viernes, 1 mayo, 2026

Las mentiras de Ciudadanos para acusar al PSOE

No hay nada mejor para un populista que hacer demagogia y recurrir a la mentira para conseguir sus propios fines. Y cuando ese populista es del propio sistema y sabe que va a recibir la adoración y extensión de sus palabras en los medios de comunicación, se crece y miente con descaro poniendo énfasis en los aspectos más emocionales del discurso. Así ha hecho Albert Rivera con respecto al PSOE. Si ayer advertíamos que ya se preparaba el establishment para intentar doblegar al partido socialdemócrata, a fin de que se abstengan en los Presupuestos Generales del Estado, hoy se confirma esa estrategia con las mentiras de Rivera. Ha alabado “el giro social de los Presupuestos gracias a la introducción de políticas naranja”, justo tres minutos después de que Pedro Sánchez desmontase, o al menos lo intentase, el discurso triunfalista de la formación naranja.

Tal y como ha expresado Sánchez, de momento hay siete razones para oponerse a estos presupuestos de la derecha española. Primera, por una razón de forma, ya que estos PGE “llegan tarde y llegan mal, con 6 meses de retraso”, lo que demuestra el agotamiento del proyecto político del Gobierno y sus dificultades para que estas cuentas puedan sortear la enmienda a la totalidad. Segunda, porque “se trata de unos presupuestos continuistas, coherentes con la política económica de recortes planteada por el Ejecutivo en estos 7 años” y que consolidan “un crecimiento sin derechos”. Tercera, que estos PGE “son ideológicos, no sociales”, por lo que se está “ante el intento de consolidar un estado social mínimo, low cost”. Cuarta, estos PGE “son un ataque al Estado del Bienestar”. Quinta, el PSOE se opone a la política “ineficaz e injusta” que encierran estas y las anteriores cuentas, que “han hecho descansar  el ajuste en el gasto público” mientras aprobaba el gobierno una reforma fiscal que beneficiaba al 10% más pudiente de la población, y supuso una merma en los ingresos de 15.000 millones de euros. Sexta, los PGE “no atienden las necesidades de abordar la modernización de nuestro aparato productivo en el medio plazo”. Y séptima, por ser “no creíbles”, pues en 2017 la recaudación por IRPF crecía en un 6,4% y en 2018 el planteamiento es del 6,5%, lo que demuestra que dicho incremento “no va a producirse”.

Esto es lo afirmado por Sánchez. Ahora vienen las mentiras de Rivera: “Estoy seguro de que Sánchez no se ha leído los Presupuestos porque dice echar de menos cosas que están incluidas, como medidas de conciliación para romper la brecha salarial, subida de pensiones o bajada de impuestos”. Nada de lo dicho por Rivera está en la negativa de Sánchez. Ni niega la conciliación laboral. Merece la pena hacer un aparte para preguntarse, ¿por qué está en los PGE algo que no tiene gasto público? O es que piensan bonificar, otra vez más, a las grandes empresas y lo cuelan como producto del fomento a la conciliación laboral. Igual se refiere a la segunda parte, que como siempre pasa, es en beneficio  no de la clase trabajadora, sino del establishment. Si ahora pagan un 7% de impuestos, con cuestiones así igual hasta Hacienda les va a tener que dar dinero. También habría que decir que la conciliación en sí no acaba con la brecha salarial, pero como en la formación naranja no son feministas igual no se han dado cuenta. Y la bajada de impuestos es falsa, como han advertido desde el PSOE (y Podemos).

Pero por si esa demagogia de los datos no sirve, Rivera acude al efecto electoralista. “El PSOE sigue anclado en el No es No a los Presupuestos de la conciliación y de la bajada de impuestos, lo que le está llevando a la irrelevancia”. Como a los populistas del establishment les están poniendo la alfombra naranja desde los medios de comunicación, sin apenas críticas, y las encuestas de momento les dan buenos resultados, igual por ese motivo el PSOE debe abstenerse y no presentar una moción a la totalidad. Ahora son irrelevantes a nivel electoral dicen los naranjas, henchidos de gloria fatua, y todo por no hacer lo que ellos, los representantes de los que mandan en España, del bloque en el poder, dicen. De esta forma, dan la razón al PSOE al determinar que los PGE además de ideológicos, de ser un nuevo giro a la derecha, son electoralistas. Lo que implica que realmente a Ciudadanos le importa muy poco lo que le pase al pueblo español.

Y como, puede quedarse sin argumentos racionales (¿los tuvo alguna vez?) recurre a la venezolización: “ha optado por podemizarse” el PSOE. Les molesta a los señores del dinero y a Rivera un posible giro a la izquierda del PSOE, ¿por qué si eso les lleva a la irrelevancia? No es que les moleste el giro del PSOE, el problema que destacan es que no se pliega en estos momentos a los deseos del establishment. Y no sólo eso, sino que, de seguir por este camino, no servirían para ser ele apoyo a un gobierno del populismo de derechas. Ya que pactar con el PP podría provocar la caída del sistema ideado en los despachos de los poderosos. Necesitan al PSOE doblegado a Ciudadanos. Por eso dice Rivera que se podemiza el PSOE. ¡Ojalá fuese verdad! (pensarán algunos).

Y para no dejar algún palo sin tocar, Rivera acaba solicitando al PSOE que tenga “sentido de Estado en un momento en que la situación nacional es inestable”. Fuera de Cataluña ¿hay inestabilidad? No parece que la haya. Pero vale como argumento para decir e intentar demostrar que el PSOE de Sánchez es poco nacionalista español, que no defiende a la nación española, que abandona (como siempre hacen los socialistas, le ha faltado decir para acercarse al otro Rivera) a su suerte a la nación de todas las naciones, España. El sentido de Estado se tiene para apoyar al gobierno en la aplicación del 155, por ejemplo, y en la comisión territorial, esa misma que Ciudadanos ha abandonado de forma electoralista para quitar 1.000 votos al PSOE. El sentido de Estado se tiene para oponerse al gasto de 10.000 millones de euros en armas por mandato de la potencia imperial. El sentido de Estado se tiene cuando no se intenta calentar más la situación como hace Ciudadanos todos los días. Sentido de Estado es algo de lo carece Rivera y su formación populista, porque están vendidos desde el minuto uno al establishment.

Seguirá….

El PSOE exige la puesta en funcionamiento de la unidad de resonancia magnética en Rafael Méndez

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Marisol Sánchez Jódar ha exigido la puesta en funcionamiento de la unidad de resonancia magnética en el Hospital General Universitario Rafael Méndez de Lorca. Desde hace mes y medio, este aparato se encuentra “embalado y almacenado” en el sótano del hospital lorquino, sin que se pueda poner en marcha, debido a la falta de personal sanitario especializado.

La edil socialista asegura no entender por qué la Comunidad Autónoma no ha hecho sus deberes, y no ha procedido a contratar el personal sanitario que requiere la puesta en marcha de este servicio, así como las necesarias obras de acondicionamiento.

Desde julio de 2017, fecha en la que se firmó el convenio por el que la Fundación Amancio Ortega se comprometía a donar la unidad de Resonancia Magnética al hospital Rafael Méndez, se esperaba la llegada de este aparato, por lo que insiste en que es “incomprensible” que hayan dado lugar a que el aparato haya llegado y no se pueda poner en marcha por la falta de personal.

La edil socialista ha pedido al Alcalde que aunque sea por una vez, sea “exigente” ante sus compañeros del Gobierno Regional para advertir la necesidad de contratar el personal necesario adscrito a esta unidad y de exigir la puesta en marcha “inmediata” de esta prueba diagnóstica “indispensable”, de la que carece el hospital lorquino desde su apertura en 1989. Lamenta que Gil Jódar aún siga sin despertar y sin aterrizar en la Alcaldía para interesarse por los verdaderos problemas para los lorquinos, como éste.

Sánchez Jódar advierte que la dejadez y el hecho de que tanto el Alcalde como el Gobierno regional estén puestos en otras cosas que desde luego, no es la mejora de la sanidad pública, es lo que está retrasando la puesta en marcha de esta prestación.

Mientras se atrasa la puesta en marcha de esta unidad, son decenas las personas que, a diario, son derivadas a hospitales fuera del municipio, obligados a realizar un “largo y costoso” peregrinaje por toda la Región de Murcia para la realización de una simple resonancia magnética.

El SMS reconoce implícitamente el mal funcionamiento del sistema de citación

Por otro lado, el PSOE, a través de Marisol Sánchez Jódar, ha celebrado el paso “positivo” que el Servicio Murciano de Salud ha avanzado con la aprobación de una resolución dirigida hacia la mejora en la calidad asistencial a los pacientes entre atención primaria y atención hospitalaria, y con ello, hacia la necesidad de agilizar los tiempos de espera “ilegales e inmorales” que soportan los pacientes de la sanidad pública en la Región, especialmente graves en el área III.

Esta resolución viene a reconocer, de manera implícita, la necesidad de cambiar el modelo de citación “propio del área III” responsable del bloqueo de agendas médicas, sobre lo que ha venido reclamando el PSOE de manera incesante durante los últimos años.

Sánchez Jódar insiste en que, junto a la falta de personal sanitario, el actual modelo de citación es el responsable de que miles de personas se encuentren en un “limbo”, esperando “sin cita” para primera consulta de especialidades. Recuerda que el 40% de los más de 22.000 pacientes de toda la Región de Murcia sin cita para primera consulta se encuentren en el área III de salud, es decir, repartidos entre Lorca y el resto de municipios de esta área.

Entre otras medidas, el director gerente del SMS dicta en su resolución que, a partir de la misma, a cada paciente se le asignará una hora en la que va a ser atendido, evitando así citar a todos los pacientes a la misma hora. Además, como novedad, se establece por Ley que las citas para primera consulta con especialista deberán darse en los respectivos Centros de Salud de atención primaria, evitando así “buzones, dietarios y citas diferidas”, y desplazamientos a la zona de admisión de consulta del hospital Rafael Méndez en un “continuo trasiego de idas y venidas, en busca de agendas abiertas, donde la única respuesta es deje usted su volante aquí, que ya le llamaremos”.

Pese al avance, y a lo “positivo” de esta publicación, Sánchez Jódar duda que la actual gerencia del área III vaya a hacer caso de esta resolución del gerente del Servicio Murciano de Salud. La edil asegura tener constancia de que la gerencia del área III tiene en su haber, desde hace mes y medio, esta resolución sin que, hasta la fecha, hayan adoptado medidas extraordinarias encaminadas a la solución de los tiempos de espera y, por ende, a la mejora de la calidad asistencial.

Por ello, desde el PSOE vuelven a pedir a Gil Jódar que “saque la voz del cuerpo” y “exija a la gerencia del área III el cumplimiento inmediato de la presente resolución del director gerente del Servicio Murciano de Salud”, por la que se aprueba las instrucciones para la mejora de la continuidad asistencial a los pacientes entre atención primaria y atención hospitalaria.

Susana Díaz se olvida del PSOE en su lucha por la financiación

Susana Díaz ha dicho “¡Hasta aquí hemos llegado!”. Preocupada por la falta de financiación de la comunidad autónoma que gobierna, Andalucía, y ante la inacción del gobierno de M. Rajoy, ha decidido no esperar más y tomar las riendas de algo que le preocupa durante todos los días, tener dinero para su región. En el PSOE había decidido hacer una alianza de todos los presidentes y presidentas autonómicas para forzar al gobierno a convocar la reunión donde se trataría el nuevo modelo. Pero desde el gobierno, en especial el ministro Montoro, se está utilizando los Presupuestos Generales del Estado para presionar al PSOE de Ferraz, y a los diferentes barones y baronesas socialistas, que pasen por el aro del apoyo a los mismos. En Ferraz y otras regiones han dicho que no, y Susana Díaz, preocupada por no tener dinero suficiente para seguir manteniendo la estructura andaluza, ha pedido reunirse con el presidente del Gobierno y llevarle “su” documento.

En la reunión, que Díaz califica de urgente, pretende abordar «de manera inmediata» el acuerdo suscrito en el Parlamento de Andalucía sobre financiación autonómica, en el que han colaborado todos los partidos políticos salvo Ciudadanos (que no confía en el modelo autonómico salvo para financiarse), y diversos agentes sociales y económicos de la comunidad. La presidenta de la Junta de Andalucía confía en que en la reunión con el presidente del Ejecutivo, éste recoja «un documento que es bueno y que abre un camino de entendimiento para mejorar algo que ya nadie hoy niega: que Andalucía está mal financiada, y mal tratada en la aplicación del modelo de financiación».

Susana Díaz ha asegurado, además, que informará a los grupos parlamentarios sobre los temas que tratará con el presidente, junto con la financiación, como la necesidad de infraestructuras que tiene Andalucía, «inversiones que son fundamentales para la generación de riqueza y creación de empleo», así como también informará a posteriori del resultado de la citada reunión. Además, ha indicado la dirigente socialdemócrata que iniciará a lo largo de esta semana una ronda de contactos con todos los agentes sociales y económicos que han participado en la elaboración del documento aprobado por la Cámara andaluza, comenzando con sindicatos y empresarios a partir del próximo miércoles.

No ha esperado ni a Ximo Puig, ni a Emiliano García-Page, ni a Francina Armengol, ni a Javier Lambán o a Javier Fernández, presidentes con los mismos problemas que Andalucía respecto a su situación financiera. Díaz, ante un monstruo de siete cabezas como es la administración paralela de la Junta, ha preferido actuar por su cuenta y riesgo, sin llevar una política alternativa común a todas las comunidades gobernadas por el PSOE. Luego se quejará de que la critican por falta de lealtad institucional y partidista, esa misma que ella pide para sí en su territorio. En Ferraz, la verdad sea dicha, ya hasta ignoran con una sonrisa las “cosas de Susana”, que vienen a ser una reformulación de las “cosas de Pepe da Rosa” pero en versión trianera, y mientras trabajan con los demás dirigentes del partido en una solución más general y que salga de las propuestas de los que realmente conocen el tema, los barones.

Buena valoración de la ocupación turística en las últimas vacaciones.

La presidenta ha tenido tiempo para destacar que Andalucía ha cerrado la Semana Santa con una ocupación turística media del 71,5%, que en algunas provincias ha alcanzado el 80%, por encima de las previsiones iniciales. Díaz ha declarado que el sector y la Administración andaluza abordaban la Semana Santa con «preocupación por tres semanas de temporal que se llevó por delante muchas de nuestras playas» y por las «cancelaciones» debido al riesgo de lluvias.

Al cierre de este periodo vacacional, «afortunadamente, estamos muy por encima de las previsiones que teníamos al inicio de la propia semana», ha valorado la presidenta, que ha atribuido estos «buenos datos turísticos» al empuje del sector turístico, de sus trabajadores, de los consorcios y de la propia Consejería,  «que han hecho un esfuerzo importante de promoción turística en los últimos días, lo que nos ha permitido que el cierre haya estado en torno al 71,5%, con provincias por encima del 80%».

Murcia destinará la mayor parte de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 de Fomento a subvencionar la regeneración y renovación urbana y rural

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 financiará subvenciones a la vivienda en Murcia por importe de 79,76 M€. De esta cantidad, el Ministerio de Fomento aportará 62,10 M€, mientras que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia asumirá 17,66 M€ según los porcentajes de reparto aprobados en la conferencia sectorial de Vivienda.

Este Plan Estatal está compuesto por 9 programas que contemplan, por un lado, ayudas al alquiler para distintos colectivos como jóvenes, mayores y personas con ingresos más bajos, así como familias en riesgo de desahucio. Además, habilita subvenciones para fomentar la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad de las viviendas, así como ayudas para jóvenes que quieran acceder a una vivienda. El Plan incluye, asimismo, ayudas para la promoción del parque de viviendas en alquiler para personas mayores y con discapacidad entre otras medidas.

La cuantía máxima para las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado día 23 de marzo y asciende a 1.443 millones de euros.

Los porcentajes de reparto de dichas subvenciones entre las distintas comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla se acordaron en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo celebrada, en Madrid el pasado 15 de marzo.

En un ejercicio de corresponsabilidad financiera, el Plan plantea la cofinanciación de sus programas de ayuda por parte de las comunidades autónomas, puesto que estas son las competentes en la materia. Para que una comunidad autónoma reciba el 100% de los fondos estatales habrá de cofinanciar actuaciones del Plan con otro 30%. Si la cofinanciación es menor la aportación estatal se reduce.

En este sentido, el Gobierno de Murcia ha comunicado a Fomento que cofinanciará el 28,43% del Plan Estatal de Vivienda con fondos autonómicos. Así, y según la solicitud recibida en el Ministerio de Fomento, los 79,76 millones de euros previstos por el Plan Estatal de Vivienda irán destinados, inicialmente, a los siguientes programas:

  • Programa de ayuda al alquiler de vivienda, 10,54 M€
  • Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, 2,77 M€

El informe de auditoría de PwC del Popular podría incluir varias irregularidades contables

Tal y como hemos indicado en nuestro anterior artículo, el informe de auditoría presentado por PriceWaterhouseCoopers (PwC) podría contener distintas irregularidades contables que irían encaminadas a resolver las dudas sobre la génesis de la operación del Popular y que, posiblemente, irían encaminadas a cuadrar las cuentas de otro de los grandes clientes de la auditora: el Banco de Santander quien presentó y aprobó sus cuentas recientemente.

Se trata de dos documentos totalmente separados. Por un lado, la entidad cántabra publicó las conclusiones auditadas por PwC junto a los informes de las cuentas anuales del Grupo Santander. Sin embargo, la auditora británica realizó un segundo informe de auditoría centrado en exclusiva en las cuentas del Banco Popular, documento del que hemos comenzado en el día de hoy a publicar las conclusiones tras un exhaustivo análisis por parte de auditores y expertos financieros independientes.

El mero hecho de que PwC haya cambiado su criterio a la hora de auditar las cuentas del Popular respecto a la labor realizada en el ejercicio 2.016 ya supone, en sí mismo, una irregularidad puesto que no ha habido cambios legales que lo justifiquen. El hecho de que la entidad fuera intervenida en el mes de junio no es causa suficiente para ese cambio de criterio.

No obstante lo anterior, el hecho de que el Grupo Santander haya realizado informes independientes muestra, en primer lugar, el temor que existe dentro de la entidad cántabra a los movimientos legales de los afectados, unos movimientos que, tal vez, no se esperaban ni que fueran por la vía penal, tal y como ha ocurrido con la propia demanda presentada por el ex presidente Ángel Ron y su esposa para recuperar un millón de euros que ésta tenía invertidos en el banco intervenido; en segundo lugar, el propio Santander parece que no calculó la intervención de este medio de comunicación a la hora de publicar los documentos que están demostrando cómo la situación del Popular no fue consecuencia de crisis de liquidez ni de una pérdida de confianza del mercado, sino que fue el resultado de una operación orquestada con múltiples actores que finalizaron con la intervención y el presunto enriquecimiento ilícito del propio Santander; en tercer lugar, presentar dos informes ante la CNMV demuestra que el Santander quería demostrar a través de diferentes documentos una situación contable del Popular con la que justificar la intervención, la compra por un euro y la ampliación de capital de 7.000 millones que implementó bajo la escusa de que el Popular lo necesitaba.

Sin embargo, los dos informes de auditoría podrían no cuadrar puesto que fueron realizados por dos socios de PwC diferentes, Alejandro Esnal para la del Santander y Pedro Barrio Luis para la del Popular. Casualmente, ambas fueron fechadas el mismo día: 16 de febrero de 2.018.

La auditoría del Banco Popular fue presentada ante la CNMV. Diario16 ya disponía del documento antes de su presentación, pero no lo publicamos por respeto a la entidad, a la auditora y a la propia CNMV. Del mismo modo, el Banco Popular debió de tener el mismo respeto hacia sus accionistas y sus clientes comunicando a la Comisión la entrada de las ofertas para ampliar capital por parte de Barclays y Deutsche Bank o las propuestas para vender activos no estratégicos como TotalBank o WiZink, tal y como se comunicó a través de un hecho relevante el pasado 26 de marzo, por citar algunas de las operaciones que el equipo de Saracho ocultó tanto al Consejo de Administración y, por tanto, a la CNMV. Todo lo que está ocurriendo en la actualidad se habría evitado.

Como decimos, los informes de PwC referidos al Popular podrían contener irregularidades contables. El análisis de Diario16 y el cruce con la auditoría del Grupo Santander nos sacarán de dudas en breve.

Los trabajadores del Hospital de Alzira inician su periodo de fusión a lo público

El Departamento de Salud de la Ribera ha formado ya a más de 500 trabajadores en el manejo de sistemas informáticos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. En concreto, se trata del programa Orion-Logis, que sustituye a la aplicación utilizada hasta el momento por el centro hospitalario para la gestión de suministros; de esta forma, el Departamento de la Ribera se está integrando en los sistemas de información de la Conselleria de Sanidad, comunes al resto de los departamentos sanitarios de gestión pública directa.

La formación del medio millar de trabajadores de la Ribera, que se ha desarrollado a lo largo de 54 sesiones, se comenzó a planificar en noviembre del año pasado y ha estado supervisada por un equipo multidisciplinar compuesto por trabajadores de varias áreas del Departamento de Salud -compras, farmacia, administración, mantenimiento y sistemas- y de la propia Conselleria de Sanidad, que han trabajado conjuntamente durante los últimos 5 meses.

La aplicación Orion-Logis permite controlar y administrar todo el proceso de contratación, compras, facturación y logística de los almacenes de material general y de farmacia del hospital y de los centros de salud y su objetivo es mejorar el control del gasto de los materiales y medicamentos que se utilizan en los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana. Ello permite conocer la situación logística del Departamento de Salud en tiempo real, lo que ayuda a controlar mejor el gasto mediante la racionalización de los stocks. Del mismo modo, es un proceso totalmente electrónico, lo que reduce el uso del papel en las comunicaciones.

En el segundo día gestionado directamente por la Conselleria de Sanidad, el Hospital de la Ribera mantiene la normalidad con que se produjo la transición entre modelos de gestión. Así, el centro hospitalario mantiene hoy su actividad como cualquier otro día festivo, sin incidencias destacables. Desde las 00.00 horas del 1 de abril, el Hospital de la Ribera ha atendido 421 urgencias y ha registrado 3 partos.

PwC cambió sus criterios para elaborar la auditoría del Popular del ejercicio 2.017

La resolución del Banco Popular se realizó bajo la normativa del Marco Único de Resolución (MUR). Este hecho no tiene precedentes en Europa y las propias instituciones de la Unión están reconociendo que el Popular ha servido como experimento para comprobar que el mecanismo funciona. Por tanto, han tomado a las 305.000 familias arruinadas como cobayas de laboratorio para verificar que el sistema funciona. El problema es que las pruebas han dado muchos errores, demasiados, y están provocando una marea de demandas judiciales tanto en la jurisdicción europea como en la española. El hecho de que se haya tomado a más de un millón y medio de ciudadanos como conejillos de Indias para testar la eficacia de un procedimiento es demasiado grave y un reflejo de cómo esta Unión Europea gobernada en la sombra por Alemania ha dado la espalda definitivamente a la ciudadanía europea para dar la cara por las élites financieras y políticas.

En medio de toda esta situación en la que está en juego la credibilidad de la propia Unión, del Gobierno de España y de sus instituciones supervisoras, la auditora PwC ha realizado el preceptivo informe de auditoría de las cuentas del Banco Popular y nos hemos encontrados con cambios de criterio contable respecto al ejercicio 2.016 muy drásticos y que sólo se explican en el intento de cuadrar las cuentas y los argumentos del Banco de Santander a la hora de justificar la intervención, la compra por un euro y la ruina de más de 305.000 familias españolas.

Hay un hecho fundamental a tener en cuenta: PwC se convirtió en la auditora del Santander en los momentos germinales de toda la operación rompiendo su relación de más de un cuarto de siglo con Deloitte. Tras este informe de auditoría se entiende más este cambio.

Los resultados sin efecto fiscal de 5.458 millones de euros se justifican, por un lado, por la no activación  de los créditos por bases imponibles negativas durante el ejercicio 2017, por 3.487 millones de euros; y,  por otro lado, tal y como se explica en el apartado e) de esta misma nota, se registran 1.970 millones de  euros derivados de los ajustes de naturaleza fiscal realizados como consecuencia de la resolución de  Banco Popular y posterior adquisición por Banco Santander, que motivaron la desactivación de  créditos fiscales por bases imponibles negativas y deducciones en cuota no aplicadas, así como el  reconocimiento de nuevos activos fiscales diferidos por diferencias temporarias, y finalmente la baja de los  activos fiscales diferidos por deterioros de participaciones y por insolvencias de créditos con sociedades  vinculadas.

Con motivo del acuerdo de Resolución del Banco, se constituyeron en el primer semestre del ejercicio  2017 reservas voluntarias indisponibles por importe de 3.444.971.000 de euros, 2.098.429.000 de euros por la reducción del capital social mediante la amortización de las acciones que se encontraban en  circulación al 6 de junio de 2017 y 1.346.542.000 de euros por la reducción de capital derivada del  incremento del capital con exclusión del derecho de suscripción preferente para la conversión de la  totalidad de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 y posterior reducción a cero mediante la  amortización de las acciones resultantes de la conversión de los instrumentos de capital adicional de nivel  1.

Por otro lado, PwC introduce en el balance casi 3.500 millones de reservas constituidas con capital social de accionistas y bonitas, algo que ya lo pusieron en la resolución, pero visto en el balance es chocante porque han convertido el capital de accionistas y bonistas en reservas del Santander, algo que es increíble. El resultado de este movimiento contable es que el Santander, sin hacer nada, dispone de 8.000 millones de euros de reservas que eran de accionistas y bonistas del Popular.

Además, el punto clave donde quitan el 50% del patrimonio del Popular lo encontramos en el apartado Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociados: 5.186.185 155.837 euros.

Resulta chocante que se le paguen 46 millones al fondo de resolución de la JUR: el gasto incurrido por la aportación realizada al Fondo de Resolución Nacional y al Fondo Único de Resolución ha ascendido a 46.378.000 de euros (45.933.000 de euros en el ejercicio 2016), que se encuentran registrados en el epígrafe Otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias.

El siguiente punto demuestra cómo PwC, la auditora del Popular y del Santander intenta justificar lo injustificable. El mencionado artículo 20 del MUR establece, entre otros aspectos, que la valoración económica podrá ser completada por un análisis y una estimación del valor de los activos y pasivos según su valor de mercado, por lo que difiere de las estimaciones aplicadas por el Banco hasta la fecha de la resolución, de acuerdo con la normativa aplicable. Adicionalmente, se establece en sus apartados 5.g y 11 que una de las finalidades de la valoración es garantizar que las eventuales pérdidas sobre los activos se consignen plenamente en la contabilidad de la Entidad. Asimismo, los aspectos considerados en la compra del Popular por parte del Santander en el proceso de resolución deben ser, excepcionalmente, tomados en consideración en la contabilidad del Banco.

Por tanto, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 20 del Reglamento 806/2014, el Popular ha realizado la estimación del valor de los activos y pasivos considerando la resolución y venta del Banco; adicionalmente, las estimaciones han tenido en cuenta la venta acelerada en bloque y en mercado mayorista de determinados activos relacionados con el sector inmobiliario de Banco Popular y filiales, que ha sido acordada el 8 de agosto de 2017.

En consecuencia, las estimaciones y circunstancias aplicadas difieren significativamente de los empleados en el ejercicio 2016. Los criterios y  estimaciones aplicados por el Banco hasta la resolución y después de los ajustes realizados con motivo  de la misma, se fijaron de acuerdo con la normativa aplicable en dicho momento, la cual contemplaba para la mayor parte de los activos del Banco su registro en base al coste histórico o coste amortizado corregido por el deterioro estimado de acuerdo con la normativa aplicable y las circunstancias a dicha  fecha (entre otros Préstamos y partidas a cobrar, Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y  asociadas e Inversiones mantenidas hasta el vencimiento). En esto resume PwC dónde se ha perjudicado a los accionistas del Popular: para la auditora simples ajustes a valor de mercado, como si 10.000 millones desaparecieran por un cambio de criterio contable.

A continuación, se recoge un detalle de los principales impactos, registrados ya al cierre del primer semestre de 2017, que han supuesto pérdidas, por cambios de estimación con respecto a los aplicados al 31 de diciembre de 2016, todos ellos como consecuencia del proceso de resolución del Banco y de nuevos acontecimientos del primer semestre del ejercicio 2017 (en millones de euros):

  • Inversión crediticia: 3.146
  • Activos no corrientes en venta: 1.145
  • Inversiones en empresas del Grupo: 3.488
  • Otras provisiones: 872
  • Activos fiscales diferidos: 982
  • Fondo de comercio y Otros activos intangibles: 1.137
  • Cartera de inversión a vencimiento y otros: 411

Según PwC, debido a la resolución existen criterios significativos que han debido ser aplicados de forma extraordinaria en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017, que difieren significativamente de los aplicables en la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2016. Como consecuencia de la resolución de la Entidad, en la formulación de las cuentas anuales los Administradores han tenido en cuenta lo establecido en la normativa de resolución aplicable recogida en el Reglamento 806/2014 para la estimación del valor de los activos y pasivos. Además, en la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2017 se ha considerado la venta acelerada en bloque y en mercado mayorista de determinados activos relacionados con el sector inmobiliario de Banco Popular y filiales acordada el 8 de agosto de 2017. Para cubrirse las espaldas ante posibles reclamaciones judiciales PwC afirma que estas estimaciones, incluidas las descritas en el apartado 1.c), se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2017, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios. En su caso, dichas modificaciones se contabilizarían de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en la correspondiente cuenta de pérdidas y ganancias.

 

Comienza la presión del establishment para que el PSOE se abstenga en los PGE

Cómo estará el gobierno de M. Rajoy para que la derecha populista de Ciudadanos tenga que estar haciendo el juego sucio de laminar la moral al PSOE. Sin duda es claro ya que el gobierno de la corrupción financiera es incapaz hasta de hacer lo que mejor ha hecho toda su vida, servir a los intereses de los poderosos y utilizar la demagogia y la conspiración contra la izquierda. Ahora los movimientos conspirativos se utilizan hacia el interior del partido para laminar a los o las posibles candidatas a suceder al presidente más nefasto de la historia de España, incluso más que el almirante Aznar.

Además, la situación sigue la lógica que se ha venido manteniendo desde el establishment contra el PSOE. Un medio de comunicación (o el CIS) saca su sondeo particular (en este caso El Mundo), donde siguiendo la lógica de los últimos tiempos, el PSOE no sale bien parado, aunque se aumenta en el titular el ataque a los socialdemócratas. Y justo en ese preciso momento, no en otro, sino en ese, aparece un dirigente de Ciudadanos para ofrecer su opinión sobre la actualidad política y lanzar una diatriba contra el PSOE. En esta ocasión le ha tocado el turno a Miguel Gutiérrez, muy conocido por el lobby de las armas y la seguridad privada, y el tema han sido los Presupuestos Generales del Estado.

El dirigente de la derecha populista ha manifestado que “se puede trabajar por la estabilidad de España negociando los Presupuestos como ha hecho Ciudadanos”, mientras Pedro Sánchez sigue en el “No es No” perjudicando, se entiende indirectamente, a España. Ahí lo deja caer para a continuación reforzar el ataque preventivo al animar a los socialdemócratas “a que cambien el discurso, se abstengan y permitan que las cuentas del Estado avancen y España siga en la senda de la recuperación”. La bomba de racimo está lanzada, el PSOE se debe abstener porque así lo establece el establishment. Y esa matraca va a ser persistente durante un tiempo.

No les importa utilizar un constructo, una invención electoralista, la “clase media trabajadora” como el sujeto que se vería afectado por la negativa del PSOE. Esto es, Pedro Sánchez estaría perjudicando a sus propios votantes objetivos. Porque, además, gracias a Ciudadanos, viene a decir, las cosas cambian “para garantizar mejoras a todos los españoles, una bajada de impuestos, una semana más de permiso de paternidad o una subida de pensiones por encima de lo que le Gobierno planteaba inicialmente”. Propuestas mediáticas que no significan nada en términos objetivos para el beneficio de la clase trabajadora, pero que sirven de percutor en las entrañas de la socialdemocracia patria para que se avenga a abstenerse. Porque estas vez no está claro que PNV vaya a hacerlo (también hay su ataque a los nacionalistas chupasangre).

El montaje ya está configurado para que el PSOE tenga que abstenerse, y no sólo con el diputado de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, sino con todo el grupo parlamentario. Ya nos comentó antes del período festivo Irene Montero que en Podemos no se iban a tragar más eso de que era Nueva Canaria y no el PSOE quien se abstenía, que iban a estar muy atentos a que no hiciesen trampas en la partida. Pero en esta ocasión el establishment quiere que el PSOE se pliegue y se abstenga completamente porque no está garantizado el apoyo de nacionalistas. Y Gutiérrez no se anda con miramientos en ocultarlo: “el viejo bipartidismo ha negociado siempre con los partidos nacionalistas, un hecho que ha llevado a España a esta situación”. Por tanto, un PSOE muleta de Ciudadanos y el PP, la derecha vamos.

Y para ello, no tardarán en salir durante las próximas semanas artículos de opinión, editoriales y titulares que indiquen esa preferencia del establishment. Esa sumisión de Sánchez y su equipo en los PGE. Por ello venderán “todas las maravillas” que contienen, gracias a Ciudadanos obviamente (para eso es el partido populista del establishment español), frente a las malas propuestas del PSOE. Por ello utilizarán a algún barón o baronesa que diga que los presupuestos son necesarios para que su región de un paso adelante en la recuperación, que si hay presupuestos habrá conferencia de presidentes autonómicos para cambiar la financiación. Por ello presionaran todo lo que puedan al PSOE, incluso potenciando algún caso de corrupción que no sea (total ya lo han hecho con Cifuentes, por ejemplo). Ahora bien, ¿se rendirá el PSOE?

Es de esperar que no se plieguen a esta presión porque les va la vida (política) en ello. Si ya las encuestas no son buenas, absteniéndose caerían hasta el nivel de la Izquierda Unida pre-Alberto Garzón. Lo suyo es que salgan todos los dirigentes a explicar la mentira de los PGE que ha firmado la derecha española. Que es mentira que la clase trabajadora se vea beneficiada, que sigue el capitalismo de amiguetes que vacía las arcas públicas, que quieren convertir a los niños y las niñas en empresarios y/o seres inhumanos (José Andrés Torres Mora lo ha explicado magníficamente), que el gobierno está vendido al poder financiero, como en el caso del banco Popular, que estos presupuestos no suponen un beneficio para nadie salvo para que la acumulación capitalista siga a costa de los más débiles. Vamos, que los PGE sólo sirven a la derecha y el establishment. Pero la presión va a ser durísima.

Palestina solicita reunión urgente de la Liga Árabe por los crímenes israelíes en Gaza

Palestina ha solicitado una reunión urgente de la Liga Árabe a nivel de Representantes Permanentes para discutir los crímenes de Israel contra los manifestantes pacíficos palestinos.

El embajador palestino en El Cairo, Diab al-Louh, afirmó que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y el ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados, Riyad Malki, están presionando para que se convoque una reunión urgente.

Louh, quien también es Representante Permanente de Palestina ante la Liga Árabe, dijo que la reunión discutiría los crímenes israelíes contra los manifestantes que participaron en la Gran Marcha del Retorno con motivo del Día de la Tierra el pasado viernes.

El embajador añadió que las fuerzas de ocupación israelíes cometieron una masacre contra manifestantes pacíficos en la frontera de la Franja de Gaza, donde 15 manifestantes fueron asesinados y más de 1.500 resultaron heridos, lo que supone una grave violación de las leyes internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

OLP: Estados Unidos y Reino Unido son cómplices de la violencia israelí

Hanan Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), ha afirmado que Estados Unidos y el Reino Unido eligieron ser cómplice en las violaciones y violencia persistentes de Israel al bloquear una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU para condenar la masacre de Israel en Gaza.

Ashrawi afirmó que una postura «tan contraproducente puede hacer que [el Reino Unido y los Estados Unidos] sean cómplices en la ocupación militar de Israel y en sus persistentes violaciones y violencia. Ninguno de los dos ha mostrado coraje moral o político para hacer que Israel responda y para frenar su comportamiento ilegal. El ejército israelí utilizó la violencia desenfrenada, movilizando a más de 100 francotiradores y disparando munición real, gas lacrimógeno y balas de acero recubiertas de goma contra los manifestantes ante los ojos de toda la comunidad internacional. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU no llegó a un acuerdo sobre una declaración que condena las atroces violaciones que ocurrieron a manos de Israel».

La dirigente palestina hizo un llamamiento a la comunidad internacional y a «todas las personas de conciencia» para que brinden protección al pueblo palestino y «para poner fin al derramamiento de sangre y la pérdida de vidas inocentes».

Ashrawi señalo que es «hora de que el sistema internacional adopte medidas punitivas y sanciones contra Israel en relación con la ocupación. Además, se pide a la Corte Penal Internacional que acelere su investigación y que tome medidas concretas en este contexto. La determinación del pueblo palestino de permanecer en su tierra y su compromiso con los principios globales de justicia, libertad y autodeterminación son un homenaje notable a la resiliencia y la humanidad».

Murcia pide acceder a la financiación europea para la integración de inmigrantes

Manuel Pleguezuelo, director general de Unión Europea, Acción Exterior y Cooperación, Manuel Pleguezuelo, ha participado en las sesiones del Comité Europeo de las Regiones (CdR) donde se abordó, entre otras cosas, un dictamen sobre los fenómenos migratorios y su repercusión en la Unión Europea.

Pleguezuelo incidió en que la Región de Murcia solicitó que «los territorios que afrontamos la primera atención de inmigrantes que llegan a través del Mediterráneo, podamos tener facilidades de acceso a la financiación que Europa destina a la integración de inmigrantes. Además, hemos puesto en valor la implicación que se hace en la Región entre inmigración y cooperación al desarrollo, pues los destinatarios de nuestras acciones prioritarias de cooperación son los países de procedencia de los inmigrantes que llegan hasta nuestras costas».

Por su parte, el Comité de las Regiones subrayó que «la Unión Europea tiene que dar más apoyo a las ciudades, regiones y países fronterizos situados en primera línea en la gestión de la migración, y mostró su preocupación por los retos que afrontan las islas y las regiones costeras del Mediterráneo, como es el caso de la Región de Murcia, por lo que se pidió una mayor inversión y responsabilidad compartida europea».

La asamblea del CdR pidió que los entes regionales y locales participen en todas las fases de la elaboración y ejecución de las políticas migratorias de la UE, habida cuenta de su papel en el cuidado de los recién llegados y después en su integración.

Además de solicitar más financiación, formación y apoyo técnico para las ciudades y regiones, el Comité Europeo de las Regiones propuso que la UE examine la posibilidad de traspasar las competencias para la tramitación de las solicitudes de concesión de asilo desde el nivel nacional al nivel de la Unión.