lunes, 27 abril, 2026

El empleo precario afecta a un 75% de la población activa

La población activa va aumentando en los mismos niveles de la recuperación económica. Por esta razón, un informe de la Organización Internacional del Trabajo señala que en 2018 el desempleo mundial debería mantenerse al mismo nivel del año pasado.

Según el informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2018, la tasa de desempleo mundial se estabilizó después de un incremento en 2016. Se calcula que en 2017 se situó en 5,6 por ciento, con un número total de desempleados superior a 192 millones.

Dado que las perspectivas económicas mundiales a largo plazo siguen siendo moderadas y, a pesar de que hubo un mayor crecimiento del previsto en 2017, el informe atribuye la tendencia positiva registrada entre 2017 y 2018 al buen desempeño de los mercados laborales en los países desarrollados, donde la tasa de desempleo debería disminuir otros 0,2 puntos porcentuales en 2018 para llegar a 5,5 por ciento, una tasa inferior a los niveles anteriores a la crisis. Por el contrario, se estima que el crecimiento del empleo no será suficiente para absorber el aumento de la fuerza de trabajo en los países emergentes y en desarrollo, aunque la situación ha mejorado en relación a 2016.

Guy Ryder, director general de la OIT, señaló que «Aun cuando el desempleo mundial se ha estabilizado, los déficits de trabajo decente siguen estando muy extendidos: la economía mundial todavía no crea empleos suficientes. Es necesario desplegar esfuerzos adicionales a fin de mejorar la calidad del empleo para las personas que trabajan y garantizar que las ganancias del crecimiento sean distribuidas equitativamente».

El empleo vulnerable aumenta y el ritmo de la disminución de la pobreza laboral disminuye. Los importantes progresos alcanzados en el pasado en la reducción del empleo precario se han estancado a partir de 2012. Esto significa que se cerca de 1.400 millones de trabajadores ocupaban un empleo vulnerable en 2017, y se prevé que otros 35 millones se sumen a ellos para 2019. En los países en desarrollo, el empleo vulnerable afecta a tres de cada cuatro trabajadores.

Como dato más positivo, el informe señala que la pobreza de los trabajadores sigue disminuyendo en los países emergentes, donde se estima que el número de personas que viven en condiciones de pobreza extrema debería alcanzar los 176 millones en 2018, lo cual equivale a 7,2 por ciento de todas las personas empleadas.

Los autores del informe han destacado además que las tasas de participación femenina se mantienen muy por debajo a las de los hombres. Además, es más probable que las mujeres tengan empleos de menor calidad y reciban salarios más bajos.

Al analizar los cambios en la composición sectorial del empleo, el informe constata que el sector de los servicios será el principal motor del futuro crecimiento del empleo, mientras que sigue disminuyendo en la agricultura y en la manufactura.

Dado que el empleo vulnerable e informal prevalece tanto en la agricultura como en los servicios de mercado, los cambios del empleo previstos entre un sector y otro podrían tener sólo un potencial limitado para reducir los déficits de trabajo decente, si no están acompañados por grandes esfuerzos políticos para estimular la calidad de los empleos y la productividad en el sector de los servicios.

El informe también analiza la influencia del envejecimiento de la población. Muestra que el crecimiento mundial de la fuerza de trabajo no será suficiente para compensar la rápida expansión de la población de jubilados. La edad promedio de la población activa debería pasar de un poco menos de 40 años en 2017 a más de 41 años en 2030.

Puig reclama a M. Rajoy una España menos radial

Los veinte minutos que ha tenido que estar el recién estrenado AVE Madrid-Castellón, le habrán venido bien al president de la Generalitat, Ximo Puig, para reivindicar ante el M. Rajoy la necesidad de establecer un «gran acuerdo» que permita superar la concepción radial de España y que se extienda más allá del ámbito de las infraestructuras, impregnando tanto la economía como la política. Al menos, así lo ha asegurado durante su intervención en el acto inaugural organizado en Castellón con motivo de la puesta en servicio del tramo de alta velocidad Madrid-Valencia-Castellón de la Plana, que ha contado también con la presencia de la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador.

Durante su discurso, el jefe del Consell ha reivindicado la importancia del acuerdo como «el mejor instrumento» en el ámbito de la política para impulsar una proyección de España que reconozca la «fortaleza» y la «singularidad» de todos los territorios que la integran, además de la «igualdad» entre sus ciudadanos. De este modo, ha invitado a M. Rajoy, a «reflexionar sobre la proyección de un futuro compartido que ha de superar las visiones hegemónicas que van únicamente desde el centro hacia la periferia».

El president ha instado además a recuperar «la senda de la lealtad institucional«, que «se sostiene solo con el cumplimiento de los acuerdos» y que, en consecuencia, pasa por la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica acordado en la Conferencia de Presidentes de 2017. Por ello, ha pedido pasar «de las palabras a los hechos» en la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica, puesto que «cada día que transcurre sin cumplir con lo acordado es una herida que amplía la desigualdad entre españoles en servicios tan fundamentales como la salud, la educación, los servicios sociales y la lucha contra el paro».

Puig ha incidido también en el talante «dialogante» de la Comunitat Valenciana y ha asegurado que continuará estando «en la vía de la lealtad» para contribuir al desarrollo de «una prosperidad social e inclusiva, que haga que todo el mundo tenga derecho a su propio proyecto de vida». En ese sentido, ha recordado que la autonomía valenciana «está haciendo los deberes» y está creciendo por encima de la media española pese a la infrafinanciación y a contar con niveles de inversión «claramente insuficientes».

«Padecemos una infrafinanciación que nos obliga a gastar menos en servicios públicos fundamentales y reduce al mínimo nuestra capacidad para realizar cualquier otro tipo de políticas y, por supuesto, invertir», ha aseverado con contundencia al respecto. Asimismo, el president ha hecho referencia a los últimos datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que muestran que en 2017 se licitaron en el territorio valenciano 321 millones por parte de la Generalitat, 182 por parte de las administraciones locales y 165 del Gobierno central.

Tras la inauguración del tramo de alta velocidad Madrid-Valencia-Castellón de la Plana, Puig ha propuesto también impulsar un gran acuerdo en materia de infraestructuras estratégicas que sería deseable nivel nacional, ya que, como ha recordado, «las infraestructuras no saben de legislaturas ni deben orientarse de forma partidista, sino que están al servicio de las personas y de la actividad económica».

En su defensa de los acuerdos como herramienta, el president ha destacado el «consenso histórico» que ha despertado el Corredor Mediterráneo entre la sociedad civil y el conjunto de empresarios, trabajadores y fuerzas políticas, y ha expresado su confianza en que el acto de puesta en servicio del nuevo tramo entre Madrid y Castellón contribuirá a impulsar la construcción de esta infraestructura, que se enmarca como «un objetivo leal» tanto con los intereses de la Comunitat Valenciana como con los del conjunto de España.

En esa línea, ha manifestado que la situación actual del Corredor Mediterráneo, que ha definido como «la infraestructura más importante del conjunto de España» se encuentra todavía «demasiado lejos» del horizonte marcado por las necesidades de las regiones del arco mediterráneo, que, según ha detallado, acaparan cerca del 50% de la población, el 45% del PIB, el 47% del tejido productivo, el 46% del empleo y el 51% de las exportaciones.

Finalmente, Puig ha agradecido el trabajo de todas las personas y administraciones que han posibilitado la puesta en servicio del nuevo tramo de alta velocidad Madrid-Valencia-Castellón, puesto que supone «un paso más» para el conjunto de la Comunitat Valenciana, y ha agradecido también el interés del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en los proyectos que integran la Agenda Valenciana de Infraestructuras. Cuestión bien distinta es que esos mismos proyectos se puedan poner en marcha como se ha demostrado en el AVE a Granada o a Almería.

El Defensor del Pueblo pide una solución extrajudicial entre el Santander y los afectados del Caso Popular (II)

Como ya informábamos ayer, el Defensor del Pueblo instó en un documento al Santander a llegar a un acuerdo extrajudicial con las más de 305.000 familias afectadas por la operación que terminó en la venta por un euro del Banco Popular. Esta respuesta de una institución del Estado se alinea con lo defendido por Diario16 desde hace más de 6 meses y que no pasa por otra cosa que estos cientos de miles de afectados reciban una indemnización justa, además de apuntar al principal responsable de todo lo ocurrido que no es otro que el propio Banco Santander porque, si se insta a esta entidad a llegar a un acuerdo extrajudicial justo con los afectados, es un modo de señalar su responsabilidad. Recordemos lo que afirmó el Defensor del Pueblo:

En referencia a la CNMV, el documento del Defensor del Pueblo expone la respuesta dada por la institución que supervisa los mercados, una respuesta que no se sale de las excusas dadas y que se basan, principalmente, en afirmar que todo se hizo bien con el Popular a pesar de que durante más de 6 meses el valor del banco estuvo siendo atacado constantemente por operaciones a corto dirigidas, principalmente, por Marshall Wace y por BlackRock y que llegaron a ocupar un 24% del capital bursátil del Popular. Sobre la imposición de pérdidas a los accionistas, dejando el valor de sus acciones y bonos a cero, la Comisión Nacional del Mercado de Valores responde lo siguiente al Defensor del Pueblo:

Para dar validez a el hecho de que fueran los accionistas y los bonistas los que asumieran el precio de la intervención se recurre, por tanto, a la Ley del Mercado de Valores, pero basándose en la «valoración económica negativa de la misma». ¿Qué valoración negativa se utilizó cuando, en realidad, el informe de Deloitte planteaba dos escenarios negativos? ¿Por qué no se tomó como base el escenario positivo que se planteaba en dicho informe? Claramente, esta respuesta demuestra que se adoptó la medida en base a un documento que ha sido catalogado por los especialistas como de «grosería técnica» y que no tenía ninguna profesionalidad. Esta respuesta de la CNMV es la que demuestra que se adoptó la decisión que más favorecía al Santander y que le entregaba en bandeja de plata una entidad que le generará un retorno de inversión superior al 20% y que le permitirá cumplir con los requerimientos mínimos para mantenerse como banco sistémico, algo que sin el Banco Popular no hubiera sido posible. Es la propia CNMV la que reconoce implícitamente que se adoptó la medida que más se ajustaba a las necesidades del Santander.

Por otro lado, la CNMV afirma en su respuesta al Defensor del Pueblo que realizó su labor de «supervisión e inspección del Banco Popular se ha desarrollado en todo momento de manera muy intensa, antes y después de la resolución de la entidad bancaria, con especial atención al seguimiento del banco entre 2016 y 2017».

Respecto al Ministerio de Economía de Luis de Guindos, en concreto la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, se escudan en las instituciones europeas (BCE y JUR) para afirmar que la intervención y la ruina de más de 305.000 familias fue decidida por dichas instituciones. Exactamente la misma versión que dio el ministro en su comparecencia en el Congreso de los Diputados del pasado día 16:

 

A pesar de todo esto, el Defensor del Pueblo es contundente al afirmar que «el control preventivo ha resultado ineficaz para garantizar la transparencia y los derechos de los inversores, puesto que no se han detectado los problemas que han llevado a la resolución del Banco Popular».

Esta valoración del Defensor del Pueblo es demoledora y certifica la responsabilidad que tuvo el Ministerio de Economía y de los órganos supervisores (Banco de España —tal y como vimos ayer— y CNMV) en la decisión de intervenir el Popular puesto que deja claro que se pudieron aplicar medidas para evitar la situación en que los movimientos de Emilio Saracho dejaron a la entidad. Hay que recordar que el propio Luis de Guindos afirmó en el Congreso de los Diputados que los últimos gestores del Popular, es decir, Emilio Saracho, centraron sus estrategias en la venta de la entidad olvidándose, en primer lugar, del plan de viabilidad aprobado por el mismo Ministerio en el que estaba prevista una ampliación de capital para el año 2.017, además de la venta de activos como el TotalBank por un precio superior al que lo ha vendido el Santander o realizar una operación de comercialización de los activos inmobiliarios por un precio muy superior al de la operación del Santander con BlackStone. Por tanto, en todo lo ocurrido por el Popular, el Defensor del Pueblo apunta a una responsabilidad directa del Ministerio de Economía de Luis de Guindos y, por extensión, al Gobierno de Mariano Rajoy.

Ante estas conclusiones y esta recomendación, ¿qué hace la Justicia española? ¿Por qué la Fiscalía Anticorrupción aún no ha entrado de oficio, ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad del Estado realizar investigaciones o registros en las sedes del Santander y el Popular o ha solicitado al juez Andreu a que realice detenciones de los principales responsables de la operación que ha arruinado a más de 305.000 familias? ¿Por qué el juez Fernando Andreu aún no ha citado a declarar a los principales implicados en esta presunta estafa? ¿El Estado está protegiendo al Estado rompiendo con el principio de la separación de poderes?

El Defensor del Pueblo recomienda a que se inste al Santander a ofrecer una solución extrajudicial para las más de 305.000 familias arruinadas, una solución justa y a un precio justo, no las migajas que ofreció con la oferta de bonos, una recomendación que no será tenida en cuenta porque esa solución dejaría sin beneficios al Santander y peligraría su estatus de banco sistémico e, incluso, su propia supervivencia.

Ciudadanos permite que Cifuentes se libre de comparecer por los papeles de Lezo

Ignacio Aguado, jefe delegado de Ciudadanos en Madrid, decía en la reunión del Comité Autonómico que “el objetivo de Ciudadanos es llegar en 2019 a la Puerta del Sol y para eso nos vamos a dejar la piel recorriendo toda la región y explicando el proyecto de Ciudadanos para la Comunidad de Madrid”. Primero deberán explicar bien por qué han votado en favor de librar a la presidenta de la Comunidad de Madrid de la comparecencia en la Comisión de Investigación de la Corrupción y por qué mantienen a un imputado en el caso Lezo como asesor en el Ayuntamiento de Madrid.

No hace ni una semana Aguado criticó la falta de honestidad “y la actitud incomprensible del PP, no sólo con los grupos de la oposición, sino también con los madrileños”. Es más recomendó a la presidenta madrileña que dejase de “marear la perdiz con la corrupción” y que dejase de “coleccionar titulares” y cumpliese con lo pactado. La realidad choca con las palabras de la formación naranja. Su lucha contra la corrupción choca frontalmente con sus votos (hecho objetivo). Y la verdad es que han votado contra la comparecencia de Cristina Cifuentes en la comisión de corrupción, e incluso la de presidencia.

Miguel Ongil, de Podemos, ha sido claro y contundente: “Como nos temíamos Ciudadanos dice una cosa en público y hace otra en privado. En privado han votado para proteger a Cifuentes”. Y no se ha quedado ahí la respuesta de diputado morado, indica claramente que no es una cuestión de reglamentos, a lo que se acogen PP y Ciudadanos, sino algo completamente político: “No tiene nada que ver con un criterio jurídico, ha sido una decisión política en la que entre PP y Ciudadanos se han cerrado a que Cristina Cifuentes comparezca”.

Como se recordará los tres partidos de la oposición (Podemos, PSOE y Ciudadanos) había solicitado la comparecencia de Cifuentes en la comisión de investigación debido que desde la presidencia de la Comunidad se había negado la entrega de documentación a la comisión respecto al caso Lezo. La argumentación de la presidenta y de su consejero de presidencia, Ángel Garrido, era que, al estar bajo investigación judicial, el juzgado no les permitía entregarlas. En fechas recientes se ha conocido que en agosto/septiembre de 2017 el juzgado envió el visto bueno a esa documentación para ser entregada a la comisión parlamentaria. Entienden PSOE y Podemos que mintió Cifuentes y de ahí la petición de comparecencia.

Ahora Ciudadanos dice que había un defecto de forma en la solicitud, o que el informe de la Secretaría General decía otra cosa. En este sentido Enrique Ossorio, portavoz del PP, se ha congratulado de algo que ya había venido advirtiendo hace tiempo. Sin embargo, ha sido el diputado morado Ongil quien ha revelado que la situación no es la que han querido explicar desde Ciudadanos. La opinión, que no informe, que se solicitó a la Secretaría General habla de la “recomendación”, que no obligación, de que la comparecencia fuese en la Comisión de Presidencia. Comisión a la que no tendría que acudir Cifuentes, no está obligada a ello, y podría mandar a cualquier subordinado que no alcanza ni a viceconsejero.

Nani Moya, del PSOE, ha calificado la situación como “un día triste para la democracia”. Y ha recordado que, en la tramitación del Orden del Día, el Letrado de la Comisión no puso objeción alguna a la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, siguiendo la estela de lo comentado por Ongil. “Ciudadanos se ha dedicado a proteger a la señora Cifuentes. Y hoy han sido los que con su voto han impedido que haya trasparencia en esta Asamblea” ha manifestado la diputada socialista. También ha recordado, que la excusa del defecto de forma no se sostiene, porque en la primera votación lo han hecho afirmativamente, mientras que en la segunda se han negado. En el ínterin es donde entiende el PSOE que algo “ha sucedido que les ha hecho cambiar de opinión”.

Satisfacción en el PP madrileño.

También ha desvelado Ongil, lo que pone realmente en cuestión los argumentos de Ciudadanos y les señala políticamente, que el Letrado de la Comisión no ve impedimento jurídico alguno para que comparezca Cifuentes en la Comisión de Corrupción. Para Ossorio sería caer en prevaricación (artículo 404 del código penal) y, además, reafirma lo manifestado hace unos días al asegurar que el motivo de la comparecencia “ni coincide con el objetivo, ni con el límite temporal de la comisión”.

El portavoz del PP, por si no tenían bastante en la formación naranja, también ha tenido un recuerdo para Ciudadanos, sus “aliados” de gobierno, al recordar que Aguado se ha pasado todo el fin de semana diciendo “que era muy importante que Cristina Cifuentes compareciera”. También ha sido dura Moya del PSOE al recordar que Ciudadanos lleva toda la legislatura haciéndose pasar por “adalides de la trasparencia y que acaben protegiendo que la presidenta de una Comunidad no se explique en el Parlamento, en el lugar donde están representados todos los Ciudadanos”.

Según Ossorio a Ciudadanos sólo les “importaba la foto”. Y, al final, según el portavoz popular esto demuestra “el vodevil que ha sido la Comisión desde el inicio. Un vodevil que se ha convertido en un esperpento ilegal e ilegítimo”. Lo acontecido no hace sino fortalecer los argumentos de la salida del PP de la Comisión de Corrupción. Además, se suma que, según confiesan varios diputados, es paradójico que en la comisión la “gente de Ciudadanos nos atice de lo lindo” y luego vengan con una sonrisa a pactar. O como la oposición “de verdad” les ha dicho en innumerables ocasiones: “Si tan mal lo hace Cifuentes ¿por qué la siguen apoyando?” (tomando una frase del gran Nino Olmeda).

Un imputado en el caso Lezo asesor de Ciudadanos.

Según se ha podido saber, gracias a una noticia que recoge Madridiario, Juan María del Álamo, imputado en el caso Lezo por haber sido consejero del Canal de Isabel II, ejerce funciones de asesor municipal en el área de transparencia y participación (paradójico, sin duda) del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Desde la formación naranja, tal y como recoge el medio madrileño, han manifestado que al ser funcionario no le pueden aplicar el código ético del partido. El cual en su apartado 10 habla de estos temas.

Sin embargo, la condición de funcionario del Ayuntamiento no impide que le aparten de su función de asesoramiento. Tal y como destacan fuentes del equipo de Manuela Carmena, se le podría cesar, volviendo a otras funciones como empleado del Ayuntamiento, y que si no lo hacen se debe a una cuestión de confianza. Esto es, hoy mismo podrían pedir su reemplazo por otro funcionario que les asesore si así lo estimasen conveniente. En palabras de Miguel Ongil: “Ciudadanos también tiene un imputado en la Lezo y ha decidido ser cómplice”.

La OLP califica las declaraciones de Michael Pence sobre la paz en Palestina de ridículas

Hanan Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), calificó de «ridículas» las declaraciones del vicepresidente estadounidense Mike Pence de que su actual visita a Oriente Medio estaba destinada a ayudar a los esfuerzos para intermediario de paz entre israelíes y palestinos.

Ashrawi afirmó que los «estadounidenses no pueden hablar sobre el proceso de paz después de haberlo socavado tras el reconocimiento (del presidente estadounidense Donald Trump) de que Jerusalén es la capital de Israel».

Más bien, Estados Unidos lo ha empeorado, ya que ahora también busca socavar el problema de los refugiados reduciendo la ayuda financiera a la Agencia de Ayuda y Obras para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en más de 100 millones de dólares, 65 millones en apoyo presupuestario y 45 millones en ayuda alimentaria, para presionar a la Autoridad Palestina a regresar a la mesa de negociaciones con Israel.

Ashrawi refutó las afirmaciones de EE. UU. de que la visita de Pence al Medio Oriente tenía la intención de proteger a los cristianos de Oriente Medio y explicó que el verdadero propósito de la visita es asegurar a Israel que Estados Unidos y él están en la misma trinchera considerando que Pence es un fundamentalista cristiano evangélico que interpreta el Antiguo Testamento literalmente.

Comentando en los informes de prensa que los palestinos serían los únicos que se negarían si rechazaban el llamado acuerdo definitivo de Trump, Ashrawi declaró que Trump no había presentado ningún acuerdo y que todo lo que se rumoreaba sobre el trato eran informes de los medios israelíes.

También expresó su convicción de que el acuerdo eran, principalmente, instrucciones transmitidas por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a los estadounidenses a través de AIPAC y otros funcionarios estadounidenses.

Pence llegó a Israel el pasado domingo procedente de Jordania  en una visita de dos días que incluye reuniones con altos funcionarios israelíes. Su viaje fue planeado originalmente para diciembre e incluyó una visita a Belén y los territorios palestinos y una reunión con el presidente Mahmoud Abbas. Sin embargo, todos los planes cambiaron después de que los palestinos decidieran no reunirse con los funcionarios estadounidenses después de la declaración de Jerusalén como capital del Estado de Israel por parte del presidente Donald Trump.

Los palestinos protestan contra la visita de Pence

El sector del transporte en Cisjordania declaró que detendrán todos los transportes públicos el martes al mismo tiempo que la huelga general convocada por las facciones políticas palestina para protestar contra una visita al área del vicepresidente estadounidense Michael Pence.

Esta huelga es una muestra de apoyo al pueblo de Jerusalén y una condena a la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.

El Ejército de Israel endurece los ataques a los palestinos

Unidades encubiertas israelíes disfrazadas de civiles atacaron el lunes a escolares en la ciudad de Kufr Malik, en Ramallah, y retuvieron a tres de ellos durante media hora antes de que intervinieran los residentes y ayudaran a liberarlos. Los niños tenían entre 7 y 10 años.

Las unidades encubiertas atacaron a niños de la escuela primaria Kufr Malik mientras esperaban al autobús escolar, alegando que los estudiantes arrojaron piedras a los vehículos del ejército israelí.

El 1 de febrero los regantes se manifestarán ante la Asamblea Regional

Los regantes del Campo de Cartagena han anunciado la convocatoria de una concentración de protesta frente a la Asamblea Regional el próximo 1 de febrero coincidiendo con el debate y previsible aprobación del proyecto de Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor.

Concretamente ha sido la junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena quienes han organizado la protesta pidiendo tanto a comuneros como regantes y vecinos que asistan de forma masiva para detener “el gran disparate” que va a suponer endurecer las condiciones de regadío pactadas ya entre los partidos de la oposición.

Según los convocantes se está demonizando “injustamente” a toda la agricultura del Campo de Cartagena con unos argumentos que “no presentan rigor técnico ni científico” anteponiendo “los votos al más mínimo sentido común”.

La Comunidad de Regantes son especialmente críticos con la clase política quienes han ignorado otros impactos sobre el Mar Menor, igual o más graves, como los vertidos urbanos, los residuos mineros, el desarrollo turístico o la conectividad con el Mar Mediterráneo, factores todos ellos también estudiados por el Comité Científico.

Por último, han hecho un llamamiento para recuperar los caudales de agua necesarios en la Región criticando que la desaladora de Torrevieja se encuentre a un tercio de su capacidad y la de escombreras a la mitad cuando “podría doblar su producción fácilmente”.

Unidos Podemos pide al Gobierno contundencia contra Trump por la capitalidad de Jerusalén

Como se contó en estas mismas páginas, la decisión de Donald Trump, siguiendo las presiones de los lobbies judíos del capital, de trasladar la embajada de EEUU a Jerusalén confirmando la capitalidad “histórica” y pretendida por Israel suponía un movimiento del tablero internacional de consecuencias imprevistas. Poco después el presidente de los EEUU amenazó con dejar de abonar dinero a la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA), e Israel la calificó como organización de apoyo al terrorismo. Y aunque el gobierno, por medio de su ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, confirmó que seguirían los dictados de la ONU y criticó los asentamientos en Cisjordania, nada más se ha hecho desde entonces.

Desde el momento del anuncio de Trump, el Estado de Israel, se podría entender que envalentonado, ha aumentado las medidas represivas contra el pueblo palestino. Así, les hemos contado que se ha aprobado una ley para facilitar las ejecuciones de los presos palestinos, la utilización de munición real en Ramallah y Hebrón, la declaración de Nabi Saleh como zona militarizada, la muerte otra vez de niños por ataques israelíes en Nablus, y los intentos de seguir haciendo su vida y crecer como país que los palestinos hacen.

Son muchos los motivos para afirmarse en el respeto a los Derechos Humanos y las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas. Por ello Unidos Podemos ha solicitado en el Senado, a través de Sara Vilà, que el Gobierno muestre su apoyo a la posición manifestada en la Asamblea General de la ONU, no reconociendo a la ciudad de Jerusalén como capital de Israel y, por supuesto, no trasladando allí la embajada española. “Queremos que nuestro país asuma la necesidad de jugar un papel protagonista en clave internacional, en base siempre a la defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional”, ha manifestado la senadora Vilà, para quien “la decisión de Trump puede causar un auténtico incendio en una zona tan sensible como Oriente Medio”.

Como se recordará la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución (128 votos favorables, 35 abstenciones y 9 votos negativos) que rechazaba la decisión de Trump para reconocer Jerusalén como capital del Estado Israelí. España, junto a países como Francia y Alemania, votaba favorablemente a la resolución aprobada. Incluso el papa Francisco se mostraba favorable a mantener el status quo de la ciudad, para las tres religiones del libro, santa. Y lo que quiere la senadora de En Comú Podem es que esa misma votación sea ratificada claramente.

La iniciativa de En Comú Podem/Unidos Podemos insta también al Gobierno a “condenar la construcción ilegal, desde el punto de vista del Derecho Internacional, de nuevas viviendas para continuar la ocupación de Territorios Palestinos sin respetar las fronteras establecidas por la ONU en 1967 y por los acuerdos de Oslo en 1993”.  Para Sara Vilà “Trump y Netanyahud son la extrema derecha y el desprecio que ambos tienen hacia los palestinos, así como la decisión de trasladar a Jerusalén la capital israelí, es una auténtica declaración de guerra que pone en jaque todo Oriente Medio”.

“Queremos que nuestro país mantenga una política exterior que pivote sobre el respeto a los derechos humanos y la legalidad internacional, emanada de las resoluciones de la ONU”, añade la senadora de En Comú Podem. Lo que se suma a la petición que hicieron al gobierno de M. Rajoy de defender el respeto a los Derechos de los niños y niñas. Una mujer, Sara Vilà que, desde hace años, lucha por el respeto de los Derechos Humanos allí donde se vulneran. Da igual que sea en Palestina, en Guatemala, o en el Sáhara Occidental. Y que ha sufrido en sus propias carnes la indiscriminada maldad militar del ejército israelí como se puede apreciar en el vídeo adjunto. Por ello, en palabras a este medio confirma que “sería una gran noticia que se tomaran en serio crear un Estado palestino con las fronteras de 1967”. Y que liberen a Ahed Tamimi a ser posible también.

«Flechas Rosas»: un proyecto para la rehabilitación de las pacientes con cáncer de mama

«Flechas Rosas» es un proyecto puesto en marcha a través de AECC Lorca, ya que las destinatarias son aquellas mujeres con cáncer de mama que han sido sometidas a mastectomías (extirpación de la mama).

Durante esta cirugía, se suelen retirar los ganglios linfáticos de la axila, por lo que la capacidad de drenaje a veces es insuficiente y el brazo comienza a hincharse debido a la acumulación de grasa bajo la piel, produciendo lo que se conoce como linfedema. El ejercicio y la vibraciones que se producen al tensar el arco ayudan a evitar que se produzca esta dolencia, ya que favorecen el drenaje natural de toda la zona axilar.

El proyecto “Flechas Rosas” nació en marzo de 2017, cuando el presidente del club Arco Lorca, Paco Parra, vio un reportaje de televisión en el que se destacaban los beneficios que su disciplina aporta a las pacientes con esta enfermedad. Inmediatamente Arco Lorca contactó con AECC Lorca y pusieron en marcha la actividad, que se desarrolló todos los viernes entre marzo y junio del pasado año.

El éxito fue total y el proyecto ha crecido, lo que ha llevado al club lorquino a buscar colaboración y apoyos. De esta forma, la Federación Murciana de Tiro con Arco se hace cargo de los seguros y el Ayuntamiento de Lorca cede los bajos del pabellón San Fernando, donde se realizará la actividad todos los viernes de 17 a 19 horas. Por su parte, la Fundación Alimer y el Hospital Virgen del Alcázar de Lorca financiarán todo el proyecto y llevarán a cabo una serie de actividades orientadas a la formación de las participantes en alimentación y hábitos saludables para su recuperación.

Susana Díaz aportará los fondos a Almería que Gabriel Amat niega

Durante el desayuno-coloquio de La Voz de Almería, Susana Díaz ha presentado las previsiones de inversión que tiene la Junta de Andalucía respecto a la provincia andaluza. Unas inversiones que, en el caso de las ayudas a las explotaciones agrícolas y ganaderas, ascienden a 7,1 millones de euros para 131 empresarios y empresarias de Almería. No lo ha dicho, pues ya se sabe que tampoco es cuestión de incomodar a quien te invita a su casa, pero son inversiones que la Junta viene haciendo por la desidia mostrada por el presidente de la Diputación Gabriel Amat, del PP, que sólo invierte en los Ayuntamientos de su misma formación y apoya todo lo que hace la Junta para salir en la foto. Así se lo habrán comentado sus compañeros de partido en la reunión vespertina que han mantenido.

Como sucede en la Residencia Asistida donde la Junta paga por las plazas y Amat no invierte en tenerla en condiciones mínimas. Jardines secos, alas inutilizadas por falta de inversión o reducción de plazas para conseguir su cierre con a saber qué intenciones. Al menos la presidenta, sí se ha acordado de las familias y ha lanzado “un mensaje de tranquilidad a las familias usuarias de la residencia asistida de la Diputación”. De este modo, la presidencia se ha comprometido a la concertación de las 47 plazas afectadas por la decisión de la institución provincial.

100 millones para renovar invernaderos.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado la puesta en marcha durante el mes de febrero de tres líneas de incentivos para modernizar los invernaderos y dar cobertura por los daños sufridos por el tornado del pasado 6 de enero en la provincia almeriense. Así, Díaz ha destacado especialmente la creación de un Plan Renove, dotado con 100 millones de euros y con un plazo de ejecución de cinco años, para la modernización de invernaderos tradicionales, de tipo parral, y los de pequeño tamaño.

“Fundamentalmente estamos pensando en aquellas infraestructuras que tienen unos 20 años de antigüedad y que suelen ser las más vulnerables cuando vienen adversidades climáticas”, ha dicho la presidenta. Junto a este programa, ha avanzado, se pondrá en macha otro de ayudas a invernaderos que han sufrido “sólo daños leves” y otra para modernización de explotaciones con “daños graves»” Este último, supondrá un montante de 10 millones y permitirá a los beneficiarios la incorporación en sus instalaciones de “un diseño más productivo y resistente a daños meteorológicos y, evidentemente, asegurables”.

Susana Díaz ha recordado que el sector incrementó durante los once primeros meses de 2017 sus exportaciones respecto al año pasado en 2.600 millones, hasta alcanzar los 10.000 millones. De ahí, ha afirmado, el apoyo de la Junta al mismo, “más allá de las palabras”, que se cifra “en más de 130 millones de euros en 2018”. Asimismo, ha valorado el esfuerzo de los agricultores almerienses en materia de agua. “Aquí tenemos una rentabilidad 10 veces mayor” que en otros territorios de España, y “la eficiencia con la que gastamos nuestros recursos hídricos es uno a diez si la comparamos con otras huertas que tienen menos dificultades, como es el caso Navarra”, ha referido.

De este modo, ha hecho alusión a la política medioambiental de la Junta y a las obras de construcción de las depuradoras de Huércal-Overa, Níjar y Uleila del Campo o la licitación de la de Antas, que se adjudicará en breve. Para Díaz, “si todas las administraciones hacemos lo que tenemos que hacer estaríamos cubriendo el 90% de las necesidades hídricas que tiene la provincia de Almería, con el retorno económico y social que eso tiene”.

El Gobierno de M. Rajoy no invierte.

Durante la conferencia Almería y Andalucía: Nuevos Desafíos y Nuevas Oportunidades, Susana Díaz ha reclamado al Gobierno Central que invierta en la provincia almeriense lo que le corresponde, tal y como hace la Junta. «Espero que el Boletín Oficial del Estado (BOE) me acompañe y que las necesidades de la provincia se vean reflejadas en sus apuntes», ha insistido. En este sentido, ha hecho alusión a los casi «2.000 días sin obras en el AVE»; a la «mutilada» conexión con Granada; a la parálisis, desde 2012, de la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora», y al «olvido en la ampliación de las de Carboneras y las conducciones hasta el campo de Tabernas». Para Díaz es necesario el impulso y respaldo de todas las instituciones para «dar a Almería lo que es de justicia, lo que le corresponde y lo que le permite seguir siendo una de las provincias más emprendedoras y dinámicas de toda España», un apoyo «claro y nítido», ha incidido, «no solo de palabra» sino a través del BOE.

Según la presidenta, la apuesta de la Junta se concreta en los propios presupuestos autonómicos, que recogen una inversión de 1.000 millones, incluidas las inversiones programadas, para Almería, y es «la única administración, junto con los ayuntamientos, que está sosteniendo la obra pública». De este modo, ha citado los proyectos en materia sanitaria, a la que se destinan uno de cada tres euros de las cuentas andaluzas, como las obras del Materno Infantil, cuya «estructura ya está finalizada y se está procediendo a los cerramientos» y donde se invertirán 26,5 millones de euros; la finalización del centro de salud de Antas y Arboleas, la ampliación del de Garrucha; el incremento de 50 profesionales sanitarios de Atención Primaria almeriense en el último trimestre, y el aumento de 600.000 euros a 1,8 millones para la Atención Infantil Temprana, incluidos cinco nuevos centros.

La presidenta andaluza también ha resaltado las inversiones autonómicas en materia de infraestructuras y, entre ellas, ha hecho alusión a la Variante de Roquetas de Mar-Vícar, «abierta al tráfico en su totalidad recientemente y que beneficia directamente a un total de 150.000 habitantes, y que tiene un tránsito de 35.000 conductores al día», con una inversión de la Junta que supera los 40 millones de euros. Y, además, ha anunciado que próximamente comenzarán las obras del desdoblamiento de la Vera-Garrucha y las de la variante de Berja.

La Unión Europea y Cataluña.

Pese a los datos y previsiones positivas para este año, la presidenta ha puesto de manifiesto asuntos que de uno u otro modo afectan a Andalucía, el futuro de la UE, la inmigración o Cataluña. En 2017 «se ha conseguido por parte de la UE poner freno al nacionalismo y populismo, se ha demostrado que las soluciones imposibles a problemas reales frustraba a los ciudadanos», ha apuntado la presidenta. Esto, «unido a la falta de acierto en algunas políticas durante los años de crisis, tal y como ha reconocido Juncker, han puesto en solfa la construcción de la UE», por lo que Díaz ha reivindicado «abandonar la política de recortes y una mirada solidaria al Sur».

Susana Díaz ha resaltado además la necesidad de un reparto justo de los fondos FEDER, en el marco de los presupuestos 2020-2027 que se deciden esta primavera, y del Fondo Social Europeo. Por otra parte, ha insistido en que la bonanza económica debe ir acompañada de reformas «que garanticen que el euro no entre en crisis y fortalezca nuestra economía, empezando por completar la unión bancaria». Para ello, la presidenta ha anunciado que expondrá la posición de Andalucía en estos asuntos en el próximo Comité de las Regiones. Asimismo, en materia de inmigración, la presidenta ha reclamado al Gobierno de España «que trabaje en origen cuanto antes porque no podemos acostumbrarnos todos los días a llegada de pateras con personas fallecidas en todo el Mediterráneo».

En lo que respecta a Cataluña, Susana Díaz ha lamentado que algunos quieran «seguir caminando en el error y el precipicio», pese a que el balance de lo que se ha dado en llamar del «procés» no puede ser más desolador. «Cataluña no merece tal situación, ni España en su conjunto, tampoco», apostilló.

La presidenta se ha mostrado partidaria de una reforma «que venga a mejorar la Constitución, que ha sido la garantía de nuestro desarrollo democrático, del Estado del bienestar y de la igualdad entre todos los españoles». Desde esta perspectiva, Díaz ha hecho hincapié en que «hay que mejorar el encaje de todas las comunidades de nuestro país, pero desde la igualdad y el respeto a la pluralidad para que todos los ciudadanos gocen de los mismos derechos vivan donde vivan». «Este año cumplimos 40 años de democracia por lo que pido una mirada ambiciosa, equitativa, justa y equilibrada», concluyó.

«Eso me lleva a reivindicar una financiación justa para Andalucía, no queremos más que nadie pero tampoco nos vamos a conformar con menos. Queremos lo que es justo y lo que le corresponde a Andalucía», afirmó. Cada año de prórroga, ha recordado la presidenta, y llevamos desde 2014, nos cuesta 1.000 millones. Y a esto hay que añadir un segundo elemento que puede agravar la situación, «la falta de estabilidad en España y la falta de presupuesto estatal, que nos congele las liquidaciones de las entregas a cuenta». La falta de presupuesto del Gobierno de España no puede suponer que se congelen 800 millones por las entregas a cuenta, «porque eso sería nefasto en un momento de recuperación económica», advirtió Díaz.

Durante el largo acto, Susana Díaz ha tenido tiempo para afear a aquellos que hablan de elecciones anticipadas ya que «los ciudadanos, las familias, los emprendedores, los empresarios y empresarias nos van a juzgar por nuestro trabajo, por cómo hemos mejorado sus expectativas profesionales y de vida, por cómo hemos propiciado la creación de empleo y riqueza, y mejorado los servicios públicos». «Estamos ante un año importante para Europa, España, Andalucía y Almería por lo que el Gobierno andaluz está centrado en el trabajo, en recuperar derechos y que se cree empleo de calidad», recalcó.

Andalucía y el Brexit.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado la importancia de la reunión esta semana con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ante la trascendencia para la economía andaluza del Brexit, prácticamente en una década, que puede afectar hasta a 1 punto del PIB. «Nuestra tierra tiene que estar a la cabeza en la importancia de la presencia en las decisiones que se tomen», añadió. Reino Unido es el primer inversor en Andalucía, el quinto en destino de las exportaciones regionales y el que más turistas internacionales aporta.

La presidenta de la Junta de Andalucía ha subrayado que «necesitamos tener garantías de que no va a resentirse uno de nuestros sectores tractores, el agroalimentario», en las exportaciones de productos agrícolas, sobre todo teniendo en cuenta que representan el 36% del total de las ventas a Reino Unido. Díaz ha recordado que desde el año pasado la Junta está abordando el asunto con «un grupo de trabajo de economía, agricultura, empleo y turismo, que valora todas las posibles consecuencias y el impacto en nuestra tierra». Además, de analizarlo con los comisarios europeos, ante la posibilidad de que afecte al desarrollo económico, a nuestras empresas y a la capacidad de crecimiento de la región.

En este sentido, la presidenta ha apuntado que en la actualidad «8.000 andaluces están en Reino Unido, 80.000 británicos residen en Andalucía, casi el 13% del total de residentes extranjeros, y cientos de empresas mantienen negocio y oportunidades de crecimiento en Reino Unido». Asimismo, «dos millones de turistas británicos son prácticamente la cuarta parte de todos los visitantes extranjeros y este último año se ha ralentizado el crecimiento del mercado británico».

La presidenta también ha indicado igualmente que «nos va a afectar en la configuración de los fondos europeos, tanto en la cuantía global como en el reparto en el marco 2020-2027, en la Política Agraria Común, en el encarecimiento de las exportaciones por la depreciación de la libra y en la alteración de las relaciones jurídicas entre ciudadanos», aparte de que Andalucía va a ser la única región continental que tenga frontera con Reino Unido».

IU-Verdes insta a «una mejor regulación» de las subvenciones municipales

Adoración Peñas, Concejal de Izquierda Unida Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, ha anunciado la presentación que defenderá en el próximo pleno correspondiente al mes de enero.

A raíz de la denuncia que su grupo municipal realizó la pasada semana sobre la dilación en el pago de una subvención al grupo poético Espartaria, Peñas considera oportuno presentar esta moción para «acabar con el oscurantismo y mal funcionamiento» en la entrega de subvenciones a asociaciones y ONG´s del municipio.

Peñas considera que Lorca debe contar con un reglamento propio para el reparto de las mismas, pero hasta entonces deben estar sujetas a la Ley General de Subvenciones, la cual establece que dichas subvenciones deben estar sometidas a procedimientos y convocatorias de “concurrencia competitiva”, y que sólo excepcionalmente sean aceptables las directas, pero en Lorca se reparten a criterio personal del Concejal de Cultura, Agustín Llamas.

A diferencia de este modo de actuar, la Concejalía de Deportes «sí  reparte las ayudas y subvenciones según un baremo previamente establecido, en el cual se establecen las competiciones que existen y la cantidad económica que se designa para cada una de ellas». Peñas señala que de igual modo podrían proceder los excelentes profesionales con los que cuenta el área de cultura de nuestro Ayuntamiento, y así evitar que muchas de las asociaciones juveniles, de mujeres y ONG´s se queden sin ayuda municipal como ocurre en la actualidad. Por ello, a fin de subsanar todas estas deficiencias, solicitará en el acuerdo de su moción lo siguiente:

“El Ayuntamiento de Lorca, a través de sus servicios jurídicos, elaborará y aprobará a la mayor brevedad posible y dentro del primer trimestre de este año, un Reglamento General de Subvenciones que ordene adecuadamente las mismas y que garantice que las subvenciones concedidas por la administración local lorquina se sujetan a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.”