El caso Mercadillos continúa su proceso en los juzgados, pendiente de un recurso ante la Audiencia Provincial de Tenerife, por lo que aún no se ha celebrado la apertura de juicio oral, procedimiento en el que al alcalde popular del Puerto de la Cruz, Lope Afonso, perteneciente a la cúpula del PP de Canarias, se le piden tres años de cárcel por parte de la Acción Popular, por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, así como el Juzgado de Primera Instancia Número 1 del citado municipio, incoara diligencias por un presunto delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, -auto al que ha tenido acceso Diario 16-, en conexión con el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, referido a los delitos dentro del enjuiciamiento de una pena no superior a nueve años de privación de libertad.
La Acción Popular solicita pena de prisión de tres años para el alcalde del PP, Lope Afonso
Este proceso judicial “Mercadillos”, representa un varapalo político para el Partido Popular en Canarias, al ser Lope Afonso el número tres en el organigrama del PP regional, y el brazo derecho del presidente de los populares en el Archipiélago, Asier Antona, y del presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez. Además, los alcaldes populares Afonso y Domínguez, están denunciados en la Fiscalía Anticorrupción de Tenerife por el caso Mi Tierra TV, al sufragar con dinero público de sus respectivos ayuntamientos donde gobiernan, esta cadena local ilegal con sentencias del TSJC de cierre y precinto, aún sin ser ejecutadas.
En este caso de los Mercadillos, el alcalde Lope Afonso se encuentra en las diligencias en calidad de investigado (imputado), en relación a un presunto delito de prevaricación al conceder autorizaciones para la ocupación y el uso del espacio público “de forma verbal y escrita a diferentes personas tanto físicas como jurídicas para la celebración de unos mercadillos, sin la previa autorización del procedimiento administrativo y con vulneración de las normas”. Así reza en la denuncia inicial de la asociación que ahora actúa como Acción Popular, se deduce también de la instrucción practicada según consta en autos en el juzgado, y el propio Ministerio Fiscal se convierte en denunciante de estos hechos en relación a las actuaciones del alcalde del PP.
La Magistrada-Juez titular de este juzgado del Puerto de la Cruz, María Antonia Benito Bethencourt, señaló en un auto de septiembre de 2016, la transformación del diligencias a un procedimiento abreviado, a raíz de la denuncia de la asociación Vigía de los Derechos Públicos y Privados, por la “ocupación del suelo público durante el periodo 2012-2014 de la Plaza de Europa, Centro Comercial la Cúpula, y estación de Guaguas por parte de Álvaro Luis Hernández, representante de la Mercantil Mercadillos del Atlántico S.L, y David Semelak”.
El Juzgado incoa un procedimiento por presunto delito de prevaricación dentro de una pena no superior a nueve años de cárcel
El alcalde Lope Afonso (PP), en el mandato 2011-2015, era concejal del Área de Desarrollo Económico, Comercio y Concesiones Administrativas del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, por ende, tenía la competencia para la concesión de licencias o autorizaciones para la utilización para el espacio público destinado a mercadillos o ventas ambulantes. Su nombramiento como edil fue dictado por el alcalde ya fallecido Marcos Brito del grupo de Coalición Canaria (CC).
La asociación denunciante, Vigía de los Derechos Públicos y Privados, hace constar en su contestación al citado auto de la Magistrada que “los beneficiarios (empresarios) de esta concesión por el actual alcalde Lope Afonso, manifestaron en su testifical que ellos mismos iban a buscar los permisos al área de Comercio donde eran atendidos por David Mesa, el Secretario Personal del Investigado”, por lo que la asociación Vigía señala con mayor rotundidad estas autorizaciones hacia la autoría de Lope Afonso, “sin que mediara ningún concurso público para tales adjudicaciones del suelo público”.
La asociación Vigía denuncia al alcalde popular por prevaricación y malversación de caudales públicos
El presidente entonces de Vigía de los Derechos Públicos y Privados, -cuando se interpuso la denuncia a Lope Afonso-, actual secretario de esta plataforma vecinal, Pedro Pérez Rolo, manifiesta en Diario 16 que “acudí al despacho del alcalde del PP en repetidas ocasiones para advertirle de las irregularidades de estos mercadillos, incluso le mostré los tickets físicos de alquiler de las citadas casetas a los comerciantes sin impuestos, y arbitrariedad en los precios y espacios”, señala, “pero no me hizo ni caso, Lope Afonso me dijo que lo tenía todo controlado”.
“Es importante resaltar que la denuncia que interpusimos fue por la demanda de algunos artesanos del Puerto de la Cruz que se vieron sin espacio para sus productos, se sintieron discriminados, y acudieron a nuestra asociación a pedir apoyo”, explica Rolo, “sin embargo, nuestra plataforma ahora forma parte de la Acción Popular en este procedimiento, mientras el Ministerio Fiscal ha hecho suya la denuncia, además del auto contundente y ejemplarizante de la Juez que instruye este caso, respecto a las calificaciones que realiza sobre Lope Afonso en cuanto a que como investigado eludió cualquier tipo de control y trámite administrativo correspondiente con los mercadillos”.
Un varapalo político para el PP en Canarias, al ser Lope Afonso el número tres en el organigrama del partido
Además, la asociación Vigía en sus alegaciones recuerda que la edil en el ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Sandra Rodríguez (CC), manifestó su comparecencia en el juzgado que “tenía la preocupación de dar cobertura legal a los mercadillos, y que a razón de ello había ordenado la clausura de los mismos”. Vigía también alude a que “el Secretario de la Corporación declaró que no le constaba ningún expediente administrativo sobre las actividades de los mercadillos”. De los que deducen que “se privó al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz del control de la actividad que se estaba llevando a cabo”.
“Las autorizaciones firmadas para estos mercadillos por el alcalde Lope Afonso (PP), son contrarias a Derecho contradiciendo la Ley, es una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, a sabiendas de lo que se firmaba”, califica la asociación Vigía en alegaciones ante el juzgado, representada por el letrado José Regalado.
También estiman desde Vigía que “Lope Afonso haya podido tener una práctica tipificada sobre malversación de caudales públicos en la modalidad del artículo 434 del Código Penal”, y explican que “se ha destinado el suelo público a una actividad privada con ánimo de lucro, suponiendo un perjuicio para la Administración”, “en lugar de licitarse y celebrarse un concurso público”. “Se ha puesto el suelo perteneciente a todos los ciudadanos a disposición de un particular que ha especulado para obtener un beneficio personal o empresarial, con el menoscabo de la confianza de los ciudadanos en la gestión de las autoridades competentes”, subraya Pedro Pérez Rolo.
Por ello, la asociación Vigía alude a un presunto delito de prevaricación en conexión con un delito de “continuidad delictiva”, malversación de caudales públicos al ser la ocupación del suelo y espacio público un bien del ayuntamiento, y solicita una pena de tres años de prisión y la inhabilitación especial para empleo y cargo público por tiempo de seis años.
La Magistrada, María Antonia Benito Bethencourt, estima en el auto que da paso al procedimiento abreviado que “concurren indicios racionales bastantes de la presunta comisión por el investigado de un delito de prevaricación, al constar de forma indiciaria en las actuaciones por un tiempo prolongado de dos años, Lope Afonso concedió autorizaciones verbales y escritas para ocupación y uso del espacio público a las personas y empresas descritas, con vulneración de la norma aplicable”. Además, la Juez de Primera Instancia vincula este supuesto ilícito de prevaricación con el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto a los delitos del enjuiciamiento de una pena no superior a nueve años de privación de libertad.
La defensa del alcalde del PP, Lope Afonso, –número tres del PP de Canarias-, está dirigida y representada por el letrado Esteban Sola, que recurrió directamente esta resolución de la Magistrada ante la Audiencia Provincial de Tenerife, obviando el trámite preceptivo de recurso de reforma ante el juzgado de Primera Instancia Número 1 del Puerto de la Cruz. La última providencia notificada a las partes en septiembre de 2017, señala que este juzgado ha remitido a la Audiencia Provincial las actuaciones citadas, que constan de 700 folios, y ahora, todos los que participan en este procedimiento penal se encuentran a la espera de que la Audiencia resuelva el recurso de apelación interpuesto por Lope Afonso.
Consecuencias de la resolución de la Audiencia Provincial
Desde Diario 16, se ha contactado con el acalde Lope Afonso (PP), para solicitar sus declaraciones pero no ha contestado a este medio.
La asociación Vigía de los Derechos Públicos y Privados, explica que el alcalde del PP en su recurso ha solicitado el archivo y el sobreseimiento de estas actuaciones, y que el Juzgado de Primera Instancia no ha abierto juicio oral aún, para no solapar actuaciones entre ambos tribunales. “La Audiencia puede estimar el recurso de Lope Afonso, pero también puede desestimar su recurso, con lo que se devolverían las actuaciones al juzgado para dar trámite al juicio oral sobre las acusaciones de presunta prevaricación y malversación de caudales públicos”.
“Otra línea de investigación que nos planteamos como ciudadanos y asociación, es si cabría la posibilidad de un presunto delito de cohecho por parte del alcalde Lope Afonso”, explica el secretario de la asociación, Pedro Pérez Rolo que se pregunta “¿por qué un alcalde del PP cedería espacio público a unas empresas sin concurso previo? ¿habría algún tipo de interés en este mandatario popular tras estas autorizaciones sin respetar la normativa?”.
