Ximo Puig ha llegado a Madrid con diversas demandas. Nuevo modelo de financiación, cooperación logística Valencia-Madrid, pero la bomba estaba guardada en lo referente al agua. La guerra del agua que lleva meses siendo ocultada por los medios de comunicación, y que en cualquier momento estallará con virulencia, aumenta con la petición del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. El Presidente valenciano ha transmitido los problemas de los agricultores alicantinos por la sequía existente y le ha pedido que ponga en marcha planes medidas urgentes.
Las actuaciones de emergencia pasarían por un plan extraordinario que incluya un trasvase urgente desde el Tajo y la puesta en marcha de todos los recursos de la cuenca del Segura, sobre todo, de los pozos de sequía. Eso es lo que quiere Puig, el agua del Tajo cuanto antes para que los agricultores puedan trabajar. Eso sí, si los agricultores castellano manchegos no pueden cultivar no le preocupa. Ni que la ciudadanía castellano manchega sufra cortes de agua (que ya se vienen produciendo en algunas zonas como prevención), ni que el Tajo esté sufriendo un deterioro ecológico cuantioso, ni nada más allá de sus fronteras. Sólo lo suyo, mostrando escasa solidaridad.
Desde el gobierno de Emiliano García Page han sido claros y contundentes, ahora no hay trasvase posible. Agustina García ha declarado: “Puede pedir agua, pero no se puede conceder porque no existe. Los pantanos están en una situación alarmante porque no hay agua”. Y desde el PSCM-PSOE mucho más al pedir a valencianos y murcianos que se vayan olvidando del agua del Tajo. Hoy en día no hay más agua para ceder afirman con los datos en la mano los dirigentes castellano-manchegos. El problema estriba en que las desaladoras valencianas, que están a bajo rendimiento, producen un agua más cara que la del trasvase. Casi 50 céntimos más de coste por hectómetro cúbico y eso que les han puesto una moratoria de las aguas del trasvase. Por lo que les interesa, en vez de subvencionar desde el gobierno estatal o comunitario, sacar toda el agua del Tajo que puedan sin pensar en las consecuencias para los castellano-manchegos. Y en la tierra del Quijote han dicho basta porque sus ciudadanos y ciudadanas lo están sufriendo ya.
Puig ha pedido una serie de medidas estructurales que deberían contemplar la necesidad de incrementar los recursos disponibles, a través de un plan de reutilización de aguas regeneradas que debería plasmarse en un convenio con el Ministerio y permitir que la Generalitat sea quien otorgue las concesiones de aguas regeneradas; la utilización de toda la capacidad de las desalinizadoras; la construcción de embalses de cola; un plan de desalobración y seguir con la moratoria en las tarifas del agua del trasvase Tajo-Segura. Igualmente, entienden desde el gobierno de la Comunitat, debería contemplar la agilización de los trámites para permitir que los ayuntamientos limpien los barrancos.
Desde Castilla La Mancha, se felicitan porque valencianos y murcianos quieran aprovechar las desaladoras, porque “en Castilla-La Mancha no tenemos otro recurso, no podemos mirar al mar ni al océano para coger agua, solo vemos que los pantanos están vacíos”. Eso sí, ha advertido a García Tejerina que “esperamos que la contestación del Ministerio sea que ahora no se puede trasvasar, pero ni siquiera cuando los embalses se hayan recuperado un poco”. Si no habrá una guerra del agua.
