Una plataforma de afectados por la venta del Popular por un euro al Santander se quiso poner en contacto con Mariano Rajoy a través de personas del Partido Popular para, en primer lugar, explicarle la situación de las víctimas de la operación y, en segundo lugar, conocer de su parte la implicación o las actuaciones que adoptó el Ejecutivo que él preside para haber permitido la ruina de más de 305.000 familias. La respuesta les llegó y no tiene desperdicio porque parece redactada por el propio Luis de Guindos o, directamente, por el Banco Santander puesto que los argumentos que se dan son los mismos que están utilizando los abogados de la entidad presidida por Ana Patricia Botín. Diario16 ha tenido acceso al documento en cuestión.
«Señalamos que el Gobierno no tiene competencias y, por tanto, no puede intervenir en la supervisión ni en la resolución de entidades financieras. Dicho esto, cabe apuntar que la resolución del Banco Popular deriva de la declaración de inviabilidad del mismo declarada por el Banco Central Europeo (BCE). A partir de ese momento, las decisiones sobre cómo proceder ante los problemas de la entidad dependen de la Junta Única de Resolución. Una vez constatado por este órgano que se cumplían las condiciones para recurrir al procedimiento de resolución del banco, la Junta dio al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) la instrucción expresa de que iniciase el proceso, que se ha realizado minimizando los daños lo más posible, así como bajo el estricto cumplimiento de la normativa europea.
» Permítenos explicarte brevemente las condiciones que son necesarias para comenzar el proceso de resolución. En primer lugar, como ya hemos citado, se había declarado la situación de inviabilidad tanto por el BCE como por el propio Popular. En segundo lugar, se reconoció la falta de alternativas para resolver estas dificultades por medio de inversores privados. Por último, debía darse la condición de existir motivos de interés público, que en este caso no son otros que el de preservar la estabilidad financiera, evitar la inyección de dinero público y a la par proteger a los depositantes como obliga la legislación a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Sin embargo, el caso de los accionistas es distinto ya que, como sabes, las acciones constituyen inversiones cuyos activos son más rentables que los depósitos financieros y, en consecuencia, también conllevan más riesgo. Por otra parte, de no haberse realizado este proceso de resolución, el banco se habría liquidado en procedimiento concursal ordinario.
En relación con la venta, se trató de un proceso abierto, transparente y neutral. Se llevó a cabo mediante un proceso competitivo en el que se contactó con las únicas cinco entidades financieras que habían mostrado interés en el proceso anterior de intento de venta privada y que, por tanto, tenían ya datos sobre la situación del Banco Popular. De esas cinco entidades, dos firmaron el acuerdo de confidencialidad para poder participar en el procedimiento. Por último, la oferta ganadora fue la que presentó el Banco Santander, propietario hoy de todas las acciones, al tiempo que se ha comprometido a garantizar la liquidez necesaria para asegurar la continuidad del normal funcionamiento del Popular desde el mismo día de la operación. Cabe añadir que, en paralelo, un experto independiente había realizado una valoración negativa del Banco Popular, y a pesar de ello, el precio de venta final resultó ser superior a esta valoración».
Señor Mariano Rajoy, ¿usted también? Cuando un departamento o un gabinete de comunicación de una entidad pública responde a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos es su palabra la que está ahí y, por tanto, su visión sobre el tema en cuestión. En este caso, todos los argumentos que se dan en esa contestación parecen escritos por su ministro de Economía puesto que son exactamente los mismos que ha dado en el Congreso de los Diputados en diferentes ocasiones. Por otro lado, esas mismas justificaciones son las que dio la representación legal del Banco de Santander al afirmar que los tribunales españoles no son competentes para juzgar las demandas de las víctimas de esta presunta estafa.
Cuando la respuesta se refiere al experto independiente, ¿se está refiriendo al informe de Deloitte? ¿Acaso no sabe que uno de los escenarios que planteó daba al Popular una valoración positiva y que no se tuvo en cuenta porque aplicarla era «complicado», tal y como reconoció el presidente del FROB en la Comisión de Investigación sobre la Crisis Económica del Congreso de los Diputados? Los propios inspectores del Banco de España calificaron dicho informe y los escenarios que plantearon como de «grosería técnica» y de «poco profesional». Además, esa valoración independiente era provisional y, a día de hoy, no hay noticia de que ninguna de las empresas auditoras que conforman el Big Four, se haya querido hacer cargo del informe definitivo. En otro orden de cosas, en esa comunicación a la plataforma de afectados se dice que se abrió un proceso para hacerse con el Popular y que la oferta del Santander superaba a la valoración de Deloitte. Tal y como ya le hemos dicho, uno de los escenarios era muy superior al euro por el que la entidad cántabra se hizo con el sexto banco español.
Señor Mariano Rajoy, tal y como hemos hecho público en Diario16, el proceso de la resolución se inició a través de un documento cuya verosimilitud está en duda por, en primer lugar, no ir acompañado del sello de la entidad, en segundo lugar, por estar firmado presuntamente por Emilio Saracho ya que la firma no se corresponde con la que ese mismo día rubricó en el acta de la reunión del Consejo de Administración, y, en tercer lugar, porque dicha firma no va siquiera acompañada de la correspondiente antefirma. ¿Se imagina que usted firmara un Decreto Ley en un documento sin las correspondientes verificaciones gubernamentales y que ese Decreto Ley se aplicara? Sería ilegal, ¿verdad?
Señor Mariano Rajoy, usted debería saber que en los días anteriores a la intervención se recibieron en el Banco Popular dos ofertas para ampliar capital por parte de dos grandes entidades internacionales, Barclays y Deutsche Bank, ofertas que no fueron comunicadas al Consejo de Administración, tal y como era el deber de la persona que ocupaba la presidencia del Popular pero que, en realidad, trabajaba para otra entidad. Por esta razón, cuando en la respuesta a la plataforma de afectados se afirma que «se reconoció la falta de alternativas», se estaba faltando a la verdad.
Por otro lado, por si no lo sabe o no lee Diario16, debe conocer el hecho de que la estrategia para la comunicación de la inviabilidad se diseñó en el despacho de abogados más vinculado al Santander a través de las conversaciones telefónicas mantenidas entre dicho bufete con el secretario del Consejo de Administración Joaquín Hervada, un documento en el que se hace hincapié en el hecho de que la inviabilidad no conllevaba una intervención inmediata. Esta conversación tuvo lugar días antes de que se recibieran las ofertas de Barclays y de Deutsche Bank. ¿Se necesitan más pruebas de que toda la operación estaba diseñada y que nada podía hacer que el Santander se hiciera con el Popular? ¿Un banco con depósitos por valor de 60.000 millones de euros en depósitos es inviable? ¿Un banco que dos grandes entidades internacionales reconocen que es viable, solvente y sólido estaba para ser intervenido o es que había prisa?
Por otro lado, está la responsabilidad de su propio Gobierno, en concreto del ministerio de Economía que, de un modo directo o indirecto, permitió que el ataque de los mercados al valor del Popular llegara a ocupar más de un 20% del capital del banco. En otra situación tanto la CNMV como el Banco de España, dependientes del departamento de Luis de Guindos, habrían actuado tal y como se hizo en otros casos, el último, el de Liberbank donde el ataque no llegó ni al 7%. ¿Por qué su ministro no ordenó a las autoridades supervisoras que actuaran? Era público que el Popular estaba siendo atacado. ¿No lo sabían en la CNMV o no lo quisieron ver?
Finalmente, le decimos que responsabilizar a la Junta Única de Resolución como único culpable de la intervención del Popular es un modo de empatizar con las posiciones que está adoptando el Banco de Santander, son los mismos argumentos. La JUR adoptó esa decisión basándose en unos datos que iban encabezados por una carta de dudosa veracidad, en unos datos que salieron de un Consejo de Administración al que se le había ocultado la existencia tanto de las dos ofertas de ampliación antes mencionadas como de negociaciones que se estaban llevando a cabo en paralelo con el propio Santander por un valor que osciló entre los 5.000 y los 3.000 millones.
Con los asuntos que tiene usted sobre la mesa —corrupción en su partido, acusación de que usted cobró de la caja B, Cataluña, aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, España como el país donde más aumenta la pobreza de la Unión Europea, la precariedad del mercado de trabajo, por citar algunos— no puede ser que se alinee con la versión de quien es responsable de la ruina de más de 305.000 familias, la gran mayoría de ellas votante de su partido y que probablemente dejen de poner su confianza en el PP. Su obligación es ponerse del lado de su pueblo y no de las élites, buscar soluciones para quienes han sido presuntamente estafados por la voracidad de una entidad en serias dificultades. Señor Rajoy, ¿usted también defenderá al Santander? Si lo hace y da la espalda a más de 305.000 familias afectadas, de las que casi tres cuartas partes son pensionistas y pequeños ahorradores, se estará convirtiendo en el cómplice necesario y eso no es propio de un presidente de un gobierno que presume de respetar y hacer respetar las leyes.
