lunes, 27 abril, 2026

El Clínico de Valencia coordina un nuevo ensayo clínico para frenar el cáncer de ovario

El Hospital Clínico Universitario de València, a través de Alejandro Pérez-Fidalgo, como miembro del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), coordina un nuevo ensayo clínico para el tratamiento de cáncer de ovario utilizando el medicamento Olaparib, uno de los fármacos que más ha modificado el tratamiento de este tipo de cáncer.

Hasta la fecha Olaparib ha ofrecido muy buenos resultados en el tratamiento del cáncer de mama metastásico (con mutación germinal en BRCA) y en casos de cáncer recurrente epitelial de ovario, trompas de falopio y peritoneal primari. Además, todo apunta a que su uso puede ampliarse a otras pacientes con cáncer ginecológico. El riesgo de sufrir cáncer de ovario aumenta en casos de alteraciones genéticas específicas y hereditarias, como es por ejemplo la mutación del gen BRCA.

En el ensayo dirigido por Pérez-Fidalgo, especialista en oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia e investigador del Grupo de cáncer colorrectal y nuevos desarrollos terapéuticos en tumores sólidos del Instituto de Investigación INCLIVA y, que tiene por nombre ROLANDO, participarán un total de ocho hospitales de toda España, de Valencia, Madrid, Sevilla, Mallorca, Canarias, y Sabadell. Este estudio continúa la línea de investigación desarrollada en el exitoso ensayo Fase III SOLO-2.

El Ensayo ROLANDO es pionero en su campo por ser uno de los pocos ensayos clínicos que no está promovido por una empresa farmacéutica sino que es una iniciativa de GEICO (Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario), una asociación científica española sin ánimo de lucro, líder nacional en investigación clínica y traslacional del cáncer ginecológico y de ovario.

El Olaparib es un inhibidor de un tipo de proteínas (las PARP) que ayudan a reparar el ADN dañado de las células. En líneas generales, el fármaco ayuda a detener el crecimiento del cáncer y su regreso, tras reducir su tamaño.

La mutación BRCA está presente en el 30% de los casos de cáncer de ovario. Aún así, algunos estudios previos han demostrado que este fármaco también es eficaz, aunque en un grado menor, en pacientes sin esta mutación y como terapia para en casos de cáncer de ovario recurrente.

El nuevo ensayo clínico coordinado por Pérez-Fidalgo evaluará el tratamiento combinado de Olaparib y una quimioterapia llamada doxorubicina liposomal con la que estudios preclínicos han demostrado un efecto sinérgico. De forma complementaria, se administrará a pacientes con o sin la mutación. El objetivo final del ensayo es ofrecer a las pacientes la alternativa de recibir un fármaco que podría ser eficaz aunque no dispongan de mutaciones de BRCA.

Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, el cáncer de ovario es el sexto tipo de tumor más diagnosticado en mujeres, y su incidencia alcanza los 3.000 nuevos casos anuales en nuestro país. Se trata de la sexta causa de mortalidad por cáncer en mujeres, y la segunda por cáncer ginecológico, por detrás del cáncer de mama

Conspiración

Si existe en los medios de comunicación algo divertido son las teorías de la conspiración. Gracias a ellas se han llenado cantidad de páginas; se han gastado cantidad de bytes; y han dado para, incluso, llenar nuestras pantallas de películas que nos han llenado de intriga. Basta con un rumor para que la imaginación se lance hacia el teclado para dejar constancia de algunas situaciones que hacen ver cómo el Orden Mundial, ese oscuro lugar secreto donde todo se cuece y se gestiona permitiéndonos creer que gozamos de libertad, controla nuestras vidas. El Club Bilderberg, la Masonería, la Orden de Sión, el Opus Dei, la CIA son algunas de las entidades recurrentes en estas teorías conspiranoicas.

Aquí les vamos a ofrecer una serie de teorías de la conspiración que se perpetran en España. No son tan enormes como otras que suceden en países como Estados Unidos, pero son nuestras. Conspiranoica española en grado máximo. Hechos de los que casi no se tienen pruebas, de los que sólo se hablan en los mentideros más privados y exclusivos de esta piel de toro, y que sorprenden por su gran acercamiento a la realidad. Si se pregunta a los implicados dirán que son falsedades sin fundamento. Pero ¿son una verdad mayor que la que reflejan los medios de comunicación del sistema? Aquí las dejamos y valoren ustedes mismos si realmente son verdad o reales.

Primera: Ciudadanos un partido del establishment.

La primera teoría ha tenido algún recorrido en nuestra prensa con menos fortuna de la que se esperaba. Ciudadanos ha sido elegido por el establishment para ser el verdadero representante del neoliberalismo en España, y para ello ponen toda su maquinaria financiera y mediática en favor de Albert Rivera y su gente. De ser un partido semi-clandestino en Cataluña y alinearse con ultraderechistas metidos en las cloacas del Estado, a ser la gran esperanza de la derecha urbana, nacionalista y fascistoide de España, o bien hay un golpe de suerte, o bien hay algo más detrás que no se cuenta.

En esta teoría de la conspiración de los poderes ocultos patrios se comentó al comienzo del surgimiento de Ciudadanos a nivel estatal que se les había potenciado para luchar contra el 15-M y la revolución de las conciencias que de allí surgió. Y que, en parte, desembocó en Podemos. Confrontar a Rivera con Iglesias para mantener el sistema. Dos jóvenes frente a frente para que nada cambie. Pero una vez muerto el perro, para qué seguir con la rabia. Y aquí es donde las informaciones que corren en los mentideros madrileños no concuerdan. Puede que Ciudadanos haya servido para ralentizar a Podemos y devolverlos al anguitismo, pero no era esa la finalidad de la potenciación de la formación naranja.

Los medios desplegados por Ciudadanos en sus campañas electorales, la gran sede que tienen en la calle Alcalá de Madrid, el dispendio en pulseras, carpetas y demás mercadería política que muestran, sólo se había visto en el PP durante las épocas de la Gürtel y la Púnica. Ni el PSOE de González-Guerra desplegaba tal parafernalia sin que la cuenta de resultados fuese negativa. Ni Podemos, ni PSOE en la actualidad tienen esa capacidad y eso que tienen más diputados y, por tanto, disfrutan de mayores ingresos legales.

Imaginen por un momento, que distintos representantes del establishment comienzan a estar cansados del PP de M. Rajoy. Les han dado mucho dinero y apoyo en sus medios de comunicación y ahora les niegan el pan y la sal. No sólo eso, sino que les señalan desde los tribunales por culpa de la indiscreción de sus dirigentes. Ya no quieren seguir pagando comisiones, ni dar dádivas a cambio de nada. La incapacidad del Gobierno a nivel internacional también les perjudica en sus negocios de expansión. Están hartos y cansados de estos “abogaduchos” del Estado sin perspectiva. De repente, uno de los allí sentados, dice “¡Oye! En Cataluña pusimos en marcha el proyecto de Arcadi y demás y no ha salido muy mal. ¿Por qué no hacemos una segunda operación Roca pero con más tranquilidad?”. Se miran y acuerdan marcar un plan

En el plano mediático, supongamos, que Florentino Pérez pone mucho dinero en OK Diario y a su amigo Eduardo Inda al frente del mismo para desprestigiar a la izquierda en general y a Podemos en particular. Por ello se da orden de no publicar, a sus redactores, crítica alguna a Ciudadanos. Y como Casimiro García Abadillo sale de El Mundo, le ponen los dineros suficientes para montar El Independiente y ser su apoyo más clásico, frente a la gente de Inda que serán más tipo tabloide. Pedro J. Ramírez que ve venir el negocio se apunta con El Español, que al fin y al cabo, es financiado por muchos de los que están en el ajo. Busquen críticas en eso medios y encontraran la verdad.

Poco a poco se van elevando las críticas contra el PP por la corrupción. Rivera y sus colegas comienzan a aparecer día tras día, literalmente, en los medios del grupo Atresmedia. Rivera hasta en la sopa y siempre contraponiéndole a los demás dirigentes en su favor. Y si se habla de Inés Arrimadas en el programa de Bertín Osborne, pues que aparezca también Albert. Pero falta el fermento ideológico y se decide por un batiburrillo progresista, que no es más que populismo sistémico, o cuñadismo ideológico. Ellos y ellas siempre tienen la razón y todo lo bueno que se hace en España es gracias a su formación. Y claro, los medios de la conspiración así lo venden. Ni una crítica. Incluso en los medios supuestamente de izquierdas nada se dice, les interesa que acaben con el PP y, al fin y al cabo, no dejan de ser parte del establishment sus financieros, como George Soros.

Todo se acelera, además, con la buena operación que han tenido sus colegas franceses con Emmanuel Macron. Así que Rivera a visitar el club Bilderberg para pasar el examen, el cual no pasó en su momento Pedro Sánchez; se le pone en contacto con poderosos financieros venezolanos; Aznar pone sus contactos y sus lobbies, algunos compartidos desde el principio, en su favor; y en la campaña catalana se oculta a Albiol e Iceta y sólo sale Arrimadas por todos lados. El establishment tiene a su partido a las puertas de la victoria y sólo hace falta verificar si es mejor con Rivera o con Arrimadas. Y doblegar al PSOE que sería la muleta necesaria para concluir su obra de transformar España en una dictadura silenciosa y del capital.

Segunda: doblegar al PSOE.

Hace unas fechas, no muchas, una especie de copa de Navidad donde se juntaron varias personas del Ibex 35 se hablaba con preocupación de la deriva que estaba tomando el PSOE. Supongamos que también estuviese Juan Luis Cebrián, que pese a ser expulsado de El País, por el Banco de Santander aún maneja muchos resortes y contactos, y afirmase que se lo dejasen a él. Bien es cierto que no consiguieron poner a Susana Díaz al frente, pero pueden lograr doblegar el brazo de esta nueva ejecutiva de “niñatos”. En este sentido, comentaban los responsables de grupo Prisa que, al ser los socialistas el grupo más importante de sus lectores, televidentes y/u oyentes, pues con un poco de críticas contenidas se les podía llevar por el buen camino. “Hazlo, no vaya a ser que gane Pedro y le dé por hacer locuras, que este chico ya nos salió rana una vez” comenta un bancario.

Dicho y hecho, el grupo Prisa comienza a publicar editoriales muy críticos con el PSOE de Sánchez, a la vez que se da un poco de cancha a Íñigo Errejón para que les quite voto. Porque han hecho estudios en los que mucho votante socialista podría votar al otrora número dos de Podemos, aunque no a Iglesias. Pero Sánchez hace caso omiso a las advertencias y lanza su propuesta de financiar las pensiones con impuestos a la banca, en una primera fase. Ahí desata la furia del establishment y sacan hasta a González lanzando críticas veladas contra el chico. Se potencian las meteduras de pata de José Manuel Franco, que está “vendido” a los anteriormente considerados progres, para hacer daño a Ferraz. Y son constantes los artículos de opinión y los colaboradores que le niegan el pan y la sal a Sánchez.

Mientras se potencia a Rivera y Ciudadanos, tapando todas sus meteduras de pata, para proyectar su perfil de presidenciable. Y como a Rajoy lo quieren llenar de corrupción hasta las cejas pues sólo les queda Sánchez para formar la Gran Coalición neoliberal-socialdemócrata como ha pasado en Francia o Alemania. Los señores del sistema quieren un socialismo que no sea tan de izquierdas. Quieren un PSOE de grandes obras públicas, de liberalización del mercado, de financiador de futuras inversiones (como las renovables o la farmacéutica), que ponga el rostro humano al esquilme que están haciendo de lo poco que queda por rascar del Estado en España.

Tercera: ¿Dar una salida digna a Soraya o que vuelva a ser funcionaria?.

Soraya Sáenz de Santamaría se ha portado muy bien con los medios del establishment. Les ha permitido seguir en pie en los momentos más críticos de la crisis que se vio reflejada en la publicidad. No ha dudado en mover hilos para proteger a empresarios cuando las gentes de izquierdas, puestos en los gobiernos por la ciudadanía, les achuchaban. Ha comido con todos ellos para intentar ser correa de transmisión dentro del Ejecutivo y cuando ha hecho falta poner remedio al problema catalán, movió a todos los partidos para apoyar que las empresas pudiesen moverse en menos de 48 horas. Pero hoy está muerta, porque está en un partido que ya no se desea apoyar, y porque es muy torpe y ha fracasado en casi todas sus acciones. La peor de todas, la financiación autonómica que les vendría muy a algunos para sus grandes obras. Ha cerrado el grifo para asfixiar al PSOE y a los posibles sucesores de Rajoy, en su batalla personal dentro del PP, y de esta forma está perjudicando a muchos grandes empresarios.

Esa parte del establishment quiere que vuelva a su puesto de abogada del Estado. Que vuelva sentir lo que es trabajar duro como fórmula de castigo. Pero tiene dos buenos aliados en todo esto. Por un lado, los dueños de los medios de comunicación que han sobrevivido gracias a ella (aunque también es verdad que bien la han pagado poniéndola por las nubes cuando “ni por carácter, ni capacidades ha destacado” como afirmó un empresario hace pocas fechas). Y, por otro lado, Ana Botín, que ha conseguido salvar el Banco Santander gracias a la ignominiosa operación del Banco Popular.

Por tanto, desean que pueda ser candidata al Ayuntamiento de Madrid como retiro dorado y quién sabe si alcaldesa. No ven que Begoña Villacís tenga capacidad de dar el aldabonazo, y el PSOE parece buscar una “vaca sagrada” para poner allí. Así que el perfil de Sáenz de Santamaría podría ser aceptable y más en ciertos barrios. Conseguiría que no se fuesen muchos votos a Ciudadanos y dividir en demasía el voto y no conseguir los suficientes para gobernar la capital. Algo que empresarios del suelo de la Comunidad y otros, no verían con malos ojos. ¡Ah! Pero existe un problema. En Madrid no quieren.

Haber utilizado a los medios afines, que son casi todos, para atacar a los posibles contrincantes del PP a la sucesión, como señalar el pecado de la corrupción en Cristina Cifuentes, no ha gustado en Sol. No es que en Madrid sean cospedales, pero sí tienen un sentido de partido muy distinto al de la vicepresidenta. La cual no ha destacado mucho por pisar las sedes, en Génova y por obligación. Ha preferido otras moquetas y eso le daña dentro. Pero no pasa nada. Los amigos de los medios pueden alabarla, frente a la incompetencia de Rajoy, y comenzar a mover hilos para dejar mal a Pablo Casado (que parecía el elegido para tomar el Ayuntamiento de Madrid). Claro que el chico lo pone fácil.

Así los jóvenes vicesecretarios han comenzado a desaparecer de las pantallas y los medios, salvo para cuestiones puramente procedimentales. Fácil en el caso de Andrea Levy que sigue en estado catatónico (o catalónico). Y los demás pues apagón informativo. Eso sí, hay que valorar a la vicepresidenta y hacerle una campaña acorde a sus servicios prestados, siempre y cuando se comprometa a seguir los dictados del establishment. Que lo hará.

Como pueden observar son sólo tres teorías conspirativas que pueden ser tan reales como la vida misma. La verdad está ahí fuera decían en una famosa serie de televisión y parece que tienen pinta de ser reales. Además, cosa curiosa, ambas se entrelazan si le prestan atención a cada una. Igual no es más que teoría, o ¿no?

El PSOE pide a la CARM que apueste de verdad por las renovables

El diputado regional socialista Rafael González Tovar ha instado al Gobierno regional a “que se deje de postureo y apueste de verdad por las energías renovables. Que se deje de palabras y vaya a los hechos que tanto necesita esta región que tiene que apostar por las energías, no de escaparate, sino de verdad”, ha indicado.
Según González Tovar, para la Región de Murcia, la energía solar debe ser un objetivo de presente y futuro, “porque su desarrollo nos beneficia de forma especial, ya que disponemos de una materia prima propia, abundante y gratuita, que es el sol”.
“Esto nos haría más competitivos porque crearía puestos de trabajo y colaboraríamos en la lucha contra el cambio climático”, ha señalado.
En su opinión, el fomento de las energías fotovoltaicas es un compromiso socialista que no obtiene respuesta del Gobierno regional, “como se ha demostrado en dos ocasiones en las que hemos pedido deducciones fiscales para los usuarios de esta energía, algo a lo que se ha opuesto radicalmente el PP, y que ayudado por Ciudadanos, ha impedido este apoyo al autoconsumo”.
El diputado socialista ha recordado que en el Parlamento Europeo los eurodiputados socialistas impulsaron estas energías, encabezados por José Blanco, y consiguieron que se marcara el 35 por ciento del uso de las energías renovables en el año 2030.
“Y sin embargo, los eurodiputados del PP se pusieron totalmente en contra, encabezados por el expresidente Valcárcel, que votó una vez más en contra de los intereses de la Región de Murcia”, ha apostillado.

El trazado ferroviaro en Lorca irá soterrado

El Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, «ha ratificado» que el Ayuntamiento, una vez conseguido el compromiso por parte del Ministerio de Fomento y de Adif para que las vías del ferrocarril y la estación estén soterradas a su paso por el casco urbano, «está trabajando para lograr que la longitud ya confirmada se amplíe al máximo posible».

«La hemeroteca sitúa a cada uno en su lugar. Nosotros siempre hemos luchado para que Lorca cuente con la mayor distancia de soterramiento posible, mientras que precisamente el PSOE lo que nos pedía es que en lugar de reivindicar cerráramos un acuerdo rápidamente con Fomento y nos olvidáramos de lograr un tramo más amplio soterrado para los lorquinos. Entendemos que algunos concejales del PSOE no recuerden cuál era la postura de su partido, pero la realidad es la que es».

El Alcalde «se ha mostrado sorprendido por el hecho de que el discurso del PSOE varíe dependiendo de quién esté en el Gobierno de España. Antes nos pedían que nos rindiéramos en el primer asalto, pero nosotros vamos a pelear hasta el último momento para que Lorca cuente con la mayor extensión de soterramiento posible».

Fulgencio Gil ha aclarado, además, que la modificación del tramo 1 de la ronda de evacuación, no interfiere en absoluto con la integración urbana del ferrocarril, puesto que de hecho se cuenta con el informe favorable al respecto. «Hemos de recordar que este cambio va a beneficiar a varias familias residentes en la zona, cuyas viviendas hubieran quedado totalmente aisladas por un muro de 15 metros de altura. Para nosotros el diseño urbanístico del municipio ha de estar al servicio de las personas, a diferencia de lo que otros hacían».

La 67a edición del Festival de Música y Danza de Granada dedicada a la música francesa

La 67 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada se celebrará entre el 22 de junio y el 8 de julio en la Alhambra y otros escenarios de la ciudad. Este es el primer certamen que dirige el maestro Pablo Heras-Casado y se fijará especialmente en la música y danza francesas, con miradas particulares a François Couperin y a Claude Debussy. Además del grueso de la programación, el festival se apoya en otras dos bases: FEX (que extiente la música por espacios de la ciudad y provincia y que mestiza la música clásica con otras artes) y los cursos Manuel de Falla, formación de alto nivel sobre creación, interpretación, investigación y enseñanza musicales.

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha indicado que el de Granada «es probablemente el festival más importante de España en su género» y ha destacado la creación andaluza en su programación, donde «el compositor algecireño José María Sánchez-Verdú estrenará su última composición, dirigida por la batuta de Heras-Casado al frente de la Orquesta Ciudad de Granada». También se ha referido a otras personas u obras del patrimonio musical andaluz, como Ángel Barrios, Manuel de Falla, Luis de Narváez o Joaquín Turina, quienes «simbolizan la valiosa aportación histórica del talento de Andalucía al mundo de la música».

La presencia de la creación andaluza no se limita solo a la composición clásica, sino que se prolonga en expresiones como la danza o el flamenco, donde destaca el estreno del espectáculo de Rocío Márquez y Jorge Drexler (Aquellos puentes sutiles, Palacio de Carlos V), así como Manuel Liñán (Teatro Isabel la Católica), Pepe Habichuela y Juan Habichuela “nieto” (Plaza de los Aljibes), la danza de la artista granadina afincada en París Blanca Li (Diosas y Demonias en el Generalife) y la Compañía de María Pagés.

El Festival Internacional de Música y Danza de Granada es la institución cultural pública que cuenta con más patrocinio y apoyo empresarial de nuestra comunidad autónoma. En 2009 el Festival auspició la creación de un Círculo de Mecenazgo pionero, que hoy día está compuesto por una treintena de empresas establecidas a nivel local, regional, nacional e internacional. No en vano agrupa un amplísimo respaldo social, con un índice de ocupación y venta que ronda el 95%.

El festival granadino es una de las industrias culturales más potentes de Andalucía: genera importantes beneficios económicos para la ciudad y provincia, pues sostiene el empleo indirecto de un gran número de profesionales y contribuye al enriquecimiento del tejido empresarial implicado, donde participan unas 90 empresas.

La definición «grosería técnica» del informe de Deloitte se queda corta

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La Junta Única de Resolución ha publicado en el día de hoy los documentos utilizados para la resolución del Banco Popular en su versión «no confidencial» que, realmente, es una versión más censurada que los documentos clasificados del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Han sido cinco documentos: tres de la JUR y dos de la auditora Deloitte.

Si bien la auditora, en la parte final de sus dos documentos, se explaya para expresar el poco tiempo para poder elaborar la información y poder procesarla para realizar una evaluación justa, prudente y realista de los activos y pasivos de Hippocrates (Banco Popular), en el documento que remite la JUR sobre la decisión sobre la Resolución invoca al informe de Deloitte como «este informe busca proporcionar una evaluación justa, prudente y realista de los activos y pasivos de Hippocrates». El que lo realiza no está satisfecho por la forma en que ha tenido que realizar el trabajo y, por ende, de los resultados que presenta en dicho informe, y el que lo recibe está satisfecho por la valoración realizada, e, insistimos, «este informe busca proporcionar una evaluación justa, prudente y realista de los activos y pasivos de Hippocrates».

Después de esta visión sobre el informe de Deloitte y los comentarios de las partes, nos centraremos en lo relevante de la documentación aportada.

El documento de Decisión sobre la Resolución empieza con una diferenciación entre el procedimiento concursal del ordenamiento jurídico español y todo lo que ella conlleva, pasando en el punto 19 a confirmar que el Plan de Resolución para el Banco Popular se adopta el 5-12-2016. Un plan de resolución que el mismo Tribunal de Cuentas Europeo en diciembre del 2017, basándose en el trabajo de la JUR en el año 2016, calificó como no realista y con bastantes fallo en la elaboración de dichos planes en casi todas las instituciones bancarias dependientes del MUR. Entidades que desde noviembre del 2014 están bajo la supervisión del BCE.

En el mismo documento, en el punto 23 y 36, y siguiendo con la narración temporal de la resolución del Banco Popular, indica cómo se inicia el procedimiento con el documento adjuntado por el mismo banco el día 6 de junio solicitando “failing or likely to fail” (la inviabilidad o cerca de ella”), documento que, tal y como ha informado Diario16, lleva la firma estampada de Emilio Saracho, no siendo la misma firma la que figura en lista de asistentes al Consejo de Administración de ese día, una firma que fue signada por Joaquín Hervada, el secretario del Consejo.

En los puntos siguientes el documento aporta todo lo que transcurre en los meses anteriores para que se dieran retiradas masivas de depósitos: rebajas de rating, noticias en medios de comunicación, pero obviando las declaraciones realizadas por Elke König a los medios de comunicación, especialmente las del 31 de mayo a Reuters.

En el punto 24, el documento de decisión de la resolución apunta que en febrero del 2017 el Popular tenía una necesidad de nuevas provisiones por 5.700 millones. Los datos que tenemos y son los expresados por el mismo Consejo de Administración, apuntan a unas necesidades, según los propios inspectores del BCE, de 2.500 millones y, según las agencias de calificación, en 3.000 millones para poder alcanzar el grado de inversión. Todo apunta a que la JUR ha sumado las dos versiones y ha dado la totalidad de las necesidades apuntadas por cada uno de los organismos. Si fuera esa cantidad, podría haber dicho los motivos para dichas provisiones.

El punto 25, son las mismas afirmaciones que hemos oído en estos meses y reiteradas en diferentes ocasiones por el ministro Luis De Guindos: rebajas de rating, noticias en medios y todo ello provoco las salidas de depósitos.

Informe de valoración que presenta la JUR, basándose en los datos presentados en el informe Deloitte.

El hecho de que pongan visibles los datos del informe de 2016 y del primer trimestre del 2017, son datos conocidos que no afectan a la decisión sobre la resolución. Sin embargo, los datos que sí son relevantes, porque afectan a los motivos de la resolución, esos no se presentan. La JUR y todos los que están implicados en esta operación que ha arruinado a más de 305.000 familias tienen la obligación de decir los motivos por los cuales aplicaron el Reglamento 806/2014 y la ley 11/2015, dado que ellos son los primeros que se vanaglorian por el resultado de la resolución. Por tanto, están en la obligación de exponer todas aquellas informaciones y documentos por los cuales se vanaglorian. Mientras continúen escondiéndolos, tanto los afectados como el mundo financiero, entre ellos los principales accionistas del Santander, seguirán pensando que «el que algo esconde es porque algo teme». Por tanto, ni la JUR ni los implicados en la operación deben parapetarse ni escudarse en sofismas que solo se los creen ellos porque no hay mejor camino para ganar la credibilidad que ser transparente y no omitir aquello que todos sabemos que es delicado para mantener los argumentos que defienden la operación.

Informe Deloitte.

Los datos más sustanciales para que los afectados puedan realizar su defensa jurídica ante los tribunales se omiten y de los pocos datos que se pueden extraer resaltamos los siguientes:

Los activos inmobiliarios Deloitte los valora entre 10.897 millones y 12.692 millones, una valoración que, posteriormente, a la hora de sacar el valor de mercado los rebaja entre un 42%  y un 47 %, reduciendo la cartera inmobiliaria a 3.100 millones. Estos activos inmobiliarios ya los depreció o rebajó contablemente el Banco Popular en el año 2016 en un 40,66 %, reduciendo su valoración de 29.216 millones a 17.337 millones, rebaja que posibilitó que se llegara a un acuerdo en el precio de dichos activos  entre el Banco Santander y BlackStone por 10.000 millones.

Así y todo, la valoración de dichos activos inmobiliarios  se deben realizar en un contexto y mercado inmobiliario ubicado en un lugar determinado, por tanto, en estos últimos cuatro años el mercado inmobiliario español ha incrementado los precios, y continua incrementándolos, en un 12%.

Si eso se ha hecho con los activos inmobiliarios que disponía el Banco Popular, se supone que los criterios de valoración de las restantes partidas se siguen bajo ese mismo criterio, y eso solo tiene un nombre que es expolio y saqueo. La valoración justa, prudente y realista no se ajusta en nada a los principios y objetivos básicos de las normas contables que ustedes han realizado en dicha evaluación.

Carta de la JUR.

Va extrayendo la información remitida por Deloitte, y cabe destacar los siguientes puntos:

Impuestos diferidos: Reconocimiento de 5.119 millones en marzo del 2.017, siendo de 145 millones del primer trimestre. De ellos, imputan 2.037 millones a los últimos cinco años, y 3.017 posteriores a los últimos cinco años, sin derecho a cobro, contabilizados durante los últimos 18 años y ahora no reconocidos por Hacienda. Por tanto, y siguiendo el criterio de rebaja las partidas, la estimación de créditos diferidos a cobro son de 2.700 millones.

Costes judiciales:  Han eliminado todo el cuadro numérico, pero en el lateral, al menos, se puede leer que la estimación total es de 735 millones, cantidad que casi ya ha abonado el Banco Santander con los bonos de fidelización y que por la normativa IFRS9 ya ha provisionado otros 1.200 millones más.

Empresas mixtas: hacen toda la relación de empresas conjuntas y asociadas con las que estaba el Banco Popular, cabe destacar entre todas, la más rentable: Wizink. Está valorada en 785 millones de euros la participación del 49 % que disponía junto a su socio Värde Partners. Sin embargo, en el mercado hay una valoración mucho mayor y realista que está cifrada en aproximadamente 2.000 millones.

Activos intangibles: Si la valoración que realizan de -2.200 millones creen que se ajusta a la realidad, es de suponer que esa es la realidad que les interesa plantear, pero no la realidad en sí.

La Asociación de Inspectores del Banco de España calificó de «grosería técnica» la valoración que se presentó en su momento en los medios de comunicación, estableciendo inicialmente dos escenarios negativos, sacando posteriormente una tercera valoración positiva.

Después de leer toda la información enviada por la JUR, los pocos datos que exponen, en especial sobre la valoración y los criterios para realizar dicha valoración, son una tomadura de pelo por los siguientes motivos:

  • La JUR con dichos documentos está validando un informe que, por los planteamientos realizados, así como por los criterios de valoración que realiza, es más un criterio de liquidación que uno de valoración.
  • La JUR continua confirmando que la resolución fue un éxito pero no aporta documentación para corroborar dicho éxito no la aporta.
  • Si se inició todo el procedimiento con un documento enviado por el Consejo del Banco Popular, con una firma presuntamente falsificada, la JUR presenta un informe no de valoración, como le exige el Reglamento 806/2014, sino un informe de liquidación del Banco Popular.
  • Los criterios de valoración expuestos por Deloitte como su utilización en el informe realizado, no exponen una evaluación justa, prudente y realista de los activos y pasivos del Banco Popular.

Podemos y CGT denuncian el abandono de la Administración con los más desfavorecidos

La senadora Maribel Mora, de Podemos, y representantes sindicales de la Confederación General del Trabajo (CGT) han denunciado la pérdida de derechos que viene sufriendo la ciudadanía española con la implantación de la Administración Electrónica y la amortización de puestos de trabajo, lo cual redunda en peores condiciones del servicio, de la Seguridad Social en concreto. A fin de conocer la valoración del Gobierno de M. Rajoy, la senadora Mora había registrado una serie de preguntas para el secretario de Estado, Tomás Burgos.

La senadora de la formación morada ha cuestionado al secretario de Estado sobre la falta de atención a las personas más débiles en el sentido digital y de pobreza. El 42% de la población tiene algún tipo de dificultad para manejarse “realmente” con las páginas web a las que derivan cuasi obligatoriamente. A ello hay que añadir que en las propias oficinas donde hay que solicitar ayudas o las propias pensiones de los ciudadanos, no tienen personal para enseñarles a utilizar el elemento digital. La amortización de puestos de trabajo tampoco ayuda, recuerda Mora, a que esas dificultades, ese “analfabetismo digital”, sean superadas mediante una ayuda supletoria.

Para Mora el secretario de Estado no está “teniendo en cuenta a mucha gente. Están creando una mayor vulnerabilidad en personas que están muy necesitadas, lo que supone una falta de conocimiento absoluto de lo que está pasando en la gestión de su ministerio a pie de calle”. Imagínense por un momento a una familia de una barriada deprimida, con extrema pobreza como Los Pajaritos en Sevilla, a la que le piden que para conseguir una prestación o un certificado, que ayudaría a sus hijos a comer, tiene que irse a casa al ordenador para pedirla. Cuando si una vez hubo ordenador en esa casa se vendió para comer, y esto con suerte. O ese jubilado, que se ha pasado toda su vida en el campo, y que ahora le piden que su certificado de pensión debe sacarlo con un smartphone, que no sabe ni lo que es. Y las cosas no llegan a más porque aún quedan funcionarios que entiende su puesto de trabajo como un servicio a la ciudadanía y acaban echándoles una mano. Pero si en esa oficina no hay nadie con ese ánimo, esas personas pierden derechos y oportunidades.

Como afirman los portavoces de CGT, al final lo que provoca todo esto, es una pérdida de derechos de la ciudadanía. Porque es el Estado quien tiene la obligación de atender de forma correcta a “toda” la población que se encuentra bajo su jurisdicción, no es el ciudadano quien debe “buscarse la vida” por un derecho que tiene, que es constitucionalmente suyo, ahora que los dirigentes de la derecha española tanto hablan de ello para otras cuestiones más nimias.

Y lo curioso es que como quedó claro en la comisión senatorial es que el secretario de Estado no sabía nada. Aunque Maribel Mora se lo aclaró con datos y ejemplos. Porque no sabía que no se daban informes en manos a las personas o no había nadie para dar un certificado a una familia pobre para que le permitiesen acudir a un comedor social. Pero como dice Mora, lo peor es que “no asume el secretario de Estado que esa realidad esté pasando”. La conclusión de la senadora es que “falta mucho por hacer, se está dejando a mucha gente atrás, y lo que deberían hacer los altos cargos de este ministerio y la propia ministra es ir y averiguar a las zonas donde hay más necesidades cómo se está aplicando en la práctica y qué consecuencias está teniendo”.

Destruir el Estado, quitar servicios, enriquecer a unos pocos.

Esta actuación del Estado, de la Administración general del Estado, impulsa la exclusión, aún más, de millones de personas que carecen de medios físicos e intelectuales. Un Estado excluyente y que se refugia en los nuevos avances para recortar derechos y empleo. Porque los datos son concluyentes respecto a la amortización de los puestos de trabajo. Una amortización que, como denuncian desde la CGT, se lleva produciendo desde finales del Gobierno de Felipe González en la Seguridad Social. Bajas tasas de reposición que, gracias a la “modernización de la Administración”, esto es, poner ordenadores según el pensamiento del Gobierno, redundan en un peor servicio hacia la ciudadanía. Sí ciudadanía y no clientela como gusta decir, en privado y en informes, al señor Burgos y demás altos funcionarios del ministerio.

Hay que tener en cuenta que un 83% de los trabajadores de la Seguridad Social superan los 55 años y que en la Administración General del Estado un 61% tiene más de 55 años. Estos son vistos como puestos amortizables a una década vista en gran parte mediante la Administración Electrónica. Pero como denuncia CGT, se amortizan cada vez más puestos pero las prestaciones no han disminuido, ni los expedientes a tramitar, sino que se han ampliado aún más en la parte referente a las competencias estatales. Así que ello genera retrasos en la tramitación de expedientes, algo fundamental para cobrar prestaciones o pensiones. Y la solución que han encontrado en el ministerio no es utilizar la Tasa de reposición, sino enviar los expedientes del ministerio en Madrid a las diferentes delegaciones provinciales, las cuales ya tienen los suyos propios.

Otra consecuencia de todo esto es que se quitan funcionarios, se cierran oficinas (CAI) y se incrementa el negocio de las Gestorías. Porque a las gestorías, con quienes se llega a un acuerdo para facilitarles firma electrónica y acceso a trámites, cobran pequeñas cantidades por certificados o impresos que deberían ser suministrados por las oficinas ministeriales. A la vez que se imposibilita al ciudadano acceder a derechos, se incrementa la cuenta de resultados de empresas privadas. Un negocio digno del neoliberalismo actual que busca esquilmar al Estado y los ciudadanos de sus recursos. Economía social lo llaman, cuando más parece saqueo social.

El Ayuntamiento de Murcia cobra a los vecinos por cambiar el nombre de calles franquistas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia llevará al próximo Pleno una moción para que se elimine la tasa que el Consistorio, gobernado por el PP, impone a los vecinos de una calle del municipio cuyo nombre sea cambiado por otro atendiendo a la Ley de Memoria Histórica.

Así lo ha hecho saber el concejal del PSOE Juan Vicente Larrosa teniendo en cuenta la norma de diciembre de 2007 en virtud de la cual se reconoce a personas que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica.

La misma detalla que «las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura» y dentro de ese contexto se ha pedido la retirada de símbolos en el municipio, pero el proceso es «extremadamente lento», como ha indicado Larrosa.

Además, se aplica una tasa a los vecinos que deben actualizar documentos debido al cambio de nombre de sus calles, algo que el PSOE pretende evitar con la exención del pago.

Susana Díaz se pone a favor de la Banca y el establishment

“Hoy salgo del Pleno con asco y vergüenza por la gente que podría cambiar la vida de muchas personas que lo necesitan y deciden deliberadamente no hacerlo” ha escrito en Twitter Teresa Rodríguez, portavoz de Podemos en el Parlamento de la Junta de Andalucía. Y ello como respuesta al rechazo del PSOE y la abstención de la derecha azul y naranja respecto a la proposición de ley sobre titulizaciones. Con esta acción, Susana Díaz hace virar al PSOE de Andalucía hacia la derecha, en favor de los poderes bancarios y del establishment español, en vez de apoyar los derechos de la ciudadanía andaluza. Pone a los andaluces y andaluzas bajo el yugo opresor del capital.

Y se preguntarán ¿qué son la titulizaciones para que se arme este gran revuelo? Pues nada más, y nada menos, que la venta de los créditos y deudas que se contraen con Bancos y otras entidades financieras a fondos buitre, empresas de gestión de cobros, etcétera. Esto supone que, sin avisar a la otra parte contratante, cualquier banco, incumpliendo la más mínima ética, puede vender el crédito de una persona a un fondo buitre sin necesidad de avisarla. Con la Ley de Titulizaciones que ha presentado Podemos se quería obligar al banco o entidad financiera a avisar de esa venta.

Y puede que sólo se vea como un formalismo, pero no. Las consecuencias derivadas de no comunicarlos son muchas, especialmente cuando se produce algún tipo de impago o desahucio. Usted puede negociar con el banco ciertas carencias o retrasos, o directamente acudir a los juzgados, con el fondo buitre no. Usted tiene derecho a negarse a que vendan el contrato, pero si no se lo comunican poco puede hacer. El caso es que el banco que vende el crédito, ya recupera el dinero sin que usted lo sepa y sin que cambie aparentemente nada, pero la deuda la tiene con un tercero que puede tener aviesas intenciones respecto a su propiedad, por ejemplo. El caso es que como usuarios se niegan derechos y como ciudadanos se pierden todas las garantías de una protección contractual que debe rendir el Estado mínimamente (como les gusta a los liberales).

Aquí es donde Susana Díaz se pone del lado de la banca. Les permite hacer negocio con contratos firmados por ciudadanas y ciudadanos sin su consentimiento y/o conocimiento. Se desconoce si esta respuesta la habrá hablado con Antonio Pulido, más conocido como el banquero de Susana y presidente de la Fundación Cajasol, o es sólo por el odio visceral que tiene a Rodríguez (quien también corresponde). Pero la realidad es que los derechos de la ciudadanía andaluza, esa que dice tanto defender y amar cuando se pone la verdiblanca, han perdido esta vez.

Como dice Rodríguez se “impide que se cumpla con un mínimo de trasparencia” por parte de los bancos. Por eso entienden desde Podemos que tanto PSOE, por negarse, como PP y Cs, por ponerse de perfil, “serán culpables de los desahucios que se produzcan”. Si no se pueden parar desahucios, que con la banca es posible, por este motivo serán “complices” de las pérdidas de las viviendas de las clases más desfavorecidas.  Esas que no se toman copas en el ático de Pulido.

El PSOE lamenta que «el agotamiento político del Alcalde le impida recordar lo rápido que bajaron las pancartas del Agua para Todos o del Plan Lorca en cuanto entró Rajoy al Gobierno»

Los socialistas lamentan «la confusión y el agotamiento político» del Alcalde y sus concejales del Partido Popular, que les hace “olvidar” lo que todos los lorquinos recuerdan. Aseguran que ‘todos los lorquinos nunca olvidarán lo rápido que el anterior Alcalde, el actual y el resto de los concejales del Partido Popular bajaron las pancartas y se escondieron de la calle” en cuanto dejó de gobernar el PSOE y entró Rajoy, en noviembre de 2011.

Desde el PSOE, piden al actual Alcalde “seriedad y responsabilidad” a la hora de ofrecer declaraciones. Los socialistas lamentan que el PP se ponga “nervioso” una vez empiezan a salir a la luz los “verdaderos planes” del PP de renunciar al soterramiento del AVE los 4,2 kilómetros necesarios “para no hipotecar el futuro de la ciudad”. Unos planes que no son otros que ‘volver a abandonar los intereses de Lorca por hacer el favor a sus jefes de Murcia y Madrid. Nada nuevo en los años de gobierno del PP en Lorca”, apuntan.

En este sentido, recuerdan que el PSOE “nunca se ha opuesto y nunca lo hará” a soterrar el paso del AVE a lo largo de los 4,2 kilómetros del casco urbano. Por eso, se sorprenden que el PP quiera confundir a los ciudadanos para enmascarar los planes “cada vez más claros” del PP en Lorca, que no son otros que hacerles el juego a ADIF y al gobierno de Rajoy, y sólo soterrar 1,7 kilómetros.

Las declaraciones a las que hace referencia el Alcalde, responden a una obviedad: soterrar más kilómetros, encarece el proyecto, pero de ninguna manera supone renunciar a este proyecto, sino a seguir alzando la voz y a trabajar por conseguir “más financiación” de las diferentes Administraciones. Algo en lo que “claramente” el PP “suspende” pues «ha sido incapaz de conseguirlo después de seis años al frente del Gobierno de España, más de 20 en la Región y más de 10 en el Ayuntamiento de Lorca».

Los socialistas lamentan que «el agotamiento político del PP sea tan acusado, que ya no les importe “desvariar” hasta el punto de confundir y no recordar que si hay un Alcalde y un equipo de Gobierno que, por todos es sabido, «mira más por su partido que por los lorquinos, ese fue Jódar, ahora es Gil Jódar y lo han sido equipos de gobierno».