viernes, 1 mayo, 2026

IU denuncia las artimañas de Cifuentes para volver a presentar la Ley de Universidades

Es cuando menos paradójico que la misma persona que la semana anterior se confundió al votar su propia Ley de universidades del espacio madrileño de educación superior (más conocida por el acrónimo LEMES), esté estos días penando por mostrar de forma inteligible que no ha hecho trampas al aprobar un título de Máster. Esto le pasa a Cristina Cifuentes y esto lo han puesto en negro sobre blanco desde Izquierda Unida de Madrid, aunque la presidenta ya ha emitido un comunicado donde desmiente las informaciones. La propuesta de Podemos fue apoyada por mayoría en el Pleno de la Asamblea de Madrid y la LEMES rechazada. “La Comunidad de Madrid no puede permitirse tener gobernantes al frente que falsifiquen sus currículos, mientras cientos de estudiantes han abandonado sus estudios en Madrid, por no haber podido hacer frente a unas tasas de grado y master abusivas” han manifestado desde la formación de izquierdas madrileña.

Un texto que, como manifiestan en IU, fue trabajado durante meses en colaboración con Izquierda Unida, que presentó 10 enmiendas, CCOO y otras organizaciones políticas y asociaciones universitarias; “y lo que es más importante, contando con la opinión de los colectivos estudiantiles, sin cuya visión y protagonismo una ley de universidad carece de sentido”, en palabras de Jorge Martínez, responsable de MMSS y Movilización Social de IU Madrid.

“Desde Izquierda Unida nos rebelamos contra la incapacidad de Cristina Cifuentes para dirigir la política universitaria madrileña. Seguiremos defendiendo la falta de idoneidad de la LEMES del PP junto con el apoyo inestimable de Ciudadanos” como afirma Mamen Domínguez, responsable de Ciencia y Universidad de Izquierda Unida. Para quien, además, el apoyo de Cs supone un espaldarazo a la financiación por objetivos y los problemas derivados que ello conlleva.

La política neoliberal del Partido Popular y Ciudadanos pretenden diseñar una universidad pública en dos velocidades, dejando atrás a aquellas menos “excelentes, y relegando la docencia en favor de la investigación, necesarias al mismo nivel de calidad en los estudios superiores”. La discriminación es la base de la política del Partido Popular. La prioridad de Izquierda es conseguir la igualdad de oportunidades, para que las hijas de las familias trabajadoras puedan tener expedientes brillantes  basados en el estudio, el aprendizaje, y la formación del espíritu crítico de la universidad pública que queremos.

Sol Sánchez, portavoz de IU Madrid, ha afirmado que “resulta hasta poético que la misma persona que hace trampas para aprobar un Máster universitario, pretenda rehacer una votación para precarizar la Universidad”. En relación a que desde el PP se ha sacado de la manga interpretar el código de la asamblea de Madrid para volver a tramitar la LEMES. Aducen, desde la bancada popular, que al ser una propuesta del Gobierno y del Grupo Parlamentario tienen la capacidad de retrotraerse al comienzo del proceso y volver a rehacer el texto y presentarlo de nuevo. “Desde Izquierda Unida hacemos un llamamiento a la legítima protesta de toda la comunidad universitaria ante los graves hechos de los últimos días que rompen las reglas del juego de la democracia, y desautorizan al gobierno del PP para ser el rector de la política universitaria madrileña” concluyen.

La situación del Mar Menor es un problema de Estado

El diputado regional Antonio Guillamón manifestó que el Grupo Parlamentario Socialista comparte la idea de que la situación del Mar Menor es un problema de Estado, como ha expuesto en la Asamblea el presidente de la Estación Náutica Mar Menor- Cabo de Palos, Luis Cabello.

Esta mañana han comparecido en la Comisión Especial sobre el Mar Menor también el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de La Manga y Cabo de Palos, Diego de Aro; y el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, Jesús Antonio Gómez.

El diputado socialista valoró positivamente sus aportaciones y manifestó que son “muchas las coincidencias en el análisis de la situación y en los problemas medioambientales que afectan a este entorno”. Subrayó que además de la agricultura, hay bastantes más sectores económicos afectados, como la hostelería, el comercio, la pesca, las actividades deportivas, etc.

Durante las comparecencias, también se ha hablado de la falta de coordinación entre administraciones y el Comité Científico, “algo que el PSOE viene denunciando desde hace tiempo”.

Documento conjunto

Por otra parte, los tres grupos parlamentarios, PSOE, Podemos y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía han aportado un documento conjunto con una serie de directrices para remitir al Consejo de Gobierno, a fin de que elabore la Ley Integral del Mar Menor. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado otra propuesta al margen, “porque sigue empecinado en que sea la Asamblea la que elabore la norma, pese a que en una sesión anterior se aprobó que sea el Ejecutivo el que lo lleve a cabo”, concluyó.

“Consideramos un derecho irrenunciable que todas las pensiones mantengan su poder adquisitivo”

José Carlos Baura es uno de los cientos de miles de jubilados que la semana pasada han salido a la calle contra lo que consideran una práctica congelación de las pensiones por parte del Gobierno. El que fuera secretario general del Imserso y responsables de los Programas de Servicios Sociales y Personas Mayores de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social  (OISS), muestra con su compromiso como miembro de la junta directiva nacional de Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDPJE), que esto va en serio, que en las movilizaciones hay pensionistas de todo tipo y condición y que no van a parar hasta conseguir el derecho irrenunciable, como dice la Constitución, “de que todas las pensiones, también las máximas, se actualicen anualmente, como mínimo, de acuerdo con el IPC, para así mantener siempre su poder adquisitivo”. La guerra de los senior ha llegado para quedarse hasta conseguir un derecho de los hombres y mujeres que trajeron el Estado de Derecho a nuestro país.

– ¿Por qué ahora esta marea senior?

Porque la indignación ha ido creciendo, sobretodo con la práctica congelación de todas las pensiones (la subida del 0,25 es prácticamente una congelación, mantenida en el tiempo). Además, consideramos que las pensiones mínimas y las de viudedad deberían subir significativamente, para permitir a esos jubilados llevar una vida digna. Consideramos un derecho irrenunciable, tal y como dice nuestra Constitución, que todas las pensiones, también las máximas, se actualicen anualmente, como mínimo, de acuerdo con el IPC, para así mantener siempre su poder adquisitivo.

– ¿y cuál es el objetivo final de esta movilización?

Estamos asistiendo a un clamor creciente y mayoritario de los pensionistas y de una parte importante de la población de nuestro país, reclamando una revalorización de todas las pensiones de acuerdo con el coste de la vida, así como un sistema público de pensiones que garantice unas pensiones dignas, presentes y futuras.Cuatro cuestiones fundamentales e irrenunciables, que debe blindar claramente la Constitución:

  1. DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
  2. REVALORIZACIÓN DE TODAS LAS PENSIONES EN BASE AL I.P.C.
  3. DEROGACION EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD ACTUAL Y SUSTITUCIÓN DEL IRP

Este factor de sostenibilidad, regulado en la reforma de 2013, a vincular de forma obligatoria la evolución de la esperanza  de vida a la cuantía de las pensiones, conducirá a una rebaja de las pensiones presentes y futuras

4. UN PACTO DE ESTADO QUE GARANTICE LAS PENSIONES PUBLICAS

Hasta donde están dispuestos a llegar?

Hasta conseguir lo que consideramos un derecho irrenunciable. No podemos darnos por vencidos.

“consideramos que las pensiones mínimas y las de viudedad deberían subir significativamente, para permitir a esos jubilados llevar una vida digna”

– Unos y otros hablan de la manipulación a los mayores ¿Se sienten manipulados, han salido por miles a la calle por intereses políticos?

En modo alguno, los pensionistas y los que nos están acompañando, mayoritariamente salimos en defensa de nuestros derechos, presentes y futuros.

Qué perfil tiene el mayor que a salido a la calle contra la subida pensión del 0,25?

Aunque quizá se ha escuchado más a los pensionistas con bajas pensiones, yo creo que el perfil es de todo tipo. La injusticia que no se puede admitir es en las pensiones mínimas y, también en las de mayor cuantía. Las pensiones se han adquirido como un derecho en función de lo cotizado y de los años cotizados. Y todas las pensiones tienen que actualizarse Y esto es lo que escuchamos y vivimos en la calle.

– Estamos viviendo la revolución de los senior? Por qué?

Ante una injusticia inadmisible

– Cual es la pensión media en este país?

Está en torno a los 1.000 euros.

– Vive peor un pensionista medio español que un europeo?

Yo creo que sí. Y, sobre todo, con la crisis, teniendo que ayudar de manera significativa a hijos y nietos en muchos casos.

– Rafael Hernando ha criticado las manifestaciones de los jubilados. Que le diría?

Sin palabras. No se puede tratar de ignorar la realidad y mirar para otro lado. Hay mucho que hacer para reducir muy significativamente el gasto público y no en recortar las pensiones. Es indignante.

– Ya se congelaron las pensiones en el 2011 con Rodriguez Zapatero. Que es mas grave ahora para este impulso de las movilizaciones?

Es la gota que colma el vaso. Lo de Zapatero estuvo muy mal. Y lo de ahora también; y un problema añadido que genera mucha preocupación es el carácter previsiblemente indefinido en el tiempo, que nos garantiza un empobrecimiento progresivo de todos los pensionistas, presentes y futuros.

 – Que medidas inmediatas reclaman? 

Derogación inmediata de las subidas del 0,25 y recuperar las subidas con el IPC, tal como estaba por acuerdo unánime en el Pacto de Toledo, que el gobierno del PP, unilateralmente modificó.

García Page defiende el Tajo y exige que el Levante use desalinizadoras

La paciencia de los castellano-manchegos con respecto al agua del Tajo se acabó hace tiempo. La del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, un poco menos, pero ya ha se ha colmado y más después de ver cómo desde el gobierno de M. Rajoy, la ministra García Tejerina esquilmó los pantanos de la región para dar agua al Levante español. El presidente del Gobierno regional se ha declarado “anti-trasvasista” pero ha defendido que, “si en España se quiere ser trasvasista y se vota eso”, se deben tener en cuenta “todos los ríos”, al tiempo que ha lamentado que, por el contrario, “sólo se habla de un río”, de “la España seca” en la que “también necesitamos agua”.

Al inaugurar un conjunto de Depuradoras ya advirtió que el gobierno del PP “está esperando a que llegue la Semana Santa” para realizar una nueva derivación de agua desde la cabecera del Tajo hacia Levante, como viene ocurriendo en años pasados por estas mismas fechas. De esta manera, lamentó, se llevarán “las primeras cuatro gotas que estén por encima de los 400 hectómetros”, al tiempo que se ha preguntado qué pasará cuando llegue el verano y, con ello, las restricciones de agua en la región. “Estamos en la obligación de hacer que se mantengan las reservas y las previsiones de cara al futuro también en Castilla-La Mancha”, ha asegurado García Page, antes de criticar el excesivo “nivel de dependencia del cielo” que existe en Murcia y Levante, cuando lo lógico sería usar al máximo rendimiento las desalinizadoras “y no al 30 por ciento”, como ocurre en algunos casos.

Esta situación ha provocado que, a causa de los 23 trasvases aprobados entre junio de 2015 y mayo de 2017, la sequía de los últimos años y tras cuatro décadas continuas de derivaciones en las que se han llegado a trasvasar más de 12,7 billones de litros de agua para el consumo humano, los regadíos y la industria turística de las regiones del Levante, el Tajo se encuentre en las condiciones en las que se encuentra, hasta con problemas de cierta salubridad por las algas. “Esto es lo que no queremos: un Tajo muerto desde su cabecera”, ha subrayado el presidente de Castilla-La Mancha

Y el caso de las desalinizadoras es el tema que ha querido remarcar el presidente castellano manchego. Así, ha recordado cómo, en los últimos meses y tras el cierre de esta infraestructura, tanto la población como los cultivos de regadío de las regiones del Levante han estado abasteciéndose de agua desalinizada. Sin embargo, ha lamentado que, a pesar de su contrastada utilidad, aún haya desalinizadoras que no han alcanzado su máxima productividad. En este sentido, se ha referido a las infraestructuras de Torrevieja (Alicante) y Carboneras (Almería), desalinizadoras que, al cien por cien de su capacidad, harían innecesario seguir perjudicando a los intereses de los municipios ribereños de Guadalajara, al río Tajo y al conjunto de Castilla-La Mancha en general.

García-Page ha calificado de “absolutamente intolerable” que el agua que se trasvasa desde los embalses de la cabecera del Tajo “valga menos” en Lorca (Murcia), localidad receptora, que en Sacedón, donde se encuentra el embalse de Entrepeñas. Finalmente, ha pedido que en Levante se tenga en cuenta la “sobreexplotación permanente” que siempre ha tenido el río Tajo y ha considerado que, un acuerdo importante en España, sería aquél en que todos los partidos se comprometan a aplicar la legislación europea. De cualquier manera, se ha considerado esperanzado porque esta “batalla” a medio y largo plazo “está ganada”, ya que la sostenibilidad del planeta y las directrices europeas “van por este camino” y es evidente que el trasvase Tajo-Segura “no tira”.

Por último, no ha querido García Page deslindarse de un acuerdo, donde la posición del pueblo castellano manchego sería clara. Si hay un planteamiento de acuerdo sobre agua, ha venido a decir, antes de que se cierre una posición en Madrid, “debe haber una consideración con las Comunidades Autónomas”, porque llegar a un acuerdo sobre agua “que sea humo” es fácil, pero la pretensión de Castilla-La Mancha no son los “acuerdos literarios”, sino que el problema del agua en España “se aborde de fondo”.

El PSOE lamenta que la iniciativa para indultar el poblado de Puntas de Calnegre no salga adelante por el voto en contra del PP

La proposición no de ley para indultar al poblado de Puntas de Calnegre, una iniciativa propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, ha sido debatida en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y no ha sido aprobada por el voto en contra del PP.

Así lo ha indicado la diputada nacional socialista María González Veracruz, quien ha reprochado al Gobierno de Rajoy que siga sin dar solución a este problema, “que tanta incertidumbre está generando a los vecinos de la zona”.

“El PP ha votado en contra a pesar de tener el apoyo del Ayuntamiento de Lorca y de haber votado a favor en la Asamblea Regional”, ha señalado la diputada socialista.

González Veracruz ha insistido en la necesidad de reformar la Ley 2/2013 para incluir a Puntas de Calnegre en el conjunto de poblados de similares características que fueron indultados para no ser demolidos, ya que cumple todos los requisitos.

“Este poblado viene viendo amenazas a su existencia desde hace más de 40 años, generando inquietud e inseguridad a los habitantes y propietarios de este histórico asentamiento, al que hay que dar solución”, ha recordado.

El PSOE ya ha presentado varias iniciativas en este sentido a nivel local, regional y nacional, un trabajo coordinado con los diputados nacionales, el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, y el portavoz del PSOE en Lorca, Diego José Mateos.

PNL Murcia Río

Por otra parte, ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista ha apoyado la iniciativa relacionada con el proyecto Murcia Río propuesta por el PP. “Aunque no hayan aceptado nuestras enmiendas, la apoyamos porque creemos en los proyectos que sean buenos para la Región de Murcia”.

“Pero es un sinsentido que el PP haya llevado esa iniciativa al Congreso, ya que firmó el convenio con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) hace dos años, y en lugar de avanzar y de tenerlo ya preparado, está prácticamente igual”, ha comentado.

“Y para seguir, todos los problemas que hay que no se han resuelto, como el tema de la ampliación de la depuradora Murcia Este y los desperfectos en la Contraparada, que es un Bien de Interés Cultural, y no se han reparado”, ha concluido.

 

Compromís organiza la Semana del recuerdo a las víctimas de la guerra civil y la dictadura

Con el objetivo de conmemorar el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas de la guerra civil y la dictadura, establecido en la nueva Ley de Memoria Democrática y por la Convivencia para el día 28 de marzo, Compromís ha organizado del 23 al 28 de marzo numerosos actos por todo el territorio enmarcados dentro de la primera Semana del recuerdo a las víctimas de la guerra civil y la dictadura.

El acto principal de la semana tendrá lugar el próximo sábado 24 de mayo en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM) de València. La jornada, titulada «Recuperar la Memoria Democrática, un reto de justicia», se dividirá en tres partes y comenzará con la presentación de la nueva Ley de Memoria Histórica a cargo del secretario autonómico de Justicia, Ferrán Puchades. La segunda parte consistirá en una mesa redonda donde se compartirá diferentes experiencias de lucha para recuperar la memoria histórica desde el ámbito municipal, y contará con la participación de las concejalas de Cultura de los ayuntamientos de Valencia y Castellón, Gloria Tello y Verónica Ruiz, y la concejala de Alicante, María José Espuch. Por último, habrá una mesa de debate donde se analizarán las acciones y los retos de futuro en la recuperación de la Memoria Democrática.

Otros actos a destacar son la conferencia Alicante, ciudad de la memoria a cargo del escritor Miguel Ángel Pérez Oca, que tendrá lugar el próximo martes 27 de marzo en el Palau del Porlalet, y la visita al Refugio 31 de la capital alicantina. Por su parte, Castelló celebrará el día 28 de marzo en la sede de la UGT, la conferencia del Doctor en Historia Contemporánea por la UJI, Vicent Grau, Castelló, una segunda Guernica, así como la presentación del libro «¡Objetivo Levante!» de Carlos Manllech.

Paralelamente, Compromís está presentando mociones en los ayuntamientos para conmemorar el día 28 de marzo y homenajear a las víctimas y personas represaliadas de la guerra civil y la dictadura de cada municipio, con el objetivo de mantener viva su memoria y reivindicar los valores democráticos y la lucha del pueblo valenciano por sus libertades.

Cifuentes desmiente a eldiario.es

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha enviado un comunicado de prensa donde expresa que ha concluido con satisfacción el Master que eldiario.es denunció como falso.

“Ante las informaciones aparecidas hoy, en relación con la existencia de supuestas irregularidades en la tramitación del Máster Universitario de Derecho Público Autonómico, cursado en la Universidad Rey Juan Carlos por Cristina Cifuentes, actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, hay que señalar lo siguiente:

El Rector de esta Universidad; el director del Máster y Catedrático de Derecho Constitucional, y el profesor de la asignatura del Máster “Financiación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales” y Catedrático de Derecho Financiero,  han dado hoy públicamente todo tipo de explicaciones que acreditan que las irregularidades  a las que ha hecho referencia un medio de comunicación, carecen del más mínimo fundamento.

Y, según ha dicho el propio Rector, las tres profesoras que formaban el Tribunal que valoraba el trabajo fin de Máster, han ratificado que este trabajo se defendió ante el mismo, el 2 de julio de 2012, obteniendo la calificación de 7´5. La otra asignatura también obtuvo la calificación de 7´5 puntos, según ha ratificado el profesor que la impartía.

De las declaraciones del Rector y del profesorado, se desprende que la Universidad  cometió un error en la transcripción de las calificaciones al sistema informático en 2012, que se detecta en 2014 en el momento de ir a abonar las tasas de expedición del título, procediéndose a su subsanación.

Según está acreditado documentalmente, Cristina Cifuentes  se matriculó, pagó las correspondientes tasas académicas, y cursó las asignaturas al igual que el resto de las personas que participaban en el Máster.

Teniendo en cuenta que se ha puesto en cuestión que Cristina Cifuentes hubiera cumplido los más elementales requisitos académicos en relación con este Máster, se adjuntan con este comunicado los siguientes documentos:

1-. Matrícula efectuada en el Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos, con la relación de las 13 asignaturas, incluyendo el Trabajo fin de Máster.

2-. Certificado del pago de las tasas de expedición del Título Académico Oficial de Máster.

3.- Certificado Académico Personal, con las calificaciones finales obtenidas en cada una de las materias.

4.- Correo electrónico en el que  D. Pablo Chico, profesor de la asignatura “Financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales”, solicita a la funcionaria Amalia Calonge que se subsane  el error de transcripción de la calificación de Cristina Cifuentes, con fecha 23-10-2014.

5.- Acta del trabajo fin de Máster “”El sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana”, con la calificación de 7´5 puntos, de fecha 2 de julio de 2012, suscrita por las tres componentes del Tribunal: Alicia Pérez de los Mozos (Presidenta); Clara Souto (Vocal); y Cecilia Rosado (Suplente).

Hay que destacar que el error en la transcripción de las calificaciones, como han señalado el rector de la Universidad, el director del Máster, y el profesor de la asignatura en cuestión, afectó a varias personas más, y es una situación que no es inhabitual en el ámbito académico.

Seis profesores universitarios han empeñado su palabra, su prestigio y su carrera profesional de funcionarios públicos para afirmar sin la más mínima duda, que todo el procedimiento académico en relación con el Máster se llevó a cabo de acuerdo con la más absoluta legalidad, y que no hubo irregularidades.

La información relativa a este asunto  constituye una grave acusación, en base a circunstancias que, si se hubiera dado margen para comprobar toda la documentación al respecto, se hubieran podido aclarar.

En este contexto se enmarca la confusión inicial respecto a las  dos asignaturas supuestamente pendientes, que en realidad se habían cursado en el año 2011-2012, junto con el resto de las materias. Al no poderse materializar ayer por la tarde la consulta, ni a la interesada, ni a la propia Universidad, se produjo un error de interpretación, que hoy ha podido aclararse tras acceder al expediente académico.

Las explicaciones están dadas con todo detalle, por parte de las autoridades académicas, y la documentación no deja lugar a dudas respecto a la legalidad y transparencia de todo el procedimiento”.

PSOE e IU exigen al Alcalde “respeto y lealtad institucional” con los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Lorca

Los grupos municipales de PSOE e IU Verdes en el Ayuntamiento de Lorca han denunciado «el lamentable comportamiento» del Alcalde Gil Jódar y, en definitiva, del equipo de Gobierno del Partido Popular, ante lo que consideran «un continuo ejercicio de deslealtad institucional» para con los grupos políticos de la oposición. Ambas formaciones denuncian la marginación sistemática que sufren los partidos de la oposición en lo referente a la invitación a actos protocolarios.

PSOE e IU se refieren a los intentos de la Alcaldía de Lorca de “esconder” la agenda institucional para no invitar y, en definitiva, no hacer partícipes a los grupos de la oposición de la totalidad de los actos municipales en los que deben estar representados los lorquinos a través de los diferentes partidos políticos que conforman el pleno de la corporación municipal.

El Viceportavoz del PSOE, Isidro Abellán lamenta tener que verse en la obligación de recordar a este Alcalde y a sus concejales que “el Ayuntamiento de Lorca, les guste o no, representa a todos los lorquinos a través de los diferentes grupos políticos que conseguimos representación en las últimas elecciones municipales del año 2015”. En este sentido, advierte a Gil Jódar que “con su deslealtad hacia la oposición, es desleal a los lorquinos” pues, además, recuerda que la suma de los votos conseguidos por los partidos de la oposición es superior a los conseguidos por el PP “incluso teniendo en cuenta los ochos votos nulos que consiguieron en los juzgados y que sirvieron para darles la mayoría”.

Desde el PSOE califican este comportamiento de esconder la agenda institucional de “niñería” y consideran que obedece “al nerviosismo con el que el PP está viviendo el poco menos de año y medio que resta hasta las próximas elecciones municipales del año 2019”. Abellán advierte que «Gil Jódar se equivoca si cree que es así como se ganan las elecciones municipales».

El pasado sábado 17 de marzo se celebraba el XXX aniversario de los centros de artesanía de la Región, que en su día fueron inaugurados por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo que dirigía  por el lorquino Francisco Artés Calero y en cuya construcción también participó otro lorquino, Andrés Meca, como Director General, pero según ha confirmado Pedro Sosa, ningún partido de la oposición en Lorca fue invitado a este acto. Por tanto, se pregunta, “¿Qué estarán pensando los artesanos cuando vean que no reciben el apoyo de todos los grupos políticos?”.

Para Sosa se trata de un “caso deliberado de oscurantismo”, tanto de la Consejería competente, que invita a los de su partido y a los medios de comunicación, como del ayuntamiento de Lorca, siendo el Alcalde Fulgencio Gil, el principal responsable y no los funcionarios subordinados del Servicio de Protocolo, por lo que le recuerda al Sr. Gil, “que este Ayuntamiento no es el cortijo del Partido Popular y aquí debemos tener representación todos”.

Hay más ejemplos similares de ocultación de actos institucionales, ha relatado Sosa, como cuando el Delegado del Gobierno en la Región, Francisco Bernabé, viene a ver “sus obras”, como las del Palacio de Justicia o la rehabilitación de las Iglesias de los Barrios Altos, invitando sólo a los suyos, “como si el dinero fuese sólo de ellos y los demás no tuviésemos derecho a conocer su  desarrollo”. 

La Junta de Andalucía pide que la reducción pesquera sea rentable

La reducción del esfuerzo pesquero en el Mediterráneo ha de garantizar «en todo momento» la rentabilidad de la flota. Así de rotundo ha querido valorar el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, la propuesta de reglamento de la Comisión Europea (CE) para la conservación del caladero que, a su juicio, «cruza esta línea roja» con una «disminución demasiado drástica y sustancial» y que, por tanto, «no puede ser aceptada» por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. «Tenemos que establecer mecanismos que conduzcan a la recuperación de los recursos y nos acerquen a los rendimientos máximos sostenibles, pero siempre dentro del equilibrio económico y social», ha remarcado Sánchez Haro.

El consejero, que defiende que la limitación para 2018 ha de fijarse, al menos, en 210 días de pesca para cada una de las 92 embarcaciones de arrastre andaluzas que faenan en el Mediterráneo, reclama que este tope «nunca» ha de situarse en los años siguientes, en los que el Gobierno central pretende instaurar sucesivos descensos del 10% hasta 2020, por debajo de una media de 190 días, en la medida en que, a partir de esa cifra se empezaría a comprometer «muy seriamente» la viabilidad de la actividad debido al descenso de los ingresos anuales que ocasionaría al sector. «En cada zona de gestión pesquera debe contemplarse, en definitiva, un número mínimo de jornadas de faena a partir del cual no sea posible aplicar los porcentajes de reducción, acorde con la sostenibilidad de la especie, pero también con la económica y social para evitar así unos efectos que podrían ser irreversibles para la flota», ha insistido el consejero.

Andalucía, en este sentido, «consciente de la delicada situación de las poblaciones de peces explotadas en el caladero», como lo demuestra, según Rodrigo Sánchez, el «empeño mostrado en los últimos años» por favorecer su regeneración, incluso con el desguace de hasta 69 buques de arrastre, pide que la aplicación del porcentaje de reducción para los años 2019 y 2020 tenga en cuenta el esfuerzo real acometido en el año anterior. Se trata, ha continuado el titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de que los días no utilizados, «perfectamente comprobables» a través de las cajas azules y verdes, «computen y bonifiquen» para el siguiente, de modo que «si la flota en su conjunto no hace uso, por ejemplo, del 8% de sus posibilidades en 2018 sólo sufra un descenso del 2, y no del 10%, en 2019».

Rodrigo Sánchez Haro, que sí ve positiva la apuesta por el enfoque de la regionalización, no entiende, en este punto, la razón por la que se opta por esa reducción anual del 10% para todas las especies y para todas las zonas de gestión pesquera, ya que «las medidas de gestión, lejos del establecimiento de una regla general, deben ser diferentes y adecuadas a la situación de los recursos en cada área concreta». En la misma línea, ha manifestado que «lo más justo es que la gestión del esfuerzo pesquero se realice en función de las zonas geográficas marcadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el Mediterráneo (las denominadas GSA) y por días globales de pesca por modalidad y no por segmentos de flota».

En esta línea, Rodrigo Sánchez ha lamentado que el Ejecutivo de Rajoy no haya defendido «con la fuerza necesaria» en el Consejo de Ministros de Pesca el plan andaluz de gestión del Mediterráneo, «elaborado y consensuado» por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y el sector a lo largo de dos años de trabajo. Este silencio «se hace más grave aún», desde la óptica del responsable del Gobierno andaluz, ante la «amenaza» por parte de Bruselas de imponer de manera directa, «por actos delegados», un sistema de Totales Admisibles de Capturas (TAC), así como zonas de veda para la pesca o modificaciones sobre las artes de pesca, si no se alcanza el objetivo del rendimiento máximo sostenible en 2020.

Para el dirigente socialista, el sector «difícilmente podría soportar» la incorporación de un TAC tras el sacrificio de una reducción del esfuerzo pesquero. Esto, además, ha proseguido, implicaría un posterior reparto de cuotas por Estados miembro en función de estabilidad relativa (basado en los históricos de capturas de cada país en cada stock), «un mecanismo aplicado en aguas europeas del Atlántico, pero que nunca se ha llevado a cabo en las del Mediterráneo». En este punto, ha recordado que este caladero es «común a terceros países no europeos, con los que compartimos poblaciones de peces, pero que realizan su actividad según sus propias normas internas y no de acuerdo al acervo comunitario».

Podemos y PSOE piden la dimisión de Cifuentes si no demuestra la no falsificación

El escándalo ha sacudido de nuevo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En esta ocasión se debe a la exclusiva de eldiario.es respecto al posible fraude cometido con las notas del Master realizado por la dirigente popular. Según apunta la información de Raquel Ejerique, aparecían las notas de la asignatura “La financiación de la comunidades autonómicas” y el “Trabajo fin de Máster” como no presentadas. En 2014 esas asignaturas serían cambiadas a Notable, a indicación de un profesor no reconocido, por la funcionaria Amalia Calonge. No consta que se haya matriculado de nuevo en las asignaturas (requisito ineludible), ni consta el examen de la tesina de fin de Máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

Antes esta información los partidos de izquierdas han expresado su sorpresa y han solicitado la dimisión de la presidenta madrileña si no demuestra el error de la publicación. Ramón Espinar, secretario general del Podemos, ha manifestado que “quien lleva del orden de un año, desde que apareció el informe de la UCO sobre la cafetería de la Asamblea de Madrid, tratando de desmentir semana sí, semana no, si es o no corrupta […] va a tener muy difícil desmentirlas con credibilidad”. Es más, añade el dirigente morado, que todo esto no hace más que añadirse a los esfuerzos que no está dedicando Cifuentes a gobernar en favor de los madrileños y madrileñas y sí a “estar deshaciendo denuncias de corrupción día tras día”. No se ve que el PP de Cifuentes sea un nuevo PP, sino que sigue siendo el viejo y corrupto. “La señora Cifuentes se tiene que marchar” ha afirmado con contundencia Espinar. Íñigo Errejón, presumible candidato de la formación morada a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha manifestado que “es extraordinariamente grave” y que por “mucho menos, en Alemania dimitió un ministro”.

Por su parte, desde el PSOE, su portavoz Ángel Gabilondo ha afirmado que Cifuentes debe dar una “aclaración explícita, verosímil y convincente de lo sucedido”. Si no lo hiciese, lo cual es sencillo de demostrar, “afectaría, a la credibilidad y honorabilidad de la presidenta Cifuentes”. El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha manifestado que de ser cierta la información  y la manipulación de las notas “supondría una falta de crédito irreparable. En otros países supondría la dimisión inmediata”. Rafael Simancas, también ha querido terciar en la polémica, afirmando en un tuit que Cifuentes debe dar “explicaciones clara y rápidas” ante una “acusación muy grave”.

En Ciudadanos quieren esperar a ver si Cifuentes demuestra o no estar en posesión “legal” del título para ofrecer aclaraciones. Sin embargo, desde la izquierda ya les han conminado a actuar ya que son los que mantienen al PP en el poder. Espinar ha pedido a la formación naranja que “haga valer su acuerdo con Cifuentes y en los próximos días haya cambios en la presidencia de la Comunidad de Madrid”. Desde el PSOE ha sido el secretario de Formación madrileño, Pancho Linde, quien ha expresado: “Entendemos que Ignacio Aguado y Begoña Villacís pedirán la dimisión de Cristina Cifuentes y si no la consiguen la someterán a una moción de censura. Ciudadanos hoy os retratáis”.

Desde el gobierno regional Ángel Garrido ha asegurado que quedará aclarada la polémica que se ha generado porque “desde la Puerta del Sol (sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid) han solicitado ya a la universidad el expediente completo”. Pero es obvio que el expediente, según la información, estaría falsificado y carece de validez si no se aportan otras pruebas. En primer lugar, debe presentar Cifuentes el trabajo (TFM), en forma electrónica y en papel, que dice presentó a examen para obtener el título al finalizar las asignaturas del Máster. Es más, en la propia Universidad Rey Juan Carlos debería constar ese trabajo tanto en formato papel como electrónico. Algo sencillo de comprobar. En segundo lugar, debe existir un acta del examen del trabajo final del Máster donde consten los nombres de los profesores que realizaron la prueba y la nota adjudicada. O en tercer lugar, la solicitud (o copia) de la petición de realización del examen del TFM. Hay numerosas pruebas objetivas y materiales que permitirían a la presidenta demostrar la falsedad de la información.