lunes, 27 abril, 2026

La Asamblea aprueba la Ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor

El Pleno de la Asamblea Regional aprobaba ayer, como estaba previsto, la Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, con 23 votos a favor de los diputados de los grupos parlamentarios socialista, Podemos y Ciudadanos; y 22 en contra de los diputados del Partido Popular.

La sesión plenaria se inició con media hora de retraso y un tenso ambiente que fue en aumento cuando el PP solicitó, amparándose en el reglamento de la Cámara, la suspensión del Pleno lo que volvió a provocar un nuevo retraso hasta que una votación permitió continuar con la actividad parlamentaria prevista.

Ante un numeroso público congregado en la sala contigua la presidenta de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, Yolanda Fernández, fue la encargada de informar a los parlamentarios del dictamen al proyecto de Ley de Medidas Urgentes elaborado durante ocho meses y donde han comparecido ante la Comisión colectivos sociales, medioambientales y agrícolas “canalizando sus aportaciones a través de cuarenta y siete enmiendas, de las que 29 fueron aprobadas por unanimidad en el seno de la Comisión y 13 por mayoría simple”.

PP: “Las enmiendas no mejoran el Mar Menor”

Antes del Pleno el portavoz del grupo popular, Víctor Martínez, declaró muy molesto que estas enmiendas que iban a aprobarse “no mejoran el Mar Menor” insistiendo en el discurso que esta iniciativa parlamentaria “es una tesis de Podemos que destila odio al PP” acusando al líder de la formación morada, Óscar Urralburu, de ser “el autor intelectual” y haber arrastrado tanto a Ciudadanos como al PSOE.

Martínez, además, ha declarado que “las presiones han ido en las dos direcciones” afirmando que los diputados conservadores “están recibiendo correos desde hace más de una semana del lobbie ecologista para que votemos a favor de las enmiendas”.

Por su parte, el diputado popular, Jesús Cano, ha lamentado ya en el Pleno “que se pierda la oportunidad de hacer las cosas bien” afirmando que la posición de PSOE, Podemos y Ciudadanos “van a escribir una página negra en el parlamentarismo de esta Asamblea Regional ya que van a perjudicar a muchas familias que viven del campo”, ha dicho.

El diputado popular Víctor Martínez durante la rueda de prensa previa al debate. / JLD

Cano ha puesto de manifiesto durante su intervención que hay informes técnicos que cuestionan la eficacia y viabilidad de algunas de las medidas contenidas en las enmiendas, y les ha reprochado que no han escuchado a todas las partes y haciendo tabla rasa “con unas medidas que no benefician a nadie y perjudican a miles de agricultores”.

Especialmente ha sido duro con el grupo parlamentario de Podemos a cuyos diputados ha acusado de propiciar una fractura social.

Jesús Cano, finalmente, ha expresado en nombre del PP el convencimiento de que una agricultura con buenas prácticas “hace compatible la preservación del Mar Menor con la actividad agrícola” y ha puesto de manifiesto la voluntad de los agricultores de la Región por hacer bien las cosas.

Ciudadanos, PSOE y Podemos, tres partidos y un consenso para el Mar Menor

La Asamblea Regional aprobó una Ley gracias al consenso alcanzado por los tres partidos de la oposición y el hecho de contar con un número de diputados superior al del propio Partido Popular que gobierna en la Región, lo que provoca una curiosa característica poco habitual en la vida política nacional: los derrotados en la votación de ayer deberán poner en marcha las medidas de protección del Mar Menor que la oposición les obliga.

Esto va a colocar en una incómoda situación al equipo de Gobierno regional presidido por Fernando López Miras quien tendrá que gestionar su aplicación aun yendo contra sus propios principios defendidos ayer en la Cámara y sabiendo que la oposición, en cualquier momento, puede ejercer el poder de los votos para obligar al presidente a aplicar la Ley aprobada.

Cs: “No podemos perder el tiempo”

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha sido muy claro al defender la postura de su partido afirmando que, sobre el Mar Menor, “cada día que pasa perdemos el tiempo para salvarlo”.

Sánchez no ha dudado en criticar duramente la política del PP durante los últimos veinte años dedicados, afirma, “a engañar a los murcianos y agricultores prometiéndoles agua y soluciones milagrosas” mientras se saltaban todas las leyes regionales, nacionales e internacionales de protección del Mar Menor.

Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos, durante la rueda de prensa ofrecida ayer / JLD

“Solo hay que ver -ha añadido Sánchez- la denuncia del fiscal para conocer que esto no admite espera”.

Sánchez ha recordado que “en el verano de 2016 el deplorable estado del Mar Menor se hizo especialmente visible. Las vergonzosas imágenes de la sopa verde dieron la vuelta al mundo y la consecuencia es que en el verano de 2017 se perdieron todas las banderas azules que ondeaban en sus playas. Nuestros ojos han sido testigos del mayor desastre medio ambiental de la historia reciente de la Región de Murcia, junto a la degradación de la bahía de Portmán y es necesario actuar urgentemente ante la desidia del Gobierno regional”.

“El decreto que presentó el Gobierno regional no era una solución, sino un parche” ha indicado Sánchez, quien ha incidido en que “ningún grupo de la oposición tuvo acceso previo al mismo, ni se consultó a ninguno de los colectivos implicados, salvo a algunas organizaciones agrarias, pero pese a ello, el Gobierno no tuvo en cuenta muchas de sus reivindicaciones y publicó el decreto precipitadamente sin llegar a un consenso. La mera existencia del decreto supone cargar las culpas contra los agricultores. El PP tenía que tomar medidas urgentes y sólo lo hizo respecto a la agricultura”.

Sánchez considera que la ley integral “es prioritaria” y debe contar con la participación de todos los sectores para lograr el consenso más amplio posible. “Estamos abiertos a las sugerencias de todos los colectivos y sectores ya que esta ley debe establecer las mejores condiciones para una actividad económica sostenible en todos los sectores: turismo residencial, actividades náuticas, pesqueras y por supuesto, la agrícola y debe salir adelante a la mayor brevedad posible”.

Los socialistas y el “principio de precaución”

El diputado socialista, Antonio Guillamón, declaraba minutos antes del Pleno que la postura de su partido votando a favor de las enmiendas era por puro “principio de precaución” ante la crítica situación en la que se encuentra el Mar Menor.

“Ponemos fin a cualquier tipo de especulación o de intento de romper la unanimidad de los tres grupos que iniciamos este proceso. Estamos convencidos que después de esta votación habrá un antes y un después en el objetivo demandado por toda la sociedad que es resolver el grave problema del Mar Menor”, ha añadido.

Antonio Guillamón, diputado socialista en la Asamblea Regional / JLD

Guillamón lamentó la actitud obstaculizadora del PP que, hasta el último momento, “se ha resistido a admitir la voluntad de la mayoría de los grupos parlamentarios, intentando impedir la celebración del Pleno”.

En opinión del diputado socialista, el Partido Popular “utiliza su negativa e intenta manipular este tema para desviar la atención del verdadero problema que sufre el sector agrario de la Región de Murcia, “que es la falta de agua, sumada a la incompetencia del Gobierno regional y del Gobierno de España para resolver el déficit hídrico que sufre la Región, ese es el auténtico drama del sector agrario”.

Antonio Guillamón exigió al Gobierno regional un compromiso para que en el plazo de un año presente una Ley integral que garantice la gobernanza y la protección del Mar Menor; “una ley que abarque todos los aspectos que afectan a este entorno privilegiado que tenemos la responsabilidad de legar a generaciones futuras”.

En este sentido el secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, afirmó ayer que, si era candidato y presidente del Gobierno regional en la próxima legislatura “en los siguientes tres meses la Asamblea Regional tendrá un proyecto de ley integral del Mar Menor”.

Podemos, “el culpable de todo”

A las duras acusaciones vertidas por el diputado popular Víctor Martínez acusando a Podemos de ser el autor intelectual de las enmiendas y haber arrastrado a los otros dos partidos de la oposición la diputada de la formación, María Giménez, ha afirmado que el acuerdo alcanzado en todo caso demuestra que es posible “llegar a acuerdos y alcanzar consensos para conseguir las mejores medidas para los murcianos y murcianas”.

Giménez ha añadido que “tenemos derecho a disfrutar de las riquezas de nuestra Región, como es el Mar Menor, y a la misma vez, ser capaces de aunar y equilibrar las diferentes actividades que giran a su alrededor, como es el turismo, el ocio, la agricultura, la pesca o el medio ambiente”.

La diputada ha recalcado que el Partido Popular “ha estafado a la Región con el Mar Menor. Una estafa de la que han sido muy conscientes los agricultores, quienes, insistimos, son de los mayores beneficiados con estas enmiendas.”

Por último, la diputada de Podemos, María Giménez ha incidido en que mas allá de los lobbys “están los agricultores y su inteligencia productiva. Hay suficiente capacidad de innovación en el campo murciano como para emprender la transición medioambiental de la agricultura que requiere la supervivencia del Mar Menor. Esos agricultores son el futuro pues están dispuestos a afrontar ese desafío, porque bien saben que los consumidores europeos y los supermercados más pronto que tarde empezarán a exigir protocolos de calidad en las producciones agrícolas que garanticen que esas hortalizas no han crecido a costa de la riqueza ecológica del Mar Menor”.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu ha subrayado la idea de que “se ha derrotado al Partido Popular. Esta Región, todos los que han trabajado con nosotros en la elaboración de las enmiendas, todos los que han dado un paso al frente para proteger el Mar Menor, han ganado la batalla”.

“Tenemos muy claro -ha concluido- que al gobierno del PP hay que vigilarlo muy de cerca y estaremos vigilantes para que aplique lo que en unos días se va a convertir en ley de la Región de Murcia. Ya que todos sabemos que no podemos confiar en el PP para salvar al Mar Menor. El PP de López Miras que se monta en un barco y vuelve a tierra diciendo que el Mar Menor ya está como estaba hace décadas. No podemos confiar en el PP cuando su consejero de Medio Ambiente el que dice en esta misma cámara que el Mar Menor no está contaminado”.

El CEBAS organizará un congreso internacional sobre reutilización de agua en agricultura

El Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, CEBAS, organizará entre el 11 y el 15 de junio próximos, un congreso internacional sobre reutilización de agua en agricultura, lo que convertirá a Murcia en la capital mundial del agua, según ha anunciado  el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, durante su visita a este centro dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y referencia investigadora en la Región.

Este congreso, en el que participarán más de 250 investigadores, cuenta con la colaboración del mayor organismo del agua a nivel internacional, el International Water Association.  “Se van a dar todos los condicionantes para que durante esos días todos los ojos del mundo, en materia de reutilización de aguas, estén puestos en la Región de Murcia”, ha indicado Bernabé.

El delegado del Gobierno, acompañado durante la visita por el consejero de Agua, Agricultura y Pesca, Francisco Jódar, ha detallado que el CEBAS desarrolla en la actualidad 123 líneas de investigación. “Esto es resultado de la capacidad competitiva de un centro que, por su altísimo grado de cualificación, está consiguiendo ser una de las grandes referencias a nivel nacional e internacional”, indicó Bernabé.

El CEBAS cuenta con una plantilla de 261 trabajadores,  a los que el delegado ha felicitado expresamente “por la magnífica labor que están desarrollando en todos esos proyectos”, y que desarrollan gracias a un presupuesto de 15 millones de euros, obtenido, en un 70%, gracias a proyectos competitivos obtenidos en convocatorias regionales, nacionales e internacionales, y el 30% restante a través de contratos con empresas.

CaixaBank gana 1.684 millones en 2017 el mayor resultado anual de su historia

El Grupo CaixaBank, obtuvo en el ejercicio 2017 un beneficio atribuido de 1.684 millones (+60,9% respecto a 2016), que supone el mayor resultado anual en la historia de CaixaBank. Estos resultados han sido presentados hoy en Valencia, -nueva sede social del grupo-, por el presidente de la entidad, Jordi Gual acompañado por el consejero delegado Gonzalo Gortázar. El resultado de CaixaBank en España alcanza los 1.508 millones, un 44,1% más que en 2016.

Gual calificó de «muy positiva» la evolución de CaixaBank durante 2017, año en el que se registró «una fuerte competencia, unas circunstancias complejas» pero que pese a todo se han ido «ganando cuotas de mercado, lo que nos hace ser razonablemente optimistas».

Para 2018, las perspectivas, según Gual, siguen siendo «positivas. Se llegará a un incremento del 3,9% PIB mundial y mejorará la confianza en Europa». En cuanto a los riesgos en 2018, el presidente de CaixaBank destacó “geopolíticos, ligados a los populismos, cambios ideológicos o cambios demográficos». En cuanto a la inflación ésta está «empezado a repuntar», añadió y auguró que el Banco Central Europeo «comience a reducir sus programas de compra» así como que «no es razonable pensar que los tipos de interés sigan tan bajos».

En lo que respecta a la economía española, Jordi Gual afirmó que para su entidad ésta crecerá en 2018 un 2,4%, situándose entre las mayores del mundo, atribuyendo parte de esos incrementos a las exportaciones. Finalmente manifestó que el «sistema bancario cada vez más reforzado. Los balances bancarios tienden a estabilizarse».

La evolución del año «viene marcada por la consolidación por integración global de los resultados de BPI desde febrero, que impacta en los principales epígrafes de la cuenta, con una contribución a los resultados del Grupo de 176 millones, y por la intensa actividad comercial de la entidad», según fuentes de la entidad».

El resultado de CaixaBank en España, por su parte, alcanza los 1.508 millones, un 44,1% más que en 2016. La contribución a resultados del negocio de BPI desde su integración en febrero asciende a 176 millones. El ROTE del Grupo CaixaBank mejora hasta el 8,4% (+280 puntos básicos en el año, cerca del objetivo establecido en el Plan Estratégico del 9%-11% para 2018), por la buena evolución del negocio bancario y asegurador, que alcanza una rentabilidad del 11,2%.

En cuanto a los recursos de clientes se incrementan en 45.563 millones respecto al cierre de 2016, hasta los 349.458 millones, tras la incorporación de BPI. En CaixaBank, aumentan en el año en 10.600 millones (+3,5%).

El margen de intereses crece un 14,2%, hasta los 4.746 millones; las comisiones se sitúan en los 2.499 millones (+19,5%); y los ingresos y gastos por contratos de seguro o reaseguro aumentan un 51,9%, hasta los 472 millones.

En lo que respecta al margen bruto éste alcanza los 8.222 millones de euros. El incremento del 5,1% respecto al  resultado obtenido en el año anterior refleja la mayor generación de ingresos core, con 7.887 millones, un 18% más que en 2016, y la incorporación de BPI.

El 96% de los ingresos proceden de la actividad bancaria básica, tras la menor actividad por operaciones financieras (-66,7%) y la menor contribución de las participadas (-21%).

El crédito bruto a la clientela alcanza los 223.951 millones (+9,3% en 2017). En CaixaBank, la cartera sana crece un 0,4% si no se considera la reducción de la financiación a CriteriaCaixa de 1.043 millones ni la evolución del sector público.

En el último año, la ratio de morosidad ha descendido 84 puntos básicos, hasta situarse en el 6%, reflejo de la mejora de la calidad crediticia. En el mismo periodo, los saldos dudosos se han reducido en CaixaBank en 1.668 millones.

Los activos líquidos totales se sitúan en 72.775 millones. Durante el ejercicio se ha reforzado la posición de liquidez del Grupo, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 202%, muy por encima del mínimo requerido del 100% a partir del 1 de enero de 2018.

El Grupo CaixaBank alcanza una ratio Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded del 11,7%, en línea con el rango fijado en el Plan Estratégico, del 11%-12%, y casi 3 puntos porcentuales por encima de los requerimientos del supervisor del 8,75%.

El margen bruto alcanza los 8.222 millones (+5,1%) por la mayor generación de ingresos básicos del negocio bancario (margen de intereses, comisiones e ingresos del negocio de seguros), que aumentan un 18% en el Grupo y un 8% en CaixaBank, y la incorporación de BPI. El 96% de los ingresos proceden de la actividad bancaria básica, tras la menor actividad por operaciones financieras (-66,7%) y la menor contribución de las participadas (-21%).

La rentabilidad del Grupo CaixaBank mejora desde diciembre 280 puntos básicos y se sitúa en el 8,4% -cerca del objetivo establecido en el Plan Estratégico del 9%-11%-, mientras que el ROTE recurrente del negocio bancario y asegurador alcanza el 11,2%, con un resultado de 1.748 millones.

CaixaBank mantiene una posición de referencia en el mercado retail en España, con una cuota de penetración como primera entidad del 26,7% (+100 puntos básicos en los últimos doce meses), y la primera posición en nóminas domiciliadas, con una cuota del 26,3%, en fondos de inversión, con el 16,7%, planes de pensiones, con el 23,5%, y seguros de ahorro, con el 26,4%.

La entidad mantiene el liderazgo en banca online —el 55% de sus clientes son digitales— y en banca móvil, con 4,3 millones de clientes. La tecnología y la digitalización apoyan el modelo de negocio de CaixaBank, con 32.200 SmartPCs desplegados y el 98% de firmas digitales en 2017.

El margen de intereses alcanza los 4.746 millones (+14,2%)

En un contexto de tipos de interés en mínimos, el margen de intereses alcanza los 4.746 millones de euros (+14,2% respecto a 2016), impulsado por la incorporación del negocio de BPI, que aporta un 9,1% de crecimiento. En CaixaBank, el margen de intereses aumenta un 5,1%, esencialmente por la gestión de la actividad minorista, con una fuerte reducción del coste del ahorro a vencimiento. La evolución de los ingresos se ve impactada por la reducción de la rentabilidad de la cartera crediticia y de la cartera de renta fija por la bajada de los tipos de interés de mercado.

Los ingresos por comisiones alcanzan los 2.499 millones de euros. En su evolución (+19,5%) incide la aportación de BPI (+13,2%) y los ingresos derivados de la actividad comercial de CaixaBank (+6,3%), que refleja una mayor transaccionalidad y una mayor actividad debido a la fortaleza en los negocios de gestión de activos y de previsión.

Los gastos de administración y amortización recurrentes se sitúan en los 4.467 millones (+11,8%) y reflejan principalmente la incorporación de BPI, aunque en perímetro homogéneo se mantienen (+1% respecto a 2016 y +0,2% en gastos de personal). En 2017, se han registrado 110 millones de costes extraordinarios asociados a BPI.

Los ingresos de la cartera de participadas se sitúan en 653 millones (-21%) reflejo, entre otros, del menor dividendo de Telefónica, cambios de perímetro y la venta del 2% de la participación de BPI en BFA (-97 millones atribuidos) registrado en enero antes de la toma de control. En el cuarto trimestre, menores resultados atribuidos derivados de la participación de BPI en Angola.

Las Ganancias/pérdidas por activos y pasivos financieros y otros se reducen hasta los 282 millones (-66,7%). En 2016 incluía 165 millones de euros del resultado de la operación de Visa Europe Ltd. así como la materialización de plusvalías de activos de renta fija disponibles para la venta.

Los recursos de clientes en CaixaBank crecen un 3,5%

En el Grupo, los recursos totales de clientes se sitúan en los 349.458 millones, con un aumento del 15% (+45.563 millones) en 2017 tras la incorporación de BPI (+11,5%, 34.963 millones). En CaixaBank, los recursos de clientes se incrementan un 3,5% en 2017 (+10.600 millones), y se mantienen estables en el último trimestre (-0,2%).

En CaixaBank, la cartera crediticia bruta se reduce un 1,9% y la cartera sana un 1,2% en 2017. Si no se considera la reducción de la financiación a CriteriaCaixa en el marco del proceso de desconsolidación prudencial (1.043 millones en el primer trimestre de 2017), ni tampoco la evolución del sector público, la cartera sana se mantiene estable (+0,4%).

Por otro lado, destaca la evolución positiva del crédito a empresas, con un incremento del 16% en el año, y del crédito al consumo, con un aumento del 15%.

En CaixaBank, la actividad comercial destaca por el fuerte crecimiento del negocio de seguros y gestión de activos. Los activos bajo gestión se sitúan en 88.018 millones de euros, con un aumento del 7,5% en el año y un 1,3% en el trimestre.

Al igual que en los últimos ejercicios, destaca el incremento del patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y sicavs, hasta los 61.077 millones de euros (+7,8% en el año), así como la evolución positiva de los planes de pensiones (+6,8% en el año), hasta los 26.941 millones de euros.

CaixaBank mantiene el liderazgo en seguros, planes y fondos por recursos gestionados, con una cuota del 21,3%.

La ratio de morosidad del Grupo se reduce hasta el 6%

La ratio de morosidad del Grupo CaixaBank se sitúa en el 6% (6,9% a 31 de diciembre 2016), muy por debajo de la media del sector, y la ratio de cobertura de la cartera dudosa mejora hasta el 50% (47% a cierre de 2016).

En el Grupo, los saldos dudosos descienden hasta los 14.305 millones. En CaixaBank, que ascienden a 13.086 millones, se han reducido en 1.668 millones en 2017 y 837 millones en el trimestre, tras venta de carteras.

Las dotaciones para insolvencias se sitúan en 799 millones. En la evolución anual (+154,2%) incide la liberación de 676 millones de euros de provisiones de la cartera crediticia en el cuarto trimestre de 2016 tras el desarrollo de modelos internos, consistentes con la Circular 4/2016. Aislando este    efecto, la evolución anual sería del -19,3%.

El apartado de otras dotaciones a provisiones asciende a 912 millones e incluye, entre otros, el registro de 455 millones de euros asociados a prejubilaciones (152 y 303 millones de euros en el primer y segundo trimestre, respectivamente), 154 millones de saneamiento de la exposición en Sareb en el primer trimestre.

Las ventas de inmuebles alcanzan los 1.610 millones (+20%)

La cartera de activos adjudicados netos disponibles para la venta en España disminuye hasta los 5.878 millones de euros (-378 millones de euros en 2017). La ratio de cobertura es del 58%.

El total de ventas de inmuebles en 2017 alcanza los 1.610 millones de euros (un 20% más que en el mismo periodo de 2016), con resultados positivos desde el cuarto trimestre de 2015. El resultado de las ventas sobre el valor contable neto se sitúa en un 20% en 2017 (+14 puntos porcentuales respecto el mismo período de 2016).

Los activos inmobiliarios destinados al alquiler disminuyen hasta los 3.030 millones de euros netos de provisiones (-48 millones de euros en 2017). La ratio de ocupación de esta cartera se sitúa en el 88%.

Refuerzo de la liquidez a lo largo del año

Los activos líquidos totales se sitúan en 72.775 millones. Durante el ejercicio se ha reforzado la    posición de liquidez del Grupo, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 202%, muy por encima del mínimo requerido del 100% a partir del 1 de enero de 2018.

Por otro lado, el Grupo CaixaBank alcanza una ratio Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded del 11,7% a 31 de diciembre, en línea con el rango fijado en el Plan Estratégico 2015-2018 (11%-12%), y casi 3 puntos porcentuales por encima de los requerimientos del supervisor del 8,75%. Excluyendo el impacto de la integración de BPI, la evolución anual de la ratio ha sido de +60 puntos básicos debido a la generación de capital y -26 puntos básicos por la evolución del mercado y otros factores.

El capital total, en términos fully loaded, se sitúa en el 15,7%, por encima del objetivo fijado en el Plan Estratégico del 14,5%. A lo largo del año, esta ratio se ha reforzado con la emisión de 1.000   millones de AT1 y por varias emisiones de deuda subordinada, por importe total de 2.000 millones, entre febrero y julio.

 

El propio Santander confirma que el Popular no tuvo que ser intervenido

El último día de enero se presentaron los resultados del Banco Santander —el único de los grandes bancos españoles que no ha invitado a Diario16 a la presentación de cuentas y tal vez sea porque saben que disponemos de documentos que no quieren que salgan a la luz, cosa que ocurrirá— y en la página 31 de los mismos vienen esbozados los principales datos del Banco Popular.

En este artículo iremos desglosando los principales capítulos de los resultados presentados:

  1. Los activos totales en balance se recuperan respecto al 30 de junio del 2017 en casi 4.807 millones de euros.
  2. El margen de intereses retrocede un 47,84 % respecto al año pasado, quedando en 1.003 millones, y es normal viendo la paralización del Banco en los primeros seis meses del año.
  3. Los resultados antes de provisiones son de 436 millones siendo un 54,65 % comparado con el año anterior.
  4. Por tanto, el resultado consolidado del año 2017 es de 263 millones frente a los -3.485.361.000 de pérdidas del año pasado. Porcentualmente ha obtenido un 1.325,23 % mejor resultado que el año pasado.

En el balance consolidado cabe resaltar:

  1. Total activos: 953 millones, recuperando 4.807 millones respecto al 30 de junio del 2017
  2. Total pasivos: 119.026 millones, disminuyendo en un 2,40 %
  3. Fondos propios: 7.927 millones aumentando en un 2.997,29 respecto a los fondos propios que aparecieron en las cuentas publicadas del primer semestre por la AEB.

En la cuenta de pérdidas y ganancias:

  1. El margen bruto es de 1.309 millones, desglosado en los siguientes conceptos:
    1. Margen de Intereses: 1.309 millones
    2. Comisiones netas: 288 millones
    3. ROF y otros ingresos: 18 millones
  2. Costes de administración y amortizaciones: – 873 millones
  3. Margen de explotación: 436 millones
  4. Resultado antes de impuestos: 302 millones, siendo un 1.618,70 superior al del año pasado y de un 264,49 % superior al del ejercicio 2015.
  5. Impuesto de Sociedades: 39 millones
  6. Resultado consolidado: 263 millones
  7. Saneamientos realizados en 3º trimestre: – 300 millones
  8. Beneficio-pérdidas atribuidas año 2017: – 37 millones

En el capítulo de recursos de clientes termina en 19.682 millones menos respecto al comienzo del año 2017, ahora es verdad que ha recuperado 12.038 millones desde el 30 de junio del 2017, representando todavía un desfase negativo de 7.644 millones

¿Qué conclusiones podemos extraer de todos estos datos que nos ha aportado la presentación de resultado?:

Tal como decía el Consejo de Administración del Banco Popular celebrado el día 6 de junio en su página 4, y con los datos que le habían pasado en las estimaciones preliminares el equipo de inspección del Banco Central Europeo y que comunico verbalmente a la entidad, se calculó las necesidades de capital en 2.250 millones. En la misma acta, y valorando las necesidades de capital que las agencias de rating pasaron para poder avanzar hacia la consecución del grado de inversión, necesitaría el entorno de los 3.000 millones.

Por tanto, tal como se adjunta en los resultados presentados ayer, la única conclusión que se puede extraer es que el Banco Popular no estaba quebrado, ni era un banco zombi, sino que era un banco solvente y necesitaba aportaciones extraordinarias de liquidez, una liquidez que se intentó extraer en los últimos días de mayo, con una aportación de 2.200 millones.

Atendiendo a los criterios de Basilea III, se requiere que tanto la institución como el supervisor pongan todos los medios posibles para resolver el problema temporal de liquidez en el plazo de un mes desde que aparece el incumplimiento del coeficiente LCR que era del 80 % este año pasado, por parte del Banco Popular se intentó, aunque no se pusieron todos los medios y colaterales para poder acceder a la máxima liquidez que podrían pedir al supervisor. Tampoco está claro que el supervisor, realizara una quita justa para atender las necesidades de liquidez del Banco Popular, tras el reconocimiento por parte del subgobernador del Banco de España de que Emilio Saracho no presentó todas las garantías que el Popular tenía a su disposición para acceder a la totalidad de la ELA. ¿Por qué no intervino de oficio si tuvieron esas sospechas?

El Popular no tuvo que ser intervenido ni vendido por un euro al Santander. Las cifras de las cuentas presentadas ayer por el propio banco presidido por Ana Patricia Botín lo demuestran. Si el problema que tuvo el Popular era de liquidez, hubo ofertas para incrementarla que sumaban más de 3.000 millones de euros, cantidad a la que habría que sumar los 5.500 millones de la ELA a la que el Popular no pudo acceder por no aportar todas las garantías de las que disponía. En total, 8.500 millones. Mientras, la Justicia sigue sin intervenir dejando desamparados a más de 305.000 afectados.

Israel deporta a una niña epiléptica de 14 años de Cisjordania a Gaza

El pasado 15 de enero, Ghada se encontró abandonada, sin padres o hermanos, en el cruce fronterizo con la Franja de Gaza, un lugar del que solo había oído hablar pero que nunca visitó siquiera por una vez en su vida.

La niña de 14 años y diagnosticada de epilepsia, viajaba de regreso a su casa en al-Ram, al noreste de Jerusalén, donde vive con su madre y sus hermanos, después de visitar a su tía en el barrio de Issawiya, en Jerusalén Este, cuando una patrulla de la guardia fronteriza israelí la detuvo bajo custodia por no tener permiso para estar en Jerusalén.

Ghada, cuyo apellido no se cita a petición de su familia, fue interrogada por la policía israelí y sometida a juicio ante el Tribunal de Magistrados de Israel el 15 de enero en ausencia de sus padres, según HaMoked, del Centro para la Defensa de los Derechos Individuales.

Abir Dakor, el abogado de Ghada, afirmó que uno de los familiares de su madre asistió al juicio y dijo que el juez ordenó que fuera liberada bajo fianza por 1.500 shekels, poco más de 350 euros, con la condición de que comparezca para cualquier otro proceso.

Esperando reunirse con su madre y sus hermanos, el Servicio de Prisiones de Israel despertó a Ghada de madrugada y la informó de que iba a ser liberada en el puesto de control militar de Qalandia, a solo unos minutos en coche de su ciudad natal.

Después de horas de viaje, se sorprendió al encontrarse en el puesto fronterizo de Beit Hanoun (Erez) entre Israel y la Franja de Gaza.

El abogado de Ghada explicó que el Servicio de Prisiones de Israel no contactó ni informó a la familia de sobre su deportación a Gaza. Pudo comunicarse con su madre a través de un oficial de enlace civil palestino que trabajaba en el puesto fronterizo de Beit Hanoun.

HaMoked se acercó a las autoridades militares israelíes para devolver a Ghada a su familia de la mejor manera posible. «Si no recibimos una respuesta hoy, iremos al Tribunal Supremo israelí el próximo lunes para presentar una petición urgente», agregó Dakor.

La niña sufre de epilepsia y experimenta convulsiones impredecibles cada tres meses. Antes de su deportación estaba recibiendo tratamiento médico en Al-Amal Medical Center en a-Ram.

Ghada no es el único palestino deportado a la Franja de Gaza, pero sí la más joven que ha sido deportada por Israel. Según HaMoked, Israel deportó a 27 palestinos de Cisjordania a la Franja de Gaza durante 2017.  Hay aproximadamente 21,000 palestinos viviendo en Cisjordania, cuyas direcciones siguen figurando como Gaza e Israel continúa negándose a actualizar sus direcciones y los considera residentes ilegales a menos que tengan un permiso militar especial para vivir en Cisjordania.

Antonio Meca solicita un informe técnico para que se midan los campos electromagnéticos de las líneas de alta tensión

En septiembre de 2016 fue inaugurado en Lorca un supermercado de la cadena ALDI en el Camino Viejo del Puerto nº 150, en un solar donde existía un tendido de  línea de alta tensión (calificado en el pliego de condiciones del Ayuntamiento como “media tensión”), estando ubicada una torreta de línea eléctrica aérea en el mismo solar sin la valla de cerramiento y los paneles anti escala que prevé el Ministerio de Industria, como medidas de seguridad.

Antonio Meca indica que  el propio pliego de condiciones ”reconoce la existencia de esas líneas eléctricas y advierte de que es un condicionante en cuanto a la ubicación de la edificación en la parcela”.

“Sabemos igualmente que no se realizaron mediciones de radiaciones en las proximidades de este supermercado en su momento”, dato verificado en el pleno de noviembre de 2016 por el equipo de Gobierno, en respuesta a una pregunta de este Grupo Municipal al respecto.

Tanto la Directiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 26 de julio, sobre las disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a las exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los campos electromagnéticos,  como el  Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, contemplan realizar mediciones de los índices de radiación evaluando los niveles de exposición para  evitar posibles riesgos para la salud o tomar medidas para minimizar sus efectos si se superan los límites establecidos.

La Directiva Europea establece con claridad las obligaciones de los empresarios en el artículo 4ª “el empresario deberá evaluar y, en  caso necesario, medir y calcular los niveles de los campos electromagnético a que estén expuestos los trabajadores”. Según el Concejal “esta obligación no fue exigida por el equipo de Gobierno y se habrían pasado por alto a la hora de conceder las licencias de instalación y apertura de este supermercado”.

A tal efecto Meca ha presentado un escrito  al Alcalde solicitando “un informe de las mediciones del campo electromagnético que genera esta línea de alta tensión tan próxima a clientes y trabajadores de este supermercado, y la retirada inmediata  de la línea eléctrica aérea que cruzan las instalaciones del supermercado”.

Los intereses del Santander están condicionando la acción de la Justicia en el Caso Popular

La historia y la hemeroteca nos muestran cómo el Santander ha gozado de una presunta impunidad en los tribunales españoles que lo ha liberado de asumir responsabilidades judiciales a lo largo de las últimas décadas, tanto en el ámbito económico como en el penal. En este medio ya hemos dicho que, presuntamente, en el Caso Banco Popular está ocurriendo lo mismo. Ya informamos en Diario16 cómo el Santander pretende que la jurisdicción se traslade a Europa porque, según sus servicios jurídicos, la decisión de la intervención la tomó la JUR y, por lo tanto, deberían ser los tribunales europeos ante quienes los afectados tendrían que reclamar. La propia Audiencia Nacional, en referencia a los recursos contencioso-administrativos parece que puede adoptar esa estrategia puesto que ya ha solicitado a las partes que se pronuncien sobre la conveniencia de esperar a la resolución del TJUE antes de actuar respecto a los recursos interpuestos y admitidos a trámite contra la decisión de intervenir el Banco Popular. Esta es una de las estrategias que está utilizando el Santander, desviar la atención tanto de bufetes como de afectados hacia Europa y, de este modo, desviar el foco, tanto de la Justicia como de los propios afectados hacia aspectos que nada tienen que ver con la realidad de lo que ocurrió.

Distintos juristas consultados por Diario16 nos confirman que es la primera vez que, ante un requerimiento de publicación de documentación por parte del TJUE, una institución europea no se atenga a lo dispuesto por el Alto Tribunal que instó a la JUR a publicar los informes sobre los que se asentó la decisión de intervenir al Popular antes del día 15 de enero, algo que aún no ha hecho.

Por otro lado, el Grupo Santander pretende que las actas del Consejo de Administración sean censuradas porque el «carácter reservado de la información contenida en las actas del Consejo de Administración del Banco Popular es indudable […] Para ello interesamos que se proceda a realizar un procedimiento de expurgo de estas actas». La Audiencia Nacional ha aceptado ese requerimiento que afecta directamente tanto a los afectados, que tienen un menor acceso a información vital, como a los imputados porque se vulnera su derecho a una defensa justa. En referencia a esto, el Grupo Santander defiende su petición a la Audiencia afirmando que lo que se quiere proteger son los acuerdos firmados con Allianz, Credit Mutuel o Värde. De todos modos, el Santander puede estar tranquilo en referencia a la transparencia que solicitaba en la presentación de resultados la propia Ana Patricia Botín ya que haremos públicos esos documentos para que los afectados dispongan de esa información de cara a defender sus intereses.

Sin embargo, estamos ante un nuevo ejemplo, y ya se cuentan por decenas, de cómo la Administración de Justicia presuntamente se pliega a las pretensiones del Santander e, indirectamente, se mantiene la presunta impunidad ante las leyes de la entidad cántabra. La decisión de la Audiencia Nacional de expurgar y censurar las actas del Consejo de Administración del Banco Popular es un modo de proteger a los dictadores privados en vez de al pueblo que, en realidad, es su principal función. La realidad es que esa previa censura de esos documentos lo que permite es que el Santander se proteja a sí mismo sin necesidad siquiera de pagar minutas a Uría y Menéndez.

Por otro lado, el FROB ha acusado al Santander de ser el responsable de la no publicación de esos resultados y la propia Elke König afirmó en el Congreso de los Diputados que pediría permiso al Santander para publicar la documentación. ¿Tienen que pedir permiso instituciones como la JUR, el BCE o la Comisión Europea a una empresa privada para publicar una información que es vital para más de 305.000 familias? La realidad es que las leyes de transparencia afirman que hay obligación de consultar, pero las instituciones pueden publicar los informes cuando quieran, por tanto, el FROB podría publicar todos esos documentos cuando quisiera. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué ocultan? ¿Exponen de manera cruda que la intervención del Popular fue la culminación de la operación de rescate del Santander? ¿Por qué se está obligando a un medio de comunicación como Diario16 a asumir funciones que les corresponden a las instituciones públicas? Demasiadas preguntas que no encuentran respuesta porque lo importante es «proteger al Santander».

 

Amat quiere que le aprueben el plan del Hospital sin tener ubicación

El portavoz del PSOE de Roquetas de Mar, Manolo García, ha criticado las “prisas y chapuzas” del alcalde por pretender el visto bueno de un expediente lleno de apartados en blanco y que ni siquiera tiene los informes preceptivos del secretario y el interventor. El PSOE de Roquetas no entiende las “prisas” del alcalde Gabriel Amat a la hora de querer conseguir el visto bueno de los grupos para un expediente incompleto sobre la construcción del hospital. “Como ya nos tiene acostumbrados, Gabriel Amat ha asaltado la legalidad vigente y se ha pasado por el arco del triunfo los procedimientos administrativos”, ha afirmado al término de la Comisión en la que se ha tratado el asunto el portavoz del Grupo Socialista, Manolo García.

“La Comisión se celebrado sin contar con un documento definitivo, sin los informes de Secretaría o de Intervención, sin los preceptivos informes de la Junta de Andalucía y sin contar siquiera con el debido cuadro de financiación”, ha señalado. García ha querido dejar claro que su grupo apoya la construcción de un hospital para Roquetas, pero exige que se respete la ley en la tramitación de los expedientes relacionados con el mismo.

El PSOE de Roquetas considera “increíble” que en un municipio de más de 90.000 habitantes “se lleve a una comisión para su aprobación un expediente incompleto, lleno de apartados en blanco y que se diga además que sólo es un primer borrador de trabajo en el no figuran aún los espacios más relevantes, como la ubicación o la financiación, no se dice dónde se va a ubicar, ni la identificación urbanística de los terrenos o su titularidad, ni cómo se va a financiar, ni cuenta con los informes que exige la ley, a los que alude el documento pero que no se aportan, porque no existen”.

“Todo un cheque en blanco” es lo que, a juicio del PSOE, pretendía conseguir hoy Gabriel Amat del resto de grupos, lo que lleva a pensar a Manolo García que se trata de “una nueva estratagema” del alcalde roquetero, “muy poco de fiar y dado a la política de hechos consumados”.

En este sentido, Manolo García considera “lamentable” que Gabriel Amat y el PP “hagan de la salud la excusa para justificar sus tropelías urbanísticas”. “Con la salud de los ciudadanos no se juega ni se puede pretender tapar los sonados fracasos que ha tenido el equipo de Gobierno a lo largo de esta legislatura”, ha dicho.

En la Comisión celebrada hoy, el PSOE ha pedido el cumplimiento de la Ley. “Nuestra responsabilidad es exigir que las cosas se hagan cumpliendo la Ley, no se nos puede pedir que bordeemos la prevaricación votando un documento lleno de apartados incompletos o en blanco y sobre el que no existen los informes preceptivos”, aclara el portavoz socialista.

Manolo García se ha mostrado dispuesto a debatir en el Pleno este asunto, “siempre y cuando se nos lleve un documento completo y con todos los informes jurídicos y económicos favorables”. Pero ha advertido que lo que no va a hacer es “prestarse al juego de un alcalde desbordado por tantos cargos como ostenta y más preocupado por los malos resultados que auguran las encuestas para su partido y por sus asuntos urbanísticos que por el interés de los vecinos y el cumplimiento de la ley”. García concluye pidiendo a Amat que haga bien las cosas. “Y si no es capaz de hacerlo, que nos deje a nosotros”, ha apuntado.

Abierto el plazo para solicitar las ayudas de la PAC 2018

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha abierto el plazo para la presentación de la solicitud única de la Política Agrícola Común (PAC) del año 2018, así como las ayudas y pagos que se pueden solicitar. Los agricultores y ganaderos andaluces podrán realizar este trámite hasta el próximo 30 de abril y realizar las modificaciones que sean necesarias en los expedientes hasta el día 31 de mayo.

2018 es la cuarta convocatoria de ayudas de apoyo a la renta del sector agrícola y ganadero tras la aplicación del nuevo régimen de pago básico y, al igual que en los tres años anteriores, se espera recibir en torno a 250.000 peticiones que, en total, alcanzarían un valor de 1.425 millones de euros.

A través de esta solicitud, también se podrá pedir el pago por cumplir con los compromisos de las medidas agroambientales y el mantenimiento o la conversión a la agricultura o la ganadería ecológica. En total, la Consejería ha adjudicado ya 473 millones de euros a más de 30.000 beneficiarios, para compensarles durante cinco años el coste asociado al cumplimiento de estos compromisos. De este montante se han abonado ya 159 millones, es decir, el 33,6% del total comprometido.

Con el fin de informar sobre las principales novedades de esta nueva campaña de la PAC, Agricultura ha celebrado unas jornadas informativas dirigidas a las entidades reconocidas por la Consejería para ayudar a los beneficiarios en la confección, tramitación y presentación de la solicitud única. Este encuentro se enmarca en el programa específico de formación que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha desde octubre dirigido a los técnicos de las entidades que participan en la presentación de estas solicitudes a instancia de los agricultores y ganaderos de la región. Esta planificación formativa incluye tanto jornadas presenciales como cursos online, de teleformación y vídeos tutoriales que animan al sector a iniciar cuanto antes la presentación de peticiones de ayudas.

El consejero Rodrigo Sánchez Haro ha puesto en valor que esta programación es «un ejemplo más» del compromiso del Gobierno andaluz con los agricultores y ganaderos de Andalucía, a quienes «intentamos facilitar en todo lo posible la solicitud de estos incentivos comunitarios de gran importancia para los productores».

Entre las modificaciones que presenta esta convocatoria destacan las derivadas del Reglamento Ómnibus, como el incremento del pago complementario de jóvenes agricultores y la flexibilización de los requisitos aplicables a las superficies de interés ecológico y a la diversificación de cultivos. Por otro lado, la Consejería ha introducido en su norma reguladora medidas de simplificación como, por ejemplo, eximir de la obligación de declaración gráfica a los titulares de explotaciones que se encuentran en regímenes de uso de tierras en común.

El consejero de Agricultura ha valorado también que a partir de ahora exista una nueva definición de pastos permanentes que incluye aquellas superficies donde predomine el matorral o el arbolado siempre que se garantice que estos elementos naturales sirven de alimento para el ganado. «La normativa andaluza que regula el mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac) contemplará esta novedad para permitir así que los agricultores y ganaderos andaluces incrementen la superficie admisible de sus pastos», ha apuntado Sánchez Haro, que ha explicado que para ello será necesario aportar un informe que acredite la función alimenticia de ese material vegetal para el ganado.

En cuanto a las ayudas de la Política Agrícola Común del año pasado, el Gobierno andaluz ha abonado ya 1.188 millones de euros a un total de 216.369 beneficiarios de 2017, cantidad que ronda el 90% de los importes previstos para toda la campaña. Estos pagos suponen un adelanto de seis meses respecto a la finalización del plazo previsto para este trámite.