domingo, 12 abril, 2026

Lorca organiza un seminario de impulso a la coordinación sociosanitaria en violencia de género

El Concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Lorca, Juan Francisco Martínez, y la Directora General de Mujer e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Alicia Barquero, han inaugurado esta mañana en el Centro de Desarrollo Local un “Seminario de impulso a la coordinación sociosanitaria en violencia de género” y cuya temática se ha centrado en la ginecología.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en colaboración con la Consejería de Salud, ha puesto en marcha una serie de seminarios en toda la Región con el objetivo de avanzar en la mejora de la coordinación en materia de violencia de género. Con el fin de abarcar un amplio número de profesionales, así como de lograr una mayor especialización, estos seminarios se organizan de forma comarcalizada y cada uno de ellos se centra en un área específica de intervención sanitaria o social.

Juan Francisco Martínez ha señalado que “en Lorca, el seminario se ha centrado en el área de ginecológica, y en él se han enmarcado varias ponencias, así como un caso práctico. Ha contado con la participación de más de 50 profesionales sanitarios, de servicios sociales y de recursos especializados en violencia de género venidos de distintos puntos de la comarca: Lorca, Puerto Lumbreras, Totana, Mazarrón, Aledo, Alhama de Murcia y Águilas”.

El Concejal de Igualdad ha indicado que “los seminarios están enfocados a la práctica profesional, contando para ello con personal de atención directa de sanidad, servicios sociales y violencia de género. Además, los materiales y conclusiones de los seminarios se plasmarán en una publicación posterior para que puedan ser de utilidad para otras Administraciones y personas interesadas en esta materia”.

Martínez ha destacado que “desde el Ayuntamiento de Lorca apostamos firmemente por la realización en nuestro municipio de este tipo de jornadas que ayuden a los profesionales que trabajan en las distintas administraciones locales y centros sanitarios a formarse y adquirir unos conocimientos que puedan poner en práctica para ayudar a las personas que requieran de su apoyo y atención”.

El Edil de Igualdad, por último, ha recordado que “para ayudar a las víctimas que están sufriendo una situación de violencia de género, el Ayuntamiento de Lorca dispone del GAPS (Grupo de Atención Psicológica y Social), Atención a Menores con un punto de encuentro y atención psicológica, una “Casa de Acogida” y una Mesa Local de Coordinación que se encarga, directamente o indirectamente, de la lucha contra la violencia de género con el objetivo de optimizar todas las actuaciones que se requieran a tal fin. Además, las mujeres que sufren esta violencia tienen a su disposición las 24 horas del día los teléfonos 112, para casos de emergencia, y el 016 para el asesoramiento (este último número no aparece reflejado en la factura de teléfono)”.

La «extraña» muerte de Juan Pablo I

Durante muchos años la imagen de la Iglesia Católica en el mundo fue la de Karol Wojtyla, un papa ultraconservador que, como dijo un cardenal de la Curia, llenaba estadios y vaciaba iglesias. Sin embargo, hubo un antecesor que en la historia de la Iglesia apenas se le menciona: Albino Luciani, más conocido como Juan Pablo I. Tal vez su ausencia de la historia eclesiástica se deba al corto periodo de tiempo que sostuvo el báculo de Pedro: un mes; tal vez sea porque fue un incordio para la Curia ultraconservadora, como lo fue en su tiempo Juan XXIII. Juan Pablo I murió en extrañas circunstancias un mes después de calzarse las sandalias del pescador. ¿Fue muerte natural, como asegura la Iglesia? ¿Fue asesinado? Estas son las incógnitas que rodean a su muerte y flotan sobre la conciencia de la Curia.

El Vaticano afirma que Juan Pablo I murió de forma natural: un infarto en su cama. Sin embargo, no se hizo autopsia alguna porque, según la versión oficial vaticana, la familia se opuso. No obstante no fue así. El cuerpo del pontífice fue encontrado por una de las religiosas que cuidaban de él y no por el sacerdote irlandés John Magee (por cierto, éste fue elevado al obispado por Juan Pablo II) y no fue en la cama, sino en su escritorio.

Juan Pablo I pretendía ahondar en la crisis de la Iglesia y, tal y como hiciera Juan XXIII, realizar las reformas necesarias para adecuar la Institución a los nuevos tiempos y al correr de la sociedad. Es decir, acercar de nuevo la Iglesia al pueblo y no al contrario como pretenden los ultraconservadores.  Una de sus prioridades era la clarificación de las cuentas vaticanas. Siendo Patriarca de Venecia la Banca Vaticana vendió a la Banca Ambrosiana la Banca Catolica del Veneto sin consultarle a él como jerarca de dicha diócesis. Quien lo hizo fue el famoso cardenal Marcinkus. Este hecho hizo que el entonces cardenal Luciani se enfrentara a la Curia y a Marcinkus, ya que veía una administración de las cuentas vaticanas muy oscura. La Banca Catolica del Veneto estaba especializada en la concesión de préstamos a bajo interés a personas necesitadas. Una vez ascendido a Papa, Luciani toma cartas en el asunto y comienza a investigar, descubriendo un movimiento a tres bandas entre el Banco Ambrosiano, Michele Sindona (el banquero de la Mafia) y Marcinkus para aprovechar el amplio margen de maniobra económico del Vaticano para evadir impuestos y blanquear dinero. Juan Pablo I sufre una gran decepción. Hay que purificar el templo y echar de él a los mercaderes, dijo Luciani.

Días después Juan Pablo I muere en extrañas circunstancias. El Vaticano cerró el caso con la versión oficial comentada anteriormente. Había que quitarse al muerto de encima cuanto antes. Investigaciones posteriores han demostrado que el Papa de la Sonrisa fue asesinado. Pero…, ¿quién lo hizo?

La versión oficial afirma que Juan Pablo I estaba gravemente enfermo. No era así. Su propio médico personal afirma que Luciani tenía un estado de salud excelente. Ni siquiera tenía dolores de cabeza. También se ha determinado que no murió de infarto, ya que no existió lucha con la muerte. Según la hermana Vincenza el Papa estaba sentado, con las gafas puestas y unas hojas de papel en las manos. Tenía la cabeza ladeada y en su rostro se dibujaba una sonrisa. ¿Qué tenía en las manos? Según el Vaticano tenía el Kempis, pero este volumen es demasiado grueso para sostenerlo entre los dedos. En esas hojas de papel se encontraba el plan de profundos cambios en el Vaticano que pensaba introducir y que fueron expuestos ese mismo día al Secretario de Estado, cardenal Villot. Ése fue el detonante de su muerte.

Juan Pablo I murió asesinado, envenenado por la ingestión masiva de un vasodilatador. Se trata de una medicación contraindicada para personas con la tensión baja, y Luciani tenía la tensión baja. Por eso estaba sonriendo. Si hubiera muerto de infarto, como afirma el Vaticano, su rostro estaría crispado puesto que habría ocurrido la lucha con la muerte de la que se habló anteriormente. El efecto del vasodilatador en Luciani lo que le provocó fue un profundo sueño, ningún tipo de dolor. Al Papa le fue aplicado el veneno por inyección y, según el embajador francés en el Vaticano en aquellos días, fue un mafioso llamado Brucciato acompañado de dos cardenales de la Curia, el cardenal Marcinkus y el Secretario de Estado Vaticano cardenal Villot.

Fue una muerte provocada en el momento oportuno. Los folios que sostenía en la mano Luciani contenían el nuevo organigrama de la Curia y de la Iglesia italiana: dimisión de Villot y de monseñor Colombo, obispo de Milán. En la conversación con Villot, éste le dijo al Papa: Usted es libre de decidir y yo obedeceré, pero sepa que estos cambios supondrían una traición a la memoria de Pablo VI. Luciani respondió que ningún Papa gobierna eternamente.

A Juan Pablo I lo matan porque quiere reformar la Iglesia desde arriba, darle más importancia a la mujer en la Iglesia, enfrentarse a la Mafia que campa por sus respetos entre la Curia y un largo etc. El detonante final fue el tema de la Banca Vaticana y la quiebra del banco Ambrosiano, que con su predecesor, el Papa polaco, se produjo. La diferencia fue que Juan Pablo II echó a algunos de esos mercaderes de los que hablaba Luciani, pero se echó en brazos de instituciones integristas, cosa que no molestaba a la Curia.

Juan Pablo I fue un Papa que no quería ser Jefe de Estado, que no quería ni escoltas ni soldados, que quería en la renovación profunda de la Iglesia para adaptarla a los nuevos tiempos y no enfrentarla al progreso. Fue un Papa para los necesitados que quería promover en el Vaticano un gran instituto de la caridad. Fue un Papa para la gente que no creía en el poder del dinero si no era para darlo a los demás. Por eso le mataron, por eso murió el Papa de la Sonrisa.

El universo personal de los pintores José María Garres y Pepe Rubio

Durante el mes de octubre, los artistas plásticos murcianos José María Garres y Rubio Pacheco, han expuesto en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Yecla, dentro del programa de espacios expositivos que está desarrollando el Instituto de las Industrias Culturales de la Región de Murcia, ICA, en colaboración con los distintos ayuntamientos y con la organización de Gestiona Cultura Murcia.

En la exposición “ARTE 2DE2” encontramos a dos artistas de una misma generación, que confrontados en un mismo espacio expositivo, nos permite darnos cuenta de las dos grandes y contrapuestas personalidades artísticas de Rubio Pacheco y José María Garres.

Se trata de una magnífica oportunidad para conocer los últimos trabajos que han llevado a cabo los dos artistas murcianos, y para tomar conciencia e interiorizar ambos estilos, es decir, para percibir la realidad de los autores y reconocerse en ella. Hemos conocido la contraposición entre el instinto, la emoción y el sentimiento de Rubio Pacheco, expresado a través de la intuición y la espontaneidad, y el mundo de las ideas y el intelecto, que predomina en la obra de Garres, donde es evidente un lenguaje artístico que se caracteriza por la economía de medios.

Hicimos un viaje de la mano de Rubio Pacheco que nos llevó por los caminos de lo espiritual en el sexo y la sensualidad, el “horror vacui”, las aglomeraciones, la figura humana, el sentido de la vida, la existencia del ser humano, el paso del tiempo, la cotidianeidad; a la par que José María Garres nos mostró un mundo minimalista, conceptual, del cual se desprende una moral muy personal, y nos señala la importancia de las ideas, también en diversas culturas.

A mi entender, ambos autores confluyen en la libertad de espíritu, la creatividad, la investigación constante, la autenticidad, y tanto uno como el otro, se sienten más cerca de la espiritualidad que de la religiosidad.

Los artistas José María Garres y Rubio Pacheco, tanto monta, monta tanto, son dos de los representantes murcianos de la generación del setenta, que si existiera en Murcia un Museo de Artistas Murcianos Contemporáneos, las obras de ambos tendrían representación en dicho museo. En la actualidad, si estudiantes de Historia del Arte, de Bellas Artes, expertos y público en general quieren conocer la obra de los artistas murcianos de la segunda mitad del siglo XX, es necesario acudir a las salas de exposiciones temporales, como en este caso.

El Santander necesitaba al Popular para sobrevivir (2)

Según el Banco de Santander, comprar el Banco Popular era una «oportunidad única de consolidación doméstica en España y Portugal». En primer lugar, se hace una exposición de lo que supone el Banco Popular en los dos mercados de la Península Ibérica, unos datos que dejan a las claras lo que acababan de comprar por un euro:

En segundo lugar, el Santander pondera el hecho de que con la compra por un euro del Popular lograrán un sólido encaje estratégico y de negocio en un momento atractivo del ciclo económico. Por un lado, la adquisición se consigue en un mercado principal para el Santander (España y Portugal) porque se crea una entidad líder en nuestro país con una cuota del 20% en el mercado de crédito, se adquiere una red de sucursales con presencia a nivel nacional con un mayor peso en las regiones más ricas, se diversifica la cartera crediticia de Santander España manteniendo la diversificación geográfica del Grupo y, por último, se refuerza a la franquicia del Santander en Portugal. Por otro lado, la adquisición del Popular provoca un hecho relevante para el banco presidido por Ana Patricia Botín: el liderazgo en el mercado Pyme con un 25% de cuota y que le generará un negocio estable y una rentabilidad asegurada desde el primer momento.

En otro orden de cosas, el Santander reduce el coste de financiación mayorista y desarrollará una relación más profunda con sus clientes por el alto nivel de fidelización de los clientes del Popular.

Por otro lado, la adquisición del Popular por un euro por parte del Santander le generará a éste unas sinergias de costes relevantes por valor de 500 millones de euros. Esta cantidad la justifica el Santander por una mayor eficiencia que vendrá de las prácticas y capacidades que aportará la entidad cántabra al Popular, en concreto, en referencia a una optimización de la red de oficinas por la combinación de ambas redes, lo que supondrá despidos y cierre de sucursales, tal y como ya adelantó Diario16, la unificación de las plataformas de banca online y de la tecnológica, beneficiarse de las unidades globales del Grupo Santander lo que redundará en una reducción de costes o en una mayor eficiencia, etc. Sin embargo, no todo lo aporta el Santander puesto que, según los cálculos de la propia entidad presidida por Ana Patricia Botín, el Popular aportará a esa mejora de las sinergias de costes un 33%, algo que, evidentemente, no se hubiera podido hacer sin la adquisición por un euro. En total, el Santander calcula que la compra del Popular le supondrá una optimización de costes de 1.300 millones de euros.

El Santander califica la operación de compra del Popular por un euro como financieramente atractiva porque mejorará sus KPI tanto en España como en Portugal. Nunca un euro dio tan buenos resultados. El cálculo inicial que se hizo del beneficio neto de cara al año 2.020 estaba en 950 millones de euros en un escenario en el que no haya subidas de tipos de interés, con una sinergia de costes de 500 millones, con las provisiones de créditos dudosos y con un impacto negativo del 9% en ingresos. Sin embargo, ese objetivo ya ha sido superado puesto que el beneficio del Santander a día de hoy ya supera los 5.000 millones de euros, tal y como hemos publicado en Diario16.

Como se puede comprobar, todo son beneficios logrados por un euro mientras 300.000 familias fueron arruinadas para sacar estos resultados que, evidentemente, le arreglan la cuenta de resultados al Santander y con la que podrá afrontar sin problemas las provisiones a las que está obligado a hacer frente en el Reino Unido.

En la próxima entrega analizaremos las conclusiones de lo que le está suponiendo al Santander la compra por un euro del Popular y, sobre todo, la importancia del documento para entender que toda la operación estaba diseñada desde hacía tiempo.

La represión llega a los hogares en Venezuela

En el nuevo reportaje de Amnistía Internacional Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela, la organización de defensa de los derechos humanos revela cómo las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados avalados por el gobierno de Nicolás Maduro han irrumpido violentamente en los hogares de personas para intimidarlas y así disuadirlas de participar en manifestaciones y cualquier otra forma de protesta.

Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, ha sido contundente al afirmar que en «Venezuela no hay un lugar que esté a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera el propio hogar. Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares».

Organizaciones locales de derechos humanos han recopilado informes de al menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados del país de abril a julio de 2017, cuando las manifestaciones estaban en su apogeo. Más de 120 personas perdieron la vida, casi 2.000 resultaron heridas y más de 5.000 fueron detenidas en ese periodo. Personal experto de Amnistía Internacional visitó y entrevistó a víctimas de allanamientos de viviendas en cuatro estados venezolanos: Caracas, Miranda, Carabobo y Lara.

Estas personas contaron a miembros de la organización de defensa de los derechos humanos que agentes de seguridad y hombres armados, que presuntamente pertenecían a grupos armados ilegales avalados por el gobierno, habían irrumpido violentamente en sus casas sin una orden judicial y sin dar explicación alguna del motivo por el que estaban allí. Estos allanamientos suelen ir acompañados de amenazas de muerte y de violencia, tanto verbal como física, que incluye usar material antidisturbios y disparar botes de gas lacrimógeno al interior de las casas.

Las víctimas relataron también que las fuerzas de seguridad habían derribado puertas, roto ventanas y, en algunos casos, se apropiaron de objetos de su casa. En un bloque de pisos de Miranda, cámaras de videovigilancia grabaron a miembros de las fuerzas de seguridad saliendo con grandes bolsas, presumiblemente llenas de objetos robados. Los allanamientos podían durar horas y, en algunos casos, toda la noche.

Una vez en el interior de la vivienda, las fuerzas de seguridad preguntaban por el paradero de «los jóvenes que estaban protestando». Muchos jóvenes fueron sometidos a redadas y se practicaron detenciones arbitrarias de forma masiva.

Varias víctimas contaron a miembros de Amnistía Internacional que temen que haya otra incursión en su casa en cualquier momento y tienen problemas para dormir. Debido a la escasez crónica de mercancías en Venezuela, algunas de estas personas no han podido reparar los daños sufridos a causa del allanamiento y ahora viven sumamente expuestas en casas sin puertas.

Erika Guevara-Rosas manifestó que «estos allanamientos de viviendas son absolutamente ilegales con arreglo al derecho internacional y a la propia Constitución de Venezuela. Ya es hora de que el gobierno de Maduro y sus fuerzas de seguridad desistan de emplear la violencia y la represión contra la población de su país. Violaciones de derechos humanos de esta índole no pueden continuar en el futuro, y para poder garantizar el fin de esta política de violencia tiene que hacerse justicia a las víctimas».

Puigdemont traiciona a Cataluña

No se sabe a ciencia cierta a qué han ido a Bélgica Carles Puigdemont y sus consellers. Parece que una quedada de amigos ahora que están de vacaciones no es. Lluis Llach afirma que el ex-presidente se encuentra en el exilio, otros que se va a reunir con el gobierno belga a ver si le dejan exiliarse, otros que va a reunirse con las autoridades europeas. El caso es que las redes independentistas no se han tomado a bien esta escapada del ex-president. “Traidor”, “Cagón” y otros calificativos se han leído de fuentes secesionistas. Sorpresa sin duda el día que el fiscal general del Estado ha interpuesto querella contra el Govern por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Justo hoy, el ex-president de la Generalitat debía haber permanecido en Barcelona o cualquier otro lugar de Cataluña para reafirmar su compromiso con la nación. Defenderse contra las supuestas represiones del Estado. Pero no ha preferido salir corriendo hacia donde otro independentista le había puesto una alfombra roja para montar el Govern en el exilio. Theo Francken, a la sazón ministro de Exteriores belga, afirmó que le acogería sin problemas. Pero el presidente Charles Michel rápidamente desmintió a su ministro. El caso es que Puigdemont se ha escondido hoy, precisamente hoy, en Bélgica.

Parece que iba a dar una rueda de prensa o sacar un comunicado, pero no. Parodiándose a sí mismo una vez más ha cancelado la rueda de prensa. Y deja en una nebulosa el porqué de estar en Bélgica. Claro que, una vez suspendida la autonomía y con elecciones para dentro de 52 días, no parece que les importe mucho a los catalanes y las catalanas lo que haga el señor. Salvo a los muy fieles y a la prensa, por aquello del morbo, el resto de la ciudadanía se lo toma a broma y farsa. Porque Puigdemont es ya una farsa en sí mismo. No ha sabido defender sus ideas y sus acciones con firmeza traicionando a Cataluña. Al menos a esa parte de Cataluña que es secesionista y que se ilusionó cuando el Parlament proclamó al República Catalana.

Ahora, los propios instigadores de la DUI, incluyendo los que aquí se quedan, se echan para atrás y tragan con las leyes del Estado y la Constitución. Salvo el conseller Rull, que al menos ha tenido la imagen simbólica del día acudiendo a trabajar a su despacho (hasta que le han echado), los demás secesionistas se han “rajado”. De hecho todos los partidos del tripartito secesionista han salido a aceptar las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno. Nadie ha afirmado nada contra esta situación. Parece que sí, que tienen miedo a entrar en la cárcel o que les toquen el bolsillo. De hecho, dentro del esperpento en que se ha convertido el secesionismo catalán, Rufián y Tardá afirman que permanecen en el Congreso de los Diputados para trabajar por la “liberación” de Baleares y Valencia. Y los 100.000 euros anuales que también ayudan. Pero esto no lo dicen.

Traición al procés que los secesionistas catalanes no saben cómo vender. Y lo peor de todo es que, en el caso de Puigdemont, la traición es doble. No sólo deja abandonada a la ciudadanía nacionalista catalana, sino que se escapa al exterior para no asumir sus responsabilidades. No quiere, parece ser, mártir, ni símbolo de la opresión al pueblo catalán. Las dudas que tuvo el jueves, porque pedía inmunidad, ya que sabe que es más probable que le condenen por malversación de fondos públicos con el coste patrimonial que ello conlleva, y no se la dieron, eran producto del miedo. Porque, a diferencia de James Connolly (aunque era muy de izquierdas), Michael Collins o Eamon de Valera que dieron su vida o estuvieron en la cárcel por defender su patria, Puigdemont parece que sale huyendo. Y tampoco cuela el exilio tipo Tarradellas. Él salió perseguido por las tropas fascistas que se alzaron contra la república, aquí nadie le persigue. Igual los suyos sí para tirarle al pilón. Por cierto, algo muy hispánico.

No sólo hay traición a la nación, sino a toda la sociedad catalana. Deja una fractura social, una quiebra económica, una pérdida de credibilidad del nacionalismo catalán, al fin y al cabo, una destrucción de todo lo que catalanes y catalanas vienen construyendo desde hace años. No es que carezca de seny, sino de la más mínima racionalidad y humanidad. El esperpento total hecho político. Ni Valle Inclán hubiese imaginado un mejor personaje para Luces de Bohemia. Aunque saldrá cualquier día a decir que no se exilia sino que está logrando el reconocimiento internacional de la república catalana o cualquier otra cuestión que se les ocurra. Eso sí, seguirá siendo igualmente esperpéntica.

Haya o no exilio, es evidente que Puigdemont ha maltratado a la ciudadanía catalana, a la nación que dice representar y a la historia (aunque sea inventada) que llevaba sobre sus espaldas al dar el paso que dio. Cuando los secesionistas esperaban que acudiese a su despacho, de forma simbólico-comunicativa, desaparece de escena dejando a los demás consellers y a la presidenta del Parlament con cara de idiotas. Hay muertes políticas heroicas, otras por desgaste, en este caso, la muerte política es por estupidez máxima y cobardía. Y, lo que es peor, puede haber matado el futuro del procés a la vista de una reforma federal de España. Si una federación necesita de la lealtad al pacto ¿quién se puede fiar de estos nacionalistas que hoy dicen A y mañana B? No han destruido el Estado español, igual por desgracia, lo han reforzado. Justo ahora que la sociedad quiere cambiarlo.

Lorca solicita la equiparación salarial de los Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado

El Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha informado que el Pleno del Ayuntamiento ha mostrado su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente, y desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles.

Gil ha indicado que el Pleno del Consistorio ha expresado, además, su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia.

Fulgencio Gil ha señalado que el Pleno Municipal ha instado al conjunto de las Instituciones españolas a utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las Leyes.

El Primer Edil de Lorca ha manifestado que la sesión plenaria ha instado también a actuar, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España.

Fulgencio Gil ha destacado que el Pleno, en esta misma línea, ha instado al Gobierno de España a incorporar en las próximas leyes de Presupuestos Generales del Estado, a partir del próximo año 2018, las partidas necesarias para resolver en el marco temporal de 3 años los desequilibrios retributivos que puedan existir entre los diversos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y, a su vez, dentro del marco legal presupuestario, para acercarlos a los de otros cuerpos policiales.

El Alcalde ha expuesto que desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el domingo 1 de octubre, día en que se trató de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones.

Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación del enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho. Durante estos días, todos los ciudadanos han podido ver cómo los manifestantes les han insultado e incluso agredido, cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado durante horas para bloquear sus salidas, cómo han informado a través de medios de comunicación de la Generalitat de sus movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma catalana con la finalidad de delatarles y señalarles. Hechos que han motivado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una denuncia por sedición al considerar que serían constitutivos de éste y otros delitos.

Debe recordarse que, en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley en la Comunidad Autónoma de Cataluña en base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum ilegal y de acuerdo también a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público.

Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No tiene cabida, por tanto, ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento político o ideológico. La violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna atendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o impulsores, por lo que todos los ciudadanos, y especialmente los representantes públicos, deben estar unidos en la condena de toda violencia, sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las personas.

Es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta -independientemente de la ideología en que se amparen- así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es injusto e intolerable que se les trate como enemigos cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos.

Los hombres y mujeres que integran estos Cuerpos están comprometidos con la seguridad de España y de los españoles, y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto del conjunto de la sociedad española. Es por ésta y por otras muchas razones por las que la Policía Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones públicas que más confianza generan según figura en el barómetro del CIS del año 2015, pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que España sea en la actualidad uno de los países más seguros del mundo.

Esta moción ha sido elevada al Pleno del Ayuntamiento de forma conjunta por los Grupos Municipales que representan al Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, en el trascurso de la votación ha obtenido el respaldo de estos grupos y la abstención de Izquierda Unida.

La Junta intenta convencer al empresariado con 3.700 millones en inversiones

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha destacado que el proyecto de Presupuesto de la comunidad autónoma para 2018 dedica 3.709,5 millones de euros a inversiones y alcanza el 2,2% del PIB regional. Así lo ha trasladado a los representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ante los que ha defendido que la inversión pública no solo representa una importante vía de creación de empleo, sino que también es clave para «la modernización y desarrollo futuro y la vertebración del territorio».

Montero, que ha presentado las cuentas públicas a los agentes económicos, ha lamentado la insuficiencia del sistema de financiación, por el que Andalucía deja de percibir 850 millones de euros cada año que se deberían haber sumado a los 3.709,5 millones de euros consignados. Asimismo, ha recordado que también se tendrían que haber sumado inversiones estratégicas para Andalucía no recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, que bajaron un 36,6% la inversión.

La consejera también ha subrayado que la Junta de Andalucía ha licitado en los siete primeros meses del año casi un 40% más que la Administración estatal en la comunidad, mientras que en 2016 también superó al Estado en un 10%. Concretamente, desde 2015, se ha aumentado un 15,3% la inversión, superando el 16% si se toma solo el capítulo VI de Inversiones de capital del Presupuesto. Por otra parte, el esfuerzo inversor de la comunidad dobla al del Estado, ya que las partidas para inversión del Presupuesto suponen el 12,1% del gasto no financiero, mientras que el Estado solo destina a inversiones el 5%.

Durante su intervención, ha subrayado que Andalucía es una «comunidad solvente en lo político y en lo económico», con datos que lo respaldan como el cumplimiento del periodo medio de pagos, siendo una de las que paga antes a sus proveedores. También cumple con el objetivo de déficit y lleva 12 años continuados por debajo de la media de las comunidades en endeudamiento.

Montero ha señalado que son los primeros presupuestos con un marcado carácter expansivo después de la crisis, ya que se han configurado en un «entorno de crecimiento económico robusto». En este sentido, ha indicado que «la economía andaluza crece en torno al 3% anual, el número de ocupados se acerca a los tres millones, somos la tercera comunidad en creación de empresas, las exportaciones baten récords históricos, el número de turistas supera el listón de los 25 millones, el dato más alto desde que hay registro, es decir, casi todas las variables macroeconómicas que busquemos muestran aspectos positivos».

La consejera ha recordado que el proyecto de Presupuesto para 2018 se basa en un doble objetivo. De un lado, mantiene la apuesta de que la recuperación llegue a las familias andaluzas, en forma de mayor renta disponible y mejores servicios públicos. Y por otro lado, son unos «presupuestos favorables al crecimiento económico y la creación de empleo» a través del impulso a los sectores productivos de la comunidad, contribuyendo a hacerlos «más competitivos y mejorando las capacidades y empleabilidad de la población andaluza».

Así, ha explicado, en 2018 se «alivia la presión fiscal de las rentas medias», con la modificación del Impuesto de Sucesiones, se destinan tres de cada cuatro euros a servicios públicos «que son los que garantizan la igualdad de oportunidades y nos convierten en una tierra cohesionada y atractiva», y se consignan 2.183 millones de euros a empleo y desarrollo económico, «porque el empleo es nuestra gran prioridad» y otros 3.248 millones para activar la economía, «para que nuestros sectores estratégicos sean cada día más competitivos».

Los vecinos de Roquetas se levantan contra Amat por Las Salinas

Lo contábamos hace dos semanas, Gabriel Amat va a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Las Salinas, mediante el procedimiento de la innovación. Un lugar donde, por cierto, según sospechas de la investigación judicial que se está llevando a cabo, familiares del propio alcalde (¿testaferros?) tienen intereses económicos. Sin embargo, la ciudadanía roquetera ha dicho basta y se rebela contra los deseos del alcalde conservador del PP. No quieren un pelotazo urbanístico en una zona que se considera de un alto valor ecológico e histórico. No en vano son las salinas romanas y la urbanización quedaría pegada a los restos arqueológicos.

Nada de esto importa a Amat, mucho más acostumbrado a hacer lo que quiere, donde quiere y como quiere pues se sabe respaldado por el poder del Gobierno estatal. Cuando le imputaron por primera vez, corrió raudo y veloz el ministro Catalá a desimputarle. Son muchos años de “apoyo” al partido, especialmente cuando lo ha pasado tan mal financieramente en Andalucía, para que se le abandone y cuente todas las cosas que conoce. Que según dicen en el interior del PP-A podría hacer empequeñecer al caso Gürtel.

Además, en toda la operación, cuyos beneficios rondarían mínimo los 500 millones de euros, hay intereses muy fuertes de las empresas inmobiliarias que tienen intereses en el sector. Léase el Banco de Santander, a través de la recién incautada Aliseda Inmobiliaria del Banco Popular, léase Colonial u otras empresas y bancos. El caso es que Las Salinas no podían estar más tiempo paradas sin construir y Amat, obediente con los poderosos señores del ladrillo y el dinero, se ha lanzado al “ladrillazo”. Y todo ello cuando en Roquetas de Mar hay cientos de viviendas vacías a la espera de un comprador. Pero son viviendas para “pobres”, no la fastuosidad que se quiere instalar en Las Salinas. 8.000 viviendas, con torres de cien metros y urbanizaciones selectas. Eso sí, calla Amat que la urbanización la tendrá que adelantar el Ayuntamiento que gastará más de 200 millones de euros de las arcas municipales.

A la reunión de los colectivos vecinales que pretenden dar la batalla por el futuro ecológico de Las Salinas acudieron la Asociación Posidonia de Aguadulce, la Sociedad para el Estudio y la Recuperación de la Biodiversidad Almeriense (Serbal), Ecologistas en Acción, Asociación de Vecinos de Las Colinas de Aguadulce, la Asociación de Vecinos La Paz de Aguadulce, la Plataforma Unidos por Turaniana, Amigos de la Alcazaba de Almería, Grupo Ecologista Mediterráneo, Asociación Athenáa, Acuíferos Vivos y Grupo Ecologista del Andarax. Colectivos que no han duda en calificar la operación urbanística como un atentado ecológico y urbanístico.

La oposición política, que piensa sumarse a las acciones de los movimientos vecinales, al menos así lo han expresado Izquierda Unida, Tú decides y el PSOE, nada puede hacer salvo denunciar porque el proyecto cuenta con el apoyo de la concejal tránsfuga María José López y Ciudadanos. Sin embargo, el Defensor del Pueblo andaluz sí se ha interesado por el tema aunque desde la Junta de Andalucía se calla. Los intereses ecológicos y sociales se ven pisoteados, como dicen desde el movimiento asociativo, por los intereses económicos en una operación que no aporta nada a un municipio carente de espacios sociales, verdes y con problemas en la recogida de basuras, por ejemplo.

“Frente al actual proyecto de destruir las Salinas y ahogar a la Ribera de la Algaida, el conjunto de asociaciones coincidimos en la necesidad de un proyecto alternativo para esta zona, que proteja sus valores naturales e históricos” han expresado los colectivos. Los cuales quieren que Las Salinas deberían ser el pulmón verde de la ciudad, así como una especie de museo al aire libre, nunca un hormiguero de seres humanos en distintas formas de urbanización.

Lorca establecerá bonificaciones para familias numerosas

El Concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Francisco Martínez, ha informado que las Ordenanzas Fiscales para 2018, que aplicarán una nueva batería de rebajas, bonificaciones y exenciones en diferentes precios públicos municipales, han sido aprobada por parte del Pleno del Consistorio, con el voto favorable del Grupo Popular (13) y el voto en contra de los grupo de oposición (12).

Juan Francisco Martínez ha destacado que estas ordenanzas contribuyen a que la presión fiscal en Lorca sea la más baja de la Región, al tiempo que se garantiza la prestación y ampliación de todos los servicios públicos. Estamos hablando de unos impuestos cada vez más bajos dentro de la delicada situación económica a la que estamos teniendo que hacer frente. Son unas ordenanzas buenas para los lorquinos, comprometidas con quienes más lo necesitan y con especial atención a las familias numerosas y aquellas en situación especial.

El Edil de Economía ha anticipado que, con carácter general, y siguiendo la línea marcada al efecto por parte del Alcalde, Fulgencio Gil, no se va a aplicar la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC), que hubiera conllevado un incremento del 1,8%. Se trata de una medida que, para contar con una referencia exacta, en los últimos 10 años hubiera supuesto una subida de 15,8%, un extremo que se ha evitado por decisión de esta Administración Local.

Juan Francisco Martínez ha explicado, entrando en detalles, que el Impuesto a Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM, conocido popularmente como “sello del coche”) acumulará en 2018 el quinto año consecutivo congelado, lo que está suponiendo un ahorro para los bolsillos de todos los lorquinos. Se trata de un valor que, además, ofrece bonificaciones de carácter especial para vehículos históricos, además de una reducción del 75% para vehículos eléctricos y del 50% para híbridos, una medida que persigue incentivar el uso de vehículos que consumen energía limpia y cuya utilización elimina la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Cabe señalar que cuando la actual Administración recibió la confianza de los ciudadanos, Lorca era la ciudad de España con el sello del coche más caro, un agravio que hemos logrado dejar en el pasado. Los vehículos históricos, con una antigüedad de 25 años están exentos de este tributo.

El Concejal de Economía ha indicado que se ha decidido ampliar la bonificación sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), de tal modo que los emprendedores solo abonarán la mitad del mismo durante los 5 primeros años, cuando antes era del 50% el primer año y 30% los 4 siguientes. Estamos hablando de una apuesta que busca estimular la evolución del mercado laboral, generando la creación de puestos de trabajo y reforzar a Lorca como municipio emprendedor. Se trata de la bonificación máxima que permite actualmente la Ley, lo que se traduce en que el Ayuntamiento apuesta radicalmente por los emprendedores de nuestro municipio. De acuerdo con los datos más actualizados, más de un millar de empresas tributan el IAE en Lorca a día de hoy.

Juan Francisco Martínez ha expuesto que, dentro del capítulo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI, conocido como “recibo de la contribución”) se está tramitando el mantenimiento de la bonificación del 50% para todos los lorquinos afectados por los terremotos de 2011, conservando esta ventaja fiscal que ha supuesto un ahorro de 72 millones de euros para los ciudadanos, y que para el próximo año conllevaría un ahorro de 7,2 millones aproximadamente. La reducción del IBI está suponiendo la prioridad para el equipo económico del Consistorio en materia tributaria, especialmente para amortiguar los efectos del “catastrazo” aprobado en su momento por una administración anterior. Por ello para el próximo año 2018 se suprime la previsión de subida establecida en el Plan de Saneamiento Económico Financiero, que era del 10% en el IBI rústico, una bajada que se suma al ahorro del 1,8% del IPC, que tampoco se aplica, con lo que las familias residentes en esta zona suman un ahorro global del 11,8%.

Juan Francisco Martínez ha detallado que las Ordenanzas Fiscales incluyen bonificaciones de hasta el 90% en el IBI para familias numerosas y aquellas con dependencias especiales, un colectivo que también se beneficia de bonificaciones de hasta el 50% en los pagos por el uso de instalaciones deportivas y culturales.

El precio público del agua también evitará la subida del IPC, un hecho que se suma a otras ayudas con las que son compatibles, como es el caso de la disminución del 50% en la tarifa general para jubilados y pensionistas cuya pensión no alcance el salario mínimo interprofesional, así como para minusválidos con una minusvalía superior al 33% y cuya unidad familiar tenga unas percepciones inferiores al salario mínimo interprofesional. También son compatibles con la bonificación del 50% sobre la cuota fija y la aplicación de la tarifa del bloque de consumo inmediatamente inferior de la cuota variable a las familias numerosas. Cabe señalar que se mantiene el Bono Social del Agua dotado con 350.000 € destinado a ayudar a las familias en riesgo de exclusión social a abonar sus recibos de agua. Hemos de recordar que este guarismo se redujo el año pasado un 5,23%.

Juan Francisco Martínez ha informado que, respecto al capítulo de tasas, no se aplicará tampoco el incremento del IPC a la recogida de basuras, que encadena 10 años de congelación de manera consecutiva, ni a la correspondiente a grúa y depósito de vehículos, una ventaja que se aplicará también al precio de uso de instalaciones deportivas, que no subirán el 5% previsto dentro del Plan de Ajuste y que beneficiará directamente a los usuarios de estas infraestructuras públicas. Se persigue así estimular a los lorquinos a la práctica del deporte que tantas repercusiones positivas tiene en nuestra salud, al tiempo que ofrecemos a los lorquinos un ahorro al respecto. De hecho a estos incentivos se suma un incremento de la bonificación establecida en el uso de instalaciones deportivas a voluntarios, que se eleva del 25 al 40%.

Al igual que este año, el deporte de base lorquino no tendrá que pagar ningún precio público por la utilización de las instalaciones deportivas. Las categorías sénior disfrutarán de bonificaciones que llegarán hasta el 80% y se amplían las exenciones a los deportistas lorquinos de alto rendimiento y las entidades sin ánimo de lucro que trabajan con personas con discapacidad física o mental

La expedición de documentos registra, por su parte, exenciones en volantes de empadronamiento y certificados de bienes para la solicitud de trámites como justicia gratuita y el carné de familia numerosa.

La reactivación del Casco Histórico también será impulsada mediante una bonificación del 75% del ICIO para obras de construcción, reforma, rehabilitación y adecuación de toda clase de inmuebles (viviendas, oficinas, locales comerciales) en la zona PEPRI. En esta área de la ciudad se establece, además, una bonificación del 95% en la tasa por licencia de actividad.

Se vuelve a incidir, en esta misma línea, en una prórroga del régimen de exenciones y bonificaciones en el ICIO (95%) y la tasa (100%) para que los ciudadanos puedan reconstruir o rehabilitar inmuebles afectados por los terremotos.