Esta semana que hoy empieza estará llena de acontecimientos que, en teoría, deberían dar luz a las más de 305.000 familias arruinadas por la intervención del Banco Popular y su posterior venta por un euro al Banco de Santander. En primer lugar, a lo largo del día de hoy debería hacerse público el informe definitivo de Deloitte en el que, teóricamente, y si no se publica censurado, se podrían ver las razones por las que el Popular fue intervenido a pesar de ser un banco solvente y que no estaba quebrado. En segundo lugar, esta semana comparece ante la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera el ministro Luis de Guindos. Serán los grupos parlamentarios los que intentarán que el titular de Economía explique su implicación o su presunta complicidad con la operación de rescate del Santander.
Esa implicación del ministro, del Ministerio o de los órganos reguladores dependientes de Economía serán claves para que el caso del Banco Popular deje de ser un tema económico o del sector financiero para pasar a la arena política, puesto que va a tener consecuencias para el propio Partido Popular.
El cliente o el accionista del Banco Popular tiene, en su mayoría, un perfil conservador que cuando llegaban las elecciones —generales, autonómicas o municipales— votaban mayoritariamente al PP. Sin embargo, tras las informaciones de Diario16 en las que se está demostrando cómo desde Economía se pudo favorecer la operación, cuando no estuviera el propio ministro directamente implicado en ella, el favor político de los más de 305.000 afectados va a cambiar y, evidentemente, tendrá un lógico y claro beneficiado: Ciudadanos. No obstante, ese cambio de rumbo podría llevar esos votos hacia la formación política que se ponga directamente del lado de esos afectados porque éstos están viendo cómo desde los partidos de la oposición se les está dejando desamparados. El partido que se ponga de su lado y consiga que se les devuelva lo que se les quitó una noche del mes de junio para rescatar al Santander, recibirá el apoyo, no sólo de los 305.000 arruinados sino de todo su entorno directo.
Dentro de los miles de correos y cartas que se reciben en la redacción de Diario16, hubo una comunicación de uno de estos afectados que refuerza lo que estamos diciendo: «Lo que ha acontecido con el Banco Popular a mí, como pequeño autónomo, me ha fulminado. Pero a los sufridores de la calle nos queda un arma que quizás ellos no han visto pero que, sin duda, la tenemos y, sin duda, la usaremos, pues han expropiado al banco más conservador de España y fuente de votos populares. En mi caso somos cuatro a votar y siempre lo habíamos hecho al PP, pero ahora esto también tiene consecuencias políticas, familias con hijos, abuelos, padres, etc. que multiplicado por 300.000 salen un montón de votos. Así lo hemos comentado hoy en dos sucursales en las que hemos estado para pedir documentación sobre obligaciones subordinadas de 2011 que me vendieron como plazos fijos y poder denunciar. Ya en tiempos pasados el PP del señor Aznar, cuando tenía ganadas las elecciones y todo iba sobre ruedas para ellos y para mí, pues era votante suyo, debido a unos desgraciados acontecimientos, perdieron las elecciones en el último momento. La expropiación del Popular también tendrá consecuencias políticas, pues al conservador que le quitas todo lo radicalizas. “Sólo los tontos tiran piedras a su propio tejado”».
Luis de Guindos, en su afán por salvar al Santander va a conseguir que el Partido Popular pierda el Gobierno, incluso ser el principal partido de la oposición en las próximas elecciones generales. El afectado lo deja claro: son cientos de miles los votantes del PP que forman parte de los más de 305.000 arruinados y la transcendencia política de lo que se ha perpetrado va a tener sus consecuencias porque no son sólo los titulares de los títulos, sino que también son sus familiares, amigos, conocidos o compañeros de trabajo. Evidentemente, no todos los 305.000 eran votantes del PP. El Popular tenía clientes de todos los colores e ideologías políticas, pero el perfil era muy conservador, ese tipo de ciudadano conservador que se siente orgulloso de serlo a pesar de que su estatus social no se ajuste al de las élites: pensionistas, trabajadores, pequeños autónomos, jubilados, etc. Ese es el perfil de los arruinados por la operación de rescate del Santander. Lo hemos repetido muchas veces durante estos meses: los arruinados no son grandes inversores, son gente como usted o como yo, gente que tenía esa pequeña inversión para tener un colchón con el que poder pagarse las vacaciones de verano o para tener un remanente con el que poder ayudar a hijos o nietos que están son víctimas de la crisis.
El PP, tal y como afirma el afectado, ya perdió unas elecciones que tenía ganadas de antemano —y con mayoría absoluta—, por la gestión manipuladora que hicieron de los atentados del 11M. La intervención del Banco Popular para rescatar al Santander fue presuntamente permitida y auspiciada por el Gobierno de Mariano Rajoy a través de la inacción de todos los órganos supervisores dependientes del Ministerio de Economía —Banco de España y CNMV—, de los movimientos en Europa y le va a costar al partido conservador más de 1,5 millones de votos. Con los votos que está recuperando el PSOE, los que recuperará Podemos y, sobre todo, con el trasvase de apoyos que recibirá Ciudadanos, principalmente después de la crisis catalana que está catapultando al partido de Inés Arrimadas y Albert Rivera hacia una victoria en las próximas generales, además de otros partidos de la derecha como el PNV, el PP perderá el Gobierno y la hegemonía de la derecha española.
Cuando un Gobierno maniobra para favorecer a las élites por encima de los intereses legítimos de los ciudadanos que son los tienen la soberanía del Estado la consecuencia es que ese Gobierno recibirá la rebelión del pueblo, incluso de quien es afín al partido gobernante. Luis de Guindos y, por tanto, el Gobierno del Partido Popular hicieron del rescate al Santander una cuestión de Estado. Por eso pusieron todas las herramientas estatales para que el banco cántabro se hiciera con el Popular. Sin embargo, la razón de Estado está en otros puntos más importantes. El principal, la defensa de los intereses de los ciudadanos frente al de las dictaduras privadas o al del poder económico. Sin embargo, tanto Luis de Guindos como Mariano Rajoy han demostrado en estos años que llevan gobernando que la prioridad fundamental es que esas dictaduras privadas, esas élites, no sufrieran los efectos de la crisis, que fuera el pueblo el que cargara con las consecuencias.
Luis de Guindos, Emilio Saracho, el Santander con su presidenta a la cabeza e, incluso, el propio Partido Popular son los responsables y tendrán que pagar por esa responsabilidad. El banco cántabro lo pagará si la Justicia de este país hace realmente justicia. El PP lo pagará en las urnas.
