domingo, 3 mayo, 2026

Enfado en el PSOE con Susana Díaz

El resquemor que dejaron las primarias del PSOE sigue vivo, especialmente, porque desde un lado del antagonismo parecen dispuestos a persistir en el error. De nada sirvieron las fotos impostadas en la Feria de Abril sevillana entre el secretario general Pedro Sánchez y su rival Susana Díaz. Independientemente de lo hortera que pueda parecer acudir al recinto ferial sevillano (al menos para los que no son sevillanos), las declaraciones de correspondencia política parecen haber durado lo justo. Lo que ha tardado Díaz en verse en primera plana estatal.

Recluida en su feudo andaluz, lleva ya un tiempo hablando casi más de lo que sucede allende las fronteras de su región que de los problemas reales de los andaluces. Y, en su batalla populista por la financiación andaluza (“¿Qué hay de lo mío?”), frente a M. Rajoy ha sacado su andalucismo a pasear por encima del sentimiento de partido. Y esto ha provocado el malestar en las bases socialistas. Después de conseguir el compromiso del presidente del Gobierno de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la reforma del modelo de financiación autonómica, se ha venido arriba. Así ha afirmado, en un corte de sonido que se ha distribuido profusamente en los círculos del PSOE, que estaría dispuesta a apoyar los PGE 2018 si se recogen las demandas andaluzas y que “la posición del PSOE en España la marca la dirección federal y la posición del gobierno de Andalucía, es evidente, que la marca el gobierno y su presidenta”. Fuego por los ojos en las bases socialistas con estas palabras, que han tornado en rayos vengativos, más poderosos que los de Zeus, cuando a continuación ha remarcado que “yo sé perfectamente distinguir la labor institucional de la militancia en el PSOE”. O lo que es lo mismo, en Andalucía se hace lo que yo quiero. O eso han entendido los sanchistas y demás socialistas de arriba Despeñaperros.

Entienden las bases, y algunos dirigentes regionales, que esto está pasando de castaño oscuro, que Susana Díaz está tensando la cuerda demasiado con Ferraz y que, de seguir así, incluso habría que expedientarla o echarla del PSOE, como dicen las bases. Después de su cambio al andalucismo demagógico del final de año, en algunos sectores del partido se la empieza a ver más cercana a las posiciones de Ciudadanos que a las del PSOE, como se comenta en foros y conversaciones privadas. No la aguantan y se lamentan que Sánchez sea tan condescendiente con ella. En Ferraz saben que los diputados andaluces son necesarios para ganar las elecciones y por ello están aguantando los desplantes, pero como no logre ganar las elecciones en Andalucía, tal y como le gusta a ella indican, pedirán su cabeza sin dudarlo un minuto.

En algún foro se ha podido leer que por encima de ella, como creyente, sólo está dios y que tapa sus carencias con la verdiblanca. Otras personas hablan de ella como una dictadura que piensa que Andalucía es su cortijo. Eso por no hablar de los insultos y groserías típicas de las personas que se enajenan transitoriamente cuando escuchan su voz y/o su nombre. Lo que es evidente es que ha caído en las redes del populismo, o del bonapartismo si se quiere desde una perspectiva más marxista, y va a resistir en Andalucía hasta que pueda hacerse con el control total del PSOE. Lo que pasa es que ella, por muchos amigos que tenga en el establishment, no sabe que ya no es apoyada por ese establishment. Está muerta más allá de Jaén y no se ha dado cuenta. Que ya tienen pensada otra persona si Sánchez se da el golpe en las elecciones generales.

Claro que sería cuando menos curioso que la presidenta de la Junta de Andalucía explicase cómo va a apoyar los PGE del PP sin saltarse la disciplina de partido, esa misma que ella impone en Andalucía e impuso durante el tiempo de la Gestora. Institucionalmente puede hasta recitar coplas, pero políticamente ¿piensa pedir a los diputados andaluces que voten a favor o se abstengan? Por si no lo recuerda, el reglamento ese que no quiso votar, permite en última instancia hacer las listas a la Ejecutiva Federal y la mayoría de diputados “suyos” no repetirían. O ¿se apuntará la abstención de Pedro Quevedo de Nueva Canarias como suya? Sabiendo distinguir entre la Junta y el PSOE, parece que no se acuerda del reglamento y las normas internas (que igual ni las ha leído). El caso es que, una vez, más la presidenta de la Junta de Andalucía ha puesto furiosas a las bases socialistas.

Garzón acusa a M. Rajoy de reducción del gasto social y beneficiar al establishment

El coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha denunciado hoy que el Gobierno del PP “tiene definida una senda” con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 que pretende aprobar y “esa senda es la de la reducción del Estado social”. Garzón avisó de que “el gasto público se queda, en porcentaje del PIB, en el 40,5 %, el nivel más bajo de los últimos 10 años, nada más y nada menos. Tenemos una diferencia con la media europea de hasta 6 puntos, que es aún mayor si tenemos solo en cuenta a los países de la zona euro”.

El representante de IU lanzó todos estos fundados reproches directamente al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, durante la comparecencia de éste en la Comisión de Presupuestos de esta mañana en el Congreso. Con una intervención sumamente sólida y basada en múltiples datos contrastados, Garzón advirtió de que según “entramos poco a poco” en el análisis de las cuentas públicas “vamos viendo cómo esta tendencia se confirma y, además, en algunos casos de forma dramática”. El PIB nominal crece a un 4,3 %, el gasto no financiero al 1,6 %, y el gasto social al 2,3 %. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se incrementa la desigualdad. Hay una asimetría muy clara: crece la tarta, pero la parte que corresponde a lo que se beneficia el Estados social es cada vez más pequeña”, indicó contundente. No faltarán los corifeos del neoliberalismo que afirmen que Garzón es un peligroso comunista, que hay que adelgazar el Estado, pero lo cierto es que eso es lo que hace el gobierno de M. Rajoy comenzando por los social, por lo que afecta a las clases populares.

En este sentido, Alberto Garzón expresó su sensación “o más bien la certeza”, de que estos presupuestos del PP “lo que hacen es consolidar y perpetuar los recortes que se iniciaron en el año 2010 con otro gobierno de otro color político, que fue el Partido Socialista. Creemos que esto es así y que, además, el programa de estabilidad aprobado por el Gobierno lo que plantea es que va a seguir siendo así los próximos años. Esto es enormemente preocupante”. Lo que deja entrever que aún sigue España bajo el yugo de la troika. Además, el portavoz parlamentario de IU desmontó la propaganda que lanzan a diario todos los ministros sobre que estas son las cuentas públicas más sociales de la historia. Dentro del ´proceso de acumulación capitalista que los economistas de izquierdas vienen denunciando desde hace años, Garzón tuvo a bien observar que aunque “crece el PIB, los salarios no, y se estancan. En 2017 los salarios crecieron apenas un 0,17 %, con un PIB creciendo por encima del 3%. Tenemos unas realidades de precariedad realmente dramáticas en nuestro país”.

“¿Qué significa esto?”, interrogó Garzón de forma retórica, y el secretario de Estado tuvo que escuchar la respuesta: “significa que se incrementan las desigualdades porque lo que sí crecen son los beneficios empresariales y esto es algo que a ustedes nunca les preocupa. Parece que siempre que hablan de competitividad, siempre que hablan de la necesidad de bajar precios para ser competitivos, piensan que los precios solo están determinados por los salarios, y se olvidan de que los beneficios empresariales también componen el precio”. Justo lo que los economistas liberales achacaban a Karl Marx en su teoría del valor. Paradójicamente, los neoliberales recurren al marxismo para defender el proceso de extracción de la capacidad laboral de la clase trabajadora.

Al máximo responsable de IU no le faltaron datos para refrendar sus denuncias. Así, comparó partidas concretas con las del año 2010 (año de inicio de los recortes) y ocurre que “vemos que las  partidas de educación, cultura y deportes se reducen un 21,6 %; la de sanidad es un 31,2 % inferior e, incluso, la de fomento, un 54,7 %”.  Denunció también algunos de los trucos que contienen los PGE para 2018, que tachó de “cosas muy llamativas y dramáticas”. Puso como ejemplo “la congelación, otro año más, de todas las ayudas, subvenciones y subsidios que dependen del IPREM. Si se congelan ese tipo de ayudas es fácil entender que si el precio de la vida sube, por ejemplo, al 1,5%, los que reciben ese tipo de ayudas, sean personas físicas o jurídicas, están empobreciéndose a la misma cantidad que sube el IPC”.

“Y cuando hablamos de ingresos es cuando llegamos a una realidad un poco más sorprendente. Cumplen el programa de estabilidad que ustedes mismos se han marcado en materia de reducción del gasto público, pero no terminan de cumplir de ninguna manera con la parte que ustedes mismos se han marcado a instancias europeas de subir los ingresos públicos”, indicó no sin cierta retranca.

Pero no quedaban ahí las sorpresas, por lo que Garzón aseveró a Fernández de Moya que “hay algo que usted nos va a tener que explicar de una forma bastante clara”. Y eso no era otra cosa que entender “cómo es posible que estimen un crecimiento del IRPF del 6 % cuando se prevé que los salarios crezcan un 1,1 %. Esto, siempre y cuando los salarios crezcan en esa proporción”. Como se dice en la actualidad, un zasca en toda la boca del empleado de Montoro. Pero no se quedó ahí, sino que siguió argumentando con más datos y lógica económica frente al responsable ministerial: “Incluso si le diéramos la razón y nos creyéramos lo que nos está contando la recaudación del IRPF crecería el doble que la del Impuesto sobre Sociedades”.

Garzón detalló ahí otro más de los trucos presupuestarios: “usted nos ha presentado un gráfico muy significativo. Ha hablado de los beneficios fiscales, y resulta que a las empresas, que son las que pagan el Impuesto sobre Sociedades, se les incrementan los beneficios fiscales el 62 %. Es decir, hay una asimetría clarísima entre el tratamiento a las personas y el tratamiento a las empresas”. Lo que en román paladino se llama capitalismo de amiguetes, o utilización de los mecanismos del Estado para beneficiar al establishment.

Alberto Garzón concluyó su intervención recordando que “la recaudación del Impuesto sobre Sociedades en nuestro país suele ser del 2,4 % del PIB. En otros países, como Portugal, Suecia o Bélgica supera el 3 % e, incluso, en países como Reino Unido, Francia o Países Bajos está por encima del 2,5 %. Yo creo que su política está muy clara: ustedes han planteado que la salida de la crisis pasa por bajar los impuestos a las grandes empresas, pero nosotros creemos que eso perjudica clarísimamente”.

‘Memoria, Verdad y Justicia’ exige a Rajoy por carta la extradición de 17 torturadores franquistas a Argentina

El representante electo del Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires (CRE), Xoan Negreira, entregó el pasado 10 de abril una carta a Mariano Rajoy, aprovechando su visita oficial a Argentina, donde se le exige que el Estado español extradite a 17 torturadores franquistas cuya participación en crímenes durante la dictadura está demostrada. La entrega se realizó durante el encuentro que tuvo el presidente del Gobierno con representantes de la colonia española en el Club Español de la capital argentina.

En la carta, que firman el propio Xoan Negreira y el miembro del CRE, Gustavo Fernández, exhortan a Rajoy a «cumplir los tratados internacionales firmados por España, que atañen al juzgamiento de crímenes de lesa humanidad». Asimismo, se le exige que no entorpezca la extradición de quienes “desaparecieron, torturaron y asesinaron a miles de compatriotas”.

Los descendientes del exilio republicano, agrupados en los colectivos García Lorca e IU Buenos Aires, denuncian igualmente la retirada de la dotación económica destinada a la Ley de Memoria Histórica desde la llegada del Partido Popular a La Moncloa en 2.011, lo que impide «localizar a los desaparecidos y desaparecidas repartidas en miles de fosas comunes en España».

Para Camilo Vera, coordinador de IU Buenos Aires, «la entrega de la carta pone de relieve la fuerte implicación que tiene la colectividad de descendientes del exilio republicano y la emigración española en Latinoamérica en relación con los asuntos de su país de origen. Una parte de España quedó hace décadas en países como Argentina, Uruguay y México, y reivindica de nuevo su derecho a ser escuchada».

Por su parte, Eduardo Velázquez, coordinador de la federación de IU Exterior, valora que «resulta inconcebible que un Estado que se reclama democrático y moderno como el español no cumpla con los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos. Somos el país con mayor número de desaparecidos del mundo tras Camboya y ya es hora de que el Gobierno del PP deje de mirar para otro lado. La localización de los restos de los represaliados es una cuestión de justicia, no de presupuesto».

El Psoe pide aplicar la nueva doctrina del Supremo sobre caducidad de expedientes de reintegro que beneficia a los afectados por el terremoto

El Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Navarro ha querido hacerse eco de las Sentencias del Tribunal Supremo 436/2018 y 438/2018, de 19 de marzo de 2018,  que han establecido una nueva interpretación de la Ley de Subvenciones, en cuanto a los efectos de la caducidad de los expedientes de reintegro y que, de querer aplicarlas, beneficiarían a los afectados por la problemática de la devolución de las ayudas por los terremotos.

Según Navarro, estas dictan la anulación de las resoluciones administrativas adoptadas en dos procedimientos de reintegro de subvenciones, por haber transcurrido el plazo de caducidad de 12 meses, previsto en el artículo 42.4 de la Ley 33/2003 General de Subvenciones.

Se modifica así la doctrina dada en Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de julio de 2013, que interpretaba en sentido contrario el precepto nombrado anteriormente.

En ambas resoluciones han establecido que la Administración no puede dictar una resolución de fondo válida en un procedimiento de reintegro de subvenciones que haya caducado, y de esta forma, la Sección Tercera de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo “considera que para adoptar una resolución de este tipo está obligada a iniciar un nuevo procedimiento, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción dado”.

Se trata por tanto de una “muy buena noticia” para los afectados por los procedimientos de reintegro de las ayudas de la CARM para la reparación de las viviendas, ya que una gran cantidad de expedientes “están caducados y no se podrá continuar con la tramitación y acordar el reintegro de la ayuda a los damnificados”.

En la línea que el PSOE mantiene de trabajo y asesoramiento para los afectados por la problemática que ha supuesto la justificación y orden de reintegro de estas ayudas, los socialistas han exigido, por escrito, tanto al Ayuntamiento de Lorca como a la Consejería de Fomento de la CARM que “de inmediato” se revisen todos los casos iniciados, y se declare de oficio la caducidad automática de los expedientes en esta situación.

Feria de Abril, Feria de Abril… el beso y la lealtad

En estas fechas, desde mi paddock solía escuchar canciones que decían «Feria, Feria, Feria de Abril/Colores proyectados en el albero/Y una treintena de piernas que danzan/La música se bebe en catavinos/Y las palmas me atacan por la espalda». La primera, la segunda, la tercera y la cuarta y me imaginaba claveles rojos en el pelo de mujeres vestidas de volantes. Este año la sevillana lanza notas de amargura y me conmuevo mientras el mozo de cuadras me quita el barro de las pezuñas.
La primera resuena y me trae imágenes de quien gritó a los cuatro vientos que era del partido de Chaves y Griñán. Sin embargo, mientras los dos hombres sufren la condena social y están siendo juzgados por en el caso de los ERE, quien decía aquello daba vueltas y vueltas al ritmo de las palmas. Cuando se es en conciencia se es, en los comportamientos, el resto tiene otro nombre y, además, es vulgar.
Respiramos, nos ajustamos el vestido y comienza la segunda. Aquí hay que ser mas enérgico y resuenan los vientos de quien está en un partido internacionalista y que, en teoría, defiende la autodeterminación de los pueblos del mundo, pero que no pierde la ocasión de apelar a los sentimientos nacionalistas para justificar actitudes, palabras, gestos y acciones ajenos a la lealtad de los principios de libertad de los pueblos
¿No intentará culpar de los desencuentros con el Gobierno central sobre la financiación de Andalucia a Cataluña? A ver si las desavenencias entre Rajoy y Susana por la financiación de Andalucía son también culpa del Procés catalán.
“Las soberanías no se trocean, salvo que los pueblos lo decidan». (… se le olvidó a la agencia…)
Más palmas, más suspiros, el corazón se va acelerando, un breve silencio y… comienza la tercera despreciando los valores principales de un ideal por cuya defensa muchos se dejaron la vida. Así está el tema porque decir que un republicano se siente a gusto con la actual monarquía es, de por sí, vulgar y no tiene justificación.
Paramos, se acerca la apoteosis, la cuarta está preparada y nuestros dos protagonistas se miran. Tras muchos años de rencillas, tras provocar la división absoluta, tras destrozarlo todo por negar las alternativas al futuro, por no ver con los ojos del pueblo sino con los de la endogamia, los dos se miran. La cuarta se esta terminando, dos vueltas más y la música finalizará. En medio de todo, el beso.

La Red de Abogados de España convoca a los letrados de toda España por una Justicia digna

En el día de hoy, 19 de abril, a las 12.00 del mediodía, multitud de abogados de toda España están llamados a concentrarse en pro de una Justicia mejor, y por dignificar la Justicia Gratuita.  Convocados por la Red de Abogados de Madrid  y por el colectivo Brigada Tuitera, los letrados quieren dejar constancia ante los ciudadanos y , sobre todo, ante la administración de Justicia, el “olvido y maltrato” tanto del Gobierno estatal, como de los autonómicos, lo que se traduce en una justicia “lenta, sobrecargada, ineficaz, mal dotada de medios, en definitiva, de pésima calidad, incapaz de dar respuesta a las necesidades de ciudadanos y empresas en tiempos razonables”, según Angel López, portavoz de la Red.

Para López, este maltrato solo es entendible desde una perspectiva: “la Justicia es el Poder de control del Poder político y una garantía de la ciudadanía contra sus abusos y corruptelas; y los abogados somos los actores que con su trabajo diario ponen en marcha cada día ese control y esas garantías en beneficio de toda la sociedad”.

Dignificar la profesión

Para López, dignificar la profesión es modificar la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. “No podemos estar en manos de la decisión de un juez a la hora de suspender un juicio por motivos de salud del abogado. Ese derecho tiene que estar regulado de antemano”, afirma. “Hemos tenido que acudir a juicios con fiebre.  Y compañeras, que han tenido que ir a juicios, después de salir de un parto, porque tampoco tienen recogido ese derecho. Y eso tiene que cambiar.” Red de Abogados de España, es una agrupación de abogados creada en fechas recientes, pero que cuenta ya, entre sus integrantes, con más de 500 abogados de toda la Comunidad de Madrid, siendo más de 4000 a nivel nacional.

Turno de Oficio

Otro de los motivos de la protesta que destaca es el Turno de Oficio. Los actuales baremos retributivos del Turno de Oficio llevan “15 años congelados” según explica desde la Red de Abogados, la mayoría de ellos “sin actualizarse siquiera conforme al IPC, y los dilatados plazos de pago, vulneran el espíritu y la letra de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, puesto que su Exposición de Motivos establece el “principio de que el servicio de asistencia jurídica gratuita esté digna y suficientemente remunerado, haciéndose efectiva su retribución en plazos razonables.”

Desde las asociaciones de letrados se lleva años reclamando una mejora en sus retribuciones, para que éstas sean dignas y acordes a los tiempos, trabajos realizados y responsabilidad que implica, según señala Isidro Moreno, presidente y portavoz de ALTODO, organización de letrados por un turno de oficio digno.  Moreno afirma que hay establecer que el abono por parte del Estado y las Comunidades Autónomas a estos letrados, más próximos al ciudadano de a pie, sea “mensual, puntual y garantizando el actual marco y sistema de justicia gratuita”. Y que como mínimo debe producirse “un incremento del 45 % de las indemnizaciones que actualmente perciben los abogados, vía subidas del 15 % en los próximos 3 años”.

A las concentraciones se han sumado ciudades Madrid, Sevilla, Málaga, Burgos, Zaragoza, Cartagena, Murcia, Melilla, Toledo, Albacete, Guadalajara, A Coruña, Vigo, Santiago de Compostela o Las Palmas. Además, localidades como Lerma, Salas de los Infantes, Telma, Guía o San Bartolomé de Tirajana.

Red de Abogados de España, es una agrupación de abogados creada en fechas recientes, pero que cuenta ya, entre sus integrantes, con más de 500 abogados de toda la Comunidad de Madrid, siendo más de 4000 a nivel nacional. El Consejo General de la Abogacía (CGAE) se ha sumado a las reivindicaciones puestas en marcha desde la Red, denunciando las bajas retribuciones del Turno de Oficio y “exigiendo” al Ministerio de Justicia su mejora. El Consejo agrupa a los 83 colegios de abogados de España, muchos de los cuales se han adherido a las concentraciones reivindicativas que van a tener lugar mañana frente a los juzgados, prácticamente de toda España a las 12.00 del mediodía.  Uno de estos Colegios el de Madrid, el más grande de Europa con 77.425 colegiados, también apoya las movilizaciones. Hace un par de años este Colegio ya colgó de sus balcones las Togas de sus colegiados en señal de protesta tanto por la Tasas judiciales como por dignificar el Turno de Oficio. En Madrid la Concentración será en los juzgados de Plaza de Castilla.

Cambiemos Murcia: “Es hipócrita que la UCAM se alce como defensora del patrimonio cuando lo destruye”

Cambiemos Murcia ha tildado de «paradójico» que la UCAM lleve a cabo durante ayer y hoy, en el marco del Año Europeo del Patrimonio Cultural, un congreso titulado «Retos para el patrimonio en un mundo: preservar el pasado para construir el futuro», cuando la universidad católica «tiene varios frentes abiertos precisamente por destruirlo».

Para el grupo sectorial de Cultura de la formación, la UCAM «no puede ser ejemplo de protección del patrimonio» si se tiene en cuenta que en el historial del centro privado se incluye el derribo sin autorización de El Corralazo -un edificio histórico que era de propiedad pública-, y la consecuente transformación del espacio para ampliar el campus, sin tener en cuenta que forma parte del entorno BIC del Monasterio de Los Jerónimos.

A esto hay que añadir, según Cambiemos, la construcción de edificaciones ilegales en el entorno del Monasterio, un espacio protegido de huerta.

El sectorial ha considerado que «todos estos despropósitos acumulados hacen irrisorio el lema de este congreso, ‘Preservar el pasado para construir el futuro’, y la pretensión de promover el impacto económico de la herencia cultural para encontrar soluciones innovadoras, que es uno de los objetivos del Congreso, cuando esta entidad recurre a la destrucción de un entorno BIC con el único fin, eso sí, de promover el impacto económico para sí misma».

«Nos parece un acto de hipocresía que la UCAM se alce como defensora del patrimonio con este precedentes», ha señalado Mercedes Nicolás, responsable del grupo de Cultura de Cambiemos Murcia, quien ha recordado además que todo esto se hace «mientras el Ayuntamiento de Murcia ultima el borrador para la creación de un Consejo Municipal Asesor de Patrimonio».

En este sentido, Nicolás ha sostenido que su formación espera que «se tenga en cuenta quienes están capacitados para formar parte de él y quienes, ni tan siquiera, son aptos para hablar de patrimonio».

Después de China, Ximo Puig a la conquista de Japón

Pepe Begines cantaba aquello de “Japón, ¡mira que está lejos Japón!”, pues hasta ese lugar tan lejano se ha marchado el president de la Generalitat, Ximo Puig, para abrir fronteras comerciales como un librecambista más. En este sentido, ha fijado como objetivo para el horizonte de 2025 multiplicar por cinco las exportaciones a Japón aprovechando las nuevas condiciones que establecerá el nuevo tratado comercial entre la Unión Europea y el país asiático. El presidente se ha marcado este reto en la primera reunión de la misión comercial que la Generalitat ha iniciado este miércoles en Japón, en colaboración con las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana y la Confederación Empresarial Valenciana.

En una reunión en la Embajada de España en Japón, a la que han asistido todas las empresas valencianas que participan en la misión y miembros de la oficina comercial de la delegación consular, Puig ha destacado la rebaja de aranceles que supondrá el acuerdo y se ha mostrado seguro de que las empresas valencianas serán capaces de aprovechar este nuevo escenario. En esta segunda jornada, Puig ha mantenido también reuniones con el presidente del Comité Bilateral Empresarial, Mikio Sasaki, y con representantes de la Cámara de Comercio de Tokio, con los que ha analizado las posibilidades de colaboración actual y futura con empresarios de la Comunitat Valenciana. Además, se ha reunido con el embajador de la UE en Japón, Isticioaia Budura, con quien ha abordado los efectos del inminente acuerdo comercial con este país asiático.

«Queremos con esta misión visualizar que la Comunitat Valenciana tiene unas posibilidades de crecimiento de las exportaciones a Japón, ya que somos un territorio estable y preparado para las inversiones», ha señalado Puig, que ha repasado las grandes cifras de las relaciones comerciales entre la Comunitat Valenciana y Japón. «Tenemos capacidad, posibilidades y nivel de crecimiento para en 2025 lleguemos como mínimo a 500 millones de euros de exportación anual», ha subrayado. En este sentido, el president ha indicado que la Comunitat Valenciana puede ofrecer «estabilidad, un nivel cada vez mayor de productividad, creatividad, zonas logísticas de gran capacidad y el puerto más importante del Mediterráneo en contenedores».

«Tenemos vocación de tener una presencia mucho mayor de la que tenemos actualmente en Japón. Debemos equilibrar nuestra balanza comercial, que es deficitaria, pero por la vía de aumentar las exportaciones», ha apuntado el president de la Generalitat. Asimismo, en el marco de la estrategia de apoyo sostenido a la internacionalización de la economía valenciana, el responsable del Ejecutivo valenciano ha avanzado que planteará en este viaje al presidente de la Fundación Consejo de España Japón, Josep Piqué, que la edición de 2019 del Foro Bilateral Japón-España se celebre en València.

A este respecto, Puig ha asegurado que, además de las relaciones bilaterales que mantienen España y Japón, «el impulso que dará el nuevo tratado de la Unión Europea será decisivo». «La caída de aranceles va a ser muy importante, especialmente para los productos agroalimentarios o el calzado, entre otros, con lo que se abre un espacio de mayor protagonismo para sectores fundamentales de nuestra economía y nos marcamos como objetivo que en 2025 se multipliquen por cinco las exportaciones de la Comunitat Valenciana a Japón», ha dicho Puig.

Para el president del Consell, en esta misión, la Comunitat Valenciana «tiene la oportunidad de dar a conocer sus productos y servicios, así como la oferta turística, como el de una región preparada para recibir inversiones». «La Comunitat Valenciana genera un escenario de estabilidad que debemos ofrecer a las empresas japonesas que estén interesadas en establecerse en Europa», ha apuntado el president.

Más exportación.

Por su parte, el conseller de Economía, Rafael Climent, ha destacado en su intervención que en el último año el número de empresas valencianas que exportaron a Japón el año pasado se incrementó un 3,3%, hasta las 1.107. Climent ha refrendado las palabras del presidente de la necesidad de marcarse como objetivo incrementar esta presencia comercial en Japón. «Hay que ampliar los 88 millones de euros que el año pasado fue el valor de los productos valencianos exportados a Japón, porque solo representamos el 4% del total de las exportaciones españolas a este país», ha señalado Climent que ha destacado que la Generalitat ha reforzado la antena del IVACE Internacional en Japón en el último año para conseguir el objetivo.

Precisamente, la directora de IVACE Internacional, María Dolores Parra ha destacado el crecimiento de la inversión extranjera en la Comunitat Valenciana en el último año (un 500%) para poner de manifiesto el interés que despierta la Comunitat Valenciana en el mundo de los negocios en estos momentos y la oportunidad que supone para las empresas que participan en esta misión aprovechar ese interés.

Al acto de arranque de la misión comercial a Japón, en la que las empresas valencianas mantendrán encuentros con potenciales clientes locales durante dos jornadas, ha asistido el embajador de España en Japón, Gonzalo de Benito Secades, así como los responsables consulares de Comercio y Turismo, que han destacado la importancia de estas misiones comerciales. «Existe un gran interés en Japón por España y la Comunitat Valenciana tiene la capacidad para aprovecharlo», ha dicho el embajador.

Ignacio Romaní subvencionó desde Aguas de Cádiz el Observatorio de su director de tesis

La empresa pública de Aguas de Cádiz pagó 42.000 euros al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Civil, dirigido por el profesor Carlos Guillen quien, por esas fechas, era el director de la tesis doctoral del teniente de alcalde Ignacio Romaní.

Esta es una revelación que publica hoy el periodista Pedro Ingelmo en los diarios del Grupo Joly.

Según la información de Ingelmo, “Carlos Guillén fue tutor en ese tiempo de la tesis doctoral en Ciencias Sociales y Jurídicas que el concejal del PP Ignacio Romaní – entonces presidente de la sociedad municipal– defendió en marzo de 2013 y que llevaba por título, precisamente, La responsabilidad empresarial corporativa y que él enfocó en las empresas de Cádiz”.

Romaní: “el trabajo del Observatorio se entregó después de la presentación de mi tesis, un año después, y sólo trataba sobre Aguas de Cádiz, mientras que mi trabajo universitario era sobre todas las empresas municipales”.

El propio Guillén aseguró ayer a Diario de Cádiz que no había incompatibilidad entre dirigir la tesis del edil y prestar servicios a una empresa municipal. Además, aseguró que el informe nada tenía que ver con la tesis, “ni en sus objetivos ni en sus métodos, pues el Observatorio acabó haciendo una auditoría sobre esta materia y el trabajo de Romaní constaba de encuestas y de investigación”.

Romaní, afectado por la polémica, ha manifestado que “el trabajo del Observatorio se entregó después de la presentación de mi tesis, un año después, y sólo trataba sobre Aguas de Cádiz, mientras que mi trabajo universitario era sobre todas las empresas municipales”.

Por otro lado fuentes de Aguas de Cádiz han informado que en la compañía no existe un informe de estas características, aunque Guillen se mostró muy seguro de que éste se entregó en 2014, con un contenido de 66 páginas y se pagó en 2015, pese a que en esa misma factura figuran esos 10.000 euros correspondientes a aquel año, el último plazo, se pagan en concepto de unas jornadas celebradas sobre es ya misma materia el año anterior en el Palacio de Congresos de Cádiz.

El periodista Fernando Santiago hace un año ya habló de “una tesis doctoral en cuyo tribunal había varios ejecutivos de Carbures”.

 

La tesis de Romaní, un run run que viene de lejos

La tesis doctoral de quien ha sido la mano derecha de Teófila Martínez en el gobierno del PP municipal durante años, viene siendo un asunto recurrente desde hace tiempo en algunas informaciones periodísticas, como por ejemplo el comentario publicado por el periodista Fernando Santiago hace un año donde podía leerse: “Una tesis doctoral en cuyo tribunal había varios ejecutivos de Carbures. Realizada gracias al trabajo llevado a cabo por los directivos de las empresas municipales de Cádiz en el tiempo en el que Romaní era teniente de alcalde, mecanismo de recogida de información de la que no disponen el resto de los mortales”. El pasado día 8, Santiago volvía a hacer referencia al asunto en estos términos:

“Se da el caso de un cargo público del PP que obtuvo su doctorado por la Universidad Europea de Lisboa, financiada por Carbures que presidía en aquel momento un gaditano amigo suyo. La tesis fue “La responsabilidad social corporativa en las empresas públicas municipales: el caso de Cádiz” elaborada con los informes hechos por los gerentes de las empresas dependientes del Ayuntamiento de Cádiz en el tiempo en el que mandaba en el Ayuntamiento y a los distintos gerentes no les cabía más que cumplir órdenes”.

De estos apuntes informativos y alguno más nos hicimos eco en Confidencial Andaluz el pasado 11 de abril, en una crónica general sobre la explosión de los CVs manipulados por cierta clase política, algo que motivó una rápida respuesta vía Twitter del Sr. Romaní desmintiendo la información. Este es el hilo mantenido y donde el político popular gaditano expresa su opinión. Pinche sobre la imagen para ampliar.

Podemos: ¡Toma Castaña!

Adif expropiará 394 propiedades en Totana para la construcción del Corredor Mediterráneo de AVE Murcia-Almería

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) contempla expropiar un total de 394 propiedades en el término municipal de Totana para la construcción del Corredor Mediterráneo de AVE Murcia-Almería, de forma que es el municipio donde más fincas se concentran en el nuevo tramo ferroviario proyectado entre Sangonera y Lorca, de 48,3 kilómetros de longitud.

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó el pasado 12 de abril el anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de AVE Murcia-Almería, en el tramo Sangonera-Lorca, que afecta a su paso por el municipio de Totana; teniendo un plazo de 15 días, según informa el concejal de Urbanismo, Carlos Ballester.

Para ello expropiará 1.255 fincas, en su mayor parte terreno agrícola, en cinco municipios: Murcia, Librilla, Alhama, Totana y Lorca. Se verán afectados un millar de propietarios, que disponen de quince días para presentar alegaciones.

Para acometer este tramo del Corredor Mediterráneo -que dará soporte a los trenes de viajeros y de mercancías- el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias expropiará más de 1,6 millones de metros cuadrados, la mayor parte de ellos en los municipios de Alhama y Totana. La franja de terrenos afectados discurre principalmente en paralelo a la vía férrea en servicio, con el fin de aprovechar el pasillo actual.

El edil de Urbanismo ha explicado que en el nuevo proyecto se recoge una pequeña modificación respecto del trazado del año 2012, de forma que se suaviza una curva a su llegada a Totana para transitar con mayor velocidad, por lo que dicha corrección puede afectar a nuevos propietarios de terrenos.

El período de información pública, de quince días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sobre la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en este proyecto, lleva a los propietarios a alegar hasta el próximo 3 de mayo.

Adif ha abierto un periodo de información pública de quince días sobre la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras, para que los propietarios de los terrenos puedan rectificar posibles errores u oponerse a la ocupación de sus fincas por parte de las empresas constructoras, una vez que se adjudique el proyecto. Las consultas se harán en la Delegación del Gobierno y en los respectivos ayuntamientos.

Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada, en días y horas hábiles de oficina, en la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia (Avenida Alfonso X el Sabio, 6, 30008, Murcia), en la Dirección de Proyectos de Adif Alta Velocidad (C/ Titán, 4 y 6, 28045 Madrid) o en los ayuntamientos de Murcia, Librilla, Alhama de Murcia, Totana y Lorca.

Las alegaciones que se formulen han de ir dirigidas a la Dirección de Proyectos de Adif Alta Velocidad (C/ Titán 4-6, 28045 Madrid), indicando como referencia “Información pública expropiaciones del Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia–Almería. Tramo: Sangonera- Lorca”.

El listado completo de afectados puede consultarse online en este enlace del BORM:https://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf

Adif prevé licitar este verano los siete tramos que quedan por adjudicar entre Murcia y Almería: Nonduermas-Sangonera, Sangonera-Lorca, Lorca-Pulpí, Pulpí-Vera, Los Arejos-Níjar, Níjar-Río Andarax y Río Andarax-El Puche. Su intención es que las obras se puedan iniciar el año que viene. La línea de alta velocidad Murcia-Almería está cofinanciada por los Fondos Feder, dentro del programa operativo para el periodo 2014-2020.

La construcción de esta línea, de 194 kilómetros, precisa una inversión de 1.871 millones de euros, según figura en el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado. La previsión para este año en la Región de Murcia es de 81,7 millones de euros, que crecerá hasta los 445 millones el próximo ejercicio.

Un total de 1.255 fincas y parcelas serán expropiadas en los cinco municipios, de las que solo 104 son propiedad municipal. Hay otras 15 que pertenecen a diversas administraciones, entre ellas el Ministerio de Fomento. Asimismo, la Comunidad de Regantes de Lorca verá expropiadas cinco parcelas, y otra los regantes de Librilla. La inmensa mayoría son terrenos de particulares, muchos de los cuales son dueños de varias fincas. El grupo alimentario ElPozo tiene siete propiedades afectadas (suman unos 16.000 metros cuadrados).

Totana, el que más superficie expropiada

Por municipios, Murcia es el menos afectado, con solo siete parcelas, cuatro de ellas propiedad del Ayuntamiento. En Librilla se expropiarán 225 fincas, que suman unos 320.000 metros cuadrados. En Alhama de Murcia se cederán 475.000 metros cuadrados que corresponden a 251 parcelas. Totana es el municipio que más aporta: por encima del medio millón de metros, que corresponden a 394 fincas. Lorca pondrá 373 propiedades, que suman otros 357.000 metros cuadrados aproximadamente. Además de estos terrenos, se ocuparán otros -de menor extensión y de forma temporal- para ejecutar las obras, así como las servidumbres de paso.