lunes, 6 abril, 2026

Podemos pide la comparecencia de Zoido y Nieto por las facturas falsas de Córdoba

Unidos Podemos ha registrado hoy una petición de comparecencia urgente tanto de Juan Ignacio Zoido como de José Antonio Nieto al que se relaciona con la emisión de facturas falsas realizadas cuando ocupaba el puesto de presidente del PP de Córdoba. Según la investigación del caso Púnica han aflorado correos electrónicos que demuestran el amaño de recibos durante las elecciones de 2008, cuando el PP de Córdoba contrató a una de las empresas investigada por financiar irregularmente al Partido Popular.

La senadora Maribel Mora entiende que José Antonio Nieto debe aclarar en la Comisión de Interior del Senado qué grado de conocimiento tenía sobre las prácticas aparecidas en prensa y que a buen seguro integrarán el sumario del caso Púnica. La senadora andaluza ha instado también al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a explicar si considera adecuado que el señor Nieto siga desempeñando el cargo de secretario de Estado de Interior. «En un momento de máxima alarma social por los casos de corrupción que destapan las Fuerzas de Seguridad del Estado, parece preocupante que al mando de las mismas se sitúe a una persona sobre la que ahora aparecen ciertas sospechas», ha explicado Maribel Mora, añadiendo que «la ciudadanía puede pensar, y tal vez con razón, que se pone a un zorro para vigilar a las gallinas».

Más allá de las responsabilidades judiciales o políticas, tanto el ministro como el secretario de Estado tendrán que explicar en sede parlamentaria las prácticas que, aparecidas en prensa, ponen en tela de juicio la figura de José Antonio Nieto, de quien dependen las Fuerzas de Seguridad del Estado, encargadas de investigar hechos como los que se han conocido.

Venezuela arde, mientras Nerón canta la lira

«No hay comida, ni medicinas, ni futuro», dice una venezolana recién llegada a Colombia desde la frontera de San Antonio de Tachirá. Ya hay casi un millón de venezolanos viviendo en este país tras el naufragio provocado por los casi veinte años de la mal llamada «revolución bolivariana», el mayor fracaso social, político y económico de la historia de América Latina en este siglo. Ni siquiera la isla-prisión de Cuba constituye un desastre de esta magnitud. El hudimiento total en todos los órdenes generado por la dictadura de Chávez y después por Maduro no tiene parangón ni comparación con nada de lo que ha ocurrido en las últimas décadas en el continente.

Venezuela, un país que antaño atraía inmigrantes y era un referente continental en cuanto a su desarrollo, se ha convertido en un barco a punto de hundirse en el mar Caribe. Son ya millones los que se han ido en estos 18 años de fracaso continuado y otros tantos millones se aprestan para abandonar el paraíso socialista fundado a sangre y fuego por la pareja trajicómica y dictadora compuesta por ese irrepetible tándem de Maduro y Chávez. Los datos extraoficiales -en Venezuela ya nada es fiable- hablan de entre dos y tres millones de venezolanos viviendo fuera y puede que en las próximas semanas, si la crisis se agudiza y el régimen se radicaliza aún más, otro millón más se unirá a esta larga lista de abandonos. Ya nadie puede aguntar la situación actual, en esta Venezuela nausebunda lo único predecible es que el caos y la crisis se agudizarán cada día más mientras Maduro siga en el poder.

Si uno viaja a Buenos Aires, Lima, Santiago de Chile o a cualquier ciudad latinoamericana, la imagen es la misma en todas las ciudades: miles de venezolanos pueblan las calles céntricas de estas urbes rebuscándose la vida, bien sea vendiendo arepas venezolanas, ofreciéndote mil y una cosas o simplemente vagando en busca de un destino mejor. Sálvese quien pueda de la Venezuela socialista, el país ya no da para  más y el mejor camino es marcharse para siempre. Qué tristeza que la nación que antaño recibiera a millones de extranjeros de todas las nacionalidades -pero especialmente italianos, españoles, portugueses y colombianos- hoy sea el mejor modelo de cómo conducir a un país al mayor colapso social, político y económico en el menor espacio de tiempo y con las políticas más erráticas en todos los aspectos jamás visto.

¿Y cómo ha sido posible llegar a este estado de cosas? Muy fácil: si intervienes en la economía totalmente, imponiendo precios, cerrando los mercados, ahuyentando las inversiones, estableciendo ficticios cambios de moneda y expropiando propiedades agrícolas e industriales, tal como hicieron los Chávez, Maduro y compañía, en muy poco tiempo la economía acaba colapsando, nadie ya invierte ni emprende en nada y la estructura económica se viene abajo. Las recetas del «socialismo del siglo XXI», como llamaba Hugo Chávez a su fracasado recetario, ya habían sido puestas en marcha en la extinta Unión Soviética y en toda la Europa ex comunista con los consabidos fracasos y los desastrosos resultados que todo el mundo conoce sin necesidad de ser un avezado economista. Tan sólo se salvaron de ese absoluto desastre, en cierta medida, países como Hungría y Yugoslavia que mantuvieron un sistema de economía mixta, en que el Estado conservaba casi todos los medios de producción pero permitió algunas formas de economía privada en el comercio, el turismo y el campo, haciendo que en el sistema fluyeran los capitales y los productos al margen de los rígidos controles impuestos por el Estado. Pero, en definitiva, el sistema nunca funcionó bien y las autoridades comunistas de casi todas estas naciones lo sabían.

Chávez, como casi todos los líderes de la revolución bolivariana en el continente, entre los que destacan Evo Morales y Rafael Correa, llevados por su pulsión ideólogica y su odio hacia las ideas políticas y conceptos ideológicos que venían de Europa y los Estados Unidos, cometieron el pecado capital de desdeñar los modelos exitosos de la izquierda europea, como lo fueron el Estado de Bienestar de los países nórdicos, Alemania y el Reino Unido, y querer ver en la Cuba de los Castro el gran paraíso soñado, una suerte de El Dorado llamado a refundar en un legendario y mítico reino el socialismo cuartelero y militarista de la pareja dictadora cubana que arrasó y destruyó (quizá para siempre) a esa isla.

Mientras Caracas arde, Maduro baila Despacito

El resultado, como era lógico, era el de esperar: la destrucción total de la economía venezolana y la creación de un modelo político dictatorial, totalitario y ajeno absolutamente a la modernidad, al mundo de la lógica, la razón y el sentido común. Morales y Correa, al contrario que Chávez y Maduro, mantuvieron la economía privada sin apenas intervenciones del Estado y no hicieron tantas estupideces, en general, con el manejo de sus economías, salvando a ambos países del colapso de sus sistemas.

Hoy, cuando vemos a esos miles de venezolanos desesperados huyendo de sus país con apenas algunas de sus pertenencias, abandonando a la desesperada la patria que pudo ser y que quizá ya nunca será, podemos comprender la perversidad que encierra una ideología funesta, pertubardora en todos los órdenes y absolutamente fracasada en todos los lugares allá donde fue puesta en práctica. En nombre de estas ideas trasnochadas, y con el fin de sentar cátedra para luchar contra el «imperio» y la «derecha parasitaria», ya con la ideología desdibujada y solamente con el anhelo de mantenerse en el poder, el régimen de Maduro trata de sobrevivir para salvar a una casta ajena e impertubarble al dolor de millones de venezolanos.

Así, una vez caída la careta perversa y caricaturesca del «socialismo del siglo XXI» con el que pretendían salvar al mundo, tan sólo ha quedado la mascarada que envuelve la cruda realidad de una narcodictadura salvaje, cruel y brutal en la que su máximo líder, el dictador Maduro, se va pareciendo más y más al Nerón de sus últimos días, caracterizado por su extravagancia, sus patochadas y gusto por la tiranía. Mientras Caracas arde, consumida en el terror y en el horror de su propio régimen, Maduro baila como Nerón, grita como Hitler y gesticula como Mussolini. Es un vulgar patán de feria. Nada hay de grande en él salvo su delirio. Mientras el pueblo venezolano huye por millones, él canta Despacito. Despacito se hunde su mundo mientras crece el dolor de todo un pueblo que ya no puede más que huir porque su ira y dolor -inconmensurables ambos- ya se consumieron hace años.

Continúa la opacidad en la Federación Española de Fútbol

La Asamblea General de la Federación Española de Fútbol, con el “presidente en funciones” Juan Luis Larrea, ha decidido que todos los puntos que trataban sobre materia económica del Orden del Día se trasladen a una Asamblea Extraordinaria que se ha convocado el 31 de julio. De esta forma, evitan los responsables federativos tener que explicar, en este mismo momento, unas cuentas que se encuentran bajo sospecha pues la Operación Soule continua su marcha.

La Asamblea tan sólo ha servido para dar salida a los temas, importantes ellos, sobre el calendario de la liga de Segunda división B y Tercera división, dependiente de la Federación, y el reparto del dinero generado por la Copa del Rey. También se ha acordado el reparto de ingresos de las categorías Segunda B, Tercera, Juveniles, Fútbol Sala y Fútbol Femenino.

El ocultamiento de la cuentas en estos momentos puede obedecer a una reestructuración de las mismas debido a que, mediante las investigaciones judiciales, se han descubierto “pufos” contables que antes eran opacos. También afectan estas cuentas al presupuesto del año que viene, que se aprobará siete meses después de comenzar el año, porque deben ajustarlo a las nuevas cuentas que se deberán aprobar.

Los ingresos de la Copa del Rey y Supercopa han supuesto unos emolumentos de 29,6 millones. Estos se dividen en la suma de 15,6 millones de euros (3 de la final de la Copa del Rey, 4 de la Supercopa, 4,8 del convenio de fútbol base y 3,8 del convenio de la Copa del Rey), y otros 14 millones derivados del uno por ciento de los ingresos totales de la comercialización conjunta de los derechos televisivos de LaLiga, acordados en el Real Decreto 5/2015. Son los únicos números que han podido ver los asambleístas.

Cerezo y Aperribay acuden a la Junta Directiva y la Asamblea

En otro orden de cosas, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y el presidente de la Real Sociedad de San Sebastián, Jokin Aperribay, obviaron la recomendación del presidente de LaLiga, Javier Tebas, de no acudir a la Junta Directiva donde se iba a ascender a Juan Luis Larrea a todos los clubes profesionales. Objetaba el presidente Tebas que no era legal la reunión por estar Ángel María Villar en la cárcel. Claro que, al haber sido suspendido cautelarmente por el CSD pocas horas antes, debía reunirse esa Junta con el fin de determinar, según los estatutos y la ley, quién se ponía al frente de la Federación de forma temporal.

Tebas parece ser que pretendía dejar a la Federación sin timón y sin trabajo durante todo este tiempo. Pero la administración del Estado, y una Federación es parte de ella, funciona incluso cuando no hay una cabeza visible al frente. Tiene sus propios recursos y reglamentos para seguir funcionando y llevar a cabo su trabajo. Había que establecer el calendario de Segunda B y Tercera, y se han reunido a tal efecto. Además, como confirmas fuentes federativas, siguiendo al pie de la letra la legislación vigente.

Juan Luis Larrea, Tesorero, se ha hecho cargo de la Federación respetando escrupulosamente lo mandatado en la legislación. La cual establece que será un vicepresidente, el tesorero o la persona de mayor de mayor antigüedad las que ocuparán temporalmente las funciones que desempeñaba el presidente. Al negarse Joan Gaspar, como vicepresidente, a tomar el mando, ha sido Larrea quien ha tomado las funciones de Villar.

Enrique Cerezo, en declaraciones a los medios de comunicación, a la salida de la Asamblea ha declarado que “Villar es amigo mío y espero que pronto se aclare y salga de la cárcel”. No ha querido decir nada más con cara de enfado evidente. Pero es obvio que el villarismo, en adjetivación de Alfredo Relaño, no piensa entregar la cuchara tan fácilmente. La Asamblea tiene a muchos defensores del presidente encarcelado y hasta dentro de unos meses no se podría remover a la actual directiva (han de pasar seis meses desde la elección del presidente), salvo que Villar opte por dimitir y la Asamblea convoque nuevas elecciones.

 

Salvador: «Con la rehabilitación y regeneración urbana rescatamos personas, edificios y también oficios»

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha asegurado que la rehabilitación y la regeneración urbana «deben ser los vectores del nuevo modelo económico y productivo porque por cada empleo que crea la obra nueva se generan tres en la rehabilitación» y ha destacado que, con estas actuaciones, «no solo se rescatan personas, sino también edificios y oficios que fueron muy castigados con la crisis como la construcción y todos los subsectores la fontanería, la electricidad, carpintería o pintura».

Así se ha referido después de la firma del convenio para la anualidad de 2017 entre la Conselleria y el Ayuntamiento de Xàtiva dentro del Plan Estatal de Vivienda donde ha asistido el alcalde de la localidad, Roger Cerdà.

Este convenio contempla una inversión de cerca de 4,4 millones de euros, en un periodo de dos años, para la rehabilitación de casi 100 viviendas del casco antiguo de la localidad. “Con esta inversión ponemos en valor el patrimonio artístico de Xàtiva y su centro histórico que es el segundo más grande de la Comunitat, tras el de Valencia ciudad, y que fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1982”, ha apuntado Salvador. El conjunto de las obras que se van a realizar en el centro histórico comprenden la rehabilitación de 90 viviendas, la sustitución y nueva edificación de otras 10 viviendas, debido a su estado de deterioro, así como actuaciones de reurbanización en los espacios públicos.

Por último, la consellera ha explicado que, con el impulso de estos convenios de rehabilitación con los diferentes ayuntamientos de la Comunitat, el Consell ha evidenciado “su apuesta firme por la rehabilitación y regeneración urbana no solo para recuperar y renovar viviendas en los cascos históricos y los espacios urbanos de las ciudades del territorio valenciano sino también para reactivar la economía y todos los oficios relacionados con la construcción”.

 

Sara Vilà se integra en la Comisión de Derechos Humanos en Guatemala

Tras el desalojo de 490 personas en la comunidad Laguna Larga en el Petén, la senadora de El Grupo del Cambio (En Comú Podem) ha viajado hasta Guatemala para verificar qué responsabilidad ha tenido el Estado y si se han producido violaciones de los Derechos Humanos. Estas personas viven ahora en la brecha que separa Guatemala y México en condiciones infrahumanas.

El diputado guatemalteco Leocadio Juracán ha conformado una Comisión de Verificación de Violación de Derechos Humanos. La Comisión la integran, además de Juracán, por Sara Vilà, la senadora de En Comú Podem, el abogado Ramón Cadena de la Comisión Internacional de Juristas y Robert Mercatante de la ONG Human Rights Defenders Project. Tendrá como principales tareas constatar cuál ha sido la responsabilidad del estado en el desalojo y verificar qué violaciones de derechos humanos se han cometido después de que la aldea de Laguna Larga. La aldea, considerada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) como un  asentamiento ilegal, fue quemada y destruida en parte por orden del CONAP con la ayuda de 400 soldados y 1.400 policías nacionales.

Vilà ofreció hace unos días una conferencia de prensa en el Congreso de la República de Guatemala para esgrimir las primeras conclusiones tras diferentes reuniones con las Comunidades, la Procuraduría de Derechos Humanos, ACNUR, instancias judiciales y departamentos del gobierno, así como una visita la Comunidad de Laguna Larga para verificar la destrucción de viviendas y el estado de las personas que sobreviven a la frontera. Según la Senadora “se constata que ha habido vulneración flagrante del protocolo de la ONU en desalojos, no se ha garantizado una vivienda alternativa, no se está facilitando alimentación adecuada ni atención sanitaria, tampoco escolarización a los niños”.

Es por eso, que la comisión ha hecho tres peticiones urgentes al gobierno guatemalteco: “Que la comunidad pueda retornar a las viviendas que no han sido quemados y los niños en la escuela que ahora ocupan los militares, que se devuelva al diálogo con las comunidades para encontrar una solución pactada de reubicación y que se paren los futuros desalojos que están en curso a fin de no provocar una crisis humanitaria en la frontera más grande de la que ya tenemos”.

“Hay que encontrar una solución en la que el cumplimiento de la ley medioambiental sea compatible con el cumplimiento de los Derechos Humanos y que en estos momentos hay que tener cuidado de los niños, de las mujeres y los ancianos ya que se encuentran en una situación de extrema pobreza y vulnerabilidad”, ha concluido Vilà. Asimismo la comisión ha denunciado que mientras desalojan las personas más vulnerables en la zona protegida continúan operando las redes de narcotráfico y taladores furtivos de árboles protegidos.

Nuevos recortes a Andalucía en políticas activas de empleo frente al aumento nacional

Javier Carnero, consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, ha trasladado la disconformidad del Gobierno andaluz con el último reparto de fondos de políticas activas de empleo, porque «nueva distribución vuelve a castigar a Andalucía al ser ésta la única comunidad a la que se le restan fondos con respecto al pasado año».

El consejero también ha mostrado en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada en Madrid su rechazo a la falta de consenso mostrada por el Ministerio de Empleo con respecto al diseño de la próxima Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, oposición que ha compartido con otras nueve comunidades autónomas que al término de la reunión han mostrado unánimemente su malestar porque el Gobierno incumpla en este punto el compromiso que se alcanzó en la última conferencia de presidentes autonómicos.

Carnero ha censurado, además, la «falta de respeto» a las comunidades autónomas del Gobierno y ha puesto como ejemplo de su falta de diálogo que, antes de que se abordarán algunos puntos, la web del Ministerio «ya ofrecía una nota de prensa en la que se daban por aprobados estos puntos que ni siquiera habían sido expuestos».

El consejero de Empleo ha criticado que con los 6,6 millones de euros más que se le asignan a la comunidad en este reparto adicional, sigue por debajo de la cantidad que le correspondió el pasado año (337,75 millones), «consolidando un año más el recorte iniciado en el año 2012».

El Ministerio de Empleo ha aprobado el reparto de 166,79 millones de euros adicionales de los que 34,20 millones son para políticas activas de empleo y 129 millones para el plan de parados de larga duración. Sumando ambas cuestiones, todas las comunidades incrementan sus fondos en ambos conceptos un 14,8% mientras que Andalucía lo hace 7,7%. Con el reparto aprobado Andalucía mantiene un 18% de los fondos destinados a las comunidades en políticas activas concentrando el 26% de los parados, según la EPA, pasando de un gasto por parado registrado de 749 euros en 2011 a 486 euros en 2017. No existe un criterio objetivo que soporte dicha disminución de fondos.

Carnero ha criticado el empeño del Ministerio por mantener un sistema de reparto «poco transparente» y de imponer a las comunidades autónomas los criterios del Plan Anual de Empleo y de la Estrategia de Activación para el Empleo 2017-2020, lo que deja clara la falta de diálogo y de consenso del Ministerio. Esta actitud ignora, además, el diálogo con los agentes sociales.

Cheque formación

Javier Carnero ha mostrado su disconformidad con que la implantación del cheque formación «no haya sido consensuada con los agentes sociales y las comunidades autónomas» La propuesta profundiza en la «privatización» de la formación para desempleados, trasladando al usuario y al sector privado la responsabilidad de la administración pública de configurar una oferta formativa ajustada a las necesidades de las empresas. Esto supone que el dinero procedente de la cuota de formación que aportan empresarios y trabajadores llegue a los proveedores de la formación, un paso más en la privatización y pérdida de control por parte de los gobiernos de las políticas públicas.

 

Alicante se beneficiará de la Ley de Áreas Empresariales de la Comunitat

El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha destacado que las 450 empresas ubicadas en los dos polígonos industriales de la ciudad de Alicante se verán beneficiados por la Ley de Áreas Empresariales, cuyo anteproyecto de ley fue aprobado el pasado 7 de julio por el Pleno del Consell.  Según ha explicado el conseller en su visita a los polígonos industriales Las Atalayas y Pla de la Vallonga, “es necesario facilitar la regeneración de nuestras áreas empresariales y mejorar la calidad del suelo industrial, dotándolas de infraestructuras y servicios modernos, adaptados a las necesidades de nuestras empresas”.

El conseller ha valorado positivamente cómo el trabajo, que viene desarrollando el Gobierno del Botánico, ha servido para recuperar la confianza de las empresas y de los grupos inversores en la Comunitat. “hemos dejado de ser un territorio que sólo olía a corrupción” ha manifestado. Para Climent, “la Administración ha de estar al lado de las empresas y cualquier proyecto que suponga empleo de calidad y dinamice nuestro territorio, siempre que cumpla con la seguridad jurídica, es bienvenido a la Comunitat”. Por este motivo, ha añadido, “trabajamos para agilizar la llegada de estos proyectos, facilitando la tramitación burocrática a través de la ventada de atracción de inversiones e impulsando la mejora de la calidad de nuestro suelo industrial”.

Con esta ley, ha explicado Climent, “venimos a solucionar la inexistencia de una regulación específica que unida a la falta de una gestión adecuada ha supuesto un impedimento para que las áreas industriales de nuestro territorio alcancen la calidad que nuestras empresas necesitan y demandan de modo que muchas de ellas presentan importantes carencias de servicios básicos”. El conseller ha incidido en que “el anteproyecto de Ley de Áreas responde a una reivindicación histórica y nunca satisfecha a los sectores productivos y las patronales de los polígonos industriales y tiene como objetivo principal mejorar la calidad del suelo industrial, lo cual sin duda incrementará la competitividad de las empresas ubicadas en nuestros polígonos, permitirá el desarrollo y crecimiento de las mismas y favorecerá, por tanto, la creación de empleo”.

En este sentido, la ley establece diferentes instrumentos para que los propietarios y usuarios de las áreas industriales, así como las administraciones públicas, puedan contribuir de forma más eficiente, a la conservación, mantenimiento, ampliación y mejora de las infraestructuras, dotaciones y servicios en dichas áreas.

Principales novedades de la Ley de Áreas Empresariales

Destaca en este proyecto de ley la regulación, por primera vez en el Estado, de una nueva figura jurídica, la de las Entidades empresariales de promoción y modernización de las áreas empresariales, que serán constituidas por iniciativa mayoritaria de las empresas afectadas, las cuales, una vez aprobadas de común acuerdo con los ayuntamientos, serán de adscripción obligatoria para todos.

Estas entidades deben servir para que los ayuntamientos y los propietarios del suelo industrial colaboren de manera más coordinada en la conservación y mantenimiento de las áreas, y puedan de mutuo acuerdo impulsar dotaciones y servicios adicionales que los conviertan en espacios más productivos, de calidad, modernos, sostenibles y competitivos.

Otra de las novedades será la clasificación de las áreas industriales valencianas en diversas categorías según sus dotaciones y servicios: Área Industrial Básica, Área Industrial Consolidada y Área Industrial Avanzada. El objetivo de esta clasificación es impulsar la regeneración y modernización de las áreas industriales, su promoción en el exterior y el incremento de la oferta de servicios adicionales en ellas.

A este objetivo también ayudará la creación del Mapa de Áreas Industriales, un censo detallado de todo el suelo industrial presente y lo que se programe en el futuro, que se presentará esta misma semana. El proyecto normativo también prevé regular los enclaves tecnológicos, entendidos como el entorno natural para la ubicación de emprendedores y empresas de base tecnológica, en áreas industriales avanzadas o junto a sus universitarias vinculadas a la investigación y la innovación.

La ley también contempla incentivos para facilitar la comercialización de las áreas industriales, así como la creación de la marca Municipio Industrial Excelente, que busca motivar la implicación municipal en la excelencia y modernización de sus áreas industriales.

El TSJ obliga a las acusaciones populares del Caso Auditorio a unificarse en una sola

Las acusaciones ejercidas por Podemos y Antonio López López, exconcejal del PSOE de Puerto Lumberas, pasarán a estar bajo la dirección letrada que representa al Portavoz Municipal del PSOE lumbrerense, José Manuel García Miravete, y denunciante ante la Fiscalía de este caso.

El auto, notificado en el día de ayer a las partes, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia acordó este miércoles que las tres acusaciones populares personadas actúen bajo una misma dirección y representación, según informaron fuentes del TSJ. Esta unificación se lleva a cabo a petición de la representación de Vicente Gimeno Merino, responsable de la empresa constructora ECISA.

Según ha manifestado el Portavoz Municipal Socialistas en el consistorio lumbrerense, José Manuel García Miravete, «Esta petición ya se había solicitado en el Juzgado de primera instancia e instrucción nº1 de Lorca al principio del procedimiento de instrucción, siendo rechazada en aquel momento por la juez Consuelo Andreu». La unificación de acusaciones llega en un momento procesal en la cual la instrucción se encuentra casi concluida, algo que a juicio de García Miravete no supone mayor relevancia.

Los abogados Julio Pérez Soubrier y José Miguel Muñoz Andreo, letrados de la acusación ejercida por el denunciante García Miravete, trabajan ya en la preparación del escrito de acusación ante la más que previsible apertura de juicio oral. En palabras del portavoz socialista, “esto es solo un lance más del procedimiento, lo realmente importante es aclarar donde está el dinero de los contribuyentes y quien es el responsable que debe de hacerse cargo de la terminación del inmueble.

El tramo del AVE en Loja es un «gran despropósito» del Gobierno

Teresa Jiménez, secretaria general de los socialistas granadinos, ha denunciado el “gran despropósito” del Gobierno en el tramo del AVE en Loja y ha exigido al Ministerio de Fomento que invierta en la variante sur y “descarte de una vez por todas los inútiles lavados de cara a una línea del siglo XIX”.

“El serial de episodios bochornosos que arrastra el proyecto del AVE en Loja se hubiera evitado con la apuesta decidida del Gobierno de España por un nuevo trazado de doble vía y ancho internacional”, ha indicado Jiménez.

La secretaria general del PSOE de Granada ha aludido a la última petición realizada por la empresa adjudicataria de las obras para aumentar el presupuesto de las mismas, una solicitud que “evidencia la chapuza que desde el PSOE venimos denunciando desde hace mucho tiempo”.

La dirigente socialista ha detallado que un viaducto como el de Puente Quebrada, que se construyó hace dos siglos, “no puede soportar el paso del AVE con plenas garantías” por lo que ha calificado de “barbaridad” su reforma.

Además, ha alertado sobre el posible retraso que puede ocasionar esta nueva incidencia administrativa en los trabajos que ya de por sí “van muy lentos”. Una cuestión que también influirá en el aislamiento ferroviario que padece la provincia desde hace 841 días. “Esto nos hace pensar que las obras del AVE no van a estar acabadas el próximo mes de noviembre como anunció el ministro de Fomento”, ha incidido, puesto que en el caso de que se autorice “la operación de chapa y pintura que no compartimos serán necesarios cuatro meses para su ejecución”.

Por último, Teresa Jiménez ha reclamado al Gobierno del PP información “precisa” para conocer en qué punto está el proyecto ante los “insoportables” contratiempos que acumula el tramo de Loja y que “deje de engañar a la ciudadanía”.

El Gobierno debe ampliar la depuradora de Rincón de la Victoria

Miguel Ángel Heredia, secretario general del PSOE de Málaga y diputado nacional, y Encarnación Anaya han pedido hoy al Gobierno la ampliación de la depuradora del municipio. Heredia ha asegurado que se trata de una actuación “esencial” para el turismo y para afrontar la temporada veraniega cuando el municipio multiplica su población.

El sector turístico de Rincón de la Victoria aporta mucho dinero a las arcas del Estado “y lo único que pedimos los socialistas es que parte de ese dinero revierta en actuaciones de mejora para ese sector turístico”, ha dicho Heredia, que ha recordado que los socialistas presentaron una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para ampliar la depuradora que el Partido Popular rechazó.

El dirigente socialista ha señalado que ésta no es la única actuación que tiene el Gobierno pendiente en materia de depuración en la comarca y ha recordado que la depuradora de Nerja tendría que haber estado finalizada hace más de un año y que a día de hoy no tiene fecha de finalización.

Encarnación Anaya, secretaria general socialista de Rincón de la Victoria, ha mostrado su preocupación por la calidad de las aguas del municipio. “Nos preocupa no solo por una cuestión medioambiental y sanitaria, sino por la imagen de un municipio como Rincón. Uno de los principales sectores económicos de la comarca es el turismo, tenemos que cuidarlo y mimarlo”, ha manifestado.

Caravanas kilométricas

Tanto Heredia como Anaya han reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy soluciones ante las caravanas kilométricas que se están produciendo en el municipio los fines de semana este verano. Según Heredia, “al Gobierno lo único que le interesa es hacer negocio a través de los vecinos y vecinas de Rincón. Meterle la mano en el bolsillo. Es inconcebible que en Rincón esté el sexto radar que más recauda por multas, en el kilómetro 256,7 de la A-7 entre Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón. Según los datos facilitados por el propio Gobierno, solo el pasado año 2016 se impusieron ahí 28.526 multas”, ha denunciado Heredia.