miércoles, 29 abril, 2026

El senador Comorera pregunta por Felipe de Borbón y no le contestan

Por alguna circunstancia extraña desde hace dos años el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha decidido no preguntar a la población española por el jefe del Estado, Felipe de Borbón. Algo que sorprende y que ha permitido al senador de En Comú Podem (Unidos Podemos), Joan Comorera, preguntar al Gobierno por esta circunstancia. Una pregunta escrita para que pudiesen leerla con tranquilidad y así exponer de la mejor forma posible una respuesta acorde a esa misteriosa desaparición. Una pregunta sin dobleces pero con una intención clara, conocer la verdad, los porqués de las cosas: “¿Cuáles son los motivos por los que el CIS no pregunta desde hace casi dos años sobre la valoración de la sociedad española sobre la monarquía?”.

Además, fruto de esa curiosidad por algo que es común en cualquier país regido por una monarquía hereditaria y que se cataloga como democracia liberal, Comorera también ha preguntado: “¿Qué criterios se siguen para elegir las preguntas por parte del CIS?” (ver galería adjunta). Conocer la verdad y lo que el Gobierno de M. Rajoy y sus aparatos ideológicos esconden. Nada más y nada menos. Preguntar por la valoración de la monarquía, por el monarca Felipe de Borbón y sobre los porqués de las cuestiones que se plantean a la ciudadanía. Si se pregunta por Pablo Iglesias ¿por qué no hacerlo por el jefe del Estado? ¿Qué hay de malo en ello?

Y el Gobierno ha respondido. Cuestión bien distinta es que la respuesta de algún tipo de aclaración. Lo primero ha sido recordar (ver en la imagen adjunta) que el CIS hace estudios, algo que parece ser ni se preguntaba, ni se desconocía: “Las funciones atribuidas por la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas asigna al CIS la función de realizar estudios que contribuyan al conocimiento científico de la sociedad española, la realización de estudios que contribuyan al conocimiento científico de la realidad social de las diferentes Comunidades Autónomas, la realización de estudios que proporcionen diagnósticos sobre situaciones y asuntos sociales y sirvan de orientación a los poderes públicos en sus iniciativas normativas y ejecutivas, así como otras vinculadas con la creación y mantenimiento de bases de datos en materias de su competencia, la difusión a través de sus publicaciones de los resultados de la actividad científica del organismo, y la colaboración con centros universitarios y de investigación para la realización de proyectos de investigación conjuntos y para la formación de investigadores en ciencias sociales”. Con esto ya conocen todo lo que hace el CIS, pero aún no sabemos por qué han quitado al Borbón de los estudios.

Al menos parece que sí contestan algo, sólo algo, la segunda pregunta: “Dada la gran diversidad de aspectos que suponen estas funciones asignadas al CIS, y los recursos humanos y económicos de los que la institución dispone, se hace lo posible por atender a la realidad social en general y a la española en particular. No obstante lo cual, el CIS incorpora en todos sus barómetros mensuales una pregunta abierta sobre los principales problemas que existen actualmente en España, así como otra pregunta en la que se indaga sobre los problemas que personalmente afectan más al  entrevistado, en las que puede estimarse la valoración que sobre la monarquía tiene la sociedad española”. Vamos que si al encuestado no le preocupa como primera opción el tema de la monarquía pues es problema de esa persona no cuestionarse principalmente por Felipe de Borbón. Con una España hundida en la miseria, evidentemente, lo que más va a preocupar a un ciudadano o una ciudadana es no pasar hambre o tener una pensión digna.

Pero lo curioso es que, derivando el problema al propio entrevistado, como suele hacer el gobierno de M. Rajoy con la ciudadanía, no se resuelve la pregunta principal. Si se ha venido preguntando históricamente por la monarquía ¿por qué desde abril de 2015 ya no? ¿Hay órdenes del jefe del Estado para no salir en las encuestas? ¿Qué se pretende proteger con esa exclusión? ¿Es tabú saber y cuestionar la monarquía en España? ¿Será que sí se pregunta pero se ocultan los datos? Lógicamente es raro que España se haya levantado republicana de un día para otro, pero ocultar la valoración sobre la monarquía y quienes han heredado vía sanguínea los cargos por los que están excesivamente bien pagados deja dudas. ¿Qué pasará para que no ofrezcan los datos?

Los afectados de COATO pasan a la acción

El pasado sábado 17 de febrero, la ASOCIACIÓN NACIONAL DE AFECTADOS DE COATO (ANACO), creada hace unos meses para defender los derechos de los cooperativistas del sector de la almendra, y de la que ya forman parte más de cuatrocientos asociados, celebró Asamblea General Extraordinaria en el salón de reuniones del Centro Cultural de la Ciudad de Lorca, a la que asistieron presencialmente más de doscientos cincuenta socios que decidieron, por unanimidad, cursar su solicitud de baja justificada como socio de la cooperativa COATO ante el trato vejatorio que vienen recibiendo del Consejo Rector de la misma, encabezado por su Presidente, D. José Luis Hernández Costa, que ha cometido un auténtico fraude, formal y de fondo, con motivo de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la entidad el pasado día 14 de diciembre de 2017 que quedó suspendida tras la irregular votación del primer punto del orden del día y que todavía, más de dos meses después, no se ha reanudado, cercenando así el derecho de información, participación, representación y voto de más de medio millar de socios de la cooperativa para beneficio propio de los intereses torticeros de los consejeros y de su Presidente, lo que ha provocado que se hayan iniciado ya cuatro procedimientos judiciales que se siguen ante los Juzgados de lo Mercantil de Murcia.

Este próximo viernes, día 9 de marzo de 2018, la Asociación ANACO va a celebrar, a las 6 de la tarde, en el Centro Sociocultural Roque Baños de Jumilla, asamblea informativa para todos aquellos socios y afectados en general de la cooperativa COATO que quieran acudir, a fin de que conozcan la situación actual y los procesos que se siguen contra la misma y decidan, en su caso, secundar la decisión de causar baja justificada como socios de esta cooperativa por los motivos que se han expuesto.

Por último, el próximo lunes, día 12 de marzo de 2018, tendrá lugar a las 12,30 horas en el Juzgado de Lo Mercantil número 1 de Murcia, la celebración del primer juicio seguido contra el Consejo Rector de la cooperativa COATO para la exhibición de los libros contables de la empresa, dado que el Consejo Rector y su Presidente vienen ocultando las cuentas a los socios a pesar de los innumerables requerimientos que al efecto se le han venido haciendo desde hace meses.

Agricultura pone en marcha las obras de emergencia para la apertura de pozos de sequía en la cuenca del Segura

    El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha autorizado las obras de emergencia para la apertura de pozos de sequía en la cuenca del Segura con extracciones de hasta 80 hectómetros cúbicos (hm3) de agua. Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez, tras la reunión celebrada  en Madrid con el Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Francisco Jódar Alonso

“Vamos a poner en marcha los nuevos pozos para poder facilitar esta extracción de agua en el Sinclinal de Calasparra, en Las Vegas (Media y Baja), en el Molar (baterías estratégicas de sondeos y en Hellín”, ha informado la secretaria de Estado. El agua de estos pozos de sequía se destinará al abastecimiento de la población, al regadío en la cuenca del Segura y a mantener la circulación de caudales ambientales en el río Segura.

Esta puesta en marcha, con un presupuesto estimado de 10 millones de euros, tendrá lugar con carácter inmediato y de manera secuencial, siguiendo las decisiones de ahorro y de uso eficiente del agua adoptadas de manera unánime en la pasada Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura.

La cantidad máxima extraíble dependerá, en última instancia, de la evolución de la piezometría de los acuíferos y del Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental, así como de la salinidad de las aguas sobre todo en las zonas bajas de la cuenca.

Las obras de emergencia se hacen al amparo del Real Decreto de Sequía en la cuenca del Segura en vigor, prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2018.

El organismo de cuenca comenzará con la apertura de los pozos del Sinclinal de Calasparra, se continuará con la batería de pozos de la Vega Media y con los de Hellín y El Molar (estos últimos en trámite de exención de evaluación ambiental). En la última fase se abrirán los de la Vega Baja, que requieren un mayor trabajo para su puesta en marcha. La extracción en estos sondeos está supeditada a la calidad de las aguas.

Estos recursos adicionales extraordinarios ayudarán a paliar la situación de extrema escasez hídrica que atraviesa la demarcación hidrográfica del Segura, que sufre ya su cuarto año hidrológico de sequía. Las baterías de pozos forman parte de las infraestructuras estratégicas del Estado para minimizar los efectos de la sequía y será la propia CHS la que lleve a cabo el control de las extracciones a través de su red oficial piezométrica.

Esta importante actuación se suma a las numerosas medidas que el Gobierno de España ha venido adoptando, en el marco del Real Decreto de sequía que se ha prorrogado tres veces, desde mayo de 2015, y que han permitido poner a disposición de los usuarios más de 350 hm3 de recursos adicionales de agua.

“Llevamos trabajando muchos años para contribuir y tratar de paliar los efectos de la sequía, haciendo todo lo que es legal y técnicamente posible, y lo seguiremos haciendo”, ha afirmado la secretaria de Estado de Medio Ambiente.

Así, al amparo del Real Decreto de sequía prorrogado tres veces, se han invertido más de 100 millones de euros solo para la Región de Murcia para tratar de paliar los efectos de esta situación, llevando a cabo obras de emergencia, abriendo pozos de sequía, incrementando la producción de agua desalada y en ayudas a esta agua, aprobando exenciones en tarifas y cánones vinculados a la disponibilidad de recursos hídricos, etc.

Las desaladoras de la cuenca del Segura, además, han elevado su producción de agua hasta el 100% de su capacidad técnica, mientras que en 2015 lo hacían al 15%.

Se trabaja, además, para que la desaladora de Torrevieja pueda duplicar, desde este verano, su capacidad de producción, con plena garantía de funcionamiento, pasando de 40 hm3 a 80 hm3, para lo que está trabajando Red Eléctrica Española.

Podemos insta al Gobierno a abrir el diálogo para la ampliación de la Reserva Marina del Freu de Sa Dragonera

Todo surge por la creación, que el Gobierno de Baleares realizó en 2016 sobre la Reserva Marina del Freu de Sa Dragonera, con las aguas cuyas competencias recaían en la administración autonómica, mientras los informes científicos reclaman su ampliación a las aguas de competencia central. De ahí que la senadora por Mallorca de Unidos Podemos, Margalida Quetglas, haya registrado una moción ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta para instar al Gobierno a “establecer a la mayor brevedad posible una reserva marina en la zona de aguas exteriores de la isla de Sa Dragonera que amplíe y complete la protección dispensada a su entorno por la Reserva Marina del Freu de Sa Dragonera creada por la administración balear”.

La iniciativa insta además al Gobierno central a contar con la participación de “administraciones, colectivos y público interesado y muy especialmente de las organizaciones conservacionistas”. Para la senadora Quetglas, “es indispensable la participación del movimiento ecologista, gracias al cual ha sido posible preservar desde hace 40 años la emblemática isla de Sa Dragonera”. La senadora mallorquina de Unidos Podemos se refiere a la movilización popular que, hace más de 40 años, permitió salvar la isla de Dragonera de un macroproyecto urbanístico que preveía la construcción de un puerto, un casino y un hotel de lujo con más de 4.000 plazas de alojamiento.

Los hechos acaecieron el 5 de julio de 1977, cuando la Comisión Provincial de Urbanismo, a pesar de figurar hasta 5 impugnaciones presentadas por diversas instituciones, aprobó el macroproyecto previsto para Sa Dragonera. Esa misma tarde un grupo de jóvenes vinculados al incipiente movimiento ecologista ocupó el islote y las posteriores movilizaciones populares, que con gran intensidad se produjeron en todo el archipiélago balear, frenó definitivamente el proyecto urbanístico. En 1995 veía finalmente la luz el decreto por el que se creaba el Parque Natural de Sa Dragonera.

Sin embargo, entre 2014 y 2016 varios informes del Servicio de Recursos Marinos de Illes Balears alertaban de la vulnerabilidad de las poblaciones de peces en el área marítima que delimitaba con la isla de Dragonera. Se trata de un área que el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas destacó por su importante valor ecológico en 2004. Es vital el papel que cumplen las praderas de Posidonia Oceánica, que actúan como zonas de gran producción ecológica y como santuario para los alevines de las especies pesqueras más relevantes de la zona.

“Tenemos la obligación ética y moral de preservar el tesoro ecológico de las aguas que rodean a nuestra isla de Dragonera”, señala la senadora Quetglas, quién destaca también “el papel relevante que el movimiento ecologista jugó para que hoy día los mallorquines y mallorquinas podamos conservar esta emblemática isla”.

Montoro se atribuye haber salvado el Estado de bienestar andaluz

Sorpresa e irritación entre los senadores y senadoras socialistas al escuchar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, adjudicarse el salvamento del Estado de bienestar andaluz. Todos los senadores no porque no se ha visto a Juan Cornejo por la sesión, pero los que estaban sí que han bramado. Todo ello a raíz de la pregunta de la senadora conservadora María Dolores López Gabarro. Bueno más que pregunta ha sido un discurso de varios minutos utilizando los datos del Gobierno para dejar mal a Susana Díaz. Una evocación por momentos de Moreno Bonilla transformado en mujer por el discurso de sometimiento al dictado del poder central del PP.

El caso es que la senadora onubense del PP ha preguntado la opinión del Gobierno sobre la posibilidad de que la Junta de Andalucía se financie en el mercado y no a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico). Para establecer el campo de juego de esa opinión la senadora López ha llevado Andalucía a la catástrofe más espeluznante que se puedan imaginar. “Andalucía estaba en una auténtica ruina al acogerse al FLA” ha manifestado. Y no sólo eso, sino que ha dejado claro que si no llega a ser por el Gobierno, la “Joya de la Corona”, la Sanidad andaluza hubiese quebrado. “Es el gobierno quien ha salvado los servicios públicos andaluces” ha finalizado.

Montoro, evidentemente, ha cogido el guante con toda satisfacción para afirmar que la senadora “había hecho una descripción de la realidad”, que si no llega a ser por el Gobierno de M. Rajoy el Estado de bienestar andaluz habría entrado en quiebra. Que Andalucía se ha ahorrado casi 7.000 millones de euros en intereses si hubiese acudido al mercado. Que cuando se instauró el FLA, se distribuyeron 2.300 millones para el pago a proveedores. Pero, en su opinión, Andalucía puede salir al mercado si sigue cumpliendo la ley de estabilidad, pero sin presentar “su salida a los mercados como una pugna contra el gobierno de España”. Y diciendo el ahorro en intereses que ha supuesto el FLA.

El problema, siempre hay un problema, es que los 41.000 millones que dice haber entregado el Gobierno a Andalucía en estos siete últimos años, no son todos a cuenta del FLA o para tapar los agujeros financieros, sino que algunos millones son los que les correspondía por liquidaciones. Unos 5.000 millones de euros al año para un presupuesto de unos 30.000 no son tantos. Además, eso de que los intereses del gobierno son más baratos que los de los mercados no es verdad en sí. Desde la Comunitat Valenciana se han quejado de estar pagando más intereses al FLA que a los mercados. Bastante más. Lo mismo sucede en Andalucía y por eso las pretensiones de buscar lo financiero lejos de Montoro. Más que nada porque es más barato y le cuesta más a la ciudadanía.

“La recuperación de la clase media pasa por la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en iguales condiciones que los hombres”

La vicesecretaria general y secretaria de Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas del PSRM-PSOE, Gloria Alarcón, ha asegurado que la recuperación de la clase media pasa “inexcusablemente” por la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en iguales condiciones y derechos que los hombres, además de la incorporación de estos al espacio de los cuidados.

Según Alarcón, la igualdad de género debe volver a la agenda política como eje fundamental de la misma. “Durante estos 23 años del PP en el Gobierno regional, la igualdad de género ha sido abandonada como eje central en el diseño de sociedad que queremos tener y que tenemos”.

En su opinión, no puede haber una sociedad justa y democrática si no es teniendo presente la igualdad de género, “que es el parámetro fundamental y respecto del cual se deberán ordenar y diseñar el conjunto de las políticas públicas”.

“La igualdad de género es un eje trasversal que permite que las mujeres pongan en valor de la sociedad todo el patrimonio profesional y todo el talento que tengan, y, sobre todo, que permitan recuperar la clase media murciana y española, que ha sido llevada a la mayor de las pobrezas y la mayor de las precariedades posibles”, ha señalado.

Alarcón ha comentado que la foto fija de la situación económica, consecuencia de la crisis y de las diferentes reformas laborales, es aquella donde las mujeres se ven negativamente afectadas en el ámbito del empleo y los cuidados.

Ha destacado que el 97,8 por ciento de las mujeres inactivas en la Región de Murcia lo son por causas familiares, lo que significa que los hombres no se dedican a los cuidados.

Según la última EPA, en la Región de Murcia la tasa de paro femenina es casi 5 puntos mayor que la masculina, y la tasa de actividad femenina es 14,63 puntos menor que la masculina. Además, el contrato a tiempo parcial no deseado afecta más a las mujeres (60%) que a los hombres (40%), con un empleo normalmente más precario y de menor salario.

Alarcón ha recordado que la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en España en un 23 por ciento. Este dato se intensifica en la Región de Murcia, ya que es del 26,22 por ciento, casi tres puntos y medio superior, y afecta a 190.000 murcianas. “Además, nuestra comunidad autónoma está entre las cuatro que registran una mayor brecha salarial de género”.

“Si trasladamos el porcentaje de brecha a euros, constatamos que las mujeres de nuestra región ganan de media anual, 6.232,82 euros menos que los hombres, pero también, 2.511,31 euros menos que el resto de las mujeres de España, provocando que las cuentas de resultados de las empresas murcianas tengan 1.200 millones de euros más por la diferencia salarial de las 190.000 mujeres”, ha indicado.

Además, la dirigente socialista ha asegurado que la brecha entre hombres y mujeres también afecta a las pensiones. “En la Región de Murcia en 2016 se contabilizaron 104.331 mujeres pensionistas, un 10 por ciento menos que hombres pensionistas (11.491 menos).

“La cuantía media de las pensiones recibidas en la Región de Murcia por hombres fue de 965,88 euros al mes, frente a los 627,14 euros al mes de las mujeres. Esto implica una brecha del 35,07 por ciento. Además, en nuestra región, 43.510 mujeres perciben pensiones por debajo de los 500 euros, frente a solo 16.842 hombres.”, ha añadido.

“Por todo ello, el PSRM se adhiere al movimiento feminista convocado para el 8 de marzo en 170 países y apoya la huelga general, con paro parcial de 2 horas por turno, de mujeres y de hombres. También invita a sumarse a la manifestación que saldrá de la plaza Fuensanta en Murcia a las 20:00 horas”, ha remarcado.

En este sentido, los socialistas proponen la inserción plena de las mujeres en el mercado de trabajo, la presencia de las mujeres en los órganos de toma de decisión, y la universalización de los servicios públicos relacionados con los cuidados.

Finalmente, Alarcón ha recordado que, el PSOE ha presentado en la Asamblea Regional una proposición de ley para combatir la brecha salarial. “También ultimamos otras iniciativas de familia monoparental y de igualdad laboral que abarque otros aspectos más amplios de la desigualdad que sufren las mujeres en este ámbito”.

Compromís apoya la huelga feminista del 8 de marzo

Compromís apoya la huelga feminista laboral, estudiantil, de consumo y de cuidados convocada para el día 8 de marzo por el movimiento feminista, y anima a todas las personas a participar en las manifestaciones y actos reivindicativos que tendrá lugar por todo el territorio. Además, anuncia que todas las mujeres con cargo institucional y orgánico, así como las trabajadoras de la coalición, secundarán la huelga y darán su día de salario a entidades que trabajan por la igualdad y contra las violencias de género.

La huelga feminista es una protesta global donde las mujeres nos hemos hermanado para hacer visibles las desigualdades que sufrimos en todo el mundo por el hecho de serlo. Una oportunidad en la que hacer patente la necesidad de que la mitad de la población no tenga más privilegios que la otra. Una huelga donde las mujeres no trabajamos ni en el ámbito laboral remunerado, ni en todas las demás facetas no remuneradas que son las que sostienen la vida y no son tenidas en cuenta por el sistema patriarcal imperante. Una huelga que llama a no consumir como protesta por la cosificación de las mujeres, y que llama a las estudiantes y las profesoras a visibilizar que hay una educación afectivo-sexual y feminista, porque la educación es la base de la igualdad.

El 8 de marzo debemos salir a la calle para mostrar nuestro rechazo a los machismos que se ocultan en la brecha salarial, en los techos de cristal, en la feminización de la pobreza, en el trabajo doméstico, en la crianza, en la sexualización de nuestros cuerpos, en las violencias machistas, en las distintas opresiones y marginaciones por la orientación y expresión sexual, y en tantas y tantas situaciones de desigualdad.

El día 8 es un día simbólico donde reivindicar la necesidad de romper con esta injusta realidad que perjudica a toda la sociedad, pero la lucha debe ser un trabajo diario. Es un deber que las mujeres y los hombres que nos dedicamos a la política hagamos visibles las desigualdades y trabajemos para erradicarlas. Porque que las desigualdades no sólo perjudican a las mujeres, también los hombres son víctimas de su rol, del que también deberán escapar. Necesitamos hombres cuidadores y padres dedicados a la crianza, y sobre todo, hombres valientes que se reconozcan como feminista.

Por todo ello, las mujeres de Compromís nos sumamos a la huelga feminista que promueven las mujeres organizadas y empoderadas de todo el mundo. Porque hacer política es sobre todo escuchar a la ciudadanía y darle apoyo. También es saber cuándo hay que dar un paso adelante y cuando lo tienes que dar hacia atrás, por ello, los hombres de Compromís también están implicados en esta lucha y estarán en las concentraciones y manifestaciones de todo el territorio.

Caso Banco Popular: los colaboradores necesarios en la «presunta» estafa

En artículos anteriores hemos recopilado a quienes presuntamente se enriquecieron de forma ilícita a costa de los 305.000 afectados del Banco Popular. También hemos visto cómo hubo quién se benefició. Sin embargo, para que esta operación produjera enriquecimiento para el Santander y Saracho, y que se beneficiaran todas las empresas y entidades citadas, era necesaria la participación de una serie de colaboradores necesarios.

El primero de estos colaboradores necesarios no es otro que el propio ministro Luis de Guindos quien, desde su posición, fue el que, en primer lugar, aprobó la operación porque se encontraba dentro de su plan de concentración bancaria, en segundo lugar, porque era el único modo de evitar que el Santander quebrara, en tercer lugar, porque tenía bajo su responsabilidad a los organismos reguladores que miraron hacia otro lado mientras el Popular era atacado de manera inmisericorde por el mercado o se realizaban provisiones de productos «no tóxicos»; en cuarto lugar, su acceso tanto a información privilegiada como la capacidad de informar a todo el Gobierno de dicha información pudo haber provocado que se dieran presuntas filtraciones e informes, ya fueran de la situación del Popular, ya fueran de la propia operación, para que las empresas públicas u organismos públicos retiraran depósitos que generaran una gran crisis de liquidez. Luis de Guindos presuntamente tuvo responsabilidad directa sobre las salidas de depósitos de los días 5 y 6 de junio de instituciones, organismos y empresas públicas, algunas de ellas dependientes directamente de su ministerio como, por ejemplo, la Sareb o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, quienes retiraron más de 4.000 millones de euros, por no hablar de la Tesorería General de la Seguridad Social o de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de importancia. La excusa de las calificaciones de rating no es creíble puesto que las rebajas del rating se produjeron en mayo y la última fue el mismo día 6 de junio cuando ya se habían realizado la gran mayoría de las retiradas.

El segundo de los colaboradores necesarios fue el Banco de España quien aceptó sin ningún problema y dio su aquiescencia al proyecto que le presentaron Reyes Calderón y Antonio del Valle para provocar la destitución de Ángel Ron, además de bendecir la llegada de Emilio Saracho. ¿Cómo el Banco de España, el ministerio de Economía y su titular pudieron permitir que un banquero de inversión se pusiera al frente de un banco comercial que, además, estaba pasando una pequeña crisis provocada por los primeros ataques de los mercados movidos por Antonio del Valle? Lo permitieron porque estaba en el plan que el propio Saracho anunció apenas tres meses después de la reunión de Ana Patricia Botín y Luis de Guindos.

El Banco de España, además, permitió sin poner ningún problema que Emilio Saracho, en su necesidad por descapitalizar al Banco Popular cuanto antes mejor, provisionara activos crediticios al corriente de pago. No sólo los provisionó, sino que lo hizo con un valor superior, es decir, sobre-provisionó. El Banco de España, dependiente de Economía y, por tanto, de Luis de Guindos, permitió que se cometiera un hecho ilegal al no impedir dicha sobre provisión en activos crediticios no tóxicos.

Además, el Banco de España no obligó a Saracho a presentar todas las garantías de las que disponía, según lo afirmado por el propio subgobernador, a la hora de solicitar el Banco Popular a la totalidad de la ELA por valor de 9.500 millones.

La colaboración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la operación fue fundamental. Su principal implicación y, por extensión, Luis de Guindos como ministro de Economía, se encuentra en la inactividad ante los ataques bajistas de Marshall Wace (JP Morgan) y BlackRock y la no paralización de la cotización del Popular aún teniendo todos los datos, tal y como reconoció el propio De Guindos en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Teniendo en cuenta que tanto Marshall Wace como BlakRock llegaron a ocupar un 24% del capital bursátil del Popular, el no paralizar la cotización es una demostración de que no había intención de pararla o de prohibir las operaciones a corto.

En referencia a esto, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Audiencia Nacional ya tienen documentación sobre esta manipulación del mercado y han encargado una investigación para esclarecer el asunto, además de admitir a trámite varias denuncias relacionadas con ello.

Por otro lado, tras la intervención, la CNMV no inició una investigación de por qué el Banco de Santander presentó un documento como Hecho Relevante en el que explicitaba absolutamente todos los beneficios de la operación de compra por un euro del Popular, de los cálculos de rentabilidad de la operación, del posicionamiento dentro de los distintos mercados en los que operaban ambas entidades, incluyendo datos internos del Popular, apenas 22 minutos después de la publicación del Hecho Relevante en el que se comunicaba el cierre de la operación.

La implicación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y, por consiguiente, del Ministerio de Economía de Luis de Guindos, es clara. Durante la semana previa a la intervención se estuvieron cruzando correos de manera constante entre Elke König y Jaime Ponce, correos que en algunos casos, como ocurrió la noche del 2 al 3 de junio, iban encriptados lo que indica que había una pretensión clara de ocultación de datos. Teniendo en cuenta lo que ocurrió a partir del día 3 de junio podemos suponer que König ordenaba a Ponce que se iniciara el procedimiento de intervención del Banco Popular. Hay que recordar que, según la propia JUR, el Popular era una entidad con solvencia suficiente el día 5 de junio y, aún así, el día 3 estaba iniciando los procedimientos de la intervención. Para ello, el FROB contrata a Jefferies Arcano, empresa sita en el mismo edificio del Banco Popular (Edificio Beatriz), para comunicar a Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Banco Sabadell que se iniciaba el «Proyecto Confidencial Hipócrates» —Hipócrates es el nombre en clave que se le da a Popular— para conocer si estas entidades están interesadas en entrar en la subasta posterior a la intervención. Finalmente sólo aceptaron Santander y BBVA. Todos estos movimientos tenían que estar en conocimiento de Luis de Guindos, igual que tuvo que ser conocido por el ministro que a BBVA no se le permitió más tiempo para analizar los datos de la Virtual Data Room y que, por esta razón, el banco vizcaíno presentó en la subasta de la madrugada del 7 de junio un sobre vacío. Hay confirmación de que el Santander se presentó a dicha subasta con dos sobres, uno con una oferta de 3.000 millones y otro con 1 euro y que se les transmitió la información de que BBVA no iba a pujar, por lo que entregaron el sobre de 1 euro. ¿Quién filtró esa información al Santander? Evidentemente, alguien conocedor de las intenciones de la entidad presidida por Francisco González, es decir, alguien próximo al ministro de Economía, cuando no él mismo.

Finalmente, para la ejecución de la operación fue fundamental la colaboración de las instituciones europeas, tanto de la JUR como del Banco Central Europeo. La JUR aplicó en pocas horas un proceso de resolución que, en otros casos, hubiera llevado días para implementar. Además, aplicó un doble rasero que vimos con lo ocurrido una semana después con los bancos italianos y en esta semana con el banco letón ABLV que no fue resuelta sino que entró en concurso de acreedores. Por otro lado, que la JUR no actuó de manera limpia en el caso del Banco Popular queda demostrado en la opacidad en la publicación de los documentos sobre los que se asentó la decisión, las mentiras de Elke König en el Congreso de los Diputados, no tener en cuenta las ofertas tanto de ampliación de capital para el Popular y, sobre todo, la rapidez. Normalmente, las resoluciones de entidades bancarias se realizan en fin de semana para que no afecten al mercado. En este caso, se hizo un miércoles. Había prisa y se demostró porque el Popular pudo haber abierto sus oficinas al día siguiente.

Con todos estos datos, con todos los documentos publicados —y los que aún nos quedan por publicar—, ¿quién puede pensar ahora que no se produjo una «presunta» en el Caso Banco Popular?

JUSAPOL eleva los Presupuestos a cuestión de Estado al no aprobar Rajoy la equiparación

La equiparación real que exigen policías y guardias civiles para lograr la igualdad salarial con las policías autonómicas trae de cabeza al gobierno de Mariano Rajoy. Tras intensos meses de negociaciones entre asociaciones y sindicatos representativos con el Ejecutivo, -excluyendo de la mesa técnica a asociaciones no representativas como Jusapol y ARP-,  continúan sin llegar a un acuerdo ambas partes en las cifras económicas. En una última propuesta a la «desesperada» del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que realmente no alcanza esta equiparación cifrada en 1.500 millones de euros, sino que resulta una subida salarial encubierta, los sindicatos y asociaciones representativos se ven «forzados» a someter a votación esta oferta del Gobierno al ser muy inferior a la equiparación. El SÍ o el NO en estas votaciones es clave en los próximos días para re-definir este conflicto. Sin embargo, Jusapol y ARP se mantienen firmes en el «NO al Gobierno», además de «elevar» esta Equiparación a una cuestión de Estado para Rajoy, pues el Ejecutivo depende de ello para la aprobación de los Presupuestos Generales. La equiparación se convierte en la llave para los presupuestos al negar su respaldo desde la oposición el líder de Ciudadanos, Rivera, que se posiciona contra el presidente Rajoy, sí éste no cede ante la equiparación real para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Además, Jusapol ha presentado una iniciativa legislativa ante el Congreso que cuenta con el visto bueno de la oposición para desbloquear este conflcito y pone en jaque a Rajoy ante la Cámara.

Durante los días 5 al 7 de marzo las votaciones de los afiliados a los sindicatos de policías nacionales y de las asociaciones de guardias civiles vía telemática defienen la aprobación o rechazo a la propuesta del Gobierno cifrada en 1.201 millones de euros proyectados hacia el periodo 2018-2020 con una mejora de 561 euros brutos al mes para policías y 720 euros más al mes para guardias civiles, según informan los colectivos que participan en la mesa técnica con Interior. Esta propuesta  de Zoido tiene carácter retroactivo a enero de 2018 con la intención de destinar 500 millones de euros en el año en curso, además del compromiso de una auditoría externa para revisar las cifras de la equiparación. También existe la promesa de Interior para sacar adelante una Ley que impida la desigualdad salarial entre Cuerpos de Seguridad. El sistema técnico para las votaciones ha presentado fallos según han indicado algunos afiliados en Twitter, lo que ha encendido una oleada de críticas en redes sociales sobre el método de voto utilizado por los sindicatos y asociaciones representativos.

Sin embargo, esta oferta desde Interior «no acaba de convencer del todo» a asociaciones y sindicatos representativos, -según apuntan fuentes consultadas-,  aunque prefieren acudir a la votación decisiva de los afiliados, y en función de los resultados de esta consulta, dar respuesta al Gobierno. Por su parte, Jusapol y ARP declinan la propuesta de Interior, y su intención es «llegar hasta el final en esta reivindicación para logar esta equiparación real solicitada a los diferentes gobiernos desde hace treinta años».

El abogado y portavoz de Jusapol, Antonio Vázquez, explica que «estas votaciones a propuesta de los sindicatos y asociaciones para que sus afiliados decidan es una deslegitimación de la votación en sí misma, aunque es evidente que desde el punto de vista legal se prede hacer , pero no es vinculante el resultado que publiquen estos colectivos». Vázquez insiste en que «los sindicatos y asociaciones policiales tienen un mandato representaivo, por tanto no es necesario acudir a estas votaciones para trasladar la posición a sus afiliados, ni tampoco veo la necesidad de firmar un acuerdo con el ministro ya que el propio Gobierno de Rajoy ha reconocido la desigualdad salarial que existe entre policías».

Este letrado argumenta «una falta de diálogo», además del conflicto con las partidas presupuestarias para el complemento de productividad que representa un fraude a la equiparación al no ser destinados todos los fondos a complemento general para que todos los policías y guardias civiles accedan por igual a la equiparación. Vázquez asegura que «el documento del Gobierno es una trampa, pues todo acuerdo implica una transacción y no un regalo del Gobierno, por ello nos preguntamos qué pide a cambio a los sindicatos. No hay ningún acuerdo con el Gobierno sino un compromiso del Ejecutivo después de décadas de reivindicación, y reconocido en las cuentas en noviembre que aceptó en principio aprobar 1.500 millones de euros para la equiparación»

«Las negociaciones del Gobierno suponen una tomadura de pelo, al reconocer una subida de 40 euros mensuales en las nóminas, por ello se ha rechazado el documento ofertado en la mesa técnica porque no es equiparación. Además, la sociedad ha cambiado y está en otra posición, el Gobierno no aguanta y las elecciones generales están al llegar queramos o no…como Andalucía que trata de adelantar sus comicios…Entonces empezaríamos otro debate político con un nuevo gobierno, cuando la equiparación no es un debate político. Realmente. habría que subir 250 euros lineales a complemente general, pero si los sindicatos están en el juego de parar el golpe al Gobierno por  la situación de crisis que tiene…Sí el ministro Zoido quiere dar 500 millones, pues que los aporte…aunque ésto parece un juego de trileros«, expone el letrado de Jusapol.

«Desde el 20 de noviembre que tuvieron las cifras de 1.500 millones para la equiparación, no se entiende por qué no se aprobó esta cifra para los Presupuestos, incluso trataron de disuadirnos para no hacer manifestaciones desde Jusapol, pero nunca los hicimos caso...Jusapol supone un antes y un después en las negociaciones por la equiparación, y un fenómeno social«, aclara Vázquez, y pregunta «¿dónde estaban los sindicatos y asociaciones en septiembre cuando había que presentar las propuestas para que la equiparación fuera incluída en los Presupuestos?. Es obvio que los afiliados a sindicatos y asociaciones votan la propuesta de Zoido con un censo regulado, nadie discute eso, pero no es una consulta a las bases ni a las FCSE, es una consulta a la organizaciones pero no tiene valor vinculante…El voto es muy serio como para votar…la consulta sindical es legal pero no legitima, y los sindicatos no tienen mandato imperativo sino representativo, pero no hay estudios, ni debates, ni listas para votar…¿y si deciden abiertamente la posición del Gobierno o enfrentamos las dos posiciones en una consulta?».

«Este gobierno reconoce la desigualdad, y se han firmado 7 documentos de equiparación entre  1992, 2005 y 2010, pero ni el PP ni el PSOE han cumplido con los acuerdos», argumenta el abogado de Jusapol que sostiene «son 1.500 millones de euros mas o menos según hemos evaluado, hay que perfilar para saber la plantilla de los próximos tres años, 14 pagas, subida lineal de 250 euros al año, por ello, requerimos a  tres catedraticos de economia aplicada para que determimen la diferencia salarial, pero el Ejecutivo no lo ha concedido, ni tampoco firma una ley que equilibre y que establezca mínimos y máximos para que no haya mas desigualdad, elaborar una ley de retribución».

Antonio Vázquez califica de «torpeza política las declaraciones públicas del Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, en relación a aprobar 1.200 millones de euros para repartir en tres años cuando no tiene garantías de estar en el gobierno el año que viene».
«En la Junta Electoral Central los fedatarios han presentado para el parlamento una iniciativa legislativa para la equiparación, la mesa tiene que autorizar esta iniciativa a trámite, pero es posible que el Gobierno la vete en la mesa, todos los partidos políticos nos apoyan menos el PP«, anuncia Antonio Vázquez que dice «esta iniciativa legislativa es para que no haya una carrera de discrepancias económicas entre las policías autonómicas, -ronda una diferencia sobre los 700 euros mensuales en nómina-, pero si Zoido tiene a la Intervención General  del Estado que paga a los funcionarios es imposible que no le expliquen al ministro lo que se puede gastar para la equiparación, pero parece que el Gobierno no quiere oír a la Intervención General cuando son los mejores funcionarios del mundo que estudian exactamente la diferencia salarial, …tenemos los peores políticos que juegan con nosotros en una sociedad en la que hemos aguantado tormentas, sobresueldos, a la gente no se le puede mentir…».

«El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tiene un peso muy importante y fundamental en este proceso así como su portavoz de Interior, al igual que agradecemos la disponibilidad de José Antonio del Grupo Podemos que siempre nos ha recibido, el respaldo del senador del PSOE, Francisco Camaño, personas de alto valor como Miguel Ángel de Ciudadanos, la eurodiputada Beatriz  Becerra con una iniciativa en el parlamentoel Grupo VOX con Cristiano Brown,… el Gobierno tendrá el reproche del parlamento porque hay una nueva política, y Jusapol  ha cambiado el paradigma las politica y es gracias al apoyo de todos los ciudadanos», subraya Vázquez que recuerda la reciente sentencia del Tribunal Constitucional anulando un Real Decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, que «regalaba  1.350 millones  en concepto de indemnización a una empresa privada en el caso Castor, pero que ahora tendrá que devolver. El Gobierno sí tenía dinero público para esta abonar a este empresa pero no para la equiparación «.

La catástrofe de Huelva une a Susana Díaz con M. Rajoy

El temporal ha dejado las costas onubenses destrozadas. Las imágenes son espeluznantes, pero la presidenta de la Junta de Andalucía ha decidido acompañar a M. Rajoy por la zona para que tome conciencia de lo ocurrido. De igual forma, en un apartado, Susana Díaz ha insistido al presidente del Gobierno que debe tomar en consideración el nuevo modelo de financiación autonómica.

Díaz ha reconocido que la cita se produce a petición del Ejecutivo andaluz dado «que nos estamos jugando muchísimo» de cara a la inminente temporada alta turística de Semana Santa. «Quiero que los vecinos sientan que estamos con ellos, que se sientan protegidos y acompañados y que sepan que va a haber una colaboración y cooperación leal por parte de las administraciones», ha señalado la presidenta.

Díaz ha recordado la necesidad de que se actúe «con urgencia y celeridad», dado que se prevé un año de datos históricos en el sector del turismo, tanto en afluencia y número de visitantes como en facturación «y no se puede ver truncado por el temporal». Para la presidenta andaluza, «ahora tenemos que actuar todos de manera coordinada, cada uno en el ámbito de sus competencias, con mucha lealtad y rapidez, para que en próximos días los vecinos y empresarios se vean arropados por sus instituciones y demos las respuestas que los ciudadanos merecen y necesitan».

Ley andaluza contra la trata y la explotación sexual.

En otro orden de cosas, Susana Díaz ha anunciado que Andalucía se va a convertir en la primera comunidad en legislar contra la explotación sexual y la trata de personas. Durante el acto de entrega de los Premios Meridiana 2018, que cada año otorga el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Díaz ha levantado la voz para reclamar la unión de todas las formaciones políticas para «visibilizar y atender» a estas víctimas a través de una norma integral, «porque no puede haber esclavas sexuales en el siglo XXI».

La presidenta andaluza ha señalado que esta realidad es posible «porque hay negocio, gente dispuesta a consumir sexo pagando». Especialmente crítica se ha mostrado hacia los más jóvenes, personas que han crecido en libertad y educado en Democracia, «y que creen que la mejor manera de acabar una noche de diversión es terminar en esos prostíbulos donde algunas mujeres son tratadas en esclavitud». Para Díaz, es necesario alzar la bandera por los derechos de estas víctimas.

En este sentido, ha avanzado que el Consejo de Gobierno aprobará hoy la reforma de la Ley de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, tras diez años de vigencia y tras ser reconocida por las Naciones Unidas como una norma pionera en el ámbito autonómico. «Vamos a ampliar derechos, a poner sanciones para aquellas empresas que no ayuden a la conciliación y no respeten la igualdad, a dar instrumentos para aquellos convenios colectivos que se saltan la igualdad y herramientas para defender que lo que dicen las leyes se cumpla», ha señalado.

Por otro lado, ha recordado que prosigue el trámite parlamentario la modificación de la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, que amplía el concepto de víctima e incluye la tipificación de las diferentes formas de agresiones contra las mujeres. Con esta modificación, Andalucía adecuará su legislación al convenio del Consejo de Europa de Estambul de 2011, primer instrumento vinculante de ámbito europeo en la materia.

La principal novedad que se introduce es la ampliación del concepto de víctima de violencia de género. En este sentido, la norma andaluza resulta más ambiciosa que la estatal por cuanto, además de a los menores, incluye a otros colectivos como personas mayores, con discapacidad o dependientes que estén sujetas a la tutela, guardia o custodia de la mujer víctima y que convivan en el entorno violento de violencia sexual y de la trata. Asimismo, el proyecto especifica los distintos actos de agresión y maltrato atendiendo a su ‘modus operandi’ y al perjuicio causado, más allá de la actual referencia genérica a las formas de la violencia (física, psicológica, económica y sexual).

Toda esta batería normativa, según Susana Díaz, tiene que contribuir a erradicar la violencia de género, el terrorismo machista y a lograr la igualdad real. La presidenta ha clamado, además, contra «la gota malaya» que supone el asesinato de mujeres y ha pedido la colaboración de los medios de comunicación para que esta «no anestesie a la sociedad, sino que la despierte» y convierta en centro de atención esta «lucha sin cuartel de quienes no estamos dispuestos a que este terrorismo machista le gane a la sociedad en su conjunto». Convencida de la victoria, Díaz ha aludido a «la legión de mujeres y hombres que defendemos y militamos en la igualdad y que estamos convencidos de que esta es nuestra causa».

Para la presidenta, el movimiento #MeToo ha visibilizado una realidad que viene para quedarse. Por ello, es necesario que la corriente «masiva de opinión» que se ha levantado, ha dicho, contribuya a que este sea «el siglo de las mujeres», una época en la que «salgan a la luz por aquello que hacen y no por lo que sufren». Por eso es fundamental que el próximo 8 de marzo se visibilice «cuánto y mucho» han hecho ellas «para que el mundo avance», desde la base de que «frente a la igualdad está la desigualdad siempre» y que «una sociedad moderna, civilizada, que se sienta orgullosa de lo que es, tiene que defender la igualdad».