No ha perdido el tiempo en la cárcel Ángel María Villar. Desde su celda de Soto del Real ha tenido recurrido al método epistolar para comunicarse con la UEFA y la FIFA para presentar las dimisiones a las respectivas vicepresidencias que ostentaba hasta ayer 26 julio, tal y como ha comunicado UEFA. Aleksander Ceferin ha agradecido a Villar “sus muchos años de servicio al fútbol europeo”.
No ha hecho más Villar que adelantarse a la expulsión que ya tenían prevista desde ambos organismos, los cuales, ahora y no antes, tienen abierta una guerra contra la corrupción como ya se relató en estas mismas páginas. El código ético actual, el cual ayudaron a elaborar Villar y su hijo Gorka paradójicamente, establece que en caso de procesamiento de cualquiera de sus miembros por las causas que fuesen, serían expulsados inmediatamente.
Respecto al mantenimiento de su puesto como presidente de la FEF, aunque el CSD le haya suspendido cautelarmente, Juan Luis Larrea ha manifestado, antes de entrar en la sede de la Audiencia Nacional, que si Villar cree en su inocencia “no tiene por qué dimitir”. El villarismo aún cree que es posible la salvación de quien fue su jefe durante los últimos 29 años.
Larrea testifica como testigo en la Audiencia Nacional
Con el frescor de la mañana madrileña, Juan Luis Larrea ha acudido a testificar a la Audiencia Nacional ante el juez Santiago Pedraz. Ha llegado poco antes de las nueve de la mañana y ha estado en las dependencias judiciales por espacio de algo más de una hora. Las pesquisas del juez no han requerido a Larrea aportar algún tipo de documentación. Han sido unas testificales completamente habladas en las que el juez instructor le ha ido presentando los documentos que ya se poseen en la investigación y a los que ha respondido Larrea.
El actual presidente en funciones de la FEF ha manifestado a la salida del juzgado que “de ninguna manera ha habido un saqueo en la Federación”. Para Larrea acudir a testificar no ha sido un trago “agradable” aunque era consciente de que debía acudir ante el juzgado pues ha sido tesorero durante muchos años y ha autorizado los pagos de muchas facturas. “Llevo 28 años de tesorero, he sido el pagador de facturas a muchas federaciones, yo entendía que me tenían que llamar. Tenía que responder a varias cuestiones y me parecía lógico que me llamaran” ha afirmado a la salida.
Respecto a unos campos que se construyeron en Cantabria y que son parte del auto de instrucción, Larrea ha manifestado que “he dado una aclaración muy sencilla. Yo fui in situ a ver los campos, están realizados. ¿Quién toma la decisión de que se paguen? Había un acuerdo en la realización, y yo no estaba de acuerdo en las condiciones del contrato, en el uso del campo”.
Sobre la rescisión del contrato con Santa Mónica Sports, que en el auto manifiestan los investigadores judiciales que podría haber causado un daño patrimonial de 51,7 millones de euros a la Federación, Larrea se ha mostrado tranquilo: “Hemos hablado de la rescisión del contrato del grupo Santa Mónica. En toda empresa puede haber un cliente con riesgo de que pueda entrar en concurso y tomar unas decisiones de rescindir, hemos dado las respuestas oportunas”.
Por último, se refirió a lo comentado con el juez, hasta donde le permite el secreto de sumario, sobre el cese y readmisión de Esther Gascón y los 300.000 euros de indemnización: “Hemos hablado sobre eso pero eso no es cierto, era un estudio con un abogado laboralista, que estaba viendo un futuro de unas posibles rescisiones de contrato. Pero no hay nada más, un borrador de un posible acuerdo que no se hizo”.
Juan Padrón solicita salir de la cárcel por edad avanzada
El vicepresidente de la FEF, Juan Padrón ha solicitado mediante escrito al juez Santiago Pedraz, como ha informado El Larguero, su excarcelación al considerar inapropiado y exagerado su ingreso en prisión por razones de edad (tiene 81 años) y porque no existe riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas.
Padrón solicita que se permute la cárcel por un arresto domiciliario. En contra de esta petición se encuentra la fiscalía que entiende que sí puede haber destrucción de pruebas y posible fuga del encarcelado, además de la residencia en Canarias que le alejaría de la propia instrucción. Presentado el recurso, la Fiscalía tendrá que realizar otro informe donde vuelvan a plantear la prisión provisional de manera justificada para que, tres jueces de la Audiencia Nacional de la sala de lo Penal, tomen la decisión de aceptar o no el recurso interpuesto.
