miércoles, 29 abril, 2026

Caso Banco Popular: las fingidas cuentas del Banco Santander

El Banco Popular era una entidad solvente y con un gran potencial. Eso es algo que se recoge en la propia carta de Barclays Bank en la que se ofertaba una ampliación de capital de 4.000 millones de euros. Sin embargo, los movimientos provocados por Emilio Saracho siguiendo los dictados marcados por el Santander y con la connivencia de las autoridades reguladoras dependientes del ministerio de Economía de Luis de Guindos, le generaron un problema de liquidez que llevó a que fuera declarado inviable o, como se dice en el argot financiero, likely to fail. En menos de 5 horas se decidió vender al Santander por un euro para que la entidad cántabra pudiera utilizar el potencial del Popular para arreglar sus cuentas, unas cuentas en las que, según algunos análisis, encontraríamos más números rojos que verdes.

Desde que estalló la crisis financiera global hasta el año 2.016, el Santander ha declarado en sus cuentas unos beneficios netos de 55.715 millones de euros. Además, captó capital por un total de 15.990 millones. Hasta aquí todo normal, pero hay aspectos que en las cuentas del banco santanderino que no están nada claros y que son los que demuestran su verdadera situación y por lo que necesitaba al Popular y es la depreciación del valor de sus acciones que en 2.007 cerraron con un precio de 14,79 y en el cierre de 2.016 estaban a 4,96. Por otro lado, según especialistas financieros consultados por Diario16, el propio valor del dinero invertido en el Santander es muy inferior porque, con una reinversión de los dividendos repartidos en esa década, los accionistas del Santander han perdido un 20,7%.

Según los estados financieros remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre 2.007 y 2.016, el Santander pagó 24.650 millones de euros en concepto de dividendos. Por tanto, si los beneficios netos declarados por la entidad cántabra fueron de 55.715 millones, en realidad los beneficios no distribuidos fueron de 31.000 millones. A esta cifra se añade el patrimonio declarado por el Santander (44.850 millones) y el capital captado (15.990), lo que nos da una valoración total de 91.840 millones.

Sin embargo, la realidad es que el número de acciones ha crecido por encima del patrimonio y los beneficios, por lo que su valor contable se ha reducido. En este periodo, por las ampliaciones de capital, el Santander incrementó su número de acciones en 8.328 millones (cifra que rozó los 10.000 millones antes de la intervención del Popular), ya que en el año 2.007 el número de acciones era de 6.254 millones. Esto tiene un impacto brutal en el beneficio por acción ya que se ha depreciado en un 31%.

Todo esto demuestra un hecho: el Santander ha sobrevivido en la última década gracias a esas ampliaciones de capital por valor de casi 16.000 millones de euros que hemos visto anteriormente y que, sin ellas, probablemente sus resultados hubieran sido negativos en más de un ejercicio. Como habrán podido comprobar, nos hemos centrado en las cuentas hasta diciembre de 2.016.

El referéndum del Brexit ya estaba haciendo mella en las cuentas del Santander. Las fluctuaciones de las economías latinoamericanas, sobre todo en Brasil y México, estaban impactando en las cuentas de la entidad. Los resultados en España se estaban resintiendo por una caída del negocio y por unos costes elevados de productos estrella que funcionaron en Reino Unido pero que en España no tenían (ni tienen) la rentabilidad esperada. Todo ello, además de otros aspectos, provocaba que el futuro del Santander para 2.017 fuera muy oscuro. Por eso necesitaba de una gran operación y la encontró en el Banco Popular que, tal y como queda explicado en el documento remitido a la CNMV apenas 22 minutos después del anuncio de la compra por un euro, era un gran negocio por las siguientes razones:

El Santander necesitaba, además de todos los beneficios que le reportaría el Popular a través de la venta de activos, del posicionamiento en el sector Pyme o en zonas estratégicas de la economía española, que le reportarán a lo largo de este año más de 43.000 millones de euros, una ampliación de capital. Por esta razón, tal y como informamos en Diario16, la entidad cántabra comunicó en la mañana del 6 de junio al mercado que acometería dicha ampliación por un valor de 7.000 millones y no por los 5.500 que filtró por la tarde a los medios de comunicación. Aún así el Santander sigue teniendo serias dificultades para alcanzar los objetivos del TLAC para el año 2.019 y seguir manteniéndose en la categoría de banco sistémico global, para lo que ha realizado una emisión de deuda, cargando un 70% de la misma al Popular, que cubra sus necesidades de capital: 25.570 millones de euros. Respecto a la liquidez (ratio LCR) en el año 2017 se exigía una cobertura del 80 % para cumplir con los criterios de Basilea III, desde este año 2019, una cobertura del 90%, y Santander está aproximadamente en un 92,6, superior a la exigencia para este año, por la aportación de fondos que el Banco Popular le ha permitido anotarse en sus cuentas, en concreto de 81.369 millones. Si no hubiera tenido dicho aporte podríamos decir que la cobertura de liquidez o LCR estaría por debajo del 80 %.

El problema con la liquidez lo ha cubierto este año con la adquisición del Banco Popular, pero el problema al Banco Santander se le plantea de cara al año que viene donde se le exige que tenga cubierto el 100 % de dicho coeficiente y eso le reporta incrementar la liquidez disponible en unos 51.000 millones de euros.

Por tanto, si se ha depreciado tanto el valor de venta como el valor contable de la acción del Santander y ha necesitado del Popular y de arruinar a más de 305.000 familias para sobrevivir…, ¿dónde están los beneficios reales del banco presidido por Ana Patricia Botín? Lo peor que puede ocurrir en economía es generar dudas y el Santander lleva ya demasiados años provocándolas.

PSOE: El Gobierno del PP ha perdido dos semanas con la Ley Integral del Mar Menor

La diputada socialista Yolanda Fernández ha manifestado al término de la Comisión Especial del Mar Menor, de la que es portavoz, “que el Gobierno regional ha perdido dos semanas para comenzar a elaborar la Ley Integral del Mar Menor. Seguimos pensando que es el Gobierno regional el que debe desarrollar ahora la Ley Integral del Mar Menor y no seguir dilatando el proceso, porque el problema no tiene espera”.

Yolanda Fernández valoró muy positivamente las aportaciones realizadas por los comparecientes en esta Comisión, que han sido el presidente de la Asociación de Vecinos Ribera Sur del Mar Menor, Ángel Monedero; la presidenta de la Asociación de Vecinos de Cartagena y Comarca, Cristina Roca; la integrante de la plataforma ciudadana Pacto por el Mar Menor, Celia Martínez; y el director de ANSE, Pedro García.

Entre las preguntas formuladas por la diputada socialista a los comparecientes cabe destacar la relativa al  Plan de Gestión Integral, que está sin aprobar; sobre la retirada de los lodos y las repercusiones de la araña finlandesa; sobre la regeneración de playas, sobre la moratoria urbanística y sobre el recientemente aprobado Proyecto de Medidas Urgentes para la sostenibilidad del Mar Menor.

Yolanda Fernández coincidió con las manifestaciones efectuadas esta mañana por los comparecientes, “ya que no hay grandes novedades con todo lo que se ha dicho en esta Comisión”.

La diputada socialista manifestó que los grupos han acordado que la Junta de Portavoces siga ordenando las comparecencias pendientes en el orden acordado. Los próximos en venir a la Asamblea serán los representantes de las organizaciones agrarias.

Asimismo, Yolanda Fernández adelantó parte de las directrices que el Grupo Parlamentario Socialista llevará a la próxima reunión de la Comisión Especial del Mar Menor. Las principales aportaciones giran en torno a 5 grandes ejes, que son: instrumentos de apoyo a la gestión integral, directrices de Ordenación del Litoral del Mar Menor y su área de influencia; programas específicos a desarrollar, regulación de usos y actividades e instrumentos para la gobernanza.

Podemos pide que el Parlamento andaluz cumpla con el Estatuto de Autonomía

El artículo 223 del Estatuto de Autonomía de Andalucía: “Los Senadores elegidos o designados por Andalucía podrán comparecer ante el Parlamento en los términos que establezca su Reglamento para informar de su actividad en el Senado”. Hasta la fecha nada se ha hecho y por eso se denuncia desde Podemos Andalucía. “A pesar de que el Estatuto de Autonomía y la Ley de designación de senadores y senadoras autonómicos establecen que éstos pueden rendir cuentas ante el Parlamento de Andalucía, nadie en la Cámara andaluza ha movido un dedo para reivindicar esta cuestión” denuncia la formación morada.

De hecho la senadora Maribel Mora intentó hacerlo el 20 de mayo de 2016 y se le impidió. También es cierto que ha sido la única senadora (o senador) que hasta ahora ha intentado cumplir con este ejercido de Transparencia y responsabilidad. El resto nada dicen y todo callan. Es por ello que Podemos, a través de su Grupo Parlamentario, solicita incorporar un artículo al reglamento para que el Senador o Senadora que represente a la Comunidad Autónoma de Andalucía por designación del Parlamento de Andalucía pueda “comparecer, a petición propia, una vez en cada año natural ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con Otras Instituciones y Peticiones, para informar de su actividad en el Senado. La fecha fijada para esta comparecencia no podrá coincidir con la celebración de sesiones del Senado en las que deba participar el Senador o Senadora (Artículo 190.1)”.

Dicha modificación del Reglamento establece también que en las comparecencias de senadores podrán intervenir «los representantes de los distintos grupos parlamentarios, de menor a mayor, por diez minutos, para formular preguntas o solicitar aclaraciones (Artículo 190.2). Por último, se establece que un «nuevo turno de intervenciones de los o las representantes de los Grupos parlamentarios, a cuyo efecto el Presidente o Presidenta de la Comisión fijará el número y duración de las mismas (Artículo 190.4)». El trámite para el desarrollo de estas comparecencias se basa en el procedimiento para la presentación del informe del Defensor o Defensora del Pueblo Andaluz en Comisión, que se regula en el Reglamento del Parlamento de Andalucía.

Según se indica en la obra monográfica sobre el Estatuto de Autonomía para Andalucía, editada por la Secretaría General del Parlamento de Andalucía, esta medida prevista en la norma estatutaria “puede convertirse en un instrumento eficaz de colaboración entre los senadores andaluces y la Cámara de representación del pueblo andaluz, en beneficio del ejercicio de las competencias autonómicas y de las facultades de la institución parlamentaria. Pero, al mismo tiempo, se trata de un mecanismo delicado que requiere un uso respetuoso y no abusivo, y que necesita de una meditada regulación procedimental para hacerlo efectivo, sin perjudicarlo”.

En Podemos expresan que “esta reforma reglamentaria viene a dar respuesta a la necesidad de determinar un procedimiento específico sencillo para que puedan sustanciarse en el Parlamento de Andalucía las comparecencias de Senadores y Senadoras que representen a la Comunidad Autónoma de Andalucía por designación de la Cámara autonómica andaluza. Para ello, se amplían las competencias de la anterior Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones, que pasa a denominarse Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con Otras Instituciones y Peticiones”.

El senador Iñaki Bernal pregunta al Gobierno por la falta de libertad de expresión en España

En política existe el recurso a la ironía cuando el poderoso, el Gobierno, en este caso de M. Rajoy, obvia los requerimientos del pueblo. Algo así ha debido pensar el senador Iñaki Bernal al lanzar su batería de preguntas sobre lo que está ocurriendo en España con la libertad de expresión. Frente a la mordaza, ironía. Frente a la represión humor. Incluso en sede parlamentaria. En la última semana se ha condenado a un “supuesto” cantante por injurias que lanzaba en una canción, se ha secuestrado la décima edición del libro Fariña y se ha vetado en ARCO una obra por su consideración política.

Por ello el senador se apoya en el artículo 20 de la Constitución Española, donde se reconoce el derecho a: “1. a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”. Así, pregunta: “¿Considera el Gobierno del Estado que España es un país que garantiza la producción artística y una adecuada libertad de expresión?”. Como nuestros lectores estarán acostumbrados a leer, lo probable es que el Gobierno conteste que las flores en mayo florecen mejor o algo así.

Siguiendo con la estela represiva, y utilizando una fina ironía, que a M. Rajoy o Zoido podrá parecer más bien gruesa, Bernal pregunta: “Si una vez entre en prisión el cantante Valtonyc, sigue escribiendo canciones dentro del centro penitenciario ¿han pensado en prohibir los bolígrafos y papeles para que no vuelva a delinquir?”. Hay que pensar, sin duda, en la reforma del chico. Claro que encerrar a un cantante, mientras algunas personas viven en Suiza relajados y con condenas (no firmes) por haber robado a todos los españoles, supone un gasto para el Estado, así que nada mejor que preguntar: “¿Cuál es el coste económico para el Estado de la estancia de una persona en prisión durante 3 años y 6 meses?”.

Claro que, viendo cómo opinan personajes del Partido Popular, como el siempre derechista Pablo Casado, es normal que el senador vasco pregunte: “Ante el próximo acuerdo de modificación constitucional que prevé realizar el gobierno, ¿han pensado en retirar el punto 2 del artículo 20 de la Constitución (“El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.”) y volver a aprobar en el BOE la Orden de 15 de julio de 1939 creando una Sección de Censura dependiente de la Jefatura del Servicio Nacional de Propaganda para que los artistas, creadores de cultura y políticos disconformes con la hegemonía cultural patriótica del Gobierno sepan lo que les pasará en caso de que no cumplan con los parámetros establecidos en dicha normativa?”. Es malo el senador que les va a obligar a revisar la ley franquista para que le puedan responder. Bueno, si entienden la pregunta, lo normal es que le digan que no hay previsión de reforma y se queden tan a gusto.

Aunque esto último también lo ha pensado Bernal y ataca por el otro flanco para intentar un ataque envolvente. Por ello pregunta: “En caso de que el Gobierno no quiera aplicar una medida tan regresiva como sería recuperar la Ley de Censura del año 1936, ¿Se ha planteado en prohibir la música, el teatro, el cine, la escritura y la lectura, y cualquier otro medio de expresión cultural y así se evita el que en este país entren cantantes u otras personas por motivos políticos a la cárcel?”. Habría que decir a los senadores que tampoco hace falta dar ideas al Gobierno, que son capaces de no entender la ironía y tomarlo como propuesta. Pero al fin y al cabo, la única pregunta que entenderán de esta batería del senador Bernal es “¿Qué opina el Gobierno del creciente número de presos políticos en España?”. Se abren apuestas para saber si contestarán “Venezuela” o “Secesionista”.

Andalucía gana 11.000 millones de euros con las exportaciones agroalimentarias

Las exportaciones andaluzas han estado de enhorabuena en 2017 y salvan los datos económicos del PIB andaluz. Ya se anunció que por primera vez se había superado el record de 20.000 millones en los ocho primeros meses del año, lo que suponía un incremento del 18,5%. Al final el cierre del año respecto a las exportaciones bienes y servicios se habían situado en 28.242 millones de euros, en lo que suponía un nuevo record. Ahora, con los desagregados se comprueba que en las exportaciones agroalimentarias Andalucía se ha batido sus propias cifras al exportar por valor de 10.937 millones de euros.

El dato más revelador es que Andalucía, en este sector, lidera el ranking de regiones exportadoras de España.  El incremento de las exportaciones ha sido del 9,2% respecto a 2016 y prácticamente uno de cada cuatro euros exportados por España (23,4%), según datos de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, entidad dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento. Andalucía se sitúa por delante de Cataluña (21,3%) y de la Comunidad Valenciana (12,6%), que crecieron a un ritmo menor (4,7% y 3,1%, respectivamente) en el pasado año. Andalucía igualmente encabeza las ventas de productos agroalimentarios por toneladas, con 7,4 millones en 2017, el 20,9% del total de las exportaciones nacionales, con un crecimiento del 4,8%.

La diversificación de mercados forma parte fundamental de la estrategia de apoyo a la internacionalización del sector desarrollada por la Consejería de Economía y Conocimiento a través de Extenda, que ha realizado centenares de acciones vinculadas al sector agroalimentario y bebidas con la participación de 977 empresas andaluzas en 2017, lo que equivale a más de una de cada dos firmas exportadoras agroalimentarias regulares andaluzas.

En cuanto a las empresas exportadoras agroalimentarias andaluzas regulares, en 2017 alcanzaron las 1.662 (97 firmas más) un 6,2% más que en 2016, lo que evidencia la consolidación del sector en los mercados internacionales. Esta cifra supone un 47% sobre el total de exportadoras, que fueron 3.535 en 2017, casi el doble de la media general (23%), lo que demuestra la competitividad del sector en el exterior.

Con estas cifras, el complejo agroalimentario andaluz demuestra su competitividad en el mundo, aportando a la balanza comercial un saldo positivo de 6.572 millones de euros en 2017, que significa un 58% del superávit de este sector a nivel nacional (11.273 millones). Este saldo indica que las exportaciones de alimentos y bebidas más que duplican la cifra de importaciones, arrojando una tasa de cobertura del 251%, casi el doble de la media nacional (132%).

Con esta tendencia, el sector agroalimentario y de bebidas andaluz presenta una vez más cifras récord en el mercado internacional y acapara prácticamente uno de cada tres euros, más de un tercio (35% del total) de las exportaciones totales andaluzas en 2017, que alcanzan los 30.913 millones y crecen un 15,3%.

Destacan las ventas del aceite de oliva, que con 2.961 millones de euros en exportaciones en 2017 alcanza un nuevo récord y crece un 16,8% respecto a 2016 (supone un 27,1% del total de agroalimentario). Le siguen, en segundo lugar, con 2.897 millones, las hortalizas frescas y congeladas, con el 26,5% del total y una subida del 4,9%; y en tercero, las frutas frescas y congeladas, que suman 2.125 millones (19,4% del total) y una subida del 7,1% con respecto a 2016. En cuarto lugar están las conservas hortofrutícolas (747 millones) que suben un 3,2%, seguidas de los pescados y mariscos (298 millones) que crecen hasta un 24,6%.

En 2017, todas las provincias experimentaron crecimientos en sus exportaciones agroalimentarias. Sevilla se alzó con el liderazgo con 2.759 millones (25,2% del total), presentando un crecimiento del 9,9%. Le sigue, con casi la misma cifra de ventas Almería, con 2.751 millones (25,2% del total) y un crecimiento del 5,6%. En tercer lugar está Huelva cuyas ventas se incrementaron en un 7,3%, alcanzando los 1.315 millones (12% del total).

En cuarto lugar se sitúa Málaga, al registrar ventas por valor de 1.150 millones, que supone un 10,5% del total y un incremento del 10,4% respecto a 2016, el tercero más alto. Le siguen Córdoba (10,2% del total) con 1.117 millones, que es la provincia que más crece, con un alza del 22,1%; Granada (7,1%), con 778 millones y un incremento del 9,1%; y Cádiz (6,5%) con 708 millones y un crecimiento del 3%. Asimismo, Jaén (3,3%), con 358 millones, es la segunda provincia que más crece con un alza del 11,6%.

Europa es el principal destino de las exportaciones andaluzas del sector de agroalimentario y bebidas, ya que en 2017 ocho de los diez primeros mercados fueron europeos. Además, el pasado año crecieron ocho de los diez primeros países. Alemania fue el primer destino de las ventas andaluzas en 2017, con 1.639 millones, el 15% del total y un incremento del 3,6% con respecto a 2016; seguida de Italia, con 1.516 millones (13,9%) y un ascenso del 26,2%, el mayor de los diez primeros mercados en 2017; y Francia, con 1.370 millones (12,5% del total) y una subida del 9,9%, la tercera más alta entre los diez primeros países.

En cuarto lugar se situó Reino Unido, con 993 millones y un descenso del 2,3%, seguido de Portugal, con 900 millones y un incremento del 13,1%, el segundo mayor del año; y Países Bajos (711 millones) que subió un 4,2%. En séptima posición está Estados Unidos, primer destino no comunitario, con 693 millones y un alza del 1,3% con respecto al año anterior. En octavo lugar está Bélgica (263 millones), que sube un 8,7%; seguido de China (233 millones) que baja un 4,2%; y Polonia, con 192 millones y alza del 2,6%.

El PSOE denuncia que el Servicio Murciano de Salud esté cancelando citas “sine die” para consultas de especialista

La Diputada regional del PSOE, Isabel Casalduero anuncia que «exigirán explicaciones’ al Consejero de Salud para que aclare que está ocurriendo para que el Servicio Murciano de Salud esté cancelando citas “sine die” para los pacientes del Area III de Salud que tenían concertadas sus consultas para médico especialista.

Casalduero ha puesto de manifiesto que durante las últimas semanas, desde el departamento de administración del SMS se están realizando llamadas telefónicas a los usuarios del Area III, tanto en el «Rafael Méndez» como en «Santa Rosa de Lima», para comunicarles que sus citas, concertadas con varios meses de antelación y que de por sí incumplían la Ley vigente en la que se establece la obligatoriedad de no superar el plazo máximo de 50 días para primera consulta con el especialista “quedan anuladas de manera indefinida, sin dar ninguna explicación al respecto”.

“No sabemos cuándo le volveremos a llamar; no sabemos cuándo podremos volver a darle cita. Ya le llamaremos” están siendo las “explicaciones” que el SMS ofrece a los usuarios a los que les está llamando para cancelar sus citas, concertadas desde “hace meses”. La mayoría de las citas anuladas, añade, se están registrando en las consultas de Dermatología y Reumatología.

Para Casalduero, se trata de un “nuevo ejemplo” de la “discriminación a la que nos encontramos sometidos los y las usuarias del Area III de Salud. “Un área claramente discriminada –añade- por parte de un Gobierno regional que “abandona a los usuarios del Area III a su suerte y nos hace ser la cenicienta de las cenicientas en cuanto a atención sanitaria”.

La diputada advierte que esta misma situación se está produciendo con pacientes que tenían cita para revisiones de patologías o para el visionado de pruebas diagnósticas, a los que también se les está anulando la cita concertada con el consiguiente riesgo de tener que repetir las pruebas, y la desazón e impotencia del usuario de no saber qué hacer al no dárseles alternativa por parte de la administración.

El PSOE exige a Salud que aclare por qué los usuarios del área III esperan más para ser atendidos que el resto de ciudadanos de la Región

Además, la diputada socialista preguntará al Consejero de Salud por qué los usuarios esperan más para primera consulta de especialista. Casalduero preguntará en la Asamblea Regional «qué factores están provocando que, por ejemplo, para primera consulta en Cardiología, el tiempo medio de espera en el Area III sea de 39,10 días mientras que en el Area IX se esperan tan solo 11,52 días. O por qué la espera para primera consulta en dermatología en el área III es de 106,72 días mientras que en el área VII es de 48,5 días».

El PSOE exige una bonificación del 50 por ciento del IBI para los afectados por las inundaciones de 2016 en Los Alcázares

El portavoz del PSOE en Los Alcázares, Mario Cervera, ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista de este municipio propondrá el próximo lunes que el Ayuntamiento solicite al Gobierno de España una bonificación del 50 por ciento del IBI para los afectados y afectadas por las inundaciones ocurridas en 2016, y que se incorpore esa bonificación a los Presupuestos Generales del Estado.

“También vamos a exigir de inmediato que pongan en marcha unas bases de ayudas para que las donaciones que están en las cuentas bancarias del Ayuntamiento lleguen a donde tienen que estar: a los afectados y afectadas”, ha señalado.

Según Cervera, ha pasado más de un año -14 meses- desde las “terribles” inundaciones que sufrieron los vecinos de Los Alcázares. “Y ni una sola de las promesas que se hicieron a los afectados y afectadas se ha cumplido”.

“Lejos quedan aquellas informaciones que el alcalde de Los Alcázares publicó sobre que los afectados y afectadas se beneficiarían de rebajas, de bonificaciones de impuestos y tasas, como puede ser el IBI, el sello del vehículo o la factura del agua”, ha indicado.

Ha asegurado que la realidad de los afectados hoy es bastante distinta a la que anunció el alcalde, ya que han tenido que hacer frente al pago de todo tipo de impuestos, “incluso para arreglar su vivienda dañada por el agua”.

El portavoz socialista ha explicado además, que esta situación se ha visto agravada por la incapacidad del Gobierno municipal para hacer llegar las donaciones que están en las cuentas bancarias del Ayuntamiento, un total de 60.000 euros, de los que todavía hay en el consistorio 50.000, “que debieron ser destinados a los afectados”.

Por su parte, el secretario de Política Municipal del PSRM-PSOE, Alfonso Martínez Baños, ha denunciado la inactividad del Gobierno regional y del Gobierno de España tras las inundaciones de 2016 en Los Alcázares.

“No hemos avanzado nada, los 31 millones de euros prometidos por el Gobierno de España siguen sin llegar y seguimos sin saber nada de esa cantidad de dinero”, ha comentado.

Según Martínez, tampoco el Gobierno regional ha hecho nada en este sentido, ya que en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018 no hay ninguna partida extraordinaria para ayudar al municipio de Los Alcázares.

“Y ya que el Gobierno local tampoco propone soluciones, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Los Alcázares nos ha trasladado una propuesta, que nosotros a su vez, vamos a trasladar en la Asamblea Regional como moción de impulso al Gobierno, que consiste en establecer una bonificación del 50 por ciento del recibo del IBI de manera excepcional para el año 2018”, ha explicado.

“Vamos a presentar una moción instando al Gobierno a que adopte esta medida, tal y como se hizo en Lorca con los terremotos, ayuda que todavía persiste. Esta iniciativa no representa una cuantía importante para el Gobierno de España y sí para las más de 5.000 viviendas afectadas por estas inundaciones”, ha concluido

¿Podrá evitar el capitalismo la recaída de la recesión?

Con el derrumbe de las bolsas mundiales agudizado en el pasado lunes negro del 5-2-18 cuando el Dow Jones, principal indicador del mercado bursátil mundial, registró una fulminante caída de 1.175,21 puntos, (4,60%), contagiando al resto de las bolsas, hemos entrado en un nuevo proceso del modelo capitalista que se caracterizará por una ralentización de la economía en su lenta agonía. Este modelo está  agotado,  corroído por la corrupción, la especulación y la exacerbada concentración de los capitales habiendo cumplido su función histórica, por lo que merece profundizar en el análisis de si se avecina una recaída de la recesión o si se podría evitar.

El desarrollo del mercado mundial en su fase imperialista  multinacional, continúa acelerando su tendencia al monopolio. A pesar del inmenso incremento de la productividad del trabajo y el permanente desarrollo de la técnica, la ciencia, la robótica y los nuevos adelantos tecnológicos, la producción a escala planetaria se ha estancado. La brecha entre ricos y pobres se agudiza. La economía se encuentra frenada por la concentración de la propiedad privada de los medios de producción, el comercio y el transporte muy globalizados, polarizado en manos del 1% de los archi-capitalistas,  que controlan en torno al 90% de las riquezas.

Esos frenos junto con la distorsión que representan las fronteras nacionales se convierten a la larga en contradicciones insalvables porque en el otro polo de pobreza se ven afectadas más de 3.600 millones de personas que representan el 50 % de la población mundial y que reciben menos del 10 % de las rentas totales del planeta.  “El Programa Mundial de Alimentos (PMA) asegura que hoy en día hay 925 millones de personas desnutridas en el mundo” .

Con la crisis económica de 2007/8 el capitalismo demostró que había cumplido su misión histórica, pero a base de expandir los créditos que dispararon los déficits públicos y privados, se  proporcionó artificialmente un nuevo caudal de recursos monetarios, la mayoría de ellos dinero fiduciario sin respaldo real, con la trampa de darle a la maquinita de hacer billetes,  principalmente en EEUU, con lo que se consiguió cubrir con un falso velo de apariencia,  que todavía la crisis no representaba un freno absoluto al colapso causado por la saturación de los mercados, sino que era más bien relativo.

La crisis estructural tuvo una de sus causas en el subconsumo, pues la demanda global de los productos puestos en el mercado mundial, es inferior a la oferta global de la producción lanzada a los mercados, porque el poder de compras de los consumidores que en su inmensa mayoría son trabajadores y pobres, pierden capacidad de compras por la extracción de plusvalías que realiza el capitalista,  agravada por los ataques y recortes salariales para intentar estabilizar la tasa de ganancia intentando salir de la crisis, pero esa contradicción no puede ser salvada definitivamente en líneas capitalistas.

La crisis estructural general del capitalismo se reflejó en el hecho de que las fuerzas productivas no podían crecer al mismo ritmo del pasado y al cabo de 10 años de recesión y semi/estancamiento, vemos que las bolsas y la capitalización bursátil global no han alcanzado el nivel conseguido antes de la crisis. Tomemos el ejemplo del IBEX-35 que según nos dice Rajoy es la economía que más crece en Europa: Poco antes de la crisis de 2008 el índice estaba en torno a los 16.000 puntos y tras el nuevo derrumbe de 2018 perdió la cota de los 10.000,  lo que indica que está todavía situado en un 60 % por debajo del límite máximo alcanzado en el boom anterior y nos enfrentamos a una posible recaída de la recesión, pese a los trucos, las mentiras y la demagogia de Rajoy y su Ministro De Guindo.

Al cierre del ejercicio económico de 2007 la Deuda del Estado era de 384.000 millones de euros.  En el  último ejercicio: La deuda pública alcanzó 1 Billón 144 mil millones al final de diciembre de 2017, el incremento ha sido del 297’91 % que el Gobierno Rajoy lo carga sobre las espaldas del contribuyente. La población española a febrero de 2018 era de 45.892.282 habitantes  lo que representa una deuda por persona de 24.927 euros. Esa es la herencia que nos deja Rajoy que nunca podremos pagar.

El inevitable ciclo de producción capitalista está tomando ahora una nueva curva descendente, aunque digan lo contrario esos “insignes” defensores de la burguesía capitalista. Se han terminado los largos auges del pasado, donde cada boom era más elevado que el anterior, pero en la actualidad ocurre todo lo contrario. Ahora tendremos auges más bien raquíticos seguidos por recesiones y estancamientos largos con un claro peligro de que la economía se enfrente en el horizonte a una depresión. Pero una recesión no puede continuar indefinidamente descomponiendo y deteriorando las condiciones de vida y de trabajo de las masas sin dar soluciones a los problemas del paro, la desigualdad y las tensiones de los conflictos territoriales nacionalistas sin que se produzcan luchas sociales y cambios bruscos y repentinos en la toma de conciencia de las masas.

La crisis económica actual es también política, social y cultural aunque con un alto nivel de producción, que se acelerará en los próximos 2, 5 ó 7 años,  por la robótica y demás adelantos técnicos, sustituyendo mano de obra por máquinas, que modifican las crisis anteriores donde los auges posteriores absorbían la mano de obra cesante, pero ahora, el paro se agudizará y caerán los beneficios empresariales pues en momentos como los actuales opera de forma negativa y  más visible la Ley de la Tendencia decreciente de la cuota de ganancia del capital, que aunque con cierta controversia por parte de los liberales, tendremos que seguir debatiendo en otro momento por su complejidad, para demostrar sus perversos efectos. Marx denomina “composición orgánica del capital” a la relación entre el “capital constante” y “capital variable”, el primero representado por la masa de capital invertido en medios de producción y el segundo lo que invierte el capitalista en fuerza de trabajo.

La cuestión de las crisis cíclicas del sistema capitalista está vinculado a esta Ley formulada por Marx y expuesta en el tomo 3º de “El Capital”, sección 3º, para los interesados en estudiarla y comprender si opera o no, que es el permanente debate. En la medida que las inversiones en “capital constante” aumentan mucho más que el “capital variable”, por la introducción de nuevas tecnologías y otros factores, pero una vez alcanzado el equilibrio por la competencia, la tasa de beneficio tiende a caer, aunque en los auges aparece tan ralentizada que algunos economistas burgueses la niegan. En las recesiones, y sobre todo en las depresiones, la aceleración puede convertirse en vertiginosa y desestabilizadora del sistema. Esta tendencia a la disminución perpetua de la tasa de beneficio del capitalismo, unida a las otras tendencias, permitirá comprender la afirmación de Marx, de que “el capitalismo está infectado por el germen de su propia destrucción”, pero que nunca caerá solo, porque “la emancipación de la clase trabajadora, será obra de la propia clase trabajadora, o no será” y por tanto requerirá el concurso de la lucha de la clase trabajadora organizada y unida pero con una dirección potente que represente la vanguardia del factor subjetivo para producir los cambios necesarios que eviten la catástrofe, porque al final, como señaló Rosa Luxemburgo “o socialismo o barbarie”.

Los nuevos inventos como la robótica, nuevas tecnologías, industria 4.0, internet, ordenadores y otros términos son usados para describir lo que se ha dado en llamar la nueva revolución industrial. Los propagandistas del capitalismo nos quieren hacer creer que en el futuro la humanidad vivirá pacíficamente y liberados de la mayoría de trabajos pesados, sucios y agobiantes, pero eso es una falacia bajo el capitalismo, porque es solamente de la mano de obra donde el capitalista extrae las plusvalías del asalariado y ni del robot y ni del resto de la composición técnica del capital representada por el capital constante.

La burguesía está robotizando al trabajador asalariado con ritmos infernales y jornadas prolongadas tendente a la esclavización,  que junto con la robotización que sustituye a miles que obreros, aumentará el paro forzoso al producirse un excedente que provocará un paro estructural crónico. Esa situación de desigualdad creciente, más temprano o más tarde, producirá un aumento de la indignación de las masas ociosas con el consiguiente proceso molecular de toma de conciencia que dará lugar a  convulsiones sociales como vimos en procesos históricos cuando se produjo la rebelión de los esclavos luchando por su supervivencia y emancipación, hechos convulsivos que se podrían producir a un nivel superior.

Las guerras terribles, las migraciones causadas por los conflictos con la consecuencia de terribles hambrunas que afectan a pueblos y continentes de todo el planeta, podrían acelerar la desorganización y decadencia de este belicoso modelo imperialista afectando también a la vieja Europa, provocando la descomposición del modelo capitalista. Esa situación, si se produce la depresión, podría llevar a la desorganización del capitalismo y a la necesidad de reorganización de la producción en bases a la planificación científica de los recursos productivos a una escala europea e internacional, acometida en base a la democracia social participativa para avanzar al socialismo.  Si esa posibilidad no se aprovecha, será a causa de la debilidad y división de las direcciones de los partidos de izquierdas y los sindicatos de clase debido a la pusilanimidad y capitulación de sus líderes, porque la clase trabajadora y los sectores oprimidos de la pequeña burguesía arruinada se verán obligados en un momento dado a lanzarse a la lucha de forma desesperada y acumularán la fuerza necesaria para cambiar la sociedad no una vez sino cien veces si hiciese falta.

La dialéctica marxista explica que la teoría del colapso espontáneo del capitalismo y su autodestrucción es incorrecta y si los trabajadores no conseguimos encontrar una salida a la barbarie y el infierno al que nos podría llevar el capitalismo mafioso, que produciría terribles sufrimientos si las fuerzas reaccionarias toman el camino del neo-nazi-fascismo, que asoma sus orejas en toda Europa, el drama se podría repetir si no lo evita una firme batalla del movimiento socialista internacionalista. La lucha de clases no ha desaparecido como los voceros y voceras del capitalismo nos quieren hacer creer, por lo que para acabar con el modelo de explotación capitalista y superarlo, (pues de lo contrario el capitalismo siempre encontrará una salida), debemos continuar reorganizándonos marchando hacia la unidad porque solamente con la intervención consciente de los trabajadores bajo la bandera unitaria de una coalición de partidos de izquierdas, junto con sindicatos y organizaciones sociales de forma solidaria, podremos encontrar una salida digna para la toda la Humanidad.

La Xylella llega al Senado para pesar de la ministra García Tejerina

La aparición de la Xylella fastidiosa en Baleares levantó la voz de alarma. Una voz que el Ministerio de Agricultura parece no haber escuchado. Isabel García Tejerina afirmó en julio de 2017 que España estaba preparada. Sí, para talar y quemar los árboles infectados, pero poco más como se denunció en Diario 16 Mediterráneo. La consellera de la Comunitat Valenciana, segunda comunidad afectada por la bacteria, Elena Cebrián ha tenido a sus equipos investigando y aislando todas las zonas infectadas, recurriendo a la poda y quema por obligación. Pero desde el ministerio parece que manos cruzadas. Eso es lo que entienden las senadoras Vicenta Jiménez y Margalida Quetglas de Unidos Podemos.

Actualmente es un problema grave para los agricultores de Baleares, afectando a todas sus islas y especialmente a Mallorca. Según los últimos datos existentes, de septiembre de 2017, se contabilizaban hasta 431 casos en Baleares, 280 de los cuales se localizaban en la isla de Mallorca. La plaga también afecta ya a 47 municipios valencianos, el último caso la semana pasada, con una afectación total de 22 de estas localidades y parcial en otras 35. Los primeros casos en la Comunitat Valenciana, y también en la península, se detectaron el pasado mes de junio en la localidad alicantina de Castel de Guadalest, ubicada en la comarca La Marina Baja.

Habida cuenta de que la estrategia de contención y erradicación de la plaga está fallando, Jiménez y Quetglas, senadoras por Alicante y Mallorca respectivamente, urgen al Gobierno a revisar sus planes. Ambas han requerido al Gobierno información relativa a las actuaciones realizadas por TRAGSA (empresa estatal encargada de gestionar problemas fitosanitarios) desglosadas por año, provincia y especie afectada, así como la cuantía de las indemnizaciones que están recibiendo o se prevé que reciban los agricultores que, a día de hoy, están sufriendo actualmente un grave perjuicio.

Ambas senadoras han registrado también una batería de preguntas dirigida al Gobierno para que explique si “incentiva algún tratamiento alternativo al actual, consistente en la erradicación y quema de las plantas afectadas” y que, sin embargo, no ofrece resultados satisfactorios. Quetglas y Jiménez requieren información al Gobierno respecto al protocolo de actuación de TRAGSA , empresa integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y solicitan una estimación sobre los daños económicos que la plaga ya ha causado. Igualmente, ambas senadoras solicitan información sobre los criterios de concesión de indemnizaciones para los agricultores afectados. Las cuales, hasta el momento, están recayendo en las administraciones autonómicas.

“Exigimos al Gobierno la máxima coordinación entre todas las administraciones para garantizar que los protocolos de erradicación funcionan correctamente”, plantea Vicenta Jiménez, quien también exige “esfuerzos para investigar un tratamiento alternativo ante una plaga que amenaza seriamente a un sector tan importante en términos económicos para la Comunitat Valenciana”. Por su parte, Margalida Quetglas insiste en que “los protocolos actuales y el tratamiento que se está aplicando está fallando, como revela el hecho de que la plaga, lejos de estar controlada, siga extendiéndose y siendo ya un serio problema para las Islas Baleares”.

Nunca mais

Hace ya años que, aunque no se hablaba de la situación, sin embargo el Mar menor estaba siendo violado constantemente. Hasta que ha llegado el momento que la ingente cantidad de vertidos, han hecho que este lugar turístico, esté colapsado por contaminación, con síntomas de grave degeneración de un ecosistema. Hay que recordar que las toxinas liberadas por las algas, provocan la muerte de otras especies.

Se habla de proliferación de algas toxicas por la falta de seguimiento urgente y constante. Y 18 años después de los primeros avisos, la cosa veremos a ver, si tiene remedio.

Es necesario conocer las causas, como son la acumulación de residuos orgánicos, ya que actuaciones sobre estos, servirán para prevenir que sucedan otra vez este tipo de catástrofes medioambientales.

No podemos echarle la culpa solo a los agricultores o/y al modelo de producción, agrícola, diciendo que requiere desaladoras que contaminan. Ya que si hubiera el agua trasvasada de otras cuencas no haría falta la utilización de otros recursos hídricos, como desaladoras particulares y/o explotación de acuíferos. El problema también es urbano.

A tenor de este desastre echo de menos en esta región las voces civiles que reaccionen contra la gestión del siniestro. Recuerdo el año 2002, cuando un derrame de petróleo en Galicia, provocado por el hundimiento del buque petrolero Prestige, surgió la plataforma “Nunca Mais” y a través de ella miles de personas, y mediante  movilizaciones por todas las ciudades gallegas reclamaban que Galicia fuese declarada “zona catastrófica”  y se activasen las ayudas económicas para recuperar la zona, limpiar el vertido tóxico y compensar a los sectores afectados en una zona de tradición marítima. ​ De igual modo, se pidieron condenas para los responsables del Prestige y medidas preventivas para evitar futuros desastres, pues ya hubo antes otros accidentes petroleros como el Urquiola (1976) y el Mar Egeo (1992).

En Murcia,  el Partido de Garre, “Somos Región”  ha sido el pionero en solicitar que esta hecatombe medioambiental, que sufre el Mar Menor, sea una cuestión de Estado, (que por cierto, se empiezan a sumar otras voces). Y es que es obligación de los Estados proteger y preservar el medio marino, establecida por el artículo 192 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.  Así mismo, la Constitución española en su artículo 45, indica que “los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad, colectiva, y para quienes violen lo dispuesto en el apartado”.

“Nunca Mas” como reacción popular, se necesitaría ahora en nuestra región, para reivindicar un tratamiento gubernamental, que esté a la altura de la desgraciada situación.