lunes, 27 abril, 2026

Compromiso firme de la Junta de Andalucía con la Memoria Democrática

El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la elaboración del I Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022, que establecerá la programación de las medidas previstas por la Junta durante este periodo para dar cumplimiento a la ley aprobada por el Parlamento autonómico el pasado año. Al igual que esta norma, el documento se dirigirá al objetivo central de garantizar el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista bajo los principios de verdad, justicia y reparación.

Según el acuerdo de formulación aprobado, el plan se configurará como instrumento de referencia para las iniciativas reguladas en la ley, principalmente trabajos de indagación, localización, exhumación e identificación de las víctimas; conservación, mantenimiento y rehabilitación de los Lugares y Senderos de Memoria Democrática de Andalucía; recuperación de documentos y testimonios orales; adquisición, copia o suscripción de convenios sobre el material custodiado en archivos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros; fomento de las entidades memorialistas, y desarrollo de proyectos de investigación y divulgación.

Junto con las medidas previstas, el plan contendrá también un análisis de la situación actual de las iniciativas en esta materia y un sistema de seguimiento y evaluación, además de un diseño dirigido a asegurar la cooperación entre las administraciones públicas y la participación de la ciudadanía.

La Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática elaborará una propuesta inicial del documento y la trasladará a todos los departamentos de la Junta, así como a las entidades memorialistas, los agentes sociales y las instituciones vinculadas con los objetivos del plan. Una vez sometido al trámite de información pública y con las aportaciones y sugerencias recibidas, el nuevo texto se elevará al Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, órgano consultivo y de participación en la materia. Finalmente, la aprobación definitiva corresponderá al Consejo de Gobierno.

Según los estudios realizados, se calcula en alrededor de 60.000 la cifra de personas consideradas desaparecidas en Andalucía como consecuencia del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura. Hasta el momento, se han realizado unas 70 intervenciones por parte de la Administración autonómica, los familiares de víctimas, las entidades memorialistas, los ayuntamientos y el Gobierno de España, si bien a partir de 2012 se cancelaron las iniciativas y partidas presupuestarias estatales en esta materia.

La historia de la Historia.

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, cuyo desarrollo impulsará el nuevo plan, representó en 2017 el último hito de una larga trayectoria que ha colocado a la comunidad en la vanguardia del reconocimiento de estas víctimas en España. Las políticas públicas sobre esta materia se iniciaron en 1999 con la aprobación en el Parlamento de una proposición no de ley para la concesión de indemnizaciones a las personas que lucharon en defensa de la libertad y la democracia. La Junta estableció las primeras compensaciones para los andaluces que fueron encarcelados y padecieron represalias, ampliando posteriormente la cobertura con ayudas a las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración entre tres meses y tres años.

Otros pasos destacados fueron la creación del Comisariado de la Memoria Histórica, como unidad administrativa dedicada a la atención a las víctimas y sus familias; la apertura de una convocatoria de subvenciones para proyectos de investigación, estudios y publicaciones, y el establecimiento de indemnizaciones a las mujeres represaliadas que entre 1936 y 1950 vieron menoscabados su honor y su intimidad con acciones vejatorias como el rapado, la ingesta de aceite de ricino o el escarnio público.

El decreto de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, aprobado en 2011, ha permitido ya la declaración de 50 espacios de estas características, entre ellos el lugar de fusilamiento de Blas Infante en el cortijo de la Gota de Leche en Sevilla, la fosa del cementerio de San Rafael, los muros de Puerta Tierra en Cádiz o la esquina en la que se produjo la muerte de Manuel José García Caparrós en Málaga.

Actualmente, tras la finalización de la fase de valoración, la Junta tramita la declaración de 13 nuevos Lugares de Memoria Democrática en seis provincias andaluzas. Se trata de la fortificación del Estrecho de Gibraltar y la fosa común del cementerio de San Roque en Puerto Real, en Cádiz; la Plaza de la Constitución y el cementerio de Baena y el refugio antiaéreo de la Plaza de España de Villanueva de Córdoba, en Córdoba; la colonia de Víznar, en Granada; el convento de Santa Úrsula de Jaén, el campo de concentración de Santiago e Higuera de Calatrava, y la cárcel vieja de Úbeda, en la provincia de Jaén; el Palacio de la Aduana, en Málaga, y la Jefatura Superior de Policía y la sede de la Capitanía General de la Gavidia, así como el lugar donde Francisco Rodríguez Ledesma fue herido de muerte, en Sevilla.

La UME gestionará en la Región de Murcia un simulacro de nivel 3 por riesgo sísmico

La Unidad Militar de Emergencias desarrollará entre el 23 y el 27 de abril en la Región de Murcia su habitual ejercicio nacional para mejorar la formación y las capacidades de coordinación entre todos los organismos implicados en caso de riesgo sísmico, químico e inundaciones, según ha explicado esta mañana el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, acompañado del consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, y del jefe de la UME, teniente general Miguel Alcañiz, en la presentación del operativo, que se ha celebrado en el Palacio de San Esteban.

“Les puedo garantizar que desde la Delegación del Gobierno, a través de todos los resortes que el gobierno de la nación tiene en la región, vamos a poner lo mejor de todos nuestros efectivos humanos y profesionales para que el ejercicio sea un éxito, porque valoramos que la UME haya elegido la Región de Murcia como escenario de este simulacro, pues, dados los fenómenos y desastres naturales que hemos sufrido en los últimos años, cuanto mejor preparados estemos, más capacidad tendremos para resolver una situación real de emergencia”, indicó el delegado del Gobierno.

El jefe de la UME ha explicado que aún se está cerrando la participación definitiva, aunque se estima un operativo de unas 3.000 persona formado por personal de hasta seis ministerios, que formarán parte de un Comité Estatal de Coordinación, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de todos los organismos de la Región de Murcia, ejércitos extranjeros, americano, francés o portugués entre ellos, Cruz Roja y diferentes ONG.

La UME, a falta de concretar ubicaciones exactas, ha preparado dos escenarios para este simulacro, uno en las proximidades de Murcia capital, y otro en Cartagena, por la existencia de infraestructuras importantes como el puerto y sensibles como Escombreras, que, según ha dicho el general, les preocupa especialmente.

Las capacidades a adiestrar en el ejercicio serán búsqueda y rescate, riesgos tecnológicos y medioambientales, atender y evacuar adecuadamente a personas con discapacidad, restablecer servicios esenciales e infraestructuras, como  autovías, vías férreas, asistencia sanitaria, forense y apoyo psicológico a las víctimas, entre otras.

“El ejercicio se desarrollará entre el 23 y el 27 de abril, y el 26 será el día de visita al ejercicio para explicar cómo se va desarrollando y los objetivos que vamos alcanzando”, concluyó el general de la UME.

La Junta invierte más que la Diputación de Almería en servicios sociales

El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha destacado esta mañana que las tres últimas leyes de carácter social impulsadas desde el Gobierno andaluz durante 2017 benefician en la provincia de Almería a más de 164.000 personas. Se trata de la Ley de renta mínima de inserción social, la Ley de los derechos y atención a las personas con discapacidad y la Ley de servicios sociales de Andalucía.

Los beneficios que sobre la población almeriense y andaluza ha tenido la aplicación de todas ellas se han incluido en la campaña de difusión ‘Conquistando derechos’ con la que se pretenden explicar los avances sociales que se han producido mediante la aplicación de estas leyes que “suponen una apuesta de la Junta por reforzar el estado del bienestar”, ha trasladado la secretaria de Servicios Sociales, Dependencia y Discapacidad del PSOE-A, Carmen Cuello.

La voluntad del Gobierno andaluz con esta campaña, ha manifestado, es “reflejar que Andalucía mantiene y amplía derechos a pesar de la crisis y de los recortes financieros impuestos por el Gobierno del PP” y aclarar que Andalucía se ha convertido en vanguardia social puesto que “mientras en otras comunidades se recortan derechos, aquí se ganan”.

“Queremos que la ciudadanía conozca bien y que recurra a estas tres leyes, que tienen un profundo sentido social y que inciden de verdad en la igualdad”, ha defendido Carmen Cuello, quien ha desgranado las principales características de cada una de las normas sociales por las que ha apostado el Ejecutivo andaluz. La Ley de la renta mínima de inserción social es una prestación garantizada y concebida “como instrumento de integración y de lucha contra la pobreza y la desigualdad”, que en su primer año puede dar cobertura a más de 45.000 familias y beneficiar a unas 120.000 personas. En Almería, son casi 9.000 las personas que se pueden acoger a esta ley.

Este nuevo sistema de protección oscilará entre los 419,52 hasta los 779 euros mensuales; unos ingresos que –como ha aclarado Cuello- “se complementarán siempre con un plan de inclusión, inserción laboral y social”, y que se podrán percibir durante 12 meses, prorrogables cada seis meses mientras se reúnan los requisitos necesarios para su percepción. Con esta ley, Andalucía “combate la desigualdad y la precariedad que han traído la crisis económica y la reforma laboral del Gobierno central”, ha censurado Cuello.

La secretaria de Servicios Sociales, Dependencia y Discapacidad del PSOE andaluz ha destacado, en segundo lugar, la Ley de los derechos y atención a las personas con discapacidad que quiere “dar respuesta a las necesidades y retos a los que cada día se enfrenta el 10% de la población andaluza, unas 700.000 personas”. En la provincia son 45.000 los almerienses a los que afecta esta norma que revisa el concepto de discapacidad y que “reorienta las actuaciones públicas desde un modelo biosanitario y rehabilitador a un modelo social basado en las capacidades”, ha argumentado Carmen Cuello.

Esta ley incorpora la perspectiva de género y reacciona a la situación de mayor discriminación de las mujeres y niñas con discapacidad incorporando un Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad de Andalucía, así como programas de prevención y atención de la violencia de género.  Asimismo, como ha explicado Cuello, “promueve el respeto a la orientación e identidad sexual, el respeto a la imagen y busca mejorar la información y el conocimiento sobre la discapacidad para evitar la estigmatización social”.

Más de 100 millones en servicios sociales

La aplicación de la Ley de renta mínima de inserción social supone, para este año, una inversión de 198 millones de euros (819 millones hasta 2021), mientras que la Ley de derechos de personas con discapacidad viene acompañada de una memoria económica de 1.300 millones de euros. En la provincia, como ha destacado el líder de los socialistas almerienses, la atención a las personas que se benefician de estas y otras políticas sociales de la Junta de Andalucía se traduce económicamente en una partida de más de 100 millones de euros anuales.

Finalmente, la Ley de servicios sociales es la tercera norma que se enmarca en la campaña ‘Conquistando derechos’. Es, en palabras de la secretaria de Servicios Sociales, Dependencia y Discapacidad del PSOE-A, una norma que marca como objetivo “que la administración sea más cercana, más eficaz y más eficiente, y que brinde una atención integral y coordinada a las personas que accedan al sistema público de servicios sociales”.

“Esta ley, centrada en la ciudadanía, a la que quiere dar voz y protagonismo, promueve la participación a nivel individual y colectivo como usuaria de los servicios sociales” al tiempo que garantiza “por vez primera” el derecho de la persona a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir ante una futura capacidad limitada y de disponer de un profesional de referencia.

La Ley de servicios sociales fortalece las prestaciones con la creación de un catálogo que regula las prestaciones garantizadas y las condicionadas, y potencia los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento, la teleasistencia, la atención en urgencia social o los servicios específicos de protección de menores en situación de riesgo o desamparo, las prestaciones económicas contra la exclusión y prestaciones por dependencia, entre otros.

La campaña ‘Conquistando derechos’ se desarrollará en acciones diversas, desde jornadas, charlas y encuentros con militancia y colectivos hasta la distribución de folletos, material gráfico y audiovisual en redes sociales. Los socialistas andaluces “confiamos en que esta iniciativa tenga buena acogida, y sea útil para que la ciudadanía conozca un poco más la decidida apuesta socialista andaluza por defender y ampliar los horizontes del bienestar social”, ha manifestado Carmen Cuello.

IU-Verdes denuncia que la Región y Lorca «han quedado marginadas» en los planes de modernización de trenes de cercanías

  La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado la “incompetencia” del Gobierno regional del PP, por su “incapacidad permanente” a la hora de reclamar y conseguir inversiones para la renovación de trenes de la red de Cercanías.

Martín ha mostrado su indignación por el reciente anuncio del Ministro de Fomento,  Íñigo de la Serna, sobre la adquisición por parte de Renfe de 150 trenes para modernizar su oferta en las Cercanías de Madrid. «Días antes se había comprometido» con el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, a la compra de 52 trenes para las Cercanías de Valencia por unos 350 millones de euros, dentro de un plan de Cercanías de 1.400 millones para esa comunidad. Y el pasado mes de diciembre anunció 28 nuevas unidades de corto recorrido para Cantabria por 133 millones, a lo que se suman 20 millones más para la actualización de trenes ya obsoletos. Otros grandes receptores de inversiones en flota serán las Rodalíes de Barcelona, donde hay comprometidos 4.000 millones para la mejora de la infraestructura y la adquisición de flota, o la red de Cercanías de Asturias, donde «habrá una inyección» para la incorporación de trenes de ancho métrico por 45 millones de euros dentro un programa de inversiones que supera los 500 millones, incluidas actuaciones en la infraestructura.

 

Frente a todo ello, la Región de Murcia, muy especialmente la línea que conecta Lorca con Águilas y Murcia, opera con trenes obsoletos “que rozan lo tercermundista”, dijo la concejala de IU-Verdes.

 

Por ello, Martín exigió al Presidente autonómico, el lorquino Fernando López Miras, que “se deje de reuniones en Madrid para sacarse “selfies” y se ponga a trabajar “inmediatamente” en la modernización de los servicios ferroviarios regionales y de Cercanías como están haciendo, con buenos resultados, sus homólogos en Madrid, Comunidad Valenciana, Cantabria, Catalunya o Asturias. “A pesar de anuncios grandilocuentes, aquí no se han materializado inversiones de ningún tipo”, explicó Martín, quien añadió que “esperamos que ahora no traten de apañarnos, como siempre, con las sobras que ya no quiere nadie”. Al respecto, también lamentó que la moción para modernizar la flota presentada en junio del pasado año por el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, cuando aún era senador por el PP, “no haya dado frutos”.

 

La edil de IU-Verdes denunció la “profunda marginación” de la Región y del municipio de Lorca en este sentido. “Hemos perdido la cuenta de la cantidad de veces que se han renovado los convoyes en las consideradas grandes ciudades españolas, mientras los habitantes de esta Región nos vemos obligados a desplazarnos en auténticas tartanas”, concluyó Martín.  Como ejemplo, mostró imágenes de los trenes que circulan en la capital de España y de los que lo hacen en la Región, lo que consideró “denigrante”. 

En Ciudad Real se mojan por los represaliados del franquismo

Ya lo había prometido al alcanzar la presidencia de la Diputación Provincial de Ciudad Real José Manuel Caballero, haría todo lo que estuviese en sus manos para que la represión franquista no quedase en el olvido, ni más muertos en las cunetas. Y de momento va cumpliendo su palabra. El primer paso son  los Mapas de Memoria que han editado junto al Centro de Estudios de Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Caballero ha querido recordar que el acto era “de justicia y dignidad para con las víctimas y sus familias”. Pero ha querido dejar claro que homenajear y recuperar la memoria de los que sufrieron humillaciones, persecución, tortura y muerte, no es abrir heridas, es cicatrizarlas, “porque el mejor cicatrizante, es la justicia y el reconocimiento de la dignidad de aquellos a los que pretendieron arrebatársela, con la seguridad de que jamás lo consiguieron”.

Alejandro Tiana, rector de la UNED ha señalado que este es un primer paso para recuperar la memoria histórica. Se ha mostrado orgulloso de contar con un equipo de investigación serio y riguroso y de colaborar con la Diputación Provincial de Ciudad Real. “Es fundamental estar seguros de lo que estamos haciendo y cerrar dignamente lo que ha supuesto la represión franquista por lo que me gustaría como Universidad colaborar en esta tarea”, ha comentado, apuntando su satisfacción por contribuir modestamente con esta aportación histórica  y seguir en la tarea de la recuperación de la memoria y la dignificación de los represaliados.

El presidente de la Diputación ha indicado, asimismo, que el proyecto Mapas de Memoria no acaba hoy con la entrega del estudio que reconoce a 3887 víctimas, de las que 85 son mujeres (precisamente ayer sumaron otra más, una socuellamina que estaba en prisión y fue traslada al hospital de Tomelloso), sino que a partir de ahora los investigadores que colaboran en este proyecto de recuperación de la memoria democrática de la provincia, seguirán contando con la colaboración institucional y económica de la Diputación provincial. Caballero ha querido dejar claro que en todo este proceso y en el acto institucional de hoy no se trata de ir “contra nadie”, pero sí de ir de la mano con aquellos que defendieron los valores que han permitido que en la actualidad haya hombres y mujeres gobernando las instituciones para mejorar la vida de la gente.

“Somos porque tenemos memoria. Cada uno de estos 3887 hombres y mujeres, tienen derecho a su memoria, a ser recordados por lo que verdaderamente eran y no por lo que les acusó y condenó un régimen ilegitimo y criminal” según ha recordado Caballero, y tal y como fue condenado por unanimidad por el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2002. El presidente de la Diputación ha explicado que entendieron que había tarea para encomendar a investigadores, historiadores y antropólogos, que se necesitaba un trabajo multidisciplinar de profesionales con experiencia, reconocimiento y credibilidad en este campo. De ahí que buscaran la colaboración de los profesores de la UCLM e impulsaran el convenio con el Centro de Estudios de Memoria y Derechos Humanos (CIEMEDH)  perteneciente a la UNED.

Francisco Alía, catedrático de Historia de la Universidad de Castilla La Mancha, ha aclarado que a pesar del avance que se ha hecho con esta investigación todavía no se está en condiciones de ofrecer datos definitivos sobre las víctimas represaliadas durante la dictadura franquista “y en muchos casos va a ser imposible porque no hubo registros civiles y va a hacer falta mucho tiempo para ir desempolvando todos los archivos”. El doctor ha destacado que la provincia de Ciudad Real es una de las provincias de España mejor investigadas y ha agradecido a la Diputación el apoyo a esta investigación y a perpetuar una reparación de este problema.

Julián López García, director del Centro de Estudios de Memoria y Derechos Humanos de la UNED ha mostrado también su agradecimiento a la Diputación por el apoyo prestado a la investigación iniciada hace ocho años. “Desde entonces hemos visitado centenares de casas y es como si nos estuvieran esperando”.  Y ha asegurado que la recuperación de la memoria histórica se debe fundamentalmente a las mujeres de la provincia. Ha indicado asimismo que la relación de las cerca de 4.000 víctimas todavía no ha terminado y se seguirá engrosando porque hay una relación de “suicidios” que está en la lista de dudosos, aunque es prácticamente asociable a la represión franquista. López García ha querido recordar que Ciudad Real es la provincia con más víctimas mortales de la posguerra, matizando que esa brutal represión que se produjo en ella se contabiliza con 2.800 fusilamientos, una gran cantidad de muertos por garrote vil; 850 fallecidos en prisiones y en intentos desesperados de evasión, así como que se han encontrado muchos muertos de la provincia en otras cárceles del país. Y aún quedan dos fases más: el mapa de fosas para saber dónde están enterrados y la dignificación de estas fosas en la medida que sea posible.

El Supremo interrogará al expresidente del PP de Cartagena para averiguar si Barreiro miente

La magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer, que investiga a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro por su presunta implicación en la trama Púnica, ha citado para el próximo 5 de febrero al expresidente del PP en la citada ciudad Francisco Celdrán. Se le llama en calidad de testigo, han informado fuentes jurídicas.

El objetivo es comprobar si, tal y como manifestó la parlamentaria el pasado día 15, estaba previsto que el PP pagará uno de los contratos cuestionados en esta investigación, dirigido a mejorar su reputación en redes sociales, y que nunca llegó a firmarse. Celdrán ha sido también presidente de la Asamblea Regional de Murcia.

Durante su declaración como imputada ante la juez Ferrer, Barreiro negó haber cometido ninguna irregularidad en los conciertos que entabló con empresas de Alejandro de Pedro, considerado el conseguidor de la trama Púnica, para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

Sobre el contrato reputacional, la defensa de Barreiro en el Supremo señaló que «no llegó a terminarse y que iba a pagar el partido, por lo que no hay ningún delito en nada». Insistió en que «no hubo pago con dinero público alguno».

A Barreiro se le imputan presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama de corrupción Púnica.

La Fiscalía se posicionó a favor de investigar a Barreiro en el Supremo después de que el exjuez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco –que estuvo investigando el caso Púnica hasta que fue ascendido a la nueva Sala de Apelaciones de este órgano judicial–, remitiese una exposición razonada al alto tribunal debido a la condición de aforada de Barreiro.

En su auto de apertura de la investigación, el Tribunal Supremo ya considera que los hechos atribuidos a Barreiro «son susceptibles de ser calificados como constitutivos» de cinco delitos.

Precisaba que los hechos más relevantes investigados en la trama corrupta relacionados con la aforada es la existencia de supuestos conciertos con empresas de Alejandro de Pedro –considerado el conseguidor de la Púnica– para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

Trabajos particulares

En la exposición razonada del entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 se subrayaba también que la senadora del PP presuntamente sufragó con dinero público trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales y la creación de un diario digital que emitiese informaciones favorables.

Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como «campaña de publicidad Turismo Cartagena» por 4.840 euros –que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención–. Posteriormente, De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, también imputado en este caso.

El juez Velasco afirmó en su exposición que la exalcaldesa conservadora participó directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de Barreiro, la apoyaron y encubrieron «enmascarando» el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de Educación.

Cambiemos Murcia detecta «irregularidades» en el mantenimiento de los vehículos de limpieza del Ayuntamiento

Cambiemos Murcia ha instado a la concejalía de Hacienda y Contratación a que lleve a cabo una auditoría sobre el cumplimiento del pliego de condiciones del contrato de Cespa al detectar que «podrían haberse cometido irregularidades en lo referente al estado y el mantenimiento de los vehículos de recogida de basura».

El concejal Sergio Ramos ha explicado que los problemas en ese servicio comenzaron cuando la empresa, «que es la concesionaria que más dinero recibe del Ayuntamiento, alrededor de 50 millones de euros al año», decidió externalizar el mantenimiento de los vehículos.

Ramos ha explicado que el tiempo de las reparaciones es «mucho mayor que antes, lo que provoca que en algunos casos el servicio no cuente con el número de vehículos que estipula el contrato, perjudicando así la calidad de la prestación que se ofrece a la ciudadanía».

Asimismo, el concejal ha señalado que «el desembolso del Ayuntamiento no se traduce en que el municipio esté limpio», tras recordar que una de las quejas más repetidas es, precisamente, el estado de suciedad en que se encuentran las pedanías y barrios del municipio más alejados del centro, donde el equipo de Gobierno «centra todos sus esfuerzos».

Además, Cambiemos Murcia ha iniciado la supervisión del pliego para poder detectar incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria. En particular, pedirá explicaciones sobre los motivos por los que los vehículos encargados de la limpieza de excrementos de perro, conocidas como “moto cacas”, llevan meses en un almacén, sin prestar servicio.

Por todo ello, la formación considera necesario poner en marcha una auditoría interna que analice el cumplimiento de Cespa acerca de lo estipulado en el pliego de condiciones del contrato y las mejoras que presentó en el momento de la contratación, y cuyos resultados se debatan en la Comisión de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento.

La función de este organismo, según ha explicado el concejal de Cambiemos Murcia, «es controlar el cumplimiento de los grandes contratos de servicios externalizados por el Ayuntamiento. Hasta el momento, gracias a los trabajos de la Comisión se han detectado incumplimientos por parte de Ayuda a domicilio y Tribugest».

Las claves de la «presunta» estafa del Caso Banco Popular

España está gobernada por una «dictadura privada», por el Banco de Santander. Da igual el partido que ostente el poder, la entidad cántabra siempre sale impune de las atrocidades o de los delitos por los que tuvo que acudir a los tribunales. Siempre hay alguien dispuesto a «jugarse» su carrera para salvar al Santander. ¿Por qué esta impunidad? La excusa siempre es la misma: la estabilidad del sistema financiero español. En estas páginas hemos visto cómo una institución como el Banco de España se niega a aplicar un embargo de 100 millones de euros ordenado por un juez, cómo los tribunales españoles crearon, incluso, una doctrina jurídica para salvar a la familia Botín, por no citar indultos a directivos del Santander que fueron revocados por el Tribunal Supremo.

Todos los poderes del Estado, principalmente el Ejecutivo, el Judicial, el económico/financiero y, en ocasiones, el Legislativo se han puesto al servicio del Santander, algo que es un hecho muy grave desde un punto de vista democrático.

En el Caso Popular, tal y como ya hemos publicado en Diario16, la protección de instituciones públicas y privadas, tanto a nivel español como a nivel europeo, fue fundamental para que el Santander fuera rescatado. Hay claves económicas que demuestran que en todo el proceso se produjo una cada vez menos «presunta» estafa.

El diario digital El Independiente publicó la semana pasada una información en la que el banco más importante de Europa, el HSBC, cuestionaba la resolución del Popular. El banco británico cuestiona la venta por un euro tras la publicación por Diario16 de la oferta de ampliación de capital de Barclays por 4.000 millones de euros, sin mencionar la de Deutsche Bank por otros 4.000 millones. Estas ofertas fueron presentadas en la semana previa a la intervención y Saracho no las comunicó al Consejo de Administración ni, en consecuencia, se informó a la CNMV. El HSBC es claro: «si había capital disponible se pone en cuestión el proceso que hay detrás de llevar al banco a resolución».

Volvamos a repasar los acontecimientos que demuestran que la intervención del Popular fue una estafa, una «presunta estafa». El día 2 de junio el despacho Uría y Menéndez envió a Joaquín Hervada las instrucciones para comunicar la inviabilidad de la entidad y los procedimientos a aplicar el «Día R»,  es decir, el día de la resolución, procedimientos destinados a evitar una fuga de información por parte de aquellos con capacidad de decisión y con poderes que no estaban de acuerdo con la decisión que se iba a adoptar, además de un plan de comunicación que evitara que hubiera voces discrepantes con la intervención y la venta del Popular por un euro al Santander. Al día siguiente, el FROB, siguiendo instrucciones de la JUR, inicia todo el proceso de intervención comunicando a las 5 principales entidades bancarias españolas que el Popular iba a ser intervenido. El día 5 de junio se permite el acceso a la Virtual Data Room, un espacio donde se podrían comprobar los datos de la operación, unos datos que eran claramente insuficientes teniendo en cuenta cómo el BBVA solicitó más tiempo para realizar el análisis de cara a diseñar una oferta. El Santander no los necesitaba porque, tal y como se afirma en el documento que recibió Hervada, ya los tenía. El día 6 el Popular comunica la inviabilidad a través de una carta sin garantías y con una firma que se asemeja a la de Saracho pero que fue realizada por el propio secretario del Consejo, es decir, con una falsificación documental.

Veamos las cifras que demuestran, tanto lo que afirma el HSBC como lo que lleva defendiendo Diario16 desde hace meses, es decir, que el Popular no estaba en situación de ser intervenido.

El día 3 de junio se recibe la oferta de Barclays para ampliar capital por 4.000 millones de euros. El día 5 de junio Saracho recibe la oferta por idéntica cantidad de Deutsche Bank pero afirmando que la oferta fue transmitida a Miguel Escrig hacía días y que no habían recibido respuesta alguna a la misma. El mismo día 6 de junio se recibe la carta del banco chileno BCI en el que comunican que retiran su oferta por 535 millones de dólares por TotalBank por las constantes negativas de Saracho. Por otro lado, aunque hubo salida de depósitos por valor de 14.000 millones de euros, el Popular aún contaba con un volumen de depósitos de 63.000 millones, teniendo garantizados más de 36.000 millones por el FGD, por lo que había liquidez de sobra. Además, el Popular tenía una ELA de 9.000 millones de euros a la que no pudo acceder en su totalidad porque, tal y como reconoció el subgobernador del Banco de España, Saracho no presentó todas las garantías de las que podía disponer el Popular y sólo recibió 3.500 millones.

A todo lo anterior hay que sumar los 4.000 millones que CaixaBank, a través de Criteria, tenía destinados para entrar en la subasta del Popular, una información al mercado que fue retirada súbitamente y de la que no se supo más. Tal vez algo tuviera que ver el hecho de que se permitiera a la entidad catalana la liberación de balances.

Sin embargo, no es lo único que ocurrió en esos días. El día 4 de junio se recibió una oferta de casi 2.000 millones de euros por parte de una de las corporaciones financieras más importantes del mundo por uno de los activos más importantes del Banco Popular, un documento del que dispone Diario16 y que será publicado en los próximos días.

Con todas esas cifras, tenemos que el Popular en los 6 días anteriores a su intervención pudo disponer de 8.000 millones para ampliar capital, de 2.500 millones por venta de activos o carteras de negocio, además de 5.500 millones de liquidez y pudo haber sido vendido por 4.000 millones y no por un euro. ¿Tanto interés lo puede generar un banco que fue vendido por un euro porque, según los organizadores de la operación de rescate del Santander, estaba en quiebra? Evidentemente, no.

El mero hecho de que se ocultaran ofertas de ampliación de capital, de líneas de liquidez del BCE u ofertas corporativas de venta por un valor conjunto de 22.000 millones de euros demuestra que a los 305.000 afectados se les ha estafado, al igual que al propio mercado.

Diario16 vuelve a insistir en que la Justicia, con todos estos datos, tiene la obligación de tomar decisiones rápidas como las que tomó en su momento el juez Pablo Ruz con la corrupción del Partido Popular. Este medio, además, dispone de documentación que aún no ha sido publicada en espera de ver la publicación de los informes de la JUR y del definitivo de Deloitte. Si al contrastar esos documentos con los publicados detectamos que han sido modificados entonces podremos afirmar que la presunta falsificación documental, la manipulación de cifras, dejará de ser presunta para convertirse en una realidad por la que este medio tomará las medidas legales necesarias para que a las 305.000 familias se les haga justicia y que las instituciones españolas y europeas dejen de reírse de la desgracia de verse arruinados para que no cayera el Santander.

La bañera roja de Soraya

Desconocemos si el gusto de la vicepresidenta del Gobierno para darse un baño puede ser una bañera roja como la de la imagen, no llegamos a tales interioridades. Pero sí que es cierto que Soraya Sáenz de Santamaría debería utilizar una similar en el día de hoy, pues se completa otro de sus fracasos políticos durante, al menos, el último año. Y no es que los cospedales le hayan puesto piedras en el camino, al contrario, al final han dejado hacer porque ella sola se basta y se sobra para fracasar.

Después de provocar que los más cercanos colaboradores de M. Rajoy vayan cayendo de los ministerios (Pastor, García Margallo, etc.), ahora que tiene casi el control monclovita, se le han visto todos los defectos y la incapacidad manifiesta día a día de quien se sueña sucediendo al presidente. Aunque parece no recordar aquello de Augusto Monterroso: “Cuando despertó… el dinosaurio aún estaba allí”. Pues Rajoy como el dinosaurio, no vaya a ser que le imputen por algo. Aquí vamos a tratar de resumir los fracasos de la vicepresidenta del Gobierno que afectan a la ciudadanía española, los que afectan al PP dejamos que los laven en casa.

Primero: Operación Diálogo.

Si ha habido un fracaso sonoro en el debe de Sáenz de Santamaría es la Operación Diálogo que le encargó, y ella aceptó gustosamente, Rajoy. Se puso hasta una oficina en Barcelona para tener más cercanía y hablar con todos los poderes fácticos catalanes a fin de encauzar una situación que estaba esclerotizándose en el último año. Allí pasó días Sáenz de Santamaría departiendo con empresarios, lobbies españolistas, un señor que había comprado un periódico en Las Ramblas y Oriol Junqueras.

Y fue el vicepresidente de la Generalitat el que le metió todos los goles que quiso. Le vendió todas las motos usadas del Poble Nou y un bastón de su abuelo para convencerla de que el diálogo iba por buen camino. Una jugada de despiste mientras iban preparando todo para dar el golpe de efecto el 1 de octubre. Dialogar, dialogaron en muchas ocasiones, salvo que lo que ella decía les entraba por una oreja y les salía por otra a sus interlocutores. Según fuentes empresariales catalanas, la vicepresidenta les daba garantías “todos los días” de que no habría problemas en Cataluña. Que “lo tenía controlado”. Y ya se ha visto que no.

Segundo: el CNI parece la TIA bajo su mando.

Otro aspecto que se ha descubierto de la vicepresidenta del Gobierno es que ha convertido al CNI español en la TIA de Mortadelo y Filemón. En los atentados de Barcelona, de los que recibió copia de la CIA, como recibieron los Mossos d’Esquadra, no supo ejercer la acción de tomar las acciones preventivas necesarias, ante la impericia de la policía catalana.  No hay que buscar culpables ante atentados de este tipo, pero sí que es cierto que mientras acusaba a los Mossos, ella tapaba sus propias vergüenzas.

Tampoco es que el CNI estuviese muy fino encontrando las “famosas urnas” del día del referéndum. Si la policía, por no tener suficiente presencia allí, como ocurre con la Guardia Civil, se encuentra limitada, lo lógico es que el CNI, que para eso son espías, hubiese actuado con mayor énfasis en Cataluña. Y no tener que soportar el Gobierno la aparición urbi et orbi de urnas plásticas y papeletas para todos.

Y la fuga de Puigdemont, que evidentemente contaba con la colaboración de los Mossos, fue el punto mayor del hazmerreir del Gobierno. Y tampoco el CNI controlado por Sáenz de Santamaría se enteró. Vamos llegó a Bruselas como el que va a casa de su prima en el metro. Otro fracaso de la vicepresidenta como dirigente política máxima del CNI. A cuyo jefe, por ella colocado, ni ha cesado después de todas estas cuestiones, porque, claro, dejarían sus miserias al descubierto.

Tercero: Referéndum y 155.

Engañó la vicepresidenta del Gobierno a todos los partidos de la oposición, especialmente al PSOE y a Ciudadanos (con el añadido de que éstos son aliados de Gobierno), al afirmar en las diversas reuniones mantenidas que nunca se produciría una votación. Según fuentes que estuvieron allí, Sáenz de Santamaría explicaba pormenores y acciones que resultaron todas ellas un fracaso. Hubo urnas, cuando se pavoneaba incluso en los medios de comunicación afines (tipo El País) que habían intervenido las mismas. Y lo que habían hecho era picar en un cebo como los malos estrategas. Y eso que algo tendría que haber aprendido en casa con un General.

Hubo problemas en los colegios y estuvieron abiertos, al menos los de las grandes ciudades, cuando afirmó sin ruborizarse que no se abrirían. Y salvo en una treintena, se pudo votar hasta en Iglesias y tascas portuarias. Un error estratégico terrible para la vicepresidenta del Gobierno en quien había confiado el inmóvil Rajoy. Y con su amigo Zoido, además, metiendo aún más la pata con el hacinamiento de las gentes de las Fuerzas de Seguridad. Fracaso en grande quedó de aquello.

Y respecto al artículo 155. Soraya era la que quería atrasarlo lo máximo posible, porque ella tenía controlado todo claro, mientras que los cospedales querían aplicarlo antes del referéndum y sin miramientos. Y hubo mucho que negociar con PSOE, principalmente, y Ciudadanos para llegar a un entendimiento jurídico que fuese impecable. En esto puede que acertaran, pero tal y como se aplicó y la respuesta que dio la vicepresidenta, ha servido a Ciudadanos para quitarle el mérito al PP. Porque el arriolismo y el sorayismo son los que gustan del perfil bajo, y como nos contó un dirigente popular: “Han permitido éstos que nos quitasen hasta la bandera española en Cataluña”. Nuevo fracaso de Sáenz de Santamaría.

Cuarto: la Financiación Autonómica.

Muchos lectores pensarán que esta cuestión, la financiación autonómica es culpa solamente de Cristóbal Montoro, y no es así. El ministro de Hacienda se encarga de los números, pero la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas está presidida por el ministro o ministra del ramo, que es… ¡Exacto! Soraya Sáenz de Santamaría. El impulso político de la renovación de la actividad financiera de las comunidades está en manos de la vicepresidenta del Gobierno, porque así lo quiso.

Con la intención de proyectarse dentro del PP, y controlar a los barones socialistas, pidió a Rajoy que la parte política de las Comunidades fuera para ella. Y ahora las Comunidades Autónomas están que trinan y montando una rebelión contra el Gobierno estatal por este motivo. Y no piensen que sólo son las baronías socialistas. No. Incluso Cristina Cifuentes y Alberto Núñez Feijoo están pidiendo una nueva financiación. El único que nada dice es Juan Manuel Moreno Bonilla, que es un sorayo colocado a dedo para fastidiar a Cospedal, y que tan rotundo fracaso está logrando en Andalucía. Y esto cuando no dice alguna burrada.

Pues quien no quiere convocar, aliada con otro sorayo como Montoro, es Sáenz de Santamaría. Y lo hace para fastidiar e intentar doblegar a las Comunidades y poderse apuntar algún éxito. Chantaje, tras chantaje, pretende que las Comunidades entren por el aro que ella tiene en la mano. Pero ya los dirigentes regionales se han cansado de las pantomimas de la vicepresidenta y han solicitado hablar directamente con el presidente del Gobierno. Ni Soraya, ni Cristóbal, sino Mariano si es que sabe de qué le hablan claro.

Esto es sólo un resumen de quien muchos veían como sucesora y hoy en día, pese a controlar diversos medios de comunicación conservadores y alguno que fue medio-progre ya que es quien tiene el dinero de la publicidad, no está en la rampa de salida de los barones populares, ni de sus bases. Ante el ataque y acoso que reciben de Ciudadanos, todos en el PP entienden que es hora de un poco de batalla y de fastidiar a la formación naranja con acuerdo de amplio espectro. Impedir que se cuelguen las medallas de los éxitos y no de los fracasos. Y Soraya Sáenz de Santamaría ni tiene el perfil, ni el cariño.

Y esto no hace que Cospedal se apunte el tanto, pues huele a que igual se queda sin postre también. Eso sí, al menos no ha hecho como Soraya y se ha vendido como futurible para el Ayuntamiento de Madrid. Algo que en el PP madrileño ha sentado muy mal porque, que se recuerde, la vicepresidenta no es que haya sido la dirigente más cercana al partido madrileño, más bien todo lo contrario.

Un año de fracaso en fracaso hasta la derrota final. Aunque tiene amigos muy poderosos en el establishment y es su sector mediático, y ya se verá porque los electos son los chicos y chicas de la derecha naranja. Algo le darán por los servicios prestados, pero que recuerde todo lo que ha hecho en el interior del PP. Roma no paga traidores.

Publicidad gratuita a la Monarquía

La sumisión de los poderes mediáticos de este país a la Casa Real está rozando el ridículo en estos días en que el Jefe de Estado cumple 50 años. Publirreportajes familiares que eran más propios del postfranquismo o de los primeros años de la Transición vuelven a copar las parrillas de las televisiones. ¿A quién le importa realmente si una de las hijas de Felipe de Borbón se quema con la sopa? ¿Es gracioso? ¿Es entrañable? La realidad es que la institución que ocupa la Jefatura del Estado de España necesita un lavado de cara ante la opinión pública, sobre todo desde el estallido de la crisis económica y del espacio que se ha abierto entre el pueblo y su Jefe de Estado.

Hasta los últimos años a nadie se le hubiera ocurrido poner en cuestión al Jefe del Estado, ni a Juan Carlos ni a Felipe. Nadie hubiese cuestionado la sucesión tras la abdicación. Y, sin embargo, cada vez son más las voces que reclaman que un puesto de tanta responsabilidad como el que ocupa Felipe de Borbón tenga más funciones y, sobre todo, que sea más útil que el que desempeña actualmente que, en realidad, no pasa de ser un mero relaciones públicas. O, al menos, así lo perciben los ciudadanos.

Nadie se hubiese imaginado antes del año 2.007 poner en cuestión la propia legitimidad democrática de la Monarquía, sobre todo, partiendo de la base que al pueblo español se le ha negado la posibilidad de elegir el modelo de Estado que quiere para el futuro. Los partidarios del actual sistema argumentan que ya se votó en 1.978 pero no es así puesto que el referéndum de la Constitución, en lo referente a la Monarquía, fue un trágala. Podríamos pensar que, en aquellos años, cuando aún estaban calientes los rescoldos del franquismo la solución monárquica fuera un elemento que garantizara que el proceso de transición se realizara en paz puesto que, en primer lugar, Juan Carlos había sido designado por Franco y, en segundo lugar, no juró la Constitución porque ya había jurado fidelidad a los Principios Fundamentales del Movimiento.

Sin embargo, han pasado 40 años de aquello y los españoles aún no han tenido la oportunidad de dar legitimidad democrática a su propia Jefatura de Estado. Ha llegado el momento de que eso se produzca y, por salud democrática, debe ser el propio Felipe de Borbón quien, a través de los cauces legales, dé el paso y convoque a los españoles a decidir el futuro modelo de Estado que prefieran. En algunos aspectos su padre fue valiente con algunas decisiones que adoptó en el proceso de transición y ahora España necesita que su democracia se legitime definitivamente.

La crisis económica y la lejanía hacia las necesidades del pueblo demostrada por la institución monárquica han hecho salir a la actualidad movimientos sociales que parecían minoritarios pero que, en realidad, estaban hibernando.

Por otro lado, la actitud demostrada en la crisis catalana en la que el Jefe del Estado estuvo en constante ausencia y sólo ha aparecido para dar mensajes institucionales con argumentos más propios de la extrema derecha que de un Jefe de Estado democrático o para utilizar los mismos mensajes que ya transmite el Gobierno.

El pueblo español tiene muchas necesidades. El pueblo que es en quien reside la soberanía del Estado y no en la Corona. No obstante, la realidad es que la Monarquía se ha mostrado absolutamente distante a los verdaderos problemas de la ciudadanía y no ha mostrado ningún interés por las víctimas de la crisis. España tiene un grave problema con las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista y la Monarquía no ha mostrado el mayor interés, más allá del breve alegato que hizo Felipe de Borbón en su discurso de Navidad. España está siendo invadida por los grandes fondos financieros y especuladores internacionales y la Monarquía no se pronuncia sobre ello, cuando este hecho está poniendo en grave peligro nuestra economía. España se encuentra a la cabeza de las ratios de pobreza de la Unión Europea y la Monarquía no hace nada o intenta influir en las decisiones adoptadas por el Gobierno para paliar esta lacra. España se halla en un punto en que el mercado laboral diseñado por el Partido Popular está dejando en la cuneta a millones de españoles y la Monarquía no está haciendo nada a la hora de influir en las asociaciones empresariales para que los trabajadores de este país reciban también una parte de la recuperación económica.

Por otro lado, los españoles están asistiendo atónitos a cómo se ha arruinado a más de 300.000 familias para salvar a un banco con la presunta complicidad de las instituciones del Estado. A día de hoy, la Monarquía no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, lo cual es muy grave puesto que no se trata de un caso aislado sino que puede ser algo cada vez más habitual. Nadie está a salvo de esas dictaduras privadas y el Jefe del Estado debe estar con su pueblo y no al lado de las élites.

Estos son sólo algunos de los aspectos en los que la Monarquía está pasando de lado y que son necesidades fundamentales del pueblo. ¿Se extrañan entonces de que la ciudadanía esté despertando y los niveles de popularidad de la institución se encuentren tan bajos? Es lógico que la gente esté harta viendo cómo desde el Gobierno se sigue maltratando a los españoles y cómo desde la Jefatura del Estado, directamente, pasan del tema.

Ante esta situación, ¿qué valor tienen los publirreportajes que se emitirán el día de hoy en las televisiones públicas y privadas españolas? Ninguno más que la búsqueda de una reafirmación que sólo llegará cuando la Monarquía esté realmente legitimada democráticamente por la decisión libre del pueblo español.