Asentamientos, ocupaciones de terreno, comunas, barriadas, chabolismo… todo esto se puede ver a poco que se viaje a Latinoamérica y se salga del circuito del “turismo oficial”. Miles y miles de personas viven en condiciones infrahumanas al lado de grandes palacetes, de coches de lujo y Universidades carísimas. Los parias de la Tierra siguen estando allí, al lado de la explosión del capitalismo desvertebrador en Latinoamérica. Da igual que sea en Ciudad de México, Bogotá, Medellín, Buenos Aires, Caracas, Guatemala o Sao Paulo. En todas y cada una de las ciudades y países siguen existiendo millones de personas que han sido desheredadas del derecho a vivir dignamente, o incluso a la propia existencia.
La inexistencia de un Estado, en el sentido occidental del término, o la existencia de Estados débiles y corruptos han provocado que desde hace décadas muchas personas tengan que “buscarse la vida” literalmente. Conflictos armados continuos, narcotráfico y sus derivas violentas, apropiaciones por parte de explotadores ilegales de los recursos naturales, la ley del más fuerte en sentido literal ha provocado el movimiento de miles de personas de unas zonas a otras, mientras el supuesto Estado de derecho miraba hacia otro lado, cuando no simplemente cerraba los ojos y extendía la mano.
Todo esto que parece un relato antiguo y superado para unos ojos buenistas occidentales sigue sucediendo. Los desplazamientos existen y existen los parias de la Tierra que sólo tienen sus manos para sobrevivir donde sea y como sea. Los arrabales de la gran mayoría de ciudades latinoamericanas son un claro ejemplo de ello. En Europa nos escandalizamos de lo que sucede con la crisis migratoria del Mediterráneo, pero existen otras crisis ocultas en América. Una de ellas es la que tiene lugar actualmente, en estos momentos, ahora mismo, ya, en Guatemala, con el gobierno como cómplice necesario del desastre para los Derechos Humanos.
El desalojo de Laguna Larga
Desde comienzos del siglo XXI, las distintas situaciones conflictivas y el hambre misma propiciaron los primeros asentamientos de personas en el Triángulo Candelaria en la Reserva de la Biosfera Maya en el distrito de Petén. Personas que tan sólo querían un lugar donde poder asentar sus huesos y poder buscarse una forma de subsistencia. Así se fueron formando comunidades como El Reloj, La Mestiza, Torre Chocop y Laguna Larga. A ellas llegaban tribus indígenas como Ch’orti’s de Chiquimula, Q’eqchi’s de Petén e Izabal o Kakchiqueles del altiplano. Todo ello sin que el recién estrenado gobierno democrático hiciera nada.
Poco a poco estas gentes que huían del hambre fueron construyendo chabolas, empezaron a cultivar la tierra (principalmente frijoles) y a hacer comercio con las poblaciones cercanas (más de dos horas de camino) de San Andrés y San Benito. Comunidades no mayores de 500 personas que vivían de lo que producían sus propias manos. Hasta este junio en que el gobierno guatemalteco mandó a 1.400 policías y 400 soldados para que desalojasen a la comunidad de Laguna Larga.
Los vecinos de la comunidad, avisados y con antelación al conocer el terreno más que los efectivos militares, sacaron lo que pudieron de sus chabolas y cuando llegaron las fuerzas represivas del Estado ya no quedaba nadie en la comunidad de Laguna Larga. En ese momento los efectivos se dedicaron a quemar, serrar y destrozar todas las construcciones que habían levantado como buenamente podían los habitantes de Laguna Larga. Tal y como había ordenado el gobierno, no quedo piedra sobre piedra, ni nada que pudiese hacer constar que allí, alguna vez, vivieron 490 personas.
Ante el asalto que iban a sufrir por orden gubernamental, las 490 personas de Laguna Larga se han recogido en la brecha de 25 kilómetros que separa a Guatemala de México. Un lugar al que el gobierno guatemalteco no quiere llegar pues podría costarle un conflicto diplomático con las autoridades mexicanas. Unas autoridades que ya están acostumbradas a recibir a guatemaltecos por esa frontera natural pues, durante la guerra civil que duró hasta 1997, recibieron a más de 100.000 personas.
En el lugar del nuevo asentamiento, viviendo bajo lonas de plástico y en condiciones infrahumanas, se resguardan estas 490 personas que han sido completamente olvidadas por el gobierno de Guatemala. México, sin embargo, sí ha respondido dentro de sus posibilidades, enviando a un médico cada dos días para ver a los enfermos, principalmente graves resfriados al ser una zona de grandes lluvias, y a funcionarios del Instituto nacional de Migración y del Grupo Beta a fin de aconsejar a los migrantes y dotarles de mantas, comida enlatada, medicamentos y agua potable.
La ONU insta a Guatemala a encontrar una solución
El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Rupert Colville, señaló en conferencia de prensa, en Ginebra que la situación de unas cien familias desplazadas de sus hogares del área protegida Laguna Larga, en la región de Petén, «es extremadamente preocupante». Dejar a las familias y personas sin una alternativa vivencial y humanitaria preocupa y mucho a la ONU.
Así Colville ha querido destacar, mediante una clara crítica al gobierno de Guatemala, que “nos preocupa mucho que los desalojos hayan sido ordenados sin asegurar la reubicación firme ni planes de protección para las familias afectadas, tal y como exigen los estándares internacionales de derechos humanos”. En este sentido, como se ha adelantado en Diario 16 Mediterráneo, el diputado guatemalteco Leocadio Juracán ha creado una Comisión de Verificación de Violación de Derechos Humanos, de la que forman parte la senadora española Sara Vilà, el abogado Ramón Cadena de la Comisión de Juristas Internacionales, y Robert Mercatante de Human Rights Defenders Project.
Desde Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) y otras organizaciones denuncian la actitud del gobierno guatemalteco y piden el cese de este y otros desalojos. “Pedimos al Estado guatemalteco atienda inmediatamente las exigencias de la comunidad de retorno y protección y condenamos la falta de actuación que ha mostrado hasta ahora. Condenamos también la actuación de las autoridades mexicanas, las cuales enviaron a fuerzas de seguridad y a agentes de migración para recibir a los desplazados, sin asumir su responsabilidad por el grado de violencia que tal actitud conlleva” manifestaron en un comunicado de prensa.
Una debacle humanitaria de la que nadie se quiere hacer responsable, pero como dice Colville “las familias desplazadas deben tener asistencia humanitaria adecuada hasta que se hayan dado pasos de reubicación apropiados”. Algo que hasta el momento no ha hecho el gobierno guatemalteco porque tiene intereses muy poderosos en la zona.
El CONAP cambia de opinión por los créditos del carbono
El Consejo de Áreas Protegidas de Guatemala (CONAP) es el organismo que se encuentra detrás de todo este proceso de desalojo y vulneración de los Derechos Humanos. Hasta 2005, el CONAP ni había tenido en cuenta que existían asentamientos en la Biosfera Maya y decidió elaborar un protocolo de actuación. En el Estudio TécnicIntegral de 2006, que es la base legitimadora de los “reordenamientos de los asentamientos humanos” de la zona, el CONAP indicaba que ambas comunidades (El Reloj y Laguna Larga) podían ser “reubicadas” o iniciar un proceso de “reducción de impactos”. Además, reconocían haber iniciado un proceso de diálogo con ambas comunidades para llegar a acuerdos y establecer pautas para modificar las condiciones de esos momentos.
Estos acuerdos y contactos sirvieron a la comunidad de Laguna Larga, según constan en actas que ahora el CONAP tacha de falsas, para tener un alcalde auxiliar dependiente de la municipalidad de San Andrés, obtener del gobierno la asistencia de personal educativo para que los menores pudiesen estudiar y la no interferencia de las fuerzas del orden público. A cambio, se comprometían a no cometer actividades delictivas, mantener los bosques, cuidar el agua, que no crecieran el número de familias y prohibir la compraventa de terrenos. Todo ello para generar el mínimo impacto posible en la biosfera.
Es más, hasta funcionarios del CONAP realizaron un estudio, utilizando GPS, para otorgarles terrenos comunales hasta por 10,575 hectáreas para que pudiesen cultivar en un lugar controlado y así subsistir y mercadear con los pueblos colindantes. Pero llegó una reunión en París que desembocó en un cambio radical de actitud frente a las comunidades.
En diciembre de 2015 se celebró la Gran Conferencia del Clima en París y allí el gobierno de Guatemala presentó el diseño de Guatecarbón, un proyecto contra el cambio climático y la limpia de las conciencias de occidente. Un proyecto detrás del cual, además de Wildlife Conservancy Society y Rainforest Alliance como ambientalistas, se encuentran el gobierno estadounidense, a través de USAID, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Ford. Todas ellas organizaciones con un pasado extremadamente delicado y sospechoso, por no utilizar palabras más gruesas.
Guatecarbón es un proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada. A cambio de reducir la tasa de deforestación en un área de 500 mil hectáreas de la reserva, dentro de la cual están Laguna Larga y El Reloj, los que dirigen el proyecto obtienen créditos de carbono que pueden vender en el mercado internacional. Los compradores son empresas o gobiernos de países contaminantes que buscan borrar su huella ambiental y climática apoyando estos proyectos, vamos un lavado de conciencia extrafronteras.
¿Qué cuantía tienen esos créditos? Según Guatecarbón se sacarán cerca de 38 millones de créditos de carbono lo que vendrá a suponer cerca de 122 millones de dólares para las arcas guatemaltecas. Millones que se deberán invertir en la conservación de la Biosfera Maya evidentemente. Pero no dejan de ser muchos millones de dólares para evitar la deforestación y más cuando se está echando a las pequeñas comunidades que allí habitan. Carbon Trade Watch, ONG que se dedica a monitorizar los créditos de carbono, ha denunciado que, en numerosos lugares, donde se han establecido procedimientos similares, se han violado los Derechos Humanos.
Los “buenistas” de la protección ambiental han provocado “cercados de bosques, militarización, fraude, coerción, desplazamiento forzado y desalojos en Kenia, Congo, Papúa Nueva Guinea, Brasil y muchos otros sitios más”, denuncian desde Carbon Trade Watch. Lo acontecido en Laguna Larga no es más que el vivo ejemplo de esto. De hecho Guatecarbón tiene sus propias preferencias, tiene tres grupos de comunidades: las que tienen un convenio con el CONAP y serán beneficiadas por la venta de créditos; los asentamientos reconocidos por el CONAP pero que representan un problema de gobernabilidad y por lo tanto, pueden ser desalojados; y, por último, los asentamientos humanos no reconocidos cuya “permanencia en el lugar es ilegal”.
Pero, como se dijo en párrafos anteriores, CONAP sí estableció convenios y acuerdos con Laguna Larga, aunque ahora los tachen de falsos. Es más, las gentes de Guatecarbón acusan a los habitantes de Laguna Larga de no ser más que una comunidad de criminales, traficantes de drogas, depredadores de restos arqueológicos y vinculados al narcotráfico. Todos los males que se encuentran en la sociedad guatemalteca pero comprimidos en una sola comunidad de 490 personas.
Tal ha sido la insidia publicada y publicitada contra la comunidad de Laguna Larga que hasta el obispo de Petén, Mario Fiandri, ha tenido que salir en defensa de las personas que allí habitan. Nada de narcotraficantes, ni delincuentes, las personas que allí habitan, que él cataloga de hermanos y hermanas, “es porque no tienen otro lugar en donde caer muertos”. Es más, tan seguro se encuentra el obispo que pide a las autoridades que “si hay delincuentes entre ellos, que lo comprueben en un tribunal, como debe ser en un Estado de Derecho, pero sin castigar a toda la comunidad”. “No son perros para sacarlos de una patada” concluyó el obispo. En Plaza Pública, medio guatemalteco, denunciaron todos estos hechos.
USAID la pieza que falta del rompecabezas
Como es conocido y ha sido denunciado en Diario 16, USAID, la agencia para el desarrollo de los Estados Unidos, siempre ha estado financiando procesos de democratización, siempre y cuando se sigan las directrices del poder estadounidense. Por eso es extraña su aparición en la conservación de la Biosfera Maya. Personajes tan siniestros y oscuros como Uribe o Aznar son los que dirigen donde invertir. Hasta Bill Gates ha protestado sobre la utilización de los fondos de USAID. En una revista tan de izquierdas como Forbes han denunciado la utilización nacionalista de los fondos USAID, siempre en beneficio de los Estados Unidos.
En todos aquellos países en que USAID ha dado fondos, los grandes prospectores y depredadores del petróleo, minerales, piedras preciosas o el oro bajo bandera estadounidense han hecho y deshecho, sin importar el medio ambiente, a cambio de unas regalías al Estado de turno y unos fondos USAID. Siempre y cuando fuesen democracias al estilo estadounidense y plegadas a su poder. La propia USAID afirma que en Guatemala están para: 1) fortalecer la seguridad y la justicia para los ciudadanos; 2) incrementar el crecimiento económico y el desarrollo social en las tierras occidentales (Western Highlands); y 3) mitigar los efectos del cambio climático. Salvo para las pobres gentes de Laguna Larga obviamente.
ATALC ha sido dura en su denuncia de lo que se permite bajo el imperio USAID: “Bajo el discurso de la necesidad de luchar contra el cambio climático, culpabiliza a las comunidades de El Petén de las afectaciones en esos territorios, sin tomar en cuenta el papel del avance del agronegocio y de los procesos de extracción de petróleo en la agravación de la actual crisis ambiental. Vemos cómo las áreas protegidas finalmente se constituyen sobre los territorios como estrategias de control e inmovilización mediante las cuales el Estado no permite la pervivencia de las comunidades ahí asentadas”.
Lo paradójico del caso es que, mientras CONAP denuncia a las comunidades, el gobierno guatemalteco permite que empresas madereras estén deforestando parte de la Reserva de la Biosfera Maya. Eso sí, bajo control estatal se realizan estas acciones que, desde algunos púlpitos, se piden sigan llevándose a cabo. Que unas pocas personas talen 30 árboles en plena selva es peor que lo hagan empresas que obtienen un beneficio económico por ello. Pero el mecanismo protección-producción cuenta con el visto bueno de Roan Balas McNab, el jefazo de Wildlife Conservancy Society, y quien ha diseñado el plan de conservación y desalojo de las comunidades del Triángulo de Candelaria y se lo ha impuesto al CONAP.
No hay nada claro en los sucesos de Laguna Larga, salvo que se han violado los Derechos Humanos más fundamentales de personas que ahora viven a la intemperie y sin donde caerse muertos. Antes no es que estuviesen en mejores condiciones, pero vivían bajo construcciones hechas de latón y se nutrían de lo que conseguían por sus propios esfuerzos. Vivían en un “estado de naturaleza” donde el Estado no llegaba, ni se le esperaba. Ahora ese Estado les ha mandado al límite de las fuerzas. Como decía el obispo de Petén les han tratado como perros, no como a seres humanos. Y todo ello para recaudar unos cuantos millones de dólares, con la excusa de la protección de la Biosfera Maya.
