Como venimos informando desde hace meses en Diario16, el caso Banco Popular sólo tenía un objetivo: rescatar al Santander porque la situación real de la entidad cántabra era muy delicada por diferentes causas, entre las que destacan la exposición a los efectos del Brexit y los vaivenes en la economía de México y Brasil, principalmente, aunque también por la inestabilidad de los ciclos en toda Latinoamérica. La necesidad de mejorar los resultados del 2.017 está haciendo que el Santander esté realizando operaciones constantes, tanto corporativas como contables. No hay nada más cruel que las cifras, incluso cuando se manipulan con juegos de hoja de cálculo y, sobre todo, cuando la mejora de resultados se está logrando gracias a la ruina de 305.000 familias.
Según los datos ofrecidos por las auditorías independientes nacionales e internacionales de las cuentas del Santander y del Popular, podemos comprobar un dato que demuestra que en la entidad presidida por Ana Patricia Botín hay prisa para rentabilizar la operación: el Santander ya ha vendido 6.980 millones de activos no corrientes del Popular, lo que significa un 78% del valor medio ponderado de estos activos de 9.000 millones en los últimos años. Sin embargo, el Santander dio otros datos a la Asociación Española de la Banca (AEB) cuando contabilizó un importe de 12.431 millones, un descuadre que incluso para los auditores más expertos es inexplicable.
Otro aspecto que tiene poca explicación es el referido a los saldos en efectivo en bancos y otros depósitos que se incrementa a 30/06/2017 en 4.310 millones de euros y en inversiones conjuntas asociadas en 5.401 millones respecto a 31/12/2016, cuando esos dos capítulos en los últimos balances del Banco Popular son un 75 % menores. ¿Magia contable o, simplemente, se están aplicando los valores del Popular para ir arreglando las cuentas del Santander moviendo las cifras de unos asientos a otros en dependencia de cuál es el asiento más necesitado de una revisión?
La operación comenzó a implementarse a partir de la salida de Ángel Ron y esto se puede comprobar en el comportamiento de los recursos de clientes. Durante los años 2.014, 2.015 y 2.016 se mantienen muy estables, con una media de 85.000 millones. En 2.017 comienza a haber un deterioro que se sale de esta estabilidad y, sobre todo, a partir de las declaraciones de Elke König, que es cuando realmente se produce un mayor deterioro por las masivas retiradas de depósitos que provocaron unas palabras irresponsables y, presuntamente, interesadas, unas declaraciones que fueron un ataque frontal contra la línea de flotación que se tradujo en la salida de recursos y, por consiguiente, en una menor liquidez. El día 5 de junio el Popular tiene 60.803 millones de euros en depósitos. Desde el 29 de marzo las salidas de depósitos se cuantifican en 15.091 millones de los que 14.000 salieron en la semana y los días previos a la intervención.
Sólo un 10,19% de los clientes particulares retiraron sus depósitos del Popular. Respecto a las Pymes sólo un 22,67%, es decir, menos de una cuarta parte. Apenas una tercera parte de los organismos públicos retiraron sus depósitos, teniendo en cuenta que hubo algunos, como la CNMC, que sacaron de golpe 1.000 millones de euros. Las grandes fugas de depósitos fueron provocadas por las grandes empresas (60,78%), principalmente del sector financiero, y por las empresas públicas (57,52%). Este dato demuestra cómo había demasiada gente muy importante en todos los ámbitos y centros de poder que estaba muy interesada en que el Santander fuera rescatado a costa de la ruina de 305.000 familias.
Decepcionante y esperada ha sido la comparecencia de Elke König en la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia del Congreso de los Diputados. Decepcionante porque no ha dado ninguna respuesta que aclarara lo que sucedió aquella madrugada del 6 al 7 de junio. Tampoco se esperaba otra cosa.
En sus explicaciones iniciales König ha mantenido la versión de que el Popular fue intervenido por falta de liquidez y que no había otra solución más que la resolución de la entidad. Por otra parte, ha incidido en el hecho de que no se han hecho públicos los distintos informes por los que se tomó la decisión porque hubiesen afectado gravemente tanto al sistema financiero europeo como al propio Banco de Santander. ¿Al Banco de Santander? ¿Y las más de 305.000 familias arruinadas? ¿Han pagado el precio para mantener la estabilidad del sistema bancario de la Unión Europea?
A continuación han intervenido los distintos portavoces. El primer turno le ha correspondido a Alberto Montero de Unidos Podemos, quien ha recriminado el hecho de que negar el acceso al informe de Deloitte al Congreso es un ataque contra la soberanía popular que representa la cámara. Por otro lado, ha interrogado a König sobre las posibles soluciones que se pudieron adoptar antes de llegar a la resolución haciendo hincapié en el hecho de que hubo ofertas para ampliar capital —mostrando las cartas de Barclays y de Deutsche Bank publicadas por Diario16— que hubiesen resuelto la situación si se hubiesen tenido en cuenta. Montero hizo una reflexión sobre cómo el Santander se está beneficiando de la operación, poniendo ejemplos como la venta del patrimonio inmobiliario a BlackStone o que el Santander ahora es líder de un nicho de mercado en el que antes no lo era. También preguntó acerca de la responsabilidad que tuvo ella con sus declaraciones a Bloomberg y a Reuters que provocaron la salida de depósitos.
Carta enviada por Deutsche Bank a Emilio Saracho el día 5 de junio
El siguiente turno fue para Pedro Saura, del Grupo Socialista, quien ha hecho hincapié en el hecho de que la decisión de intervenir al Popular ya estaba tomada de antemano porque convenía políticamente tanto a Luis de Guindos como a las propias instituciones europeas. «La idea de que la decisión de intervenir el Banco Popular estuvo tomada de antemano, es que la Junta Única de Resolución utilizó una herramienta de insolvencia cuando todas las autoridades nos dijeron que el Banco Popular tenía un problema de liquidez y no de solvencia», ha explicado el portavoz socialista de Economía. Saura también ha denunciado la falta de transparencia en el caso del Banco Popular. «Se ha negado a publicar el informe de Deloitte, a entregarlo a esta comisión de investigación», ha recordado. También ha criticado la falta de transparencia y las filtraciones de la JUR. «La mayoría de españoles no entienden cómo se les cae el sexto banco de nuestro país a las autoridades económicas españolas y europeas, y que se laven las manos y miren para otro lado».
Carta enviada por Barclays Bank al Popular el día 3 de junio
A continuación, ha intervenido el Partido Popular. La intervención de Carlos Floriano ha sido un verdadero despropósito. En primer lugar, ha afirmado que la resolución del Popular ha evitado riesgos para la zona euro echando en cara a todos aquellos que están criticando la falta de transparencia porque pone en duda el propio proyecto europeo. Por tanto, el Grupo Popular ha demostrado que está del lado de la intervención y del Santander en vez de defender a los legítimos dueños del Banco Popular que fueron despojados de sus patrimonios con nocturnidad y alevosía. Esta defensa de la decisión de la JUR de entregar el Popular por un euro al Santander podría ser catalogado como un nuevo modo de presunta corrupción puesto que la propia operación está llena de dudas y que se hayan puesto los aparatos del Estado a disposición de una entidad privada, por muy sistémica que sea, es un comportamiento presuntamente corrupto. Un nuevo modo de entender lo que ocurrió en la Gürtel. No se puede entender cómo el partido que sustenta a un gobierno puede ponerse del lado de las élites en vez de defender al depositario de la soberanía popular, que es su deber. ¿O es que ya hemos entrado en la confusión de interpretar que los intereses de España son los mismos que los del Santander? Para salir del paso Floriano ha hecho una serie de preguntas, pellizcos de monja, donde la más incisiva ha sido sobre si hubo más de una oferta para adquirir al Popular.
Idoia Sagastizabal, por el grupo vasco ha hecho mucho inciso en aspectos técnicos como, por ejemplo, si el Popular incumplió en algún momento las ratios LCR, sobre el cumplimiento de las auditorías de capital o sobre la superación del Popular de los test de estrés. Si todo esto se estaba cumpliendo, ¿por qué se declara la quiebra del Popular? No ha hecho ninguna mención a las ofertas de ampliación de capital, a la no intervención de los reguladores españoles o al propio Banco de Santander.
Finalmente, el Grupo Ciudadanos, a través de su portavoz Francisco de la Torre, ha afirmado, directamente que «no entendemos nada» porque no se sabe si realmente el Popular tenía un problema de solvencia o de liquidez, por qué se seleccionó a Deloitte y no a otra auditora o, principalmente, por qué se prescindió de los inspectores del Banco de España para determinar si el Popular debía o no ser intervenido. De la Torre ha hecho referencia a la solución adoptada con los bancos italianos que no supuso la ruina de sus pequeños accionistas y la que se tomó con el Popular, además de incidir en que si un banco supera los test de estrés y las auditorías correspondientes no es muy normal que en pocos meses quiebre.
El rostro de Elke König era un poema y tras las interpelaciones de los portavoces se decidió hacer un receso. Tras éste intervino la presidenta de la JUR. En primer lugar, justificó la opacidad en el riesgo de desestabilización del sistema financiero europeo. En segundo lugar, refiriéndose a Deloitte, afirmó que la JUR tiene la obligación de contratar a un experto independiente antes de intervenir a una entidad. Negó que hubiera conflicto de intereses por el hecho de que hubiera sido la auditora del Santander y confirmó lo que muchos llevamos intuyendo: el informe se estaba realizando varios días antes de la intervención. En tercer lugar, en referencia a que el Popular superara los test de estrés, König ha dicho que esos test no evalúan la liquidez y ha incidido en que el banco estaba quebrado en la tarde del 6 de junio. En cuarto lugar, ha confirmado lo que muchos sospechábamos: la JUR no tenía constancia de las ofertas de Barclays y de Deutsche Bank para ampliar capital, algo que se entiende puesto que Saracho no las comunicó ni siquiera al Consejo de Administración. En quinto lugar, König ha reconocido que el BCE pudo haber ayudado más al Popular en lo referente a la liquidez y que a partir de ahora se hará de otro modo. Además, ha afirmado que el problema de liquidez del banco era consecuencia de las decisiones erróneas adoptadas en la búsqueda de entrada de capital, es decir, que culpa a Saracho. En sexto lugar, referente a su responsabilidad en la crisis de liquidez por sus declaraciones, ha dicho que lo que dijo al periodista de Bloomberg fue un modo de quitárselo de encima, de darle a entender que no iba a hacer más declaraciones, y de la filtración a Reuters dice que no fue ella porque estaba en Estados Unidos, como si en un mundo global esto fuera una coartada válida. En séptimo lugar, ha negado que la intervención se hiciera para favorecer al Santander, pero no ha dado razones de ello. En octavo lugar, respecto a la subasta ha confirmado que no hubo más ofertas que la del Santander, pero tampoco existieron conversaciones con otras entidades.
Carta del Popular a la JUR informando de la situación «likely to fail» del Popular
Finalmente, tras intentar justificar los distintos criterios adoptados por la JUR respecto a los bancos italianos y al Popular, König ha finalizado su intervención. La presidenta de la Comisión, Ana Oramas, ha sido contundente ya que dejado claro que la presidenta de la Junta Única de Resolución no había contestado a ninguna de las preguntas de los portavoces (tal vez a alguna de Floriano) y que había perdido una oportunidad de dar tranquilidad a las más de 305.000 familias arruinadas. Por esta razón, adelantó que los portavoces, al no tener réplica, le remitirían una batería de preguntas para que las respondiera por escrito. Por otro lado, Oramas echado en cara la negativa de la JUR a facilitar los informes al Congreso de los Diputados porque es una cámara de representación del pueblo español y no un despacho de abogados.
Todo lo que ha dicho König entraba dentro del guion esperado, pero todos y cada una de sus explicaciones quedan rebatidas con la propia documentación que Diario16 ha publicado y que ha sido entregada a la Audiencia Nacional. La resolución del Popular estaba decidida desde hacía meses y el único candidato posible para hacerse con la sexta entidad financiera de España era el Santander. Además, la intervención se adopta a través de un documento presuntamente falso con una firma presuntamente falsa. El Popular hubiera tenido solución si Emilio Saracho no hubiese realizado todas las operaciones y aplicado todas las estrategias posibles para rebajar el valor del banco, crear pánico en los clientes y filtrar información interesada a medios y entidades. El Popular no estaba quebrado porque si así lo hubiese estado el Santander no hubiese obtenido los 18.000 millones de euros que ya se ha apuntado en sus cuentas ni se apuntará los 43.000 previstos para final de año. Si el Popular era un banco quebrado, ¿por qué el Santander está obteniendo beneficios al ritmo en que los está obteniendo? Además, ¿cómo se puede considerar quebrado una entidad con unos depósitos de más de 60.000 millones de euros, tal y como reconoció el propio Saracho en la última reunión del Consejo de Administración. Además, el propio Saracho reconoció que aún no había habido incumplimientos significativos de las obligaciones del Popular. Por otro lado, en las instrucciones sobre cómo comunicar la inviabilidad que recibió el secretario del Consejo, Joaquín Hervada, del despacho de abogados del Santander, se afirma claramente que ni ha habido incumplimientos ni, una vez comunicada la inviabilidad, se tendría que intervenir de manera inmediata al Popular. Por la tarde del día 6 de junio se envió a la JUR el documento presuntamente falso y con una firma que nadie sabe de quién era, y en apenas unas horas se intervino a la entidad.
Además, hay un hecho que demuestra que la decisión estaba tomada y que publicamos en Diario16 la pasada semana: el Santander comunicó al mercado que ampliaba capital en 7.000 millones en la mañana del día 6 de junio, cuando aún no se había celebrado la reunión del Consejo del Popular ni, por consiguiente, se declaró la inviabilidad.
Pedro Saura, del Grupo Socialista, ha afirmado que De Guindos tenía intereses políticos en la caída del Popular. Un hecho que podría demostrarlo es la no intervención de las entidades reguladoras dependientes del Ministerio de Economía.
Lo ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados es una muestra de cómo los partidos de la derecha están alineados con las élites representadas en el Santander. Sí que había intereses y la necesidad de rescatar a una entidad sistémica de una situación muy difícil.
Robert Helein decía que «lo malo de las conspiraciones es que se pudren por dentro». Los códigos éticos de comportamiento por necesidades de Estado no siempre pueden ser justificados con criterios de posicionamiento de una determinada ideología o manera de pensar porque se está traicionando las esencias éticas de cualquier forma de aplicar el poder. Esto se aplica también a la Justicia, al poder Ejecutivo y al Legislativo. Lo que no se puede pretender es asimilar los intereses del Estado con los de una entidad privada porque, señor Floriano, eso es un modo de corrupción. La dignidad de las personas no se ciñe a un modelo como el europeo y justificar la ruina de más de 305.000 familias en los intereses del Estado o en la estabilidad del modelo de Europa no es más que una forma de corromper el valor unigénito que corresponde a quien ha recibido el mandato de un pueblo de gobernar para los gobernados y no para satisfacer los intereses de las élites públicas ni, por supuesto, de las privadas.
La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Elena Ruiz, ha presentado hoy la campaña coeducativa anual del Juego y el Juguete no Sexista y no Violento 2017-2018, una iniciativa que cada año lanza el Instituto antes de las navidades, con el fin de promover en las familias la compra responsable de juegos y juguetes. La campaña, bajo el lema En la infancia comienza el juego, pone este año el acento en la importancia de la elección de los juguetes por parte de las familias para ayudar a los menores a ser lo que quieran ser.
Así, la directora ha explicado que los juguetes son los medios a través de los cuales “las niñas y los niños aprenden a relacionarse, a sociabilizarse, a adoptar normas y roles de conducta y a desarrollar sus gustos, construyendo así las personas que serán en un futuro”. Por ello, Ruiz ha insistido en la necesidad de elegir juguetes que ayuden a promover la capacidad personal de cada menor, sin distinción de género. Asimismo, ha animado a la elección de juegos para cooperar y compartir espacios, especialmente los domésticos en el caso de los niños. “Si queremos que nuestras niñas lleguen a ser lo que quieran ser, no les limitemos sólo a juegos que les enseñen las tareas de los cuidados… y si queremos que nuestros niños sean hombres que se corresponsabilicen, permitamos entonces que jueguen a cuidar de bebés o a cocinar”, ha señalado.
La campaña, dirigida a la ciudadanía en general, y en especial a las familias y a la comunidad educativa, consta de un spot de televisión que se emitirá en horario infantil para contrarrestar “el bombardeo publicitario”. El spot se complementa con una cuña en radio y la difusión en redes sociales y en los canales de la Consejería de Educación, así como del Decálogo del juego y el juguete no sexista y no violento, que será utilizado en las aulas como material didáctico.
Según ha recordado la directora, las compras navideñas acaparan el 70% de las ventas anuales de juegos y juguetes, lo que significa que “nuestras niñas y niños jugarán durante todo el año con los juguetes que elijamos ahora, por lo que la elección debe estar bien reflexionada y ajena a la presión publicitaria de esta época del año”.
El diputado nacional de Podemos Javier Sánchez Serna ha presentado diversas preguntas en el Congreso acerca del nombramiento del exdiputado del PP Andrés Ayala como consejero del Administrador de Infraestructuras Ferroviaras (Adif), entre ellas las razones técnicas, méritos profesionales y de experiencia para obtener el cargo. Ayala, que desde finales de octubre ostenta el cargo de presidente de la oficina anticorrupción del Partido Popular, fue nombrado a escondidas por el Ministerio de Fomento, hace casi un año, como consejero de Adif.
Según el parlamentario de Podemos, «la opacidad con la que el Gobierno ha puesto a Andrés Ayala como cargo de Adif y los escasos datos que tenemos acerca de este nombramiento, nos hace pensar que ha puesto al lobo a cuidar de las gallinas».
Sánchez Serna ha explicado que el Gobierno «debe responder a muchas interrogantes que quedan abiertas tras el nombramiento de Andrés Ayala. Como el motivo por el que no aparece en el Portal de Transparencia la contratación del exdiputado del PP por parte de ADIF».
Tampoco, ha dicho el diputado de Podemos, «sabemos cuánto va a cobrar, algo que debe ser público. También nos resulta muy extraño que hayamos conocido dicho contrato a través de la Bolsa de Irlanda. Todos los procedimientos en esta contratación son ‘made in Partido Popular’. Están muy alejados de lo que debe ser un cargo público que debe salvaguardar los intereses del dinero de todos y todas».
Asimismo, ha preguntado sobre si el gobierno sabe si el Grupo Orenes tiene algún contrato con ADIF o Renfe. «Es una cuestión muy relevante», ha añadido el diputado nacional de Podemos Región de Murcia en el Congreso, puesto que sabemos «que ambas empresas, Orenes y AENA, han tenido negocios en común que han dado las mejores cuentas del Grupo Orenes en los últimos años. Casualmente, Ayala también está contratado por Orenes, aunque para nosotros, este tipo de coincidencias son las que han hecho que muchos cargos populares se hayan enriquecido a costa de toda la ciudadanía».
Por último, Sánchez Serna ha recordado que el ex diputado del PP, Andrés Ayala, es el presidente de la Oficina del Cargo Popular, ente «supuestamente encargado de luchar contra la corrupción de los miembros del PP».
Por eso, ha incidido el diputado de Podemos, «queremos saber cuál va a ser la misión de Ayala como miembro de ADIF. Tras conocer los casos de malversación, sobrecostes y sobornos vinculados a las obras del AVE, queremos que el gobierno de Rajoy nos explique si Andrés Ayala es el indicado para levantar alfombras y proteger los bienes públicos de las prácticas corruptas».
Está bien potenciar los productos del terruño. Y más en épocas navideñas de consumo desatado y comidas como si se fuera a acabar el mundo. Pero llegar a la exageración y lo estrambótico, rozando lo megalomaníaco, es pasarse. Desde la Generalitat valenciana han lanzado la campaña El Nadal és Valencià para promover los productos valencianos. Nada escandaloso sino fuera por la exageración a la que han llegado los publicistas y la dirigencia política valenciana. Una reafirmación del sentir valenciano como ente nacional e identidad propia.
“Es evidente que la El Nadal és Valencià, porque no hay ningún producto asociado a la Navidad que no sea valenciano. No queremos capitalizar ni patrimonializar estas fiestas, pero es imposible encontrar un territorio que tenga todos estos productos” ha manifestado Ximo Puig, el president de la Generalitat. Patrimonializar no, seguramente, pero exagerar bastante más de lo habitual en un dirigente político. Resulta que los polvorones ya no son de la Estepa, ni los mazapanes de Toledo, ni las frutas de Aragón de Aragón… salvo que no nos hayamos enterado y esas regiones formen parte del Reino de Valencia. Que tal y como está España hasta podría ser posible.
Pero no sólo ha sido Puig, la directora general Relaciones Informativas y Promoción Institucional, Marta Hortelano, ha asegurado que los valencianos son “los mejores del mundo haciendo navidad”, y ha explicado que este año también se ha querido apostar por las redes sociales para compartir los productos de la campaña, así como los sentimientos que despiertan. “Nuestros productos son productores de felicidad y, como hoy en día todo lo que nos produce alegría lo compartimos en redes sociales, hemos decidido que el protagonista de la campaña también tenía que ser el hashtag», ha incidido Hortelano.
Casi que lo ponen peor. Con total seguridad el turrón produce felicidad, el de Jijona y el de Alicante, y que los juguetes de Ibi también, menos a quienes se gastan un dineral o quienes por ser pobres no acceden a ellos, como sucede con numerosas familias españolas. Pero ni todo el turrón se produce en Valencia, ni todos los juguetes, ni todo lo relacionado con la navidad. Tener el supuesto cáliz de la última cena en la catedral de Valencia no sirve para que la navidad, que supuestamente pasó 33 años antes del uso de ese cuenco, sea una exclusividad valenciana. Salvo que se quiera potenciar un nacionalismo de baja intensidad en tiempos convulsos e identitarios.
Sólo les ha faltado indicar que papá Noel cuando termina el 25 de diciembre el trabajo se marcha a descansar en Benidorm. O que Gaspar era de Elda, por ejemplo. “La Navidad es un gran producto turístico que tiene mucho que ver con la singularidad y la diferenciación de lo que somos los valencianos por todo el mundo” ha manifestado Francesc Colomer. Así que lo de papá Noel hubiese sido muy impactante también. Pero sin utilizar la canción de Los Nikis, No vuelvo a Benidorm, a ser posible.
Cada región y familia celebra la navidad como mejor puede o sabe. Ni unos son mejores, ni otros menos. Algo que aún no deben haber entendido los alcaldes y alcaldesas de España que compiten por la iluminación más hortera y más lumínica del país. Así que la apreciación valenciana no deja de esconder un chauvinismo que nada tiene que ver con los valores que el cristianismo ha desarrollado para el solsticio de invierno. Lo de la humildad parece que no va Puig y demás personas del gobierno del cambio. Mejor pensar en todas esas personas que no podrán celebrar nada por estar bajo la pobreza más absoluta o la enfermedad. O mejor no pensar en nada para la próxima navidad.
El secretario general del PSRM-PSOE y alcalde de Alhama, Diego Conesa, ha asegurado que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) va tarde y mal, y ahora quiere buscar una alianza de corresponsabilidades. “Pero aquí hay un único responsable, que es el Gobierno de Rajoy y su brazo político en materia hidráulica en la zona, que es la CHS”.
Conesa ha hecho estas declaraciones tras asistir a una reunión en la que la CHS ha planteado a los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, tanto de la Región de Murcia, como de Alicante y Albacete, empezar a tomar medidas para intentar reducir un 15 por ciento el consumo de agua en estos municipios.
“No se han tenido en cuenta las medidas y previsiones que se tenían que haber tomado hace ya muchos meses. Incluso esta reunión se tenía que haber realizado hace bastantes meses, con los indicadores que teníamos en septiembre de 2016 ya se tenía que haber celebrado”, ha señalado.
En su opinión, se trata de una medida que puede estar bien, “pero es a todas luces insuficiente”, ya que se tenían que haber tomado otras medidas hace mucho tiempo. “Hay una necesidad clara y un gran temor, sobre todo, de cara al próximo verano en las zonas turísticas”.
“Estamos hablando de reducir el consumo, cuando hay importantes municipios de la Región que ya están en un grado importante de aprovechamiento de las aguas”, ha comentado.
Finalmente, ha asegurado que se está aprovechando para regadíos “absolutamente toda el agua que se utiliza a través de la depuración”.
La vicepresidenta de la Comunitat Valenciana, Mónica Oltra, ha participado en Las Palmas de Gran Canaria en la II Conferencia Democracia y Ciudadanía, organizada por el Cabildo de Gran Canaria con el objetivo de reflexionar sobre el papel de las instituciones, los partidos y la ciudadanía frente al cambio de época. Durante su intervención la dirigente valenciana ha explicado, poniendo como ejemplo de participación del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y el Machismo.
A diferencia de lo que aconteció a nivel estatal, donde participaron solamente los partidos políticos, el Pacto Valenciano ha sido, como ha querido destacar Oltra, un ejemplo de participación institucional. En el mismo han dejado sus aportaciones 63 representantes de entidades sociales y cívicas, administraciones públicas, instituciones judiciales, universitarias, cuerpos de seguridad, partidos políticos, agentes económicos y sindicales o asociaciones de periodistas, todas ellas “con un compromiso institucional y social” ha incidido Oltra.
Esta fórmula de participación, que pese a que Oltra crea que ha inventado la rueda no es nueva y se lleva utilizando en España desde hace años (especialmente por partidos de izquierdas), deja una serie de experiencias que, a juicio de la vicepresidenta, deberían poder ser compartidas por los “gobiernos del cambio”. Esto permitirá “un nuevo relato político que sitúe en el centro a las personas”, no como antes que las personas debían estar excluidas o no existían según parece. Los gobiernos del cambio, que no han inventado la rueda como se dijo, quieren construir un relato, porque hacer un discurso igual es muy ideológico, común para poder explicar a la ciudadanía que otro tipo de política es posible.
Otra política, que como demuestra el Pacto Valenciano, sigue dejando fuera a la propia ciudadanía, pues se la representa indirectamente (pues las asociaciones son representaciones indirectas) por medio de organizaciones que, curiosamente, viven de ejercer el lobbyismo para conseguir subvenciones con las que poder subsistir. No es malo en sí, pero debe dejar claro la dirigencia política que esta participación, no es participación ciudadana en sí. Sin duda es mejor que el ordeno y mando de la derecha, pero ni es nuevo, ni la ciudadanía participa por sí misma de ello. Sólo a través de organizaciones que se han autonombrado sus representantes sin ningún tipo de elección. Algo, que por cierto, es muy del gusto del liberalismo, el potenciar a la sociedad civil antes que a la ciudadanía.
Oltra dispuesta a participar en la campaña electoral catalana.
En otro orden de cosas, Mónica Oltra, se ha mostrado dispuesta a participar en apoyo de Xavier Domènech durante la campaña electoral catalana. Siempre que la inviten ha querido dejar claro. Veremos qué opina Ada Colau de eso, con lo celosa de su territorio que es. Pero lo importante es que Oltra ha querido destacar que existe vida más allá de la independencia o de las cuestiones independentistas o unionistas de los partidos de la derecha española: “Hay vida más allá de la independencia o de la no independencia, hay vida más allá de Cataluña, incluso en el resto de España”.
Apoya sin duda la opción de Catalunya en Comú porque es “necesario otro tipo de discursos políticos”. Hay cuestiones que impactan directamente en las vidas de las personas y que la batalla identitaria está ocultando. “La emergencia social, la atención a la dependencia, la educación o la sanidad están fuera del discurso político” en estos momentos en Cataluña. Por eso entiende que su apoyo es para quien lo “está poniendo sobre el tapete”, esto es, Domènech. No ha debido escuchar a Miquel Iceta hablar de eso mismo durante la campaña, pero queda claro que la “gente del cambio” se apoya mutuamente.
Una ballena calderón ha aparecido muerta y varada en la orilla de la playa de La Azohía de Cartagena como consecuencia del temporal que está atravesando la peninsula y que ha ocasionado fenómenos costeros en la mar que está afectando a la Región,con picos de hasta 95 kilómetros, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.
Hacia las 8.56 horas el Teléfono de Emergencias ‘1-1-2’ ha recibido una llamada informando de la localización del cetáceo, de seis metros de longitud, frente al centro de buceo Rivemar. El ejemplar es un macho adulto de calderón común, de 5.10 metros de longitud y un peso aproximado de 2.000 kilos. El animal se encuentra en un grado avanzado de descomposición y parcialmente devorado, habiendo observado marcas de mordiscos de tiburón en su cuerpo.
El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle ha sido el encargado de tomar muestras al animal, al tiempo que Servicios municipales se han hecho cargo del cadáver.
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han procedido a la detención de cuatro personas como presuntos autores de un delito de tenencia ilícita de armas. En el marco de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dirigidas a la detección de la proliferación de armas en el mercado ilícito, la Policía Nacional y la Guardia Civil han llevado a cabo numerosas investigaciones sobre grupos criminales dedicados a la adquisición de armas detonadoras (de fogueo) en armerías.
Posteriormente, estas armas son primero manipuladas, con objeto de habilitarlas para la práctica del fuego real y, segundo vendidas, dentro del mercado negro o del ámbito delincuencial, con la peligrosidad que ello supone para la seguridad ciudadana.
Controles policiales sobre la adquisición presencial u online de armas en armerías
Ante esta nueva forma ilegal de adquirir un arma de fuego, investigadores policiales han llevado un control sobre las ventas de las armerías. Las diferentes indagaciones han permitido detectar un sorprendente y del todo inusual elevado número de adquisición de armas detonadoras, llegando una sola persona, durante el último año y a través de internet, a adquirir cuarenta y cinco (45) armas detonadoras en los últimos meses, concretamente en una armería ubicada en Madrid.
Hablamos de armas detonadoras tipo pistolas y revólveres de apariencia externa idéntica a las armas de fuego real, las cuales son susceptibles de modificación para su habilitación como armas de fuego real y por tanto ilegal.
Investigación sobre un comprador online de 45 armas detonadoras con un elevado número de antecedentes policiales
Teniendo presente que la persona que había adquirido esa ingente cantidad de armas detonadoras poseía antecedentes de pertenencia a grupos de ideología radical, asesinato, tenencia ilícita de armas-municiones-explosivos, amenazas, lesiones y robos, se procedió a iniciar las primeras indagaciones y gestiones para determinar si podíamos estar ante una actividad ilícita de armas para su uso en la comisión de delitos violentos.
Las pesquisas se extendieron sobre el entorno familiar y de amistades del principal investigado, todos ellos con diversos antecedentes policiales de distinta naturaleza y asentados en las localidades alicantinas de Guardamar y Torrevieja, donde mantenían contactos frecuentes.
Los agentes pudieron apreciar que los investigados utilizaban armas de forma rutinaria para llevar a cabo ajustes de cuentas y amenazas; además terceras personas les solicitaban armas “bien montas” lo que hacía alusión a armas de fuego detonadoras habilitadas y diseñadas para hacer fuego real.
Intervención conjunta: tres registros domiciliarios y 45 armas detonadoras y gran cantidad de munición incautada
A mediados del pasado mes de noviembre, a la vista del peligro que representaban dichos individuos para la seguridad pública al disponer de un desorbitado número de armas detonadoras y los indicios existentes de que llevarían a cabo modificaciones en las mismas con el objeto de habilitarlas para el fuego real, agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta, procedieron a llevar a cabo tres entradas y registros en diferentes domicilios de Torrevieja y Guardamar.
En la intervención se detuvo a cuatro personas de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 31 y los 52 años de edad. Se incautaron 45 armas detonadoras y carabinas de aire comprimido, 133 cartuchos de munición real, 275 cartuchos de munición detonadora, diversos útiles y herramientas dedicadas a la modificación de este tipo de armas: taladros de presión, amoladora, lijadora, destornilladores de precisión, brocas, y además varias armas blancas prohibidas así como máscaras de caracterización empleadas usualmente en la comisión de robos con violencia e intimidación.
Nueva regulación para las armas detonadoras como armas prohibidas
Recientemente, en octubre de este año, se ha producido una modificación de la legislación en materia de armas por la cual se incluyen como prohibidas, en el reglamento de armas, las pistolas y los revólveres detonadores que no vayan a destinarse a las actividades a las que por su naturaleza y funcionalidad están destinadas: actividades deportivas, adiestramiento canino profesional, espectáculos públicos, actividades recreativas, filmaciones cinematográficas y artes escénicas y fines de coleccionismo.
Así, hasta la entrada en vigor de esta nueva regulación, el 24 de abril de 2018, los ciudadanos disponen de un plazo de 6 meses para acreditar el destino de las armas detonadoras que obren en su poder a través de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil correspondiente a su domicilio. Transcurrido dicho plazo, en caso de no haber ejercido ninguna de estas opciones, los dueños de este tipo de armas deberán depositar las armas para su destrucción en el citado Servicio de Intervención.
Investigación desarrollada de forma conjunta por agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia y agentes de la 5ª Zona de la Guardia Civil.
La Concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Adoración Peñas, ha manifestado que la conocida afición del Alcalde de Lorca por las corridas de toros no debería ser sufragada con varios millones de euros de dinero público de todos. Un millón doscientos mil euros en la compra, más el coste millonario de su rehabilitación es un derroche que está por encima de nuestras posibilidades. Y más en un municipio que está a la cabeza de España en pobreza y brecha social».
Se trata, sostiene Peñas, de «un capricho caro, de un trasvase millonario a familias ricas y poderosas de Lorca, que además tira por el suelo y convierte en papel mojado» todas las declaraciones en torno a la recuperación del centro histórico de la ciudad realizadas por el Alcalde, su partido y el resto de partidos políticos que lo apoyan «en este capricho de niño rico, cuya única finalidad es la promoción de la tauromaquia, por más que lo disfracen de espacio de usos múltiples».
Hay calles enteras del corazón histórico de la ciudad, declarado hace 53 años Conjunto Histórico-Artístico, que «parecen haber sido víctimas de un bombardeo. No se cumplen las leyes de Patrimonio histórico español, ni de Patrimonio cultural de la Región de Murcia, ni frente a elementos singulares del patrimonio lorquino, ni frente al conjunto». El Gobierno local, sostiene la concejal de IU-V, está mirando para otro lado frente a inmuebles catalogados, algunos con elementos BIC incorporados, que están abandonados desde hace décadas y que, en algún caso, engrosan «la lista roja del Patrimonio cultural español de Hispania Nostra. Esa es la prioridad que deberíamos marcarnos en torno a la recuperación de elementos patrimoniales».
La intención del gobierno del PP y de quienes «le apoyan en esta aventura ruinosa», afirma la edil, supone además «incumplir numerosos acuerdos plenarios de los últimos años con relación a la creación de museos y salas culturales en Lorca. Dar prioridad, como pretenden, a un Museo Taurino y a otro de carruajes, tan alejados de la cultura y la sociedad lorquina, supone volver a dejar en el olvido todos los acuerdos adoptados durante años en torno a la creación de salas y museos. Tales son los casos del Museo de la Ciudad de Lorca, del etnográfico, del antropológico, de mineralogía en Almendricos, del regadío lorquino, del arte pictórico local… Todo ese conjunto de previsiones acordadas por todos no puede quedar relegado ante la última ocurrencia del Alcalde».
Finalmente, la Concejala de IU-V afirma que los últimos alcaldes de Lorca «parecen haber sido víctimas de un virus megalómano, de la necesidad de inmortalizarse en nuestro espacio físico, y con nuestro dinero, con proyectos y obras de dudosa rentabilidad social. Desde la pasarela del río y el bulevar, que están dejando que sean pasto del vandalismo, pasando por el hotel que pusieron en lo alto del Castillo contaminando para siempre el mejor perfil de la Lorca histórica, siguiendo por los intentos de pinchar el acuífero del río Luchena, continuando con los convenios urbanísticos que querían hacer de Lorca un municipio de medio millón de habitantes y que hoy lastran las arcas municipales, abundando con el auditorio, y cerrando con esta compra ruinosa de la Plaza de Toros y los museos anejos, lo cierto es que nuestra ciudad merece mejores regidores, gobernantes que pongan el bien común y los intereses generales por encima de sus caprichos, sus aficiones, sus ocurrencias o sus ganas de inmortalizarse».
