar la importancia de los servicios que ofrece el Centro, pues se presta atención, asesoramiento y tratamiento a personas con todo tipo de dependencias, incluidas las cada vez más numerosas adicciones a los teléfonos móviles o los videojuegos.

En el caso de las drogas, que es el origen de estos centros, García ha mostrado su preocupación por el incremento del cannabis entre jóvenes y adolescentes del municipio, “se trata de un problema que hay que afrontar y en el que el Ayuntamiento debe implicarse, primero porque es un problema de salud muy importante, y segundo porque también afecta a la seguridad”, ha declarado. En este sentido, el edil recuerda la problemática existente en algunas zonas de Roquetas con las plantaciones de marihuana y que a su juicio, están directamente relacionadas con el incremento del consumo. “Hace falta mayor vigilancia y medios para erradicar estas prácticas ilegales, pero también es imprescindible atajar el problema con prevención y tratamiento, el problema es que el PP no se está tomando en serio ninguna de las dos cosas”, denuncia Manolo García.

Además, nada ha dicho el concejal conservador sobre la carencia de una trabajadora social, ya que en la actualidad hay una en precario vinculada a un programa de Servicios Sociales que también acabará en mayo, puesto que la plaza lleva sin cubrirse desde hace años, como denuncia el PSOE. Por tanto, Amat deja a Roquetas de Mar sin un servicio importante, no acomete los problemas de salud pública, miente una vez más y, lo que es peor, demuestra que él y su equipo de gobierno están completamente desvinculados de la realidad de la ciudadanía roquetera. “No nos sorprende el escaso interés que muestra nuestro alcalde por estas cuestiones, pero desde el PSOE no nos cansaremos de reclamar mayor implicación, ya que se trata de aspectos que repercuten directamente en la calidad de vida de nuestros vecinos”, ha concluido Manolo García.

Formación para prevenir la violencia machista en mujeres con discapacidad intelectual

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La Comunidad de Madrid fomenta la prevención de situaciones de abuso y violencia machista contra mujeres con discapacidad intelectual a través de una iniciativa de formación desarrollada en colaboración con Plena Inclusión Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Así lo ha destacado hoy la viceconsejera de Políticas Sociales y Familia, Belén Prado, en el acto de clausura de la segunda edición del curso “Prevención y empoderamiento ante la violencia de género en mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo”, celebrado hoy en la Facultad de Psicología de la UNED.

Con este curso de extensión universitaria dirigido a personas con discapacidad intelectual se pretende, además, fomentar su participación en un entorno universitario inclusivo. El curso ha contado con 63 horas de duración, se inició el pasado mes de noviembre y ha combinado formación presencial y en-línea. Un total de 26 participantes han recibido hoy de manos de la viceconsejera el título oficial.

Esta iniciativa de formación se incluye dentro del proyecto “No hay trato con el maltrato”, con el que además de prevenir situaciones de abuso y violencia, el Gobierno regional pretende capacitar a los alumnos para informar y formar a otras personas. Así, en una segunda fase del proyecto, los participantes que han superado con éxito este curso impartirán charlas sobre violencia de género en recursos específicos de atención a personas con discapacidad intelectual con mayores necesidades.

“Queremos que las personas con discapacidad intelectual estén preparadas para evitar situaciones de riesgo, pero también que sean capaces de defenderse, pedir ayuda y denunciar situaciones en el caso de que estén siendo víctimas de un abuso”, ha señalado la viceconsejera.

Las mujeres con discapacidad intelectual tienen más riesgo de sufrir situaciones de violencia o abuso. Por ello, “es fundamental que conozcan qué es la violencia de género, sepan identificar cuándo una mujer está siendo víctima y, por supuesto, conozcan sus derechos y sepan cómo proceder ante una situación de riesgo o violencia”, ha destacado Prado. En total, unas 80 personas con discapacidad intelectual, de los que 20 serán jóvenes entre 14 y 21 años, se beneficiarán de estas sesiones de prevención y sensibilización. Según destacó la viceconsejera “esa información y ayuda mutua es mejor recibida cuando es de igual a igual”.

También se han distribuido 3.000 ejemplares de la Guía para la Prevención de la Violencia de Género para Mujeres con Discapacidad Intelectual o del desarrollo. “Con esta Guía, elaborada en versión lectura fácil y con lenguaje inclusivo, pretendemos facilitar a las mujeres con discapacidad intelectual el reconocimiento de las señales de alerta de la violencia de género en sus fases iniciales, así como visibilizar y sensibilizar a toda la sociedad”, según ha explicado Prado.

La Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género 2016-2021, que pretende erradicar la violencia machista de la sociedad madrileña en los próximos años, contempla entre sus fines mejorar los recursos y las medidas dirigidas a aquellas víctimas de violencia machista especialmente vulnerables, como son las mujeres con discapacidad. “Con esta iniciativa, además de velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, damos un paso más en el cumplimiento de los objetivos contemplados en la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género, concretamente de aquellos dirigidos a visibilizar la dramática situación de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género”, ha concluido la viceconsejera.

El colectivo de mujeres ENTRAREMOS pide la disolución de la Real Academia Española

El colectivo de mujeres ENTRAREMOS ha lanzado este martes un comunicado exigiendo «la disolución inmediata de la RAE, la entrega incondicional de las letras y que pidan perdón a las víctimas de la institución por perpetuar el uso machista de la lengua durante sus 300 años de historia».

Las integrantes de la banda (lectoras, escritoras y mujeres que no se callan) amenazan con tomar a la fuerza las butacas que les corresponden si los académicos se resisten. «Si es necesario, lo haremos con vuestras propias armas: hablando más alto, ocupando más columnas, interrumpiendo vuestras conversaciones, ignorando vuestras opiniones, explicándoos el contenido de vuestros propios libros», señalan en el vídeo que han difundido.

Los motivos de sus demandas son, entre otros, la invisibilización de las autoras en las enciclopedias y los libros de texto, la abrumadora falta de paridad de una institución que ‘regula’ nuestra forma de contar el mundo y las insoportables columnas ‘cipotudas’ de los domingos.

El colectivo reivindica la obra de tres autoras que nunca fueron aceptadas en la Academia: Gertrudis Gómez de Avellaneda, Emilia Pardo Bazán y María Moliner. Fue en abril cuando Pardo Bazán fue rechazada por tercera y última vez por la RAE (1912) y cuando Moliner publicó su ‘Diccionario del uso del español’ (1966).

Gracias al Instituto 25-M les ofrecemos el comunicado.