Tal y como informamos desde Diario16, la carta dirigida al MUR, en concreto a Danielle Nouy, enviada en nombre del Banco Popular en la que se declaraba la inviabilidad de la entidad carecía de validez por la propia estructura de la misma y, sobre todo, por quién presuntamente la firmaba porque, tal y como mostramos, la firma no coincidía con la del entonces presidente, Emilio Saracho, además de no ir acompañada ni de un sello del banco ni una antefirma que revelara la identidad de quien rubricaba la carta. Ya dijimos que cualquiera pudo hacerlo. Sin embargo, investigaciones posteriores nos han llevado a determinar quién realizó esa firma y confirma que falsificó «presuntamente» la de Saracho. El documento fue firmado por Joaquín Hervada, secretario del Consejo de Administración porque, en esa reunión del día 6 de junio de 2.017, Saracho no estaba presente cuando finalizó porque había abandonado la reunión en cuanto terminó su intervención y, según testigos presenciales, recorrió los pasillos de la sede del Popular muy nervioso y vociferando verdaderas barbaridades. Por eso Hervada fue quien firmó el documento. Sin embargo, la firma que aparece en la carta dirigida al MUR no se corresponde ni con la de Saracho ni con la del propio Hervada. Recordemos la firma de Saracho y la que aparece en la carta:
Ahora comparemos la firma de la carta con la de Joaquín Hervada:
Ni la una ni la otra se corresponden, por lo tanto, en esa carta ya encontramos un presunto delito de falsedad documental que, por tanto, inhabilita cualquier legalidad posterior de todo el proceso.
Sólo con esta prueba la Audiencia Nacional y, en particular, el juez Fernando Andreu debería paralizar la intervención ya que todo el proceso partió de una —cada vez menos presunta— falsedad documental y, por lo tanto, la declaración de inviabilidad es nula.
Además, la declaración de inviabilidad, tal y como se plantea en la carta y en los argumentos presentados por Emilio Saracho ante el Consejo de Administración, se basó prácticamente al dictado de lo indicado por el despacho Uría y Menéndez el día 2 de junio en la comunicación del socio Juan Miguel Goenechea con el propio Joaquín Hervada, un documento en el que ya se afirma que las pérdidas de depósitos milmillonarias del día 5 y 6 de junio están previstas o que el Popular, en ese momento, ha tenido incumplimientos de ratios no importantes.
Por estas razones y por otras de índole económica que afectaban directamente al banco y a su verdadera situación, es absolutamente incomprensible que con toda la documentación que ya ha publicado Diario16 y la que se ha aportado a la propia Audiencia Nacional la Justicia aún no haya tomado una decisión para paralizar la operación porque, tal y como indicamos en artículos anteriores, en la misma se han producido «presuntos» delitos de estafa, prevaricación, cohecho, enriquecimiento ilícito, falsificación de documento público, manipulación del mercado, malversación de fondos públicos, entre otros, o que se publiquen providencias en las que se pospone la decisión a adoptar en los recursos contencioso administrativos a lo que determinen los tribunales europeos, coincidiendo, «casualmente», con la estrategia legal del Santander para este caso. Por mucho menos y por delitos menos graves la Fiscalía ordenó el inicio de investigaciones o el juez Ruz inquirió a las Fuerzas de Seguridad a que realizaran registros en sedes de partidos políticos. También hay que recordar al juez Fernando Andreu que, por mucho menos, fueron inhabilitados compañeros de la judicatura como Baltasar Garzón o Elpidio Silva.
La falsificación documental se produjo en España, no en Europa, por lo que son los tribunales españoles los que tienen competencia y esa falsificación es la que inicia todo el proceso «oficial» para intervenir al Banco Popular y arruinar a más de 305.000 familias. La decisión se tomó en Europa, es cierto, pero es la culminación de un proceso lleno de presuntos delitos que se realizaron en España y el más de millón y medio de perjudicados directos o indirectos de la operación son ciudadanos españoles que están viendo cómo la Justicia es rápida para presuntos delitos de categoría política y no están haciendo nada para defender a los propios ciudadanos de una operación que fue gestada por todos los poderes del Estado para rescatar a una entidad privada.
En este caso y con las pruebas presentadas por Diario16, y la documentación que aún está pendiente de publicar, ya se tendrían que haber tomado, cuanto menos, medidas cautelares y haber ordenado investigaciones desde la propia Audiencia Nacional como desde la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción o la Fiscalía de Delitos Económicos. No se entiende que con todas estas pruebas y las consecuencias que habrían tenido la toma de decisiones correctas por parte de Saracho y de su Consejo de Administración en favor de los intereses del banco y de sus verdaderos propietarios el Banco Popular no habría sido intervenido. Las cifras de lo que ya ha obtenido el Santander con la operación demuestran que el Popular no estaba quebrado.
Otro aspecto que sorprende es la pasividad de la Audiencia Nacional ante la opacidad que están mostrando las autoridades económicas españolas y europeas respecto a la documentación que sirvió de base para intervenir al Popular. Cuando al juez Pablo Ruz se le negaron los documentos del PP envió a la sede de Génova 13 una comisión judicial que estuvo registrando el edificio durante más de 14 horas. ¿Por qué Andreu no hace lo mismo con el FROB para reclamar el informe de Deloitte? Las razones aportadas para no entregar esa documentación a la Audiencia Nacional son, cuando menos discutibles, porque el hecho de que pudieran afectar al Santander no es una razón que justifique esa opacidad. ¿Qué ocurre entonces con los más de 305.000 afectados del Popular? ¿No se tiene en cuenta lo que les está perjudicando la opacidad que se está aplicando a todo lo referido a esa documentación que es vital para defender sus intereses? ¿No se da cuenta la Justicia que se está provocando indefensión? ¿Son más importantes los intereses del Santander que los de más de 1,5 millones de españoles? Parece que el presunto poder de la entidad cántabra también se extiende al Poder Judicial, tal y como hemos publicado en este medio en artículos anteriores. Exactamente lo mismo ocurre con el presunto poder de JP Morgan, de Goldman Sachs y los bancos custodios estadounidenses que están ejerciendo sobre Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría por razones de Estado.
En Diario16 no entendemos que aún no se hayan tomado medidas, sobre todo por las pruebas documentales publicadas y por eso lo que tienen que hacer es intentar callarnos con argumentos y si no lo hacen, asumir sus responsabilidades ante los afectados, ante el Estado y ante el pueblo español.
