sábado, 2 mayo, 2026

Domingo Sánchez: “Como vocal de la OMC quiero potenciar al MIR”

Jerónimo Martínez
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Domingo Sánchez: “Como vocal de la OMC quiero potenciar al MIR”

Un lorquino, Domingo Sánchez Martínez, médico residente en Oncología Médica del Hospital “Virgen de la Arrixaca” de Murcia y ex vicepresidente del Consejo de Estudiantes de Medicina es uno de los tres candidatos a ser representante nacional de médicos jóvenes y promoción de Empleo de la Organización Médica Colegial (OMC).

En su aspiración por conseguir la vocalía juvenil médica nacional, Domingo Sánchez competirá con la vallisoletana Alicia Córdoba Romero y la zamorana Silvia Ferrero Mato, ambas con la especialidad finalizada en Medicina de Familia y Comunitaria. “Creo que estar en la residencia será un valor añadido para afrontar los retos que afrontan los médicos jóvenes”, matiza Domingo. En este sentido, cuenta con  un “plan de gobierno” que toca diversos aspectos de interés para la próxima generación de profesionales sanitarios.

“Uno de los aspectos fundamentales a erradicar es la precariedad laboral. A pesar de estar en el inicio de la residencia, es una situación palpable en el día a día de los adjuntos de los hospitales”, explica a Diario 16. En este aspecto, suma que “hay que eliminar de las residencias aquellas prácticas tóxicas que están más vinculadas con aspectos laborales que con la adquisición de conocimientos y de habilidades”.

 Desde una perspectiva formativa, Domingo Sánchez asegura que es “fundamental dar pasos que nos permitan aumentar la valoración de los residentes dentro del Sistema Nacional de Salud, así como generar una integración nacional de todos los MIR y de sus intereses”. Sin olvidar “el tomar las riendas en el tema de la Troncalidad, conociendo más sobre el proceso de elaboración del nuevo modelo de formación sanitaria especializada y poder, de esta manera, reducir la incertidumbre a la que están siendo sometidas las generaciones que tendrán que afrontar el MIR en los próximos años”.

Con la promoción de la figura del tutor MIR también entre sus planes, Sánchez adelanta su interés de combatir el efecto “burnout” entre los estudiantes de Medicina y los propios residentes. “Tenemos unas campañas en las que se han venido trabajando para ayudar a la disminución de la ansiedad y reducir el número de médicos que se queman durante su proceso de formación sanitaria”, matiza.

Por ejemplo, plantea mantener una iniciativa comenzada en la legislatura de Mónica Terán, donde se realizan encuestas a los residentes para conocer su situación dentro del MIR y con relación a las guardias. “Una información que nos permite hacer un balance de los principales problemas y trabajar para mejorar las condiciones de los residentes en sus años de especialización”, puntualiza.

Aunque reconoce que la actual vocal, Mónica Terán, “ha venido realizando un muy buen trabajo desde la OMC, aún quedan aspectos por mejorar dentro del SNS”. De ahí, que no desee afrontar la vocalía solo, sino que solicite “un apoyo común de todas las partes para poder avanzar más lejos”.

Otras postulaciones

En las elecciones para las vocalías de la OMC también se han presentado como candidatos únicos: Vicente Matas Aguilera para representante nacional de Médicos de Atención Primaria Urbana; Manuel Carmona Calderón, para representante nacional de la Sección de Médicos de Ejercicio Privado, y Ricard Gutiérrez Martí, para representante nacional de la Sección de Médicos Jubilados.

A las elecciones de representante nacional de Atención Primaria Rural concurren Hermenegildo Marcos Carreras, Juan José Torres Vázquez y María Remedios Rico Urios. Como candidatos a las elecciones de representante de Médicos de Hospitales se presentan Gabriel José López Ordoño e Isabel Castillo Pérez.

Finalmente, a las elecciones a representante nacional de Médicos de Administraciones Públicas se presentan Carmen Hoyos Peña, Antonio Larriba García y María Sonsoles Castro Herranz.

Los jueces concluyen la instrucción del Caso Pasarelas contra Pedro Antonio Sánchez y solicitan apertura de juicio oral

Ángel Zafra
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Los jueces concluyen la instrucción del Caso Pasarelas contra Pedro Antonio Sánchez y solicitan apertura de juicio oral

El magistrado del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, en un auto notificado hoy, acuerda la conclusión de las diligencias previas del conocido como caso Pasarelas.

En estas actuaciones se investigaba la contratación de un arquitecto por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la elaboración de la documentación técnica para una subvención de obra pública en el entorno de la rambla Nogalte.

Tras la instrucción, los jueces ordenan la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado contra Pedro Antonio Sánchez, en su entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, y Martín Lejárraga, arquitecto encargado del proyecto de rehabilitación de la Rambla de Nogalte, por si los hechos investigados fueren constitutivos de delito continuado de prevaricación administrativa y falsedad documental.

El instructor considera que existen indicios suficientes para considerar que se contrató de una forma directa al arquitecto Lejárraga, a pesar de que había uno en plantilla del Ayuntamiento, “no respetando la prohibición de no contratación verbal ni los procedimientos en función de la cuantía”. Y en la fundamentación concreta que “para poder abonarle los honorarios, a partir del mes de julio de 2006 el investigado Sr. Sánchez se avoca la facultad de contratar a fin de realizar una serie de actos que creasen la apariencia de que se le estaban realizando varios encargos al Sr. Lejárraga, cuando en realidad era todo una unidad, cuidándose mucho de no superar el límite de 12.000 euros, procediendo luego el Sr. Lejárraga a emitir una serie de facturas destinadas a crear la supuesta apariencia de legalidad y corrección formal de las actuaciones”.

Tras esta resolución, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tienen 10 días para formular escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o solicitar el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que, excepcionalmente, puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias, concluye la parte dispositiva del auto.

El auto no es firme y contra el cabe recurso de reforma ante el mismo órgano que lo dictó y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial.

Susana Díaz se enfada, y mucho, con M. Rajoy

Santiago Aparicio
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Susana Díaz se enfada, y mucho, con M. Rajoy

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha calificado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) como un «verdadero atropello a Andalucía, con 42 euros menos por habitante que la media de España y una inversión de 140 millones en infraestructuras ferroviarias, cuando se necesitan 2.000 millones». En rueda de prensa, Díaz ha hecho hincapie en estos dos datos que evidencian que «cada vez que el Gobierno reparte, Andalucía sale perjudicada».

Susana Díaz ha indicado que pedirá explicaciones sobre este atropello a Rajoy durante la reunión que mantendrán en los próximos días, que explique «por qué los presupuestos vienen a castigar a los andaluces y a la creación de riqueza y empleo». Se tratan de inversiones fundamentales que necesita la comunidad para ser competitiva y seguir avanzando hacia la convergencia real. «Andalucía ha cumplido con el objetivo de déficit y tiene un nivel de endeudamiento inferior a la media», cumplimos en pago a proveedores, somos la primera comunidad en aprobar los presupuestos, hemos pedido salir a los mercados a financiarnos, aportamos estabilidad política y confianza, y lo hacemos desde el consenso y el diálogo. No se pueden explicar estos PGE con Andalucía», aseveró.

Durante su intervención, Díaz ha incidido en que «Almería es la última provincia en inversión en toda España, si bien, hasta seis provincias andaluzas están entre las que menos inversión reciben de los presupuestos generales». Un territorio puntero en el sector agroalimentario y que, sin embargo, cuenta con un déficit en infraestructuras ferroviarias «que no merece», añadió.

Asimismo, la presidenta ha señalado que el año pasado sólo se ejecutó 1 de cada 2 euros del presupuesto en Andalucía, por lo que este presupuesto no solo llega «tarde y mal», sino que plantea inversiones que ya se presupuestaron y no se ejecutaron.

Los datos de proyectos ferroviarios denotan las «inversiones pírricas» que ha propuesto el Gobierno para Andalucía, según Susana Díaz: 31,6 millones para la línea Algeciras-Bobadilla, cuando el proyecto inicial es de 1.300 millones. Con esta «solución de bajo coste, cuántos años van a tardar» en culminar una infraestructura que están esperando empresas para instalarse en el Puerto de Algeciras, resaltó.

La línea de Granada, a la que se consignan 625.000 euros, cuando hacen falta 300 millones y solo teniendo en cuenta la renovación de la vía; la línea Almería- Murcia, 7,3 millones, cuando se necesitan 700 millones; 12,4 millones para el baipás de Almodóvar que impulsa la conexión Sevilla-Málaga-Granada; solo se contemplan 13 millones para la línea ferroviaria Sevilla-Cádiz ó 1,4 para Sevilla-Huelva, entre otros proyectos.

Díaz también ha afeado al Gobierno que el anuncio de rebaja fiscal lo realice a costa de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, planteando rebajas precisamente en el tramo autonómico, con un impacto en Andalucía de unos 150 millones de euros menos de recaudación, y subidas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en 1.830 municipios. De la misma manera, la rebaja del IRPF no beneficiará al 70% de los pensionistas ni al 60% de los asalariados, subrayó. La presidenta ha insistido en que los PGE suponen un agravio evidente, no enfrentando territorios, sino atendiendo a «los datos objetivos», cuando el Gobierno «debe vertebrar territorial y socialmente».

Hay que desbloquear la financiación autonómica.

Díaz, tras reunirse con el presidente de la CEA, Javier González de Lara, y las secretarias generales de CCOO-A, Nuria López, y de UGT-A, Carmen Castilla, en una ronda similar a la que llevó a cabo en septiembre, antes de promover el debate sobre financiación autonómica que ha concluido en este acuerdo parlamentario, ha urgido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a desbloquear la reforma de la financiación autonómica. La presidenta ha remarcado que, de esta forma, Andalucía da un «ejemplo de estabilidad, de consenso y de acuerdo en defensa de los intereses» de la comunidad, en un momento donde parece difícil llegar a acuerdos en otros lugares.

«Vamos a seguir impulsando pactos mayoritarios», ha asegurado Susana Díaz, que ha hecho hincapié en que «nadie puede hoy decir que Andalucía no está mal financiada» y que ha incidido en que la comunidad «solo ha pedido lo que corresponde, lo que es justo y lo que es nuestro». Díaz ha enfatizado que «después del ejemplo» que ha dado el Parlamento de Andalucía, «toca que Rajoy desbloquee, cumpla el acuerdo de la Conferencia de Presidentes de hace un año y tres meses y que de manera urgente se lleve a cabo» la reforma del sistema.

La presidenta, que trasladará esta reclamación andaluza al presidente del Gobierno en la reunión que mantendrán en fechas próximas, ha señalado entre los factores que el acuerdo plantea que se tengan en cuenta en el nuevo modelo el coste promedio de los servicios públicos o la población, de tal forma que se garanticen «todas las funciones y competencias que nos atribuye la Constitución española» a las comunidades autónomas.

Susana Díaz ha advertido de que, cuando se lleva a cabo un recorte de la financiación autonómica, se incumple el Título VIII de la Constitución. Tras el acuerdo del pasado 22 de marzo en el Parlamento andaluz, Susana Díaz ha solicitado una reunión al presidente del Gobierno para urgirle a desbloquear la reforma del sistema.

Además, la presidenta de la Junta ha empezado con la CEA, CCOO y UGT una ronda de contactos con los agentes económicos y sociales de Andalucía para trasladarles este acuerdo. Díaz ha avanzado que estas reuniones continuarán, entre el lunes y el martes de la semana próxima, con el sindicato CSIF, las organizaciones agrarias, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el Consejo Económico y Social (CES), la Mesa del Tercer Sector y las universidades.

Tras reunirse con Susana Díaz, el presidente de la CEA se ha «congratulado» del acuerdo en «algo tan sensible e importante como el modelo de financiación», ya que «es indudable que Andalucía está infrafinanciada», algo que «ha perjudicado especialmente las políticas de impulso económico». Javier González de Lara ha considerado que «la equidad y la suficiencia financiera» deben ser los «principios clave» del nuevo sistema de financiación y ha señalado que el nuevo modelo «debe ser una estrategia de Estado, que debe partir de los intereses de las personas».

También la secretaria general de CCOO-A ha valorado el «consenso amplio» alcanzado por la mayoría de los grupos políticos andaluces en pos de la «igualdad de oportunidades y el desarrollo de nuestra tierra». A juicio de Nuria López, el nuevo modelo debe defender los servicios públicos, apostar por proteger a las personas más vulnerables y vertebrar la igualdad de oportunidades.

Por su parte, la secretaria general de UGT-A ha señalado el valor del acuerdo por dar «una sola voz» de Andalucía a nivel nacional. Carmen Castilla ha considerado que «tenemos que seguir luchando para que Andalucía tenga una financiación justa y que haya menos distancia entre los que tienen más y los que tienen menos».

Bernabé: los Presupuestos Generales del Estado de 2018 mejorarán las rentas de 167.000 pensionistas

Diario16
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Bernabé: los Presupuestos Generales del Estado de 2018 mejorarán las rentas de 167.000 pensionistas

El delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, ha destacado esta mañana la mejora para las rentas de 167.000 pensionistas murcianos que supondrán las nuevas medidas presupuestarias aplicadas a las pensiones en el proyecto de Presupuestos del Estado para 2018, cuyo impacto económico en la Región de Murcia ha cifrado en 108,68 millones de euros. Bernabé, que esta mañana ha presentado en rueda de prensa en la Delegación del Gobierno el proyecto de presupuestos del Estado para 2018, ha valorado el compromiso de los mismos con la creación de empleo y el crecimiento económico, y, dada su clara intención de distribuir los beneficios de ese crecimiento, ha señalado la importancia de su componente social.

“Son unos presupuestos claramente comprometidos con la Región de Murcia, pues nos asignan 340,62 millones de euros para inversiones (un 25% más que en 2017) lo que supone un 3,37% sobre el total regionalizado, porcentaje superior a su contribución al PIB nacional (2,6%) y a su participación sobre la población nacional (3,2%)”, destacó Bernabé.

El delegado del Gobierno ha señalado que se trata de un proyecto de presupuestos que, además de beneficiar a nuestros pensionistas, beneficia a otros sectores como empleados públicos y asalariados, y ha destacado el hecho de que el grueso de las inversiones corresponda al Grupo Fomento, cuyo presupuesto asciende en 2018 en la Región a 330,2 millones de euros, de los que 291,3 millones de euros se destinan a inversión, por lo que significa en términos de avance y desarrollo social y económico aparejado a las grandes infraestructuras.

Al margen de las cifras tan positivas que suponen para la Región los PGE de 2018, Bernabé ha querido destacar otras fórmulas indirectas de inversión que también contribuyen decisivamente al bienestar y calidad de vida de los murcianos, articuladas, por ejemplo, a través de transferencias de capital, mediante las que la Región de Murcia recibirá 14,8 millones de euros y otros 21,7 millones del Fondo de Compensación Interterritorial.

“Además, y quiero poner especial énfasis en ello, el Estado aporta una cantidad de dinero muy importante a la Comunidad Autónoma a través del

Fondo de Liquidez Autonómica, que sólo en 2018 representa una aportación de 603 millones de euros en liquidez. Desde 2012, a través de este mecanismo, y excluyendo el Fondo de Pago a Proveedores de Entidades Locales, esta cifra alcanza los 10.686 millones de euros. Y también es especialmente importante el ahorro en intereses que consigue la Comunidad Autónoma a través de los mecanismo extraordinarios de liquidez, que solo en el primer trimestre de 2018 suponen 241,24 millones de euros, y en el periodo 2012-2018 representan 1.541 millones”, indicó el delegado. 

La Inversión real en carreteras en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se ha incrementado un 2,9% (1,39 M€), pasando de los 48,26 M€ en el PGE2017 a los 49,65 M€ en el Proyecto de PGE2018. Por otro lado, la Inversión real en el modo ferroviario en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se ha incrementado un 41,8% (53,13 M€) y pasa de los 127,06 M€ en el PGE2017 a los 180,20 M€ en el Proyecto de PGE2018.

“Ocupamos la posición número 4 en el ranking por Comunidad Autónoma en cuanto a la Inversión real en el modo ferroviario por PIB, con una cantidad de 6,32 euros por cada 1.000 euros de PIB de la región”, explicó Bernabé, que quiso destacar también el incremento de un 30% en la inversión para el Subsector empresarial y fundacional, especialmente para ADIF- Alta Velocidad (en un 45%), y AcuaMed (en un 127%).

En cuanto a la Inversión real en el modo portuario, la Región de Murcia tiene asignada una cantidad de 32,93 M€, mientras que la Inversión real en el modo aeroportuario se ha incrementado un 135,5% (0,47 M€), y pasa de los 0,35 M€ en el PGE2017 a los 0,82 M€ en el Proyecto de PGE2018.

“Aparte de estas inversiones directas, me gustaría recordar que el Ministerio destinará en 2018 casi 39 M€ para la financiación de los servicios ferroviarios declarados OSP en Murcia (Obligaciones de Servicio Público), y que subvenciona más del 76% del precio del billete de sus servicios declarados Obligación de Servicio Público, llegando a más del 90% en los servicios de Cercanías en la red de ancho métrico”, puntualizó el delegado.

En 2018 se destinará la cantidad de 49,6 M€ (49,6 M€ de la DGC) para inversiones en la Red de Carreteras del Estado en Murcia, lo que supone una dotación superior a la recogida en los PGE-2017 (48,2 M€).

Adicionalmente, a través del Capítulo VII, se incluye una partida de 11,3 M€ para el Convenio con Murcia para el desarrollo de la Autovía Alquerías- Santomera. Además, sin figurar en el anejo de inversiones por ser extrapresupuestaria, dentro de las concesiones del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), en los próximos 3 años se prevé una inversión inicial de 246,6 M€ para las obras del Eje Norte-Sur de la A-30 en Murcia.

Asimismo, se prevé una inversión inicial de 513 M€ para las obras del Eje Este-Oeste de la A-7, que afecta a Alicante y Murcia. Además, con el objetivo de potenciar el uso de las autopistas dependientes de la Administración General del Estado, se dotan 2 partidas por importe total de 1,8 M€, para toda la red de autopistas estatales de peaje, destinadas a bonificaciones de peaje de vehículos pesados, así como reducciones de peaje según estudios de nuevas necesidades.

En los Presupuestos de 2018 se contemplan dotaciones para la iniciar las obras del tramo de la autovía A-33 entre Yecla y Caudete (Enlace C-3223 – Enlace N-344) (12 M€), que ya se han licitado. Asimismo, se incluye una dotación para licitar las obras en la A-33 en el tramo: enlace N-344- enlace A- 31 (1 M€).

Se han dotado los presupuestos con partidas para continuar con la ejecución de las obras que están en marcha:

– Una importante partida (11,1M€) para finalizar la ejecución de las obras de la autovía A-33 entre Jumilla (enlace N-344) y Yecla (enlace C-3223).

–Una partida de 13,5 M€ para impulsar las obras de la autovía del Reguerón MU-30, que se retomaron en el año 2015.

-En el ámbito de los proyectos, se ha incluido una partida para el Tercer carril en A-7 entre el enlace de Monteagudo/Fortuna y el enlace de Orihuela/Benferrí.

En el proyecto de PGE-2018 se incluye dotación para completar la redacción de los estudios y proyectos del Eje Norte-Sur de la A-30 en Murcia y del Eje Este-Oeste de la A-7 en Murcia y Alicante, actuaciones que está previsto impulsar dentro del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC). 

Para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado en Murcia se contemplan partidas en el presupuesto por importe de 11,2 M€ (11,2 M€ de la DGC). Entre las actuaciones se pueden destacar:

-Rehabilitación estructural en varios tramos de la A-7S y la A-30.

-Mejora de la seguridad vial, a través de la reordenación de intersecciones y mejora de accesos en la carretera CN-344 en el T.M. de Las Torres de Cotillas.

La inversión en Ferrocarriles en la Región de Murcia de acuerdo al PGE-2018 asciende a 180,2 M€, lo que supone un incremento del 41,8 % frente al año anterior (127,06 M€, en términos homogéneos). Cabe destacar que el administrador de infraestructuras financiará a partir de 2018 la administración y el mantenimiento de la red convencional con los ingresos adicionales derivados del incremento de cánones que se aprobó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y no con cargo al capítulo 7 del presupuesto del Ministerio de Fomento como sucedía hasta ahora.

Entre estas medidas destacan las obras del Corredor Mediterráneo en la Comunidad, con una dotación de 172,4 M€ para las líneas/proyectos en construcción, que se destinan:

Con una dotación de 42,3 M€, continuarán las obras de la LAV Levante (Monforte del Cid – Murcia) de un total para la línea de 105,9 M€ en 2018. Está previsto que las obras para la llegada de la Alta Velocidad a Murcia finalicen en 2018, comenzándose el necesario período de pruebas tras el que se pondrá en servicio. Esta partida también incluye dotación para las actuaciones de integración del FFCC en Murcia (fase 0).

También se contempla una dotación de 38,0 M€ para las actuaciones en la línea Murcia-Cartagena y se destina una dotación de 81,7 M€ para continuar las obras de la LAV Murcia-Almería, de un total para la línea de 89,10 M€ en 2018. En esta partida también se ha previsto la dotación necesaria para realizar las siguientes fases del soterramiento del ferrocarril en Murcia y para la integración del ferrocarril en Lorca.

Además, continúan los estudios y proyectos para la implantación de ancho UIC entre Murcia y Castellbisbal, así como el estudio funcional de apartaderos de 750 m en el Corredor Mediterráneo. También se contempla dotación para la redacción del estudio informativo de la variante de Alcantarilla y el proyecto constructivo para la integración de la línea Murcia-Almería en el municipio de Alcantarilla.

Continúa la ejecución por parte de la Autoridad Portuaria del acceso ferroviario a la nueva dársena de Escombreras (7,8 M€ sin IVA) con cargo al Fondo de Accesibilidad Terrestre Portuaria.

También en el presupuesto de Adif se destinan 1,9 M€ para actuaciones en la terminal ferroviaria de Escombreras (actuación financiada con cargo al Fondo de Accesibilidad Terrestre-Portuaria). Asimismo, los presupuestos de ADIF Alta Velocidad contemplan 0,6 M€ para inversión en líneas en explotación.

Dentro del marco de la Sociedad Murcia Alta Velocidad, continuarán las actuaciones para la integración del ferrocarril en Murcia, priorizando la ejecución de las obras para la llegada de la alta velocidad a la ciudad en 2018.

Por otro lado, dentro de las actuaciones a desarrollar por la Sociedad Cartagena Alta Velocidad se continuará con la redacción de los proyectos para la integración del ferrocarril en Cartagena y el estudio de alternativas técnicas. Se contempla dotación para iniciar el Estudio Informativo de la nueva conexión Lorca-Baza-Guadix, tras la realización en años anteriores de estudios preliminares. Además, en Red Convencional destacan las siguientes partidas del presupuesto de ADIF:

-8,9 M€ para la Variante de Camarillas, de un total de 17,7 M€ (esta actuación se financia con cargo al Fondo de Accesibilidad Terrestre-Portuaria)

-1,2 M€ para actuaciones en las instalaciones de seguridad, destacan el proyecto de implementación de bloqueo de liberación automática en vía única en el tramo Murcia-Lorca.

-0,9 M€ para la renovación y mejora de líneas, destacando la sustitución de desvíos en las estaciones de Librilla, Alhama, Totana, Lorca y la adecuación de andenes de la estación de Librilla.

Por último, RENFE contempla una inversión de 3,5 M€, con diversas partidas para actuaciones en material rodante, seguridad en la circulación, para pequeñas actuaciones en instalaciones industriales y estaciones y para los sistemas de venta e información. 

La inversión total prevista por Aena S.M.E. para el Aeropuerto de Murcia-San Javier es de 0,8 M€. La inversión se destinará al Apoyo y Mantenimiento de las Infraestructuras del Aeropuerto y a la Seguridad de Persona e Instalaciones.

En 2018 se pondrá en condiciones operativas el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia-Juan de la Cierva. Para ello se invertirán 0,5 millones de euros. 

La inversión de la Autoridad Portuaria de Cartagena prevista para el 2018 asciende a 32,925 M€, y destaca el «Tramo I (FFCC + Ctra.) a la dársena de Escombreras» (21,914 M€, con anualidad 2018 de 7,624 M€) y la “Adaptación y mejora para la carga de GNL y carga de ganado” (6 M€, con anualidad 2018 de 1,5 M€).

Por otra parte, la Inversión ajena en el Puerto de Cartagena ascenderá a 14,029 M€ (datos Plan de Empresa 2018).  Murcia  contará con  una  ayuda estatal máxima de  63,49 M€ para subvenciones en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Mateos vuelve a mostrar su preocupación por «la lentitud y la parálisis» de proyectos estratégicos para Lorca

Jerónimo Martínez
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Mateos vuelve a mostrar su preocupación por «la lentitud y la parálisis» de proyectos estratégicos para Lorca

El Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha vuelto a mostrar su preocupación por «la lentitud y la parálisis» que sufren varios proyectos estratégicos para la ciudad, como son la Ronda Central, el paso a distinto nivel en la rotonda de San Antonio o el vial de evacuación de los barrios altos, entre otros. Anuncia que obligarán al Gobierno Regional a que se pronuncie por estos retrasos y que pongan fecha a la terminación de estos proyectos, a través de una iniciativa parlamentaria de la Diputada Isabel Casalduero, en la Asamblea Regional.

Mateos advierte que, mientras que Europa no conceda la prórroga, la financiación de estos proyectos está “en riesgo”, y asegura que Lorca no se puede permitir perder la oportunidad de ejecutar estos proyectos vitales para el desarrollo estratégico de la ciudad.

El valor de los proyectos estratégicos paralizados por la incompetencia de la Comunidad Autónoma y por la falta de exigencia del Alcalde y el Ayuntamiento de Lorca, supera los 26 millones de euros.

Mateos asegura no querer pensar que los planes del Partido Popular sean dilatar en el tiempo la ejecución de estos proyectos con vistas a poder inaugurarlos meses antes de las próximas elecciones municipales, de mayo de 2019. Asegura que sería “castigar” aún más a los lorquinos con obras y proyectos que se demoran en el tiempo de forma “inexplicable”.

En el caso de la Ronda Central de Evacuación, que Mateos insiste “debía haber estado terminada mucho antes de iniciar proyectos como el de la Avenida Juan Carlos o Alameda de Cervantes”, es “alarmante”.

El tramo I, por importe de 6,6 millones de euros, se encuentra paralizado desde el verano pasado. Tras una larga tramitación de más de 15 meses, las obras se paralizaron al mes de su inicio, por la modificación del trazado que afectará al paso del AVE.

El tramo II, valorado en 5,6 millones de euros, aún no está adjudicado después de dos años de tramitación del expediente, y el tramo III, que afecta al puente de la Torta y presupuestado en 7,7 millones, no se ha iniciado aún ni tan siquiera la tramitación del expediente.

El paso a doble nivel en San Antonio, valorado en 3,35 millones de euros y reclamado por el PSOE para aliviar el caos de tráfico diario “está sin fecha”, al igual que el vial de evacuación de los barrios altos. Este proyecto, cuyo importe asciende a 3,3 millones de euros está paralizado desde el pasado mes de febrero, por un error municipal en cuanto a las expropiaciones para su paso.

Por todo ello, Mateos ha vuelto a pedir a Gil Jódar que ejerza de alcalde y aumente su nivel de exigencia con sus compañeros de partido en Murcia, para desbloquear estas obras que para Mateos son “ejes estratégicos fundamentales para el desarrollo territorial de la ciudad”.

Ángel Meca (PP): “es una pena que la aportación del PSOE a la reconstrucción de Lorca sea criticar y poner zancadillas”

El Concejal de Obras en el Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, ha agradecido al PSOE «su repentino interés» por el desarrollo de los proyectos de modernización integral de la ciudad que se están llevando a cabo por parte del Consistorio en estrecha colaboración con la CARM. Todos los proyectos están en marcha, incorporando incluso mejoras para conseguir que las infraestructuras de servicio que estamos levantando para todos los lorquinos perduren durante décadas.

Es el caso, por ejemplo, dice Meca, del tramo 1 de la ronda, que se ha mejorado respecto a lo previsto para evitar que un muro de 15 metros de altura aislara a una serie de casas ubicadas en la zona del Molino de la Sierra.

Ángel Meca ha señalado que estas críticas «no hacen más que descubrir las enormes carencias y frustraciones que el actual PSOE está evidenciando en lo que respecta a los proyectos que se están materializando en nuestro municipio. Nosotros les invitamos a que reflexionen, aún están a tiempo de aportar ideas y propuestas. La construcción de una Lorca nueva necesita de la aportación de todos, pero también debe quedar claro que se trata de un proceso imparable. Si no quieren aportar, que nos dejan trabajar. Les animamos a que se sumen al trabajo colectivo de toda la sociedad lorquina. Sería especialmente positivo que en lugar de desperdiciar su energía en tratar de poner zancadillas o sembrar pesimismo, aportaran algo. Solo piensan en las próximas elecciones, nosotros en el bienestar de las próximas generaciones».

El Concejal de Obras ha manifestado que actualmente se está trabajando en proyectos tan beneficiosos para los lorquinos como el plan de arreglo de la red de carreteras, la construcción del Centro de Ferias y Congresos, la mejora de Avenida Juan Carlos I y adyacentes, Alameda de Cervantes, varias calles del barrio de San Cristóbal, entre otras cuestiones. Tenemos, además, una cartera de proyectos estratégicos de gran envergadura entre los que podemos anticipar la mejora integral del barrio de San Antonio y el soterramiento de la salida de la autovía por esta zona, así como la obtención de la parcela para construir el centro de salud de San Cristóbal, el inicio de las obras del tramo 2 de la ronda, así como la renovación urbana del barrio de Cristo Rey, como principales exponentes de una Lorca nueva, que emerge con más fuerza que nunca después de habernos tenido que enfrentar a la etapa más dura por culpa de terremotos, inundaciones y la peor crisis económica y laboral que se recuerda. Criticando no se llega a ningún sitio. Todos los proyectos están en marcha y avanzando.

Meca añade también que «si quieren ayudar a Lorca que dejen de mirarse el ombligo y exijan a sus jefes de Madrid que desbloqueen la bonificación del 50% de IBI a los afectados por los terremotos y los 3 millones de euros que queremos invertir en mejorar nuestras pedanías. Las críticas vertidas hoy no son más que un estéril intento de desviar la atención del grave problema que el PSOE está provocando contra Lorca. Que hagan caso a su ex secretario general regional que sí se atreve a decir lo que ellos callan, que el PSOE ceda los 5 votos para aprobar los presupuestos generales del Estado».

El Consell concederá ayudas de indemnización por la erradicación de Xylella fastidiosa

Santiago Aparicio
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El Consell concederá ayudas de indemnización por la erradicación de Xylella fastidiosa

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Ambiental está tramitando las solicitudes de ayudas de indemnización para los afectados por las medidas de erradicación y control de la bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa en la provincia de Alicante, para concederlas a la mayor brevedad. Hasta el momento se han registrado 38 solicitudes. Con estas indemnizaciones, la Conselleria compensará el valor de las parcelas afectadas ubicadas en la zona demarcada, en el norte de la provincia de Alicante, y que se corresponden con explotaciones de almendro, único cultivo afectado.

En el transcurso de una sesión informativa a los medios de comunicación en Alicante, el secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez Mulero, ha transmitido la comprensión de la Conselleria ante el malestar de los agricultores cuyos almendros han sido arrancados, pero ha defendido la medida, dado que se trata de actuaciones obligatorias según la normativa fitosanitaria de la Unión Europea, que recientemente ha enviado una auditoría para comprobar el grado de cumplimiento.

Ha añadido que estas medidas se aplican en virtud del plan de contingencia del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. La ministra de Agricultura ha respaldado recientemente, en un acto en Alicante, las actuaciones llevadas a cabo por la Conselleria, en cumplimiento de lo previsto por la normativa fitosanitaria.

El secretario autonómico ha señalado que la Xylella fastidiosa sigue contenida en Alicante y reducida a la zona demarcada, sin que se hayan detectado nuevos positivos como resultado del exhaustivo seguimiento que se está realizando. Asimismo, Rodríguez Mulero ha indicado que la Conselleria ha encargado al Comité de Expertos la creación de un protocolo de seguridad orientado a los proveedores de material vegetal, con el fin de extremar las precauciones y facilitar la detección de la bacteria en el manejo y en el transporte de las plantas susceptibles de hospedarla.

Al mismo tiempo, se está trabajando junto con el Comité de Expertos para la búsqueda de alternativas al cultivo del almendro en la zona, con el fin de que los agricultores y propietarios puedan recuperar la actividad agraria y este paisaje característicos de la provincia de Alicante.

En los últimos meses, la conselleria ha realizado 11 charlas informativas en los municipios de la zona demarcada, 22 en los municipios de alrededor de la zona demarcada y está en contacto permanente con los representantes del sector agrario de la Comunitat Valenciana. Asimismo, las organizaciones agrarias han complementado la divulgación mediante 33 charlas en la zona.

El PSOE conmina a RTVE a la emisión de un reportaje exclusivo del bordado lorquino

José Antonio Gómez
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El PSOE conmina a RTVE a la emisión de un reportaje exclusivo del bordado lorquino

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha enviado una carta al director y presentador del programa Informe Semanal de Radio Televisión Española (RTVE), Jenaro Castro Munía, en el que le hace saber el error que cometió tanto el espacio como la cadena pública al no incluir en un reportaje dedicado a los bordados en Semana Santa a los de Lorca, algo que, según Mateos no ha favorecido «el reconocimiento del bordado lorquino y la puesta en escena de nuestras procesiones como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO».

Mateos, además, incide en el hecho de que todo el reportaje estuvo centrado «única y exclusivamente en el magister de los bordados andaluces, que

en la retórica expositiva lo elevan a la altura de las tallas que procesionan.  Fe y negocio aunados, según el narrador».

La carta continúa explicando al señor Castro que «como quiera que la nomenclatura del reportaje era los hilos de la Semana Santa, aún no podemos entender la exclusión y omisión al bordado lorquino en dicho informe, ya que sin desmerecer a los trabajos andaluces en la materia, en Lorca, los mantos, estandarte y tejidos de los Desfiles Bíblico-Pasionales que arropan a las tallas y a los personajes, se elaboran en sedas y oro, sobre ricas telas de raso y terciopelo, siendo única su técnica y puntada […] algunas de ellas se encuentran catalogadas como Bienes de Interés Cultural. Este Bordado es señal de identidad de esta ciudad; nuestra marca y denominación de origen, tal es la consideración que transciende lo religioso para elevarse de artesanía a arte. Cultura con proyección universal».

Finalmente, la carta denomina esta grave omisión como de «casi ofensa» a Lorca por lo perjudicial que fue ese reportaje para las pretensiones de la ciudad lorquina de cara a la declaración como Bien Inmaterial por la Unesco, y muestra, en nombre de todo el PSOE de Lorca, «nuestra más rotunda protesta y queja, conminándole a reparar ésta casi ofensa para el pueblo de Lorca, dedicando un reportaje monográfico sobre la singularidad de nuestros bordados y su puesta en escena».

Caso Banco Popular: solicitan una fianza de 11.000 millones al Grupo Santander

Esteban P. Cano
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Caso Banco Popular: solicitan una fianza de 11.000 millones al Grupo Santander

Los bufetes independientes y sin conflicto de intereses con el Santander siguen buscando soluciones para que los afectados a los que representan puedan cobrar las cantidades que se les hurtaron a las 3 de la madrugada del día 7 de junio cuando se hizo pública la venta del Popular a la entidad cántabra por un euro.

En el caso que nos ocupa, un despacho de abogados de Barcelona, el mismo que solicitó la prueba pericial de la firma de Emilio Saracho para validar su veracidad o su falsedad, se ha dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 4 en un escrito al que ha tenido acceso Diario16, para solicitar al juez Fernando Andreu que «sin perjuicio de las eventuales responsabilidades en que pudieran haber incurrido tanto los miembros del Consejo de Administración como otras personas o entidades por los presuntos delitos objeto del presente procedimiento, interesamos que por el Juzgado se dé traslado al Ministerio Fiscal a fin de que se pronuncie sobre la necesidad de la  prestación por BANCO POPULAR SA de fianza o aval en cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de las presentes actuaciones».

Según el escrito, ya se adoptaron medidas cautelares similares en la persona de Ángel Ron cuando se solicitó «el embargo preventivo de la póliza suscrita con ALLIANZ y que fue acordada por el Juzgado mediante auto de 2 de febrero de 2018».

Esta fianza que solicita este despacho de abogados barcelonés se cuantifica en 11.364 millones de euros porque el Banco Popular (Grupo Santander) «debería prestar fianza o aval bancario en cantidad suficiente para cubrir, como mínimo, los fondos propios declarados a 31/12/16 por valor de 11.364 millones de euros, que es el valor declarado al aprobarse las cuentas del citado ejercicio fiscal».

Como podemos comprobar en este escrito, los despachos de abogados independientes están ejerciendo estrategias judiciales encaminadas a un único objetivo: que los afectados a los que representan se les pague un justiprecio por sus acciones o bonos que se transformaron en polvo el día 7 de junio. Estas reclamaciones, evidentemente, se están empezando a dirigir directamente al Santander que es el único que puede hacerse cargo de estas cantidades que, según este bufete, sumarían más de 11.000 millones de euros. El Santander cada vez está más acorralado por las demandas, denuncias, querellas o recursos que se le están presentando a través de las distintas vías judiciales y, por tanto, llegar a un acuerdo extrajudicial justo —no lo que se ofreció con los bonos convertibles— con los afectados, tal y como le ha recomendado, entre otros, el Defensor del Pueblo. Hacer frente a esa obligación con las familias arruinadas sería la mejor operación que podría hacer la entidad cántabra porque le garantizaría la rentabilidad del Popular a largo plazo y le plantearía una oportunidad de realizar un acto ético.

Caso Banco Popular: la sentencia de Oviedo abre una nueva vía pero poco efectiva

Esteban P. Cano
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Caso Banco Popular: la sentencia de Oviedo abre una nueva vía pero poco efectiva

La orden dada por el Grupo Santander a sus medios afines de que no se publique nada que tenga que ver con el Caso Banco Popular para no generar más revuelo, según han reconocido a Diario16 distintas fuentes internas del propio Santander, tiene como excepción el hecho de que haya noticias que puedan desviar la atención de los afectados y de la propia Audiencia Nacional hacia la verdadera raíz del problema, que no es otra que la operación que terminó con la venta del Popular al Santander por un euro arruinando a más de 305.000 familias.

Varios de estos medios se han hecho eco de una sentencia de un Juzgado de Oviedo por el que se obliga al Grupo Santander a devolver el importe de las acciones compradas por un minorista durante la ampliación de capital de 2.016. Ese hilo lo han cogido para, rápidamente, hacer un paralelismo manipulador respecto a la situación de Bankia y la del Banco Popular, situaciones que nada tienen que ver la una con la otra. Sin embargo, es muy probable que no se trate de ninguna desobediencia de quienes se han hecho eco de esta información hacia el banco cántabro porque esos mismos medios ya sirvieron a otro señor que fue quien inició todo el proceso de destrucción del Popular para conseguir el control de la entidad para realizar una macrooperación corporativa que tenía como objetivo la entrada en el mercado financiero de la UE y la creación de un gran banco al mismo nivel que el propio Santander. Hablamos, evidentemente, de Antonio del Valle y esta sentencia se ajusta claramente a los intereses del mexicano.

A pesar de que han sido muchos los afectados y bufetes que han visto una vía para intentar lograr recuperar el dinero de los afectados, la sentencia no tiene mucho peso jurídico, tal y como han confirmado distintas fuentes jurídicas a Diario16 y, desde luego, no favorece en nada al propio Santander.

La sentencia de Oviedo es contradictoria totalmente puesto que recientemente hubo otra de un Juzgado de Bilbao que afirmaba exactamente todo lo contrario, es decir, que no hubo manipulación de las cuentas ni que la situación del Popular era muy diferente respecto a lo publicado en el folleto de la ampliación. Esta sentencia parece que hubiese sido dictada por el “asturiano” Antonio del Valle, puesto que es uno de los argumentos que el mexicano —y varios de los despachos con conflicto de interés con el Santander— pretende hacer efectivos para recuperar su inversión y la del Club Financiero de Monterrey.

Además, hay varios hechos que son determinantes a la hora de comprobar cómo dicha sentencia no se ajusta a la realidad. En primer lugar, en el proceso de Oviedo no se han examinado las cuentas, ni los informes de los distintos auditores, a los que no se llamó a declarar, como tampoco lo fueron los técnicos. Por otro lado, tampoco se han examinado los múltiples informes que se realizaron a la ampliación de 2.016.

Por otro lado, esta sentencia se le puede volver en contra al propio Santander puesto que podría dar un argumento jurídico para revocar los Bonos de Fidelización que el banco presidido por Ana Patricia Botín utilizó para que los afectados del Popular no interpusieran acciones legales. En concreto, la sentencia de Oviedo indica que el denunciante no tiene formación suficiente y que su inversión desapareció con la intervención del Popular. En su oferta de los bonos de fidelización es el propio Santander el que reconoce que se trata de un producto complejo y no apto para que sea contratado por los clientes a los que va dirigido.

El argumento de la intervención es utilizado en la sentencia como fundamental para determinar que el Banco Popular en junio de 2.016 no tenía las cuentas en el estado en que se informaba en el folleto informativo de la ampliación. “Si el banco fue intervenido entonces las cuentas deberían estar mal o eran irregulares”. Sin embargo, el juez que dicta esta sentencia no tiene en cuenta, además de los informes arriba citados, un hecho que es fundamental: el Banco Popular superó los test de estrés del Banco Central Europeo sin ningún problema en los días previos a la ampliación, lo que indica que, una vez realizada dicha ampliación, esas cuentas tuvieron una mejora importante.

Por tanto, el juez hace una reflexión de lógica “anti-aristotélica” al afirmar que como el banco fue resuelto hay que devolver el importe de lo invertido porque se demuestra que el Popular estaba en una situación diferente a la que mostraba el folleto de la ampliación. Sin embargo, esa afirmación de lógica de Perogrullo se hace sin someter a ninguna prueba contradictoria las cuentas y sin tener en cuenta lo afirmado por la CNMV, el Banco de España, el FROB o la propia Junta Única de Resolución sobre la solvencia del Popular y contra el criterio de los auditores, de los técnicos de la CNMV e, incluso, del propio Santander.

Todo ello, además, sin tener en cuenta el hecho de que, incluso días antes de la intervención, Deutsche Bank y Barclays realizaron ofertas por valor conjunto de hasta 8.000 millones de euros resaltando la solvencia y la fortaleza del Banco Popular. Por otro lado, fue el propio Santander el que, en el documento de más de 40 páginas publicado como Hecho Relevante en la CNMV apenas 23 minutos después de anunciar la compra por un euro del Popular, afirmó que se trataba de una operación que iba a representar grandes incrementos en los beneficios del Santander, un hecho que un banco en la situación que dice el juez en la sentencia de Oviedo no se podría dar.

La estrategia es clara: no hablar de aspectos que puedan tener una incidencia en la operación por la que se están logrando incrementos de beneficios por encima del 20% pero sí publicar y comentar hechos que puedan distraer la atención de los afectados y de los despachos independientes que los representan para evitar que éstos presenten querellas o denuncias penales porque este es el único camino para que las 305.000 familias arruinadas obtengan una solución justa.

Podemos denuncia el desastre de los puestos fronterizos de Melilla

Santiago Aparicio
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Podemos denuncia el desastre de los puestos fronterizos de Melilla

El trabajo como personas porteadoras puede parecer como algo lejano, algo de una sociedad impensable a los urbanitas que habitan en la península. Pero no, está en el propio territorio español, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla a diario estas personas pasan de un lado a otro de la frontera con Marruecos para buscarse la vida legítimamente, portando ellas mismas la mercancía. En muchas ocasiones obligadas por distintas mafias del tráfico clandestino de mercancías. Un trasiego de personas que se encuentran, en ocasiones, frente a avalanchas, un sol apabullante, necesidades fisiológicas, heridas leves o más graves, y que parecen ser tratadas como verdaderos animales de carga.

Por esta situación, brevemente descrita, se ha preocupado, más bien habría que decir que se preocupa con toda la asiduidad que le permiten sus obligaciones en el Senado, ha preguntado la senadora de Podemos, Maribel Mora. Y como suele hacer frente a un gobierno que utiliza todas las artimañas legales que puede para evitar los asuntos espinosos, la senadora andaluza ha lanzado su batería de preguntas para que le expliquen al detalle todo lo que desea conocer. Algo que, como hemos contado en otras ocasiones, ayuda al propio gobierno a descubrir qué pasa dentro de sus competencias. En esta ocasión Mora  quería denunciar, mediante las preguntas, “las condiciones indignas que sufren las personas porteadoras de Ceuta y Melilla”. Condiciones que en su parecer “continúan con escaso o nulo avance en la resolución de esta problemática en nuestro suelo”. Porque, en la dictadura alauí las condiciones a saber cómo serán.

Estamos hablando de, según informa en propio gobierno en una de las respuestas, un tránsito diario de 5.000 o 6.000 personas, por lo que esos puestos deberían tener, así lo entiende la senadora de Podemos, gran defensora de los Derechos Humanos, las “mínimas condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene compatibles con estándares europeos”. Por eso preguntó la senadora sobre la existencia de baños públicos en los pasos fronterizos, a lo que la respuesta del gobierno es que existen pero que públicos, públicos igual no son, por la respuesta que ofrecen. Así en los pasos de Beni Enzar y Farhana los baños están en la zona de la Policía Nacional y la Guardia Civil y “pueden ser utilizados previo requerimiento a los funcionarios de servicio”. ¿Imaginan al pobre policía tener que dar permiso a cerca de mil personas para hacer sus necesidades en el baño de sus dependencias? Nadie se cree que se conceda de manera tan “graciosa”. Por tanto, es como decir que no hay. En el paso de Barrio Chino sí que existen ese tipo baños públicos. Pero ¡Ah, sorpresa! llevan cerrados casi el mismo tiempo que se construyeron por falta de agua corriente y limpieza. Ante esto se pregunta Mora “¿lo desconoce el gobierno o es que con colocar unos retretes inútiles les es suficiente para decir que los hay?”.

Otra cuestión que pregunta la senadora de la formación morada, y que es sumamente lógica, es si existen pasos para personas con movilidad reducida. A lo que el gobierno responde que algo parecido a eso sí existe. Como la propia senadora ha podido atestiguar visual y presencialmente, se trata de un paso que no se usa. ¿Por qué? Porque resulta sumamente engorroso para los funcionarios de policía, ya que hay que desmontar y acceder a una zona de paso de mercancías. “La realidad es que las personas con movilidad reducida no pasan por ahí, o padres o madres con carritos pasan por una puerta lateral teniendo que desmontar el propio carrito” constata Mora.

Otra cuestión importante es cómo evitar las avalanchas que se producen constantemente en los pasos. Se colocaron diversos utensilios para formar filas, como postes de metal, pero que no han servido de mucho hasta que, al fin, se aumentó la dotación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero la gran estructura frente a las avalanchas, que curiosamente dicen en el gobierno que sólo se provocan desde el lado marroquí, es el paso mediante tornos. Un sistema eficaz, dice el gobierno en su respuesta, “siempre y cuando las personas que los usan lleguen ordenadas en fila y de una en una”. Mediante similar situación hasta podría quitar los tornos.  Para Maribel Mora “resulta bastante increíble que ni siquiera piensen en el riesgo que suponen en la práctica [los tornos] al respecto, cuando es precisamente por estos elementos por los que se provocan las situaciones de mayor peligro, por las dimensiones de los tornos; e, incluso, el fallecimiento de un porteador recientemente”. Por tanto, continua la senadora de Podemos, “son elementos que habría que eliminar de manera inmediata”, pues en la zona española no sirven para realizar ningún tipo de fiscalización, porque el control de identificación se realiza al entrar. Así, se pregunta Mora: “¿para qué están entonces? Para estorbar a las personas porteadoras”.

Respecto a las avalanchas como algo que se produce sólo en la parte de la dictadura alauí, responde Mora que es falso que siempre sea del otro lado. Justo cuando el último fallecido fue justamente del lado español. Algo que nos lleva a la siguiente inquietud de la senadora de Podemos. ¿Con qué medios humanos e infraestructurales se cuenta para las posibles lesiones o heridas que se puedan producir por las avalanchas, tanto entre los porteadores como entre los funcionarios españoles? Hay botiquines que se dotan de material, especialmente en Barrio Chino, en cuanto se acaban las existencias. Pero vamos, por lo que responde el gobierno, nunca hay lesiones, ni nada por el estilo entre los policías o guardias civiles de los puestos fronterizos. Como puede verse en la imagen que hemos obtenido del botiquín de Barrio Chino, la última vez que se repuso debió ser en los tiempos en que Gregorio Marañón hacía sus prácticas.

Para Mora resulta curioso, cuando menos, que “tras numerosos accidentes diarios de los porteadores y funcionarios el botiquín esté vacío y no exista ningún servicio sanitario para las lesiones que en el día a día sufren ambos tipos de personas”. Porque el gobierno reconoce que sólo el servicio del 061 acude cuando se le llama. Eso sí, el gobierno no ha contestado a la senadora la cantidad de funcionarios públicos han resultado lesionados en los últimos años, ni las inspecciones de salud laboral que se han realizado desde 2016 y cuáles habían sido las deficiencias detectadas. “Mucho me temo que las inspecciones han brillado por su ausencia” se lamenta Maribel Mora.

Cuestionada sobre la conclusión que saca de todo ello, la senadora de Podemos responde que “quizá deberían acudir el señor ministro y el secretario de Estado de Seguridad a esta zona, ver con sus propios ojos la situación indigna de personas porteadoras y funcionarios que trabajan en estos puestos fronterizos y hablar con ellos. Mientras tanto, idean una realidad paralela “inventada” desde Madrid que nada tiene que ver con la que sucede al pie de la frontera. Resulta poco serio para un Ministerio”. Y así con todo con este gobierno y este ministro.

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