sábado, 2 mayo, 2026

Fulgencio Gil: “los lorquinos estamos más cerca que nunca de conseguir la llegada de la Alta Velocidad ferroviaria que nos va a comunicar con el Corredor Mediterráneo”

El Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha informado de «la consecución de un nuevo y decisivo avance en el proceso de llegada de la Alta Velocidad y del Corredor Mediterráneo ferroviario a Lorca, como es la inminente salida a exposición pública del proyecto de construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería, en concreto el tramo Sangonera-Lorca». Este avance se suma al mismo paso adelante efectuado hace pocos días respecto al tramo Lorca-Pulpí.

Fulgencio Gil ha afirmado que el Gobierno de España «sigue avanzando» para posibilitar cuanto antes la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad. Se trata de un servicio que va a permitir disfrutar de una red de comunicaciones ferroviarias de última generación, totalmente operativa y a la vanguardia de la tecnología a todos los niveles. La llegada del AVE a Lorca «está más cerca que nunca» gracias a la redacción del proyecto de construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo en el tramo que ha de unir Lorca con Murcia.

El proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Plurirregional de España 2014-2020, objetivo conseguir un transporte sostenible. El documento hace referencia a las obras para construir una plataforma ferroviaria para doble vía apta para tráfico mixto con características tales que permita la velocidad entre 250 y 300 km. Señalar también que la prolongación del Corredor Mediterráneo que enlazará Lorca con Almería y Murcia es una actuación contemplada en Plan de Infraestructuras del Gobierno de Espala, incluido dentro del Corredor del Levante y Eje Mediterráneo.

El Primer Edil ha anticipado que el documento estará a disposición de todos los interesados tanto en la página web del Ayuntamiento como en las sedes de los colectivos vecinales de las pedanías por las que discurre, así como en la Concejalía de Urbanismo. Desde el Ayuntamiento se anima a todos los ciudadanos a consultarlo, anticipando la colaboración y asesoramiento de los servicios técnicos municipales, tal y como se ha realizado con el tramo Lorca-Pulpí, incluyendo la puesta a disposición de un técnico sobre el terreno para aclarar cualquier cuestión al respecto. Vamos a estar junto a los vecinos ante cualquier incidencia que quieran trasladarnos, por lo que les animamos a participar en el periodo de exposición pública establecido para lograr la mejor solución posible a cada situación.

La solución que se adopta en el final del tramo, en el actual apeadero de San Diego, se configura de manera que durante las obras del soterramiento (actualmente en fase de Estudio Informativo), los tráficos en ancho ibérico puedan tenerla como estación término. «De hecho podemos anticipar que se prevé la construcción de una nueva estación en San Diego, más moderna, funcional y operativa, que sustituirá el actual apeadero, así como la ampliación de la de La Hoya. Durante la realización de los trabajos correspondientes a las actuaciones recogidas en el proyecto, se mantendrá el tráfico ferroviario».

El trazado de la plataforma para el tren se diseña para permitir una velocidad de 300 km/h, salvo en los tramos urbanos, de acuerdo con la normativa de seguridad existente. El tramo que va a ser mejorado mediante la aplicación del actual proyecto presenta una sección de triple vía: plataforma ejecutada para vía doble UIC y otra plataforma de vía única en ancho ibérico en servicio. Su trazado está formado exclusivamente por una alineación recta en la que se emplaza la Estación de la Hoya, para la que se diseñan las vías mango y los aparatos de vía necesarios. La actuación prevista para el tramo correspondiente a la salida del tren dirección Murcia prevé prolongar las vías actuales hasta conectar con el trazado planteado para la estación de Lorca San Diego.

Estación de La Hoya

Se propone un esquema que posibilita aprovechar el andén existente en La Hoya para que pueda prestar servicio para los usuarios de los trenes en sentido Lorca. Para evitar cruces de vías a nivel se plantea la ejecución de un andén y de una vía de apartado en la vía general izquierda, para los trenes sentido Murcia.

La estación de la Hoya se amplía disponiendo una vía de apartado en su lado izquierdo. De este modo, la explotación en primera fase será al lado contrario del actual, para lo que se diseña un andén entre vía izquierda y vía de apartado izquierda. Con objeto de adaptar esta estación al nuevo trazado y explotación ferroviaria las actuaciones a realizar en la estación de La Hoya son las siguientes:

– Nuevo andén de 210 metros de longitud por una anchura de 6,38 m.

– Prolongación del andén actual en una longitud de 24,17 m.

– Prolongación del actual paso inferior en una longitud de 23 m que dará acceso al nuevo andén a través de escalera fija y ascensor, también de nueva ejecución. Se contempla una escalera de acceso restringido en previsión de un futuro andén técnico para paradas de mercancías.

– Marquesina en el nuevo andén y embocadura, así como refugio en nuevo andén.

Estación de Lorca – San Diego

Dispone de 2 andenes de 210 m de longitud. El izquierdo además de dar servicio a la vía general izquierda en primera fase dará servicio por el lado sur a una vía provisional en ancho ibérico. La estación de Lorca San Diego, la última del tramo, al igual que el resto, permitirá en una primera fase la parada de circulaciones de cercanías en ancho ibérico. Para ello se dispone de un andén que sólo prestará servicio en su lado izquierdo (vertiente sur). Esta vía de apartado, queda conectada con la vía de la línea actual pasada la estación.

Las dos vías generales en la estación estarán servidas por dos andenes (izquierdo central con vías de ancho ibérico, y derecho con vía de ancho UIC). Estas dos vías se utilizarán en una segunda fase sólo para parada y estacionamiento de circulaciones en ancho UIC, que vendrán circulando por vía derecha. En esta fase el tráfico de cercanías seguirá por vía izquierda. En fase final, las vías de ancho ibérico se desmantelan, quedando una estación con parada en vías generales en ancho UIC.

El esquema de vías planteado para esta estación será el mismo que para las anteriores estaciones de Cercanías, pero además se tendrá en cuenta que puedan parar trenes de larga y media distancia, durante la fase de obras de soterramiento de la estación de Lorca-Sutullena.

La nueva situación propuesta de los andenes correspondientes al trazado ferroviario a su paso por la población de Lorca-San Diego, se encuentra desplazada hacia el lado de Murcia, unos 150 metros aproximadamente, por lo que se propone edificar un nuevo edificio de viajeros situado a 185 metros del actual.

El proyecto de construcción contempla para esta parada un programa funcional específico que se ha diseñado para que sea compatible con la fase provisional en el período que duren las obras de soterramiento de la estación de Lorca Sutullena y con la situación definitiva, una vez se terminen las obras del nuevo trazado, para que funcione como estación independiente. Por tanto, la estación de Lorca San Diego prestará los servicios de Larga y Media Distancia que se operan actualmente en Lorca Sutullena, además del servicio de Cercanías.

Albergará algunos de los usos que se derivan de la actual estación de Sutullena para ser posteriormente de nuevo trasladados a la futura estación de Alta velocidad de Lorca. Estos distintos escenarios, implican la necesidad de realizar una reordenación del entorno y disponer de un nuevo aparcamiento y zona urbanizada.

El nuevo aparcamiento, que tendrá 40 plazas, se sitúa a continuación del aparcamiento existente, por lo que en caso de necesidad se podrá ampliar y podrá ser controlado. Además dispondrá de plazas reservadas para minusválidos, para personal de Adif y para motos. En la misma plaza de acceso se deja reservada una zona para la parada de un autobús urbano o un autobús para posibles incidencias, una parada para taxis y una zona de parada rápida o Kiss&ride. También se prevé un aparcamiento para bicicletas.

Dado que el tráfico ferroviario se cortará desde esta estación, se propone una zona de parada de autobuses de incidencia o transbordo junto a la estación existente para dar servicio a las estaciones de Puerto Lumbreras, Almendricos y Pulpí. Se prevé la sustitución del edificio de viajeros por otro de nueva construcción que será compatible con el funcionamiento de la estación durante la fase provisional y como estación independiente una vez terminen las obras del soterramiento, por lo que se plantea un nuevo edificio

El acceso al nuevo inmueble en la situación provisional será frontal, con la posibilidad de crear una plaza de mayores dimensiones delante de la fachada, en función de la situación de provisionalidad y los deseos del Ayuntamiento de continuar en un momento dado la Calle del Canal de San Diego. En la situación futura se creará una plaza con una zona arbolada y el aparcamiento de bicicletas.

El diseño del edificio de viajeros responderá a su uso como estación de viajeros para media y larga distancia. Se proyecta la ejecución de un vestíbulo a doble altura que constituirá el volumen principal. A un lado se agrupan los usos provisionales: bloque de aseos públicos, zona de taquilla y atención al cliente, vestuarios de personal de Renfe, circulación y limpieza, y almacén de limpieza de trenes con acceso directo al andén. Al otro lado del vestíbulo se proyecta el almacén de objetos perdidos que en la situación definitiva se convertirá en la zona de aseos y almacén de la estación, la cafetería junto a la fachada principal y los cuartos de instalaciones.

El diseño y construcción permitirá que ambas situaciones sean compatibles. Los usos llamados provisionales, se incluirán en una edificación modular desmontable, con objeto de aprovechar estos módulos para la futura estación de Lorca Sutullena.

PSOE: Mateos pide que los vecinos de Tercia y La Hoya sean asesorados por técnicos municipales y puedan consultar los proyectos de ADIF en sus locales sociales

Por su parte, el Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha solicitado al Alcalde Gil Jódar que facilite a los vecinos de Tercia y La Hoya, que se vean afectados por el trazado del AVE y Corredor Mediterráneo a su paso por estas pedanías, la posibilidad de que puedan consultar los planos y el proyecto de ADIF, y recibir asesoramiento en sus locales sociales, de cara a posibles alegaciones.

«Gracias a esta misma gestión», el PSOE consiguió que se hiciera lo propio con los vecinos de las pedanías de Campillo, Torrecilla y Almendricos afectadas por el trazado Lorca-Pulpí. Una petición con la que Mateos quiso que el Ayuntamiento de Lorca acercara los proyectos hasta las pedanías afectadas, para ahorrar a los vecinos los desplazamientos hasta la ciudad y proporcionar información y asesoramiento a través de personal municipal y del propio Ayuntamóvil.

Este jueves 12 de abril aparecía en el BORM  la relación de afectados por las expropiaciones para el proyecto de construcción de la plataforma del Corredor Mediterráneo  de Alta Velocidad Murcia-Almería, en concreto, los correspondientes al tramo Sangonera-Lorca. En cuanto a nuestro término municipal, este tramo afecta especialmente a las pedanías de Tercia y La Hoya, implicando  en torno a 600 propiedades.

Mateos reclama que se habilite además un plazo prudencial para garantizar la suficiente información y el necesario tiempo para que los vecinos dispongan de las máximas facilidades de cara a gestionar esta complicada tramitación. El plazo que se dispuso para que los vecinos del trazo Lorca-Pulpí pudieran alegar se quedó “corto”, por lo que reclaman que tengan en cuenta esta consideración.

 

Defensa impide el acceso a documentos de la Guerra Civil

Izquierda Unida, a través de su diputada Eva García Sempere y de su senadora Vanessa Angustia, responsables de esta formación en ambas cámaras de los temas de Memoria Histórica, denuncian lo que han calificado como “involución en la transparencia” puesta en marcha por el Estado Mayor del Ejército, con la “colaboración necesaria” del Ministerio de Defensa de María Dolores de Cospedal, para ocultar documentos de 1939 que antes estaban visibles. “Son documentos históricos de archivos militares serán tratados como “clasificados”, a pesar de que hasta ahora podían ser consultados libremente”.

De esta forma, al aplicar ahora una decisión tomada en junio de 2016, quedan fuera del alcance de los investigadores y del conjunto de la ciudadanía buena parte de la documentación sobre la Guerra Civil que se custodia en el Archivo General Militar de Ávila, así como toda la documentación clasificada con marcas de ‘secreto’ o ‘reservado’ conservada en otros archivos dependientes del Ejército de Tierra y anterior a la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

García Sempere y Angustia exponen que “desde IU hacemos nuestra la grave preocupación manifestada recientemente por el Cuerpo de Archiveros y los trabajadores destinados en archivos militares, que denuncian con amplio conocimiento de causa esta rocambolesca e inadmisible situación favorecida por el Gobierno del PP”.

Así, por ejemplo, desde la Asociación de Archiveros de Castilla y León (Acal) se ha advertido de esta restricción en el acceso a documentos bajo custodia de centros militares que los investigadores sí podían consultar y reproducir desde 1939. Esta asociación avisó en un comunicado reciente que esto supone un “retroceso de décadas en lo que se refiere al acceso de los ciudadanos a la información y a la cultura, así como un grave menoscabo de la esencia misma de un archivo público, abierto en principio a todos los ciudadanos para asegurar la memoria individual y colectiva”.

En este contexto, el pasado 2 de abril el Instituto de Historia y Cultura Militar, órgano responsable de la protección, conservación, investigación y divulgación del patrimonio histórico del Ejército de Tierra, comenzó a asumir la gestión del Archivo General Militar de Ávila.

Por todos estos motivos, las parlamentarias de Izquierda Unida han registrado una serie de preguntas parlamentarias escritas dirigidas al Ejecutivo desde sus respectivas cámaras. Entre otras cuestiones, piden explicaciones precisas sobre “¿qué normas regirán a partir de ahora el acceso a los fondos documentales de la Guerra Civil Española que se conservan en el Archivo General Militar de Ávila?” y “¿qué limitaciones se impondrán al acceso y consulta de dichos fondos?”

Exigen también que el Gobierno aclare “¿qué cambios supondrá la nueva gestión del Archivo General Militar de Ávila por parte del Instituto de Historia y Cultura Militar?” y si piensa respetar “el Reglamento de Archivos Militares del Ministerio de Defensa para garantizar el acceso de investigadores e investigadoras a estos archivos y la realización de sus labores?”

Según señalan desde IU, la situación ha llegado a tal punto que hasta los trabajadores de los archivos militares mostraron su desacuerdo de forma pública recientemente en redes sociales de un modo muy efectivo y ocurrente:

“Hoy 2 de abril, cautivo y desarmado el Cuerpo de Archiveros, el @IHyCM_ET ha ocupado las últimas posiciones. El Archivo General Militar de Ávila ha terminado…. por claudicar al despropósito. Se limita el acceso a los fondos de la Guerra Civil. @PubliPatDef @Defensagobpic (@ArchiMilEsp)”

El Supremo anula el ERE de las Cámaras Agrarias andaluzas

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente los recursos de casación presentados por 66 trabajadores de las extinguidas Cámaras Agrarias andaluzas contra la resolución del Director General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía de 13 de septiembre de 2011, que autorizó a las Cámaras Agrarias de esa Comunidad a extinguir las relaciones laborales de sus trabajadores, la mayoría de ellos guardas y guardas rurales.

Los recursos se estiman parcialmente porque el tribunal rechaza la pretensión de los trabajadores de que se les readmitiera en su puesto de trabajo, con abono de los salarios dejados de percibir o que se les indemnizara como procediera, en caso de resultar imposible su readmisión. Por eso, los jueces ordenan a la junta que comunique cual es la situación actual “jurídica” de los extrabajadores que resultaron despedidos en dicho Expediente de Regulación de Empleo. Y para eso tiene un plazo de dos meses.

Básicamente lo que viene a decir el Supremo es que la Ley 18/2005 de 30 de septiembre eliminó la regulación estatal sobre las Cámaras Agrarias, pero no las suprimía, dejando esa decisión en manos de las Comunidades Autónomas. Hubo comunidades que las mantuvieron y otras que las clausuraron, como fue el caso de Andalucía. Pero en otras Comunidades en las que se clausuraron, los trabajadores fueron destinados a tras unidades administrativas. Sin embargo, la Junta de Andalucía decidió despedirlos, según los jueces, “sin motivo de causa mayor” ya que el cierre de las Cámaras “no imposibilita definitivamente la prestación del trabajo”. Es decir, se pueden cerrar las Cámaras pero los trabajadores, también pueden ser reubicados.

Además, según la Sala, en ninguna de las resoluciones administrativas “se expresan las razones concretas, más allá de la extinción por disposición legal de las Cámaras Agrarias de Andalucía, que expliquen que las labores encomendadas a aquellos trabajadores ya no eran necesarias, o que expliquen que todas podían ser realizadas por órganos u organismos de la Administración Andaluza sin requerir incremento alguno de personal laboral, o que expliquen que la integración de todos esos trabajadores en otros entes vulneraría alguna o algunas leyes vigentes”.

 

El PSOE exige el pago a los afectados por las expropiaciones forzosas por las obras del aeropuerto de Corvera

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Alfonso Martínez Baños ha exigido en el Pleno de la Asamblea al Gobierno regional que en el próximo ejercicio presupuestario 2019 incluya una partida  presupuestaria, que permita abonar a los afectados por las expropiaciones forzosas derivadas de las obras del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia el importe que les adeuda desde hace diez años.
Martínez Baños reclama que se reintegre el importe íntegro o parcial pendiente correspondiente al pago del justiprecio acordado en su día a todos los propietarios de bienes y derechos afectados por estas obras, y que se apliquen los intereses de demora generados por la dilatación del proceso del pago acordado.
El viceportavoz socialista señaló que “las expropiaciones son cuestiones complicadas porque, generalmente, alguna de las partes no está de acuerdo, lo que suele derivar en demandas presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que dilatan el proceso”.
En este caso, de los propietarios de los terrenos en los que se ha construido el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y sus accesos “los únicos que cobraron las indemnizaciones fueron los dueños de los terrenos donde se han construido los accesos y las infraestructuras anexas al aeropuerto; y lo hicieron porque se trataba de obras ejecutadas por la Comunidad Autónoma y no por Aeromur”.
Martínez Baños pide al Gobierno regional que se deje de excusas para justificar el retraso en los pagos y no se escude en la marcha de la anterior concesionaria Aeromur, que ya acumulaba retrasos importantes por la discrepancias en la valoración económica del metro cuadrado de terreno tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia.
“Hace más de un año se fijaron unas indemnizaciones no abonadas y dilatadas en el tiempo y la Administración regional no puede seguir retrasando el pago por ser una cuestión de justicia”.
Esta situación afecta a un centenar de afectados entre los que se encuentran familias y empresas a los que les corresponde percibir 22 millones de euros, más los intereses de demora, lo que podría superar los 30 millones de euro, según el precio que fijó el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y los propios cálculos de la Consejería. “Los afectados tienen serias dificultades por perder sus viviendas y las parcelas que explotaban sin que la Administración regional muestre ni el más mínimo interés por resolver, de una vez, este problema.”.
Empresas condenadas
Por otra parte, el diputado Antonio Guillamón ha sido el ponente de la moción de Podemos sobre adopción de medidas para que no se otorguen subvenciones ni adjudiquen contratos públicos a empresas condenadas por delitos contra los derechos de los trabajadores. El Grupo Parlamentario Socialista ha apoyado esta iniciativa porque considera que es preciso realizar un mayor esfuerzo y dotar de medios suficientes a la Inspección de Trabajo para que desempeñe su labor adecuadamente, y pueda denunciar y perseguir la vulneración de los derechos de los trabajadores.
Guillamón apostilló que el fraude laboral sigue siendo una de las principales lacras del sistema “y uno de los agujeros más grandes que tiene la Seguridad Social”. De hecho, en 2017 el coste que supuso el fraude laboral en España fue superior a los 20.000 millones de euros.
Ampliación servicio de autobuses 
La diputada Presen López mostró el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a la moción de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía para que se mantenga y amplíe el servicio de autobuses entre Torre Pacheco y el Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor.
López Piñero subrayó la importancia de que haya consenso en esta cuestión porque se trata de un servicio público y responsabilizó a la Comunidad de la garantía del mismo y de que se amplíe también a los vecinos de Los Alcázares. “Desde el Partido Socialista exigimos que las cuestiones relacionadas con los accesos entren dentro del mapa concesional de transportes incluido dentro del Plan Director de Transportes, que se encuentra en proceso de elaboración”.
En 2017, el Equipo de Gobierno del PSOE del Ayuntamiento de Torre Pacheco pidió al Gobierno regional que asumiese este servicio dentro del Plan Director de Transportes.
Impresión 3D en hospitales y servicios sanitarios
El diputado Emilio Ivars ha sido el ponente en la moción del Grupo Parlamentario Popular en la que se solicita al Gobierno de la Nación el impulso de la fabricación aditiva e impresión 3D en los hospitales y el sector sanitario en España.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda parcial a esta iniciativa, para que no se deje todo en manos del Gobierno de España y la propia Comunidad ejerza sus competencias y vaya incorporando estos mecanismos en el sistema sanitario regional.
La propuesta socialista va en el sentido de que se promuevan acuerdos con universidades, centros de investigación y/o empresas especializadas para su introducción en el sistema sanitario regional, previo estudio por parte del Comité Regional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Asimismo, demanda que se realicen acciones formativas encaminadas al uso de esta tecnología en el sistema sanitario regional y se impulsen líneas de investigación regionales relacionadas con esta tecnología aplicadas a la salud.
Ivars incidió en que “hace mucha falta que en la Región de Murcia se haga un mayor esfuerzo en cuanto a ciencia e investigación”.
Ruta de las fortalezas
Por último, el diputado Ángel Rafael Martínez fue el encargado de trasladar el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a la moción del Grupo Parlamentario Popular para que se incluya la Ruta de las Fortalezas en el calendario de grandes eventos deportivos de la Región de Murcia y se le dé difusión en Fitur. Martínez Lorente ironizó y reprochó al PP que solo traiga a la Cámara “mociones de paz y amor, para justificar que hacen algo. Esto que propone el PP tenían que estar haciéndolo desde hace 7 años”.

Susana Díaz se preocupa ahora de Las Kellys

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha comprometido a reclamar al Gobierno central que convoque cuanto antes la Mesa por la Calidad en el sector de la hostelería para abordar las condiciones laborales de las camareras de piso. Díaz se ha reunido en el Parlamento con representantes de asociaciones andaluzas de Las Kellys, con motivo del debate de una Proposición no de Ley (PNL) que analiza su situación laboral. No recuerda la presidenta andaluza que hace menos de una semana, y a propuesta de una senadora canaria, M. Rajoy se comprometió y recibió al colectivo en Moncloa para conocer de primera mano sus condicionantes laborales y las lesiones que se producen.

Al término del encuentro, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha señalado que el Gobierno andaluz comparte las reivindicaciones de este colectivo, tal y como les ha trasladado la presidenta durante la audiencia, quien además le ha manifestado su «apoyo en la lucha contra la precariedad laboral y en su reclamación de condiciones laborales y salarios justos».

La Mesa por la Calidad, ha indicado Carnero, se creó en noviembre de 2017, pero por el momento «no está siendo efectiva». En ella participa Andalucía junto a otras comunidades autónomas que cuentan con sectores turísticos potentes, además de Gobierno central, sindicatos y la CEOE, por lo que «es el momento de que esta mesa se active, y que lo haga con bastante antelación al comienzo de la temporada de verano», ha subrayado.

La mayoría de las demandas de este colectivo dependen de actuaciones del Gobierno central, si bien el consejero ha hecho especial hincapié en «la necesaria derogación de la reforma laboral, algo que desde el Gobierno andaluz venimos solicitando prácticamente desde su inicio». «Si la reforma laboral fue injusta ahora se está viendo que es un freno y un deterioro de la calidad de las condiciones laborales de los trabajadores» ha apuntado el consejero.

Iglesias, Mélenchon y Martins por una revolución ciudadana en Europa

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el secretario de Internacional de Podemos, Pablo Bustinduy, se han reunido esta tarde en Lisboa con el presidente de la France Insumise, Jean-Luc Mélenchon, y la coordinadora del Bloco de Esquerda, Catarina Martins, con motivo de una preocupación compartida por la deriva del proyecto europeo.

Los representantes de España, Francia y Portugal han firmado la declaración de Lisboa por una revolución ciudadana en Europa, en la que afirman que «la aplicación dogmática, irracional e ineficaz de las políticas de austeridad ha generado un inmenso sufrimiento innecesario para nuestros pueblos».

Asimismo, lanzan un llamamiento al resto de países europeos con el objetivo de que «se unan a la tarea de construir un movimiento político internacional, popular y democrático para organizar la defensa de nuestros derechos y la soberanía de nuestros pueblos frente a un orden caduco, injusto y fallido que nos lleva con paso firme hacia el desastre».

Declaración de Lisboa por una revolución democrática en Europa

Europa nunca ha sido más rica de lo que es ahora. Tampoco ha sido nunca más desigual. Diez años después de que estallara una crisis financiera que nuestros pueblos nunca debieron pagar, hoy constatamos que los gobernantes europeos han condenado a nuestros pueblos a una década perdida.

La aplicación dogmática, irracional e ineficaz de las políticas de austeridad no ha logrado resolver ninguno de los problemas estructurales que causaron aquella crisis. Por el contrario, ha generado un inmenso sufrimiento innecesario para nuestros pueblos. Con la excusa de la crisis y sus planes de ajuste, han pretendido desmantelar sistemas de derechos y de protección social que costaron décadas de luchas conseguir. Han condenado a generaciones de jóvenes a la emigración, al desempleo, a la precariedad, a la pobreza. Han golpeado con especial crudeza a quienes son más vulnerables, a quienes más necesitan la política y el Estado. Han pretendido acostumbrarnos a que cada elección se convierta en un plebiscito entre el statu quo neoliberal o la amenaza de la extrema derecha.

Es hora de romper con la camisa de fuerza de los tratados europeos que imponen la austeridad y favorecen el dumping fiscal y social. Es hora de que quienes creen en la democracia den un paso al frente para romper esa espiral inaceptable. Necesitamos poner un sistema económico injusto, ineficaz e insostenible al servicio de la vida y bajo el control democrático de la ciudadanía. Necesitamos instituciones al servicio de las libertades públicas y los derechos sociales, que son la base material misma de la democracia. Necesitamos un movimiento popular, soberano, democrático, que defienda las mejores conquistas de nuestras abuelas y nuestros abuelos, de nuestros padres y nuestras madres, y que pueda legar un orden social justo, viable y sostenible a las generaciones venideras.

En ese espíritu de insumisión frente a lo existente, de rebelión democrática, de confianza en la capacidad democrática de nuestros pueblos frente al proyecto fallido de las élites de Bruselas, hoy damos en Lisboa un paso al frente. Lanzamos un llamamiento a los pueblos de Europa para que se unan a la tarea de construir un movimiento político internacional, popular y democrático para organizar la defensa de nuestros derechos y la soberanía de nuestros pueblos frente a un orden caduco, injusto y fallido que nos lleva con paso firme hacia el desastre.

Quien comparta la defensa de la democracia económica, contra los grandes defraudadores y el 1 % que controla más riqueza que el resto de los habitantes de todo el planeta; de la democracia política, contra quienes resucitan las banderas del odio y de la xenofobia; de la democracia feminista, contra un sistema que discrimina cada día y en todos los ámbitos de la vida a la mitad de la población; de la democracia ecologista, contra un sistema económico insostenible que amenaza la sostenibilidad de la vida misma en el planeta; de la democracia internacional y la paz, contra quienes construyen una vez más la Europa de la guerra; quien comparta la defensa de los derechos humanos y de los principios elementales del buen vivir tendrá en este movimiento su casa.

Nos hemos cansado de esperar. Nos hemos cansado de creer a quienes nos gobiernan desde Berlín y desde Bruselas. Nos ponemos manos a la obra para construir un nuevo proyecto de orden para Europa. Un orden democrático, justo y equitativo que respete la soberanía de los pueblos. Un orden a la altura de nuestros anhelos y de nuestras necesidades. Un orden nuevo, al servicio del pueblo.

Alberto Garzón reprocha a Montoro que sigue con los recortes sociales

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha reprochado hoy duramente al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso que la regla de gasto que lleva imponiendo desde hace años a las administraciones es un “desastre”, además de “cuestionable y discutible a efectos metodológicos”. Garzón denunció que, además de que Montoro “no ha acertado todavía en sus predicciones” desde que se aplica esta regla, “no nos podrá usted engañar en los debates presupuestarios que tendremos sobre el gasto social. Están consolidando los recortes en los servicios públicos y lo tienen aprobado; todo lo demás es propaganda”.

El coordinador federal de IU hizo este análisis mientras respondía al titular de Hacienda durante el debate en el Pleno para convalidar el decreto ley que, tras años de imposición de recortes impresentables por parte del Ejecutivo de M. Rajoy, permite ahora a los ayuntamientos reinvertir hasta 5.000 millones de euros de su superávit pero sólo en determinadas infraestructuras sociales, educativas, deportivas o culturales. Echó en cara al ministro que esta medida llega “tarde y mal”, incluso en lo que se refiere a este 2018 porque “han pasado ya tres meses desde su inicio que podían haber utilizado muchos ayuntamientos para aplicar nuevas inversiones financieras sostenibles, que son más complicadas de gestionar en términos burocráticos”.

Mediante un lamento, que es el lamento de la ciudadanía española, espetó a Montoro que “ha venido usted aquí esta mañana con la bandera de la generosidad y nos da la impresión de que no lo ha hecho porque sea generoso, sino  forzado por las circunstancias y por la presión de muchos ayuntamientos y fuerzas políticas que llevamos tiempo diciendo que esto era insostenible, además de injusto”. Garzón se mostró convencido de que entre quienes han presionado “también hay ayuntamientos del Partido Popular, que ven elecciones muy temprano y que le han pedido a usted cierta flexibilidad”.

No obstante, el máximo responsable de IU reprochó al ministro que “lo más grave de todo es que esta mayor flexibilidad con respecto a los ayuntamientos es claramente insuficiente. Es como si usted nos hubiera robado o recortado 10, nos da un tiempo más tarde 1 y encima nos pide que le demos las gracias. No se trata de darle las gracias a usted, sino de reconocer todas las insuficiencias que hay y todo lo que ha dejado sin hacer”. Alberto Garzón defendió que haya una regla de gasto “basada en garantizar la suficiencia de financiación para los servicios públicos y no vinculada a un indicador de crecimiento económico esperado, que es volátil e incierto”.

Recordó al responsable de Hacienda del Gobierno de Rajoy que conoce perfectamente que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha reconocido que la aplicación de la regla de gasto en España difiere mucho de la aplicación que se hace en otros países de la Unión Europea. Es decir, metodológicamente es un desastre, pero es que ustedes no la han diseñado para que fuera un desastre o un acierto, sino porque está subordinada a una estrategia de política económica de reducción del gasto público”.

Garzón afeó a Montoro que en la distribución del esfuerzo entre las distintas administraciones “hay un agravio comparativo”. Le recordó que “usted sabe perfectamente que las corporaciones locales y su superávit es lo que les ha permitido a ustedes cumplir el déficit. Resulta que mientras que las corporaciones locales tienen superávit, las comunidades autónomas tienen un déficit del 0,3 %; la Seguridad Social, del 1,5 % y la Administración central  es decir, usted, del 1,9 %”

Denunció especialmente los ataques del Gobierno del PP a determinados ayuntamientos del cambio, como el de Madrid, que “tenía superávit de 1.000 millones de euros y, sin embargo, ustedes usaron sus medidas coercitivas, que no usaron con otros ayuntamientos que eran del Partido Popular ni con usted mismo, que no cumplía la regla de gasto”. También, cabe recordar que mientras el gobierno de Castilla-La Mancha estuvo sin pactar con Podemos, el ministerio le mantenía a raya pero sin intervenirle, algo que se produjo en cuanto Iglesias, Sánchez, García Molina y García-Page hicieron público el acuerdo por el que Podemos se incorporaba al gobierno castellano-manchego.

El Grupo de Unidos Podemos se abstuvo finalmente en la votación de este decreto-ley. Antes de terminar, Alberto Garzón pidió a Cristóbal Montoro que “se lea nuestra proposición de ley sobre la regla de gasto. Lo que proponemos es, sencillamente, cambiar su regulación para excluir de esa regla de gasto a aquellos ayuntamientos con las cuentas saneadas, lo que significa en última instancia que tengan superávit o equilibrio presupuestario, que tengan un nivel de deuda inferior al 110 % de los recursos corrientes o que tengan un plazo de pago a proveedores menor de 30 días”.

IU solicitará ayuda económica para una familia con tres miembros con discapacidad

Adoración Peñas, concejala del grupo municipal de IU-Verdes de Lorca ha manifestado que su grupo llevará al próximo pleno ordinario de abril una petición que, en opinión de la edil, se trata de una cuestión de justicia.

Peñas ha recordado que, en febrero de 2016 denunció la situación que estaba viviendo una familia del barrio de los Ángeles en la que el padre, trasplantado de riñón, junto con su hija menor, que es estudiante, se hacían cargo de la madre, afectada de esclerosis múltiple y operada de corazón y de un hijo de 26 años, con parálisis cerebral desde el nacimiento.

El padre, con ayuda de la hija se ha estado ocupando, además de las tareas del hogar, del cuidado intensivo de su mujer y de su hijo, al que subía y bajaba sobre sus espaldas de dos a cuatro veces al día al segundo piso, ya que hasta hace apenas dos semanas, su vivienda no disponía de ascensor.

La concejala ha manifestado que, en la lucha por conseguir el ascensor, el ayuntamiento de Lorca no ha respondido dignamente a las necesidades de esta familia, ni tampoco la CARM, quien ha denegado varias ayudas que la familia ha solicitado para mejoras en la accesibilidad en el edificio, ya que, en este caso, el ascensor no es un lujo sino una necesidad primordial para esta familia.

Desde IU-Verdes lamentan que el elevador que acaban de estrenar haya tenido que llegar tan tarde y gracias a los medios de la familia, la comunidad vecinal y una aportación solidaria de una vecina de Mazarrón que ha querido colaborar voluntariamente.

Por ese motivo, y debido a los factores humanitarios que inciden en la situación descrita por la edil, desde la formación de izquierdas solicitarán al Ayuntamiento que a través de las concejalías de Servicios Sociales, Urbanismo o las que el equipo de gobierno considere oportunas, se habilite una ayuda económica para sufragar el coste, al menos de forma parcial, del elevador, tratándose de una cantidad insignificante, una vez descontadas las donaciones de particulares, para las arcas municipales.

El PP pide la dimisión de Franco

A la vista de las exigencias éticas que deambulan por la Asamblea de Madrid, el Grupo Parlamentario Popular ha decidido solicitar la dimisión de José Manuel Franco por haber falsificado su currículo durante, al menos, ocho años. Según consta en los registros de la Asamblea de Madrid, Franco habría puesto en el «Quién es Quién» de la institución que era Licenciado en Matemáticas, algo que no es cierto. Por ello Enrique Ossorio, en aplicación de una ética similar a la que se le pide a Cristina Cifuentes, le ha exigido al secretario general del PSOE de Madrid que ponga rumbo a la salida de sus cargos.

«Nos parece lamentable que la persona que ha presentado una moción de censura contra Cristina Cifuentes por las dudas sobre su máster en la URJC, ahora nos enteremos de que durante ocho años ha engañado a los madrileños en su currículum en la Asamblea de Madrid  con un título en Matemáticas que no existía» ha expuesto Ossorio. No obstante, el portavoz popular no se ha quedado ahí y, llevado por la indignación, ha exigido «al partido de los ERE, de Chaves, de Griñán, a ese partido que se gastaba en cocaína y en otras cosas el dinero de los desempleados en Andalucía, que si tiene algo de dignidad, cojan la moción de censura con mucho cuidado y lo depositen en la basura que es donde tiene que estar».

Por su parte, el socialista Jose Manuel Franco ha quitado hierro al asunto afirmando que eso tan sólo es un error en el currículo, nada que ver con lo que ha hecho Cristina Cifuentes. Aunque ya ha recibido un golpe desde dentro de su propio partido porque, tal y como refleja OK Diario, Margarita Robles habría dicho respecto a la citada cuestión que «quien intencionalmente falta a la verdad en su currículo está poco legitimado para ejercer un cargo público», aunque ha matizado que no cree que este sea el caso del secretario general del PSOE de Madrid. Franco ve en todo esto un movimiento para dejar bien a Cifuentes «aunque se han equivocado de objetivo», ha declarado.

Por otro lado, Ossorio ha querido ir más allá para dejar sombras sobre el propio Pedro Sánchez: «ya no tenemos duda de que el actual secretario general del PSOE-M engañó a los ciudadanos con una falsa licenciatura y persisten las dudas, que nunca han querido explicar, sobre el doctorado de su líder nacional, Pedro Sánchez Pérez-Castejón».

14-Abril: “Día de la república”

Este 14 de Abril se conmemora el 87 aniversario de la proclamación de la República,  después de unas elecciones municipales, en las que los partidos republicanos ganaron la mayoría, por decisión expresada por los votos y las luchas del pueblo,  lo que produjo la caída de la monarquía huyendo al exilio el Rey Alfonso XIII. Eso supuso la apertura de una fase ilusionante y esperanzadora para un cambio democrático y pacífico de modelo de sociedad, saludado con júbilo por millones de trabajadores, jornaleros y clases populares, que de forma masiva habían luchado y depositado la confianza en un nuevo régimen republicano.

Una de las primeras tareas acometidas por la República fue la batalla por la cultura, reformando la enseñanza. El acceso al conocimiento en general y  a la educación, por las masas oprimidas, venía siendo una de las principales reivindicaciones de las organizaciones obreras, junto con la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, que eran aspiraciones legítimas de las fuerzas de izquierdas en un país empobrecido y corroído por el analfabetismo crónico.  Una vez proclamada la República, en medio de una gran fiesta popular, la clase trabajadora tomó las calles celebrando luego la reforma del sistema educativo con los primeros decretos del Gobierno.

El Ministerio trazó un plan quinquenal para la construcción de 17.151 nuevas escuelas, lo que representaba un incremento de más de un 50 % sobre el censo de entonces,  que era de 32.680 centros docentes, creándose 7.000 el primer año y 5.000 cada año sucesivo. En 1934 ya había 50.000 maestros de los cuales 34.000 estaban afiliados a la FETE-UGT. Otro aspecto de las conquistas alcanzadas era la dignificación del magisterio, junto a las mejoras salariales, completando su propia formación muy escasa hasta entonces y mermada por las trabas a la ciencia impuesta por la reacción eclesiástica dominante en el anterior régimen. 

El Golpe de Franco y sus rebeldes fascistas sofocaron en sangre al nuevo régimen democrático republicano que existió desde 1931 a 1936. Los bandazos a izquierda y derecha de los distintos gobiernos afectaban bastante a la política educativa. No obstante, los avances conseguidos,  pese a los frenos que representaba la reacción, fueron importantes. Hubo grandes controversias entre las aspiraciones de cambios y transformaciones sociales por parte de la abrumadora mayoría de la población que había conquistado la República y los intentos de la  minoría que representaba a la clase dominante de frenarlas, compuesta por los grandes latifundistas, el clero y la burguesía que continuaban los sabotajes e impedimentos con los que mantener el orden capitalista.

Por lo tanto, las fuerzas reaccionarias convirtieron este sector de la Educación en su campo de batalla preferido.  La máxima representación del antiguo régimen monárquico, encarnada en la Iglesia Católica, que había disfrutado de privilegios enormes y mantenido el sistema educativo con un modelo monopolístico, representó un potente obstáculo para poder desarrollar algunas reformas progresivas en el sector de la enseñanza, al igual que los caciques y terratenientes se oponían a la Reforma Agraria a sangre y fuego.   

La Iglesia en Santa Alianza con la clase dominante, acostumbradas a siglos de dominio ejerciendo una fuerte represión ideológica y una moral estricta en la sociedad,  abarcando todos los ámbitos de la actividad económica, social y cultural, se esforzaba con su clásico inmovilismo a cualquier avance y modernización, porque la vinculación de la mayoría del clero con la burguesía y los terratenientes era muy profunda.

En 1931, de los poco más de 25 millones de la población española, un 32,4 % eran analfabetos y más de UN millón de niños estaban sin escolarizar y desnutridos.   El clero estaba formado por 160.000 personas. La Iglesia tenía la propiedad de 9.093.400 fanegas de tierra (Una fanega: aproximadamente 4.225 m2, el espacio necesario para cultivar una fanega de grano). Según datos del Ministerio de Justicia, en 1931 había en España 35.000 sacerdotes, 36.569 frailes, 8.396 monjas que habitaban en 2.919 conventos y 763 monasterios. Estos datos eran muy incompletos, ya que siete diócesis, de las 55 existentes, se negaron a colaborar con la República en la encuesta encaminada a obtenerlos. Se calculaba que, teniendo en cuenta todas las diócesis, se podía estimar en esa cifra el número aproximado de miembros del clero secular y regular que vivían en España en 1931.

Los más destacados miembros de la Iglesia Católica vivían en el lujo gracias a sus privilegios. El cardenal primado cobraba 40.000 pesetas al año; el obispo de Madrid-Alcalá, 27.000. Los otros obispos tenían sueldos que oscilaban entre 20.000 y 22.000 pesetas.  Mientras que por otra parte, la miseria y la pobreza eran insoportables y los obreros cobraban míseros salarios en torno a 2,50  y 3,25 pesetas al día.  La explotación salvaje de asalariados y jornaleros representaba la base de la riqueza inmensa de la burguesía y los terratenientes y siempre se negaban a destinar recursos a la educación.

El analfabetismo había venido siendo utilizado por la burguesía como una herramienta de dominación, para oprimir y explotar a la clase trabajadora.   También los esfuerzos que representaba para la Institución Libre de Enseñanza, junto a la lucha de socialistas, anarquistas,  comunistas y demás fuerzas de las izquierdas en la batalla por la educación, contra las fuerzas reaccionarias, donde había sido necesario utilizar las Casas del Pueblo de UGT y CNT como verdaderos centros culturales donde enseñar a la clase obrera a leer y escribir.

Durante la república, las masas humildes seguían luchando por transformar de arriba abajo la sociedad capitalista y hubo choques entre los dos enfoques, el de la burguesía reaccionaria y el de los trabajadores y campesinos  que estaban afiliados en las principales organizaciones obreras, como PSOE, PCE, UGT y CNT, siendo la educación un campo de batalla más en la pugna por modernizar el país. La Asociación General de Maestros-UGT acordó en 1932: “La enseñanza pública, en todos sus grados, será pues, gratuita y el Estado proveerá becas de estudio para los no pudientes. La enseñanza en todos sus grados será Laica”(…).

Después del Golpe de Estado de Franco y durante la dictadura, cientos de miles maestros, obreros, intelectuales, sindicalistas y demás fuerzas políticas y sociales de izquierdas,  fueron asesinados, internados en campos de concentración, torturados,  vejados, arrojados a las prisiones y al exilio. Los que continuamos defendiendo los ideales de la República, del Laicismo, del Socialismo, del Federalismo,  queremos recuperar la Memoria Histórica que es una demanda de Justicia y Reparación para los familiares de aquellos que lucharon, ofreciendo con un valor y generosidad sin precedentes sus vidas, en su contienda contra el fascismo asesino y por una sociedad mejor.

La burguesía representada por el PP bajo la batuta de M. Rajoy, vergonzosamente se ufana en mantener a “CERO” en los Presupuestos Generales del Estado 2018, violando e incumpliendo la ley de Memoria Histórica, como en años anteriores, cuando todavía permanecen más de 114.000 cadáveres de republicanos en fosas y en cunetas, sin exhumar.  Ocultan la verdad de aquellos acontecimientos sangrientos, a la vez que subvencionan y alimentan a grupos fascistas, como la “Fundación Francisco Franco”,  que tergiversan la historia y realizan apología del fascismo.

Para millones de familiares que tienen todavía presentes en sus memorias,  aquella tragedia que representaba el combate contra una mayoría de obreros y campesinos, sometidos por el Golpe Fascista de Franco y los que les financiaron,  no pueden explicarse que siga ocurriendo esto en una “presunta democracia”,  después de más de 80 años, permitiendo la legalización  y el apoyo a los herederos de los que  no dudaron en llevar a cabo un baño de sangre para mantener sus privilegios y corrupciones, cometiendo crímenes de lesa humanidad que siguen impunes.

Toda trabajadora y trabajador,  pensionista, feminista, ecologista y progresista, afiliadas o no a sindicatos, partidos y organizaciones de izquierdas que luchamos por el bien común, debemos exigir respeto para recuperar la memoria histórica, no sólo para que resplandezca la Verdad, la Justicia y la Reparación, sino la Dignidad siempre negada por la clase dominante. Debemos aprender las lecciones del pasado y rendir tributo merecido a aquella generación obligada a levantarse contra el Golpe de Estado,  en defensa de la Libertad, la Igualdad, la Democracia, la Justicia y por una sociedad mejor y más solidaria para toda la Humanidad.