miércoles, 29 abril, 2026

Al final siempre pagamos los mismos

Cuando pagamos el agua o la energía de nuestros domicilios, una gran parte de la factura incluye el coste de la red, mantenimiento, y sobre todo impuestos para mantener a “los OTROS”. Luego, aparte de esos gastos fijos pagamos la energía realmente consumida que en relación al elevado coste fijo es mínimo y nos produce impotencia el pensar cada mes que hay mucho listo que mantener.

Infraestructura del trasvase Tajo Segura

Lo mismo me equivoco pero creo entender que con este “TASAZO” del trasvase Tajo Segura, (sin entrar en que sea abusivo o no), parece que ocurre algo similar a lo que pagamos los usuarios por nuestra luz, agua, basuras, pero ahora les toca pagar a los agricultores del Sureste español, que son los usuarios finales de la obra y los que se benefician empresarialmente de su uso. Por eso les exigen ir devolviendo en anualidades el coste del activo no corriente o inmovilizado material que disfrutan en sus empresas aunque no les figure en su balance de situación, pero que hemos pagado todos. Por eso entiendo y desde luego muy sorprendido, que esta exigencia haya unido en el Senado español los votos de PP y de Podemos, con la ausencia de algunos senadores murcianos, algo que me parecía imposible de asimilar cuando lo leí, pero como vemos,la realidad siempre supera a la ficción y en política ocurre lo mismo.

Estas situaciones dan juego y son aprovechadas por otros grupos políticos como los socialistas que en otros pactos fueron unidos con los independentistas de ERC, los verdes, los morados, los naranjitos y también para los nuevos regionalistas que aún no se sabe de que van pero que también aspiran a vivir del cuento, para señalar como culpables a los que ahora votan SI, pero sin recordar que ellos mismos votaron el mismo SI, por ejemplo, a la derogación del Plan Hidrológico Nacional, un plan que hubiera garantizado hace dos décadas una unión de cuencas muy necesaria para nuestro futuro y no solo de los agricultores sino también de los promotores, las ciudades, las instalaciones deportivas que atraen a miles de turistas etc, y que produjo un parón en seco de nuestra economía con el demasiado repentino  pinchazo de la burbuja y el gran descalabro inmobiliario que trajo la ruina a miles de hogares españoles y del que aún no hemos salido a flote.

España necesita una interconexión de cuencas para enfrentar con garantías el futuro y eso solo se puede realizar con un gobierno de consenso y fuerte y no desde los intereses partidistas y regionalistas que ya conocemos y que dependen del cupo y presencia de cada comunidad autónoma en el Gobierno nacional. ¿Para cuándo vamos a pensar en España como una Nación y en la igualdad de derechos y obligaciones de todos sus ciudadanos?

Pues en relación a esto me pregunto: ¿Por qué todos los españoles tenemos que pagar el 100% de la infraestructura que van a explotar empresarios privados para generar pingües beneficios privados? La misma pregunta me la hago por el préstamo a los bancos para su rescate a los que también debemos exigir que devuelvan con intereses todo el dinero prestado, de la misma forma pedir a Telefónica y otras empresas suministradoras como el agua, que paguen las inversiones realizadas en nuestra ciudad después de los terremotos que pagamos todos pero se benefician ellos y que otras corporaciones hagan lo propio con las subvenciones que reciben, pero por supuesto que esos pagos para amortizar costes pagados por los ciudadanos nos redunde en una bajada de los impuestos y tasas y no para seguir engordando la familia política que viven a nuestro cargo. Pero no os preocupéis que eso no pasará. Seguiremos pagando las infraestructuras, condonaremos los prestamos y subvenciones y encima nos subirán los precios por el coste que ellos calculen necesario para seguir viviendo su tren de vida, por lo que AL FINAL SIEMPRE PAGAMOS LOS MISMOS.

Sobre la gran cantidad de impuestos que pagamos en todos estos “servicios”, ya nos hemos quejado muchas veces aquí, pero todos los partidos hacen oídos sordos y siguen comiendo del pastel que nos tiene estresados y económicamente agotados hasta conseguir que estemos hartos de pagar la “FIESTA DE OTROS”, y me da igual que sean empresarios, políticos, mangantes, prejubilados de grandes corporaciones e instituciones, usuarios fraudulentos del INSALUD y aprovechados varios predicadores del “DAME PAN Y DIME TONTO”.

Con esta agonía económica en la que estamos inmersos todos, NO PODEMOS SEGUIR y encima soportando la obligación de mantener un sistema político rancio, arcaico y superpoblado que sigue protegiendo y amparando este abusivo sistema del que subsisten y que solamente podríamos hacer viable reduciéndolo a menos de la mitad como está ocurriendo en otros países más avanzados, pero aquí no reduciremos esa factura porque se nos enfadarían muchos primos.

¿Está el Santander en condiciones de llegar a un acuerdo con las 305.000 familias del Popular?

Como hemos repetido en multitud de ocasiones, Diario16 está publicando y entregando a la Justicia la documentación que demuestra que el principal responsable de la operación que terminó con la intervención del Banco Popular con un único objetivo: que todos los afectados lleguen a un acuerdo extrajudicial por el que el Santander les pague un justiprecio por sus acciones y sus bonos porque, tal y como hemos repetido en innumerables ocasiones, los afectados no son grandes especuladores ni grandes fortunas, sino que un 70% son pensionistas que tenían invertidos sus ahorros en el banco en el que confiaban porque siempre fue solvente y serio en el cumplimiento de sus compromisos. El resto son trabajadores, pequeños empresarios, empleados de la propia entidad, es decir, personas que no pertenecen a las élites, personas como usted y como yo que lograron reunir esos ahorros con su trabajo.

Si al Santander le prometieron escenarios que se topan con las justas demandas de los afectados, entonces tendrá que ser la propia entidad cántabra la que reclame a la JUR, al FROB, al ministerio de Economía —Luis de Guindos incluido—, a la Comisión Europea, a la CNMV, al Banco de España o a quien sea, pero, eso sí, haciendo frente a la obligación de pagar a las familias que fueron masacradas el día 7 de junio y a las que se les hurtó su patrimonio en base a unos procedimientos de resolución que se implementaron la semana anterior a la intervención y que, según el Tribunal de Cuentas de la UE, están plagados de errores que van en contra de la propia legislación europea.

La oposición del Santander a todas las demandas y recursos o la intención de implementar una estrategia jurídica basada en desviar toda la responsabilidad hacia las instituciones europeas y de no haber presentado una posibilidad de acuerdo con las familias afectadas, tal y como hemos publicado en Diario16, podría deberse a la imposibilidad real de hacer frente a ese justiprecio por parte del Santander, algo que sería muy grave puesto que demostraría que existe una gran crisis de liquidez por parte de uno de los principales bancos el mundo. Tal vez esta sea la razón por la que, junto al FROB y la JUR, están poniendo dificultades para que a los afectados se les dé acceso a la documentación que tendrían que haber entregado ya al juez Andreu.

Sin embargo, fue el propio Banco de Santander el que reconoció y asumió su responsabilidad en el Caso Banco Popular al hacer la oferta de bonos de fidelización porque no se ofrecen acuerdos con acreedores si no existe una responsabilidad directa en los hechos. A todo esto, hay que sumar las propias condiciones de los bonos en los que si el afectado los aceptaba se le obligaba a renunciar a reclamar judicialmente. Si no hay responsabilidad el Santander no estaba obligado a buscar acuerdos con una parte de los afectados y, sin embargo, lo hizo convirtiendo esa oferta en un reconocimiento de culpa. Lo mismo ocurre con la reclamación de Allianz de los contratos que tenía firmados con el Popular y que el Santander no quiere hacerse cargo porque, según la respuesta del banco cántabro, la JUR le eximió de la obligación de cumplir con esos compromisos. Por cierto, del tema de Allianz no se ha vuelto a hablar. ¿Habrá llegado el Santander a algún tipo de acuerdo con la multinacional alemana por la presión que le haya podido ejercer el Bundeskabinett?

Según cálculos realizados por expertos en banca y mercados financieros consultados por Diario16, el precio mínimo sobre el que debería partir ese acuerdo justo con los afectados sería de no menos 2,11 euros por acción, tomando en cuenta para ese cálculo los fondos propios que tenía el Popular (10.777 millones), el valor en bolsa el día de la intervención (0.31 euros que daría un total de 1.289 millones) y los 2.000 millones de los que disponía en bonos. Estos expertos nos confirman que esa cantidad sería ampliable hasta un máximo de 7 euros si se tienen en cuenta otros factores como, por ejemplo, la cartera de negocio, el valor de la marca, el patrimonio inmobiliario, la generación ordinaria de beneficios, etc. Tomemos la valoración mínima de estos expertos y con el número de acciones que tenía el Banco Popular tendríamos que el coste para el Santander de ese acuerdo extrajudicial estaría en el entorno de 8.605 millones de euros, una cantidad que, teniendo en cuenta que el Santander ya se ha beneficiado en más de 18.000 millones en 2.017 y que a lo largo de 2.018 llegará a los 43.000 millones, es muy asumible para el banco presidido por Ana Patricia Botín. Sin embargo, ¿puede hacer frente a ella sin que afecte de manera significativa a sus cuentas o al cumplimiento de los TLAC de cara a 2.019? Diario16 publicó que el Santander tenía un déficit de capital de más de 50.000 millones de euros para alcanzar la media del conjunto bancario europeo y americano porque su CET1 es de las más bajas de la banca europea, a pesar de que ha aumentado con la incorporación del Popular.

La salida más justa y más ética para el Santander es recoger la recomendación del Defensor del Pueblo y llegar a un acuerdo extrajudicial justo con las 305.000 familias afectadas por el Caso Popular. Incluso, le saldría más rentable porque ahorraría costes en minutas de abogados porque cada día que pasa, cada nuevo documento que se publica, demuestra aún más su presunta implicación en la operación, algo que los tribunales tendrán en cuenta.

Daniel García condenado a 5 años por prevaricación

El juzgado de lo Penal 2 de Cartagena ha condenado al exalcalde de Torre Pacho Daniel García Madrid, del PP, a cinco años de inhabilitación especial para cargo o empleo público por un delito de prevaricación administrativa, en la modalidad de muy cualificada.

La sentencia, notificada hoy, declara probado que el acusado, en su condición de alcalde, autorizó en 2007 la permuta de un solar urbano municipal por cuatro parcelas en suelo rústico propiedad de Mar Menor Golf Resort «sin la existencia de un expediente administrativo previo, informe o dictamen de ningún tipo con unas mínimas consideraciones de tipo técnico, económico o jurídico que amparasen o acreditasen su necesidad concreta por razones de interés público, ni tampoco la razón por la cual se acude a la permuta como medio excepcional de enajenación de bienes de titularidad municipal».

Además, en su parte dispositiva, declara nulidad absoluta de la escritura de permuta de fecha 23 de mayo de 2007. En la misma resolución se absuelve al acusado Ramón Ángel Cabrera Sánchez, en el momento de los hechos enjuiciados arquitecto municipal del ayuntamiento de Torre Pacheco de los delitos de prevaricación y fraude, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJRM).

«No ha quedado acreditado en este punto la existencia de connivencia entre ambos acusados al objeto de lograr la permuta, ni tampoco que la misma se efectuase en perjuicio de los intereses del ayuntamiento de Torre Pacheco», explica la resolución.

Según se indica en la sentencia, en la determinación de la pena impuesta se ha tenido en cuenta la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación.

#PORSERMUJER, la Junta contra la brecha salarial

Hoy, 22 de febrero es el Día Internacional por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres. Por este motivo la Junta de Andalucía, en concreto la consejera de Políticas Sociales e Igualdad, María José Sánchez Rubio, ha presentado en Sevilla la campaña #PORSERMUJER impulsada por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). La campaña tiene como objetivo sensibilizar sobre la principal causa de la brecha salarial, que es la falta de corresponsabilidad en el hogar y el mercado laboral, que prioriza a las personas que no tengan responsabilidades de cuidados.

La campaña, que prevé llegar durante estos días a más de 500.000 personas a través de redes sociales, profundiza, mediante gráficas y piezas multimedia basadas en datos del INE, la gran diferencia existente en los salarios de ambos géneros. Estos indican que las mujeres cobran de media anual en España 20.051 euros, 5.941 euros menos que los hombres, lo que supone una brecha del 23% (aún mayor según otros estudios). Esta brecha, ha explicado Sánchez Rubio, tiene su raíz en la falta de corresponsabilidad en el hogar, que contribuye a que «las mujeres decidan, para poder conciliar, reducir sus horas de trabajo, optar por sectores que permiten conciliar pero que ofrecen salarios más bajos (segregación horizontal) o intentar compaginar ambas tareas, reduciendo las probabilidades de ser designadas para puestos de responsabilidad, ocupando los tramos más bajos de la jerarquía» (segregación vertical).

También ha querido recordar la consejera que las mujeres representan el 73,8% de las personas ocupadas a tiempo parcial y el 95,2% de las personas que reducen su jornada para dedicarse al cuidado de menores. Junto a ello, Sánchez ha incidido como otra de las raíces del problema el propio modelo patriarcal del mercado laboral, «que prioriza al modelo masculino que sólo tiene responsabilidades en el trabajo remunerado».

Una vez más, la consejera ha tenido que recordar las recomendaciones de la Comisión Europea a los países miembros sobre la necesidad de impulsar auditorías en las empresas y  sobre transparencia para sacar a la luz las diferencias retributivas por sexo, de cara a fomentar la igualdad salarial de hombres y mujeres. En este sentido, ha instado al Gobierno central a cumplir con las recomendaciones europeas y a utilizar la negociación colectiva como una de las principales herramientas para cerrar la brecha.

En la presentación, también ha indicado que la nueva Ley andaluza de Igualdad de Género, que se encuentra en trámite administrativo, prevé crear un plan andaluz específico extraordinario para luchar contra la discriminación salarial por razón de género, «porque la transparencia es el primer paso para visibilizar y eliminar la brecha salarial de género». Además, según la consejera, la futura normativa garantizará la incorporación en la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo de una planificación anual de medidas para combatir la discriminación laboral, así como la realización periódica de estudios sobre igualdad salarial en  las empresas  y sectores de Andalucía.

Diego Conesa: “Creemos que es posible una ley de financiación local antes de que acabe la legislatura”

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha afirmado que es posible hacer una ley de financiación local antes de terminar la legislatura, para dar una estabilidad y una previsión de ingresos a todos los municipios y que estos sepan con qué recursos pueden contar para sus inversiones.

“Con esta ley facilitaremos la labor en los programas electorales de todos los partidos de cara a las siguientes elecciones municipales”, ha señalado Conesa tras una reunión con representantes de Ciudadanos para trabajar en los asuntos de interés para la Región de Murcia.

Al encuentro de trabajo también han asistido los vicesecretarios generales del PSRM-PSOE, Joaquín López, Gloria Alarcón, y Francisco Lucas; el secretario de Organización, Jordi Arce; la presidenta del PSRM-PSOE, Teresa Rosique, y el secretario de Política Municipal, Alfonso Martínez Baños.

“Los socialistas hemos asumido llevar a cabo los trámites parlamentarios oportunos para que se pueda abrir una ponencia en la que todos los partidos puedan plantear su opinión, y especialmente, la Federación de Municipios de la Región de Murcia”, ha indicado.

Otra cuestión importante tratada en la reunión es la reforma del Estatuto de Autonomía. “Después de más de 10 años de atrasos, Ciudadanos y PSOE queremos impulsar a los otros dos grupos políticos y al Gobierno regional para que esa reforma sea una realidad”.

“Estaba prácticamente hecho en la legislatura anterior y se podría haber hecho blindando, por ejemplo, el trasvase Tajo-Segura y otras cuestiones fundamentales que no lo están. Se trata de un estatuto que es el único a nivel nacional que no está reformado”, ha comentado.

Por otra parte, Conesa ha destacado la preocupación que ambos partidos siguen teniendo por el Mar Menor. “Queremos que el Gobierno regional gobierne, actúe y lleve el proyecto de ley integral a la Asamblea Regional”.

“Un gobierno está para gobernar, y si no lo hace de aquí al verano, nosotros comenzaremos a trabajar para llevar nuestro proyecto a nivel de programa electoral de cara a las siguientes elecciones”, ha añadido.

Por otra parte, el líder socialista ha destacado la voluntad de acuerdos que ha demostrado el PSRM en cuanto al pacto regional del agua. “Hemos emplazado al Gobierno a actuar, y esperamos que pronto se pueda llegar a la firma del acuerdo”.

Finalmente, Conesa ha instado al Ejecutivo murciano a hacer un último esfuerzo par a incorporar a Podemos. “Es el momento de hacer ese último esfuerzo para buscar el pacto regional del agua, en el que estén todos los partidos y en el que se contemplen las peticiones y propuestas de todas las fuerzas políticas

Compromís señala a García Tejerina como culpable por la toxicidad de fertilizantes

La Unión Europea está negociando actualmente la elaboración del reglamento que debe regular el índice de metales pesados en fertilizantes. En el caso del cadmio, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea ha fijado un límite de 20 mg/kg, sin embargo, en España, a través del ministerio de Agricultura, se aboga por un límite del cadmio de 75 mg/kg, alineándose con la petición de los fabricantes de fertilizantes.

Según la información publicada por diversos medios de comunciación sobre un documento de trabajo del Ministerio de Agricultura, el Gobierno español justifica su oposición a una rebaja del nivel de toxicidad en los fertilizantes agrícolas, en concreto en el límite de cadmio, argumentando que imponer unos límites más estrictos perjudicaría a la industria agroquímica. “Compromís tiene claro que ningún interés económico puede pasar por encima de la salud y el medio ambiente y si la ministra Tejerina tiene dudas sobre cuáles son las prioridades y las responsabilidades de la Administración, quizás debería coger su cartera y volver a la empresa privada”, así lo ha señalado Cristina Rodríguez, diputada y portavoz de Agricultura, Ganadería y Pesca de Compromís en Les Corts.

“Las recomendaciones de uso de fertilizantes están por encima de lo necesario. Se trata de una demanda creada por la industria que, en muchos casos, se puede suplir por aportes orgánicos. Lo que Europa está pidiendo a la industria es que se adapte a las necesidades de una agricultura más sostenible”, ha puntualizado Rodríguez. La extracción de cadmio tiene repercusiones tanto en el ámbito medioambiental, sanitario como geopolítico, ya que el cadmio es un elemento químico cuya disponibilidad está limitada y el riesgo de su desaparición es elevada. Además, la Comisión Europea lo considera un contaminante medioambiental especialmente tóxico para el riñón así como para la desmineralización tóxica.

Afirman desde la formación valenciana que no hay que olvidar que la Ministra de Agricultura fue directora de Planificaciones Estratégicas de Fertiberia y consejera de Fertial, principales grupos de presión para evitar la reducción de los niveles de cadmio. Por este motivo Joan Baldoví, diputado y portavoz de Compromís en el Congreso, ha instado al Gobierno central a aclarar qué postura defenderá ante la propuesta de la Comisión Europea de reducir el cadmio en los fertilizantes (mediante preguntas parlamentarias), y qué alternativa presentará el Ministerio en el caso de que finalmente las instituciones europeas aprueben la propuesta de la Comisión Europea.

Para Baldoví, “no podemos permitir que intereses económicos se antepongan a la salud de las personas y el medio ambiente. Por eso es preciso que el Gobierno de M. Rajoy aclare si la ministra Tejerina tiene autoridad moral para tomar decisiones relacionadas con el sector de fertilizantes, sector en el que trabajaba antes de ser la responsable de agricultura y medio ambiente, y más teniendo en cuenta que los argumentos en los que está trabajando su ministerio son prácticamente un calco de los utilizados por dicha industria para oponerse a la reducción de tóxicos en los fertilizantes”.

Emiliano García Page pedirá que se adelanten las Elecciones Generales

Lo venimos anunciando en estas mismas páginas desde hace meses, es un clamor extendido por toda la geografía española la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica. Todos los dirigentes regionales, sean del PSOE o del PP, claman al Gobierno de M. Rajoy para que, de una vez por todas, dé el paso y convoque la prometida reunión de los presidentes y presidentas de Comunidades Autónomas para trabajar sobre el tema. Da igual que se llame Cristina Cifuentes, Susana Díaz, Javier Lambán, Ximo Puig, Alberto Núñez Feijóo o Emiliano García-Page, como es este el caso, todos y todas piden que se resuelva ese problema que está ahogando a unas administraciones fundamentales para desarrollar los servicios sociales. Los que realmente importan a las personas.

Soraya Sáenz de Santamaría, mucho lleva prometiendo como “ministra” de la Administración Pública, pero todo son mentiras y dilaciones. Incapaz de gestionar la crisis catalana, peleada con todo el mundo en sus intentos de sucesión del “inerte” Rajoy, o buscando cobijo en el Ayuntamiento de Madrid, para lo cual está gastando muchas balas y esfuerzos, los cuales le hacen olvidarse de sus verdaderas funciones como gobernante. A ello se suma Cristóbal Montoro que está intentando utilizar el cierre de la caja para asfixiar a las Comunidades y así intentar lograr un cambio en favor de los Presupuestos Generales del Estado. Esos mismos que quedarán empantanados por la corrupción que les asola mediáticamente y su incapacidad declarada para ajustar las cuentas centrales, tal y como demandan desde la Troika. Porque la CCAA cumplen, mientras que la Administración central no.

La situación ha llegado ya al límite, tanto para que un siempre ponderado y prudente Emiliano García-Page haya estallado. Así ha manifestado que pedirá que se agote la actual legislatura y se convoquen elecciones generales si el Estado sigue retrasando el ingreso de los llamados anticipos a cuenta a las Comunidades Autónomas, bajo la excusa de la actual situación de bloqueo en que se encuentran los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Algo de lo que no son culpables, ni los gobernantes regionales, ni la ciudadanía. Solamente el PP y su gobierno incapaz.

El presidente castellano-manchego ha lamentado esta “doble amenaza” del ministro Montoro, que supone, a día de hoy, el retraso en la aprobación de las cuentas generales de 2018, a la que se ha asociado la retención “del dinero que nos pertenece” como Comunidad Autónoma para hacer frente a la financiación de servicios básicos esenciales. “Es determinante sacar adelante los presupuestos y que dejen de utilizar la hipoteca sobre los anticipos”, ha subrayado mostrando su enfado García-Page. En este sentido, ha criticado la “ambivalencia” del discurso de algunos dirigentes del Partido Popular que calificaron en el pasado de “signo de normalidad y estabilidad” la aprobación de los Presupuestos Generales y que, sin embargo, ahora defienden que “se puede estar sin presupuestos uno, dos o tres años”.

“Se tendrán que afanar” en sacar adelante “un presupuesto”, con su techo de gasto correspondiente o, de lo contrario, ha advertido García-Page, el Estado abocará a ayuntamientos y comunidades autónomas a una situación económica que, en el caso concreto de Castilla-La Mancha, dificultará la reconstrucción de la sanidad, la educación o los servicios sociales. En esta misma línea, ha recordado la actitud de los conservadores de Castilla-La Mancha cuando, al no aprobarse los presupuestos de 2017, pidieron su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas. “Intenté con ellos un acuerdo por todos los medios para sacar adelante los presupuestos”, ha explicado García-Page y, sin embargo, “me encontré con una actitud obstruccionista y deliberadamente destructiva”. Parecía, según ha detallado el presidente regional, “que intentaban destruir desde la oposición” lo que no habían derribado estando cuatro años en el Ejecutivo castellano-manchego.

La financiación autonómica y la reforma constitucional.

El presidente autonómico también ha abordado el debate sobre el sistema autonómico de financiación, caducado desde 2014, y la consecución de un “necesario” sistema de armonización fiscal. García-Page ha abogado por terminar con “la riña de gatos” que existe entre las Comunidades Autónomas de régimen común, para lo que habrá que “combinar gastos e ingresos en serio” y, al mismo tiempo, que se tengan en cuenta las particularidades de regiones como la Comunidad de Madrid, tanto por el llamado dumping fiscal como por estatus más ventajoso del que disfruta por su posición como capital.

El presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado convencido de que habrá menor presión fiscal al finalizar la actual legislatura, pero ha hecho un llamamiento a priorizar tanto la armonización fiscal entre comunidades autónomas como a realizar, al menos, una “cierta aproximación” en materia de financiación autonómica.

García-Page también se ha referido a la Constitución de 1978, que este año cumple su 40 aniversario, así como al debate generado en torno a una eventual modificación de la Carta Magna. El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que, en estos momentos, “no hay espacio para una Constitución muy alternativa” pero sí “para algunos cambios, matices y novedades”. En cualquier caso, el presidente regional ha rechazado que el momento político actual de España sea el propicio para “abordar serenamente” un debate constitucional. “Debe haber sosiego” y en ningún caso “chantajes”, ha remarcado García-Page, y eso no ocurrirá hasta que se restablezcan las pautas de “cohesión” entre comunidades autónomas.

El PSOE denuncia que el Gobierno no pone en marcha el Plan de Adicciones

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Consuelo Cano ha pedido explicaciones en la Comisión de Sanidad al consejero de Salud Manuel Villegas sobre las razones por las que no se ha puesto en marcha el Plan Regional de adicciones 2016-2020 sobre drogas, para prevención, asistencia e integración social.

Cano no ha quedado suficientemente convencida con las explicaciones del consejero, ya que no ha aclarado convenientemente por qué un Plan de adicciones que está hecho, no se pone en marcha. “No alcanzamos a entender que una vez realizado, redactado y consultado haya sido relegado al fondo del cajón sin haber anunciado qué ocurre; tampoco entendemos por qué tras cesar en 2017 al coordinador regional de adicciones, se diluyeran sus competencias en la Dirección General  de Salud Pública y Adicciones, sin coordinación, sin plan y sin directrices”.

El último Plan de Adicciones de la Región que se conoce es el que abarcaba el período de 2007 a 2010. El nuevo Plan 2016-2020 tiene como objetivo dotar a la Región de una herramienta actualizada como base para planificar, ejecutar y evaluar las acciones más efectivas y los recursos más apropiados para la mejora de la salud mental de la población que tienen problemas de adicción, además de para prevenir estos trastornos, tratamiento e inserción socio-laboral óptima de las personas y grupos de población que sufren adicciones y el apoyo a sus familias.

Cano manifestó que las adicciones incluyen muchos más peligros además de la drogadicción. “Hay nuevas dianas que abordar, como son la ludopatía, la creciente adicción de la población más joven a las tecnologías y a las redes sociales, y el aumento del consumo de cannabis, frente a un leve descenso en el consumo del tabaco y el alcohol en determinadas franjas de edad”.

La diputada reivindicó que este Plan, como herramienta de planificación, constituye la hoja de ruta que establece la manera en que se organizará, orientará e implementará el conjunto de tareas necesarias para la consecución de objetivos.

Está necesariamente sujeto a las recomendaciones contempladas en toda la normativa sanitaria, planes y estrategias nacionales e internacionales. Y también  como contempla la recientemente publicada Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024. Este proyecto pasó todos los trámites de consulta a distintas entidades como sindicatos, sociedades científicas , etc., y estuvo sujeto a las consultas públicas y transparencia.

Consuelo Cano se pregunta ¿Cuál es el nuevo rumbo?, ¿cuál el nuevo Plan?, ¿dónde queda la prevención?, ¿qué se va a hacer ante el creciente problema, el uso y abuso de benzodiacepinas y opiáceos, que el propio Consejero reconocía hace unos días?, ¿cómo se va a articular sin un Plan Regional?

“El agotamiento del Gobierno regional está provocando que se postergue sine die cualquier plan o estrategia que supere la inmediatez. El Gobierno regional debe instaurar sistemas de gestión pública sobre la base de la eficiencia, la transparencia y la justicia social y con ellas avanzar en la dirección propuesta por España y Europa, sin embargo, aquí en la Región de Murcia el Gobierno regional sigue dejando que los problemas duerman”.

 

Revelan la contaminación del río Segura por plaguicidas prohibidos en España

Un informe de Ecologistas en Acción revela que el agua de los ríos españoles de diez Confederaciones Hidrográficas, entre ellos el río Segura, está contaminada por plaguicidas tóxicos y sustancias que actúan como disruptores endocrinos y afectan a la salud humana y animal y que fueron prohibidos en España hace años.

Según el estudio ‘Ríos hormonados’, realizado por la ONG, España es el país europeo que más plaguicidas utiliza, con un total de 78.818 toneladas en 2014. El trabajo está basado en los datos arrojados de los Programas de Vigilancia de la Calidad de las Aguas aportados por las 10 Confederaciones Hidrográficas que respondieron a su petición de información al respecto en las aguas superficiales. En concreto, en el río Segura se detectaron 9 de los 57 plaguicidas analizados en 2016, de las que 6 pueden ser disruptores endocrinos y 6 no están autorizados

En total, en 2012 las confederaciones detectaron 46 de los 95 plaguicidas analizados y en 2016, 47 de 105 sustancias analizadas. De estas, 21 eran insecticidas; 19, herbicidas y 5 fungicidas. La ONG alerta de que el uso del 70 por ciento de los plaguicidas detectados no está autorizado en España ni en la Unión Europea.

Por cuentas hidrográficas, las más contaminadas son las que tienen una agricultura más intensiva. Así, Júcar es «con gran diferencia» la cuenca más contaminada», ya que en ella se hallaron en 2016, un total de 34 de los 57 plaguicidas analizados, 22 de ellos prohibidos y 21 posibles disruptores endocrinos.

El Ebro, que se sitúa como la segunda con más tóxicos, en 2016 se hallaron 21 de las 37 sustancias analizadas, 16 de ellas son o se sospecha que son disruptores endocrinos y 18 de los plaguicidas detectados en esta demarcación no están autorizados y en el Guadiana se hallaron 7 de las 27 sustancias analizadas, de las que se sabe o se sospecha que 6 son disruptores endocrinos y no están autorizadas 6 de 7 sustancias detectadas.

Por otro lado, la cuenca del País Vasco se detectaron 17 de las 55 sustancias analizadas en 2016, 14 pueden ser disruptores endocrinos y 15 no están autorizados, como el lindano y sus isómeros, las sustancias detectadas con mayor frecuencia.

Asimismo, en el Tajo se hallaron 15 de las 17 sustancias analizadas y de estas, está prohibido el uso de 12 y 13 de ellas son posibles disruptores endocrinos. En cuanto al Miño-Sil, se han encontrado 13 de 58 sustancias analizadas en 2016, de las que cinco de ellas están prohibidas y 11 son posibles disruptores endocrinos.

Mientras, en el Duero se han hallado en 2016 un total de 12 de los 34 plaguicidas analizados; diez de ellas son o se sospecha que son disruptores endocrinos y no está autorizado el uso de 8 sustancias detectadas.

Por su parte, en Galicia Costa «solo» se detectaron 3 de las 55 sustancias analizadas, pero entre ellas está el insecticida cloropirifós que es disruptor endocrino y dos herbicidas prohibidos, mientras que en el Cantábrico, en 2015 se detectaron 2 de las 21 sustancias analizadas pero las dos están prohibidas y una de ellas, el lindano es un disruptor endocrino.

Por ello, Ecologistas en Acción reclama una transformación del insostenible sistema agrario actual a un sistema agroecológico e insta al Gobierno a prohibir los disruptores endocrinos y a poner en marcha un plan para reducir a la mitad en los próximos 10 años el uso de plaguicidas en España.

Caso Banco Popular: un Santander acorralado intenta dispersar la atención a asuntos secundarios

El Santander está aplicando todo su poder, y es mucho, para intentar desviar la atención sobre otros actores secundarios en el Caso Banco Popular. Hay varias razones por las que el círculo se va cerrando más sobre la entidad presidida por Ana Patricia Botín y, sintiéndose acorralados, intentan, precisamente, que la atención mediática y de los afectados se centre en aspectos que tienen una importancia muy relativa respecto a centrarse en los verdaderos responsables de la presunta estafa que fue la operación del Banco Popular.

A medida que Diario16 va publicando más documentación sobre cómo se realizó la operación que terminó con la declaración de inviabilidad, con la resolución del banco y con su venta por un euro al Santander, el círculo se va cerrando más sobre el Santander como el principal urdidor de toda la operación. El banco cántabro necesitaba del Popular para salvarse.

El hecho de que la Audiencia Nacional haya aceptado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la documentación presentada por este medio y la incorpore a todas las causas presentadas, y por presentar, demuestra con claridad que esos documentos revelan actos presuntamente delictivos que se produjeron en España, no en Europa, y en unas fechas muy concretas, es decir, inmediatamente después del nombramiento de Emilio Saracho como presidente del Popular. Esto ha sido un revés para el Santander. Por otro lado, este medio presentará en breve otra remesa documental para que sea analizada e incorporada al resto de causas.

Además, en estos días el juez Fernando Andreu ha dado un giro muy importante al requerir a todos los actores implicados en el Caso Banco Popular, Santander incluido, toda la documentación que tenga relación directa o indirecta con las causas. Este movimiento fue inesperado incluso para el propio banco presidido por Ana Patricia Botín.

Un gigante acorralado como el Santander es muy peligroso. Por esta razón han puesto en marcha «el ventilador», del mismo modo que los políticos cuando se sienten acuciados por distintos escándalos y tiran del «y tú más» para protegerse o magnifican asuntos con el fin de llenar los telediarios de noticias que, en realidad, no tienen tanta importancia como la que se le quiere dar. Por esta razón se dan argumentos para que la atención de los afectados se vaya hacia las instituciones europeas o que se intente una dispersión de culpas hacia quienes pudieran (o no) tener responsabilidad en la gestión del banco no la tienen en absoluto en la ruina de más de 305.000 familias.

La realidad es muy otra. La realidad es la que está contando Diario16 desde hace un año con información y documentación absolutamente contrastada que no tienen otra finalidad que la de lograr que esos arruinados recuperen lo que se les quitó en la madrugada del 7 de junio y el único que tiene la obligación y capacidad para pagar esas cantidades es el Santander dado que suya es la responsabilidad de todo lo ocurrido y porque ha sido quien ha sacado beneficio de la operación.

Tal y como hemos venido publicando en Diario16, a través del despacho de referencia del Santander, Uría y Menéndez, se diseñó todo el plan que era transmitido a Emilio Saracho para que lo fuera ejecutando. Para ello se firmó el día 17 de febrero, tres días antes de que fuese nombrado presidente y sin tener aún poderes, un contrato con el que se inició lo que denominaron «Proyecto Noya», que no era otra cosa que la ejecución de todas las estrategias que encaminaran al Popular a una situación límite, tanto en el mercado como en el cumplimiento de las ratios de liquidez.

El «Proyecto Noya» finalizó el día 7 de junio, pero ya el día 2 Uría envió al Popular todas las instrucciones, tanto para declarar la inviabilidad, como el plan de acción para el día siguiente a la intervención, el «Día R», incluyendo un plan de comunicación a nivel interno y externo. Por esos trabajos, Uría y Menéndez facturó una cantidad cercana a los 1,5 millones de euros que fueron abonados por el Grupo Santander.

Esas instrucciones se llevaron a efecto con precisión de cirujano por parte de Saracho. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en la comparativa entre el acta del Consejo de Administración del Popular celebrado el día 6 de junio. En ese Consejo Saracho sigue al pie de la letra las instrucciones recibidas de Uría y Menéndez para la declaración de la inviabilidad, una declaración que se realiza en base a unas previsiones de incumplimientos de ratios y no de la realidad del banco, tal y como se reconoce en el documento.

Todo este proceso se produjo con la presión de las ofertas recibidas tanto para ampliar capital (Barclays, Deutsche Bank) como para la venta de activos (WiZink, TotalBank), ofertas que fueron ocultadas tanto al Consejo como a las autoridades reguladoras. Esta presión fue la que hizo que se cometiera un error que, de por sí, ya invalida toda la operación: la firma presuntamente falsa de Saracho en su carta de comunicación de inviabilidad al BCE.

En estos días el Santander está reclamando una cantidad de varios millones de euros a Ángel Ron por su pensión de prejubilación contratada con Mapfre aplicando cláusulas de ajuste, reducción y recuperación del 100% de esa cantidad, sin tener claro si esa cantidad está abonada o no.

Ayer el Santander publicó el informe anual y sus terminales mediáticos han dado bombo a su demanda por la que reclaman los derechos económicos del presidente Ron mientras ellos aumentan como Santander la póliza de responsabilidad civil de Saracho lo que deja bien claro para quién trabajaba Saracho y por qué a el no le reclama los 4 millones más otros 22 que se le pagaron en los días siguientes al 7 de junio, vía una presunta trasferencia, o varias, a su cuenta en Suiza.

A Ron se le reclama un total de 12 millones de euros, de los que, según ha sabido Diario16, ha cobrado lo correspondiente a un año, o sea, la undécima parte. Es decir, utilizan falsariamente la comunicación para hablar de cantidades elevadas que recogen lo que cobraría a lo largo de los años si sobrevive lo suficiente.

En fin, de lo que se trata realmente es de desviar la atención.

Diario16 ha sabido sobre un posible escrito que Ángel Ron ha presentado ante la Audiencia Nacional dando cuenta de lo que ha alegado el Santander ante la CNMV confirmando la legalidad absoluta de esas retribuciones.

No entramos en si es lícito o no que se le reclamen estas cantidades a Ron. En caso de que lo fuera —cosa que dudamos porque no se le puede demandar a alguien lo que no ha cobrado— sería normal que el Santander lo reclame. No obstante, lo lícito sería que pagara a las 305.000 familias afectadas un justiprecio por lo que se les arrebató el 7 de junio, que le reclamara los millones que cobró Saracho o que explicara el pago del millón y medio que cobró Uría y Menéndez por el Proyecto Noya. Sin embargo, ¿qué le aporta esta noticia, publicada en todos los medios, a los afectados del Popular? ¿Pretenden que se haga un paralelismo entre Ron y los consejeros de, por ejemplo, las cajas gallegas o la CAM y, de este modo, crear un estado de opinión que evite que se centren las miradas hacia el Santander? La intención está clara.

Sin embargo, como decíamos anteriormente, el comportamiento del Santander fue muy otro cuando permitió que Saracho ampliara su seguro de responsabilidad y no le importó multiplicar la prima para que el último presidente del Popular elegido por sus accionistas se pudiese acoger a ese seguro para pagar sus gastos judiciales. Esa ampliación se produjo cuando Saracho ya había sido cesado de la presidencia del Popular, tal y como publicamos en Diario16.

Una vez intervenido el Popular, aprobada la operación por la Comisión Europea e iniciado el proceso de rentabilización rápida por el patrimonio del Popular para que el Santander incluyera en sus cuentas importantes activos, la entidad cántabra lanzó los bonos de fidelización como otra fórmula de distracción de los afectados, unos bonos que por las características que reconoce el propio folleto informativo presentando ante la CNMV no son aptos para quien van dirigidos por la enorme complejidad del producto. Algo similar a lo que ocurrió con las preferentes, unos bonos que, además de ser discriminatorios porque sólo se ofrecieron a los accionistas que acudieron a la ampliación de capital de 2.016, sólo los contrataron aquellos que tenían necesidad porque lo que se les había arrebatado no era una inversión sino sus ahorros, que tenían algún tipo de filiación con el Santander o los trabajadores por miedo a perder su trabajo.

Cualquier excusa es buena para generar una cortina de humo que Diario16 disipará con más documentos que iremos publicando en breve porque, como ya hemos indicado anteriormente, la intención de este medio no es otra que los 305.000 afectados cobren lo que se les arrebató y toda la documentación que estamos publicando y presentando ante las instituciones judiciales sólo tiene un fin: que nuestra Justicia haga Justicia y que, como instó el Defensor del Pueblo, el Santander llegue a un acuerdo extrajudicial con los afectados y les pague el precio justo.