sábado, 25 abril, 2026

El discurso de Felipe de Borbón que estamos deseando oír

Escribo este artículo horas antes de que el ciudadano Felipe de Borbón y Grecia aparezca en todas las televisiones para realizar el tradicional discurso de Navidad del Jefe del Estado a los españoles. Normalmente se trata de un texto demasiado institucional, sin entrar de lleno en las verdaderas necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, un discurso que no va más allá de frases hechas y de obviedades, lo que demuestra el total alejamiento del rey de su pueblo. Sin embargo, este año puede haber sorpresas y lanzar un mensaje tan beligerante y tan próximo a lo defendido por la extrema derecha como el que ofreció en el mes de octubre. Por eso voy a realizar un ejercicio novelesco y les mostraré cómo debería ser esa intervención en la televisión para acercarse a la realidad de los españoles.

Buenas noches:

En estos días entrañables quiero expresaros mi felicitación en esta Navidad y mi deseo de que el próximo año 2018 os traiga todas las venturas que anheláis.

Al igual que en años anteriores quiero compartir con vosotros mi recuerdo a todas las personas que son las víctimas de esta crisis económica que no se ha terminado, a todos aquellos que han sido expulsados de sus casas porque también han sido expulsados del mercado laboral gracias a unas leyes con las que la Corona no está de acuerdo porque el trabajo es un derecho que está reconocido por la Constitución, por el texto que apuntala el espíritu democrático de nuestro país y que está siendo constantemente vulnerado por las políticas que defienden los intereses de las élites. No me quiero olvidar en este mensaje de los cientos de miles de españoles a los que los intereses de esos centros de poder se despertaron una mañana de primavera despojados de su patrimonio.

La Corona está muy preocupada por cómo se está aprovechando la situación económica global para atacar al bienestar de todos vosotros por parte de quienes no tienen escrúpulos a la hora de legislar sin tener en cuenta las consecuencias nefastas que sus leyes pueden causar en quienes deben ser protegidos ante los que están siendo beneficiados. No puede ser que en estas fechas tan entrañables haya familias que no puedan reunirse para celebrar la Navidad ni puedan tener una cena caliente más allá de la que puedan recibir de las instituciones benéficas. España ya pasó por una hambruna tras la Guerra Civil y desde la Corona no podemos aceptar que en tiempos de paz, en tiempos de democracia, en tiempos de prosperidad para algunos, haya españoles que estén pasando hambre por la ineficiencia de quienes, por sus obligaciones y por su juramento, deben poner todos los medios para evitar estas desgracias. En esta noche tan especial, la Corona quiere estar junto a los que pasan hambre, porque, por desgracia, quien debería estar a su lado creando los escenarios necesarios para evitar que una lacra así se vaya extendiendo como el aceite en el agua clara está ausente en vaguedades y falsas realidades.

Quiero expresaros también mi preocupación ante el hecho de que en estos últimos seis años nuestro país esté siendo condenado constantemente por Naciones Unidas. España es de todos y, sobre todo, es un país que debe reconocer el heroísmo de quienes fueron los que defendieron la legalidad y la democracia ante quienes se valieron de la fuerza para imponer una ideología y unos modos de gobernar que son contrarios a los derechos humanos. El encubrimiento de los responsables por motivos ideológicos debe ser desterrado de nuestra sociedad, venga de donde venga.

Por otro lado, quiero hacer constar en este mensaje navideño mi preocupación por aquellos que han sido olvidados, por aquellos que han sido abandonados por quienes deberían sostenerlos. La situación económica no puede ser la coartada para incumplir la Constitución. Como Jefe del Estado no puedo dejar de sentirme defraudado por la inacción y la irresponsabilidad de aquellos que juraron cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna y que han roto su juramento en base a intereses personajes o a ramalazos ideológicos. La España que nos dimos en 1976 no es la que vivimos actualmente. Teóricamente deberíamos haber evolucionado y, al parecer, estamos retornando a las épocas en que los españoles no podían expresarse libremente. Los ciudadanos no pueden encontrarse bajo la amenaza constante del poder ni estar amordazados ante las injusticias. Nadie tiene el derecho de aplicar la doctrina del miedo para llevar a cabo acciones contrarias al juramento constitucional.

Lo mismo podría decir de derechos como la sanidad o la educación. El Estado es el responsable de que todos, sin distinción, tengan acceso al Sistema Nacional de Salud o a una educación pública de calidad. Como Jefe de Estado me siento muy defraudado por el retorno a tiempos olvidados en estas materias, a la derogación encubierta del principio de igualdad o a la entrega a intereses privados del patrimonio de todos. En la España que la reina y yo queremos nadie se puede quedar sin dar educación a sus hijos por motivos económicos, nadie es menos que nadie, nadie puede morir porque desde el Estado no se quiera financiar un medicamento o un tratamiento.

Los españoles somos iguales ante la ley, incluso en los asuntos que han tocado a mi familia. Por eso no son aceptables en una democracia como la nuestra las injerencias por parte del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Las instituciones del Estado deben estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los intereses particulares de cada uno, estén donde estén. No se puede permitir que la Justicia se aplique a la carta de lo que cada uno quiera, ni poner al mando de dichas instituciones a personas que trabajen para una organización y no para el interés general de los ciudadanos.

Tampoco me puedo olvidar de todas las mujeres que están siendo asesinadas por el hecho de ser mujer. La falta de iniciativa de nuestras instituciones políticas y de los representantes del pueblo es la principal responsable de las muertes por la violencia machista. Las mujeres son el pilar de nuestra sociedad y, como tal, deberían tener una protección por parte del Estado porque no se puede permitir en un país democrático que haya ciudadanas que vivan bajo la dictadura del miedo y que no se les dé la oportunidad con garantías de salir del pozo en que el machismo las tiene metidas.

Por tanto, os voy a hacer dos anuncios de importancia, anuncios que espero que os llenen de esperanza para el nuevo año que viene. En primer lugar, convocaré al Presidente de Gobierno para solicitarle su renuncia al cargo y la convocatoria de Elecciones Generales. Por otro lado, al nuevo Ejecutivo salido de las urnas les presentaré la petición de la Corona de convocatoria de una consulta para que seáis vosotros quienes decidáis qué España queréis y qué Jefe del Estado queréis. No puedo mantenerme en mi puesto sin el beneplácito del pueblo español, sin el refrendo democrático a la Jefatura del Estado.

De nuevo, desearos una Feliz Navidad y un Próspero año 2.018.

Buenas noches.

Evidentemente, lo anterior es una fabulación y nada del mismo será dicho por Felipe VI, sin embargo es el mensaje que muchos estamos esperando oír de nuestro Jefe de Estado, un mensaje comprometido con la verdadera realidad de los españoles y no con la que le pintan en su despacho del Palacio de la Zarzuela.

Para finalizar desearos a todos los lectores de Diario16 Salud y Felicidad para el año 2018.

Yemen está al borde de la hambruna

Yemen está cada vez más cerca de la hambruna tras mil días de brutal conflicto, agravado por el devastador bloqueo de los principales puertos del norte que priva a los yemeníes de alimentos, combustible y medicinas.

Yemen importa el 90% de sus alimentos, pero, debido al bloqueo impuesto por la coalición liderada por Arabia Saudí de los principales puertos del norte del país, solo llega al país una tercera parte de los alimentos que la población precisa. Más de ocho millones de personas están en grave riesgo de hambruna.

Desde principios de noviembre de 2017, los precios de los alimentos se han disparado un 28%, y son cada vez menos asequibles para las familias pobres, ya afectadas por el colapso de la economía. Se ha cortado el suministro de agua apta para el consumo en ciudades y pueblos debido a la escasez de combustible, lo que tendrá graves consecuencias para el país, que sufre la mayor epidemia de cólera del mundo. Los hospitales se están quedando sin medicamentos y los casos de difteria han aumentado. Al menos un millón de niños y niñas podrían contraer la enfermedad.

Durante los últimos mil días han muerto más de 5.500 civiles; tres millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares; y se sospecha que cerca de un millón de personas han podido contraer el cólera, víctimas de la peor epidemia jamás registrada a nivel mundial.

Todas las partes del conflicto son las culpables de tan terrible nivel de sufrimiento humano, así como de las violaciones de los derechos humanos y de los principios del derecho internacional humanitario más fundamentales que se han producido, ha denunciado la organización internacional Oxfam.

El director de Oxfam Intermón, José María Vera, señaló que «enormes cantidades de armas sofisticadas han asolado Yemen durante mil días. Ahora, además, estamos siendo testigos de un asedio medieval que permite utilizar el hambre como arma de guerra. Privar a la población de alimentos, combustible y medicinas no estará nunca justificado y no debe tolerarse. Es una táctica que carece de moralidad, humanidad o decencia».

España sigue vendiendo armas a Arabia Saudí sin dar respuesta a las organizaciones de la coalición Armas Bajo Control que piden que se pare su venta y que se acabe la opacidad y falta de control existente en el sector cuando se cumplen 10 años de la adopción de la ley española sobre comercio de armas.

En este sentido, José María Vera fue muy claro: «El Gobierno español debe investigar cómo usa Arabia Saudí las bombas, la munición o los aviones de reabastecimiento en vuelo exportados desde 2015, ya que son armas susceptibles de ser empleadas en los bombardeos en Yemen. Los más de 650 millones de euros de armas exportadas por España a Arabia Saudí desde el inicio del conflicto en marzo de 2015, son un ejemplo paradigmático del incumplimiento de la legislación española y europea y del Tratado sobre el Comercio de Armas».

Desde principios de noviembre está prohibida la entrada de combustible a través de los principales puertos del país, algo que es indispensable para transportar alimentos y otros artículos básicos esenciales. La terminal petrolera de Ras Isa, en la costa occidental de Yemen, lleva cerrada desde marzo de 2017 conforme a las órdenes de la coalición liderada por Arabia Saudí.

Cerca del 80% de todas las importaciones de Yemen llegan a través de los puertos de Al-Hudaydah y Saleef, y casi dos tercios de la población del país viven en áreas dependientes de los suministros que llegan a estos puertos. En 2016, estos puertos gestionaron cerca del 85% de todas las importaciones de trigo. Al menos seis buques se han tenido que dar la vuelta en estos dos puertos debido a las prolongadas esperas para entrar.

Las organizaciones de ayuda y las empresas de importación se encuentran en una grave situación financiera debido al retraso de la entrada de buques anclados a las afueras de Al-Hudaydah, lo que supone un coste de más de 10.000 dólares por buque y día.

Hay signos preocupantes que indican un inminente ataque al puerto de Al-Hudaydah. Anteriormente ya se produjeron ataques a las infraestructuras de carga del puerto (grúas y almacenes), que redujeron su capacidad para importar bienes. Choques prolongados por el puerto obligarían a cerrarlo, lo que tendría un gravísimo impacto para los millones de personas que dependen de las importaciones que llegan a través de él.

Si el puerto de Al-Hudaydah quedara inutilizado, no habría una alternativa realista que permitiera la entrada de alimentos, combustibles y medicina suficientes.

 

Marta Rovira sí sería una presa política

Se presenta con naturalidad. Como si fuese algo lógico. Una adenda al enjuiciamiento del Govern tras la DUI. Pero, empero, no lo es. No es lo mismo. No tiene el mismo significado. Y en esa diferencia reside la calificación de Marta Rovira (lo mismo se puede aplicar a Anna Gabriel, Marta Pascal, Neus Lloveras, Mireia Boyá o Artur Mas) como posible presa política. La supuesta pertenencia al Comité Estratégico del procès puede llevarles a la cárcel por sus ideas.

Sí. Así de claro. Cuando se ha negado a los secesionistas el lenguaje utilizado para referirse al Govern y los Jordis, con mayor lógica que la presente, en este caso no cabe negar la evidencia. Si estas personas acabasen con sus huesos en la cárcel, serían presos políticos (en el caso de Mas, sólo en este caso, no por las corruptelas que le persiguen). Y esto viene dado porque no son similares los hechos imputados, ni son iguales sus actos.

El Govern ha sido imputado y encarcelado preventivamente por subvertir el orden constitucional. Tanto por no hacer caso de las sentencias del Tribunal Constitucional (declaró inconstitucional el referéndum), como por incitar a la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Esos son delitos, que aún está por ver cómo los encajan los juristas porque la subversión del orden constitucional no figura en sí (¡Madre mía!) como delito y a nadie se le ocurrió en 40 años. Participar en la elaboración de papeles, de opciones políticas, o cualquier acción hacia la independencia no es delito en una democracia que se precie. Si lo fuese, hasta quien esto escribe debería haber sido detenido hace tiempo por expresar ideas contra la constitución.

El auto del juez Llanera habla de participación en un Comité Estratégico del que habrían participado, o colaborado, estas personas que ahora se investiga (imputa) y que habrán de pasar por el juzgado a declarar con la posibilidad de prisión preventiva, salvable mediante fianza. Se recupera de esta forma, para España, una especie de macartismo que, de momento, no persigue a comunistas, sino a secesionistas. Aquello, las listas negras de comunistas, es una de las mayores manchas contra las libertades que se produjeron en EEUU (y eso que han tenido unas cuantas pese a lo que se suele decir). Ahora, perseguir a alguien por su ideas parece que es el nuevo estilo del gobierno del PP. En especial, la gran muñidora de todo esto, Soraya Sáenz de Santamaría. Por ella es la que ha ideado y ejecutado, con la complicidad del ministro de Justicia, Rafael Catalá, todo el proceso jurídico contra los independentistas.

Y lo que puede ser lógico en un caso, no lo es en otro. No. Porque hacer papeles o dar ideas, salvo que sean para privar a las personas de su bien primordial, la vida, mediante la comisión de atentados terroristas, no es delito. Es más, es un bien democrático que las personas puedan expresarse libremente, y más contra el orden instituido. La Constitución no es sacra, ni inquebrantable, ni perenne. Es sólo un acuerdo adoptado hace tiempo y, que por su misma naturaleza, puede ser revisado o superado por medio de la voluntad popular. Y lo que se expresó el 21 de diciembre de 2017 es la voluntad popular de Cataluña.

Se podrá discutir más o menos sobre el significado en sí, o sobre las soluciones futuras, pero es libre expresión. Algo que parecen no haber entendido las derechas españolas. Que, por cierto, están tan trufadas de nacionalismo racial y culturalista como los secesionistas. Pero están empeñadas en llevar a la cárcel a todo aquel que se oponga a su visión de España, a ese falso misticismo que agitan con tanta fruición como los secesionistas. España como unidad orgánica frente a Cataluña como unidad histórica. Dos mentiras para un conflicto que va a comenzar a quebrar completamente las libertades políticas de la ciudadanía española. Comenzando por convertir en presas políticas a Rovira, Gabriel, Pascal, Lloveras y Boyá.

Y lo peor de todo es que nadie ha dicho nada. Salvo que estén profundamente afectados por los diversos licores que se degustan estas fechas, no es comprensible que nadie se haya percatado de la diferencia política. Que nadie vea que esto ya no es un delito sino una persecución a políticos. Que nadie se oponga al Gobierno que apoya al fascismo en las calles. Que nadie de izquierdas se indigne por estas imputaciones. La capacidad del gobierno y sus medios de comunicación para adormecer las conciencias es peligroso e iliberal (como gustan decir los intelectuales orgánicos).

Los anticapis se rebelan contra Espinar

Se desconoce si lo hace adrede, o es pura coincidencia, pero Ramón Espinar ha cogido la manía de realizar cambios justo antes del comienzo de las fiestas del solsticio de invierno. Ha decidido relevar de la presidencia del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid a Marco Candela, para nombrar (el partido no él directamente) a Mónica García. Se entiende como un cambio de posicionamiento del pablismo madrileño en favor del errejonismo y frente a los anticapitalistas. Hace unas fechas ya se publicó en Diario 16 Mediterráneo que las purgas de anticapis se producirían poco a poco. Aunque en esta ocasión se explica desde la ejecutiva morada que se trata de acuerdos tomados hace tiempo entre los dos grupos.

Unos cambios que, se entiende, van a servir para potenciar la candidatura de Íñigo Errejón a la Comunidad de Madrid. Y, evidentemente, como producto del cambio en la secretaría general de Podemos Madrid ciudad. Por ello la incorporación de Julio Rodríguez. Otro destacado errejonista que pasa a formar parte de la dirección en la Asamblea, y que está haciendo una labor encomiable respecto a la investigación del despilfarro del PP madrileño, es Hugo Martínez Abarca. Y esos nombramientos en el Consejo de Coordinación han supuesto la defenestración de Isabel Serra, Raúl Camargo y Jacinto Morano.

Réplica del sector anticapitalista

Los cambios han sentado mal dentro del grupo anticapitalista, lo que se une a los problemas que está habiendo dentro de Ahora Madrid. Rechazan esos relevos por considerar que son contrarios al “mandato de los inscritos e inscritas de Podemos Comunidad de Madrid explicitado en la Asamblea Ciudadana Autonómica de hace año y medio y en la reciente asamblea municipal de la ciudad de Madrid para configurar la unidad desde la pluralidad”.

Acusan veladamente a Espinar de cambiar de opinión y salirse de los acuerdos alcanzados hace un año, cuando ganaron las primarias madrileñas y que entienden debería ir más allá de los procesos democráticos de escala menor: “Cuando entramos en este Consejo Ciudadano y en este Consejo de Coordinación lo hicimos en la base de un acuerdo político del que, más allá de las circunstancias y como se puede comprobar comparando el documento aprobado y la práctica diaria, nosotras no nos hemos movido”. Así pues entienden como desleal a Espinar.

También explican que, frente a la complejidad del entorno y el reto de las elecciones de 2019, sólo cabe la diversidad frente a la unidad que se parece querer establecer: “La construcción de una dirección más uniforme y controlada es menos útil para el proyecto político de cambio a través de la unidad popular y la acción política transformadora que nos marcamos en la asamblea ciudadana autonómica”. Y esa unidad, muy leninista, es contraproducente justo en estos momentos en que Podemos está sufriendo cierta persecución por parte de los aparatos del Estado. En especial las intervenciones del ministro Montoro. Tema en el cual no comparten la respuesta que quiere ofrecen Espinar.

“Que en vez de una discusión política y un debate de compañeros en la dirección autonómica de Podemos, se aparten preventivamente a las voces discrepantes creemos que es un mensaje equivocado sobre lo que queremos construir” han manifestado en un comunicado los anticapis. A todo ello, y con más de un tercio de los votos en las primarias de la capital (donde critican las intenciones de invisibilizar la candidatura de Serra), entienden que Espinar, y por ende Pablo Iglesias, no han comprendido “el mensaje de las bases de que unidad no significa uniformidad por mucho que se trate de definir así desde los órganos de poder”.

Tampoco entienden la justificación del cambio realizado. Por mucho que se quiera reformar el Consejo Ciudadano y el Consejo de coordinación “es no sólo un error político del modelo organizativo sino una ofensa a los propios círculos y su espíritu que, hasta ahora, han sabido gestionar las discrepancias y conjugar mucho mejor la pluralidad que los órganos y los dirigentes de esta organización”.

No se arredran desde el movimiento anticapitalista y avisan a futuro: “Nosotras, más allá de las consecuencias que internamente pueda acarrear, vamos a seguir defendiendo ese Podemos en el que creemos en todos los espacios donde podamos defenderlo. Como hemos dicho siempre, cuando nos pidan un paso atrás nos encontraran siempre dando cien pasos al frente”. Un problema de encaje que se le suscita a Espinar entre distintas lealtades y distintos proyectos. Un Podemos fuerte, en el que no tengan que sufrir algunas patochadas de diversos grupos que se aprovecharon (no los anticapis) del movimiento ciudadano, y se pueda competir cara a cara contra Cifuentes en las elecciones autonómicas (Aguado pese a ser de Ciudadanos es peso mosca).

“Vamos a seguir defendiendo un Podemos que se organice como proyecto plural y pluralista, un Podemos feminista, un Podemos radicalmente democrático que nunca renuncie a las primarias proporcionales ni a hacer el programa directamente con la ciudadanía, un Podemos transformador que no se plegue frente a las presiones de los poderes establecidos, un Podemos autónomo y no subordinado a las fuerzas del régimen, un Podemos vinculado a la sociedad civil y los movimientos sociales que sea tan fuerte como las fuerzas de las bases y la ciudadanía que moviliza. Seguiremos trabajando para conseguirlo” concluyen.

Condenados tres exaltos cargos del Gobierno de Murcia por la recalificación de un paraje protegido

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado por prevaricación a tres exaltos cargos del Gobierno murciano por la recalificación de la finca La Zerrichera, en Águilas, con varias figuras de protección medioambiental, para permitir construir 4.000 casas, hoteles de lujo y un campo de golf.

Los condenados son el ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el exjefe del Servicio de Calidad Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert; y la ex directora general de Medio Natural, Encarnación Muñoz.

Todos ellos han sido condenados por un delito de prevaricación, mientras que los dos primeros también han sido identificados como autores de un delito de falsedad documental.

En la resolución, se recoge la condena a Encarnación M.M a cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; a Juan Ignacio S.C a cinco años de inhabilitación especial, dos de prisión y multa de 1.350 euros por un delito de prevaricación e inhabilitación durante 1 año y 3 meses como autor de un delito de falsedad.

Por otro lado, la Audiencia condena a Antonio A.P a siete años de inhabilitación, dos años de prisión y multa de 1.350 euros por un delito de prevaricación e inhabilitación durante 1 año y tres meses por un delito de falsedad documental.

Finalmente, el tribunal ha absuelto a los exdirectivos de Urbanismo José María R.C y a Manuel Alfonso del delito de prevaricación, por el que también estaban acusados.

La Zerrichera, una finca ubicada en la Sierra de Almenara en Águilas, da nombre al caso que investigaba las presuntas irregularidades en la recalificación de este paraje, donde estaba previsto construir una urbanización con 4.000 viviendas, hoteles y campos de golf.

El proyecto urbanístico fue denunciado por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción y el Partido Socialista. En 2007, el caso fue abierto por el entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal.

González Veracruz: “No es de recibo que el Gobierno no informe a los trabajadores del aeropuerto de San Javier”

La diputada nacional socialista María González Veracruz ha indicado que no es de recibo que el Gobierno de España no informe a los trabajadores del aeropuerto de San Javier sobre su futuro, una vez que AENA ponga en marcha el aeropuerto de Corvera.

“Hemos preguntado al Ministerio Fomento qué planes tiene para los trabajadores del aeropuerto de San Javier. Estamos muy preocupados por su futuro y creemos que tiene que haber más transparencia y comunicación con ellos”, ha señalado.

“No es de recibo que se hayan enterado por la prensa, y por eso hemos preguntado al Gobierno cuáles son sus planes y si les parece normal que se hayan enterado por los medios de comunicación, en vez de informarles directamente, cuando lo que está en juego es su puesto de trabajo”, ha concluido.

 

La Asamblea Regional convoca un periodo extraordinario de sesiones para tratar el problema del Mar Menor

La Diputación Permanente de la Asamblea Regional de Murcia ha convocado período extraordinario de sesiones “para facilitar la tramitación del proyecto de ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor”.

Concretamente, el 10 de enero de 2018, a las 11,00 horas, se reunirá la Ponencia para el debate de las enmiendas formuladas al proyecto de ley, y el lunes, 15 de enero, a las 10,00, lo hará la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, para la elaboración del correspondiente dictamen.

La sesión plenaria en la que se procederá al debate y votación del dictamen de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua sobre el proyecto de ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, se celebrará a las 10,30 horas del 1 de febrero, fecha en que comienza el período ordinario de sesiones.

Cambio en el modelo agrícola

La diputada regional de Podemos, María Giménez, ha explicado que tras la primera reunión de la Ponencia que se encarga de debatir las medidas destinas a salvar el Mar Menor, su formación considera que “debe ser tan solo un primer paso para comenzar con la transición en el modelo agrícola del campo de Cartagena y así lograr la convivencia de nuestro campo con la sostenibilidad de la laguna”.

Giménez ha asegurado que ante la “desidia” del gobierno del Partido Popular, que “durante décadas ha mirado para otro lado”, gracias al trabajo que “hemos realizado en la Asamblea los distintos grupos de la oposición, vamos a lograr sacar medidas necesarias, urgentes y eficaces para comenzar a salvar el Mar Menor”.

Por eso, ha dicho la diputada, desde Podemos “vamos a ser férreos con las enmiendas que estamos terminando de perfilar en la Ponencia. No vamos a permitir que se mueva ninguna de las partes fundamentales de las medidas y esperemos, que nadie eluda sus responsabilidades a la hora de legislar”.

Giménez ha querido dejar claro que “vamos a sacar adelante las medidas urgentes que van directas la raíz del problema. Luego, continuaremos trabajando para que de verdad se haga una transición hacia un modelo agrícola distinto que nos permita ser referentes con nuestros productos del campo murciano, pero sobre todo referentes en el cuidado y respeto a nuestros recursos más valiosos, como es el Mar Menor y todo lo que ello implica para nuestra economía y turismo”.

Trabajadores del Hospital de Llíria representan una obra de teatro para pacientes y familiares

El grupo de teatro amateur Ment Sana, conformado por profesionales de Enfermería y Auxiliares de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Llíria, han representado, por segundo año consecutivo, una obra de teatro en el Hospital de Atención a Crónicos y Larga Estancia Doctor Moliner, con el objetivo de alegrar y divertir en estas fiestas navideñas a los pacientes ingresados en el hospital de Serra y sus familiares.

Así, los asistentes han podido disfrutar durante aproximadamente una hora de la interpretación de Don Quijote de la 5ª Planta, una versión libre y cómica basada en la obra cumbre de la literatura española y en la que han intervenido un total de 11 componentes de Ment Sana.

Cabe destacar también la elaboración artesanal de las indumentarias, por Carmen Sánchez, miembro del grupo de teatro, así como del decorado de la obra, en el que han colaborado pacientes de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Llíria. Realizando una enorme trabajo de creatividad para un marco tan especial, y reducido, como el elegido para llevar a cabo la representación.

Los integrantes del grupo de teatro Ment Sana han cumplido ya cinco años de existencia, con representaciones libres y cómicas inspiradas en famosas obras literarias (El fantasma de la Navidad, de Charles Dickens, Caperucita y El Lobo…), dirigidas a pacientes y sus familiares en épocas navideñas. Comenzaron cuando la Unidad de Psiquiatría se encontraba en el Hospital Arnau de Vilanova y han continuado tras el traslado de esta al Hospital de Llíria, a finales de marzo de 2015. Una vez más se muestra el humanismo de gran parte del cuerpo sanitario español.

Inversión Hogar y sus acreedoras reclaman 270 millones de daños y perjuicios al Santander

Inversión Hogar y sus acreedoras URCANSA y Fianzas y Crédito (Consorcio de Compensación de Seguros) han presentado tres recursos de apelación contra la sentencia de la Jueza Doña Blanca Rosa Bartolomé Collado titular del Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Madrid del pasado mes de octubre.

Solicitan a la Audiencia Provincial que declare la nulidad del contrato que firmaron Inversión Hogar y el Banco Santander en el año 1992 por infringir la paridad de trato de los acreedores. Reclaman casi 270 millones de euros al Banco Santander que se apropió de bienes de la suspensión de pagos de Inversión Hogar en fraude y perjuicio de los acreedores que llevan más de 25 años intentando cobrar sus créditos.

Inversión Hogar reprocha en su recurso que la sentencia oculte totalmente los argumentos expuestos en su contestación de 200 páginas y que no le permitiese proponer prueba con infracción de sus derechos a la tutela judicial efectiva y de defensa causándole indefensión.

Las recurrentes también reprochan que la sentencia recurrida haga una interpretación “sesgada” de las resoluciones de la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo dictadas en el anterior juicio de Mayor Cuantía 87/01, omitiendo pasajes fundamentales de las mismas en las que se declaraba la ilicitud y nulidad del contrato por infringir la paridad de trato de los acreedores, declaraciones que dieron pie a las acreedoras a presentar sus demandas con el apoyo y garantía de dichas declaraciones judiciales.

También exponen que, curiosamente, se omiten completamente las manifestaciones (“actos propios”) del Santander en el Mayor Cuantía 87/01 y su posterior recurso de apelación 752/06 en los que el banco reconoció de forma reiterativa que la “única finalidad” del contrato era cobrar su crédito ordinario de forma privilegiada en perjuicio del resto de 1.000 acreedores. Manifiestan que dicho cobro privilegiado vulnera el principio de igualdad de trato de los acreedores que rige y es la piedra angular del derecho concursal y que produce la nulidad del contrato como manifestó el Tribunal Supremo en el proceso anterior.

Destacan las recurrentes la curiosidad de que la sentencia recurrida declare precisamente todo lo contrario a lo que el Santander manifestó en el procedimiento anterior; y que el Santander, asesorado por Uría y Menéndez, dé una versión completamente diferente en el nuevo procedimiento con la finalidad de exonerarse de la responsabilidad por sus actos ilícitos incurriendo así en vulneración de sus “actos propios” y la buena fe procesal.

Imputan a la sentencia la omisión de la declaración del testigo del banco, José González Pino, jefe de precontencioso en los años 90 del Banco Santander, que negoció y firmó el contrato con Inversión Hogar, y que manifestó en sus declaraciones de ambos procedimientos, el anterior Mayor Cuantía 87/01 y el actual Juicio Ordinario 16/15, que la finalidad del contrato era el pago del crédito ordinario del banco, justamente todo lo contrario a lo que ha declarado la sentencia.

Manifiestan que también se han obviado otras pruebas documentales fundamentales que demuestran que la finalidad del contrato era que el Santander cobrase privilegiadamente su crédito ordinario, como son las escrituras en las que se transmitieron las cuatro fincas, entre ellas la de Mijas respecto de la que han denunciado que se produjo un presunto delito societario defraudando a los accionistas del Santander aproximadamente 50 Millones de euros.

Recriminan que no se haya tenido en cuenta que la finalidad del contrato de pago del crédito al Santander fuese ocultada por su ilicitud, como reconoció la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en el recurso de apelación 752/06, y que no se tuviera conocimiento de esa finalidad ilícita hasta que lo declaró la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2011. Dicen que la ocultación de la finalidad ilícita del contrato es una evidencia del dolo precontractual del Santander.

También imputan una fraudulenta actuación de los interventores judiciales (los Sres. Lluch Rovira y Guijarro Gómez, investigados en su día, a petición del Juez Decano y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el CGPJ y la Fiscalía por acaparar casi todas las quiebras y suspensiones de pagos de la época, y el Sr. Rama Villaverde) que, aprovechando la tramitación escrita del expediente de suspensión de pagos, incrementaron el crédito del Santander desde los 398 millones de pesetas, que el propio banco reconoció y se incluyó en la lista provisional, hasta los 1.019 millones de pesetas que se incluirían en el contrato con deudas de otras sociedades que no tenía que pagar Inversión Hogar; todo ello sin conocimiento de los acreedores de la suspensión de pagos a los que se privó de la posibilidad de impugnar ese aumento de crédito que fue ocultado a todos ellos.

Denuncian que el convenio que firmó el Santander con Inversión Hogar y cuya nulidad se solicita no fuese sometido a la aprobación de la Junta de acreedores y que tampoco recibiese la aprobación del Juzgado nº 20 de Madrid, en el que ya se encontraba Don Manuel Cristobal Zurdo el actual secretario judicial (funcionario judicial encargado de la ordenación y tramitación del proceso y de la fe pública judicial).

Argumentan que el precio que se fijó para las fincas que se entregaron y que el Santander se apropio era “vil e irrisorio” y que clara muestra de ello es que la finca urbanizable de Mijas de 480.000 m2 que había sido valorada por el propio Santander en más de 10 millones de euros en 1991 se valorase solamente en 1,8 millones de euros en el contrato y que posteriormente fuese vendida por 450.759 euros (menos de 1€/m2) a una sociedad, Vertientes de Calahonda, cuando la expropiación de una tercera parte ha sido justipreciada por el Jurado Provincial de Expropiación de Málaga en más de 20 millones de euros.

Dicha sociedad compradora sería supuestamente la testaferra de la familia Botín y/o los miembros del comité ejecutivo del Banco Santander, en la que aparecen testaferros de Liechtenstein, los hermanos Batliner, conocidos internacionalmente por haber sido investigados por los servicios secretos alemanes, la Asamblea Nacional francesa, el Senado USA o la DEA por escándalos de blanqueo de capitales de narcos de los cárteles de Calí y Medellín como Pablo Escobar, dictadores como Ferdinand Marcos y Mobutu, políticos de la CDU alemana, banqueros del Dresdner Bank o Banesto, mafiosos y criminales rusos. Dichos testaferros comparten aficiones como la música con Paloma O´Shea con la que Herbert Batliner forma parte del Festival de Música de Lucerna. Entre los testaferros se encuentra también Joaquín Alberto Arrupe Ferreira abogado del banco y de otras empresas del Grupo Santander que continúa como abogado del grupo en la actualidad. También estaría involucrado Jaime Queipo de Llano Comyn conocido fiduciario español involucrado en escándalos del grupo Eurofinsa por sobornos en Angola que fueron investigados por la Audiencia Nacional. Las recurrentes piden la declaración testifical de estos testaferros españoles.

Recriminan que la sentencia permita al Banco Santander, defendido por el despacho Uría y Menéndez, que en el actual procedimiento ordinario 16/15 mantenga una versión completamente contraria a la que mantuvo en el anterior Mayor Cuantía 87/01. Dicen que la actitud procesal del banco vulnera la buena fe procesal y la doctrina de los “actos propios” porque el Santander mantenía en el anterior juicio que la “única finalidad” del contrato era el pago de su crédito y que no era concederle una financiación a Inversión Hogar para que saliese de la suspensión de pagos, y en el actual procedimiento, incomprensible e ilícitamente, mantienen justamente todo lo contrario diciendo que la finalidad era concederle financiación a Inversión Hogar para que saliese de la suspensión de pagos.

Las recurrentes mantienen que el Santander tenía como única intención cobrar su crédito ordinario de forma privilegiada, como suele ser su “modus operandi” habitual en todos los procesos concursales y que nunca tuvo la más mínima intención de conceder ninguna financiación a Inversión Hogar, por cuanto ya se negó a acabar de desembolsar la financiación para la terminación de unas promociones de 106 viviendas en Mairena del Aljarafe (Sevilla) dejando sin viviendas a las 106 familias compradoras. Mantienen las recurrentes que si el banco no quiso terminar de desembolsar esos préstamos para acabar la construcción de esas viviendas es clara evidencia de que tampoco concedería la financiación de 614 millones de pesetas que fingió comprometerse a conceder para conseguir la firma del contrato engañando así a Inversión Hogar. Además, mantienen que el Banco Santander fue la única entidad bancaria que se negó a terminar las obras paralizadas por la suspensión de pagos cuando el resto de bancos y cajas llegaron todos a acuerdos para terminar hasta 1.200 viviendas. Mantienen las recurrentes que el Banco no tenía ningún interés en el buen fin de la suspensión de pagos y que amenazaron con abocarlos a la quiebra si no se firmaba el contrato. De hecho, el Santander con su negativa a terminar las viviendas de Mairena del Aljarafe propiciaron una querella, aplicando su manual y “modus operandi” habitual, contra los directivos de Inversión Hogar de la que saldrían finalmente absueltos.

Fuentes bien informadas mantienen que el “libro de estilo”, mal estilo, del Santander influido por el libro de cabecera del difunto Emilio Botín “El arte de la guerra”, incluye la práctica, repetida en múltiples ocasiones, de presionar/coaccionar a los empresarios con deudas con el banco para conseguir garantías adicionales y si se niegan a ello los involucran en procesos penales. Así ocurrió con los directivos de Inversión Hogar que se vieron involucrados en un proceso penal, del que finalmente saldrían absueltos, provocado porque el banco se negó a terminar las 100 viviendas de Mairena del Aljarafe y los compradores se querellaron contra los directivos de Inversión Hogar. De manera similar ocurrió con el Grupo Harry Walker y sus socios Pedro Olabarría Delclaux y los hermanos Romero García contra los que Banesto capitaneado por Alfredo Saenz interpuso una falsa querella de la que serían absueltos y tuvo como consecuencia la condena del ex consejero delegado del Santander por falsa denuncia. Caso similar se ha producido con Abengoa y Felipe Benjumea cuya dimisión fue exigida por Rodrigo Echenique para financiar a Abengoa para evitar su concurso. Tras la dimisión de Felipe Benjumea, el Santander no refinanció a Abengoa y Felipe Benjumea ha sido recientemente juzgado por la Audiencia Nacional.

El mismo “modus operandi” o “libro de estilo” del Banco Santander se produce en su actuación en los procesos concursales en los que se ve involucrado, en los que trata de cobrar sus créditos ordinarios de forma privilegiada sin someterse a las quitas y esperas que sufren los demás acreedores. Estos hechos y otros fraudes ya fueron constatados por el periodista José Manuel Novoa (q.e.p.d.) cuando fue presidente de la asociación empresarial APROC (Acreedores en Procesos Concursales) y así contaba en su blog “ataque al poder” como las entidades bancarías eran las únicas que cobraban en los procesos concursales dejando al resto de acreedores sin cobrar.

También reprochan las recurrentes que la Jueza consienta un enriquecimiento injusto que se produce al quedarse el Banco Santander con bienes valorados en más de 70 millones de euros sin haber puesto ni un solo euro. Mantienen que Inversión Hogar no incumplió sus obligaciones por cuanto entregó 300 millones de pesetas en efectivo y las cuatro fincas al Banco Santander valoradas en más de 70 millones de euros lo que evidencia su manifiesta intención de cumplir sus obligaciones y que fue el banco el incumplidor que se quedó con todo ese patrimonio sin contraprestación de ningún tipo y en fraude de los más de 1.000 acreedores de Inversión Hogar. Mantienen que si Inversión Hogar no hubiese tenido intención de cumplir no hubieran sido tan necios de entregar al Santander los 300 millones de pesetas en efectivo y las cuatro fincas con valor superior a los 70 millones de euros despatrimonializándose por completo.

Mantienen igualmente las recurrentes que no se ha producido ninguna caducidad ni prescripción de las demandas de las acreedoras porque se les ocultó el contenido del contrato y su finalidad ilícita y solamente pudieron demandar a partir de que el Tribunal Supremo, en octubre de 2011, determinó que la finalidad del contrato era el pago del crédito ordinario del banco, finalidad que causaría la nulidad del contrato.

Mantienen que fue la propia sentencia del Tribunal Supremo la que les abrió las puertas y mostró el camino para solicitar la nulidad del contrato por infracción del principio de paridad de trato de los acreedores.

Manifiestan que si no interpusieron antes sus demandas es porque existía un procedimiento en curso que era el Mayor Cuantía 87/01 que en primera instancia condenó al Banco Santander a pagar más de 70 millones de euros y que hasta que dicho proceso no terminó con sentencia firme no podían interponer otras demandas porque se podía producir una sentencia condenatoria para el banco que le obligase a indemnizar a Inversión Hogar de manera que los acreedores pudieran cobrar sus créditos lo que haría innecesaria la demanda y que además iniciar un nuevo proceso estando pendiente de resolución el anterior produciría una “prejudicialidad” que impedía la presentación y tramitación de otras demandas.

Las recurrentes solicitan la declaración de Ana Patricia Botín y Rodrigo Echenique como miembros de la comisión ejecutiva y consejero delegado del banco en aquellos años de la negociación del contrato y por su presunta intervención, como miembros del comité ejecutivo, en la operación de Mijas con fraude a los accionistas del Santander. Ya anteriormente solicitaron la declaración de Ana Patricia Botín, pero la jueza se negó a llevarla a declarar.

En definitiva, solicitan que se indemnicen los daños y perjuicios causados a Inversión Hogar que se evaluaron en un informe pericial judicial en más de 260 millones de euros, para con ellos poder pagar a todos los acreedores tras 25 años de espera.

Coag reclama un Plan Hidrológico Regional para «ser independientes en materia de agua»

El presidente de Coag-Murcia y Secretario de Organización estatal de esta organización, Miguel Padilla ha presentado los datos de su balance del año 2017 asegurando que «la experiencia de décadas, para los  agricultores y ganaderos que necesitamos el agua todos los días, es que nos prometen soluciones que nunca llegan».

En una comparecencia ante los medios informativos murcianos, el responsable agrario ha afirmado que «necesitamos el agua y creemos que esta región, sin renunciar a trasvases, necesita un Plan Hidrológico regional» porque «nos permitirá saber cuánta agua tenemos, dónde está y cómo podemos disponer de ella». Para lograrlo, Padilla ha solicitado «a todas las fuerzas políticas que nos sentemos a trabajar para analizar la necesidad de interconexiones y, paralelamente a reivindicar trasvases, trabajar en dos o tres desaladoras en la región».

Padilla también ha reclamado «más fondos para la agricultura, para reactivar los planes de mejora y en especial para favorecer la contratación de seguros agrarios que nos permitan afrontar situaciones como la actual, sin lluvias, con frío persistente y con amenaza de tormentas».

Y es que, según Padilla, «ante el cambio climático, la región necesita un plan estratégico para el secano, que supone el 85% de las explotaciones y que favorecerá que el secano aporte beneficios importantes como captación CO2, y evitará que se despueblen pedanías y municipios rurales».

Respecto a los cultivos, el presidente de COAG ha señalado que en el almendro la cosecha ha sido superior a 2016, ocho millones frente a los cuatro o cinco de 2016. En la aceituna también ha aumentado la producción, aunque no se puede cifrar porque se encuentra en plena cosecha y en la viña ha descendido un 10 por ciento.

Asimismo, frutas como la sandía los precios han sido «catastróficos» y ha recordado que la distribución puso precios bajos que ha mantenido y e incluso ha seguido bajando, señalando este como uno de los sectores que ha salido muy perjudicado este año.

El presidente de COAG ha llamado la atención sobre el hecho de que el 30% de la producción se ha ido a otras zonas o se compra de otras zonas», no solo limítrofes como Navarra, Extremadura y Andalucía, manifestando su esperanza en que este «sea un hecho coyuntural, ya que si no lo es, se va a deslocalizar producción, mano de obra y maquinaria».

Del mismo modo, desde la Coag han señalado que a nivel nacional el consumo de frutas y hortalizas ha bajado un 5%, un dato calificado de «preocupante».

Respecto a la ganadería, COAG ha tachado de «razonables» los precios de porcino, ovino y vacuno, aunque destaca que tanto el ovino como el vacuno se mantienen por la actividad exportadora de las explotaciones.

Por último, Miguel Padilla ha finalizado llevando a cabo una «reflexión con respecto al informe de la Fiscalía sobre la situación del Mar Menor, respetando a la justicia siempre» y ha afirmado que «nos sorprende que solamente aparezca el sector agrario como culpable cuando otros sectores como el turístico en plena expansión urbanística en toda la zona no aparecen».