miércoles, 22 abril, 2026

La Comunitat podría incluir una cláusula social en favor de las mujeres monomarentales

La Generalitat está estudiando la posibilidad de incorporar cómo cláusula social en la contratación pública, la prioridad de contratar a mujeres de familias monoparentales, según ha manifestado el secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, durante su intervención en Madrid en las jornadas estatales Familias Monomarentales: Ley de familias monoparentales ¡YA!.

Ibáñez ha asegurado que el Consell destaca por construir un nuevo marco simbólico que impulsa el interés superior de los derechos de la infancia y la apuesta por la diversidad familiar, en definitiva, ha resaltado, por ser «el gobierno de apoyo a las familias, de derechos de la infancia, de perspectiva de género y de respeto a la diversidad».

En esta línea ha precisado que la Conselleria de Igualdad está ultimando la elaboración de un nuevo decreto que regulará el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana y que incluye como novedad, más allá de la agilización en la gestión y otros detalles técnicos, la ampliación del concepto de familias monoparentales y las opciones de acceso a este reconocimiento a las mujeres maltratadas, las familias con un progenitor con un alto grado de discapacidad o en privación de libertad.

El secretario autonómico ha señalado que el número de familias monoparentales en la Comunitat Valenciana han aumentado en dos años un 350%, pasando de 1.515 a 6.876. Las familias monoparentales son «una de las estructuras familiares que más se han extendido a lo largo de los últimos años y que a la misma vez más requieren de soporte y protección por parte de los poderes públicos, debido a su vulnerabilidad, especialmente en el caso de las encabezadas por mujeres, que son la mayoría».

Por ello, ha manifestado, la política del Consell de apoyo a las familias y de reconocimiento de la diversidad familiar va en la línea de acciones concretas para «combatir la trasmisión generacional del empobrecimiento y su feminización». Así, respecto a la política de recursos humanos de la Generalitat, «ya se ha priorizado para cambios laborales la condición de familia monoparental».

En este sentido, Ibáñez ha recordado que en su primer año de gobierno, el Consell y equiparó en derechos a las familias monoparentales con las familias numerosas, y así, en 2016 «las incluimos en todos los beneficios de tasas que tenían las numerosas, especialmente todas aquellas que tienen que ver al ámbito educativo, matrículas, tasas expedición títulos, etc.».

Entre las medidas concretas de equiparación de familias monoparentales y numerosas, impulsadas por el Consell el secretario autonómico de Igualdad ha señalado la deducción del tramo autonómico del IRPF entre 300 y 600 euros, la bonificación del 50 por cien o exención en tasas y precios públicos en materia administración de educación o acreditación de títulos educativos en todas sus etapas, o relacionadas con servicios administrativos de función pública, políticas sociales, adopción internacional o sanidad.

Además, ha señalado, desde este curso académico, las familias monoparentales ya tienen los mismos puntos que las numerosas para la elección de centro educativo, y desde el 1 de junio de este año, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana tiene un título de descuento igual para las familias numerosas y las monoparentales, además de ser un colectivo prioritario en las ayudas al alquiler de vivienda.

Del mismo modo, el secretario autonómico de Igualdad ha explicado que la Generalitat desarrollará una Estrategia Valenciana de Nuevos Usos de Tiempos y Corresponsabilidad, como una hoja de ruta de las políticas de conciliación laboral y familiar, de fomento del voluntariado y la participación, de corresponsabilidad de género y generacional, y para favorecer y garantizar que las personas dispongan de tiempo para trabajar los afectos y el ámbito relacional.

En la misma línea de usos de tiempo y lucha contra la feminización de la pobreza, ha hecho hincapié la política del Consell de horarios comerciales, como la propuesta de cerrar en domingo para garantizar derechos laborales y vida en familia. Por último ha subrayado que la nueva renta valenciana de inclusión social permitirá que las mujeres, más del 65% de los casos son ellas las titulares, destinen el tiempo a buscar empleo, crianza de los hijos, espacio personal.

En este sentido, Ibáñez ha puesto el acento en su «importancia como herramienta única para combatir el empobrecimiento», no solo por su dimensión económica, que pasará de 392 euros a 850 euros para familias medias, sino también por su configuración integral, «ya que automáticamente las personas beneficiarias contaran con ayuda para la vivienda, beca de comedor y transporte, beca universitaria, ayuda al copago sanitario, planes de inserción sociolaboral y un largo etc.», ha concluido.

900 murcianos tendrán que desplazarse a Alicante para recibir tratamiento de radioterapia

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado iniciativas solicitando información sobre “lo que parece una adjudicación inminente” de un concurso para prestar servicios de radioterapia concertados por el Servicio Murciano de Salud (SMS) que obligará a 900 murcianos y a sus acompañantes a realizar sus sesiones de radioterapia fuera de la Región, ha explicado la diputada Consuelo Cano.

“¿Qué situación aconseja la contratación de una nueva empresa que no tiene centros para prestar dichos servicios radioterápicos en la Región de Murcia y que obligará a enfermos y familiares a un extraño peregrinaje a Elche y Torrevieja  con las molestias y transporte que ello supone?”, se ha preguntado.

Cano ha recordado que recientemente se aprobó en la Asamblea, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, elaborar un plan regional para la renovación de equipos materiales y humanos en los tratamientos de oncología radioterápica.

Además, ha indicado que la donación de la Fundación Amancio Ortega dotará de dos aceleradores lineales precisamente a los hospitales metropolitanos, el Morales Meseguer y el Reina Sofía.  “Cuando contemos con esos medios habrá que volver a reorganizar la prestación y concertación de estos servicios oncológicos”.

En su opinión, no es muy razonable obligar a los murcianos a salir de la Comunidad Autónoma para tratamientos que hasta la fecha han recibido y están recibiendo satisfactoriamente en la Región.

“Esperar a que IMED Hospitales construya un centro propio resulta curioso, sobre todo teniendo en cuenta que tras su construcción, tendremos menos concertación si hacemos funcionar correctamente los medios propios después de la llegada de los aceleradores donados por la Fundación Amancio Ortega”, ha añadido.

“Queremos saber todos los detalles y extremos de este expediente de contratación, queremos saber cuánto pesa la calidad asistencial y la humanización en la consideración de estas adjudicaciones que dejan a los ciudadanos a merced del transporte a otra Comunidad Autónoma para ciclos de tratamiento complicados y frecuentes, a ellos y a sus familiares acompañantes con todo lo que eso supone”, ha concluido.

 

 

Criteria Caixa tenía 4.000 millones preparados para optar a la subasta del Popular

A mediados del mes de mayo el sistema financiero español ya tenía claro que el Banco Popular iba a caer tarde o temprano. Todas las entidades estaban preparando sus recursos para afrontar una operación corporativa.

Aunque Saracho tenía como objetivo que cualquier movimiento corporativo de alguna de las entidades españolas o extranjeras debía ser parado porque sólo el Santander podía hacerse con el Banco Popular al menor precio posible, no podía evitar que las entidades hicieran sus cálculos, incluso que pudieran presentar ofertas, ya fuera para una fusión, para una compra o para inyectar capital en una ampliación. Ya estaba él, Joaquín Hervada Yáñez, el despacho Uría Menéndez, dirigidos por Ana Patricia Botín, Rodrigo Echenique, con la colaboración de Luis de Guindos y sus instituciones, para obviarlas o para rechazarlas. ¿Dónde estaba el Congreso de los Diputados y, en concreto, las bancadas del PSOE, del Partido Popular y de Ciudadanos? El ejemplo de que esto fue así lo tenemos en cómo no comunicó al Consejo de Administración las ofertas para la ampliación de Barclays y de Deutsche Bank.

Hay que recordar que en aquellos días del mes de mayo, cuando el valor en bolsa del Popular se estaba desplomando y la única opción para salvar a la sexta entidad española era que fuera vendido a alguno de los otros cinco bancos, todo parecía que iba encaminado a que Bankia fuese quien se hiciera con el Popular, a pesar de que la entidad estaba inmersa en las negociaciones para la fusión con BMN. Evidentemente, todo esto formaba parte de la estrategia de Luis de Guindos para distraer la atención y, por lógica, José Ignacio Goirigolzarri, un banquero responsable, no veía clara la operación por más que se le vendiera que era un negocio seguro porque la rentabilidad estaba asegurada en el corto plazo, tal y como estamos viendo con el beneficio que está sacando el Santander.

No obstante, sí que había quien estaba dispuesto a acudir a la subasta en caso de que el Popular fuera intervenido: Criteria Caixa. El día 16 de mayo Isidre Fainé tenía previsto desbloquear 4.000 millones de euros de la OPA de Atlantia sobre Abertis para participar en el proceso corporativo de venta del Popular.

En aquellos días, Emilio Saracho afirmó que el proceso de venta era urgente, un proceso que había sido encargado a JP Morgan y a Lazard. El tiempo ha demostrado que no había ningún interés de ejecutar dicho proceso salvo que hubiera sido el Santander el que hubiese realizado alguna oferta que, en mayo, se estimaba que sería atractiva a partir de un precio de la acción inferior a 0,50 euros.

Es importante el hecho de que Criteria Caixa tuviera desbloqueados esos 4.000 millones de euros, puesto que desmonta la teoría de quienes afirman sin ningún tipo de rubor que el Santander salvó la quiebra del Popular. Se ha afirmado que en la subasta que se celebró en la madrugada del 6 al 7 de junio no hubo ninguna oferta positiva y que el precio de un euro ofrecido por el Santander era un justiprecio adecuado por la situación que tenía el banco según el informe provisional y «ultra secreto» de Deloitte, hoy procesado por el caso Bankia y, probablemente, antes que después, también lo será por esta operación y otras de las que informaremos durante la época en que Miguel Zorita fue presidente de Deleoitte y auditaba al Santander. Teniendo Criteria Caixa y, por ende, CaixaBank ese dinero dispuesto para la compra…, ¿quién afirma que no había ofertas positivas? La diferencia entre 4.000 millones de CaixaBank y el euro que pagó el Santander es importante.

El desbloqueo de esos 4.000 millones fue publicado en el portal «Bolsa Abierta» de CaixaBank, un espacio web donde operan profesionales del mercado de valores y es el centro de operaciones de compra y venta de valores con toda la información a tiempo real además de la valoración de los gestores de fondo de CaixaBank y los analistas especializados. Sin embargo, fue eliminada al día siguiente.

Esta información aparecida en un portal de inversores hizo que muchas personas compraran acciones del banco porque el hecho de que ya se tuviera el dinero preparado para entrar en la subasta indicaba que el Popular tenía solución. Súbitamente se retiró toda la información al respecto, lo que puede considerarse como una clara manipulación gestada por quienes estaban implicados en la operación que debía finalizar con la compra del Popular por el Santander al menor precio posible.

¿Hubo presiones políticas, institucionales, financieras o se negoció con CaixaBank algún tipo de prebenda oficial para que se retirara y dejara el campo libre al Santander? Todo indica que pudo ocurrir así ya que se desbloquearan esos 4.000 millones indicaba que había un claro interés de compra por parte de la entidad catalana, sobre todo porque, ese 16 de mayo el valor en bolsa del Popular era de 3.000 millones. CaixaBank estaba claramente interesada en el Popular y, evidentemente, había que evitar por todos los medios que, en primer lugar, hiciera una oferta formal, lo que hubiera convertido a CaixaBank en el primer banco en España y en el tercer valor del IBEX35 con más de medio billón de euros en activos y, en segundo lugar, que ese interés se hiciera público. El Santander no lo podía permitir.

La opción de que Criteria Caixa se hiciera con el Popular o se convirtiera en su accionista de referencia recapitalizando a la entidad hubiera sido, además, menos traumática que una hipotética adquisición por parte de BBVA, de la propia CaixaBank o, por supuesto, que el Santander y la solución que se tomó.

CaixaBank, Barclays, Deutsche Bank, son algunas de las entidades que estaban dispuesta a aportar, ya fuera a través de operación corporativa, de una inyección de capital o de ampliación de capital, casualmente, la misma cantidad, 4.000 millones. Que bancos tan importantes los citados estuvieran interesados demuestra, en primer lugar, que no existía la inviabilidad que Emilio Saracho defendió en la última reunión del Consejo de Administración y que remitió en la carta presuntamente falsa a la JUR; en segundo lugar, los escenarios negativos de Deloitte sobre los que se tomó la decisión de intervenir al Popular no se correspondían con la realidad del banco; en tercer lugar, el Santander sólo tenía interés en hacerse con el Popular de manera gratuita porque la ampliación de capital fue realizada por el Santander la necesitaba —recordemos el informe de Barenberg publicado en mayo en el que la agencia alemana afirmaba que el banco presidido por Ana Patricia Botín tenía un déficit de capital de 10.000 millones— y el Popular le venía como anillo al dedo para ampliar capital y para obtener un beneficio inmediato que le permitiera arreglar sus cuentas.

Peligra la presidencia de Ana Patricia Botín en el Santander (IV)

Pedro Sánchez: “Como sociedad no podemos tolerar esta matanza”

Para Pedro Sánchez no cabe otra salida que la “rebelión cívica contra las cifras aberrantes” de la violencia machista. Cuando alguna mujer es asesinada la sociedad debería preguntarse si hubo algo más que podía haberse hecho. Por eso ha reclamado el secretario general del PSOE que no nadie se calle, que no mire para otro, cuando es testigo de la violencia machista. Y, evidentemente, luchar contra los micromachismos de la cotidianeidad, contra el machismo empresarial que impide a las mujeres ascender o la brecha salarial.

En el acto de la campaña Juntas y Contigo, junto a Carmen Calvo, José Manuel Franco y Natalia de Andrés, Sánchez ha querido implicar a toda la sociedad, por tanto, en la lucha contra la lacra social. Ha querido comenzar esos sí lanzando un dardo a Cristina Cifuentes, pues ha explicado que la Comunidad de Madrid es la única autonomía que carece de un Plan de Igualdad. Así es como gobierna el PP ha querido explicar con esta mención.

Sánchez ha recordado que el PSOE es el partido en el que “caben todos y todas las que entienden que la democracia no es posible sin la igualdad entre mujeres y hombres”. Es más, la lucha contra la violencia de género debe realizarse desde todos los lugares, incluso desde la oposición. Ya que el PP, que en su momento llevó la ley de igualdad al Tribunal Constitucional y ahora lleva a los tribunales todas las leyes de igualdad, no sabe o no quiere. Y es que no cabe bajar los brazos “ante una aberración que nos indigna como sociedad”.

Cuando algunos hablan ahora de la reforma constitucional, como algo sólo territorial, ha querido Sánchez recordar que desde el PSOE no sólo se habla de lo territorial sino “hay un amplio espacio para la igualdad entre mujeres y hombres”. Esto es, constitucionalizar derechos de igualdad. Pero, se ha lamentado, “sufrimos un presidente instalado en la desidia” que, además, está siendo acompañado por su apéndice de Ciudadanos, “la otra derecha”.

El PSOE, como viene haciendo en las últimas fechas, es la izquierda de gobierno porque “no sabemos ponernos de perfil ante los desafíos de altura”. Por ello, el PSOE sigue siendo la izquierda alternativa y transformadora. El partido que “pone todo ante una emergencia social” como la violencia machista. Por ello quieren que se elimine el régimen de visitas a los padres convictos por violencia machista. Por eso han logrado que el gobierno del PP emplee 1.000 millones para los próximos 5 años destinados a luchar contra la lacra social. Por eso van a llevar al Congreso la Ley de Igualdad de Salarios entre Mujeres y Hombres. Por eso reclamarán al gobierno de M. Rajoy “rigor, compromiso y acción”, ya que el PSOE no va a “tolerar ni un incumplimiento, ni una excusa”.

Ha querido terminar Sánchez recordando que la cohesión territorial y la cohesión social son fundamentales para la convivencia. Y ante estas crisis ha quedado claro cuál es el patrón de acción de la derecha, “dejar que los problemas crezcan sin hacer nada”. Ante esto ha reclamado para el PSOE el liderazgo, que nunca ha dejado, en la lucha en favor de la igualdad en todos sus aspectos. Porque propuestas no van a faltar frente a un gobierno pasivo y al que ha acusado de no tener ganas de gobernar.

Carmen Calvo: “No se puede ser socialista sin ser feminista”

Negar la evidencia de que en estos momentos las mujeres suponen más del 50% de la población y se encuentran en desventaja con los hombres en muchos ámbitos de la vida, es no tener claro que la democracia será paritaria o no será. Pero no sólo en el ámbito político, sino en todos los órdenes de la vida. Esto es lo que ha querido dejar claro la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, en el acto contra la violencia machista celebrado en Alcorcón.

Se ha preguntado Calvo “¿Quién en su sano juicio políticos puede no perseguir la igualdad?”. Desde luego desde el PSOE siempre se ha pensado en construir la “democracia comenzando por la igualdad de mujeres y hombres”. Por eso han ido a salvar al PP respecto al Pacto contra la Violencia de Género. Los conservadores siempre necesitan una muleta, no sólo en este tema, porque no saben. Los socialistas, ha explicado Calvo, les han dicho al PP que si ellos no saben, no hay problema en apoyar y guiar en luchar contra esa lacra social. Además, no quieren fotos (aquí ha hecho un recuerdo a Ciudadanos sin citarlos, pues llegaron diciendo que todo era gracias a ellos), ni politiqueos con estas cosas. Quieren que las cosas que se firman se cumplan. Por ello van a estar vigilantes desde la Comisión de Seguimiento del Pacto contra la Violencia de Género.

Lo primero ha sido pedir al PP que devuelvan las competencias (con su dinero) en esta materia porque “cuando las mujeres están desorientadas por el sufrimiento no saben dónde acudir. Y el primer lugar o persona en la que piensan es en el Ayuntamiento o su Alcalde o Alcaldesa”. Ahí es donde encuentran apoyo, recuerda la ejecutiva federal. Además, esa comisión de seguimiento se constituye porque no van a “apoyar lo que no podamos controlar. No les vamos a dar un cheque en blanco”.

Ha pedido Calvo que los hombres, los socialistas especialmente, deben situarse en el primer plano de lucha contra la violencia machista. Las mujeres llevan años denunciando y luchando, pero es cierto que “es muy distinto si un hombre es capaz de decirle al machista en público que esto no puede ser”. “no podemos ser la víctimas y las defensoras de esto” ha dicho Calvo, a la par que solicitaba salir todos juntos (ellas y ellos) acompañándose en la lucha.

Casi al finalizar su intervención ha tenido una visión hegeliana la constitucionalista al recordar que “la democracia es el fin de trayecto”. No hay más allá. Se podrá mejorar y ampliar la base, pero no hay más. Por eso quieren en el PSOE, ha dicho, mejorar la democracia con políticas socialistas y políticas feministas. Y “feminizar la política de este país”. Además, no cabe olvidar que el PSOE ha salvado al PP dos veces, con la violencia de género y la defensa de la democracia, porque no saben gestionar los problemas graves de España. Ahí no ha dudado el PSOE porque tiene claros sus principios. “Otros no han tenido clara la defensa de la democracia en España, incluso algunos que se dicen de izquierdas” ha querido recordar.

IU Lorca pide la dimisión del Delegado del Gobierno

El Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en Lorca, Pedro Sosa, ha exigido la dimisión del Delegado del Gobierno en Murcia y del responsable político municipal de falsear un informe oficial para tratar de impedir que los afectados por la devolución de las ayudas del terremoto se concentren mañana en la plaza Calderón de la ciudad.

Sosa ha explicado que el ayuntamiento «incurrió en falsedad documental» en el informe que remitió a la Delegación del Gobierno, en el que afirmó que la concentración y el acto protocolario de entrega de honores y distinciones de la ciudad coincidían en el mismo lugar, cuando la primera era en la plaza Calderón y el segundo en el Teatro Guerra. Dicho informe sirvió de base para que Francisco Bernabé, Delegado del Gobierno, instase a los convocantes a trasladar la concentración a la plaza de Colón, e impedir así, que las autoridades regionales y locales tuvieran que escuchar la voz de los manifestantes.

La Concejala de IU-Verdes Lorca, en calidad de miembro del colectivo de afectados, se vio así obligada a presentar un recurso contencioso administrativo en defensa del derecho de reunión de los afectados. La Delegación tuvo que pedir un segundo informe al Ayuntamiento donde éste se retracta y reconoce que la concentración y el acto protocolario no iban a compartir un mismo espacio y,  por tanto, finalmente se ha autorizado la protesta ciudadana en la plaza Calderón, por lo que Martín decidió retirar el recurso cuando las partes ya estaban citadas para una audiencia ante el juez.

El Portavoz de IU-Verdes manifestó que dentro de dos semanas “celebraremos el 39 aniversario de la Constitución Española” que reconoce derechos “que se vulneran cada día que amanece en Lorca, en la Región de Murcia, y en España”. Y recordó que son incontables las ocasiones en las que IU ha invocado la Carta Magna en defensa de los derechos de los lorquinos “mediante nuestra actividad política diaria y también a través de concentraciones o manifestaciones”. Sin embargo, en las últimas ocasiones  tanto el gobierno local como la Delegación del Gobierno, ambos en manos del PP, “sólo han puesto reparos para el libre ejercicio de estos derechos”, se ha lamentado Sosa. “Unas veces a causa a la megafonía para convocar las manifestaciones, que sólo está prohibida en estos casos, no para anunciar partidos de fútbol o corridas de toros, otras en torno a la colocación de carteles (con multas incluidas) y ahora acerca de la ubicación elegida para ejercer el derecho a la manifestación y la reunión pacífica en la Plaza de Calderón”, ha expresado el portavoz de IU-Verdes.

Al respecto, Sosa ha recordado la frase pronunciada por Bernabé durante su toma de posesión y que evidencia la línea política que impondrá desde su cargo: “el que la hace, la paga”. “Pues bien, aquí, en este Ayuntamiento, ha habido alguien que ha mentido, que ha informado a la Delegación del gobierno en Murcia de manera torticera con el afán de impedir la concentración en la plaza de Calderón de las víctimas de la mala gestión en materia de ayudas públicas por el terremoto”, ha dicho.

Para el edil de IU, “los responsables de este abuso de poder y del ejercicio anormal de sus funciones políticas tienen que pagar un precio” porque “Lorca no merece un gobierno local que trata de sabotear el ejercicio del derecho constitucional de reunión reconocido en el art. 21 de la Constitución”. En ese sentido, también ha asegura que la Región no se merece un Delegado del Gobierno “que asuma sin más el informe del Ayuntamiento prohibiendo la concentración en el lugar elegido, para que después, cuando le llega la citación de un magistrado, le tiemblen las piernas y donde dijo digo ahora diga Diego”.

Por último, Sosa informó también que Gloria Martín, ha interpuesto una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de Lorca como consecuencia de los gastos de representación legal en los que ha tenido que incurrir para defender los derechos constitucionales de los vecinos de Lorca afectados por la devolución de las ayudas. Unos gastos que han supuesto mil euros en el pago de honorarios a su abogado, y que se han producido como consecuencia de que el Ayuntamiento falseó un informe oficial, algo, que por cierto, está tipificado en el Código Penal como delito.

Califican de “auténtica barbaridad” encerrar a los inmigrantes llegados a Cartagena en la cárcel de Málaga

El PSOE y Unidos Podemos han criticado la decisión del Gobierno de recluir a medio millar de inmigrantes ‘sin papeles’, procedentes la mayoría de Cartagena, en la cárcel de Archidona (Málaga).

En un comunicado, el PSOE ha recordado que las personas que llegan a España en pateras «no son delincuentes y no merecen ser recluidos en un centro penitenciario».

Tras anunciar que ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias para pedir explicaciones al respecto, indica que «tanto las diferentes leyes de Extranjería, como el reglamento de funcionamiento de los CIE, aprobado en 2014 por el PP, apuntan que, con carácter preventivo o cautelar, el ingreso preventivo en centros no tendrá carácter penitenciario'».

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Bernabé, apuntaba en Cartagena que la futura cárcel de Málaga, ubicada en Archidona, había sido  habilitada como Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) «provisional» para acoger a los 519 inmigrantes argelinos llegados en 49 pateras este fin de semana a la región, ante la falta de capacidad de las instalaciones, actualmente ocupadas por personas procedentes de otros procesos migratorios.

Los socialistas han calificado de «auténtica barbaridad» esta medida y han asegurado que «vulnera derechos fundamentales». Además, recuerdan que «el centro no estaba en funcionamiento, ni había fecha concreta para poder abrirlo» y demandan información sobre los módulos qué se van a poner en funcionamiento para atender a los inmigrantes ingresados.

El PSOE también quiere saber hasta cuándo se mantendrá el internamiento y cuántos agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado van a destinar para atenderlos, así como «si estas personas van a ser sometidas al tratamiento propio de los centros penitenciarios y qué tipo de personal va a trabajar en esta prisión mientras se encuentren en ella las personas inmigrantes mencionadas».

Violación de los principios fundamentales de las leyes

Por su parte, Unidos Podemos ha considerado el traslado una «violación de los principios fundamentales de las leyes que regulan el funcionamiento de los CIE».

La portavoz del grupo, Irene Montero, ha censurado que «meter a unas personas en una cárcel, en lugar de un CIE, porque están llenos, es saltarse a la torera la propia regulación del Gobierno».

Asimismo, la senadora Maribel Mora ha pedido la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, «para que explique en sede parlamentaria» la decisión del traslado y ha registrado una batería de preguntas «para que el Gobierno ofrezca explicaciones ante una decisión que ha alarmado a la sociedad civil».

El PSOE denuncia las “vergüenzas” del Ministerio del Interior ante la llegada masiva de migrantes a las costas de Andalucía

Los diputados socialistas andaluces han presentado hoy en el registro del Congreso una proposición no de ley sobre la llegada masiva de migrantes a Andalucía y han denunciado la “imprevisión, las vergüenzas y las carencias del Ministerio del Interior a la hora de acoger esta avalancha de inmigrantes a las costas andaluzas”.

El coordinador de la Interparlamentaria andaluza y diputado socialista por Sevilla, Antonio Pradas, ha señalado que “en el último año casi 15.000 migrantes han llegado a las costas andaluzas pidiendo ayuda y humanidad y se han encontrado en muchas ocasiones con la sensibilidad del Gobierno del PP ante un problema como éste”.

“El colmo de esa imprevisión y de esa insensibilidad ha sido el internamiento en la futura cárcel de Archidona de 500 inmigrantes”, algo “totalmente prohibido”, ha denunciado Pradas, para quien esta situación es “intolerable”. Según el diputado socialista el Ministerio del Interior es “la casa de los líos, porque cada vez que hay un tema importante y urgente en este país se pone en evidencia que el ministro Zoido y su equipo no saben afrontar este tipo de problemas”.

El diputado por Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha señalado que la llegada masiva de migrantes en patera a las costas andaluzas “no es un problema nuevo”, sino que “viene creciendo desde que Rajoy llegó al Gobierno” – desde 2012 hasta la fecha ha habido un incremento del 338% en el número de migrantes que han llegado a las costas andaluzas- y sin embargo, “el gobierno de Rajoy no ha hecho absolutamente nada”.

Heredia ha reclamado al Gobierno que “negocie con la UE para buscar una solución a esta cuestión” -este no es un problema de España es un problema del sur de Europa-, y que se negocie también diplomáticamente con los países de origen. También ha reclamado un incremento de plantilla de funcionarios que se ocupan de los trámites de asilo y del número de efectivos policiales, “que se han recortado de forma sustancial en los últimos años”.

Asimismo, ha instado al Gobierno a que “mejore la atención a los inmigrantes, que se dé una atención digna y decente a los migrantes que llegan a nuestras costas”. Y, finalmente, ha reclamado más inversiones por parte del Gobierno a las CCAA para atender a los menores no acompañados. “La Junta de Andalucía está cumpliendo pero el Gobierno de la nación no lo está haciendo”, ha asegurado.

Concretamente, hasta el pasado viernes 17 de noviembre habían llegado a las costas andaluzas 14.577 migrantes, el triple de los que llegaron en el mismo periodo del año anterior. En ese periodo, han llegado 671 pateras, el doble que el año anterior. Es decir, en lo que llevamos de año, a las costas andaluzas han llegado de media cada día 46 inmigrantes y 2 pateras.

Comparecencia del ministro del Interior

En relación al internamiento en la cárcel de Archidona (Málaga) de  519 inmigrantes, el Grupo Socialista ha solicitado “la comparecencia del ministro interior para dar explicaciones sobre por qué a los migrantes se les ha recluido en una cárcel”. “Esto es intolerable, es ilegal y constituye sencillamente una auténtica barbaridad. Todas las leyes, las sentencias del TC y el reglamento de los CIE están en contra de lo que ha hecho el Gobierno; no se pueden recluir a los migrantes en una cárcel”, ha afirmado Heredia.

El diputado malagueño ha denunciado que este centro penitenciario “está terminado desde 2013 pero aún no se ha puesto en servicio” y que carece de “abastecimiento de agua”. Heredia ha registrado también una batería de preguntas al Gobierno para saber hasta cuándo van a estar recluidos los migrantes en esa cárcel, cuántos policías se van a destinar –en  Málaga faltan 451 policías nacionales, ha señalado- y qué asistencia médica se está prestando a estas personas.

En definitiva, “los socialistas consideramos que se están vulnerando derechos fundamentales, que lo que ha hecho este gobierno va en contra de la ley, de las sentencias del TC, es ilegal y es una barbaridad. Lo que no puede ocurrir es que los migrantes que están llegando a nuestras costas se les meta en la cárcel. Pedimos un poquito de sensibilidad a este gobierno insensible del PP”, ha concluido.

Franco acusa a Cifuentes de postureo en Violencia Machista

“Ya está bien que la señora Cifuentes se haga la foto el 25-N y no ponga los recursos para generar los medios necesarios para luchar contra la Violencia de Género” ha espetado José Manuel Franco. “Basta ya de postureo” ha proseguido el secretario general del PSOE madrileño en relación a los cerca de 200 millones de euros que la Comunidad de Madrid ha dejado de ejecutar en las partidas destinadas a luchar contra la “lacra social” de la violencia machista.

En el acto de la campaña contra la violencia machista del PSOE en Alcorcón, donde también han participado Pedro Sánchez, Carmen Calvo y Natalia de Andrés, Franco ha querido dejar claro que son los socialistas quienes siempre han estado luchando por superar esta lacra social, frente a la pasividad  mientras gobierna del PP. Ha recordado que, bajo mandato de Cifuentes, sólo se ha ejecutado el 61% de los presupuestos en esta materia. Pero esto no empece para que el PSOE no siga denunciando esta situación. Ni dejar de ser vanguardia, “la vanguardia de la lucha contra la violencia de género”, como siempre han hecho los socialistas ha querido dejar claro el secretario general madrileño.

Para reflejar esa continua lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, ha querido destacar Franco  que el Ejecutiva socialista del PSOE de Madrid es la única de todo el partido donde hay más mujeres que hombres. Le ha querido recordar Carmen Calvo, durante su posterior intervención, que él sí había entendido lo de la paridad “60% de mujeres y 40% de hombres”.

Franco ha querido dejar claro que, pese a lo que digan otros que dicen ser de izquierdas, el PSOE siempre ha estado liderando la lucha por la igualdad y contra la violencia machista. Porque “ser socialista lleva un código genético feminista”. No se puede ser socialista sin ser feminista como una verdad ineludible, algo que han repetido Clavo y Sánchez. Ha seguido esa defensa del feminismo indicando que la derecha, como se demuestra en los gobiernos del PP actuales, justo cuando aumentan las muertes, como sucede en Madrid que han subido un 100% las asesinadas, reducen o no gastan el dinero que permite los medios de luchar contra esa violencia.

Ingresada en coma una niña de dos años tras ingerir hachís en su casa de San Pedro del Pinatar

Una niña de dos años ingresó el sábado en el Hospital Los Arcos de San Javier (Murcia) tras ingerir hachís en su casa de San Pedro del Pinatar, de forma accidental. La pequeña llegó al servicio de Urgencias en estado de coma debido a la fuerte intoxicación, aunque ya se encuentra fuera de peligro, según informa el diario La Verdad.

Tras pasar el fin de semana ingresada recibió el alta médica y ya ha regresado al domicilio con su familia.

La niña ingirió el sábado por la mañana la droga, que debía tener a mano en la casa familiar del barrio de Los Peñascos. Pocas horas después perdió el conocimiento y entró en estado de coma, por lo que los familiares llamaron al servicio de emergencias para solicitar una ambulancia, según La Verdad.

Los análisis que se realizaron a la niña dieron positivo en cannabis. En el hospital mantuvieron a la menor en observación, con vigilancia permanente de sus constantes vitales hasta el lunes, cuando fue dada de alta.

La niña recibió un tratamiento con oxígeno ante las repetidas bajadas respiratorias, y suministro de suero para mantenerla hidratada. Cuando recuperó la consciencia, la niña mostró síntomas de padecer brotes ocasionales de psicosis consecuencia de los efectos de la droga.

Los padres fueron interrogadosy reconocieron ser consumidores habituales de droga.