El PSOE apoya las reclamaciones de los policías locales
M. Rajoy excluye al 99% de los jóvenes malagueños con su Plan Estatal de Vivienda
La secretaria general de Juventudes Socialistas de Málaga, Ana Villarejo, ha denunciado esta mañana que tan solo 214 jóvenes menores de 30 años podrían acogerse según los requisitos al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 recientemente aprobado por el Gobierno de M. Rajoy, «excluyendo con ello al 99,91% de los 238.000 jóvenes de la provincia», ha lamentado. Villarejo, que ha estado acompañada por el secretario de Vivienda y Ordenación del Territorio del PSOE de Málaga, Rafael Granados, ha criticado que la juventud de la provincia esté sufriendo «la mala gestión de las políticas para los menores de 30 años en cada decisión que toma, quiere complicarnos nuestro futuro recortando en todas las materias de derechos que un día avanzamos con un gobierno socialista».
Así, a medidas llevadas a cabo por el Gobierno central del PP como la eliminación de la Renta Mínima de Emancipación, las dificultades impuestas a aquellos jóvenes que quieren estudiar una carrera universitaria o la precarización que ha conllevado la reforma laboral, se suma ahora la imposibilidad de adquirir o alquilar una vivienda. «Estamos perdiendo una oportunidad clave, es una auténtica tomadura de pelo el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para los menores de 35 años», ha dicho la dirigente socialista, que ha recordado que la medida aprobada la pasada semana en el Consejo de Ministros solo permite beneficiarse a aquellas personas que quieran residir en municipios menores de 5.000 habitantes. «No sabemos si Rajoy desconoce que el 90% de los y las jóvenes de Andalucía viven en municipios mayores a ese límite, en municipios medianos y grandes», ha lamentado.
Para Villarejo, una vez más, «el PP demuestra que no apuesta por la igualdad de oportunidades para la juventud», ha afirmado, mientras que el Plan Estatal de Vivienda tampoco contempla otras medidas como la autopromoción en los municipios pequeños. «Es hora de que el PP se acerque de verdad a los jóvenes y que escuche sus demandas, somos la generación mejor preparada de este país y necesitamos un proyecto político más justo como hace el Gobierno de Susana Díaz en Andalucía con apuestas como el plan de empleo joven», ha concluido.
Por su parte, Rafael Granados ha dicho que el Plan Estatal de Vivienda del Gobierno de Rajoy llega «a destiempo, sin sensibilidad y que no viene a solucionar absolutamente nada tanto en la adquisición de vivienda como en el alquiler para los y las jóvenes». «Dejan fuera a más del 90% de los jóvenes de Andalucía y de Málaga, es una estrategia completamente opuesta a la que lleva a cabo la Junta con el PSOE al frente», ha añadido.
Granados ha detallado que, solo en este año, en el Plan Anual de Vivienda del Gobierno de Susana Díaz hay presupuestados casi 70 millones de euros para fomentar el alquiler y la rehabilitación de viviendas, con más de 26.000 actuaciones previstas, y políticas para generar 1.612 viviendas de las que 931 son de protección oficial, con actuaciones valoradas en 23 millones de euros en 194 promociones
En lo que va de legislatura, las actuaciones del Ejecutivo autonómico superan los 35 millones de euros con 446 viviendas. En Andalucía, el PSOE está manteniendo y mejorando las políticas de vivienda en comparación a otros territorios, ese mismo compromiso lo tendría que tener el Gobierno de Rajoy. «El PP tiene que hacer políticas para todos, no solo para aquellos que tienen alto poder adquisitivo, son dos formas de gobernar completamente diferente a las que llevamos a cabo los y las socialistas», ha concluido.
La Junta destina 35 millones para proyectos de I+D+i de las universidades
La Consejería de Economía y Conocimiento y las universidades públicas andaluzas han puesto en marcha una nueva convocatoria pública de ayudas a proyectos de I+D+i dotadas con un total de 35,8 millones de euros financiados en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. El anuncio previo de estas convocatorias, en régimen de concurrencia competitiva, está siendo publicado de forma progresiva en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) por parte de las respectivas universidades públicas, que son las que gestionarán las ayudas, con la colaboración de la Agencia Andaluza del Conocimiento, que realizará las evaluaciones de los proyectos.
En este sentido, el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha destacado que este cambio en la gestión de la convocatoria «permitirá ahorrar burocracia, al haber transferido el Gobierno andaluz los fondos a las universidades, agilizando el procedimiento y las justificaciones ante la UE». Con ello, ha añadido, «se cumple uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno andaluz con los investigadores cuando se inició el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2020». Los importes correspondientes a cada universidad han sido determinados de acuerdo con los criterios establecidos para la distribución de la financiación operativa de las universidades públicas andaluzas, cuya propuesta se sometió a la consideración del Consejo Andaluz de Universidades, siendo informada favorablemente.
De este modo, en esta convocatoria se destina un total de 35,8 millones de euros, de los cuales 3,52 corresponden a la Universidad de Almería; 6,21 millones a la Universidad de Cádiz; 5,43 millones a la Universidad de Córdoba; 15,17 millones a la de Granada; 3,38 millones a la de Huelva; 4,43 millones a la de Jaén; 10,67 millones a la de Málaga; 18,12 a la Universidad de Sevilla, y 3,02 a la Pablo de Olavide. En concreto, las convocatorias corresponden a lo previsto en tres de las categorías que contempla la línea 1 del programa de ayudas a la I+D en el ámbito del PAIDI 2020, que tendrán un presupuesto de 70 millones de euros hasta 2021, y que en esta primera fase las universidades han decidido dotarla en función de sus estrategias científicas.
Estas tres categorías son proyectos de fomento y generación de conocimiento frontera, destinados a impulsar el desarrollo experimental y de tecnologías emergentes, en especial aquellas con impacto industrial; proyectos de conocimiento orientado a los retos de la sociedad andaluza, que aporten avances en los ámbitos de especialización inteligente (RIS3), y proyectos para el fomento de la participación en el Programa Marco europeo Horizonte 2020, en particular aquellos que impliquen la participación en redes internacionales y en programas de gran prestigio como el financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC).
Para cada categoría se establecen dos modalidades. Una primera, que financiará proyectos de investigación aplicada de carácter general en las condiciones previstas y cuyo desarrollo será durante un máximo de dos años. A ella se añade una modalidad ‘puente’, de un año de duración, cuyo objetivo será ofrecer a los científicos andaluces la oportunidad de mejorar aspectos de sus propuestas para la obtención de proyectos financiados, esta vez, a nivel nacional o europeo.
A la convocatoria de ayudas, cuyo plazo estará abierto hasta el 15 de mayo, podrán concurrir investigadores pertenecientes a cualquiera de las universidades públicas andaluzas, aunque con algunas novedades. Las bases reguladoras abren la puerta a que investigadores doctores no vinculados a estas instituciones actualmente puedan solicitar proyectos, con el objeto de favorecer el retorno de científicos andaluces. Por otro lado, se permite la solicitud conjunta bien con grupos de investigación de otra universidad andaluza o agente público del Sistema Andaluz del Conocimiento (por ejemplo, centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas), bien con una empresa, en cuyo caso esta deberá asumir el 15% de la financiación concedida.
Esta convocatorias de proyectos de I+D supone un nuevo paso en el despliegue del PAIDI 2020. Durante el pasado año comenzaron ya a aplicarse lo previsto en este plan, con la novedad de dotar a la financiación a la investigación universitaria de una nueva estructura. Así, la estructura del presupuesto universitario cuenta desde el pasado año con una financiación básica de investigación, que en 2018 repite su dotación, que alcanza los 71,2 millones de euros. Esta partida contempla aspectos como las ayudas para el funcionamiento de los grupos de investigación, una aportación a los planes propios de investigación o el programa de capacitación de jóvenes en I+D, bajo el cual ya se han incorporado a las universidades más de 2.300 personas y que continuará este año con nuevos contratos.
Esta dotación se ha visto reforzada con los planes de excelencia universitaria, que contempla ayudas por valor de 13,7 millones de euros para la captación y retención del talento en grado, máster y doctorado, el acceso a infraestructuras científicas internacionales, la innovación en el contexto de la actividad investigadora, el apoyo a los Campus de Excelencia Internacional o a las editoriales universitarias.
En la parte competitiva, el programa de ayudas a la I+D en el ámbito del PAIDI ya se puso en marcha en 2017 con la revisión y convocatoria del programa Talentia, en su línea Máster, y con convocatorias por valor de 36 millones de euros para mejora y adquisición de infraestructuras científicas, fortalecimiento de la excelencia para los candidatos a los sellos Severo Ochoa y María de Maeztu, así como ayudas a la transferencia tecnológica. El PAIDI recoge un marco estable y de futuro a la política científica de Andalucía, alineándola con los programas europeos (Horizonte 2020) e integrando las prioridades marcadas en la estrategia andaluza de especialización inteligente (RIS3) y en la Agenda por el Empleo.
El Plan tiene como misión convertir el Sistema Andaluz del Conocimiento en motor de progreso, cohesión social, competitividad y creación empleo, capaz de impulsar en la comunidad un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Todo ello con el fin último de atender a los retos sociales, para lo cual es necesario seguir consolidando un ecosistema científico competitivo, basado en la calidad y la proyección internacional, y capaz de tender puentes entre la investigación y la innovación.
Podemos exige al PP que deje de mentir con respecto al AVE de Murcia
El diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, ha manifestado que “las informaciones a nivel nacional con las que hoy nos hemos desayunado revelan una vez más la forma chapucera con la que se intenta vender que el AVE llegue a Murcia en 2019 con el único objetivo de conseguir una fotografía de campaña, a costa del interés de la ciudadanía, a costa de desvertebrar una ciudad, y desde hoy sabemos que a costa de la verdad”.
Andrés Pedreño ha explicado que hoy sabemos que ADIF reconoce que la Declaración de Impacto Ambiental (imprescindible para la obra) está caducada, por tanto ¿cómo van a licitar los siguientes pasos del soterramiento y bajo qué Declaración de Impacto medioambiental?
Además, Pedreño se ha preguntado: “¿Cómo es que el Consejero de Fomento en la Región de Murcia no sabía que la Declaración de Impacto Ambiental estaba caducada? Y ha añadido que hemos de tener en cuenta, que “si la vía por la que está previsto que llegue el AVE a Murcia, es un vía nueva como indican la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, tiene que tener una Declaración de Impacto Ambiental propia, si no es una vía nueva, entonces es sustitución de la existente y no puede llegar el AVE en el tiempo que nos están diciendo desde el Gobierno Regional que va a inaugurarse”. “Nos encontramos en un callejón sin salida -según Pedreño-, que nos muestra una vez más cómo hace el Gobierno regional la política de infraestructuras: de forma chapucera, delirante, desconectada de la realidad de la ciudadanía y mintiendo”.
Pedreño ha subrayado que esta situación de opacidad y falsedad en el proceso administrativo se da mientras los vecinos tienen que ver diariamente como la policía rodea su barrio con armas, como se levanta una pasarela ante sus ojos, y como son multados por comer pipas, algo propio de las creaciones de Valle Inclán “el más crudo de los esperpentos”.
Finalmente, desde Podemos Región de Murcia, se ha pedido que se depuren responsabilidades de forma inmediata y urgente, y por ello han instado al Gobierno central y al regional, del PP, que dejen de mentir y subestimar a la ciudadanía de la Región de Murcia, y tomen medidas inmediatas para que los responsables de este esperpento no continúen estafando a los ciudadanos.
Jordi Turull pide que se mantenga el pleno del Parlament
Jordi Turull, minutos antes de salir en los furgones para la prisión, ha pedido a su abogado, Jordi Pina, que “se dirija a todos los diputados del Parlament para delegar el voto” y que se celebre el pleno previsto para mañana en el que se volvía a votar para su investidura,“por cuestiones de dignidad” pide el abogado, en nombre de Turull, que se mantenga el pleno.
Sin embargo, Ciutadans se suma al PP y ambos grupos piden que se suspenda el pleno de mañana.
“El señor Torrent debe proponer ya un candidato que no tenga graves cargas judiciales”
Carlos Carrizosa, en ese sentido, ha dado una rueda de prensa desde el Parlament para insistir que ya ayer se pidió que se suspendiera el pleno “porque se vio el afán de interferir en la acción de la Justicia”.
Una vez desconvocado el pleno, según Carrizosa, “el señor Torrent debe proponer ya un candidato que no tenga graves cargas judiciales sobre sus espaldas”. Y recuerda que ha propuestas a un fugado, a un preso y al señor Turull “en prisión hoy también”
Importantes movilizaciones en Cataluña
Concentraciones y movilizaciones se empiezan ya ha producir en Barcelona, donde incluso algunos grupos han quemado fotos del Rey tras conocer el envío a prisión de los cinco procesados hoy por Llaneras.
Los Comités de Defensa de la República han convocado este viernes a las 7 de la tarde una manifestación en los Jardinets de Gràcia de Barcelona, tras la noticia de la entrada del candidato Turull y el resto de diputados y exconseller.
La Asamblea Nacional Catalana ha convocado además para mañana una protesta a las 8, bajo el lema “sí a la república y al gobierno legítimo” en Barcelona, donde se espera una multitudinaria manifestación desde la Plaza de Cataluña.
Por su parte, Carme Forcadell, ex president del Parlament, a través de un tuit ha llamado a la tranquilidad consciente de que “hoy fisicamente estaré encarcelada en la prisión”. Además, la política de ERC manda también un mensaje “estoy tranquila y con la cabeza muy alta, hoy nos encarcelan fisicamente, pero no pueden cerrar nuestras ideas”.ç
Forcadell hace una llamada a la unidad del soberanismo: “si lloráis, apegaos, amaos y, sobre todo, después levantaos y continuad más unidos y más fuertes. Saldremos”.
Consciència tranquil·la i cap molt alt. Avui ens empresonen físicament a la presó, però no poden tancar les nostres idees. Si ploreu, abraceu-vos, estimeu-vos i, sobretot, després, aixequeu-vos i continueu més units i més forts. Ens en sortirem.💪
— Carme Forcadell (@ForcadellCarme) March 23, 2018
El Supremo envía sin piedad a prisión a los cinco procesados
El juez Llarena del Tribunal Supremo manda a prisión a los cinco políticos catalanes, Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forcadell procesados por malversación y rebelión. El magistrado ha dictado prisión incondicional y los procesados serán enviados a las cárceles madrileñas de Estremera y Alcalá Meco.
La noticia ha sido un auténtico mazazo para el bloque soberanista en general, y muy especialmente para los cinco procesados y sus familias, que esperaban a las puertas del supremo, con la esperanza de volver con ellos a Cataluña.
La noticia ha sido un autentico mazazo
Las propias familias, con ojos llenos de lágrimas, en una tarde fría de Madrid, miraban a los ojos los periodistas esperando no encontrar la confirmación de lo inevitable.
Pablo Llarena considera que existe riesgo de fuga y de reiteración del delito. El magistrado hace hincapié «en la concurrencia con otra pluralidad de factores». E insiste en «el claro desprecio de los procesados al acatamiento de las decisiones de la autoridad judicial, las cuales se han desatendido de manera sistemática durante los últimos años».
Rull: “Hoy solo usted tiene el poder de decidir si veo crecer a mis hijos”
El diputado de Junts per Catalunya, Josep Rull, durante su intervención ante el magistrado del Tribunal Supremo, le ha dicho al Juez, que tiene dos hijos y que de él dependía si les veía crecer.
Rull tampoco ha dudado en confirmar con rotundidad ante Llarena “les habré dejado la dignidad al haber defendido unas ideas legítimas y de haberlo hecho pacíficamente”. Turull: “he defendido pacíficamente la democracia y la dignidad de Cataluña”.
Turull: “he defendido pacíficamente la democracia y la dignidad de Cataluña”
Por su parte Jordi Turull, en un comunicado emito justo después de conocer su encarcelamiento ha apelado a “defender pacíficamente la democracia y la dignidad de Catalunya y asegura que su encarcelamiento que su encarcelamiento se debe a haber sido leal al mandato de los que me escogieron como representante del pueblo de Catalunya, al presidente, al Govern y al Parlament”.
Turull hace un llamamiento “al conjunto del independentismo a dedicar todas las energías a defender pacíficamente la democracia y la dignidad de Catalunya” y recalca que tiene “toda la confianza y esperanza en el pueblo de Catalunya porque no ha fallado nunca y ahora tampoco lo hará”.
Això us volia tornar a dir, amb el cap ben alt i podent mirar als ulls de tothom pic.twitter.com/8oMRxfR5ZU
— Jordi Turull i Negre (@jorditurull) March 23, 2018
Vía penal contra el Santander: la única que garantizará que los afectados del Popular recuperen su dinero
Diario16 lleva informando acerca del Caso Banco Popular desde hace más de un año y, desde el mismo momento en que se empezaron a presentar los recursos contencioso-administrativos tanto en los tribunales españoles como en los europeos y las primeras querellas contra el Banco Popular y sus diferentes cúpulas, este medio ha insistido siempre en que la mejor vía para lograr que las más de 305.000 familias arruinadas tras la intervención y la posterior venta por un euro al Santander era la penal, ya fuera para lograr soluciones extrajudiciales, tal y como ha instado el Defensor del Pueblo, ya sea para depurar responsabilidades por esta presunta estafa que trajeran como consecuencia principal una indemnización justa para quienes lo perdieron todo en la madrugada del 7 de junio.
Esta percepción de que la vía penal era la más efectiva respecto al resto, por supuesto sin desdeñarlas, ya que no son excluyentes las unas de las otras, la fuimos confirmando a través del acceso a los diferentes documentos que hemos ido publicando y los que aún no hemos hecho públicos, una documentación que fue entregada por Diario16 a la Audiencia Nacional y que, meses más tarde, fue incorporada por el juez Fernando Andreu a todas las causas del Caso Banco Popular a instancias del Fiscal Anticorrupción. En breve volveremos a entregar otra serie de documentos, sobre todo teniendo en cuenta cómo desde el Santander y diferentes organismos oficiales se está negando a la Justicia acceso a una documentación que obra en nuestro poder con la excusa de la Confidencialidad. Esa documentación, por ejemplo, ha servido para que un bufete de Barcelona haya solicitado al juez Fernando Andreu un estudio pericial de la firma de Emilio Saracho en la carta enviada a Danielle Nouy declarando la inviabilidad del Popular (likely to fail) por las sospechas de que pudiera haber sido falsificada, algo que ya hemos explicado en diferentes artículos de Diario16.
Tal y como informamos en Diario16 el pasado lunes, el bufete sevillano Sanguino Abogados amplió su denuncia penal al Banco de Santander. Realmente este bufete, al igual que otros, va por el camino que puede ser más efectivo ya que, en primer lugar, el principal responsable, presuntamente, es el Banco de Santander porque es quien se ha beneficiado de toda la operación y de la ruina de más de 305.000 familias a través de un presunto enriquecimiento ilícito, tal y como ya denunció un bufete madrileño que tampoco tiene ningún conflicto de interés con el banco cántabro; en segundo lugar, buscar una responsabilidad contra las antiguas cúpulas del Popular no es la solución para los afectados puesto que sumando todos los patrimonios de los demandados, principalmente los de Saracho y Ron, sólo podrían hacer frente a un porcentaje irrisorio del valor a indemnizar, por tanto, sólo el Santander tendría capacidad para ello; en tercer lugar, buscar una responsabilidad en la ampliación de capital es muy complicado puesto que las cuentas del Popular no sólo estuvieron auditadas por PwC sino por otras tres empresas que llegaron a las mismas conclusiones que la auditoría de Price Waterhouse Cooper; en cuarto lugar, las vías civil, contencioso-administrativa y europea, aunque pudieran parecer las más rápidas, serían mucho mas lentas que la penal por el recorrido por las diferentes instancias judiciales que deberían recorrer las demandas, todo ello sin contar de que el coste para los afectados sería mucho mayor; en quinto lugar, la vía mercantil a través del concurso necesario es, tal vez, la más rápida, sin embargo, y según nos confirman distintas fuentes jurídicas especializadas, se pueden topar con una oposición institucional muy grande ya que ahí entraría el Fondo de Compensación de Depósitos por una cuantía superior a los 60.000 millones de euros de la que tendría que hacer frente el Estado. Por tanto, el único camino posible para lograr una solución extrajudicial justa, no los bonos de fidelización que ofertó y que contenían cláusulas que podrían llegar a declararse como abusivas, además de ser excluyente porque sólo se ofrecía a los que hubieran acudido a la ampliación de 2.016, y provocar que el Santander se pliegue a negociar con las 305.000 familias arruinadas es la penal.
La fundamental de este caso es que el Santander asuma su responsabilidad para con las familias afectadas y les pague un precio justo. ¿En qué cifras nos moveríamos? El capital bursátil del Popular el «Día R» era de 1.288 millones de euros, a la que sumándole la valoración total de la entidad sumándole los fondos propios y los bonos estaríamos en un valor de 14.065 millones de euros. Por tanto, sobre esa cantidad es sobre la que debería tomarse la referencia para establecer el montante a pagar a los afectados. En este caso, estaríamos hablando de que un precio justo por acción sería de 2,27 euros ya que el Santander no se quedó sólo con el capital bursátil por un euro sino que adquirió todo el Banco Popular. Ante esta situación, el Santander está perdiendo una oportunidad de hacer algo ético y que, además, le garantice unos beneficios a medio plazo muy importantes puesto que, una vez abonadas esas cantidades, el negocio del Popular seguirá estando en sus manos, continuará siendo líder en el sector Pyme, dispondrá de activos inmobiliarios para realizar grandes operaciones como la que se cerró con BlackStone y, sobre todo, dispondrá de una base sólida de clientes sobre la que crear una gran entidad que pueda competir de tú a tú con el gigante que se prepara por una cada vez menos hipotética fusión entre BBVA y Bankia. Hoy el Santander anunciará el traspaso de activos inmobiliarios al fondo buitre norteamericano por valor de 30.000 millones. Sobre esos 2.27 euros el Santander tendría que abonar a las familias afectadas un total de 9.257 millones de euros, una cantidad, en principio asumible para un banco de las dimensiones del presidido por Ana Patricia Botín, de la que, incluso, podría llegar a sacar beneficio. ¿Por qué no lo hace? La respuesta puede estar en la necesidad de rédito a corto plazo y no a medio o largo o, incluso, a una posible incapacidad de poder acudir a los mercados para asumir una ampliación de capital con la que afrontar el pago de esas indemnizaciones.
Si se cierra en no ofrecer a los afectados esa solución extrajudicial que reclama, entre otros, el propio Defensor del Pueblo, el Santander estará perdiendo una oportunidad única de hacer algo ético y en beneficio de los ciudadanos. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. ¿Lo hará? Posiblemente, no.















