miércoles, 22 abril, 2026

Mañana se presenta el cortometraje “Mr. Rosbif y el misterio de la tortillita de camarones”

Diario16
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Mañana se presenta el cortometraje “Mr. Rosbif y el misterio de la tortillita de camarones”

Cádiz es la sede mundial del arte y mañana sábado se presentará el cortometraje de guiñol Mr. Rosbif y el misterio de la tortillita de camarones. La presentación tendrá lugar en la plaza de la Catedral a las 19:00.

El corto ha recibido el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz, incluso el propio José María González «Kichi», a través de la Delegación de Comercio y Artesanía de Cádiz, ha invitado a los gaditanos a que acudan a la presentación.

También apoyaron la producción la Cámara de Comercio de Cádiz y Cádiz Centro Comercial Abierto.

Para la promoción del corto, los propios personajes han acudido a lo que es corazón de Cádiz: su gente porque Cádiz no sería lo que es sin los gaditanos, el alma de la ciudad.

 

El Parlamento Europeo apoya a los vecinos de Murcia y defiende que soterrar el AVE «es la única opción»

P. Sánchez
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El Parlamento Europeo apoya a los vecinos de Murcia y defiende que soterrar el AVE «es la única opción»

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo defendió hoy que el soterramiento del AVE en Murcia «es la única opción» y, en respuesta a las peticiones de la Plataforma Pro Soterramiento, pedirá «una nueva Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)» y se pondrá en contacto con el Ministerio de Fomento.

Así lo aseguró la presidenta de esa comisión, Cecilia Wikström, quien también afirmó que, a título informativo, también se dirigirá una comunicación a la Comisión de Transportes.

Por su parte, la Comisión Europea, que «seguirá evaluando» las alegaciones de la Plataforma Pro Soterramiento de Murcia, planteará unas nuevas conclusiones y, en caso de que sea necesario, se volverá a dirigir a las autoridades españolas.

La plataforma, que había presentado su solicitud para comparecer ante la Eurocámara hace ya dos años, denunció que los trabajos para soterrar el tren de alta velocidad a su llegada a Murcia estarían «vulnerando» la legalidad al no contar con una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), obligatoria en toda obra pública.

A pesar de que existe una memoria ambiental elaborada en 2009, desde la plataforma denunciaron que esta «se hizo con base en un convenio firmado en 2006» y el actual proyecto de construcción, adjudicado a la empresa Aldesa, solo coincide en un 18 % con el que se había planteado.

La semana pasada, la propia Comisión Europea emitió un informe provisional en el que se alegaba que, tras recordarle al Ministerio de Fomento que una EIA no es válida si hay cambios sustanciales, la respuesta fue que esta modificación «se había descartado».

La plataforma, por su parte, alegó que la EIA no es válida «porque el proyecto se fraccionó», una práctica que supondría «una clara vulneración de la legislación europea».

La respuesta de la Comisión de Peticiones contó con la aprobación unánime tanto de los peticionarios como de los representantes de todas las fuerzas políticas españolas, que abogaron por que la petición siguiese abierta.

«Ha sido el mejor resultado que podíamos esperar», celebró el portavoz de la Plataforma Pro Soterramiento, Joaquín Contreras, en declaraciones a la Agencia EFE, y valoró positivamente «el apoyo de todos los grupos, incluido el del Partido Popular».

Pese a la satisfacción, Contreras denunció que las administraciones más cercanas, la autonómica y la municipal, «siguen dándole la espalda a la plataforma» y que «ha hecho falta acudir a Europa para que se haga justicia».

El portavoz de la plataforma aseguró que hoy «la gente de Murcia saldrá a la calle por 73º día consecutivo para seguir reclamando que el AVE llegue soterrado a la ciudad y no la parta por la mitad».

Murcia se sitúa como la cuarta región con más casos de agresiones a profesores

C. Martínez
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Murcia se sitúa como la cuarta región con más casos de agresiones a profesores

El número de casos de acoso y violencia hacia los profesores se ha incrementado en los últimos tiempo a cifras preocupantes. Y es que, en concreto, el número de sucesos de este tipo ha aumentado un 15% en el curso 2016-17 respecto al anterior, especialmente desde el alumnado, cambiando la tendencia descendente de los tres años anteriores.

Los datos han sido publicados en un Informe del Defensor del Profesor 2016-17 del sindicato de docentes independientes ANPE, que desde hace doce años ha atendido a 32.500 profesores, 2.249 el pasado curso, es decir, casi 300 más que en el anterior.

De esta manera, la comunidad autónoma de Madrid lidera el raking «curso tras curso», seguida por Galicia, Canarias y, en cuarta posición la Región de Murcia.

En concreto, el pasado curso se ha incrementado un 15% el número total de casos atendidos por esta institución, que ha detectado que se ha pasado de un 3% a un 12% las agresiones y amenazas de los estudiantes a sus profesores.

Respecto a los compañeros de los docentes, ha habido un aumento del 18% al 19% en los problemas con la administración educativa y dos puntos, del 26% al 28%, lo relacionado con la dirección del centro.

En relación a los padres, aumentaron las denuncias a profesores de un 18 a un 19%, al igual que la presión para modificar calificaciones (de un 7% a un 8%).

Asimismo, el informe señala que el 70 % de los profesores atendidos el pasado curso presentaba ansiedad y el 9 % depresión con situaciones de baja laboral.

El presidente de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ha recordado que el colectivo de profesores de centros públicos asciende a 500.000 docentes, y ha explicado que las denuncias no son ya solo respecto a cursos de Secundaria, sino que se iguala con Primaria.

Fernández también ha señalado que aunque «han mejorado las faltas de respeto e indisciplina de tono menor» del mismo modo «han crecido los casos más graves: amenazas y agresiones físicas y verbales de alumnos a profesores, casos de ciberacoso y denuncias de padres a docentes».

Por su parte, los coordinadores del servicio del Defensor del Profesor, Crisálida Rodríguez y Jesús Niño, han comentado que «la mayoría de casos de conflictividad se produce en escuelas públicas, pero que también reciben del resto del sistema, incluida la Universidad y escuelas de Arte».

Rodríguez ha criticado  «los wassap de padres que hacen las tareas de los hijos o se ponen en contra de los docentes», explicando que «por ejemplo, si una madre del grupo, de repente, decide que una profesora no sea la tutora de su hijo o se quiere que un alumno con alguna deficiencia no siga en una clase».

Asimismo, la coordinadora ha apuntado a que «en el ciberacoso a los docentes los alumnos acosadores pueden pertenecer a distintas clases sociales, quizá a aquellas con más medios».

Deloitte utilizará en su informe definitivo sobre el Popular los mismos argumentos que Luis de Guindos

Esteban P. Cano
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Deloitte utilizará en su informe definitivo sobre el Popular los mismos argumentos que Luis de Guindos

Hablar de polémica y de Deloitte es prácticamente utilizar sinónimos. La empresa que va a ser procesada por el caso Bankia por haber cometido, presuntamente, irregularidades en la salida a bolsa de la entidad entonces presidida por Rodrigo Rato, fue la encargada de realizar el informe provisional del Banco Popular y, en base a las conclusiones de dicho documento, se tomó la decisión de intervenir a la entidad y entregársela por un euro al Santander. Casualmente, Deloitte fue durante décadas la auditora del banco cántabro.

Tal y como informamos en Diario16 ese informe provisional está lleno de dudas por varias razones. En primer lugar, por la opacidad demostrada por la JUR a la hora de hacerlo público o de ponerlo a disposición de los letrados de los afectados o de los representantes del pueblo español. En segundo lugar, por las razones que se dieron para no hacerlo público ya que el hecho de que se afirme que se pone en peligro, en primer lugar, al Santander, y, en segundo lugar, al sistema financiero europeo, da una idea de la fragilidad tanto del primero como del segundo si el hecho de ser transparente y coherente con los principios que rigen la UE puede hacer peligrar a un banco como el Santander o a la economía europea. En tercer lugar, porque se plantearon diferentes escenarios que, según los inspectores del Banco de España, constituía una verdadera «grosería técnica». En cuarto lugar, porque uno de esos escenarios era positivo y, «sorprendentemente», no se tuvo en cuenta. El informe de Deloitte estaba tan cogido con alfileres y generaba tantas dudas que hasta hace poco más de un mes no hubo quien se quisiera hacer cargo de realizar el informe definitivo.

Finalmente se ha tenido que hacer cargo la propia Deloitte y, según diferentes fuentes financieras consultadas por Diario16, la estrategia de la auditora pasa por realizar un documento con un lenguaje sencillo para que sea entendido por cualquier persona puesto que tienen claro que va a ser un informe muy demandado tanto por abogados, como por especialistas económicos y financieros y, sobre todo, por los más de 305.000 afectados por las conclusiones del provisional que llevó al Popular a su intervención. Además, Deloitte tiene claro que, después de las diferentes polémicas que ha sufrido en los últimos tiempos (procesamiento por Bankia incluido), su documento será estudiado y analizado con lupa.

En principio tienen la intención de presentarlo antes de las navidades y el informe tendrá una conclusión clara que no es nueva: gracias a que llegó el Santander para salvar al Popular, si no el final hubiera sido traumático. Deloitte no sólo tiene intención de presentar, nuevamente, los distintos escenarios, haciendo hincapié sobre todo en los negativos ya que, una de sus pretensiones es hacer ver lo que hubiese ocurrido si el día 7 de junio no se hubiera la intervención y la venta al Santander por un euro. Para poner un escenario trágico e intentar convencer a la opinión pública de que todo lo que se hizo —incluido el hecho de arruinar a más de 305.000 familias— fue por el bien de España porque, si no hubiese aparecido el Santander con su euro, el Popular hubiera tenido un coste para todos los españoles, empezando por aquellos que tenían depósitos por encima de 100.000 euros que hubieran perdido todo lo que tuvieran de más hasta la gente que se hubiese acercado a su sucursal y no habría podido sacar dinero o los comercios que, según esta versión, no hubieran podido abrir sus negocios porque los TPV estarían inutilizados.

Deloitte también tiene intención de argumentar que esa catástrofe no habría afectado sólo al Popular sino también al sistema financiero español. ¿Les suena este argumento? La auditora que lo fue durante décadas del Santander va a intentar convencer de que si la entidad presidida por Ana Patricia Botín no hubiese hecho su oferta «generosa», el rescate del Popular habría tenido un coste para el Estado de 35.000 millones de euros. Esta es precisamente la misma respuesta que dio Luis de Guindos al socialista Pedro Saura en el Pleno del Congreso de los Diputados cuando fue preguntado sobre el caso Banco Popular y, en cierto modo, es un compendio de los argumentos que desde Europa y desde el Santander llevan trasladando desde el mismo día 7 de junio, argumentos que los hechos y la documentación que este medio ha publicado desmontan uno a uno.

Lo más sorprendente es que en el informe definitivo, Deloitte declarará que sólo hubo una oferta por el Popular: la del Santander. Esto no es del todo cierto porque, tal y como hemos publicado en Diario16, en los días anteriores a la intervención se presentaron ofertas para ampliar capital por parte de Deutsche Bank y de Barclays. Además, Criteria Caixa había desbloqueado 4.000 millones de euros para, precisamente, personarse en la subasta del Popular. ¿No hubo ofertas o no se quiso que las hubiera? Con estos tres ejemplos suma un total de 12.000 millones de euros que estuvieron al alcance del Popular pero que no se tomaron en cuenta porque la única solución posible era la del Santander.

Que tanto Deloitte, el Santander, Luis de Guindos como las instituciones europeas estén utilizando la misma argumentación para defender la intervención del Banco Popular y la ruina de más de 305.000 familias es una demostración de que todo es una operación orquestada para un único fin: rescatar al Santander.

La «grosería» de Deloitte que arruinó a las 300.000 familias del Popular

La JUR no tiene quien justifique la intervención del Popular y su venta por un euro al Santander

 

Hay que combatir los fraudes empresariales

Roberto Tornamira
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Hay que combatir los fraudes empresariales

Dicen que ha pasado la crisis aunque persiste la recesión. Bueno, en términos generales y si nos creemos al cien por cien las estadísticas y datos del Gobierno, es una afirmación válida; es irrefutable que cuantitativamente hablando se está creando empleo.

Otra cosa muy distinta es la calidad del empleo que se genera; principalmente temporal y en condiciones muy precarias. Tenemos la segunda tasa de temporalidad en Europa, el 27%, solo superados por Polonia. Hay que señalar que dicha tasa de temporalidad se dispara al 73% entre los jóvenes menores de 25 años; desgraciadamente también hacemos “pódium en esta disciplina”.

Incluso la contratación indefinida que se está generando es “falsa” en un porcentaje muy elevado, pues más del 50% de los contratos indefinidos que se celebran tienen una duración inferior a un año; esto se produce por el uso y abuso del “contrato de apoyo a emprendedores”, uno de los elementos más dañinos de la reforma laboral del Gobierno de Rajoy en 2012.

Qué decir de la contratación a tiempo parcial, donde más del 60% no es voluntaria por parte del trabajador/a.

Son datos que nos dan una idea de la mala calidad del empleo en esta España que crece, pero a qué coste y en qué condiciones para los trabajadores.

No obstante, lo dicho hasta aquí no es un fraude, no es más que la consecuencia de la reforma laboral antes citada; aquella que Luis de Guindos anunciaba a Junker como “muy agresiva”. En esto al menos no mentía.

El fraude no está en el acceso al trabajo mediante un contrato, el fraude viene en el desarrollo del contrato. Hay que combatir los distintos fraudes que cometen los empresarios, en las condiciones en las que los trabajadores y trabajadoras tienen que desempeñar su puesto de trabajo.

Está siendo muy habitual que trabajadores con contratos de tiempo parcial hagan más de 40 horas semanales, es un fraude múltiple, por ejemplo:

  • Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa (Ley 11/2013), con bonificaciones entre el 75% y el 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes. Es un contrato en el que en muchas ocasiones la formación brilla por su ausencia. Al estar dirigido a jóvenes menores de 30 años, tenemos bajo este contrato a trabajadores muy formados, a los que tampoco se les respeta la jornada y terminan haciendo jornada completa.

Pero el fraude no sólo está vinculado a la PYME, a la contratación precaria y al empleo temporal. En el sector financiero, que es un sector con altos índices de contratación indefinida, cuyas empresas están anunciando incrementos en sus beneficios de dos dígitos: los cinco grandes bancos de este país se jactaron de obtener 3.989 millones de euros en el primer trimestre del presente año, lo que representó un incremento medio del 28,5% más que en el mismo periodo de 2016.

Prolongación de Jornada: un eufemismo que se ha adoptado en ausencia del debido pago de las horas extras no reconocidas

Los tres grandes: Santander, BBVA y Caixabank, al cierre del tercer trimestre del presente año, sumaron 10.014 millones de euros en beneficios más que en los nueve primeros meses del años 2016, lo que supone un incremento del 10%, el 23,3% y el 53,4% de incremento respectivamente para cada entidad.

Pues bien, en este potente sector financiero, se está destruyendo empleo a mansalva; vamos hacia los 90.000 empleos destruidos y el cierre de más de 17.000 oficinas desde 2008, y además actualmente se está sobre explotando a los trabajadores y trabajadoras que han mantenido su puesto de trabajo en el sector.

Dicha sobreexplotación no es nueva ni sobrevenida con la crisis. Toma la denominación de “Prolongación de Jornada”; un eufemismo que se ha adoptado en ausencia del debido pago de las horas extras no reconocidas y por ende no pagadas. Esta situación provoca un fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública dado que no se cotiza ni se retiene IRPF de lo que no se paga.

Los subterfugios que utilizan las empresas son múltiples: reuniones, formación, etc. El caso es que lo que debería ser una situación puntual ha terminado siendo un hecho habitual. A lo anterior hay que añadir que de cada oficina que se cierra, la carga de trabajo se traslada a otra oficina en la que por lo general no se incrementa el número de plantilla.

Las plantillas en el sector financiero han mermado y hace ya muchos años que es difícil ver una sucursal bancaria con más de 3 ó 4 trabajadores incluido el director de la oficina. Además, las plantillas administrativas de antaño, han mutado en plantillas de perfil muy comercial, el caso es que la formalización de los productos que se venden por la mañana: concesión créditos, tarjetas, pólizas de seguros, etc., se hacen por la tarde con la puerta de las oficinas cerrada.

La Unión General de Trabajadores (UGT) realizó un estudio en 2014 sobre la situación del Sector. En aquel estudio, 3 de cada 4 trabajadores, el 78%, declaraba prolongar su jornada por encima de lo establecido en el Convenio Colectivo Sectorial. El 40,34% declaraba que lo hacía por exceso de trabajo y el 34,5% por presiones de sus superiores. Las conclusiones de aquel estudio decían que con el efecto “Prolongación de Jornada” se amortizaban entre 10.000 y 14.000 puestos de trabajo.

En la sociedad se han instalado algunos “mantras”, con la inestimable ayuda de la opinión publicada; uno de ellos es el “¿y qué hacen los sindicatos?”. Pues bien, los sindicatos mayoritarios vienen denunciando en todas las formas a su alcance esta situación: desde los estudios técnicos como el referido de la UGT, pasado por los intentos de resolver este problema en el seno de la negociación colectiva sectorial, acudiendo en multitud de ocasiones a la Inspección de Trabajo y denunciando estas prácticas ante los Tribunales de Justicia.

Este mismo año, el Tribunal Supremo ha revocado una sentencia de la Audiencia Nacional, por la que se obligaba a Bankia a establecer el control horario de la plantilla. El TS ha dado la razón a las empresas en su argumento de que no se producen horas extras: claro que no, porque no se pagan, lo que no significa que no haya fraude y que esas horas trabajadas gratis no estén contribuyendo al beneficio empresarial, ni que el erario público no se esté perjudicando al no recibir las cotizaciones y tributos que debería recibir.

Desde el Sector Financiero, Seguros y Oficinas de la FeSMC-UGT estamos siguiendo muy de cerca el trámite parlamentario de la proposición de ley que presentó el Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido aprobado por el Pleno del Congreso para poder pasar a su desarrollo de ponencias y enmiendas, al objeto de modificar los artículos 34 y 35 del Estatuto de los Trabajadores y obligar a la empresa, a todas, a establecer controles de horario a cuya información tengan acceso los propios trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo.

Hay que combatir el fraude múltiple de las empresas o de lo contrario continuará el deterioro del Sistema Público de Pensiones, el Estado de Bienestar y se seguirá profundizando en la precarización del mercado laboral.

Roberto Tornamira Sánchez es Secretario Federal del Sector Financiero, Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT

La Justicia injusta en el caso Banco Popular

Manuel Domínguez Moreno
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La Justicia injusta en el caso Banco Popular

Según diferentes informaciones publicadas en los últimos días, la Audiencia Nacional ha trasladado una consulta a la Unión Europea para comprobar si los recursos contra la intervención deben ser juzgados en España o en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evitar que dichos recursos sean «sobrejuzgados». Por consiguiente, la Audiencia Nacional está adoptando los mismos argumentos que las defensas del Santander respecto a si los tribunales españoles tienen competencia para juzgar la intervención del Popular. Por otro lado, la propia Fiscalía ha determinado que existen indicios de delito en la ampliación de capital de 2.016 utilizando los mismos argumentos que se usaron en el caso Bankia y encausando a los Consejos de Administración de Ángel Ron y de Emilio Saracho.

Ambas noticias tienen una intención diabólica: desanimar a los afectados de que se querellen, en primer lugar, contra la propia operación y, en segundo lugar, de demandar al Santander porque, viendo cómo la Justicia está alargando el proceso en contraposición con la velocidad aplicada a los procedimientos en otros asuntos de máxima actualidad o cómo se está ajustando a las tesis judiciales del Santander podrían llegar a pensar que no se les va a hacer justicia y se les va a devolver lo que les arrebataron con nocturnidad y alevosía la madrugada del 6 al 7 de junio.

En primer lugar, hay que solicitar que los departamentos de comunicación de las instituciones de la Justicia española que sean quienes informen a los distintos medios sobre los movimientos de los distintos órganos en relación al caso Popular porque hay demasiado en juego y no se puede estar jugando a realizar filtraciones interesadas a medios de comunicación con vínculos con el Santander. Esos comunicados de prensa deben estar a disposición de TODOS los medios y, por la delicada situación de las más de 305.000 familias, ser lo más explícitos posible para, precisamente, no caer en la tentación de desanimar a que se tomen medidas legales contra los principales responsables de esta situación.

En segundo lugar, la Justicia debe ser justa, diligente e independiente, que es lo mínimo exigible para el Poder Judicial, y no caer en las presiones que estará recibiendo para entrar en razonamientos de leguleyo o en complicadas interpretaciones de la ley que profundicen en esa impunidad que parece tener el Santander. Diario16 ha presentado en la Audiencia Nacional documentación que demuestra que las 305.000 familias afectadas, además de haber sido arruinadas, fueron presuntamente estafadas. Con esas pruebas el juez Andreu ya tiene presuntamente documentación suficiente como para adoptar medidas cautelares hasta que se dilucide si la carta con la que se inició todo el proceso de intervención tiene o no tiene validez legal por la dudosa firma de Saracho y la falta de elementos identificativos o corporativos (antefirma y sello). Además, hemos aportado el acta del último Consejo de Administración en el que Emilio Saracho no menciona en ningún momento ni las ofertas para la ampliación de capital realizadas por Barclays y Deutsche Bank o las negociaciones que se estaban celebrando de manera paralela entre altos ejecutivos del Popular y directivos del Santander. Como presidente del banco estaba obligado a hacerlo y, por ende, el Consejo informar a la CNMV, lo que, probablemente, hubiera paralizado la cotización y, en consecuencia, habría frenado los ataques de los bajistas Marshall Wace (JP Morgan) y BlackRock. Sólo con la documentación presentada por Diario16 ya hay suficientes indicios delictivos como para que no se permita que el Santander siga haciendo negocio y desguazando a una entidad que la propia Justicia podría obligar a devolver a sus verdaderos dueños: los más de 305.000 accionistas.

Por otro lado, sorprende la diligencia que ha tenido el Banco de España a la hora de nombrar dos peritos muy cercanos al Gobernador para analizar las cuentas del Popular y que aún no se haya dado orden judicial de realizar un peritaje que determine la veracidad de la carta presuntamente firmada por Emilio Saracho en la que se declaraba la inviabilidad del Banco Popular.

Cuando Fernando Andreu rechazó tomar medidas cautelares respecto a la operación porque el daño que se podría generar sería mayor que la reparación de los afectados, permitió indirectamente que el Santander llevara adelante una estrategia de «tierra quemada» que busca, precisamente, eso, que la Justicia tenga un escenario en el que le sea imposible tomar medidas cautelares o retrotraer la operación.

La Justicia debe ser justa siendo independiente y, en el caso del Popular, tener en cuenta todos los indicios que este medio está publicando respecto a que a los más de 305.000 afectados fueron presuntamente estafados. Razones para paralizar cautelarmente la operación, por comparcion sabida, hay de sobra, tal y como estamos demostrando, porque, si no se hace, el Santander provocará que el daño sea irreversible y, por tanto, la Justicia será injusta aquí y en Brusela.

La Junta ha recuperado 345 cuerpos de fosas de los asesinatos franquistas

Santiago Aparicio
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La Junta ha recuperado 345 cuerpos de fosas de los asesinatos franquistas

El vicepresidente y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha destacado que, desde el inicio de la presente legislatura, la Junta ha desarrollado o viene desarrollando alrededor de 40 intervenciones directas en fosas que han permitido la recuperación de al menos 345 cuerpos de andaluces «que permanecían, desaparecidos y ocultos, arrojados en la indignidad de una fosa, y que han podido o podrán tener un entierro digno».

El vicepresidente, que ha intervenido en la Comisión parlamentaria de Presidencia para realizar un balance de las actuaciones en materia de memoria democrática, ha indicado que en el presente año se han desarrollado 24 intervenciones, de las que 17 han sido intervenciones de localización y exhumación y el resto actuaciones de identificación genética sobre las que se trabaja en laboratorio, como estudios de documentación, recogida de testimonios.

Respecto a las actuaciones en fosas, ha indicado que se están llevando a cabo labores de indagación, localización, exhumación y estudio antropológico en fosas de municipios como en Benamahoma (Cádiz), San Fernando (Cádiz), Lucena (Córdoba), Nerva (Huelva), Álora, Cártama y Villanueva de la Concepción (Málaga), o El Coronil (Sevilla), a las que deben sumarse las actuaciones de identificación genética y que, al amparo del convenio firmado entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada, vienen desarrollándose en este centro de la universidad granadina de referencia mundial.

Según ha informado, con estas actuaciones culmina un año 2017 «especialmente activo» en cuanto a actuaciones específicas en fosas y que, junto a las mencionadas, también se ha intervenido en Monturque, Castro del Río y una primera intervención en Lucena (Córdoba), Álora, igualmente en una primera intervención, y Colmenar (Málaga), y Guadalcanal, Palomares del Río, Camas y La Campana (Sevilla).

En su opinión, se trata de unas cifras «que muestran que estamos ante un cronograma a pleno rendimiento que nos enorgullece porque demuestra la implicación y apuesta de este Gobierno que no tiene parangón a nivel estatal». En el mismo sentido, ha recordado que el compromiso con la recuperación de la memoria y la reparación a las víctimas se muestra en el aumento imprimido al presupuesto destinado para 2018 a actuaciones específicas en fosas e identificación genética que experimenta un incremento de más del 150% respecto al ejercicio actual.

De esta forma, ha señalado que «reforzamos nuestra idea de que debemos continuar por esta senda de la recuperación de la memoria desde el principio de escrupulosidad científica, colaboración entre administraciones –tendiendo la mano a los ayuntamientos y diputaciones que quieran sumarse a trabajar de forma estrecha con nosotros-, y con los colectivos memorialistas».

Asimismo, ha indicado que este trabajo se acompañará de la creación de un órgano fundamental para el desarrollo de la Ley de Memoria como es el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, así como la efectiva puesta en marcha de las Oficinas de Víctimas de la Represión Franquista en las Delegaciones del Gobierno de todas las provincias andaluzas.

Conesa pide lealtad institucional al gobierno de la Región de Murcia

Jerónimo Martínez
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Conesa pide lealtad institucional al gobierno de la Región de Murcia

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa ha pedido al Gobierno regional, a través de una carta abierta al presidente de la Comunidad, un compromiso de igualdad de trato y de lealtad institucional en todos aquellos ayuntamientos que estuvieran gobernados por alcaldes y alcaldesas socialistas.

Conesa ha recordado que en su primera reunión como secretario general con el presidente, le propuso trabajar de forma ordenada, coordinada y con visión de futuro con los ayuntamientos, y le planteó una ley de financiación local que beneficie por igual a los consistorios, independientemente del color político de sus gobiernos.

“Le hice llegar esta inquietud por la actitud que han manifestado algunos consejeros y directores generales, al visitar municipios haciendo actos de partido, cuando se trataba de actos institucionales y en los mismos tendrían que haber estado los alcaldes y alcaldesas o concejales socialistas, y ni siquiera han sido invitados cuando altos cargos de su Gobierno -que es el de todos los murcianos y murcianas y no del PP- ha acudido a estos municipios”, ha señalado Conesa en la carta.

“Para nuestra sorpresa, y sólo cuatro días después, ha sido usted mismo, presidente, el que ha incumplido ese acuerdo de lógica y lealtad institucional, asistiendo a un acto de comunicación para presentar el proyecto de la UCI del Hospital de Caravaca de la Cruz, para el cual ni ha llamado al alcalde, ni se ha comunicado el mismo al Ayuntamiento del municipio. Ni, por supuesto, ha tenido la deferencia de contar con diputados del Grupo Parlamentario Socialista que tanto han peleado por este asunto en la Asamblea Regional”, ha añadido.

Además, Conesa ha destacado la predisposición de los socialistas a desatascar problemas de vital importancia para la Región de Murcia, como el de la ITV, a pesar de no ser el modelo inicial que defendían.

Finalmente, ha insistido en que, tal y como le manifestó al presidente en la reunión, el PSOE está, como partido de gobierno y de mayoría social, a disposición del interés general de la ciudadanía de la Región de Murcia.

Desde 2009 se ha atendido a 3.666 menores víctimas de violencia machista en Andalucía

Santiago Aparicio
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Desde 2009 se ha atendido a 3.666 menores víctimas de violencia machista en Andalucía

Andalucía ha atendido desde 2009 a 3.666 menores de entre 6 y 17 años víctimas de la violencia que sufren de manera directa los hijos de agresores machistas. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha recordado en sede parlamentaria, que el Gobierno andaluz fue pionero en considerar a los menores como víctimas directas de la violencia de género, al poner en marcha en 2009 el Servicio de Atención Psicológica para Hijos de Mujeres Víctimas de Violencia de Género del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), con el objetivo de ofrecerles un itinerario personalizado de atención integral para mejorar su bienestar psicosocial y atender sus necesidades socioeducativas.

El servicio permite realizar una atención psicológica a menores para aumentar su autoestima, resolver conflictos psicológicos derivados de su situación, potenciar actitudes y comportamientos empáticos, así como eliminar los estereotipos y prejuicios de género. El programa trabaja también con las madres para enseñarles a identificar señales de alarma previas a la reproducción de conductas violentas por parte de los hijos, a mejorar las relaciones entre madre y menor y a orientar sobre las pautas educativas más adecuadas a cada edad.

La consejera ha destacado así «la línea constante de trabajo y mejora» de este programa, que este año ha incorporado como novedad el Servicio de Apoyo Psicológico en Crisis para Hijos de Mujeres Víctimas Mortales de la Violencia de Género, una iniciativa pionera en España que ofrece de manera gratuita e inmediata atención psicológica de urgencia a menores y familiares que se enfrentan a un hecho tan traumático como el asesinato de una madre a manos del padre agresor.

El servicio, que se ofrecía inicialmente en las capitales de provincia, amplió en 2014 su cobertura a los municipios, ahorrando tiempo y costes de desplazamiento a las personas usuarias. Junto a ello, la red integral de acogida a víctimas de violencia de género se presta una atención integral a menores víctimas, desde sus necesidades más básicas a su desarrollo escolar.

Totana apoyará a sus regantes en la reivindicación por mantener el trasvase Tajo-Segura

Jerónimo Martínez
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Totana apoyará a sus regantes en la reivindicación por mantener el trasvase Tajo-Segura

El Pleno del Ayuntamiento de Totana acordó anoche, por unanimidad, apoyar a la Comunidad de Regantes del Trasvase Tajo-Segura de esta localidad, así como a los agricultores y a sus familiares, instando al Gobierno de España al mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura, poniendo en marcha de forma urgente todas las medidas necesarias ya planteadas al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente en el mes de julio del presente año que garanticen la perdurabilidad de esta infraestructura por ser pilar básico de la agricultura y empleo de nuestro municipio.

Además, se aprobó suscribir el Manifiesto levantino por el Agua reivindicando la perdurabilidad del Acuerdo Tajo-Segura como pilar básico de futuro para nuestras poblaciones, tal y como recogía la moción conjunta de los tres grupos municipales y el edil no adscrito.

Los corporativos aprobaron, con los votos a favor del PSOE, PP y Ganar Totana-IU y la abstención del edil no adscrito, la moción conjunta del PSOE y Ganar Totana-IU para proponer a Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, al Congreso de los Diputados y a la Asamblea Regional la creación de la institución del «Defensor/a de las Generaciones Futuras».

El Pleno  aprobó, con los votos a favor del PSOE y Ganar Totana-IU y en contra del PP y el edil no adscrito, la propuesta de la Alcaldía para desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Popular al Presupuesto General del Ayuntamiento de Totana para el ejercicio 2017, compuesto por los Presupuestos del propio Ayuntamiento y de las sociedades privadas municipales PROINVITOSA y CEDETO, S.L.

Al respecto, se acordó aprobar definitivamente éste y su publicación en el BORM, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en relación al artículo 169.3 R.D. Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, remitiendo copia del presupuesto general definitivamente aprobado a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

Además, se dio luz verde a la moción de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, por unanimidad, para instar a la Consejería de Presidencia y a su Secretaría General, así como a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, para la culminación de los trámites oportunos respecto del pago del importe de 10.000 euros al Ayuntamiento de Totana, de acuerdo con el Convenio de Colaboración redactado al efecto, para subvencionar la adquisición de una ambulancia con destino al servicio de Protección Civil de Totana.

Fuera del orden del día, se aprobó, con los votos a favor del PSOE, Ganar Totana-IU y el concejal no adscrito y la abstención del PP, la propuesta  de la Alcaldía para formalizar la operación de préstamo con cargo al compartimento del Fondo de Ordenación con motivo de las deudas pendientes con la Agencia Estatal Tributaria y pagos a proveedores que se están compensando mediante retenciones de la Participación de los Tributos del Estado.

En este sentido, se aprobó formalizar una operación de crédito a largo plazo por importe de 4.851.069,10 euros, con la entidad financiera que resulte designada por el ICO como gestora de los Fondos de Ordenación de los que trae causa la citada operación de crédito y todo ello en el ámbito del Fondo de Ordenación al que se encuentra adherido este Ayuntamiento, para hacer frente a la deuda pendiente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y que está siendo objeto de compensación mediante la aplicación de retenciones de la participación en tributos del Estado.

La propuesta recogía, asimismo, formalizar otra operación de crédito a largo plazo por importe de 30.399.177,43 euros, igualmente, para poder llevar a cabo la sustitución de la aplicación de retenciones de la participación Tributos del Estado para la cancelación de deudas con el Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores de Entidades Locales.

Mociones grupos políticos municipales

El Pleno aprobó la moción del Grupo Popular, con el apoyo del PSOE, PP y edil no adscrito y la abstención de Ganar Totana-IU, para celebrar el 40 aniversario de la Constitución Española (CE) en el año 2018.

La propuesta recogía la adhesión institucional de Totana a los actos conmemorativos que están promoviendo y coordinando las Cortes Generales para la celebración el 6 de diciembre de 2018, y promover desde el Ayuntamiento, conjuntamente con los colegios del municipio, actividades dirigidas a conocer, celebrar y poner en valor la CE por parte de los niños y adolescentes de Totana, como pueden ser concursos de dibujo, redacciones, trabajos relacionados con el 40 aniversario de la Carta Magna, etcétera.

Se dio luz verde, con los votos favorables del PSOE y Ganar Totana-IU y en contra del PP y el edil no adscrito, a la propuesta de enmienda de Ganar Totana-IU a una moción para que el Ayuntamiento condenara rotundamente los actos de violencia y vandalismo contra las obras del AVE en Murcia, que ponen en peligro el desarrollo social y económico de la Región de Murcia.

La enmienda de Ganar Totana-IU recogía el rechazo institucional a los actos de violencia cometidos en el paso a nivel de Santiago el Mayor y las cargas policiales, rechazando que se intente culpar a los vecinos o a la Plataforma Pro Soterramiento de actos aislados, así como exigir el soterramiento de esta infraestructura y priorizar la inversión pública en el mantenimiento y mejora de los trenes de Cercanías y media velocidad, entre otros.

También se aprobó la moción del PP, con los votos a favor del PSOE, Ganar Totana-IU, PP y la abstención del edil no adscrito, para dotar  en el presupuesto de 2018 de una mayor partida respecto a la del presupuesto 2017 destinada al fomento, difusión y promoción de la Semana Santa con el fin de iniciar desde el Consistorio junto al Ilustre Cabildo de Procesiones  la elaboración del expediente de Declaración de Interés Turístico Nacional de la Semana Santa de Totana, dando       cumplimento a la propuesta del 2015 aprobada por unanimidad. Esta propuesta se mejoró con una enmienda de Ganar Totana-IU para se efectúe el acuerdo en la medida de las posibilidades económicas del Ayuntamiento.

Los corporativos aprobaron la moción del Grupo Socialista, con la enmienda de sustitución parcial de Ganar Totana-IU, con los votos a favor del PSOE, Ganar Totana-IU, PP y la abstención del edil no adscrito, para que se permita que las Entidades Locales reinviertan su superávit en 2018, sin necesidad de autorización legal para esa reinversión y lo contemple en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018.

En este sentido, la enmienda de Ganar Totana-IU precisaba instar al Ministerio de Hacienda y al Gobierno de la Nación a que permita que las entidades locales reinviertan todo o parte del superávit en 2018 sin necesidad de autorización legal para esa reinversión y lo contemple en los Presupuestos Generales para el ejercicio 2018.

Los concejales aprobaron, por unanimidad, la moción del PSOE para regular adecuadamente la figura del Consumidor Vulnerable del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre; reforzando el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales desde la Administración General del Estado para consolidar y desarrollar las estructuras de los servicios sociales de atención primaria, así como sus funciones y prestaciones básicas, impulsando un sistema público de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía.

La propuesta del Grupo Socialista recoge también reformar el Real Decreto regulador de la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica; así como incluir en los PGE una cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección al consumidor vulnerable, para que no se haga recaer el coste de las medidas de protección en las administraciones territoriales titulares de los servicios sociales.

Esta partida presupuestaria se repartirá entre las Comunidades Autónomas según los criterios que se acuerden en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Asimismo, se propone aprobar mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una norma que impida el corte del suministro de gas a los consumidores vulnerables.

Por último, se aprobó la moción del edil no adscrito, con los votos a favor del PP, PSOE y él mismo y en contra de Ganar Totana-IU, para que se revisen varias partidas presupuestarias recogidas en su iniciativa por parte del departamento de Contratación correspondiente, y se busquen otros proveedores o si es posible uno solo que posibilite la reducción de estos gastos para futuros años de manera significativa.

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