En Diario16 ya hemos ido contando cómo se fueron gestionando los movimientos que terminaron con la intervención del Banco Popular y su posterior venta por un euro al Banco de Santander, una operación que dejó en la ruina a más de 305.000 familias que ahora claman justicia a los poderes del Estado. Las distintas manifestaciones públicas realizadas por miembros del Gobierno o por altos representantes de los organismos públicos dependientes del Ministerio de Economía demuestran que no se tomaron las medidas necesarias para evitar la caída de la sexta entidad financiera del país, una caída que se pudo haber evitado si hubiesen actuado a tiempo porque tuvieron más de 6 meses para adoptar decisiones. Sin embargo, el Popular estaba sentenciado después de la aplicación de la primera parte del plan de viabilidad aprobado en 2.016 por el Consejo de Administración del banco, es decir, la ampliación de capital y la reestructuración de la plantilla.
La implementación de ese plan de viabilidad, que fue aprobado tanto por el Ministerio de Economía como por el Banco de España, hubiera sido la solución a la situación en que se encontraba el Popular, un plan que pasaba por una operación de venta de activos inmobiliarios similar a la que ha implementado el Santander, pero por un valor superior, lo mismo que ha ocurrido con la operación de venta de TotalBank, tal y como pudimos comprobar con la carta recibida por Saracho del BCI. Dentro del plan de viabilidad aprobada estaba prevista una ampliación de capital para el segundo semestre de 2.017. Todas estas operaciones hubiesen evitado la ruina de más de 305.000 familias, pero también habrían imposibilitado el rescate del Santander, una entidad con un envoltorio muy atractivo, pero con un interior lleno de deficiencias. Sin embargo, desde la llegada de Emilio Saracho ese plan se frena sin que se presente uno mejor y sin que ni el Ministerio de Luis de Guindos ni los reguladores insten al nuevo presidente a que implemente lo aprobado unos meses antes. Por otro lado, el Gobierno fue cómplice in absentia por la pasividad de los reguladores a la hora de tomar medidas para frenar las operaciones a corto que llegaron a ocupar casi una cuarta parte del valor en bolsa del Popular.
Sin embargo, la principal complicidad la encontramos en cómo se permitieron los movimientos diseñados y ejecutados entre Saracho y el Santander —principalmente a través del despacho de referencia de la entidad cántabra, Uría y Menéndez. Hay que tener en cuenta que el Popular, como cualquier empresa regulada, tiene la obligación de comunicar cualquier movimiento que pueda tener una incidencia en el mercado. Por esta razón, toda la estrategia que se diseñó para llevar al banco hacia la inviabilidad debía de haber sido conocida por el Gobierno o, viendo los movimientos orquestados y organizados que se estaban produciendo tanto en la bolsa como en las erráticas medidas adoptadas por Saracho, haber iniciado una investigación para salvar a una entidad que acababa de superar sin dificultad los test del Banco Central Europeo, incluso antes de haber ampliado capital.
Para entender que esos movimientos estaban prediseñados no hay más que ver cómo prepararon entre el secretario del Consejo, Joaquín Hervada, y el bufete del Santander en el documento que ya publicamos en Diario16. En la transcripción en la que el socio Juan María Goenechea transmitía las instrucciones al Popular de cara a la declaración de inviabilidad se podían leer frases como:
- «Hasta ahora, el único incumplimiento de ratios se consideró por el Consejo no significativo porque había un plan creíble para retornar al cumplimiento»
- «Si con las previsiones de salidas de liquidez» (esta comunicación se produjo el día 2 de junio y las grandes salidas de depósitos se produjeron entre el día 5 y 6 de junio).
- «La comunicación de inviabilidad no conlleva que el Banco deba ser puesto en resolución de inmediato»
- «Si realmente los gestores y el Consejo creen que el banco va a volver a muy corto plazo al incumplimiento de ratios y no los va a incumplir en el futuro porque confían en que los datos contables no llevarán a ese resultado o creen realista que podrán ejecutar medidas concretas que lo corrijan».
El día 2 de junio se estaba preparando la resolución y la declaración de inviabilidad del Popular. Si el Gobierno o las entidades supervisoras no estaba al tanto de todos estos movimientos nos encontraríamos ante un caso de dejación de funciones. Si estaban al tanto y lo permitieron es que hubo una complicidad directa con la operación de rescate del Santander.
El día 3 de junio el FROB inició el Proyecto Hipócrates y comenzó a comunicar a las otras cinco entidades bancarias del país que se iba producir la resolución del Banco Popular. Por tanto, una institución dependiente del Ministerio de Economía inició todos los procedimientos, tal y como publicamos en Diario16. El día 5 de junio comenzaron las grandes salidas de depósitos por parte de organismos, instituciones o empresas públicas por valor de 14.000 millones de euros, algo que fue expuesto por Saracho en la reunión del Consejo que declaró la inviabilidad y la comunicó a la JUR con un documento que genera enormes dudas de veracidad como la principal causa de la crisis de liquidez que, según los que defienden la operación que arruinó a más de 305.000 familias, fue el motivo de la intervención.
En ese periodo, tal y como saben nuestros lectores, entraron las ofertas de Barclays y de Deutsche Bank para ampliar capital por un valor conjunto de 8.000 millones, algo que fue lo que precipitó la intervención por el temor del Santander a que la operación no tuviese el final que habían diseñado.
A todo lo anterior, hay que sumar la contratación de Uría y Menéndez por parte de Saracho por más de 1,5 millones de euros cuando aún no había sido nombrado presidente y, por tanto, no tenía poderes para realizar dicha gestión.
Si hablásemos de una empresa no cotizada, podríamos entender que ni el Gobierno ni los organismos reguladores se enteraran de los movimientos que se estaban produciendo. Sin embargo, en el caso de una entidad financiera es muy poco creíble que nadie supiese lo que estaba ocurriendo o los movimientos que estaba implementando Saracho, sobre todo, porque el Popular estaba siendo supervisado. Por tanto, por acción u omisión, el Gobierno de Mariano Rajoy tiene una responsabilidad directa en la ruina de más de 305.000 familias. ¿Aún se siguen pagando facturas del año 2.012?
