Una entidad que en 2.016 superó los test de estrés del Banco Central Europeo sin ningún tipo de problema no podía llegar a la situación en que la dejaron apenas unos meses después sin que se hubiesen realizado movimientos destinados, precisamente, a que se llegara a tal escenario. Había algo más y no era otra cosa que el rescate de uno de los bancos sistémicos mundiales porque estaba en la categoría de entidad «too big to fail» (demasiado grande para quebrar). Por esta razón se pusieron todos los resortes necesarios al servicio de ese banco para evitar su caída porque, según afirman algunas de las instituciones nacionales e internacionales, esa caída provocaría un terremoto en el sistema financiero mundial. Esta es la principal razón por la que todos los organismos se pusieron en movimiento. Fue un movimiento organizado, fue una operación diseñada e implementada por una serie de personas e instituciones que derivó en un proceso de pérdida de valor en bolsa que generó el pánico entre los clientes particulares, empresariales e institucionales que derivó en la huida de depósitos que generaron una presunta crisis de liquidez, algo que, en realidad, no era así puesto que el Banco Popular tenía recursos suficientes para superarla, tal y como se ha demostrado tras la intervención.
En esta banda sin escrúpulos estaba, y está, formada por la entidad bancaria que se benefició de la ruina de más de 305.000 familias, organismos públicos tanto españoles como europeos, poderes del Estado y empresas multinacionales que se benefician directa o indirectamente del rescate al Santander. No se salva nadie porque cuando no hay escrúpulos a la hora de proteger a las élites superando todas las líneas rojas que se puedan superar no se espera otra cosa que no sea ignominia, dolor y tragedia. El ejército de salvación de las élites se puso en marcha y no dudó en ningún momento en pasar por encima de la propia legalidad para que «uno de los nuestros» no cayera.
El primer responsable de esta banda sin escrúpulos es el propio Banco de Santander. La situación real de la entidad presidida por Ana Patricia Botín estaba cercana a la quiebra técnica. Hay varios datos que así lo demuestran como, por ejemplo, el hecho de que, desde la muerte de Emilio Botín, un gigante bancario apenas superara en 300 millones de euros su tasa de beneficio. También es importante el hecho de que varias empresas multinacionales estimaran que el valor del banco cántabro estuviera muy por encima del valor real. El banco alemán Barenberg afirmó en mayo de 2.017 que el Santander tenía un déficit de capital de 10.000 millones de euros, además de estimar que el valor real del Santander estaba por debajo de los 3 euros cuando en esos momentos estaba cotizando en más de 5,50. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional afirmó que el Santander era una entidad de alto riesgo sistémico por su alta exposición en mercados muy inestables. A todo esto, hay que sumar las consecuencias que el Brexit y la volubilidad de las economías latinoamericanas (principalmente México y Brasil) están teniendo en las cuentas del Santander. Por todo ello el banco presidido por Ana Patricia Botín comenzó a pasar facturas y a sacar muertos de los armarios para conseguir ser rescatado sin que se notara que se estaba produciendo esa operación de salvamento. Todos se pusieron a trabajar porque «no lo podían dejar caer».
La cúpula directiva del Santander, la más cercana a su presidenta, fue muy hábil y se puso a implementar una estrategia de acoso y derribo que generara el pánico en los mercados y los clientes y que forzara a las agencias de rating a rebajar la calificación del Popular para provocar, precisamente, un escenario en el que los movimientos que se estaban aplicando tuvieran una coartada y una pátina de legalidad cuando, en realidad no era así. Colocaron, en primer lugar, al hombre adecuado para liquidar al Popular, a Emilio Saracho quien, ya en los primeros meses del verano de 2.016 presumía ante la élite financiera del país en una comida en El Escorial de que él iba a presidir el Popular.
A través de Saracho, de su conocimiento e influencia en los mercados se lanzó una ofensiva contra el Popular aprovechándose de la rebelión interna en el Consejo del banco encabezada por el mexicano Antonio del Valle y Reyes Calderón. Éstos fueron utilizados para que el Santander se mantuviera el margen y que todos los focos se centraran en Ron, en Del Valle y en Saracho. Incluso, se les hizo creer que ellos habían sido los que contrataron al banquero de inversión.
Saracho hizo todo lo que le pidió el Santander a través de su despacho de referencia con el que, aún sin tener poderes, firmó un contrato de asesoramiento que no tenía más fin que el de dar al banco presidido por Ana Patricia Botín información de primera mano de lo que estaba ocurriendo en la entonces sexta entidad financiera del país y, principalmente, para supervisar que la operación marchaba según los parámetros que favorecían al Santander.
Para que todo este proceso tuviera éxito era fundamental la colaboración de las autoridades supervisoras tanto nacionales como europeas. Ante un ataque tan despiadado como el que lanzó el mercado (movido por Emilio Saracho) tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre todo esta última, tuvieron la obligación de parar la cotización del Popular y prohibir las operaciones a corto porque, tal y como se pudo comprobar más adelante con Liberbank, frenó la caída del valor de la entidad. En otro orden de cosas, la actuación del propio presidente de la CNMV está en el punto de mira porque, aunque en la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera del Congreso de los Diputados defendió la actuación de la institución en la crisis del Popular, en mayo de 2.016 estaba asesorando al propio Banco Popular sobre la ampliación de capital, según confirma el acta del Consejo del día 25 de mayo, a la que fue invitado en calidad de abogado del despacho Linklaters, el mismo que, tras la intervención en junio de 2.017, asesoró a la JUR sobre los argumentos a facilitar para defender la opacidad a la hora de dar acceso a la documentación.
Por otro lado, el propio Banco de España también tiene su responsabilidad directa en todo lo ocurrido puesto que, en primer lugar, no advirtió a Saracho de que no estaba aportando todas las garantías de las que disponía el Popular para dar acceso a la totalidad de la ELA solicitada. Recordemos que, según el acta del Consejo del día 6 de junio de 2.017, Saracho reconoció que se habían solicitado 9.500 millones y que sólo habían tenido acceso a 3.000, es decir, una diferencia de 6.000 millones que hubieran sido más que suficientes para que el banco no hubiese sido intervenido.
El FROB, otra institución dependiente de Economía, también tiene su punto de responsabilidad que le incluye dentro de la banda de desaprensivos. El día 3 de junio inició todo el proceso para comunicar la subasta del Popular porque la entidad iba a ser intervenida, es decir, que puso encima de la mesa que la decisión ya estaba tomada. El FROB comunicó a las 5 entidades principales y sólo dos, BBVA y Santander, respondieron positivamente a la convocatoria. Sin embargo, al primer banco no se le dio el tiempo que solicitó para poder realizar un análisis total de la operación de compra del Popular. Al Santander no se le podía poner ningún contrincante delante y esa misma noche fue la intervención y la subasta en la que la entidad cántabra compró al Popular por un euro a pesar de tener un valor real de 11.000 millones de euros.
En todo este proceso dirigido por esta banda de desaprensivos está el propio ministro de Economía Luis de Guindos que comparece esta tarde en el Congreso de los Diputados. Todas las instituciones económicas, tanto europeas como españolas, se pusieron al servicio de la operación ya fuera activamente, ya fuera mirando para otro lado y dejando que el Popular fuera cayendo. De Guindos permitió que el plan de viabilidad aprobado por su Ministerio para el Popular se llevara a efecto en los aspectos más negativos, es decir, con la aplicación de una reestructuración de plantilla. A partir de ahí, los otros aspectos no fueron llevados a efecto, aspectos fundamentales como una segunda ampliación de capital, una operación corporativa de venta o fusión de la entidad, la venta de TotalBank y WiZink y la creación de un tipo de banco malo para los activos inmobiliarios del Popular. Todo ello fue frenado porque se permitió la entrada de Emilio Saracho. ¿Cómo es posible que el ministerio de De Guindos desconociera que Saracho era un banquero de inversión y no un banquero comercial? Evidentemente lo sabían y lo permitieron. ¿Cómo es posible que De Guindos mirara para otro lado y permitiera que los organismos reguladores que dependen de su Ministerio no actuaran a lo largo de los 6 meses que estuvo activa la operación bajista?
Por otro lado, Luis de Guindos también forma parte destacada de la banda de desaprensivos cuando permitió que las instituciones dependientes del Gobierno o de las Administraciones Públicas fueran responsables de la retirada de más de 14.000 millones de euros en los días previos a la intervención. ¿Fue el propio ministro quien dio instrucciones para que se filtrara información que permitiera que esas instituciones, empresas públicas o multinacionales españolas sacara esos depósitos y ahondara más en la crisis de liquidez?
Otra cuestión que raya el cinismo por parte de De Guindos lo encontramos en su actuación en las semanas previas a la reunión de Bildelberg en Washington y en los días inmediatamente posteriores a la intervención. Por un lado, según fuentes consultadas por Diario16, el ministro mantuvo conversaciones con el señor Goirigolzarri para intentar que fuera Bankia la que hiciera una oferta de compra del Popular por una cantidad no superior a 0,45 euros la acción. El presidente de Bankia, evidentemente, se negó porque con la información que tenía era una operación de alto riesgo para la entidad que preside y para sus accionistas, entre los que está el propio Estado. La realidad es que esos movimientos no eran más que una cortina de humo para que el Santander permaneciera oculto. En esos días, además, De Guindos afirmó que el Popular era un banco solvente y con liquidez, tal vez fuera esta la única verdad que dijo. Sin embargo, en los días posteriores a la intervención alabó la entrada del Santander y calificó al Popular como un «banco zombi». ¿En qué quedamos?
Hoy el señor De Guindos comparecerá en el Congreso de los Diputados y no dirá la verdad, sino que se ajustará a un argumentario marcado muy similar al que diseñó Linklaters para justificar el secretismo de la JUR, un argumentario posiblemente diseñado por el propio Santander, Deloitte, Uría y Menéndez y la JUR.
La actividad de esta banda de desaprensivos ha tenido a más de 305.000 víctimas que lo único que esperan es que se les devuelva lo que se les arrebató en la noche del 6 al 7 de junio.
