sábado, 2 mayo, 2026

Ciudadanos pide explicaciones «sobre el dinero público empleado en el proyecto privado Mercado del Sol»

Los 418.000 euros de subvención municipal acabaron en los bolsillos de un promotor amigo íntimo de Cristina Cifuentes y su marido, vinculados a la corrupción del Partido Popular, y conocidos por el «Clan de la Complutense».

Ciudadanos de Lorca ha presentado por segunda y última vez un escrito dirigido al Sr. Alcalde reiterando información, explicaciones y documentos sobre el dinero público empleado en el proyecto privado Mercado del Sol.

El Concejal Antonio Meca quiere saber qué procedimientos se llevaron a cabo para que los 418.075,57 euros de subvención municipal, a través de la Unión Comarcal de Comerciantes, acabaran en los bolsillos de un amigo íntimo de Cristina Cifuentes, que junto con el marido de ésta, son conocidos como el «Clan de la Complutense».

«Exigimos al Equipo de Gobierno municipal del Partido Popular que explique por qué no se contó con ninguna empresa lorquina del sector del mueble para que aportara ofertas para el equipamiento de mobiliario del Mercado del Sol», subvención que se pagó con dinero de todos los lorquinos, y se pidieran dos presupuestos en Madrid y uno en Badalona, al parecer todos ellos presentados por la promotora del Mercado del Sol, quien finalmente se adjudicó el equipamiento del Mercado del Sol, una empresa que nada tiene que ver con la comercialización de muebles. «Entendemos que se pudo tratar de una actuación amañada para adjudicar prácticamente a dedo los más de 418.000 euros de subvención municipal a personas relacionadas con el Partido Popular y la corrupción» añade el Concejal de Ciudadanos.

Meca ha solicitado igualmente que se informe detalladamente y con total transparencia de otras posibles subvenciones públicas destinadas a este proyecto, cuál ha sido la inversión total, si ha habido aportación económica de la empresa  y todos los documentos fehacientes sobre facturas y órdenes de pago.

Según el Concejal de Ciudadanos, el Equipo de Gobierno «tiene la obligación reconocida» en los convenios suscritos con la Unión de Comerciantes de conocer todas las subvenciones obtenidas por los promotores de cualquier procedencia y cuantía y «exigimos al Equipo de Gobierno de manera inmediata el acceso a todos los datos y documentos que aclaren todas las dudas acerca de los procedimientos seguidos en la subvención con fondos públicos de un proyecto privado. Y nos reservamos todas las acciones necesarias para defender los intereses de los lorquinos y exigir llegado el caso la recuperación de los fondos destinados al proyecto Mercado del Sol».

Respuesta del Equipo de Gobierno municipal

Por su parte, el equipo de Gobierno Municipal ha vuelto a recordar, como ya se dijo el pasado mes de febrero y de octubre, ante la misma crítica del mismo grupo, que «el Mercado del Sol es un proyecto PRIVADO y ajeno al Consistorio», por lo que si el partido C´s está interesado en conocer sus cuentas internas debe ponerse en contacto directamente con sus responsables. La subvención que esta entidad recibió con fondos del Plan de Mejora de la Productividad y Competitividad del Comercio del Gobierno de España «fue plenamente justificada en tiempo y forma» ante dicha Administración. Además, cabe destacar que al Concejal Antonio Meca «se le aclararon todas las dudas que presentó al respecto, incluida la información que requería, por técnicos del Ayuntamiento y la propia Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca».

IU y el PCE mantienen el boicot a Coca Cola en las fiestas patronales

Ambas organizaciones envían un correo electrónico a su militancia, para que sus más de 140 agrupaciones de la Comunidad no adquieran productos Coca Cola en las diferentes fiestas de barrio y municipios que se celebran este año. “Recordamos el llamamiento a nuestras asambleas a no contratar productos Coca Cola para las fiestas de los barrios y municipios de toda la Comunidad de Madrid, ya sea como organización o dentro de una confluencia”.

Así comienzan los emails que ambas formaciones han enviado a su militancia, pidiendo que no se adquieran productos de la multinacional, en apoyo a las trabajadoras de Fuenlabrada, en conflicto laboral desde hace más de cuatro años. De este modo, tanto las 85 asambleas de Izquierda Unida Madrid como las 61 agrupaciones del Partido Comunista de toda la región, encargadas de la organización de las casetas de fiestas de barrio y municipios, continuarán boicoteando a Coca Cola.

En palabras de Álvaro Aguilera, Secretario General del Partido Comunista de Madrid, «mientras la multinacional estadounidense siga sin acatar las sentencias judiciales que obligan a recuperar los derechos laborales, nuestra militancia seguirá apoyando a las ejemplares trabajadoras de Fuenlabrada con el boicot a CocaCola».

Sol Sánchez, coportavoz de IU Madrid, añade que “además, nunca olvidaremos que la aún presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ordenó reprimir brutalmente a los trabajadores que protestaban por el desmantelamiento ilegal de la fábrica de Fuenlabrada“.

Susana Díaz: “La Universidad es la casa del conocimiento que todos debemos proteger”

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha manifestado su defensa y reivindicación de la universidad «pública y de calidad, que es la casa del conocimiento que todos debemos proteger, cuidar y mimar». Así se ha pronunciado durante la inauguración del Centro Andaluz de Emprendimiento y espacio coworking de la Universidad Pablo de Olavide. La socialdemócrata ha destacado el emprendimiento como «una necesidad y una obligación, más que una posibilidad, porque está ahí el desarrollo económico de Andalucía».

Hoy, ha indicado también, «contamos con 262 CADE y estamos ultimando la Ley de Emprendimiento».  La presidenta ha querido subrayar que tiene consciencia “de que en el emprendimiento está el salto cualitativo y la posibilidad de generar riqueza y empleo» y está permitiendo, junto al tejido productivo, que Andalucía tenga una balanza comercial positiva.

Durante su intervención Díaz ha remarcado el impulso del Gobierno andaluz para que los CADE se instalen en todas las universidades públicas andaluzas, sobre todo teniendo en cuenta que «una de cada cuatro empresas andaluzas que se creó en 2017 tenía origen universitario, 13.000 nacieron de las universidades públicas». «La Fundación Andalucía Emprende y los CADE tienen que estar donde está el motor y el dinamismo», ha apostillado.

Asimismo, ha resaltado el retorno social y económico del emprendimiento, multiplicando por ocho cada euro invertido, a la vez que contribuye a la igualdad, ya que el 42% de las nuevas iniciativas de negocio están dirigidas e impulsadas por mujeres. Díaz también ha valorado la iniciativa del Gobierno andaluz de bonificar al 99% las matrículas universitarias a aquellos estudiantes que aprueben, para «garantizar la igualdad de oportunidades y que todos los jóvenes puedan estudiar al margen de sus recursos económicos». «Esa es la fórmula para que el talento se quede en las aulas», ha apostillado.

Díaz ha defendido la universidad pública como «una de las revoluciones y de los cambios de esta tierra», que ha permitido que «la Andalucía de hoy esté capacitada para dar el salto definitivo». Un sistema, ha destacado la presidenta, que se ha democratizado, con diez universidades en todas las provincias y que está permitiendo el retorno social del talento.

«Andalucía está en condiciones de protagonizar la revolución digital como segundo salto cualitativo: el de la Expo 92 fue el salto a la modernidad y ahora el salto a la convergencia, para que nuestra renta per cápita, nivel de crecimiento, y creación de riqueza y empleo se asemeje a la media europea», ha concluido.

El CADE de la UPO es el primero dentro del sistema universitario público andaluz que contará con un espacio coworking para incubar proyectos emprendedores nacidos en el campus. Un ejemplo que se quiere extrapolar al resto de universidades andaluzas para la generación de ideas de negocio en el entorno universitario. Ofrecerá asesoramiento especializado mediante acompañamiento y tutorización, así como un espacio de trabajo compartido (coworking) de más de 120 metros cuadrados.

El PSOE reivindica que los alumnos que realicen prácticas en empresas reciban una remuneración por su trabajo

Los parlamentarios que integran la Comisión Especial de Empleo han visitado esta mañana el complejo industrial de Repsol, situado en el Valle de Escombreras, Cartagena. Por el Grupo Parlamentario Socialista han participado Antonio Guillamón, Rafael González Tovar y Ángel Rafael Martínez.
El diputado socialista Antonio Guillamón ha valorado muy positivamente las instalaciones donde se imparte la Formación Profesional Dual, enfocadas para que el alumnado que cursa ciclos formativos relacionados con el sector petroquímico pueda compaginar su formación con prácticas en la empresa y obtener una óptima cualificación profesional. “Mostramos nuestro apoyo a este programa formativo por su importancia para la adecuada formación de los futuros profesionales”, declaró.
Guillamón aprovechó la visita para reivindicar que estos aprendices, junto a sus contratos, perciban una remuneración por sus prácticas “para compensar su trabajo y el tiempo que invierten”. El diputado socialista lamentó que “el modelo de remuneración de prácticas esté siendo sustituido por una beca-salario, que no tiene ninguna garantía contractual, por lo que pidió alternativas a esta fórmula”.
Asimismo, solicitó una mejora de la financiación de este programa educativo, dotándolo de un presupuesto propio que le permita obtener los objetivos propuestos.

Los precios de bebidas y comidas deben ser visibles en la Feria de Abril

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La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud recomienda a la ciudadanía comprobar los precios de la comida y bebida a la venta en las ferias y fiestas populares que se celebran en Andalucía para evitar posibles abusos, como podría suceder en la Feria de Abril que da el pistoletazo de salida. En este sentido, se recuerda que los servicios de restauración ofrecidos en las casetas y puestos ambulantes deben cumplir con las mismas obligaciones que los establecimientos de restauración tradicionales, como bares y restaurantes, que ofrecen sus servicios durante todo el año.

En primer lugar, se debe tener en cuenta que los precios de los productos ofertados por los servicios de restauración son libres y pueden variar incluso de un día para otro. En todo caso, estos precios deben estar claramente expuestos al público en un lugar visible en las cartas de comidas o bebidas, murales, pizarras o cualquier otro soporte que se emplee para este fin. Además han de ser finales, incluyendo todos los impuestos, y no presentar tachaduras u otros síntomas de manipulación.

Además, para evitar su deterioro o alteración, las cartas o listas de precios deben estar protegidas y a disposición del público para que las pueda consultar de manera directa y libre. Cuando se trate de servicios prestados en mesa, las personas consumidoras tienen también derecho a que les entreguen, antes de realizar cualquier pedido, una carta o lista con todos los productos ofertados y sus precios. Si los importes en barra son distintos de los de mesa, se debe advertir de forma clara. Asimismo, de acuerdo con la normativa vigente, está expresamente prohibido incluir en las cartas, listas de precios o cualquier otro medio de publicidad la expresión ‘precio según mercado’ o similares.

Por otra parte, los menús y platos combinados se deben anunciar desglosando su contenido e indicando si en el precio se incluye el pan, la bebida y el postre. Si alguno de los componentes del plato no se puede servir, se deberá indicar expresamente a la clientela para que manifieste si está conforme con el producto que se ofrece en sustitución. Esta sustitución no podrá suponer en ningún caso un aumento del precio ni una rebaja de la calidad.

Si se ofrecen alimentos de charcutería, quesos u otros productos susceptibles de ser cortados de una pieza principal se tienen que ofrecer por unidades de peso, mostrando el precio de cada una de ellas. En el caso de moluscos o crustáceos han de ofertarse por peso o por unidades, indicándose en este último caso su número.

Por otra parte, las casetas tendrán que contar con las oportunas autorizaciones municipales, en las que deben constar los datos identificativos del titular, empresa o entidad organizadora, el periodo de vigencia de la autorización, el aforo de personas permitido y el horario de apertura y cierre. Previo a la autorización, el titular o empresa responsable, ha de tener vigente el contrato de seguro de responsabilidad civil obligatorio.

Asimismo, las casetas deben cumplir con la normativa exigida en materia ambiental y reunir las necesarias condiciones técnicas de salubridad, higiene, sanitarias y confortabilidad, así como ajustarse a las disposiciones para la protección contra incendios. La higiene, tanto de establecimientos como de alimentos es de vital importancia, por tanto, es clave y se debería desconfiar de aquellos que carezcan de unos mínimos. Además, se recuerda que está prohibida la venta de alcohol a personas menores de edad.

Cómo reclamar en caso de conflicto

Consumo recuerda, además, que todos los establecimientos, ya sean fijos o itinerantes, están obligados a tener a disposición del público las hojas de quejas y reclamaciones oficiales de la Junta de Andalucía, y deben informar de su existencia mediante un cartel situado en un lugar visible. En caso de que se produzca un conflicto con algún establecimiento, se podrá solicitar este documento para presentar la oportuna reclamación, entregando una de las tres copias a la empresa y conservando las otras dos, el ejemplar para la parte reclamante y el ejemplar para la Administración.

Ante cualquier duda o consulta sobre este tema se puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web www.consumoresponde.es, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es o del perfil de Twitter @consumoresponde.

Pablo Iglesias, Javier Pérez Royo y el impulso constituyente

El 16 de abril de 2018, en el Salón de actos de la Facultad de Filología (edificio D) de la Universidad Complutense de Madrid, sobre las 17 horas, tendrá lugar la presentación del libro de diálogos entre Pablo Iglesias y Javier Pérez Royo, cuyo título es Crisis constitucional e impulso constituyente. Editado por el Instituto 25M, vinculado a Podemos, pero con una extensa oferta de pensamiento y cultura, el presente libro “es un breve paseo por un largo camino de casi cuarenta años”.

“Durante este paseo, que se detiene en el presente, Iglesias y Pérez Royo conversan e intercambian impresiones, preocupaciones y propuestas acerca de ese largo camino que ha recorrido la sociedad española desde que comenzara a dejar atrás una de las peores dictaduras que padeció Europa en el siglo XX”. Comienzan el recorrido desde la Transición y la herencia que dejó la dictadura franquista en nuestro sistema para, a continuación, dialogar sobre algunas de las claves que, a su modo de ver, explican lo que sucede hoy en España. La crisis constitucional y política que se vive en nuestro país, según lo analizan los dos juristas, permite que el impulso constituyente del 15-M pueda proseguir y así abordar los retos que tiene nuestro país por delante, tal y como dice la editora Ana Domínguez.

Los diálogos que se recogen en este libro están basados en dos conversaciones que ambos autores mantuvieron a finales de 2017 en los encuentros Volver a mirarnos. Nuevos acuerdos para la España que somos (26 de noviembre, Córdoba) y Conectar España. Nuevos acuerdos para un impulso constituyente (6 de diciembre, Madrid).

Respecto a los vicios de la Constitución de 1978, nos cuenta Pablo Iglesias que “Incluso con buenas intenciones, a veces se concluye que este texto se ha quedado anticuado y que los problemas se solucionarían cambiando algunas partes. Pero no estamos hablando del texto constitucional, sino de un sistema político”. Un edificio apoyado en tres pilares que, 40 años después, ya no pueden disimular sus grietas: la restauración de una monarquía “que no dependió de la voluntad del pueblo español”; un sistema electoral injusto con un sesgo bipartidista y conservador; y la indefinición del diseño territorial del Estado”.

Es una crisis de régimen porque el Estado de las autonomías, “no definido en la Constitución pero posibilitado por ella, y construido a través de pactos políticos durante las décadas de los años ochenta y noventa del siglo pasado, supuso inicialmente un éxito enorme […]. Por desgracia, empezó a cuestionarse en los primeros años del siglo XXI”, apunta Pérez Royo. Una quiebra que espoleó el Tribunal Constitucional en 2010, tumbando el Estatut aprobado por el Parlament, las Cortes Generales y la ciudadanía en referéndum (2006), y consumó la aplicación del artículo 155. “No se puede gobernar Cataluña desde fuera de dicha comunidad, a menos que esté dispuesto a poner fin a la democracia en todo el Estado. Sin autogobierno de Cataluña, no hay democracia en España”.

A la crisis territorial se suma la ruptura del “contrato social” sobre el que se construyeron las democracias europeas tras la Segunda Guerra Mundial. Con la firma del Tratado de Maastricht (1992), el estallido de la crisis financiera (2008) y la reforma del artículo 135 de la Constitución (2011), “el Estado de bienestar saltó por los aires” y los derechos sociales recogidos en el texto constitucional (vivienda digna, trabajo, educación y sanidad) se convirtieron en papel mojado, apunta Iglesias.

En este escenario, los autores reflexionan sobre la necesidad de abrir “un debate de país” sobre varios retos democráticos: la reforma del sistema electoral para hacerlo más proporcional; la independencia de la justicia y la lucha contra la corrupción; el blindaje de los derechos sociales; y un nuevo modelo territorial que se adapte a la realidad diversa de nuestro país. “La tarea constitucional más importante con la que tiene que enfrentarse la sociedad española es la reforma de la Constitución”, apunta Pérez Royo, puesto que es “la única forma de renovar la legitimidad del sistema político y del ordenamiento jurídico de la democracia”.

40.000 euros en ayudas para adaptar taxis rurales en Ciudad Real

La Diputación de Ciudad Real ha incrementado hasta 40.000 euros la cuantía económica que se aplica a la convocatoria que se publicará en el presente ejercicio, por segunda vez en la historia de la institución provincial, con el objetivo de hacer más factible entre los colectivos de personas con capacidades diferentes y de movilidad reducida el uso del transporte público en el ámbito rural. La institución que preside José Manuel Caballero ha consignado 10.000 euros más en 2018 con la finalidad de que aumente el número de taxistas, el año pasado se acogieron un total de cinco, y se logre así incrementar en nuestro territorio la oferta de vehículos que pueden trasladar con garantías y comodidad a quienes presentan limitaciones motoras desde cualquier punto de la provincia a la capital con finalidades de corte sanitario, administrativo, de consumo o de ocio.

El presidente de la Diputación se reunió con la Asociación Provincial de Taxistas, en representación de la cual han acudido Manuel García, presidente, Juan José Sansebrín y María José Calero, ambos miembros de la junta directiva de la citada entidad. Según nos confirma Sansebrín, en declaraciones exclusivas para Diario 16, se encuentran muy agradecidos a la Diputación por la sensibilidad mostrada “al sector del taxi” y ayudar subvencionando “una parte importante del gasto de la adaptación de los vehículos, que hasta ahora recae sobre las espaldas del profesional”. Así también ha destacado el taxista que el sector carece de otras ayudas a nivel institucional “para estos vehículos que tan necesarios son para los ciudadanos que tienen una discapacidad o movilidad reducida, haciendo así el desplazamiento y la vida más fácil para estas personas”.

Caballero, por su parte, les ha expresado su claro compromiso con el taxi rural porque el Equipo de Gobierno que preside sabe que es el medio de transporte que utilizan muchos vecinos, incluso los que viven en poblaciones alejadas de la capital, para satisfacer necesidades de diferente naturaleza que implican un desplazamiento. De ahí que hayan apostado un año más por apoyar a los taxistas que están dispuestos a adaptar su vehículo para que pueda ser utilizado por usuarios que tienen muchas limitaciones y, por tanto, han de viajar en condiciones especiales.

El presidente de la Diputación, de manera esperanzada, ha afirmado que quieren conseguir que Ciudad Real sea la provincia española que más taxis adaptados tenga en servicio. Sobre todo porque se trata de una demarcación muy extensa, con 20.000 kilómetros cuadrados, tan amplia que hay 200 kilómetros de punta a punta. Esta realidad rural, como nos cuenta Sansebrín, provoca que pueblos que “pueden tener alguna línea regular de autobuses, es limitada en horario y efectivos y es ahí donde el Taxi, que es otro transporte público de viajeros, sí hace esa labor de puerta a puerta facilitando así el desplazamiento de esas personas”.

Los corruptos venezolanos afincados en España se enriquecieron con empresas españolas

Según los datos de la Cámara Venezolano-Española de Industria y Comercio (CAVESPA), en la actualidad hay 98 empresas españolas establecidas o desarrollando proyectos en Venezuela. Según ICEX España Exportación e Inversiones son 69 las sociedades españolas operando en territorio venezolano. Muchas de ellas han tenido que «pasar por caja» para lograr esos proyectos o las licencias de actividad correspondientes, es decir, que tuvieron que pagar comisiones por las intermediaciones de personas, abogados o empresas —tanto españolas como venezolanas— ante las autoridades de la República Bolivariana. De esos pagos fueron beneficiarios, principalmente, Rafael Ramírez, ex ministro de Energía y ex presidente de PDVSA, y su red societaria que incluía a familiares —como su cuñado Baldo Sansó e, incluso, su esposa Beatrice Sansó—, altos cargos del gobierno, como es el caso de Nervis Villalobos, abogados y empresas asesoras tanto españolas como venezolanas que funcionaban como conseguidoras y que crearon una red de sociedades interpuestas en paraísos fiscales o en países con sistemas de tributación «amables» para cerrar los tratos y mover el dinero de esas comisiones.

Según relató el Wall Street Journal, en el año 2.006, varios empresarios españoles del sector de la construcción dispuestos a concursar en una licitación de un proyecto energético de 1.500 millones de dólares. Se les anunció que serían recibidos por Rafael Ramírez. Sin embargo, cuando llegaron «a la suite presidencial del JW Marriott Hotel en Caracas, quien los recibió no fue Ramírez sino su primo, Diego Salazar» quien, al dirigirse a los empresarios, fue directamente al grano: debían pagar, al menos, 150 millones en sobornos porque, «si no, deben regresar al aeropuerto». Unas veces se exigían sobornos, otras veces comisiones que se imputaban en el precio final del contrato, es decir, que las pagaba el pueblo venezolano.

Este hecho no quiere decir que las empresas españolas estén actuando ilegalmente por el pago de estas comisiones, un proceso que es habitual cuando se quiere entrar en un mercado empresarial extranjero, aunque en casos como el de la asturiana Duro Felguera, nos podemos encontrar con que una parte de esos pagos variables no aparecen en las cuentas de la compañía. Hay más casos que ya analizaremos en su momento. Se parte de la base de que empresas como Repsol, Elecnor, Acciona, Telefónica, ACS, Iberdrola, Iberia, Ilunion (ONCE), Inditex o Técnicas Reunidas, por citar algunas de las multinacionales españolas más importantes, no están pagando sobornos a ministros, altos cargos, empresas asesoras o intermediarias o bufetes de abogados para lograr contratos o licencias de actividad en Venezuela.

Lo importante de esos variables, mayoritariamente legítimos, es que las cantidades se imputaban en el coste total de los contratos firmados con el Gobierno de la República Bolivariana y, por tanto, era pagado por todo el pueblo venezolano. El resultado más directo de estas prácticas, legales para las empresas españolas porque, en general, están reflejadas en sus cuentas, es que todos esos altos cargos que actuaban bajo el paraguas de Rafael Ramírez se enriquecieron a través de redes societarias en países como Hong Kong, Luxemburgo, Suiza, Andorra o Estados Unidos (Florida y Delaware).

Todos estos venezolanos que se enriquecieron con estas actitudes corruptas, con estos tratos de favor y tráfico de influencias, tenían que sacar esos millones de dólares de Venezuela. Tras la muerte de Hugo Chávez en 2.013, gran parte de ese dinero llegó a España y, junto con él, todos aquellos que se enriquecieron, sobre todo por el miedo existente a que Nicolás Maduro sustituyera la «corte» del general por la suya propia, algo que resultó cierto dado que «el heredero» comenzó a sustituir personas claves en la organización del régimen por leales suyos capitaneados por Diosdado Cabello, un antiguo militar que representa el rostro duro del «madurismo».

El primero en caer fue el hombre que acumulaba más poder tras Hugo Chávez, Rafael Ramírez, ex presidente de la petrolera estatal PDVSA, la enorme fuente de la que manaban millones de dólares que se repartían entre él y sus socios a su antojo. Ramírez fue definido como un hombre «con el corazón en la izquierda, pero con la billetera llena en la extrema derecha». Una vez caído Ramírez, todos sus socios, asesores, abogados y empresarios que intermediaban en las gestiones buscaron un destino para aterrizar y lo encontraron en Madrid, donde comenzaron a adquirir inmuebles de alto valor y objetos de lujo que exhibían sin pudor ni elegancia. Se convirtieron en asiduos clientes de los restaurantes más caros de la capital en los que destacaron por el elevado consumo de champán francés a doscientos euros o más la botella. El propio Ramírez, durante su estancia en Nueva York o en sus visitas a España se caracterizó por un gusto exacerbado por los mejores Château Pétrus, vinos que cuestan miles de dólares por botella. Todo ello con el dinero que desfalcaron al pueblo venezolano que ahora está pasando por necesidades vitales.

Incluso alguno de ellos invirtió en medios de comunicación en lo que se ha interpretado como un intento de protegerse y de paso como elemento de proyección social.

Esta entrada y circulación masiva de dinero ha alertado a algunos empresarios españoles tras comprobar cómo se alteraban al alza los precios de algunos inmuebles y negocios en venta ya que los propietarios del dinero chavista no empleaban mucho tiempo ni esfuerzos en adquirir lo que le interesaba rompiendo las reglas del mercado establecidas e incluso generando dumping. Todo ello en medio de la gran crisis que sufrían los españoles en 2013 y 2014, que sigue en la actualidad, y que acabó con decenas de miles de empleos y generando un subempleo ya crónico.

Este lujoso aterrizaje no es nuevo. Antes lo hicieron en Miami en donde sus movimientos son seguidos de cerca por la organización «Venezolanos perseguidos políticos en el exilio» (Veppex), que hace públicos todos sus extraordinarios movimientos.

El ansia de saqueo de estos corruptos venezolanos —y algunos españoles que tenían cargos en PDVSA o que utilizaron sus empresas como intermediaras en distintos tipos de operaciones— no se paró sólo con sociedades españolas. También en Italia hay algún caso, como el de la petrolera ENI que tiene acuerdos con PDVSA. Curiosamente, el cuñado de Rafael Ramírez, Baldo Sansó, no reside en Madrid, sino en Italia, país que está investigando el entramado societario Chisholm, algo que también están haciendo Canadá y Estados Unidos.

En un artículo anterior ya expusimos cómo se movían estas redes y cómo utilizaban a sociedades intermediarias, algunas presididas por ciudadanos españoles, a la hora de captar su interés en Venezuela. Estas empresas, además, intermediaban entre las sociedades españolas y asesoraban a las autoridades venezolanas, es decir, a este grupo de corruptos, es decir, que facturaban de las dos partes.

En la operación que se le propuso a un empresario español para la compra de un medio de comunicación venezolano, El Universal, el inversor principal iba a ser el propio Rafael Ramírez quien, junto con Baldo Sansó, un importante abogado y una empresa española que asesoraba a Ramírez en operaciones financieras fuera de Venezuela en países como Panamá, Islas Caimán, Luxemburgo, Andorra y Hong Kong. Esta operación no se cerró, como ya indicamos en Diario16. Sin embargo, sirvió para generar contactos que posteriormente fueron aprovechados por alguno de los socios y por la empresa asesora para que el abogado y socio de Ramírez hiciera operaciones de compraventa de sociedades una vez establecido en España tras su fuga de Venezuela, que, según una querella criminal interpuesta en Madrid, sirvieron para, presuntamente, blanquear capitales y cometer delitos fiscales contra la Hacienda Pública.

Esta aparente impunidad de estos venezolanos corruptos afincados en España puede cambiar teniendo en cuenta la situación penitenciaria de otro de los hombres que se benefició de la corrupción venezolana bajo el amparo de Rafael Ramírez: Nervis Villalobos. Si llegara a un acuerdo con la Fiscalía —además de las demandas documentales y testimoniales contra ciudadanos venezolanos y españoles involucrados en esta trama de PDVSA para ser presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción española y la Fiscalía General estadounidense, según ha podido saber Diario16—,  y cuenta todo lo que sabe podemos ser testigos de una nueva diáspora de corruptos venezolanos. Ramírez ya se ha instalado en Mónaco…

Los corruptos venezolanos operan desde España

El PP acoge y protege en Ávila al líder chavista Rafael Ramírez

IU pregunta sobre la monarquía en vísperas del 14 de abril

Izquierda Unida, a través de su coordinador federal, Alberto Garzón, y de su diputado andaluz Miguel Ángel Bustamante, ha puesto en marcha esta mañana en el Congreso una completa batería de iniciativas dirigidas al Gobierno de M. Rajoy para que se pronuncie en determinados temas de su competencia relativos a los/as miembros de la familia real y a la monarquía. Una batería de preguntas que acabarán, como suele suceder con los gobiernos de la derecha patria, en el limbo de las respuestas. Bien por negarse a responder o por el veto que puede imponer el gobierno, las preguntas relacionadas con la casa real suelen tener un corto vuelo, salvo que sea para vanagloriar a Felipe de Borbón, obviamente.

Así lo han reconocido los dos diputados de IU que, tras denunciar el “veto continuo” que la Mesa del Congreso impone (con el respaldo del PP, PSOE y Ciudadanos) a cualquier tema polémico sobre la casa real cada vez que lo plantea IU, han calificado este hecho que se arrastra desde hace años de “opacidad” e “inadmisible silencio” y coincidieron en rechazar de forma tajante que “los representantes de los ciudadanos no podamos saber qué hace la casa real en determinados ámbitos que nos afectan a todos y todas”. Intentarlo de nuevo está relacionado con la proximidad de la fecha del 14 de Abril, conmemoración del aniversario de la II República. Bustamante aprovechó sus explicaciones para hacer un llamamiento a “apoyar el movimiento republicano y el proceso constituyente” en las movilizaciones en este sentido convocadas para el próximo fin de semana en todo el Estado.

Tampoco hacen preguntas escandalosas los diputados de la formación de izquierdas, son más bien preguntas que cualquier ciudadano, que no se encuentre bajo el ensimismamiento del establishment o de la ideología monárquica, se hacen cualquier día de la semana. Como pueden ver en las galerías de imágenes, la primera pregunta se dirige a solicitar un razonamiento sobre un principio democrático “¿Considera el Gobierno que la Monarquía es compatible con el principio constitucional de igualdad de toda la ciudadanía ante la ley?”. Porque como saben hay miembros de la familia real, no se sabe muy bien por qué motivo (no lo han explicado), que son inimputables. La segunda tampoco parece que sea sumamente ofensiva para no responder: “¿Considera el Gobierno que es una posición radical pedir que ciudadanía española pueda decidir entre República y Monarquía?”. A lo que se suma una especie de corolario: “¿Ha valorado el Gobierno la posibilidad de convocar un referéndum para que la ciudadanía pueda elegir entre República y Monarquía?”.

La siguiente pregunta, se relaciona también con la igualdad de todos ante la ley, especialmente frente a la Hacienda pública: “¿Piensa exigir el Gobierno responsabilidades al rey emérito Juan Carlos I por contar con una cuenta en Suiza, al parecer, herencia de su padre?”. Todo ello cuando en el extranjero se publica sin problemas que Juan Carlos de Borbón tiene una fortuna valorada en más de 1.800 millones de euros. Parece que el tener el título de majestad concede privilegios frente al resto de ciudadanos y, por ello es lógica, la pregunta de IU. Curioso cuando menos, ya que el abuelo del actual monarca se lamentaba, como han recogido diversas publicaciones y libros, que no tenía dinero durante sus años de Estoril, Alfonso Ussía dixti. Lo que enlaza sobre las sospechas de la fortuna adquirida, sin más ingresos que los que vienen en los Presupuestos Generales del Estado, ya que el monarca no puede hacer negocios, o no debe porque son constantes los rumores de comisiones sobre contratos conseguidos para empresas españolas: “¿Considera el Gobierno necesario investigar el patrimonio de la Familia Real?”. “La Casa Real jamás documentó las justificaciones que ofreció ni el caso fue investigado”, recuerda Bustamante en su texto.

Las siguientes preguntas también son ya un clásico de las preguntas parlamentarias y senatoriales de la izquierda española, bueno el PSOE pese a su herencia republicana no pregunta por estas cosas. “¿Cuáles son los motivos por los que el CIS ha dejado de realizar encuestas sobre la monarquía española?”; “¿Está preocupado el Gobierno por la opinión que sobre la corona pueda tener la sociedad española?”; “¿Va a seguir el CIS ocultando la opinión de la ciudadanía sobre la monarquía?”.  Tampoco parece ofensiva la pregunta sobre principios y los Derechos Humanos, por ello, instan al gobierno a que diga si “¿Considera el Gobierno que la monarquía es compatible con la declaración universal de derechos humanos que establece que todas las personas son iguales al nacer?”.

Venta de armas a Arabia Saudí con Felipe de Borbón como intermediario.

La siguiente pregunta nos lleva a un punto de la actualidad armamentística española, en vista de la reunión, que se debe haber mantenido esta mañana según fuentes de Moncloa, entre M. Rajoy, Felipe de Borbón y Mohamed Bin Salman, príncipe de Arabia Saudí, o con alguno de sus emisarios, para la compra de numerosas fragatas que se construirán en San Fernando (Cádiz): “¿Va a exportar España material militar a Arabia Saudí?”. A esto les podemos responder nosotros, diciendo claramente que sí, porque ayer se firmó el acuerdo con M. Rajoy. “¿Tiene indicios el Gobierno de que dicho material se utiliza en Yemen para violar los derechos humanos y el derecho internacional?”, o “¿Qué tipo de garantías sobre el uso del material militar exige el Gobierno antes de autorizar su exportación a Arabia Saudí?”.

En este último sentido, Alberto Garzón, ha denunciado y advertido hoy al Gobierno de Mariano Rajoy de que será “cómplice de los asesinatos y de los crímenes en la guerra de Yemen” al firmar en las próximas horas el acuerdo económico de colaboración con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, de visita en España, que incluye la venta de cinco corbetas para la Armada de guerra de este conflictivo país. Garzón ha reprochado con dureza que el Ejecutivo español mantenga la venta de armamento a “dictaduras” como la de Arabia Saudí, que “no sólo no respetan los Derechos Humanos”, sino que sostiene guerras como la de Yemen, un conflicto en el que se “asesina de forma indiscriminada” a miles de personas. Fuentes de Moncloa aseguran a este medio que los saudíes han exigido que el acuerdo fuese firmado por M. Rajoy y/o Felipe de Borbón para llevarse a cabo.

Volviendo al tema de los dinero de la casa real, una pregunta sumamente lógica, dado que se hace uso de dinero que sale del bolsillo de todos los españoles y españolas, Izquierda Unida pregunta por la no fiscalización de las cuentas de la casa real por el Tribunal de Cuentas: “¿No cree el Gobierno que es una contradicción en sus términos que el Tribunal de Cuentas no fiscalice a la Casa Real?”. No han debido querer poner Garzón y Bustamante contradictio in terminis no vaya a ser que respondan que no saben idiomas, pero no deja de ser contradictorio que no hay fiscalización alguna. De ahí se sigue que la siguiente pregunta sea si “¿Va a exigir el Gobierno a la Casa Real que detalle el patrimonio y las rentas de sus integrantes y que sus actividades sean fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas?”.

Y, por último, una preocupación de la ciudadanía, especialmente después del escándalo de los papeles de Panamá. “¿Puede el Gobierno afirmar que ningún miembro de la Casa Real tiene cualquier tipo de activo financiero en el extranjero y, en concreto, en los conocidos como paraísos fiscales?”. Para Bustamante esta falta de explicaciones sobre el uso de recursos públicos por parte de la familia real contrasta con la “transparencia” que se exige al conjunto de responsables públicos y cargos electos.

IU aprovecha sus preguntas para denunciar el “anacronismo” de la Monarquía en pleno siglo XXI, una institución “obsoleta”, de “dudosa utilidad pública” y que “genera desigualdades sociales”.

Podemos denuncia el regalo de Rajoy a Macri (y el aznarismo)

Un nuevo desencuentro entre Podemos y Mauricio Macri, presidente de Argentina, o más bien, un nuevo regalo del PP al presidente argentino. Un personaje que es conocido en toda Latinoamérica como el ahijado político de José María Aznar. El Ministerio de Justicia anunció el pasado 6 de abril que concedía la nacionalidad española a Alicia Beatriz Blanco Villegas, madre de Macri y nieta de un ciudadano español, aun cuando la legislación española solo contempla la concesión para hijos de emigrados. El Ministerio afirmaba además que la concesión de la nacionalidad a la madre de Macri “podría suponer un punto de unión aún mayor entre ambos países”. No obstante, y a pesar de que el anuncio de Justicia se produjo hace ya seis días, aún no se ha publicado en el BOE el Real Decreto a partir del que se concede la nacionalidad a Alicia Beatriz Blanco “por carta de naturaleza”, de tal manera que es imposible que se conozcan las causas y razones que justifican la decisión extraordinaria tomada por el Ministerio que dirige Rafael Catalá.

Por ello, Sara Vilà, senadora de En Comú Podem, ha registrado una batería de preguntas requiriendo información. La senadora Vilà pregunta “cuáles son las causas que ha valorado el Gobierno para la concesión de la nacionalidad española” y “cómo han sido acreditadas dichas causas por la señora Alicia Beatriz Blanco”, tal y como es preceptivo hacer. Vilà desea también conocer en qué legislación se ha amparado el Gobierno para tomar esta decisión, habida cuenta que “la Ley de Memoria Histórica 52/2007 solo concede la nacionalidad a hijos de emigrados españoles y no a sus nietos”. La senadora de En Comú Podem también se interesa por “cuántas solicitudes de nacionalidad de ciudadanos argentinos descendientes de españoles ha recibido el Gobierno español durante los últimos cinco años”, requiriendo también información respecto a cuántas han sido concedidas, cuántas rechazadas y cuál es el plazo medio de concesión de la nacionalidad a ciudadanos procedentes del país latinoamericano.

Sara Vilà pregunta además directamente si “ha existido algún trato de favor por parte del Gobierno” y si no “supone un agravio comparativo para los nietos descendientes de emigrados españoles”. La senadora quiere saber también si la decisión tomada por el Ministerio de Justicia está relacionada con la reciente visita realizada a nuestro país por el mandatario latinoamericano y si “pretende el Ejecutivo de M. Rajoy beneficiarse con esta concesión en sus buenas relaciones con Argentina o con el señor Macri”. Por último, la senadora Vilà pregunta al Gobierno si tiene previsto realizar alguna modificación legal para permitir la concesión de la nacionalidad española a los nietos y nietas de emigrados españoles, tal y como ha tenido a bien realizar con la madre de Macri.

Para Vilà “es sumamente sospechoso que el Ministerio de Justicia anuncie la concesión de la nacionalidad española a la madre del actual presidente argentino y que, sin embargo, el Real Decreto que es preciso para ello aún no haya sido publicado en el BOE”. La senadora de En Comú Podem recuerda que “en Argentina viven numerosos descendientes de emigrantes españoles a los que el Gobierno no aplica los mismos criterios que a la señora Alicia Beatriz Blanco” y añade que “este Gobierno no puede retorcer y violentar las leyes para premiar a sus amigos, tal y como puede interpretarse que ha hecho por la manera en que ha procedido en este caso”.

La relación de Macri con Aznar.

Sin duda, la concesión de la nacionalidad a la madre del presidente argentino está relacionada con los contactos entre los conservadores de ambos países, pero sin olvidar otro aspectos fundamental. M. Rajoy está haciendo un guiño al aznarismo del propio PP e, incluso, al propio José María Aznar. Que FAES se haya separado del PP y que Aznar ya haya manifestado que Ciudadanos y Albert Rivera son, en cierto modo, su continuación política, no como el actual PP del marianismo, sin duda han influido para que el presidente del Gobierno, a falta de respuestas concretas de su esbirro Catalá, haya sido tan generoso con la madre del presidente argentino.

Como ya explicamos en estas mismas páginas, el ex-presidente Aznar ha estado trabajando para diversos lobbies del establishment estadounidense, junto a Álvaro Uribe (el fundador de los paras colombianos según dicen en Colombia), para conseguir la llegada al poder de los políticos que gustan a quienes realmente tienen el poder en EEUU. Mucho más los de Wall Street, pero sin dejar de lado a Washington. Su conexión con el lobby judío ha sido fundamental para hacer llegar a Macri al poder. Había que acabar con el kirtchnerismo a toda costa, fuese como fuese, en favor de los intereses capitalistas extranjeros.

Una suerte de Nueva Doctrina Monroe para controlar el patio inferior de los EEUU en el plano económico y político (ahora que lo militar no está tan bien visto). Hastiados de populismos y gobierno del pueblo, Aznar tiene a su disposición numerosos fondos de USAID (Agencia de USA para el desarrollo internacional) y de la NDE (National Endowment for Democracy) a fin de generar una opinión pública favorable a los candidatos afines. Algo que han hecho con Sebastián Piñera en dos ocasiones en Chile. Así pues, la visita de M. Rajoy, más allá de las siempre fraternas relaciones entre Argentina y España, se embarca en un deseo del aznarismo para no acabar de dar el salto a la formación naranja. Aunque sean los mismos lobbies que patrocinan a Aznar los que lo hacen a Ciudadanos.